El Congreso apoya la derogación de la Ley Mordaza con el voto en contra del PP

POLÍTICA

Juristas y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el encarcelamiento de Hasél por un “delito de expresión”​

El catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico considera que “votos particulares como los recogidos en las dos sentencias condenatorias” anticipan una “probable condena” a España por parte del Tribunal de Estrasburgo, si la condena al rapero no fuera anulada antes por el Tribunal Constitucional.

Por
Javier Lezaola.

29 de enero de 2021 23:00

Juristas y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el encarcelamiento de Hasél por un “delito de expresión”

El rapero Pablo Hasél
La Audiencia Nacional ha dado este jueves a Pablo Hasél un plazo de diez días para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario para cumplir una condena de nueve meses de cárcel. En un comunicado difundido ante su encarcelamiento “inminente”, Hasél ha anunciado que “el brazo armado del Estado” tendrá que secuestrarlo “a la fuerza” si quiere encarcelarlo, pues él no va a ingresar en prisión “de forma voluntaria”. “Respetando el exilio, decidí quedarme aquí para que esta oportunidad sea aprovechada para desenmascararlos aún más”, ha añadido. Además, ha asegurado que su encarcelamiento es un “ataque” no sólo contra él, sino también “contra la libertad de expresión” y por ello “contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada, como tantas otras libertades democráticas”.

Juristas y organizaciones de derechos humanos también han alertado en las redes sociales sobre la inminente entrada en prisión del rapero por un “delito de expresión” y todo lo que ello supone.

La Red Jurídica Abogados/as ha destacado en su perfil de Twitter que Hasél ha sido condenado por “delitos de expresión” y que si finalmente ingresara en prisión, sería “el primer rapero de Europa que vaya a la cárcel por decir lo que piensa”, pues “otros 13 raperos han sido condenados en el Estado español”, pero ninguno de ellos ha ingresado en prisión. La Red Jurídica Abogados/as ha recordado asimismo que el GEPC (Grupo de Estudio de Política Criminal) –integrado por académicos, jueces, fiscales y abogados– propuso hace algo más de un año las ‘Propuestas alternativas a los delitos de expresión’, una serie de reformas legislativas entre las que se encuentran “la despenalización de los delitos de injurias, la restricción de los delitos de calumnias a su comisión con publicidad, la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos, limitar los delitos de odio a la incitación pública a cometer delitos contra grupos vulnerables y hacer lo mismo con los delitos de enaltecimiento del terrorismo”, un planteamiento que excluye “las expresiones que simplemente fomenten o favorezcan la creación de climas de hostilidad y violencia”, pues “la libertad de expresión, en una sociedad plural y democrática, debe incluir manifestaciones que ofendan, conmocionen o perturben”.



“La prisión por delito de expresión es siempre un despropósito”, ha manifestado, también en su perfil de Twitter, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) y autor de más de 60 publicaciones, entre monografías y artículos doctrinales. Dopico ha calificado de “desafortunada” y “banalizadora” la locución “libertinaje de expresión” contenida en la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a Hasél y ha considerado que “votos particulares como los recogidos en las dos sentencias condenatorias” –la de la Audiencia Nacional y la del propio Supremo– anticipan una “probable condena” a España por parte del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o Tribunal de Estrasburgo, si la condena al rapero no fuera anulada antes por el Tribunal Constitucional. “La conclusión es que en ninguno de los 62 tuits que se han traído a este juicio se puede identificar un llamamiento a la violencia, y no parece que puedan ser susceptibles de generar situación de riesgo para persona alguna. Por ello, no pueden considerarse constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo”, establece uno de esos votos particulares.

El catedrático de Derecho Penal ha analizado asimismo los “hechos probados” de los tres bloques de delitos por los que el rapero ha sido condenado: injurias al rey, injurias a la Policía y enaltecimiento del terrorismo.

Sobre el primer bloque –injurias al rey–, Dopico ha considerado que la condena del discurso de Hasél como discurso criminal “infringe las garantías de la libertad de expresión”, ha asegurado que “la mayoría” de los tuits por los que el rapero ha sido condenado “ni siquiera se refieren al rey, sino a la monarquía o a sus amigos” y ha insistido en que tras “recientes” revelaciones periodísticas, “columnistas de la ‘prensa seria’” dicen “cosas más explícitas” que las escritas por Hasél.

