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Cupo Vasco
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No te puedes fiar ya de nadie en este podrido país,está podrido de arriba a abajo.
Corrupción y fraude
El mayor caso de corrupción en Euskadi: "Tenemos que sacar lo que nos corresponda, si no, lo tenemos jodido"
El 8 de enero arranca el macrojuicio por el gran caso de corrupción en Euskadi: una extorsión de 100.000 euros que sacó a la luz otros 700.000 euros en comisiones, 16 millones en operaciones irregulares y hasta un sueño urbanístico de 65 millones
26 imputados se sentarán en el banquillo y se enfrentan a penas ejemplarizantes solicitadas por la Fiscalía, que ascienden a 119 años para los principales encausados
Se sitúa como cerebro al ex'número dos' del PNV de Álava y exdiputado Alfredo de Miguel, Txitxo, que capitaneó una red de sociedades mercantiles
El caso lo destapó una joven empresaria que acudió a la Fiscalía con 24 grabaciones que muestran que el pago a cambio de adjudicaciones entraba "dentro de lo normal"
Iker Rioja Andueza / Aitor Guenaga
25 comentarios
04/01/2018 - 21:47h
De izquierda a derecha, Jon Iñaki Echaburu, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González
'Caso De Miguel' La Fiscalía fija responsabilidades en la "trama" de exdirigentes del PNV para el cobro de comisiones
Acta de detención de De Miguel ELDIARIONORTE.ES
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre había presentado a su señoría una amplia denuncia por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias contra estas personas. Unos meses antes, en diciembre de 2009, la joven empresaria Ainhoa Alberdi había acudido a su oficina con 24 grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos. Vizcaína y abogada urbanista, explicó brevemente su biografía: estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad.
Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, donde el gerente era el nacionalista Alfonso Arriola. Cuando Echaburu -afiliado al PNV y contratista habitual de los Departamentos de Seguridad y Educación- salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido Arriola y Echaburu, De Miguel y Tellería, le ‘recordaron’ que tenía que “pasar por caja” por haber recibido ‘a dedo’ la adjudicación de Miñano. Hasta su padre había recibido la visita de los ‘burukides’. 100.000 euros era el ‘peaje’ y Kataia Consulting la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.
¿Las comisiones? "Dentro de lo normal"
Aunque las defensas han tratado de relacionar esta denuncia con una 'vendetta' amorosa, Alberdi se ha mantenido firme y ha ratificado este testimonio en cuatro ocasiones. De hecho, se pertrechó de una grabadora Olympus para mostrarle a Izaguirre sus hallazgos.
Transcripción de la grabación sobre el pago de comisiones ELDIARIONORTE.ES
Alberdi ¿Pactaste algo con ellos?
Echaburu Me parece que íbamos a pagar a una sociedad.
A. ¿Cuánto?
E. No quedamos en ninguna cantidad fija.
A. ¿A quiénes ibais a pagar dinero?
E. Con los que estamos hablando en todo momento, con los interlocutores.
A. Pero, ¿qué eran, Txitxo, Alfonso y Pablo?
E. No… Era para hablarlo con… Con quien ellos dijeran. ¿Has hablado con ellos?
A. Pues me han pedido… Pero como yo no tengo ni idea, te estoy preguntando a ti. O sea, era una cantidad sin determinar que ellos hablarían. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Tú no sabes?
E. Para quien te digan ellos.
A. ¿Pa’l partido o así?
E. Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.
A. ¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?
E. No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.
En otra grabación se escucha a Tellería añadir: “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. También existen correos electrónicos en los que De Miguel –sin ninguna responsabilidad en Miñano- negocia cantidades con Alberdi. En los registros aparecerían luego anotaciones manuscritas aludiendo a “comisiones” y dinero “negro”. “Este asunto está bastante claro”, declara a eldiarionorte.es uno de los investigadores que ha participado en la causa desde aquellos inicios hasta su final en 2015 y que ha visto cómo la trama se ha ampliado al aparecer alrededor de De Miguel toda una nebulosa de operaciones mercantiles desconocidas en el origen y con una mecánica similar a la de otras macrocausas de corrupción en España.
El caso llega ahora, casi una década después, a su fase definitiva. El juicio se inicia el 8 de enero y ocupará la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava durante buena parte de 2018. El palacio de Justicia ha necesitado obras -que han costado 100.000 euros- e incluso se habilitará una sala especial para facilitar el trabajo de los medios de comunicación. De ocho detenidos en 2010 se ha pasado a 26 procesados. A los ocho iniciales se les han sumado más cargos públicos que presuntamente facilitaron la actuación de la red de cobro de comisiones ilegales, empresarios que pasaron por caja y testaferros utilizados en las operaciones. Se espera que comparezcan más de 150 personas entre acusados, testigos, peritos y policías en las más de 100 sesiones previstas hasta que, si se cumple el guion, el 25 de octubre el caso quede visto para sentencia.
Referencias a comisiones ELDIARIONORTE.ES
Presidirá el tribunal el mediático Jaime Tapia, la magistrada ponente será Elena Cabero y completará la terna Raúl Aztiria. Ya conocen la causa al haber resuelto varios recursos interpuestos por las defensas de los imputados durante la instrucción del juez Ramos, que al terminar esta investigación solicitó un traslado a una sala de lo penal aunque sin moverse de Vitoria. ¿Planteará alguna de las partes una recusación de última hora que dilate el procedimiento?
119 años de cárcel para los principales encausados
La acusación, que será ejercida por el fiscal Izaguirre, solicita penas ejemplarizantes. En total, suman 119 años para los principales implicados y exdirigentes alaveses. En el caso de De Miguel, el ministerio público reclama 54 años entre rejas por nada menos que 21 delitos de corrupción de diverso tipo. Son cifras más elevadas que en otros casos que, a diferencia de éste, han copado la agenda en España, como el ‘caso Urdangarín’ o los ERE de Andalucía. No obstante, de ser condenado en esos términos, sólo cumpliría 15 años efectivamente, el triple del delito más alto del que se le acusa.
Si el De Miguel de 2010 era un presunto extorsionador, el que llega al juicio en 2018 es el presunto cerebro de una trama de empresas controladas por él –circunstancia incompatible con su condición de cargo de la Diputación de Álava- para recaudar comisiones. A través de su hermana Aintzane, que ejercía de contable de las distintas sociedades, y con distintos testaferros –su mujer, amigos, empresarios- como administradores, el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava lideró no sólo Kataia Consulting, sino también Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo o Ezkibel. Soñaba incluso con negocios urbanísticos en la Costa del Sol a través de la empresa Diru Kapital, que no llegó a ponerse en marcha.
Informe de la Ertzaintza de 2011 ELDIARIONORTE.ES
En un informe que marcó un antes y un después en la investigación y que fue entregado en julio de 2011, la Policía descubrió que una de esas sociedades había recibido en dos ocasiones pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública adjudicados en ayuntamientos gobernados por el PNV, concretamente Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Las facturas se camuflaban como supuestos asesoramientos que no consta que se realizaran, mecánica similar a la Gürtel o Púnica. La empresa que canalizó esos pagos fue Errexal, cuyo administrador nominal era el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan.
