Cupo Vasco

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Garcinuño aboga por “mover ficha”
Cebek alerta del “peligro” de los ataques de Rivera al Concierto Económico


Míriam Vázquez - Sábado, 17 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:00h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en una comparecencia pública. Foto: Efe
La clase política y empresarial de Euskadi se ha puesto en guardia ante los ataques de Ciudadanos contra el Concierto Económico, la piedra angular de la autonomía fiscal vasca que permite al territorio regular y recaudar sus propios impuestos y que, en buena medida, dota de contenido a su autogobierno en general porque le permite realizar una gestión diferenciada. Las críticas de Albert Rivera no son nuevas pero, en esta ocasión, vienen de un partido que se encuentra al alza en las encuestas, que cree que tiene opciones de gobernar tras las elecciones generales de 2020, y que, con independencia de los resultados que obtenga y de lo que ocurra en el futuro, en este momento ya tiene la capacidad de condicionar al PP y arrastrar a otros partidos a su posición recentralizadora. Iñaki Garcinuño, el presidente de la patronal vizcaina Cebek, alertó ayer de las “graves” consecuencias que pueden tener sus ataques, y añadió que, si otros partidos se suben a ese carro, Euskadi deberá plantar cara y “mover ficha”, aunque no cree que el camino sea el proceso soberanista catalán, que ha permitido extraer “lecciones”.

La preocupación por la estrategia de Ciudadanos es muy transversal y, tras las críticas del PNV, ayer movilizó también a los empresarios vascos y la izquierda abertzale. En una entrevista concedida a Onda Vasca, preguntado por la posibilidad de que Euskadi pueda perder cotas de autogobierno con este debate, Garcinuño consideró “realmente peligrosas” las declaraciones de Ciudadanos. “Juega a un juego político con consecuencias que podrían ser graves y que nos perjudica solo por estar en el juego político. Solo porque jueguen con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestras herramientas, ya nos preocupa”, dijo.

El portavoz de los empresarios vizcainos recordó que el Concierto Económico ha permitido que Euskadi sea un territorio “responsable y desarrollado”, pero puntualizó que la clave reside en haber utilizado esa herramienta “con acierto”, frente a quienes piensan que la autonomía financiera propicia por sí sola el progreso económico por ciencia infusa. “Que alguien piense que somos privilegiados o que nos favorecen y por eso somos desarrollados, es no querer conocer la realidad”, recalcó.

Preguntado por la hipótesis de que la tensión crezca y la situación acabe pareciéndose a la de Catalunya, sí admitió que de aquí a dos años “podemos ser la carta con la que jueguen” unos y otros en el Estado, y apostó por “mover ficha” si el mensaje de C’s se extiende a más partidos. Garcinuño no cree que el camino a seguir sea el procés soberanista de Catalunya, porque “nos muestra día a día lo que es un proceso político poco planificado y en lucha con alguien que puede ser más fuerte que tú”, aunque apuesta por poner pie en pared si se solemniza el ataque al Concierto. “Si esta deriva radicalizada por parte de algún partido político hace movimiento al resto de formaciones que se mantenían respetuosas con nuestra autonomía, nos tiene que hacer mover ficha. No creo en un escenario semejante, pero no hay que descartar que de aquí a dos años la situación política empeore en relación a nosotros y seamos el foco de los problemas”, dijo.

Rivera aseguró el jueves que, si gana las elecciones, se acabarán los “privilegios” y los “chanchullos con Rajoy”, en referencia al acuerdo entre el PNV y el Gobierno español para renovar la Ley del Concierto Económico y la Ley Quinquenal del Cupo, el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas. A juicio de Rivera, ese acuerdo ha sido muy favorable para los vascos, que deberían pagar más. Más allá de las cifras concretas, se opone a la autonomía fiscal en sí misma. El acuerdo del Cupo debe renovarse cada cinco años (la próxima vez, en 2022), una negociación que se complica cuando hay pulsiones centralistas. En paralelo, C’s ha lanzado una ofensiva generalizada que abarca el acuerdo para aliviar la tarifa eléctrica de las empresas vascas y superar el agravio histórico que sufre la industria de la comunidad autónoma, la valoración de las lenguas cooficiales en las ofertas públicas de empleo, y los acuerdos con los nacionalistas vascos y catalanes para la estabilidad presupuestaria de Madrid.

“contrarreforma”El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su parte, dijo en ETB-1 que la situación es “verdaderamente grave” y que los poderes fácticos del Estado han hecho una apuesta clara para que Rivera dé el sorpasso al PP. En alusión a las palabras de Rivera sobre los “chanchullos”, cree que ha decretado el fin de la influencia del PNV en el Congreso. “Aquí se ha terminado una fase, porque ellos han decidido que se ha terminado y, por lo tanto, van a poner en marcha una contrarreforma”, alertó

 

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La testigo clave relata cómo De Miguel le reclamó «pasar por caja» en su despacho de Diputación

Alfredo de Miguel a su entrada en los juzgados de Vitoria. / IGOR AIZPURU
La abogada Ainhoa Alberdi afirma que le sorprendió «la alegría» con la que se le reclamaron 100.000 euros desde el correo oficial. «Si esto era tan fácil de hacer yo no iba a ser la única», ha lanzado
Lunes, 5 marzo 2018, 17:10
3caso De Miguel' cómo la trama liderada por el antiguo 'número dos' del PNV alavés le reclamó una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. «A finales de 2008, me reuní con él en su despacho de la Diputación (de Álava) y me pidió que pasase por caja», ha recordado la antigua socia de la sociedad Urbanorma Consulting sobre su encuentro en diciembre de 2008.