Sobre el segundo bloque –injurias a la Policía–, el catedrático ha destacado que la crítica del rapero a determinadas actuaciones policiales –como las que acabaron con la vida de 15 personas en la playa ceutí del Tarajal, con la de Martín Luna en Barcelona o con la de Íñigo Cabacas en Bilbao– es “una crítica en términos brutales”, pero ha advertido de que una condena penal por ella “transgrede los estándares que el TEDH ha impuesto en materia de libertad de expresión y discurso antipolicial” en las sentencias de casos como el de Savva Terentyev contra Rusia o el de Stomakhin contra Rusia.

Sobre el tercer y último bloque –enaltecimiento del terrorismo– y los 11 tuits de Hasél que “determinan una condena de más de dos años de prisión, no suspendible”, Dopico destaca que algunos de esos tuits, como “ante el terrorismo de Estado, barrio organizado”, ni siquiera tienen “relación comprensible con la acusación” y que los demás “no son constitutivos de delito de enaltecimiento”, pues –“como muy bien dicen en sus respectivos votos particulares los magistrados del Supremo Ana Ferrer y Miguel Colmenero y la magistrada Audiencia Nacional Manuela de Prado”, apunta el catedrático– “no suponen una incitación idónea a la violencia”.



Organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado ante la notificación de la Audiencia Nacional sobre el ingreso en prisión del rapero.

Así, Amnistía Internacional España ha recordado en su perfil de Twitter que “nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso” y ha recordado que la organización lleva “años” pidiendo que delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o el de injurias a las instituciones del Estado deben ser “eliminados” del Código Penal español, pues “no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión”, y es que el Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones “que incitan de manera directa a cometer actos violentos” y sólo “si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”.




La justicia de éste país por culpa de algunos jueces a la altura de los caballos.
 

El secuestro de la libertad de expresión​

  • Hasel ha recordado que "el Estado español es el que tiene más artistas condenados a prisión" y la abogada Isabel Elbal ha alertado del efecto autocensor que puede generar esta clase de represión

Ruth Toledano
@ruthtoledano

Foco
DERECHOS Y LIBERTADES
El rapero Pablo Hasel, el 1 de febrero de 2021, en Lleida.
6 de febrero de 2021 21:27h
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"Tendrán que venir a secuestrarme, es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión". La determinación de Pablo Hasel es su respuesta a la injusticia que supone la orden de la Audiencia Nacional para que el rapero entre en prisión. Es injusto ir a la cárcel por decir lo que piensas sobre, por ejemplo, los Borbones, máxime cuando lo que piensas coincide con lo que piensa una gran parte de la ciudadanía. Porque es injusta la ley que lo permite. Que entre alguien en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión pone de manifiesto la pésima salud de esa libertad.

Hasel ha recordado que "el Estado español es el que tiene más artistas condenados a prisión" y la abogada Isabel Elbal ha alertado del efecto autocensor que puede generar esta clase de represión. ¿Quién se atreverá a decir lo que piensa de los Borbones si corre el riesgo de acabar entre rejas? ¿Qué artista se atreverá a plasmar esas opiniones en su obra? No solo se conculca el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libertad ideológica y de creación artística. Además, se agiganta la brecha entre el poder judicial y una sociedad que se siente perseguida y amordazada.

A Hasel lo detuvieron por primera vez en 2011. Asegura que la policía empezó a ir a por él porque era comunista, algo difícil de demostrar pero que no suena descabellado, si nos remitimos, por ejemplo, a los mensajes de los militares que querían "fusilar a veintiséis millones de hijos de put*" (cifra de la que seguramente formaría parte un buen número de comunistas). Basta ver lo que sucedió en Petrer, Alicante, donde una concentración antifascista en apoyo a Pablo Hasel y contra su entrada en prisión acabó con dos personas llamadas a declarar como investigados por un delito de odio denunciado por agentes de la Policía Nacional. Si esos agentes consideran delito de odio corear, por ejemplo, 'los Borbones son unos ladrones', el odio al comunista bien podría impulsar su persecución.