Errexal también se benefició de más de una decena de contratos adjudicados ‘a dedo’ por el Gobierno para la realización de servicios que tampoco consta que se desarrollaran, como confirmó en el Parlamento la entonces consejera de Cultura por el PSE-EE, Blanca Urgell. El denominador común de todas las adjudicaciones era su procedencia: la Dirección de Juventud del Ejecutivo, adscrita a Cultura. El titular de la oficina era el nacionalista Xabier Sánchez Robles, relacionado familiarmente con importantes cargos del PNV aún en activo. El cruce de ‘e-mails’ entre San Juan, De Miguel y su hermana recoge frases como “Xabier no puede meternos un duro” o que Lakua podría desaparecer como “cliente” cuando, en puertas de las autonómicas de 2009, se intuía que el PNV podía perder el Gobierno, como así ocurrió.
Muchos de los nombres de todas estas empresas, de las operaciones investigadas e incluso las cifras concretas constan en la documentación decomisada el 17 de marzo de 2010. Las detenciones –muy criticadas en su día- resultaron esenciales para evitar la desaparición de pruebas clave que de otro modo nunca se habrían conseguido. En particular, el cuaderno en poder de Ochandiano resultó esclarecedor. Es la prueba B14 del sumario.
709.653,84 euros en comisiones
Calculadora en mano, las comisiones recaudadas por las empresas controladas por De Miguel ascienden a 709.563,84 euros, a los que se sumarían los 100.000 euros que no se hicieron efectivos en Miñano merced a la denuncia de Alberdi. Incluyen un pago de 45.000 euros por parte del constructor Prudencio Hierro para la reforma de la vivienda de la esposa del político en Gorliz (Bizkaia). En total, las operaciones investigadas ascienden a 15.536.637,36 euros. Algunos movimientos se realizaron con billetes de 500 euros y fragmentados en operaciones de hasta 3.000 euros para evitar los controles fijados para prevenir el blanqueo de capitales, según puso de manifiesto la investigación. Hay también constancia de pagos en 'B' de los que se beneficiaron cargos del partido como Leire Orueta (exteniente de alcalde de Llodio) o Roberto González Muro (exportavoz en Juntas Generales). El detalle completo se recoge en el libro ‘La corrupción vasca: Dentro de lo normal’ (Amazon).
Cuenta corriente con movimientos con billetes de 500 euros ELDIARIONORTE.ES
Queda excluida de este cálculo la fallida recalificación de 120 hectáreas en la pequeña localidad alavesa de Zambrana, proyecto estimado en 65 millones de euros. Como hizo Arriola en Miñano para preparar la ampliación del parque tecnológico y a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad en el municipio, la alcaldesa nacionalista María Justina Angulo tiró del influyente De Miguel cuando surgió la idea de crear un polígono industrial en la zona. A partir de ahí y ya con Angulo fuera de la alcaldía, el político tomó las riendas, situó como intermediario a su amigo vizcaíno Iosu Arruti y ficharon como inversores a los promotores catalanes de Construcciones Riera, encabezados por Francesc Fernández Joval.
Las empresas de De Miguel, incluida Kataia Consulting, cobraron de Riera por supuestas labores de asesoramiento, como también Arruti (vía Sidepur). De nuevo, ese trabajo no ha aparecido e incluso se han encontrado pagos a los verdaderos autores de algunos servicios, como el listado de propietarios afectos por la recalificación que elaboró la entidad financiera Ipar Kutxa. Los aludidos han alegado que una inundación en el almacén de Sidepur acabó con todos los documentos. Tellería, en otra ocasión, declaró también que había destruido archivos digitales cuando se vio imputado en otro escándalo, la investigación a él y a otros dos agentes con galones de la unidad de Información de la Ertzaintza por supuesto espionaje. Este caso concluyó con una sentencia absolutoria por falta de pruebas.
En Zambrana, los nuevos gestores de Construcciones Riera sostienen, como la Fiscalía, que Fernández Joval pagó una verdadera millonada por nada real. Tan es así que iniciaron un procedimiento penal paralelo en Barcelona para solicitar a los antiguos responsables el reintegro del dinero perdido por la filial en Zambrana, Riera Urbanizer. Aunque se ha descubierto que parte de esos fondos acabaron en las cuentas corrientes de Kataia Consulting, no se ha hallado el destino de otra parte del dinero. El padre de Arruti, por ejemplo, acudió en 55 ocasiones a la ventanilla de su oficina bancaria para extraer un total de 600.000 euros que había pagado Riera. La Diputación de Bizkaia –Sidepur está domiciliada en Bilbao- ha tenido claro desde el inicio que esta mecánica escondía al menos delitos fiscales y se ha adherido en todo momento a las tesis de la Fiscalía, frente a una posición mucho más conservadora de la instituciones públicas más afectadas, el Gobierno vasco y la Diputación alavesa.
"El objetivo era y es el PNV"
Las vistas que se iniciarán el 8 de enero permitirán comprobar si ha variado la estrategia de los imputados. Hasta la fecha, sin excepciones, han rechazado por sistema todas las acusaciones, que las atribuyen a casualidades, malentendidos o simples fabulaciones del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, como manifestó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, de Cuatrecasas. Quienes han seguido de cerca el proceso aprecian en algunos de ellos un cierto punto de “prepotencia” y “sensación de impunidad”.
De Miguel, de pie, con Gerenabarrena, sentado, en la sociedad gastronómica donde estaba domiciliada Kataia Consulting ELDIARIONORTE.ES
También en De Miguel. Cuando el Parlamento vasco le citó en la comisión de investigación que se habilitó al efecto, el expolítico fue recibido en la Cámara con un abrazo del entonces y ahora portavoz del PNV, Joseba Egibar. Y a la salida varias docenas de militantes peneuvistas le esperaban para agasajarle y aplaudirle, entre ellas cargos públicos actuales. Aquella tarde de abril de 2011 De Miguel compareció ante los periodistas sin admitir preguntas y se refirió a la denuncia de Alberdi negando los hechos pero admitiendo que compatibilizaba la actividad política con la empresarial. "Única y exclusivamente se reclamó el pago de una deuda. De ninguna forma se solicitó el pago de comisiones. Todo mi patrimonio, mis cuentas y las de mi familia se han investigado hasta el último detalle y no se ha detectado enriquecimiento ilícito alguno", manifestó. Y añadió: "El objetivo de todo este proceso era y es el PNV. Somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas actividades delictivas".
El entonces presidente del PNV y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, llegó a afirmar tras conocerse el auto de conclusión de la instrucción, en marzo de 2015, que su partido había tenido una actitud "ejemplar" en este caso. Se refería Urkullu a que el PNV adoptó la decisión de que las personas presuntamente implicadas entregaran sus carnés de partido "porque había una interpretación de que el 'caso De Miguel' podía tener, desde la interpretación pública que se estaba haciendo, una vinculación con el propio PNV". Pero los principales implicados -Alfredo de Miguel y Aitor Tellería- tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar.
Ninguno de los 26 imputados ha roto filas de manera clara para mejorar su posición y evitar la cárcel y tampoco hay constancia –de momento- de negociaciones con la Fiscalía para buscar un acuerdo que rebaje la pena solicitada a cambio de colaboración. El hecho de que algunos imputados compartan letrados y la existencia de tantos lazos familiares y de amistad entre los encausados complica esta posibilidad. "Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia", retó De Miguel.
