El maltrato a la Guardia Civil por su Directora e Interior

La policía investiga la agresión a un inmigrante en un vuelo de expulsión​

Un vídeo, difundido por Stop Deportación, recoge los supuestos golpes a un extranjero​

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J. JIMÉNEZ GÁLVEZ
Madrid 17 ABR 2015 - 22:05 CEST

Los gritos del inmigrante resuenan en el interior del avión. "¡Suéltenme! ¡Abusadores, abusadores!", repite mientras agentes de policía lo inmovilizan y golpean en un vuelo de deportación a República Dominicana, según recoge un vídeo difundido este viernes por la Plataforma Stop Deportación. Unos hechos que han provocado, según informas fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que la institución haya abierto una "información reservada" para investigar lo ocurrido en esta expulsión.


"Estos vuelos están amparados legalmente en el macabro protocolo de repatriaciones, que no trata de garantizar los derechos de las personas sino asegurar la impunidad policial, al permitir todo tipo de violencia, como vemos en el vídeo", ha subrayado Stop Deportación, que denuncia desde hace años el sistema de expulsión previsto en la ley. "La realidad de estos vuelos ha de entenderse dentro el sistema represivo que supone la política de Extranjería", apostilla el colectivo.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior en una respuesta parlamentaria, el Gobierno aprobó la deportación vía aérea de más de 26.000 inmigrantes entre 2010 y 2014. Calificados como "vuelos de la vergüenza" por las ONG, Air Europa y Swiftair se encargan actualmente de fletar los aviones en los que se deportan a los extranjeros. Aunque, eso sí, el Ejecutivo ya abrió en diciembre un nuevo proceso de licitación para buscar a la compañía que se haga cargo de ellos este año y el próximo. La referencia del Consejo de Ministros recoge que se invertirá 12,1 millones de euros en ellos.



El sistema previsto por el Gobierno prevé dos tipos de expulsión vía aérea. El Ejecutivo fleta vuelos íntegramente ocupados por extranjeros que van a ser deportados. Pero, a su vez, también opta por introducirlos en vuelos comerciales. "Los suelen embarcar antes de todo el pasaje o justo después. Van escoltados por agentes que los acompañan hasta su país", señalan fuentes de Interior. Este es el caso investigado ahora.

El Gobierno deporta a extranjeros en vuelos comerciales y en aviones ocupados solo por expulsados

En los últimos años han proliferado, según recalcan los colectivos, las denominadas expulsiones exprés, aquellas que se ejecutan directamente desde dependencias policiales y en las 72 horas posteriores a la detención del extranjero. El Consejo General de la Abogacía y las ONG recalcan que esta práctica reduce las garantías judiciales y de defensa de los inmigrantes, ya que sus letrados apenas tienen tiempo para presentar alegaciones y tratar de parar la deportación. Según los datos del Gobierno, en 2013 se echó del país a 6.642 personas directamente desde las instalaciones del CNP, frente a las 4.726 que salieron de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).


Pues bien. a pesar que la noticia es del 2015 y puede ser vieja, retoma actualidad porque esa agresión de la agente de policía nacional se ha saldado con 600 € de multa y 5 días de inhabilitación.



¿Cuantas cosas de esas pasarán en zonas donde nadie puede grabarlas?

En un momento de la grabación se ve como la policía nacional apunta directamente a quien está grabando para evitar que siga haciéndolo.

Luego se dice que los CCSS están mal vistos, pues viendo ésto no me extraña.

¿De verdad que condenando sólo a 600 € de multa y 5 días de inhabilitación vamos a tener confianza en que ciertos elementos de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad van a comportarse debidamente.

Hay agentes que cumplen estupendamente su función, pero para no embarrar a todo el colectivo se debiera imponer sanciones mas ejemplarizantes para quienes se pasan utilizando el poder que ostentan sobre la ciudadanía.
 