Un rapero no debiera entrar en la cárcel por las letras de sus canciones, si queremos una democracia medianamente presentable. Ni otro debiera estar en el exilio, como Valtònyc en Bélgica. Precisamente en estos días, el Congreso de los Diputados ha avanzado hacia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aprobada en 2015 por el gobierno de M. Rajoy. Solo el PP votó en contra de esa reforma. PSOE y Unidas Podemos, que han llevado en sus programas electorales la derogación de esta ley, se vieron, sin embargo, adelantados por el PNV, partido que impulsó la reforma hace tres años. Esa ley ya tendría que estar derogada. Y un Estado democrático no debería, por definición, tener presos de carácter ideológico o político. Aunque se justifique ese abuso represivo como la mera corrección de un delito de odio. Si no se corrige, la libertad de expresión y la propia democracia seguirán siendo secuestradas como Pablo Hasel para forzarle a entrar en prisión.

 

Los 3 delitos por los que Hasél entrará en prisión que cuestiona la ONU y la Unión Europea​

Juristas defienden que la condena, insólita en España, tiene que ver con el legado que el Partido Popular ostenta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictaminó sentencia está estrechamente vinculada con la formación

Por
Alba González.

7 de febrero de 2021 13:00

Pablol Hasél prisión delitos cuestionados ONU Unión Europea CGPJ

El rapero Pablo Hasél
Los delitos de injurias a la Corona, injurias a las Instituciones del Estado y enaltecimiento del terrorismo son los que se le imputan a Pablo Hasél, que podrá ingresar en prisión con una condena que va en contra de la postura de la Fiscalía.

La explicación para el equipo jurídico que toma parte en la defensa del rapero tiene una matriz clara. “Se trata de una Sala muy vinculada al legado que el PP aún mantiene en el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y saben que haciendo esta maniobra, yendo más allá de lo que piden las partes, generan un problema al actual Gobierno porque le ponen contra las cuerdas de cara a su electorado”, declaraba para Público su abogado.

Lo cierto es que no es la primera vez que organismos internacionales advierten no solo de la situación irregular que el máximo órgano del Poder Judicial sufre en España, sino también sobre la naturaleza de cierto tipo de delitos que podrían poner en peligro los derechos humanos.

Se refieren a los relacionados con injurias y enaltecimiento del terrorismo, este último, situándose por completo a margen de los estándares jurídicos internacionales. Tanto la ONU como la Unión Europea han apelado a España en varias ocasiones para que los adecúe en aras de “garantizar la libertad de expresión”, según las recomendaciones emanadas desde Bélgica.


La sentencia del rapero, que ha declarado que “el Estado” tendrá que secuestrarlo “a la fuerza” si quiere encarcelarlo ya que no va a ingresar en prisión “de forma voluntaria”, llega tras el anuncio por parte del Gobierno de coalición de revisar, acorde a las 275 recomendaciones para mejorar las garantías democráticas dictaminadas desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los delitos que se le imputan.


El Gobierno no puede anular una sentencia pero sí puede conceder un indulto si se pide.

Convendría derogar esa ley cuanto antes.
 

Artistas contra la encarcelación de raperos como Pablo Hasel

Por javisecasa, 8 feb 2021, 19:46​

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590249 - Artistas contra la encarcelación de raperos como Pablo Hasel

Pero ojo y mucho ojo con decir que en éste país no es una democracia porque ""se respeta"" la libertad de expresión y a nadie se le manda a la cárcel por ello, y por otro lado hay plena y clarísima separación del poder judicial del político. :ROFLMAO:

¡Se te echan todos encima, todos los apesebrados de la prensa!
 
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Criminalización de la protesta social: ¿por qué la Policía siempre tiene la razón?​

“Los casos Alberto Rodríguez e Isa Serra se produjeron en el momento más duro de los recortes, cuando se estaba dando una respuesta desde los movimientos sociales”, destacan fuentes jurídicas conocedoras de ambos casos y vinculadas a la protesta social.

Por
Javier Lezaola.

25 de mayo de 2021 23:01

Criminalización de la protesta social: ¿por qué la Policía siempre tiene la razón?