Más tarde, Alfredo de Miguel (a quien todos llaman 'Txitxo') le especificó a través de su cuenta institucional de correo electrónico que la cantidad a pagar era de 100.000 euros. Estas maniobras fueron la razón por la que empezó a grabar todas sus conversaciones con las personas implicadas con este contrato y que, en 2009, finalmente trasladó a la Fiscalía Pronvincial de Álava.




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«No empecé a registrar estos encuentros para denunciarlos, sino por mi seguridad», ha indicado Alberdi porque si no llega hacerlo considera que ahora ella estaría sentada junto a los 26 imputados en esta supuesta trama corrupta. Un banquillo que este lunes ha contado con la presencia de De Miguel; los burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; el antiguo socio de Alberdi, Jon Iñaki Echaburu; el constructor Prudencio Hierro y Alfonso Arriola, exgerente del parque tecnológico de Miñano. Todos ellos están 'salpicados' por la versión que en los últimos ocho años ha mantenido la abogada urbanista.

También ha estado presente Josu Arruti, que participó en el 'macropelotazo' que se preparó en la localidad de Zambrana, y que suele acudir a todas las vistas. Ellos, como la mayoría del resto de implicados en esta trama, tienen algún tipo de relación con el Partido Nacionalista.





«Yo no sabía nada»
La abogada Ainhoa Alberdi ha confesado que le sorprendió «la alegría» con la que se le reclamaron esos 100.000 euros. «Si esto fue tan fácil de hacer entendí que yo no sería la única», ha lanzado en la vista. Ella ha asegurado que cuando en 2006 su sociedad Urbanorma Consulting firmó un contrato para una ampliación del centro de Miñano nadie le habló de ningún tipo de mordida. «Me pueden pedir la luna, que yo no sabía nada», se le oye en una de las grabaciones escuchadas por el tribunal presidido por el juez Jaime Tapia, y que cuentan con una calidad bastante deficiente.

Alberdi ha relatado cómo su socio le indicó en 2006 cuál era la oferta que tenía que presentar para ganar el concurso y que Alfredo -como ha llamado en todo momento a 'Txitxo'- le reclamó que incluyese en la oferta los servicios de la empresa Stoa y el currículum de su compañero de partido Aitor Tellería, exconcejal de Vitoria.

Y eso que De Miguel entonces no tenía ningún tipo de cargo institucional relacionado con las instalaciones de Miñano y tan solo era el responsable de los «industrialdeas de Aiara y Orduña». Más tarde, la letrada se vio sorprendida con que ni Stoa estaba preparada para realizar los trabajos de mediciones topográficas requeridas ni Tellería hizo ninguna clase de implicación con el trabajo en Miñano.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/testigo-clave-relata-20180305125833-nt.html

 

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El 'caso Margüello' sienta al PNV de nuevo en el banquillo de los acusados

Rafael Cerdán, José Ramón Elorriaga, María Nieves Fernández y José Carlos Margüello, en el banquillo de los acusados. / IGNACIO PÉREZ
La Audiencia de Bizkaia juzga desde este lunes a tres ex altos cargos del Gobierno Ibarretxe acusados de prevaricación y de malversar 6,8 millones
3caso De Miguel' aún en curso en la Audiencia de Álava, la atención de los dirigentes de Sabin Etxea se centrará también en la Audiencia de Bizkaia. El 'caso Margüello' sienta en el banquillo de los acusados a tres ex altos cargos durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe y a una testaferro de una empresa pantalla creada para conseguir contratos de Osakidetza.

Se trata de José Carlos Margüello, exdirector de calidad del hospital de Cruces y cuyo apellido da nombre al sumario; José Ramón Elorriaga, exdirector de Sanidad; María Nieves Fernández, socia de Margüello en la compañía investigada; y Rafael Cerdán, exviceconsejero de Sanidad en el Ejecutivo autonómico. La Fiscalía pide para los tres primeros 11 años de reclusión, mientras que rebaja la pena para Cerdán a 6 años y medio. A todos se les exige además la devolución de los 6,8 millones de euros defraudados, según la instrucción. El Gobierno vasco, que está personado como principal afectado por la presunta actuación delictiva de los procesados, ha evitado pedir penas de cárcel y se limita a que se le restituya la cantidad de dinero obtenida por los implicados de forma ilegal.

La investigación judicial sostiene que Margüello aprovechó su puesto en el hospital vizcaíno de Cruces para «constituir y gestionar de manera efectiva» dos firmas mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI, en las que figuraba como administradora María Nieves Fernández, que en realidad ejercía como mera testaferro. Estas compañías habrían obtenido «importantes adjudicaciones públicas», según la juez instructora, que considera que hay indicios suficientes para creer que ambas empresas se vieron «favorecidas» con contratos que supusieron «la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no deberían haber recibido».

Los protagonistas
José Carlos Margüello - Ex director de calidad de Cruces
Acusado de dirigir en la sombra varias empresas que se beneficiaron de contratos irregulares con el Gobierno vasco. Piden para él 11 años de cárcel.
Rafael Cerdán - Exviceconsejero
Habría firmado varias resoluciones para favorecer contratos. Piden para él 6,5 años.
José Ramón Elorriaga - Exdirector de Sanidad
Habría intercedido en favor de las firmas de Margüello. Se expone a penas de 11 años.
Mª Nieves Fernández - Socia de Margüello
Aparecía como responsable de las empresas, aunque según Fiscalía era una mera testaferro. 11 años de prisión