El juez que puso en jaque al PNV por la corrupción en Álava
El juez Roberto Ramos pasa estos días las hojas de un cuaderno azul que le acompaña desde 2010. En sus hojas está resumida la investigación del mayor caso de corrupción investigado en un juzgado vasco. La mañana del 16 de marzo de 2010, las cuadernas del PNV, formación que menos de un año antes había sido desalojada del Gobierno vasco por la entente socialista-popular que hizo lehendakari a Patxi López, se pusieron aún más a prueba. Algunos de los pesos pesados peneuvistas alaveses acabaron ese día en una celda de la policía vasca.
El magistrado Ramos es lo menos parecido a un juez estrella. Enamorado de la jurisdicción penal, lleva 20 años en una carrera judicial que inició en Calahorra, hizo un alto en Miranda de Ebro, dio el salto a Bilbao y, finalmente, recaló en los juzgados de instrucción de Vitoria. Precisamente en el Juzgado número 4 de la capital alavesa se gestó la causa que puso en jaque al PNV en ese territorio por corrupción: había nacido el ‘caso de Miguel’.
Aunque el foco mediático le puso en el disparadero desde el minuto cero desde aquella fría mañana del 10 de marzo de 2010 que dejó helado al PNV -tras una operación anticorrupción de la Ertzaintza que acabaría por salpicar a la cúpula del PNV de Álava- Ramos aguantó estoicamente toda la instrucción. El magistrado llevó con sigilo y tiento todas las órdenes de detención en el juzgado, sabía que “evitar cualquier filtración” era esencial para el devenir de las investigaciones. Los arrestos, de hecho, muy criticados en su día, resultaron a la postre fundamentales para evitar la desaparición de pruebas clave y que las trituradoras hicieran el trabajo sucio para encubrir la tela de araña tejida supuestamente por el cerebro de la trama, Alfredo de Miguel, Txitxo, entonces ‘número dos’ del PNV alavés.
Con la colaboración “inestimable” de una funcionaria del juzgado, y la brújula de un ertzaina experto en delitos económicos –adscrito al caso como policía judicial-, el magistrado Ramos fue anotando en su cuaderno de tapas azules los hitos de la investigación recogidos en un sumario mastodóntico. Los tres, junto con el fiscal Josu Izaguirre, se dejaron los ojos para procesar la ingente cantidad de información aprehendida en los diferentes registros.
Meticuloso hasta la saciedad en la instrucción del mayor caso de corrupción en Euskadi -territorio considerado por algunos políticos como un oasis en esta materia- este magistrado ha esculpido con sus manos una trayectoria impecable e impoluta, sostenida en una contrastada capacidad de trabajo que destacan quienes le conocen y han visto trabajar de cerca. Y algo más importante, una trayectoria a prueba de todo tipo de presiones, que también las ha habido en este caso. Ha oídos directamente del propio juez llegó que la investigación estaba levantando ampollas y que se iba a investigar minuciosamente a su familia. La amenaza velada, al más puro estilo siciliano digna del capo Totò Riina, quedó en nada. Los sicilianos vascos pinchaban en hueso.
"Intencionalidad política" del instructor
Ya lo dijo el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, cuando arreciaron las críticas sobre el magistrado por boca del líder del PNV en Gipuzkoa Joseba Egibar, y portavoz peneuvista en la Cámara vasca, y sus acusaciones directas de una supuesta “intencionalidad política” del trabajo el juez: “Roberto Ramos ha desarrollado una labor honrada y de alta calidad técnica”, resaltó el presidente del alto tribunal vasco en una declaración inédita también en la historia reciente de la vida judicial en Euskadi. En defensa de su trabajo, Ibarra reconoció que se había leído “detenidamente sus autos y, como jurista, tengo que decir que, en términos de calidad son magníficos. Nunca en la Administración de Justicia en el País Vasco y en la española un auto de imputación había tenido, como tiene el primer auto del juez del Juzgado número 4 de Vitoria, nueve gráficos en los que se describe una hipótesis delictiva”.
Cada auto o providencia que salía de su ordenador, en el Palacio de Justicia de Álava, tecleado por sus propios dedos a lo largo de los cinco largos años de instrucción, era un paso más para estrechar el cerco sobre las 26 personas finalmente imputadas. Una instrucción que para desesperación del PNV, entonces dirigido por el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, no paró de dar titulares en los que las siglas del PNV o de personas relacionadas con un partido que lamía sus heridas en la oposición se unían sin pudor a conceptos como el de cobro de comisiones, tráfico de influencias, contratos públicos amañados, blanqueo de capitales... Es cierto, y el propio juez lo puso en negro sobre blanco en uno de sus autos, que no se ha podido comprobar a lo largo de la instrucción que la tela de araña tejida en torno a la figura de De Miguel beneficiara a las arcas del partido.
Fue el propio Urkullu quien, sin arrumbar la presunción de inocencia de sus compañeros de partido implicados, intento poner orden internamente. Un 23 de julio de 2010, cinco meses después del estallido del caso, pidió públicamente a los destacados miembros del partido en Álava que entregaran el carné de la formación. “Por supuesto que estoy pidiendo que entreguen los carnés”, declaró públicamente ese día. “He esperado la respuesta por parte de las personas emplazadas, no he tenido respuesta satisfactoria y yo ya tengo que decir públicamente que, después de lo que he dicho, en varias ocasiones en cuanto a la transparencia, limpieza y valores que han de guiar la actuación de cualquier militante del PNV, que no actuar con esa transparencia, con limpieza, significa situarse fuera del propio PNV”.
La realidad final, ¿cuál fue?: que Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada, sin luces ni taquígrafos, del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar, para hacerles entrar en razón. El mismo burukide que cuando De Miguel tuvo que acudir al Parlamento vasco para dar explicaciones ante la comisión de investigación parlamentaria se fundió en un abrazo con el ya exdirigente peneuvista alavés. Todo ante las cámaras y los flashes de los fotógrafos para que su apoyo explícito quedara registrado para la posteridad.
De los ocho detenidos inicialmente en marzo de 2010 se pasó finalmente a los 26 procesados que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 8 de enero. Y aunque la mayoría de ellos fueron altos cargos del PNV, institucionales y tuvieron alguna relación con el partido, el juez Ramos también dejó por escrito en su auto de cierre del sumario que la investigación nunca pudo probar que el PNV, como partido, se beneficiara económicamente de la trama corrupta. Trama que sí obtuvo “irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernador por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)”, como señaló en la misma resolución judicial, acompañada por los famosos nueve anexos que en su día trajeron de cabeza a los letrados de las defensas.
Marzo es el mes por antonomasia en el ‘caso de Miguel’. Buena parte de los grandes hitos de esta causa, la mayor por corrupción instruida nunca por un juzgado vasco, han tenido lugar en ese mes: Los primeros arrestos se produjeron en marzo (2010) y el auto final se dictó por el juez Ramos el 9 de marzo de 2015, en plena campaña electoral: 183 folios con sus correspondientes nueve anexos. Pero será en enero de 2018 cuando el juez Roberto Ramos, ahora destinado en un juzgado de lo penal de la capital, recupere su cuaderno azul para seguir desde el burladero lo que depare un juicio cuya celebración ha requerido una inversión de 100.000 euros y, que si todo va sobre lo previsto, quedará visto para sentencia el próximo 25 de octubre.