Antidisturbios, durante una protesta social

La criminalización de la protesta social –es decir la aprobación y utilización de normas que prevén sanciones penales o administrativas para castigar la movilización con el objetivo de neutralizarla todo lo posible– no es nueva. Ningún avance, ningún derecho, se ha conseguido sin movilización, por eso los poderes económicos y sus tentáculos políticos siempre la han temido y siempre la han combatido –unas veces de forma legal y otras de forma ilegal–, y lo hacen de forma cada vez más sofisticada. La criminalización de la protesta social siempre ha necesitado políticos que aprueben y mantengan esas normas, policías que las utilicen, jueces que asuman las versiones policiales y medios de comunicación que igualmente asuman esas versiones policiales –en la mayoría de los medios, la versión policial no sólo no es presentada como “la versión policial” sino que siempre ha sido presentada como la realidad contrastada– y lo enmarquen todo ello en un contexto de plena normalidad democrática.

El nivel de criminalización de la movilización social en un Estado suele depender del nivel de la propia movilización social en ese Estado. Por eso el próximo mes de julio se cumplirán seis años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza –que sólo PP y UPN apoyaron en el Congreso, que acumula cientos de millones de euros en sanciones por “faltar al respeto” de policías, por fotografiar antidisturbios mientras cargan contra manifestantes o por “obstruir a la autoridad” haciendo resistencia pacífica para paralizar desahucios y que sigue vigente aunque los actuales socios de gobierno y el actual bloque de investidura se han comprometido a derogarla esta legislatura–, esa Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015 con la que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy intentó sofocar el ciclo de movilizaciones –contra los desahucios, contra los recortes educativos y sociales en general o contra los rescates a la banca– que arrancó con la crisis de 2008 y en el que se enmarcan protestas como las dos siguientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Isa Serra, actual coportavoz de Podemos y parlamentaria autonómica en la Comunidad de Madrid, a un año y siete meses de prisión y 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado a la autoridad durante su participación en el intento de paralizar, en el año 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés, el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad absoluta. Serra presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la Fiscalía pidió la semana pasada ratificar la condena por su actitud “agresiva”, su forma “feroz” y sus “improperios” hacia policías enviados para facilitar el desahucio de Lavapiés. La defensa de Serra ha denunciado que la sentencia del TSJM que la condenó por lanzar objetos a agentes “no valoró la prueba de forma racional” y “asumió las vagas e imprecisas declaraciones de los policías”, que acusaron a la actual dirigente de Podemos de lanzarles objetos pero sin poder precisar “cuándo” y “dónde”.

El TS procesó el mes pasado a Alberto Rodríguez, actual secretario de Organización de Podemos y diputado en el Congreso, por un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones cometidos, presuntamente, durante su participación en una manifestación contra la LOMCE o Ley Wert –impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación, entre 2011 y 2015, del Gobierno del PP de Rajoy, que fue el único grupo del Congreso que apoyó la ley– celebrada también en el año 2014 en la localidad tinerfeña de La Laguna. Según el auto de procesamiento, a Rodríguez se le acusa de haber dado una patada a un policía, “causándole una contusión en la rodilla izquierda, que sanaría en cinco días, sin baja laboral y con necesidad de una única asistencia facultativa”. Un mes antes, el actual dirigente de Podemos había declarado ante el juez que “evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió” y que su caso es “un episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos”.

“Los casos Alberto Rodríguez e Isa Serra se produjeron en el momento más duro de los recortes, cuando se estaba dando una respuesta desde los movimientos sociales”, destacan a LUH fuentes jurídicas conocedoras de ambos casos y vinculadas a la protesta social. En el caso de Rodríguez, él “era el representante sindical en la refinería en la que trabajaba y además participaba en los movimientos sociales” y en aquella movilización “en defensa de la educación pública” y de protesta contra la Ley Wert “ni siquiera lo identificaron, sino que fueron a por él después, por ser una persona significada de los movimientos sociales”. En el caso de Serra, “es un aviso a navegantes no sólo para ella y para la gente de Podemos, sino también para toda la gente que participa en las movilizaciones sociales, porque el de la lucha en defensa del derecho a la vivienda y en defensa de los derechos humanos frente a los desahucios ha sido un movimiento muy importante que ha tenido la capacidad de condicionar la agenda política en el país durante los últimos diez años, por eso ese tipo de sentencias son en primer lugar una estrategia de persecución política y en segundo lugar, y más importante todavía, una herramienta de disciplinamiento social”.