La Fiscalía sostiene, en su escrito de acusación, que Rafael Cerdán y José Ramón Elorriaga -cargos de confianza del entonces consejero Gabriel Inclán- se saltaron la ley para beneficiar a las compañías de Margüello. Relata, por ejemplo, cómo en febrero de 2006, poco después de que se constituyera una de las firmas, se presentó una solicitud ante la Dirección de Sanidad en Bizkaia para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos rechazaron la solicitud pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió hasta que consiguió que se le diera el visto bueno y pudiera empezar a ser contratada. Una actuación que, según la Fiscalía, se saltó «todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos». Apenas una semana después de conseguir el plácet, Cerdán ya dictó una resolución para beneficiar a esa empresa con un contrato de gestión de las listas de espera. La tramitación se llevó a cabo mediante un «procedimiento de emergencia» a sabiendas de que no era legal y que la firma no estaba preparada para esos servicios. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008. A esa cantidad hay que sumar otros 6,8 millones por servicios irregulares vinculados a la rehabilitación de pacientes, que también se adjudicaron «a dedo» y sin la publicidad necesaria. Hasta el punto de que Elorriaga habría anulado el concurso público ya iniciado. El presupuesto máximo del contrato era de 212.800 euros pero Elorriaga y María Nieves Fernández habrían elevado la cantidad anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008.

La fiscal superior y el PSE
El caso tiene, además, unas evidentes repercusiones políticas. Pone el foco, en primer lugar, sobre el Departamento de Sanidad que dirigía Gabriel Inclán en la época de Juan José Ibarretxe. El exconsejero será uno de los testigos que deberá comparecer en la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia, en una vista oral que arrancará mañana y que finalizará el jueves.

Pero la causa también puede acarrear ciertas derivadas para otras dos entidades: la Fiscalía del País Vasco y el PSE. Para el Ministerio Público porque quien llevó la acusación desde el primer momento fue la que ahora es fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán. De hecho, el fiscal general del Estado llegó a destacar en 2017 que uno de los principales motivos de su elección para la cúpula judicial en la comunidad autónoma había sido su lucha contra la corrupción.

En el caso de los socialistas, de quedar exculpados los cuatro acusados o con condenas mínimas que pudieran ser revocadas en casación, porque ellos fueron los que impulsaron la investigación. De hecho fue Rafael Bengoa, consejero de Sanidad de Patxi López, quien denunció el caso y lo puso en el foco de los medios de comunicación. De eso han pasado nueve años. La decisión final se podrá conocer en apenas unas semanas.

http://www.elcorreo.com/politica/marguello-sienta-nuevo-20180318202608-nt.html

 

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El saqueo del museo Balenciaga, un juicio que no acaba de llegar


Se suspende 'sine die' el larguísimo proceso contra el exalcalde de Getaria y el arquitecto del proyecto, acusados de desviar más de 2 millones de euros y de dañar la colección del mejor modisto vasco

Las irregularidades ya se iniciaron en 1988, cuando desaparecieron prendas de alto valor aparentemente regaladas a esposas de dirigentes del PNV, pero la Fiscalía no puede investigar los hechos por estar "prescritos"

Iker Rioja Andueza
29/03/2018 - 21:00h

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Mariano Camio, con un traje de la colección Balenciaga ELDIARIONORTE.ES

Balenciaga es probablemente uno de los apellidos vascos más universales. Balenciaga es moda, es lujo... pero también es corrupción. El saqueo de la fundación Cristóbal Balenciaga y de la sociedad promotora del museo dedicado al modisto, Berroeta Aldamar, es uno de los casos más flagrantes y menos conocidos en España. Pero la Justicia no termina de actuar. Estaba previsto que el juicio contra el exalcalde de la localidad guipuzcoana de Getaria, Mariano Camio (PNV), que también era gestor del proyecto, y contra su pareja, el arquitecto cubano Julián Argilagos, se iniciará al fin en abril, concretamente el día 4, pero problemas médicos de última hora de Camio pospondrán sin fecha las vistas mientras oficialmente Argilagos continúa en "paradero desconocido".

El proyecto para construir en su Getaria natal un museo dedicado a Balenciaga surgió en 1987. En 1988 el Gobierno vasco empezó la adquisición de piezas históricas de la colección del artista. Y con ello surgieron los problemas. La Fiscalía llegó a investigar la "desaparición de determinadas prendas y objetos varios de la colección", por ejemplo pañuelos de seda de señora -algunos con inscripciones doradas- y 35 láminas con 139 diseños originales. En 2008, el dirigente del PP vasco Borja Sémper denunció que muchas de esas piezas acabaron en manos de esposas de dirigentes del PNV guipuzcoano. El ministerio fiscal concluyó que los hechos se habían producido entre 1988 y 1990, por lo que "debido al tiempo transcurrido" esos delitos están "prescritos".

Sin embargo, en 2007 -año en el que se filtraron numerosos casos de irregularidades vinculados a la formación nacionalista en Gipuzkoa- sí se pudo tirar de otro hilo por un 'despiste' de Camio y Argilagos. La pareja trasladó a finales de 2006 y sin autorización parte de la colección a Miami (Estados Unidos), lugar de residencia del segundo. Las piezas, algunas de ellas al menos, volvieron dañadas. Como eran de titularidad pública, se interpretó como un daño al patrimonio de la Administración. Las prendas dañadas -un vestido de novia, tres deshabillés y un casquete- estaban tasadas en 150.000 euros y vinieron deformados, descosidos o rajados.

Y, a partir de ahí, la investigación de la gestión de Camio y Argilagos al frente del proyecto mostró otra serie de irregularidades. Más de dos millones de dinero público perdido. La Fiscalía, de hecho, estima en 1,2 millones el 'agujero' en la Fundación Balenciaga y en 0,8 el de la mercantil Berroeta Aldamar.