700 políticos vacunados irregularmente y solo cesan al JEMAD, teniente coronel de la Guardia Civil, que además seguía instrucciones
 

El "final trágico" de Eleazar, el joven con discapacidad que murió tras ser reducido por vigilantes y policías​


Foco
RACISMO
Eleazar, junto a sus familiares, el día que falleció.
Javier Martínez Mansilla
1 de febrero de 2021 22:04h
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"Esto es racismo". Así lo considera Diego García, tío de Eleazar García, el joven con discapacidad cerebral grave que fue detenido y golpeado a las puertas del estadio El Molinón de Gijón el 8 de septiembre de 2019. Pocos minutos después de la detención, falleció de un ataque cardíaco. Han pasado más de 500 días desde su muerte; hay ocho vigilantes jurados y cinco policías locales investigados y "mucha injusticia", en palabras de García, portavoz de la familia. A su entender, las instituciones han tratado de silenciar este caso "desde el comienzo". "Es como si aquí no hubiera pasado nada, como si se quisiera echar tierra encima", añade García. "Somos gitanos, pero tenemos los mismos derechos que cualquier otro".

La jueza ha concluido la investigación. Considera que hay indicios de delito y propone que se juzgue a los 13 acusados. La Fiscalía, sin embargo, ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que no ha habido ningún tipo de violencia por parte de los vigilantes o los policías locales y que se trata de una muerte natural. La familia García sí considera que hubo algún tipo de actividad delictiva en su muerte y pide lo que lleva haciendo desde hace más de un año: "justicia para Eleazar".

Los hechos se remontan al 8 de septiembre de 2019. Eleazar había asistido junto a su padre y un amigo al partido de la Selección Española de Fútbol contra Islas Feroe en El Molinón. Tenía una discapacidad del 75% y 34 años de edad. "Era un niño grande", como explica su tío. Sufría una parálisis cerebral grave y así se aprecia en el vídeo que comparte su padre minutos antes de que Eleazar dejase su asiento. Desorientado, se pierde, sale del estadio e intenta volver, pero no tiene la entrada que guardaba su padre. Los guardias de seguridad le impiden el paso, así lo recoge la investigación de la Policía Nacional y de la jueza a cargo del caso, Belén García Iglesias.

Desde ese momento, se desencadena "una serie de desgraciadas desdichas". Así define García una actuación que desemboca en un "final trágico": la muerte de su sobrino.

Borracho, ultra o yihadista

"Fue como una jauría desatada", explica García. Ocho vigilantes de la empresa Prosegur reducen a Eleazar, lo inmovilizan contra una valla, lo tiran al suelo y le colocan unas esposas. Así lo recoge el informe de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gijón. También recoge que Eleazar estaba alterado y muy nervioso y que no supo explicar a los vigilantes que quería reunirse con su padre. En un forcejeo agredió a una guardia de seguridad, que fue atendida por la Cruz Roja.

Que Eleazar debía de estar "borracho o drogado"; que podía ser un "ultra de un equipo de fútbol" o un "terrorista yihadista", incluso. Eso fue lo que explicaron algunos vigilantes ante la jueza, que ha ido desmontando todas estas hipótesis. "¿Por qué todas estas teorías?", se pregunta el portavoz de la familia García. "Para tratar de justificar una acción desproporcionada y violenta", concluye. Los testigos señalaron que en ese momento se apreciaba que era un joven con discapacidad, que estaba desorientado, pero no borracho. Los informes posteriores así lo corroboran.

"Fueron detrás de él para agredirle", cuenta García. Eleazar desiste y abandona el estadio, salen tras él los vigilantes y cinco agentes de la policía municipal de Gijón, que habían sido avisados del incidente. El joven es detenido por atentado a un agente de la autoridad y dos testigos aseguran que, en dicho acto, los guardias de seguridad le propinan una paliza. El informe forense también lo corrobora.
Ante las lesiones, la policía municipal lo lleva al centro de salud del Parque-Somió, el más cercano, donde lo vuelven a reducir porque sigue muy alterado. En ese instante el joven muere de un ataque cardíaco. "Mi sobrino perdió la vida en manos de quienes se la tenían que haber protegido", explica Diego García. "Que se diriman responsabilidades".