Los casos de Rodríguez y Serra pueden ser los más conocidos, pero no son los únicos. De hecho, decenas de personas vienen sufriendo “procesos represivos” penales “por ejercer sus derechos fundamentales, por participar en movilizaciones y manifestaciones” desde el comienzo de la crisis de 2008. “En el fondo es una estrategia de criminalización de la participación social, porque lo que se está criminalizando es la participación social, la preocupación de la gente por los problemas comunes en un momento en el que se estaban produciendo gravísimos recortes sociales y gravísimos recortes de libertades y hubo mucha gente que se movilizó”, advierten las mismas fuentes.

Los desahucios –incluidos los de enfermos crónico con incapacidad absoluta– tienen muchos intereses detrás. La Ley Wert –con su segregación temprana y su apoyo indisimulado a la enseñanza concertada y a la propia Iglesia católica– también. La propia Policía –uno de cuyos antidisturbios se hizo un ‘selfie’, durante el mitin de Vox celebrado el mes pasado en el barrio madrileño de Vallecas, con un ultraderechista con orden de alejamiento por acosar a Pablo Iglesias y a su familia en su propio domicilio, y se hizo ese ‘selfie’ sin ninguna consecuencia– también tiene intereses detrás. Intereses enfrentados a los de quienes se movilizan para lograr avances, para lograr derechos. Frente a ello, los jueces se reclaman independientes, y la mayoría de los medios de comunicación se reclaman imparciales, en mitad de batallas como la de la criminalización de la protesta social. Casos como los de Isa Serra y Alberto Rodríguez reavivan un debate siempre pendiente.

 
Lo veremos cuando entre en vigor, veremos si no se dispara (aún más) la delincuencia en unos meses. Seguramente, entonces lo achacarán a las desigualdades derivadas del capitalismo o a la virgen de los Dolores, a cualquier cosa menos a sus propios actos.
 

«La señora que se hizo famosa por criticar los excesos de los antidisturbios en Cádiz ha sido citada por un presunto delito de revelación de secretos por difundir en Facebook imágenes de excesos policiales».​

En el contexto de las movilizaciones obreras en Cádiz se viralizó el vídeo de una mujer que denunciaba los excesos policiales ante las cámaras de Televisión Española.

Ahora, Raquel, le han citado a declarar en Cádiz por «incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana» y por «difundir imágenes de los agentes en acto de servicio», ha expuesto un tuitero, haciendo referencia a las imágenes y vídeos publicados por Raquel en Facebook.



Para Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional, este caso «es muy preocupante», porque «amedrentar a los activistas es de dictaduras».

Entra en juego la aplicación de la ‘ley mordaza’, herencia de las legislaturas de Rajoy para el que «el objetivo era mantener bajo la bota al movimiento obrero y a los movimientos sociales y reivindicativos», explica el periodista Carlos Martínez.

«La ley mordaza tiene el objetivo principal de perseguir piquetes de huelga e impedir por tanto la libertad sindical y poder reprimir las concentraciones y manifestaciones de protesta ya sea social y/o sindical de forma que las y los trabajadores o desahuciadas no puedan concentrarse en la calle o ante centros comerciales o sedes empresariales principalmente», añade.

«Amabas son leyes en favor de los derechos de la burguesía. Lo peor es que han propiciado actitudes policiales que nos llevan a momentos vividos en el franquismo», sentencia.

 

Avanzan las modificaciones de la Ley Mordaza​

La principal discrepancia gira en torno a la disposición final primera, relativa a la devolución en caliente de personas
Por
Javier Lezaola.

15 de febrero de 2022 23:00

Avanzan las modificaciones de la Ley Mordaza

Imagen de la protesta contra la Ley Mordaza celebrada el pasado domingo en Madrid.

El Congreso ha retomado este martes sus trabajos de reforma de la Ley Mordaza –Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana–, impuesta por el PP en 2015, cuando gobernaba con mayoría absoluta y que constituyó un duro recorte de derechos fundamentales con el objetivo de criminalizar y desincentivar la protesta social en un contexto de fuerte indignación popular.