Camio "aglutinó y gozó de las más amplias facultades de gestión, administración y disposición" primero en la Fundación -con patronos como la Casa Real de España, la reina Fabiola de Bélgica, Plácido Domingo o Paco Rabanne- y luego en Berroeta Aldamar -Gobierno vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Getaria-. En 1999 contrató a Argilagos como arquitecto a pesar de que su título cubano no estaba homologado en España. Su "relación sentimental", según la Fiscalía, es clave para entender el trato de favor que recibió.

El contrato de Argilagos fue de 85 millones de pesetas (unos 500.000 euros al cambio). Sin embargo, en total percibió mucho más, 1,5 millones de euros. Además, no ejecutó algunos trabajos que tenía encomendados y hubo que encomedarlos a terceros con un coste total de otros 500.000 euros. De hecho, Argilagos residía en Miami de manera habitual.

Camio, por su parte, tiró de la Visa Oro del museo para arreglar su Audi A3 en diez ocasiones, para realizar 15.000 euros en kilometraje y repostar más de 1.000 litros de gasolina. La pareja viajó a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Dallas o París a cargo del proyecto Balenciaga e incluso la exmujer y los hijos del arquitecto cubano percibieron 35.000 euros.

La Fiscalía dio por concluida la investigación en 2014 y el juicio está pendiente desde 2015. Al fin se fijó fecha para este mes de abril de 2018, coincidiendo con otros dos casos de corrupción abiertos en Euskadi, uno en Álava -el 'caso De Miguel'- y otro en Bizkaia -el 'caso Margüello'-, también con excargos del PNV en el banquillo.

Pero el recorrido judicial del 'caso Balenciaga' ha sido poco menos que azaroso. Además de que parte de las irregularidades -las cometidas hace 30 años- están prescritas, Argilagos se halla en paradero desconocido y Camio, que ya cuenta 65 años, acaba de alegar problemas de salud para suspender las vistas. De momento no hay nuevo señalamiento, si bien se ha decidido revisar el estado del principal imputado dentro de seis meses.

Camio se enfrenta a 8 años y 6 meses de cárcel, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que se han adherido las representaciones legales de la Fundación Balenciaga y de Berroeta Aldamar. Para Argilagos se solicitan cuatro años. Ambos, asimismo se enfrentan a la devolución de más de 2 millones de euros. Hay un tercer imputado, el arquitecto subcontratado para los trabajos no efectuados por el titular. Se trata del también cubano Rolando Paciel, si bien sólo se expone a una pequeña multa por no tener tampoco el título homologado en España.

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/saqueo-museo-Balenciaga-juicio-llegar_0_755224860.html

 

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'Caso De Miguel', el mayor escándalo de corrupción a la vasca: Todos contra el fiscal Izaguirre


Liderados por Gonzalo Susaeta, los abogados de los imputados por corrupción se han centrado en la primera semana del macroproceso por el escándalo que salpica al PNV en desacreditar la investigación y la acusación de la Fiscalía

Iker Rioja Andueza
13/01/2018 - 22:34h

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El fiscal Josu Izaguirre, a su llegada a la primera sesión del juicio NURIA GONZÁLEZ

1 ¿Quién es quién en el 'caso De Miguel'?

• 2 ¿Qué es el 'caso De Miguel'?

• ETIQUETAS: corrupción, PNV,caso de Miguel, Aitor Tellería,Koldo Ochandiano, Josu Izaguirre,Roberto Ramos, Ainhoa Alberdi,Zambrana, Euskadi, miguel alonso belza, javier beramendi, jesús urraza, gonzalo susaeta, ibon gainza, arantxa isasmendi, iosu arruti, jesús arruti, Raúl Aztiria,Jaime Tapia, Elena Cabero, Ferran masol, Cristóbal Martell, Xabier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Ertzaintza, maría josé tapia

Hace ahora cinco años, en el invierno de 2013, la Audiencia Provincial de Álava sentó en el banquillo al exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería acusado, fruto de una investigación derivada del 'caso De Miguel', de haber conformado una trama de espionaje junto a agentes del servicio de información de la Ertzaintza. La sentencia vio indicios de que los hechos señalados por el fiscal, Josu Izaguirre, se habían podido producir, pero concluyó que no había pruebas suficientes para una condena. Izaguirre, durante el juicio, describió gráficamente las dificultades que se había encontrado en el camino: "Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa". Ahora, en 2018, ha arrancado el juicio por la causa principal, la presunta red mercantil para el cobro de comisiones ilegales articulada en torno al ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y a otros dos dirigentes, Koldo Ochandiano y el propio Tellería. El arranque de las sesiones, marcadamente técnico y jurídico, ha vuelto a dejar la misma imagen: los abogados de los imputados, muchos de largo recorrido en los tribunales, han vuelto a cargar las tintas contra Izaguirre.

De izquierda a derecha, Ainhoa Bilbao, Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González NURIA GONZÁLEZ

Las vistas, que está previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre -aunque el calendario ya se ha modificado dos veces en solamente tres días-, arrancaron el pasado lunes en medio de una gran expectación. De Miguel, que se enfrenta a más de 54 años de cárcel por la presunta comisión de 21 delitos de corrupción, reapareció muchos años después. Lo hizo tranquilo y sin que en él se aprecie el paso del tiempo como sí les ocurre a otros protagonistas del caso. El hombre llamado a todo en el PNV alavés hasta su arresto en marzo de 2010, de momento, no ha tomado la palabra. Y si se acepta la petición unánime de los acusados de no declarar hasta el final del juicio, pasarán muchos meses sin conocer su versión de todo de lo que se le acusa.