"En aquel momento no creo que fuera racismo, pero ahora sí", comenta el portavoz de la familia de Eleazar. "No se entiende el trato que hemos recibido desde las autoridades. Parece que como mi sobrino era gitano y discapacitado no tiene tanta relevancia social. Es lo que sentimos desde el principio", añade.

Para la familia García, "el último capítulo de esta tragedia" es el informe presentado por la Fiscalía en el que pide sobreseer la causa al considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no existió violencia en la intervención. El Ministerio Público pide eximir de cualquier responsabilidad a los cinco policías locales y los ocho vigilantes investigados. "Eleazar no sufría ningún tipo de patología cardíaca", asegura su familia, quien, a través de su abogado, Marcos García-Montes, ha recurrido el informe fiscal. "Queremos que se tengan en cuenta a los testigos oculares que dieron su versión". Y concluye García, "si unos policías y guardias han actuado mal, tendrán que dar cuenta de ello".

Tras las investigación, la jueza ve indicios de criminalidad y ha procesado a 13 acusados. A los ocho guardias de seguridad les atribuye indiciariamente presuntos delitos de homicidio imprudente o delito leve de lesiones, así como delitos contra la integridad moral. Estos mismos delitos —aunque a título de comisión por omisión— imputa a los cinco policías municipales implicados, a los que también atribuye presuntos delitos de detención ilegal, según el auto dictado el pasado 10 de diciembre. Serán los tribunales quienes decidan.


El fallecimiento se produjo por causas naturales....Es como una persona que no me quería contestar el motivo de la muerte de una persona conocida me espetó: " Murió porque dejó de respirar"...

En fin... causas naturales....¡Ya les vale!
 

Eleazar tampoco podía respirar​


Patricia Caro
@patri_caro_maya

Eleazar, junto a sus familiares, el día en que murió.
28 de enero de 2021 22:21h
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El 8 de septiembre de 2019, Eleazar, un chico gitano con una discapacidad mental visible del 75%, se perdió en el estadio de El Molinón (Gijón). Los agentes de seguridad lo agredieron de manera monstruosa hasta dejarlo sin aliento en vez de ayudarle a encontrar a su familia. Murió como consecuencia del estrés y la ansiedad que le generó la paliza. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Gijón acordó en un auto el 10 de diciembre de 2020 la posibilidad de que exista un "homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y un delito contra la integridad moral con respecto a los vigilantes de Seguridad Privada, y por delito de detención ilegal y a título de comisión por omisión, por posibles delito de homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y torturas, a los Policías Locales actuantes". Sin embargo, la Fiscalía acaba de decir que no cree que exista tal delito ni responsabilidad.

La Fiscalía forma parte del Ministerio Público y se supone que vela por los intereses de la sociedad, así que es importante pensar cuál es el mensaje que nos envía con esta decisión. Si según la Fiscalía la muerte de Eleazar no se deriva de una intervención violenta, ¿qué hacían más de 10 agentes de seguridad entre personal de vigilancia y policía local encima de un discapacitado mental? Desde luego, los testigos y pruebas periciales tienen clara la paliza. ¿Quiere decir entonces que Eleazar habría muerto el mismo día, a la misma hora, independientemente de la paliza que recibió a pesar de acreditar la inexistencia de problemas cardíacos o epilépticos? ¿Quiere decir que a la sociedad no le interesa que una persona discapacitada pueda recibir una paliza de muerte sólo porque es gitano y por tanto el delito debe quedar impune?