En este sentido, la Ponencia de la Comisión de Interior del Congreso que aborda esta reforma ha aprobado este martes una enmienda de Unidas Podemos relativa al artículo 22 (uso de videocámaras), que establecía que “la autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia” y en el que Unidas Podemos ha logrado incluir, a través de su enmienda, “el uso de cámaras de videovigilancia móviles deberá hacerse costar en cada atestado por actuación en la vía pública. Dichas grabaciones deberán ser custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser recabadas por la autoridad judicial”. Y es que ahora mismo no es así.

“Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituya a la 'Ley Mordaza', para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”. Así lo establece, en el apartado relativo a “derechos y libertades civiles”, el programa del pacto de gobierno que PSOE y Unidas Podemos firmaron tras las generales de noviembre de 2019 (el artículo 315.3 del Código Penal, impuesto también por la mayoría absoluta del PP y que castigaba con penas de hasta tres años de cárcel a piquetes de huelga, ya fue derogado por el bloque de investidura el pasado mes de abril, es decir hace diez meses).

Además de un acuerdo del Gobierno de coalición y del bloque de investidura, sustituir la Ley Mordaza es una petición de organismos como la ONU o el Consejo de Europa. Por otro lado, la ambigüedad de la redacción de ese párrafo dejó la puerta abierta a la derogación de la norma pero también a su reforma, que es lo que ha acabado imponiéndose, dada la correlación de fuerzas dentro y fuera del Congreso (la propia redacción de ese párrafo también fue producto de la tan traída y llevada correlación de fuerzas, en este caso entre los 120 diputados con los que contaba el PSOE y los 35 con los que contaba Unidas Podemos, que habría preferido la derogación de la Ley Mordaza a su mera reforma). Descartada la derogación, en lo que trabaja el Congreso es en esa reforma, que habrá que ver hasta dónde alcanza y hasta dónde no.

Además de un acuerdo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y una petición de la ONU o del Consejo de Europa, dejar atrás la Ley Mordaza es una reivindicación de la plataforma No Somos Delito, integrada por más de un centenar de colectivos –entre ellos, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ecologistas en Acción, los sindicatos CNT y CGT, la FeSP (Federación de Sindicatos de Periodistas) o la ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados)– que el pasado domingo se manifestaron en Madrid, Barcelona, València y otras 22 ciudades de todo el Estado por la “derogación total” de la norma e instaron a la población a salir a la calle a reivindicar que la sustitución de la Ley Mordaza redefina el concepto de seguridad ciudadana –vinculándolo al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales– y contenga al menos “unos mínimos que garanticen el libre ejercicio de los derechos fundamentales”. Frente a ello, las principales asociaciones policiales hacen piña con PP, Vox y Cs en su rechazo a modificaciones sustanciales de la Ley Mordaza.

En cuanto a la Ponencia del Congreso para llevar a cabo a esa modificación –que es la que ha vuelto a reunirse este martes–, sigue avanzando, aunque este martes se ha quedado en el artículo 30 –la Ley Mordaza tiene 54 artículos y varias disposiciones adicionales y finales–, y volverá a reunirse el 1 de marzo, a la espera de que los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sigan limando las discrepancias que mantienen tanto entre sí como con el bloque de investidura. Según fuentes de la Ponencia consultadas por LUH, al menos hasta ahora esas discrepancias giran sobre todo en torno a artículos como el 16 (identificación de personas) o el 23 (reuniones y manifestaciones), en lo relativo al alcance de las limitaciones de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de restringir derechos fundamentales.

Aunque quizás la principal discrepancia gira en torno a la disposición final primera (régimen especial de Ceuta y Melilla), relativa a la devolución en caliente de personas migrantes. El PP aprovechó su Ley Mordaza para aprobar esas devoluciones en caliente, vinculándolas así al concepto de seguridad ciudadana y modificando la Ley de Extranjería por la puerta de atrás. Aunque –precisamente por estar incluidas en un disposición final– el punto relativo a esas devoluciones no será abordado hasta el final de la Ponencia, las posiciones actuales son que el PSOE no quiere ni tocarlas, ERC o EH Bildu pretenden eliminarlas ya y Unidas Podemos prefiere no hacerlo hasta abordarlas de forma específica, con el objetivo de desvincularlas así del debate sobre seguridad ciudadana en el que el PP las incluyó en su día y en el que Vox las mantiene con indisimulada satisfacción. No obstante y según las mismas fuentes, ninguna formación estaría dando “nada por cerrado”.