El "brillante" Susaeta
Quien sí ha tenido todo el protagonismo ha sido su letrado, Gonzalo Susaeta, del bufete de Cuatrecasas y con no pocos premios y distinciones en su currículum vítae. "Brillante" ha sido el adjetivo más repetido por sus colegas togados para calificar su exposición en la jornada de apertura, en la que sentó las bases de la estrategia de defensa del grueso de los imputados. Y es una estrategia que busca anular de la 'a' a la 'z' la acusación del fiscal y, específicamente, su prueba original y fundamental: las 24 grabaciones que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi le entregó en 2009 y que prueban la exigencia de comisiones tras la adjudicación de contratos. Esta línea argumental, sin embargo, parte con el hándicap de que muchas de las demandas ya fueron desestimadas hace dos años cuando dos de los tres jueces del actual tribunal, Elena Cabero y Jaime Tapia, desecharon los recursos de los letrados contra la investigación completada por el juez de instrucción Roberto Ramos.

De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados NURIA GONZÁLEZ

La solicitud de anulación de las grabaciones de Alberdi se fundamenta en que, aparentemente, no son audibles, en que están manipuladas y en que no se respetó la cadena de custodia durante su incorporación a la causa. Los acusados siempre han defendido que nunca han cometido los delitos de los que se les acusa, pero por si acaso no quieren que en el juicio se escuche al constructor Jon Iñaki Echaburu, afiliado de base del PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, referirse al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal" o a Tellería recordando que "d e un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda; es así, porque si no lo tenemos jodido".

Susaeta no lo incorporó en su primer alegato pero sí logró que un colega, Ferran Marsol, mencionara como ejemplo que seguir la anulación completa del 'caso Guateque' en Madrid al considerarse irregulares unas grabaciones. Las defensas no citaron, eso sí, que en Madrid fue la Policía quien instó de tapadillo a grabar una conversación y que luego la utilizó sin explicar su origen, mientras que aquí fue Alberdi quien actuó 'motu proprio' y luego la Ertzaintza se limitó a realizar una transcripción oficial de los audios. Izaguirre, además, ya ha anunciado que llevará al juicio a un ertzaina que certificará que no se rompió la cadena de custodia.

Ante ese escenario, algunos togados han querido 'prevenir' al tribunal de que Izaguirre manipulará a los comparecientes a su favor. Fue el conocido penalista Javier Beramendi quien concretamente alegó que el ministerio público "atacará las líneas de defensa con testigos que no son neutrales". No fue la única acusación grave. La letrada del constructor Prudencio Hierro, María José Tapia, desea también anular un testimonio clave que probaría que este empresario afín a De Miguel costeó la reforma de la vivienda del político en Gorliz tras recibir una adjudicación. Y todo porque la Policía judicial habría obtenido información de manera "inconfesable" para probar estos hechos.

"Se están utilizando palabras muy gruesas", reconoció a este periódico en los pasillos de los juzgados de Vitoria uno de los letrados personados, sorprendido por la dureza de sus compañeros. Entretanto, nadie en la dirección de la Ertzaintza ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes adscritos al caso.

A vueltas con la "asociación ilícita"
El delito de "asociación ilícita" es una de las solicitudes del fiscal, que entiende que los acusados actuaron como una trama organizada para cometer las irregularidades. Según las defensas, asemeja a estos imputados, siquiera conceptualmente, con los integrantes de una banda armada. Sostienen que no hay base para procesar a los acusados como miembros -o colaboradores- de esta supuesta organización porque durante la fase de instrucción nunca figuró este tipo penal entre los delitos investigados y porque en los interrogatorios previos tampoco se incidió en ello. Ello supondría -según su interpretación- que esa hipotética acusación estaría ya prescrita, porque el grupo cesó en 2010 con las detenciones de los primeros imputados en el 'caso De Miguel'.

En la misma línea, las partes consideran también que el caso original se ceñía al presunto pago de comisiones en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano y que ahora se convertido en una "causa general" contra todo el entorno de De Miguel. En efecto, Miñano sólo es ahora una de las doce subtramas que se ventilan en el juicio, pero la Audiencia ya avisó a los encausados de que no había nada de irregular en ello. " El hecho de que siguieran apareciendo datos e indicios que pudieran ser objeto de investigación no quiere decir que se estuviera haciendo una investigación prospectiva generalizada como alegan las partes, sino que se continuaba como dice el Ministerio Fiscal una línea de investigación, toda ella relacionada con los datos indiciarios que motivaron su apertura", argumentó el tribunal en los trámites previos al juicio en una resolución en la que también descartaba que las grabaciones fuesen irregulares.

Los imputados, en cambio, mantienen la esperanza de que el juicio quede suspendido por la "falta de garantías". "Esto se puede caer como un castillo de naipes. Tengo esa sensación", confesaba el abogado de un excargo público de los sentados en el banquillo. "Es en el plenario donde se tienen que resolver esas cuestiones y no en los recursos escritos. Siempre tiene la opción el tribunal de volverse para atrás", comenta otro defensor, que subraya que "se han planteado cuestiones muy serias" y, sobre todo, con base en "jurisprudencia muy reciente".

Dada la "cantidad y calidad" de las alegaciones de las partes, Izaguirre pidió suspender el juicio hasta este jueves para poder ofrecer una respuesta completa. Sólo Susaeta amagó con protestar porque vio excesivo el plazo y sugirió que el fin de semana también puede ser tiempo de trabajo para acelerar los trámites. El tribunal, en cambio, vio razonable la petición porque no retrasará los plazos fijados.

El papel de Aitor Abecia y Miren Azkarate
En la vista del jueves, bromeaba el letrado Carlos Chacón, representante de Ochandiano y de su esposa, que le era indiferente si se acordaba que los imputados declarasen al principio y al final del proceso porque él "confiaba" en que con la nulidad nunca tengan que hacerlo. Pero, si finalmente hay juicio, ¿qué pasará? ¿Qué línea seguirán los imputados sobre el fondo del asunto después de poner casi todos los huevos en la cesta de las cuestiones formales?