Corrupción y fraude
El mayor caso de corrupción en Euskadi: "Tenemos que sacar lo que nos corresponda, si no, lo tenemos jodido"
El 8 de enero arranca el macrojuicio por el gran caso de corrupción en Euskadi: una extorsión de 100.000 euros que sacó a la luz otros 700.000 euros en comisiones, 16 millones en operaciones irregulares y hasta un sueño urbanístico de 65 millones
26 imputados se sentarán en el banquillo y se enfrentan a penas ejemplarizantes solicitadas por la Fiscalía, que ascienden a 119 años para los principales encausados
Se sitúa como cerebro al ex'número dos' del PNV de Álava y exdiputado Alfredo de Miguel, Txitxo, que capitaneó una red de sociedades mercantiles
El caso lo destapó una joven empresaria que acudió a la Fiscalía con 24 grabaciones que muestran que el pago a cambio de adjudicaciones entraba "dentro de lo normal"
Iker Rioja Andueza / Aitor Guenaga
25 comentarios
04/01/2018 - 21:47h
De izquierda a derecha, Jon Iñaki Echaburu, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González
'Caso De Miguel' La Fiscalía fija responsabilidades en la "trama" de exdirigentes del PNV para el cobro de comisiones
- ETIQUETAS: corrupción, PNV,caso de Miguel, Aitor Tellería,Koldo Ochandiano, Josu Izaguirre,Roberto Ramos, Ainhoa Alberdi,Zambrana, Euskadi
Acta de detención de De Miguel ELDIARIONORTE.ES
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre había presentado a su señoría una amplia denuncia por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias contra estas personas. Unos meses antes, en diciembre de 2009, la joven empresaria Ainhoa Alberdi había acudido a su oficina con 24 grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos. Vizcaína y abogada urbanista, explicó brevemente su biografía: estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad.
Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, donde el gerente era el nacionalista Alfonso Arriola. Cuando Echaburu -afiliado al PNV y contratista habitual de los Departamentos de Seguridad y Educación- salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido Arriola y Echaburu, De Miguel y Tellería, le ‘recordaron’ que tenía que “pasar por caja” por haber recibido ‘a dedo’ la adjudicación de Miñano. Hasta su padre había recibido la visita de los ‘burukides’. 100.000 euros era el ‘peaje’ y Kataia Consulting la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.
¿Las comisiones? "Dentro de lo normal"
Aunque las defensas han tratado de relacionar esta denuncia con una 'vendetta' amorosa, Alberdi se ha mantenido firme y ha ratificado este testimonio en cuatro ocasiones. De hecho, se pertrechó de una grabadora Olympus para mostrarle a Izaguirre sus hallazgos.
Transcripción de la grabación sobre el pago de comisiones ELDIARIONORTE.ES
Alberdi ¿Pactaste algo con ellos?
Echaburu Me parece que íbamos a pagar a una sociedad.
A. ¿Cuánto?
E. No quedamos en ninguna cantidad fija.
A. ¿A quiénes ibais a pagar dinero?
E. Con los que estamos hablando en todo momento, con los interlocutores.
A. Pero, ¿qué eran, Txitxo, Alfonso y Pablo?
E. No… Era para hablarlo con… Con quien ellos dijeran. ¿Has hablado con ellos?
A. Pues me han pedido… Pero como yo no tengo ni idea, te estoy preguntando a ti. O sea, era una cantidad sin determinar que ellos hablarían. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Tú no sabes?
E. Para quien te digan ellos.
A. ¿Pa’l partido o así?
E. Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.
A. ¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?
E. No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.
En otra grabación se escucha a Tellería añadir: “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. También existen correos electrónicos en los que De Miguel –sin ninguna responsabilidad en Miñano- negocia cantidades con Alberdi. En los registros aparecerían luego anotaciones manuscritas aludiendo a “comisiones” y dinero “negro”. “Este asunto está bastante claro”, declara a eldiarionorte.es uno de los investigadores que ha participado en la causa desde aquellos inicios hasta su final en 2015 y que ha visto cómo la trama se ha ampliado al aparecer alrededor de De Miguel toda una nebulosa de operaciones mercantiles desconocidas en el origen y con una mecánica similar a la de otras macrocausas de corrupción en España.
El caso llega ahora, casi una década después, a su fase definitiva. El juicio se inicia el 8 de enero y ocupará la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava durante buena parte de 2018. El palacio de Justicia ha necesitado obras -que han costado 100.000 euros- e incluso se habilitará una sala especial para facilitar el trabajo de los medios de comunicación. De ocho detenidos en 2010 se ha pasado a 26 procesados. A los ocho iniciales se les han sumado más cargos públicos que presuntamente facilitaron la actuación de la red de cobro de comisiones ilegales, empresarios que pasaron por caja y testaferros utilizados en las operaciones. Se espera que comparezcan más de 150 personas entre acusados, testigos, peritos y policías en las más de 100 sesiones previstas hasta que, si se cumple el guion, el 25 de octubre el caso quede visto para sentencia.
Referencias a comisiones ELDIARIONORTE.ES
Presidirá el tribunal el mediático Jaime Tapia, la magistrada ponente será Elena Cabero y completará la terna Raúl Aztiria. Ya conocen la causa al haber resuelto varios recursos interpuestos por las defensas de los imputados durante la instrucción del juez Ramos, que al terminar esta investigación solicitó un traslado a una sala de lo penal aunque sin moverse de Vitoria. ¿Planteará alguna de las partes una recusación de última hora que dilate el procedimiento?
119 años de cárcel para los principales encausados
La acusación, que será ejercida por el fiscal Izaguirre, solicita penas ejemplarizantes. En total, suman 119 años para los principales implicados y exdirigentes alaveses. En el caso de De Miguel, el ministerio público reclama 54 años entre rejas por nada menos que 21 delitos de corrupción de diverso tipo. Son cifras más elevadas que en otros casos que, a diferencia de éste, han copado la agenda en España, como el ‘caso Urdangarín’ o los ERE de Andalucía. No obstante, de ser condenado en esos términos, sólo cumpliría 15 años efectivamente, el triple del delito más alto del que se le acusa.
Si el De Miguel de 2010 era un presunto extorsionador, el que llega al juicio en 2018 es el presunto cerebro de una trama de empresas controladas por él –circunstancia incompatible con su condición de cargo de la Diputación de Álava- para recaudar comisiones. A través de su hermana Aintzane, que ejercía de contable de las distintas sociedades, y con distintos testaferros –su mujer, amigos, empresarios- como administradores, el que fuera ‘número dos’ del PNV de Álava lideró no sólo Kataia Consulting, sino también Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo o Ezkibel. Soñaba incluso con negocios urbanísticos en la Costa del Sol a través de la empresa Diru Kapital, que no llegó a ponerse en marcha.