 

PIDEN AL GOBIERNO EN UNA CARTA QUE ELIMINE LOS ASPECTOS MÁS LESIVOS DE LA NORMA​

Una docena de eurodiputados afea a Pedro Sánchez que solo vaya a reformar la 'ley mordaza' "de forma superficial"​

Los europarlamentarios critican, en una carta, que "la reforma no acaba con la criminalización de la protesta, y tampoco ofrece suficientes garantías para que se respete la libertad de manifestación, expresión, información y movimiento".​

Una docena de eurodiputados ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su preocupación ante la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, ya que consideran que "solo ataja los aspectos más lesivos de la ley de forma superficial, sin alterar su naturaleza represiva".

Los parlamentarios critican que "la reforma no acaba con la criminalización de la protesta, y tampoco ofrece suficientes garantías para que se respete la libertad de manifestación, expresión, información y movimiento".


Thank you for watching
Miguel Urban: "Esperemos que el Gobierno de coalición no sea cómplice con el PP de la persecución de los movimientos sociales"
"El Gobierno de coalición incluyó entre su programa de gobierno la derogación de la llamada ley mordaza pero las informaciones que están saliendo al respecto alertan que gran parte de sus elementos más lesivos pueden quedar intactos e incluso peor, avalados ahora por un gobierno de izquierdas", asegura a Público el eurodiputado Miguel Urban, del grupo Izquierda Europea.



Urban pone en valor las declaraciones al respecto de la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, que ha considerado que esta reforma "es insuficiente para corregir todas las carencias relativas al respeto de los derechos humanos". Preocupación que comparte la Comisión Europea.

"La defensa del derecho a la protesta es un elemento esencial en cualquier democracia, esperemos que el Gobierno de coalición no sea cómplice con el PP de la persecución de los movimientos sociales, de las devoluciones en caliente o de los ataques a la libertad de prensa", desea Urban.

Demandas de los eurodiputados​

En la misiva se pide a Sánchez que asegure que "se garantiza el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de movimiento", que "se garantiza el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia" y que "se depuran responsabilidades en los cuerpos policiales". Para ello, reclaman que se eliminen los artículos 36.6, 37,4, 52 y 36,23 de la citada ley de protección de la seguridad ciudadana.


También instan al Gobierno a que "elimine las multas que se están usando para violar derechos fundamentales" y que "prohíba las redadas por perfil étnico o racial y la utilización de balas de goma", así como "las devoluciones en caliente" en las vallas de Ceuta y Melilla.

Además, proponen que se lleve a cabo una evaluación de la ley y de la reforma desde el respeto a los estándares internacionales sobre derechos fundamentales y a la legislación de la UE, que se asegure la participación de la sociedad civil, de las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad y de otras entidades interesadas y que se invite tanto al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación como a la Comisión de Venecia a que participen dando su opinión sobre esta reforma.

La carta está firmada por los eurodiputados Miguel Urban, Pernando Barrena, Milan Brglez, Antoni Comín, Clare Daly, Özlem Demirel, José Gusmao, Marisa Matias, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Diana Riba i Giner y Jordi Solé.


Dos años de retraso​

La tramitación en el Congreso de la reforma de esta ley avanza más lenta de lo que esperaba el Gobierno. El Ejecutivo y los grupos progresistas siguen sin acordar los puntos clave de la reforma tras casi dos años de retraso. Hasta en dos ocasiones ha estado a punto de ser aprobada pero los adelantos electorales abocaron estos intentos al fracaso.

En este tercer intento, la norma se encuentra de nuevo encallada en el seno de la ponencia (encargada de elaborar un dictamen), por lo que requiere más margen de negociación entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y los grupos progresistas, imprescindibles para que salga adelante dada la cerrazón de PP, Vox y Cs a su reforma.


Creo que el partido de Pedro Sanchez se tenía que camuflar ya dentro del PP, es otro partido de derechas.

Espero que la gente vaya tomando nota a pesar de los MMCC que lo protegen y a los que utiliza para su propaganda.
 
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