La acusación contará con el testimonio de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que se ratificará en sus denuncias como ya lo ha hecho varias veces en estos años. También comparecerán personas de su entorno que avalarán su versión. Y muchos otros testigos -se esperan 150 comparecencias en conjunto-. ¿Cómo justificará De Miguel que controlara varias sociedades mercantiles sin apenas actividad y con importantes ingresos? ¿Romperá alguien el silencio generalizado para mejorar su posición a cambio de colaborar?

Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, NURIA GONZÁLEZ

Pocos imputados han incidido estos días en cuestiones de fondo para tratar de evitar una condena. Una de las que sí lo ha hecho es la alcaldesa de Zambrana cuando en 2005 se puso en marcha el proyecto de polígono industrial, María Justina Angulo, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel. Fue ella quien contactó en un primer momento con De Miguel -nunca lo ha negado- y éste quien buscó un intermediario, Iosu Arruti, para captar inversiones para un proyecto estimado en 65 millones de euros. Pero el convenio con esos inversores -a los que se acusa de abonar comisiones a De Miguel y Arruti- llegó cuando Angulo abandonó la Alcaldía, en 2008, y durante el juicio insistirán en que el entonces regidor, Aitor Abecia, que sigue en el cargo, ofrezca también explicaciones.

Asimismo, han pedido que se incorpore como prueba un documento que muestra que el anónimo sobre Zambrana y los vínculos con la trama no fue tal, sino obra también del propio Abecia, como confesó él mismo en redes sociales. Desde el entorno de la imputada no ven sostenible la imputación: ¿por qué no están en el banquillo los regidores de las localidades de Zigoitia y Lapuebla que adjudicaron contratos a la trama por los que luego se abonaron comisiones del 4%?

También fue llamativo el sutil cruce que protagonizaron los defensores de Gurutz Larrañaga, Miguel Alonso, y Xabier Sánchez Robles, Javier Beramendi, en la sesión del martes. Ambos están encausados por la veintena de contratos 'a dedo' que beneficiaron a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, empresas del entorno de De Miguel. Larrañaga era el viceconsejero y quien tenía firma en esos documentos, mientras que Sánchez Robles, como director de Juventud, era el interlocutor con De Miguel y su socio y exedil en Leioa, Iñaki San Juan, que llegó a reconocer en un correo electrónico que "Xabier" no podía "meter un duro" más para pagar al que fuera portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro. San Juan, en otro 'email', también se lamentaba de que el PNV saliera del Gobierno vasco en 2009, como así ocurrió, porque Errexal perdería "un cliente".

Correo electrónico enviado por Iñaki San Juan a la cuenta oficial de la Diputación de Alfredo de Miguel sobre la situación de la empresa ELDIARIONORTE.ES

Alonso llegó a decir que Larrañaga tuteleba cuatro direcciones y que sólo ha habido "problemas" con una, la de Juventud. Y remarcó que quien "proponía" esas contrataciones a las empresas investigadas era Sánchez Robles. Como respuesta, Beramendi replicó que citará a la superior de ambos, a la exconsejera de Cultura Miren Azkarate con el ánimo que explique las funciones de cada uno de los miembros de su equipo " por si otros que están en el medio no han oído nada", en velada referencia a Larrañaga. La aludida, ahora edil en San Sebastián, ya ha recogido el guante.

Con estos mimbres, este macroproceso encarará después del jueves una fase de parón hasta que, según el calendario previsto y si no se concede la nulidad a los imputados, el 19 arranquen las testificales. En paralelo, en Bizkaia se celebrará en marzo el juicio del 'caso Margüello' -6,8 millones en externalizaciones presuntamente irregulares en la Sanidad vasca- mientras en Gipuzkoa continúan los trámites - el último una orden internacional de busca y captura- para celebrar la vista del 'caso Balenciaga' -el saqueo del museo dedicado al vasco internacional y genio de la moda-. El portavoz del PNV en las Cortes Generales, preguntado por el juicio de Vitoria, remarcó que se trata de "actuaciones individuales" y no de un problema estructural del partido.



Las doce ramas del 'caso De Miguel'

1. Miñano, el origen. Ainhoa Alberdi denuncia que Alfredo de Miguel y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la extorsionaron para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros luego de que su empresa, Urbanorma Consulting, resultase adjudicataria del contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
2. Stoa. Otro contrato de Miñano presuntamente amañado para favorecer al entorno de empresas de De Miguel, en este caso al estudio de arquitectura de su amigo Sergio Fernández Oleaga.
3. Contratos 'a dedo' desde Juventud. Las empresas de De Miguel, principalmente Errexal, recibieron más de una decena de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. No consta que se realizaran.
4. Contratos con las cuadrillas. Errexal nace, precisamente, cuando Juventud ofrece una subvención a las cuadrillas de Álava para que elaboren sus planes juveniles. En unos pocos días, esa subvención se canaliza y todas las cuadrillas contratan a la empresa recién creada y sin experiencia, que se lleva 90.000 euros.
5. Contratos 'a dedo' desde la Diputación. De Miguel, siendo diputado en Álava, realizó contrataciones 'a dedo' desde el Ejecutivo foral que beneficiaron a las empresas que él controlaba, aunque estaban a nombre de testaferros.
6. La casa de Górliz pagada por un empresario. El constructor Prudencio Hierro -para el cual se habían manipulado concursos públicos- corrió a cargo de una reforma en la casa de la familia de la esposa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). La Fiscalía sostiene que esos 45.000 euros fueron una comisión.
7. Comisiones del 4%. Un informe de la Ertzaintza en 2011 puso de manifiesto cómo la trama de De Miguel recaudó una cantidad equivalente al 4% de dos contratos adjudicados a un empresario afín en instituciones locales de Álava gobernadas por el PNV.
8. Recalificación de Zambrana (I). En 2005, se planteó en Zambrana una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con De Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario.
9. Recalificación de Zambrana (II). Arruti 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría.
10. Recalificación en Fruniz (Bizkaia). Muchos de los imputados adquirieron en parte con fondos abonados por empresarios (presuntas comisiones) un solar rústico en Fruniz en el que De Miguel tenía expectativas de recalificación.
11. Delitos fiscales. La Fiscalía y la Diputación de Bizkaia sostienen que Sidepur, la empresa que utilizó Arruti para operar en Zambrana, cometió varias irregularidades ante el fisco.
12. Asociación ilícita. Según el ministerio fiscal, el hilo conductor de todas las operaciones es la existencia de una trama encabezada por De Miguel. El expolítico se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel, 15 de cumplimiento efectivo.