Informe de la Ertzaintza de 2011 ELDIARIONORTE.ES
En un informe que marcó un antes y un después en la investigación y que fue entregado en julio de 2011, la Policía descubrió que una de esas sociedades había recibido en dos ocasiones pagos equivalentes al 4% de contratos de obra pública adjudicados en ayuntamientos gobernados por el PNV, concretamente Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Las facturas se camuflaban como supuestos asesoramientos que no consta que se realizaran, mecánica similar a la Gürtel o Púnica. La empresa que canalizó esos pagos fue Errexal, cuyo administrador nominal era el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan.
Errexal también se benefició de más de una decena de contratos adjudicados ‘a dedo’ por el Gobierno para la realización de servicios que tampoco consta que se desarrollaran, como confirmó en el Parlamento la entonces consejera de Cultura por el PSE-EE, Blanca Urgell. El denominador común de todas las adjudicaciones era su procedencia: la Dirección de Juventud del Ejecutivo, adscrita a Cultura. El titular de la oficina era el nacionalista Xabier Sánchez Robles, relacionado familiarmente con importantes cargos del PNV aún en activo. El cruce de ‘e-mails’ entre San Juan, De Miguel y su hermana recoge frases como “Xabier no puede meternos un duro” o que Lakua podría desaparecer como “cliente” cuando, en puertas de las autonómicas de 2009, se intuía que el PNV podía perder el Gobierno, como así ocurrió.
Muchos de los nombres de todas estas empresas, de las operaciones investigadas e incluso las cifras concretas constan en la documentación decomisada el 17 de marzo de 2010. Las detenciones –muy criticadas en su día- resultaron esenciales para evitar la desaparición de pruebas clave que de otro modo nunca se habrían conseguido. En particular, el cuaderno en poder de Ochandiano resultó esclarecedor. Es la prueba B14 del sumario.
709.653,84 euros en comisiones
Calculadora en mano, las comisiones recaudadas por las empresas controladas por De Miguel ascienden a 709.563,84 euros, a los que se sumarían los 100.000 euros que no se hicieron efectivos en Miñano merced a la denuncia de Alberdi. Incluyen un pago de 45.000 euros por parte del constructor Prudencio Hierro para la reforma de la vivienda de la esposa del político en Gorliz (Bizkaia). En total, las operaciones investigadas ascienden a 15.536.637,36 euros. Algunos movimientos se realizaron con billetes de 500 euros y fragmentados en operaciones de hasta 3.000 euros para evitar los controles fijados para prevenir el blanqueo de capitales, según puso de manifiesto la investigación. Hay también constancia de pagos en 'B' de los que se beneficiaron cargos del partido como Leire Orueta (exteniente de alcalde de Llodio) o Roberto González Muro (exportavoz en Juntas Generales). El detalle completo se recoge en el libro ‘La corrupción vasca: Dentro de lo normal’ (Amazon).
Cuenta corriente con movimientos con billetes de 500 euros ELDIARIONORTE.ES
Queda excluida de este cálculo la fallida recalificación de 120 hectáreas en la pequeña localidad alavesa de Zambrana, proyecto estimado en 65 millones de euros. Como hizo Arriola en Miñano para preparar la ampliación del parque tecnológico y a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad en el municipio, la alcaldesa nacionalista María Justina Angulo tiró del influyente De Miguel cuando surgió la idea de crear un polígono industrial en la zona. A partir de ahí y ya con Angulo fuera de la alcaldía, el político tomó las riendas, situó como intermediario a su amigo vizcaíno Iosu Arruti y ficharon como inversores a los promotores catalanes de Construcciones Riera, encabezados por Francesc Fernández Joval.
Las empresas de De Miguel, incluida Kataia Consulting, cobraron de Riera por supuestas labores de asesoramiento, como también Arruti (vía Sidepur). De nuevo, ese trabajo no ha aparecido e incluso se han encontrado pagos a los verdaderos autores de algunos servicios, como el listado de propietarios afectos por la recalificación que elaboró la entidad financiera Ipar Kutxa. Los aludidos han alegado que una inundación en el almacén de Sidepur acabó con todos los documentos. Tellería, en otra ocasión, declaró también que había destruido archivos digitales cuando se vio imputado en otro escándalo, la investigación a él y a otros dos agentes con galones de la unidad de Información de la Ertzaintza por supuesto espionaje. Este caso concluyó con una sentencia absolutoria por falta de pruebas.
En Zambrana, los nuevos gestores de Construcciones Riera sostienen, como la Fiscalía, que Fernández Joval pagó una verdadera millonada por nada real. Tan es así que iniciaron un procedimiento penal paralelo en Barcelona para solicitar a los antiguos responsables el reintegro del dinero perdido por la filial en Zambrana, Riera Urbanizer. Aunque se ha descubierto que parte de esos fondos acabaron en las cuentas corrientes de Kataia Consulting, no se ha hallado el destino de otra parte del dinero. El padre de Arruti, por ejemplo, acudió en 55 ocasiones a la ventanilla de su oficina bancaria para extraer un total de 600.000 euros que había pagado Riera. La Diputación de Bizkaia –Sidepur está domiciliada en Bilbao- ha tenido claro desde el inicio que esta mecánica escondía al menos delitos fiscales y se ha adherido en todo momento a las tesis de la Fiscalía, frente a una posición mucho más conservadora de la instituciones públicas más afectadas, el Gobierno vasco y la Diputación alavesa.
"El objetivo era y es el PNV"
Las vistas que se iniciarán el 8 de enero permitirán comprobar si ha variado la estrategia de los imputados. Hasta la fecha, sin excepciones, han rechazado por sistema todas las acusaciones, que las atribuyen a casualidades, malentendidos o simples fabulaciones del juez Ramos y del fiscal Izaguirre, como manifestó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, de Cuatrecasas. Quienes han seguido de cerca el proceso aprecian en algunos de ellos un cierto punto de “prepotencia” y “sensación de impunidad”.
De Miguel, de pie, con Gerenabarrena, sentado, en la sociedad gastronómica donde estaba domiciliada Kataia Consulting ELDIARIONORTE.ES
También en De Miguel. Cuando el Parlamento vasco le citó en la comisión de investigación que se habilitó al efecto, el expolítico fue recibido en la Cámara con un abrazo del entonces y ahora portavoz del PNV, Joseba Egibar. Y a la salida varias docenas de militantes peneuvistas le esperaban para agasajarle y aplaudirle, entre ellas cargos públicos actuales. Aquella tarde de abril de 2011 De Miguel compareció ante los periodistas sin admitir preguntas y se refirió a la denuncia de Alberdi negando los hechos pero admitiendo que compatibilizaba la actividad política con la empresarial. "Única y exclusivamente se reclamó el pago de una deuda. De ninguna forma se solicitó el pago de comisiones. Todo mi patrimonio, mis cuentas y las de mi familia se han investigado hasta el último detalle y no se ha detectado enriquecimiento ilícito alguno", manifestó. Y añadió: "El objetivo de todo este proceso era y es el PNV. Somos la conexión para relacionar al PNV con presuntas actividades delictivas".