La detención de Eleazar fue ilegal y desproporcionada. Lo golpearon reiteradamente causándole erosiones y contusiones en muñecas, rodillas, nariz, pómulos, cuello, cara, brazos, piernas y la cara superior del tórax. Todo está acreditado y hay testigos. Si cualquier persona se pierde (máxime si tiene una discapacidad) la obligación del personal de seguridad, y de cualquier ser humano con corazón, es acompañarlo con cariño al lugar donde se encuentran sus familiares en vez de darle una paliza de muerte. Está claro que esta actuación fue absolutamente denigrante y se basa en el supremacismo. Ni actuaron con debida diligencia ni garantizaron su seguridad sólo por una razón: ser gitano. Varios vigilantes de seguridad contra un discapacitado mental del 75% visiblemente identificable, metan ustedes la mano en su pecho y juzguen si este hecho debe quedar impune. Sientan por un momento cómo le faltaba el aire a Eleazar mientras lo golpeaban y cómo se siente su familia. Sientan la tristeza y la angustia de perder a un ser querido tan especial como él, pero sientan sobre todo la injusticia que supone esta pérdida de una manera tan inmerecida, violenta y absurda.

Sin embargo, las responsabilidades no terminan aquí. La seguridad es un valor jurídico, político y social que sustentan la libertad y la igualdad en nuestra democracia, y en este caso la empresa donde trabajaban estos vigilantes era la encargada de velar por esa seguridad. Sin embargo, parece que el tribunal olvida dicha responsabilidad empresarial. Así mismo, el ayuntamiento de Gijón es responsable de ejercer incorrectamente sus funciones legales, políticas y sociales. Desgraciadamente, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia. Parece ser que a la alcaldesa le da igual que una persona discapacitada reciba una paliza de muerte en un estadio de su titularidad y que los propios policías locales (también bajo su mando) ni siquiera le lean sus derechos, ¿será porque es gitano?

Además de este sinsentido de consecuencias fatales, es necesario también pensar cómo el antigitanismo rompe la cohesión dentro de la población española estableciendo puentes y muros de desconfianza, enfermándonos como sociedad y como democracia. El 7 de junio de 2020, más de 6.000 personas se movilizaron en España en repulsa al asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Todo el mundo que tuviera un mínimo de corazón tiñó de negro sus redes sociales bajo el hashtag #ICantbreathe (#NoPuedoRespirar) y #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan). En Estados Unidos, además de la movilización y el apoyo masivo, el ayuntamiento de Minneapolis aprobó desmantelar el departamento de policía y hubo gestos políticos como el de los congresistas demócratas que se arrodillaron durante nueve minutos para homenajear la vida de George Floyd. De momento, los cuatro policías implicados fueron despedidos e imputados en el caso y el policía acusado del asesinato ha quedado en libertad bajo fianza de 1 millón de dólares.

¿Qué ocurriría si George Floyd fuera un gitano español con discapacidad mental del 75% y el delito hubiera ocurrido en España? Pues ocurre que la institución judicial encargada de velar por los intereses de la sociedad española quiere que este delito quede impune, no hay un tratamiento justo del caso en los tribunales, los vigilantes de seguridad ni siquiera entran en prisión, las personas que se conmovieron por la pérdida de la vida de George Floyd no se conmueven de la misma manera cuando su compatriota gitano y discapacitado es asesinado. No hay rodillas en tierra en honor a la vida de Eleazar, ni el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la familia. ¿Querrá decir esto que hay más antigitanismo en España que racismo en Estados Unidos?

La injusticia que sustenta las argumentaciones de la Fiscalía en este caso nos retrotrae a una sociedad tribal de cientos y cientos de años atrás en la historia de nuestro país. Depende de todas y todos conseguir que los tribunales impartan #JusticiaParaEleazar. Necesitamos instituciones que impulsen el progreso del siglo XXI representando los intereses de todas y todos independientemente de su cultura o su género. Nuestra sociedad y nuestra democracia necesita un juicio justo para Eleazar. Decía Coretta Scott King que la libertad y la justicia no pueden ser troceadas en partes para ajustarse a la conveniencia y, por tanto, no se puede defender la libertad para un grupo de personas y negarla a otros. Tras 60 años de esta afirmación tan fundamental, ¿estarán ya las instituciones y la sociedad preparadas para realidades más justas?

 

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