https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Caso-Miguel-fiscal-Izaguirre_0_728627254.html

La Fiscalía negocia la condena con los acusados del 'caso De Miguel'

De derecha a izquierda, 'Txitxo' de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Ainhoa Bilbao, al inicio del juicio en enero. / IGOR AIZPURU
[paste:font size="5"]Quieren cerrar un pacto con penas menores antes de que el próximo lunes se reanude el juicio a la presunta trama de corrupción vinculada al PNV
10caso De Miguel'negocian una condena que ponga punto final al juicio que desde el pasado enero sienta en el banquillo a 26 acusados, entre ellos el que fuera diputado foral de Administración Local y 'número dos' del PNV en Álavahasta su detención en 2010, Alfredo de Miguel. Las partes mantienen conversaciones desde hace días y, según ha podido saber este periódico, tienen avanzado el pacto. La idea, en principio, era cerrar el acuerdo antes de que la vista oral se reanude el próximo lunes, después del parón por las vacaciones estivales.

A falta de limar algunos flecos, las conversaciones giran en torno al tiempo de prisión y los años de inhabilitación que aceptarían Alfredo de Miguel, al que todos conocen por 'Txitxo', y los líderes de la presunta trama. La Fiscalía acusa al ex 'número dos' de los peneuvistas de 27 delitos entre los que figuran asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. En total, sumarían 54 años y once meses de reclusión, aunque fuentes judiciales aseguran que, como máximo, la pena real que les podría imponer el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia giraría en torno a algo más de diez años.

Se entiende que el acuerdo entre Fiscalía y defensas quedará por debajo de esa cifra, si las conversaciones culminan en un acuerdo. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran, incluso, que los abogados de De Miguel pretenden que su cliente y los principales cabecillas de la presunta trama eviten la cárcel o que, en el peor de los escenarios para ellos, pisen la prisión muy poco tiempo. Sí estarían dispuestos a una condena que suponga bastantes años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

El precedente Margüello[/paste:font]
Se pondría así el broche al mayor proceso por corrupción investigado en Euskadi y con el PNV como principal protagonista. Lo haría, además, apenas unos días después de que se haya conocido el desenlace de otro juicio, el del 'caso Margüello'. El exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y dos de sus colaboradores han sido condenados a penas de entre 9 y 7 años de inhabilitación, pero eludirán la cárcel. La sentencia, conocida esta misma semana, considera probado que los principales acusados –entre los que también figura el exresponsable del Departamento vasco de Sanidad de Bizkaia José Ramón Elorriaga (PNV)– se pusieron «de común acuerdo» para beneficiar a las empresas de Margüello con la «adjudicación» de contratos públicos que eludían los «principios de legalidad, objetividad y publicidad». Pese a ello, el tribunal presidido por el juez Alfonso González Guija entendió que no se les podía condenar por malversación de caudales públicos porque los servicios contratados se habían dado a los pacientes.

En el 'caso De Miguel', y de culminarse la negociación abierta, la Fiscalía sí conseguiría que fueran los principales encausados quienes reconocieran algunos de los delitos que se les imputan. Hasta el momento pregonaban su inocencia. En el banquillo, además de 'Txitxo' de Miguel se sientan su mujer, para la que se piden 30 años; Koldo Ochandiano, exmiembro del Araba buru batzar y promotor de alguna de las sociedades supuestamente corruptas, para el que se solicitan 32 años; los mismos que reclamaba el Ministerio Público para Aitor Tellería, ex alto cargo del PNV y responsable de una empresa en el parque tecnológico de Miñano.

La investigación de esta presunta trama se remonta al 17 de marzo de 2010, cuando De Miguel fue detenido por la Ertzaintza. El juez de instrucción Roberto Ramos consideraba que quien estaba llamado a liderar el PNV en Álava y sustituir a Iñaki Gerenabarrena era el líder de un «entramado societario» creado para cobrar comisiones a cambio de adjudicar proyectos urbanísticos. La trama había sido destapada por una abogada que debía gestionar la ampliación del parque tecnológico de Miñano y a la que se le habría exigido el pago de una 'mordida'.

https://www.elcorreo.com/politica/fiscalia-negocia-condena-20180914232415-nt.html

 

[Deleted member 40032]

No me esperaba un hilo sobre esto. Es un tema del que llevo informándome años y que me ha llevado a un debate acaloradísimo.

¿Mi opinión? En resumen, a favor del Concierto vasco y Convenio navarro.

Se han probado como buenos modelos, eficientes y eficaces. Incluso con el riesgo que suponen para los cuatro territorios.

Sin embargo, sí introduciría dos matices:

1. Extensión del derecho a todas las CCAA, puesto que los derechos históricos (forales, en este caso) no creo que deban suponer una ventaja o desventaja.
2. El cálculo del Cupo debería ser transparente. Luz y taquígrafos. Cuánto han recibido EUS y NAV por las competencias no transferidas y cuánto le han devuelto al Estado. No se puede permitir la opacidad que hay.