El entonces presidente del PNV y hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, llegó a afirmar tras conocerse el auto de conclusión de la instrucción, en marzo de 2015, que su partido había tenido una actitud "ejemplar" en este caso. Se refería Urkullu a que el PNV adoptó la decisión de que las personas presuntamente implicadas entregaran sus carnés de partido "porque había una interpretación de que el 'caso De Miguel' podía tener, desde la interpretación pública que se estaba haciendo, una vinculación con el propio PNV". Pero los principales implicados -Alfredo de Miguel y Aitor Tellería- tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar.
Ninguno de los 26 imputados ha roto filas de manera clara para mejorar su posición y evitar la cárcel y tampoco hay constancia –de momento- de negociaciones con la Fiscalía para buscar un acuerdo que rebaje la pena solicitada a cambio de colaboración. El hecho de que algunos imputados compartan letrados y la existencia de tantos lazos familiares y de amistad entre los encausados complica esta posibilidad. "Pese a quien pese, demostraremos nuestra inocencia", retó De Miguel.
El juez que puso en jaque al PNV por la corrupción en Álava
El juez Roberto Ramos pasa estos días las hojas de un cuaderno azul que le acompaña desde 2010. En sus hojas está resumida la investigación del mayor caso de corrupción investigado en un juzgado vasco. La mañana del 16 de marzo de 2010, las cuadernas del PNV, formación que menos de un año antes había sido desalojada del Gobierno vasco por la entente socialista-popular que hizo lehendakari a Patxi López, se pusieron aún más a prueba. Algunos de los pesos pesados peneuvistas alaveses acabaron ese día en una celda de la policía vasca.
El magistrado Ramos es lo menos parecido a un juez estrella. Enamorado de la jurisdicción penal, lleva 20 años en una carrera judicial que inició en Calahorra, hizo un alto en Miranda de Ebro, dio el salto a Bilbao y, finalmente, recaló en los juzgados de instrucción de Vitoria. Precisamente en el Juzgado número 4 de la capital alavesa se gestó la causa que puso en jaque al PNV en ese territorio por corrupción: había nacido el ‘caso de Miguel’.
Aunque el foco mediático le puso en el disparadero desde el minuto cero desde aquella fría mañana del 10 de marzo de 2010 que dejó helado al PNV -tras una operación anticorrupción de la Ertzaintza que acabaría por salpicar a la cúpula del PNV de Álava- Ramos aguantó estoicamente toda la instrucción. El magistrado llevó con sigilo y tiento todas las órdenes de detención en el juzgado, sabía que “evitar cualquier filtración” era esencial para el devenir de las investigaciones. Los arrestos, de hecho, muy criticados en su día, resultaron a la postre fundamentales para evitar la desaparición de pruebas clave y que las trituradoras hicieran el trabajo sucio para encubrir la tela de araña tejida supuestamente por el cerebro de la trama, Alfredo de Miguel, Txitxo, entonces ‘número dos’ del PNV alavés.
Con la colaboración “inestimable” de una funcionaria del juzgado, y la brújula de un ertzaina experto en delitos económicos –adscrito al caso como policía judicial-, el magistrado Ramos fue anotando en su cuaderno de tapas azules los hitos de la investigación recogidos en un sumario mastodóntico. Los tres, junto con el fiscal Josu Izaguirre, se dejaron los ojos para procesar la ingente cantidad de información aprehendida en los diferentes registros.
Meticuloso hasta la saciedad en la instrucción del mayor caso de corrupción en Euskadi -territorio considerado por algunos políticos como un oasis en esta materia- este magistrado ha esculpido con sus manos una trayectoria impecable e impoluta, sostenida en una contrastada capacidad de trabajo que destacan quienes le conocen y han visto trabajar de cerca. Y algo más importante, una trayectoria a prueba de todo tipo de presiones, que también las ha habido en este caso. Ha oídos directamente del propio juez llegó que la investigación estaba levantando ampollas y que se iba a investigar minuciosamente a su familia. La amenaza velada, al más puro estilo siciliano digna del capo Totò Riina, quedó en nada. Los sicilianos vascos pinchaban en hueso.
"Intencionalidad política" del instructor
Ya lo dijo el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, cuando arreciaron las críticas sobre el magistrado por boca del líder del PNV en Gipuzkoa Joseba Egibar, y portavoz peneuvista en la Cámara vasca, y sus acusaciones directas de una supuesta “intencionalidad política” del trabajo el juez: “Roberto Ramos ha desarrollado una labor honrada y de alta calidad técnica”, resaltó el presidente del alto tribunal vasco en una declaración inédita también en la historia reciente de la vida judicial en Euskadi. En defensa de su trabajo, Ibarra reconoció que se había leído “detenidamente sus autos y, como jurista, tengo que decir que, en términos de calidad son magníficos. Nunca en la Administración de Justicia en el País Vasco y en la española un auto de imputación había tenido, como tiene el primer auto del juez del Juzgado número 4 de Vitoria, nueve gráficos en los que se describe una hipótesis delictiva”.
Cada auto o providencia que salía de su ordenador, en el Palacio de Justicia de Álava, tecleado por sus propios dedos a lo largo de los cinco largos años de instrucción, era un paso más para estrechar el cerco sobre las 26 personas finalmente imputadas. Una instrucción que para desesperación del PNV, entonces dirigido por el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, no paró de dar titulares en los que las siglas del PNV o de personas relacionadas con un partido que lamía sus heridas en la oposición se unían sin pudor a conceptos como el de cobro de comisiones, tráfico de influencias, contratos públicos amañados, blanqueo de capitales... Es cierto, y el propio juez lo puso en negro sobre blanco en uno de sus autos, que no se ha podido comprobar a lo largo de la instrucción que la tela de araña tejida en torno a la figura de De Miguel beneficiara a las arcas del partido.
Fue el propio Urkullu quien, sin arrumbar la presunción de inocencia de sus compañeros de partido implicados, intento poner orden internamente. Un 23 de julio de 2010, cinco meses después del estallido del caso, pidió públicamente a los destacados miembros del partido en Álava que entregaran el carné de la formación. “Por supuesto que estoy pidiendo que entreguen los carnés”, declaró públicamente ese día. “He esperado la respuesta por parte de las personas emplazadas, no he tenido respuesta satisfactoria y yo ya tengo que decir públicamente que, después de lo que he dicho, en varias ocasiones en cuanto a la transparencia, limpieza y valores que han de guiar la actuación de cualquier militante del PNV, que no actuar con esa transparencia, con limpieza, significa situarse fuera del propio PNV”.
La realidad final, ¿cuál fue?: que Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tardaron 10 meses en entregar sus carnés de militantes peneuvistas, algo que solo ocurrió después de recibir la visita privada, sin luces ni taquígrafos, del todopoderoso burukide guipuzcoano, Joseba Egibar, para hacerles entrar en razón. El mismo burukide que cuando De Miguel tuvo que acudir al Parlamento vasco para dar explicaciones ante la comisión de investigación parlamentaria se fundió en un abrazo con el ya exdirigente peneuvista alavés. Todo ante las cámaras y los flashes de los fotógrafos para que su apoyo explícito quedara registrado para la posteridad.
De los ocho detenidos inicialmente en marzo de 2010 se pasó finalmente a los 26 procesados que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 8 de enero. Y aunque la mayoría de ellos fueron altos cargos del PNV, institucionales y tuvieron alguna relación con el partido, el juez Ramos también dejó por escrito en su auto de cierre del sumario que la investigación nunca pudo probar que el PNV, como partido, se beneficiara económicamente de la trama corrupta. Trama que sí obtuvo “irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernador por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)”, como señaló en la misma resolución judicial, acompañada por los famosos nueve anexos que en su día trajeron de cabeza a los letrados de las defensas.
Marzo es el mes por antonomasia en el ‘caso de Miguel’. Buena parte de los grandes hitos de esta causa, la mayor por corrupción instruida nunca por un juzgado vasco, han tenido lugar en ese mes: Los primeros arrestos se produjeron en marzo (2010) y el auto final se dictó por el juez Ramos el 9 de marzo de 2015, en plena campaña electoral: 183 folios con sus correspondientes nueve anexos. Pero será en enero de 2018 cuando el juez Roberto Ramos, ahora destinado en un juzgado de lo penal de la capital, recupere su cuaderno azul para seguir desde el burladero lo que depare un juicio cuya celebración ha requerido una inversión de 100.000 euros y, que si todo va sobre lo previsto, quedará visto para sentencia el próximo 25 de octubre.
¿Quién es quién en el 'caso De Miguel'?
Las biografías de los impulsores de la investigación, de los miembros del tribunal y de los 26 imputados
Iker Rioja Andueza
04/01/2018 - 23:01h
Alfredo de Miguel, agasajado por militantes del PNV a su salida del Parlamento Vasco en 2011 EFE
'Caso De Miguel' La Fiscalía fija responsabilidades en la "trama" de exdirigentes del PNV para el cobro de comisiones
Los impulsores de la investigación
Josu Izaguirre, con otros fiscales, en una comparecencia EFE
Aitor Telleria, en el Parlamento EFE
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/caso-Miguel_0_720229060.html
Las biografías de los impulsores de la investigación, de los miembros del tribunal y de los 26 imputados
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'Caso De Miguel' La Fiscalía fija responsabilidades en la "trama" de exdirigentes del PNV para el cobro de comisiones
- ETIQUETAS: caso De Miguel,corrupción, PNV, Alfredo de Miguel, Roberto Ramos, Josu Izaguirre
Los impulsores de la investigación
- Roberto Ramos. Titular del juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria hasta 2015. Magistrado sin proyección pública y del que en medios judiciales se valora su capacidad de trabajo. Asumió en marzo de 2010 la investigación del mayor sumario de corrupción del País Vasco y solicitó un traslado a un juzgado de lo Penal también en la capital vasca tras dictar en marzo de 2015, cinco años después, el auto con el que se cerraba la causa y en el que se desmenuzaba la trama de cobro de comisiones articulada en torno al que fuera dirigente del PNV Alfredo de Miguel.
- Josu Izaguirre. Fiscal-jefe de Álava. Recibió en diciembre de 2009 la denuncia de Ainhoa Alberdi. En los cuatro meses que siguieron a esa primera comparecencia en los juzgados, Izaguirre contrastó algunos extremos de su testimonio hasta decidirse a interponer una denuncia formal contra De Miguel y otras siete personas en marzo de 2010. Desde entonces, ha impulsado la causa en perfecta sintonía con el juez Ramos, lo que le ha valido encontronazos con el PNV, que ha denunciado que existe cierto afán persecutorio contra la formación política.
Josu Izaguirre, con otros fiscales, en una comparecencia EFE
- Ertzaintza. Agentes de la unidad especializada en delitos económicos de la Policía vasca han elaborado tres informes sobre la trama económica. El primero fue entregado en octubre de 2010 y analizaba las 24 grabaciones aportadas por Alberdi, así como los nombres de las personas y sociedades mercantiles que se citaban en su denuncia inicial. El segundo llegó al juzgado en julio de 2011 y constataba que la trama de De Miguel había percibido comisiones ilegales e incurrido en prácticas de blanqueo de capitales. El tercero es de diciembre de 2013 y se centra en la compleja operación urbanística de Zambrana.
- Ainhoa Alberdi. Abogada urbanista. Compró a Jon Iñaki Echaburu la asesoría Urbanorma Consulting y descubrió que la empresa, que había sido beneficiaria ‘a dedo’ del contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano, habría pactado abonar una comisión de 100.000 euros a dos políticos, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. Aseguró que no sólo querían que pasara por caja sino que la habían extorsionado hasta el punto de reunirse con su padre. Ha ratificado su versión en al menos tres ocasiones.
- Javier Ruiz de Arbulo. Político del PP y abogado. En 2010 y 2011 ejerció como presidente de la comisión de investigación que analizó en las Juntas Generales de Álava una de las derivadas del ‘caso De Miguel’, la recalificación de Zambrana. “Se han cometido graves irregularidades con consecuencias políticas evidentes”, declaró al término de los trabajos.
- Juanjo Agirrezabala. Político de EA y posteriormente de la coalición EH Bildu. En 2010, 2011 y 2012 ejerció como presidente de la comisión de investigación que analizó en el Parlamento Vasco algunas de las derivadas del ‘caso De Miguel’ junto al ‘caso Tellería’ y al ‘caso Zubiaurre’. “No voy a permitir que nada ni nadie torpedee esta investigación”, declaró después de que los trabajos parlamentarios se iniciaran con el boicoteo deliberado de los imputados y las duras críticas del PNV.
- Los tres magistrados que juzgarán la trama son Jaime Tapia, que presidirá el juicio, Elena Cabero, que será la ponente y redactora de la sentencia, y Raúl Aztiria. Son jueces de la sección penal de la Audiencia de Álava, que tendrá que ser reforzada durante 2018 para liberar a estos tres togados durante varios meses.
- Además de Izaguirre, que estará acompañado de tres fiscales de su equipo, ejerce como acusación en el juicio la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, en lo relativo a los presuntos delitos fiscales cometidos por las empresas de la trama domiciliadas en ese territorio. Por el contrario, el Gobierno vasco y la Diputación de Álava se mantendrán en un segundo plano, con participación testimonial durante el proceso.
- Alfredo de Miguel. Político del PNV e informático de profesión. Fue nombrado secretario del Araba Buru Batzar del partido en 2000, bajo la presidencia de Iñaki Gerenabarrena. Durante esa etapa, ejerció como directivo de dos Industrialdeak de la sociedad pública autonómica de Urbanismo y promoción de suelo, Sprilur. En 2007 fue nombrado responsable en Álava de Administración Territorial y Equilibrio Territorial (Urbanismo) con Xabier Agirre como diputado general de un tripartito conformado por los partidos PNV, EA y Aralar. También era vicepresidente segundo de la Caja Vital Kutxa de Álava, ahora integrada en Kutxabank junto a BBK, Kutxa y Cajasur. Fue detenido en marzo de 2010 y se vio forzado a dejar todos sus cargos.
- Aitor Tellería. Político del PNV. Ha sido miembro de las Juntas Generales de Álava y concejal en Vitoria. Orgánicamente, era miembro del Araba Buru Batzar, con importantes funciones internas en materia de Organización. Cuando estalló el caso en 2010 era responsable de una sociedad pública, CEIA, el semillero de empresas del parque tecnológico de Miñano. Fue detenido en marzo de 2010.