 

[AneAdiego4]

Albert rivera en los pasillos del Congreso
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Fuente
:
EFE/Archivo
Rivera al PNV: ‘supremacistas’ a los que se les van a acabar los “chanchullos”
Rivera avisa a “los chicos de Sabino Arana” que si gana las elecciones se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” que les ha dado Rajoy
ELPLURAL.COM/EFE


Jue, 15 Feb 2018



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido con dureza a las críticas del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien aseguró que el líder de la formación naranja quiere parecerse a Macron pero se parece a Berlusconi. La respuesta de Rivera ha sido acusar a los nacionalistas vascos de "supremacistas" y avisa a “los chicos de Sabino Arana”, de que si gana las próximas elecciones, se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” negociado con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Rivera hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso, en respuesta a las declaraciones de Ortuzar, quien comparó al líder de Ciudadanos con el expresidente italiano Silvio Berlusconi por su “populismo feroz” afirmando que “el mayor problema que tiene hoy en día la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos".

Ver imagen en Twitter

Albert Rivera

✔@Albert_Rivera

Los de Sabino Arana y del #cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es @CiudadanosCs. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas. https://cronicaglobal.elespanol.com/en-voz-baja/pnv-contra-ciudadanos_121268_102.html …





Si gana acabarán "los chanchullos que han hecho con Rajoy"

Rivera ha achacado las críticas del PNV a que está “preocupado” porque sabe que si Ciudadanos gana las elecciones, “los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy” no los van a volver a tener.

“Los chicos de Sabino Arana y del cuponazo no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad ni de solidaridad “, ha asegurado el líder de Ciudadanos, en declaraciones recogidas por EFE, y ha añadido: “Nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos, no solo par a unos pocos”.

Rivera ha subrayado que no supone “ninguna novedad” que el PNV no quiera que Ciudadanos gane los comicios, pero le ha advertido de que los españolestampoco quieren más nacionalismos, sino más igualdad, por lo que verán “con buenos ojos” el fin de los “privilegios” para Euskadi. Por tanto, “le damos las gracias al señor Ortuzar”, ha concluido.

Además, Rivera se ha ‘desquitado’ en su cuenta de Twitter donde escribía: “Los de Sabino Arana y del cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es Ciudadanos. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.

https://www.elplural.com/politica/2...tas-los-que-se-les-van-acabar-los-chanchullos


Una cosa es que se esté de acuerdo en el asunto económico del cupo, si debiera aportar más y otra muy diferente es cargarse el cupo.

Se ha criticado mucho el cupo vasco, (el navarro tan bueno o mejor que el vasco pasa desapercibido), pero ninguna autonomía ha querido intentar al menos conseguir lo mismo que las CCAA vasca y navarra. Si lo hubieran intentado y no lo hubieran conseguido sería lícito la queja y la denuncia, pero no es el caso.

En lo referente a Albert Rivera tan CONSTITUCIONALISTA que se cree él debería fijarse que el cupo está reconocido en la CE, y para conseguir lo que pretende debería tocarse esa Sacro Santa Constitución.

Eso por un lado, y por otro más vale que empiece a mirar lo que ocurre en su casa donde para estar en primera línea de salida hay que pagar desde 11.000 € hasta 18.000 €, es decir todo muy claro y cristalino, y es decir, quien tiene más dinero es quien tiene más posibilidades de chupar del bote al salir elegido en los primeros puestos de la lista de C's.

¿Es esa la forma que se tiene en C's para elegir a personas con actitud y aptitud para ocupar puestos de responsabilidad política para dirigir ayuntamientos, diputaciones, presidencias de CCAA? ¿El que más dinero tiene es el mejor preparado?

¡Chapeau Sr. Rivera!

Otro puntazo para Rivera, cargarse el injusto cupo vasco. Biennn

 

[Lulilu123]

Otro puntazo para Rivera, cargarse el injusto cupo vasco. Biennn

El cupo no se toca, ni se va a tocar. Si te pica, ajo y agua.

 

[ForgetMeNot]

está farlopito ( perdón, falangito) como para hacer más el ridículo.

 

[Deleted member 34913]

El cupo no se toca, ni se va a tocar. Si te pica, ajo y agua.

Si,si que lo toquen que tendrán otra Cataluña. Ahora estamos calladitos pero espera que lo intenter tocar ......
Y en Nafarroa otro tanto.

 

[Deleted member 34913]

No me esperaba un hilo sobre esto. Es un tema del que llevo informándome años y que me ha llevado a un debate acaloradísimo.

¿Mi opinión? En resumen, a favor del Concierto vasco y Convenio navarro.

Se han probado como buenos modelos, eficientes y eficaces. Incluso con el riesgo que suponen para los cuatro territorios.

Sin embargo, sí introduciría dos matices:

1. Extensión del derecho a todas las CCAA, puesto que los derechos históricos (forales, en este caso) no creo que deban suponer una ventaja o desventaja.
2. El cálculo del Cupo debería ser transparente. Luz y taquígrafos. Cuánto han recibido EUS y NAV por las competencias no transferidas y cuánto le han devuelto al Estado. No se puede permitir la opacidad que hay.

Emiel de acuerdo con que cualquiera comunidad pueda tener el cupo. Pero creo que a la mayoría no les interesaría porque deben tener una buena gestión y tiene su riesgo.

 

[AneAdiego4]

El cupo no se toca, ni se va a tocar. Si te pica, ajo y agua.

En cuanto mande Rivera. Es cuestión de tiempo. Y se acabará una injusticia historica.