Aitor Telleria, en el Parlamento EFE
- Koldo Ochandiano. Político del PNV y también miembro del Araba Buru Batzar. Ha sido gerente del Instituto Social de Bienestar Social de Álava y, siendo contable de profesión, ha ejercido esas funciones en Osakidetza y, en el momento en que estalla este caso, en el parque tecnológico de Miñano. Tuvo un papel decisivo en el diseño de la red de empresas con las que operó la trama de De Miguel. Suyo es el cuaderno B14, la principal prueba hallada en este caso para demostrar el pago de comisiones tras la adjudicación de contratos. Fue detenido en marzo de 2010 y se vio forzado a dejar todos sus cargos.
- Aintzane de Miguel. Hermana de Alfredo de Miguel. Su papel en la causa viene de que ejerció como contable de la mayoría de sociedades investigadas, en nombre de las cuales emitió facturas y envió correos electrónicos. Fue imputada en 2011.
- Ainhoa Bilbao. Esposa de Alfredo de Miguel. Actuó como testaferro en Kataia Consulting, la presunta empresa pantalla que hacía de epicentro de la trama de cobro de comisiones. Suya era también la casa cuya reforma pagó un constructor, Prudencio Hierro, a cambio de la adjudicación de un contrato. Trabajó en Nai Duenak, empresa de dos de los imputados, Gorka Errasti y Estíbaliz Arruti, de la que cobró unos 65.000 euros aparentemente sin trabajar. El dinero procedía de los promotores de la operación de Zambrana. Fue detenida en 2010.
- Araceli Bajo. Esposa de Aitor Tellería. Actuó como testaferro en Kataia Consulting. Fue detenida en 2010.
- Iratxe Gaztelu-Urrutia. Esposa de Koldo Ochandiano. Fue incorporada como candidata en las listas del PNV en las elecciones autonómicas de 2009. Actuó como testaferro en Kataia Consulting. Fue detenida en 2010.
- Alfonso Arriola. Gerente del parque tecnológico de Miñano en 2006, cuando se produjo la contratación de Urbanorma Consulting. Había sido responsable de la Fundación del Deportivo Alavés y también asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se le responsabiliza de participar en las irregularidades ocurridas en las dos contrataciones para la ampliación de Miñano. Fue detenido en 2010.
- Julián Sánchez Alegría. Responsable de la red de parques tecnológicos del País Vasco en 2006 y, por lo tanto, alto cargo del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe. Fue imputado en 2010 como firmante del contrato de ampliación de Miñano con Urbanorma Consulting. Aparentemente, conocía de boca de Alberdi que había una comisión de por medio y no sólo no lo impidió sino que pidió a De Miguel discreción en sus gestiones. Se le investiga también en el ‘caso Epsilon’ y será juzgado por ello. Fue imputado en 2010.
- Miren Lourdes Bilbao. Directora técnica de Miñano con Arriola. Su participación se ciñe a las presuntas irregularidades en la segunda adjudicación para la ampliación de Miñano, que benefició a Stoa de manera aparentemente deliberada. Fue imputada en 2010.
- Iñaki San Juan. Fue concejal de Cultura del PNV en Leioa entre 1999 y 2003, municipio en el que su padre fue alcalde entre 1979 y 1987. Se le investiga como administrador de las sociedades Errexal y Ortzi Muga, utilizadas presuntamente para desviar el pago de comisiones ilegales y obtener contratos irregulares, muchos de ellos del Gobierno vasco. Fue imputado en 2010.
- Josu Montes. Fue consejero a propuesta del PNV en el Teatro Arriaga y miembro del consejo de Urbanismo de Bilbao a propuesta de la Fundación Naturgintza, vinculada colateralmente al caso. Trabajador de Errexal, en una etapa ejerció como administrador de Ortzi Muga, utilizada presuntamente para desviar el pago de comisiones ilegales y obtener contratos irregulares, muchos de ellos del Gobierno vasco. Fue imputado en 2012.
- Xabier Sánchez Robles. Fue director de Juventud en el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe, nombrado por la consejera de Cultura, Miren Azkarate. Jugó un papel esencial en la trama, porque facilitó adjudicaciones ‘a dedo’ que no estaban debidamente justificadas a las empresas controladas por Alfredo de Miguel, del que era amigo personal, para procurarles financiación. Fue imputado en 2010.
- Gurutz Larrañaga. Aunque los contratos de Juventud que beneficiaron a la red de empresas de Alfredo de Miguel fueron decididos por Xabier Sánchez Robles, llevaron la firma de Gurutz Larrañaga. Era viceconsejero de Cultura con Miren Azkarate y se le considera responsable ‘in vigilando’ de las irregularidades en Juventud. Fue imputado en 2010.
- Jon Iñaki Echaburu. Fue un empresario constructor. Dirigió el grupo Construcciones Loizate y fundó Urbanorma Consulting para gestionar la ampliación de Miñano. Se convirtió en contratista habitual de la Administración con el PNV, especialmente en lo que a la construcción y reformas de colegios y comisarías de la Ertzaintza se refiere. Era afiliado del PNV y está señalado por haber abonado presuntamente comisiones ilegales a la trama controlada por Alfredo de Miguel a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Fue detenido en 2010.
- Prudencio Hierro. Es un conocido empresario constructor, vinculado a varias constructoras, como la familiar Construcciones Hierro (relacionada con la nueva sede del PNV alavés que planificó Alfredo de Miguel) o Gestión de Recursos Baio. Creó mano a mano con De Miguel la sociedad mercantil Ezkibel, a la que el político benefició con importantes sumas de dinero. Se sospecha que abonó a De Miguel comisiones ilegales tras estas adjudicaciones, incluido el pago de 45.000 euros correspondiente a la reforma de una vivienda familiar del político en Gorliz (Bizkaia). Fue imputado en 2011.
- Sergio Fernández Oleaga. Es un arquitecto con despacho profesional en Vitoria, una empresa llamada Stoa, que compartía sede con otras firmas vinculadas a otro miembro del PNV, Jon Buesa. Es amigo de Alfredo de Miguel, al que le señaló como “padrino”. Ha participado en distintas operaciones investigadas en la trama, como la ampliación de Miñano o la recalificación de Zambrana. Constituyó también una sociedad con De Miguel, Marratik, que no llegó a tener actividad. Se sospecha que algunos de los pagos que Stoa hizo a las empresas de De Miguel puedan ser una comisión por los favores que le hizo su “padrino”. Fue imputado en 2010.
- Iosu Arruti. Cuando el Ayuntamiento de Zambrana se plantea la recalificación de terrenos en una zona aneja al río Ebro, la alcaldesa María Justina Angulo contactó con Alfredo de Miguel y el político situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario para promover el proyecto a través de la asesoría Sidepur, residenciada en Bizkaia. Sidepur se encargó de cerrar un acuerdo con los inversores catalanes de Construcciones Riera, que abonaron una importante suma de dinero. Parte de esa cantidad, alrededor de 220.000 euros, fueron desviados a las mercantiles de De Miguel como supuesta comisión. Arruti emprendió también otros negocios de la mano de Riera y se le acusa también de un delito fiscal al no haber declarado a la Hacienda de Bizkaia todos los movimientos económicos vinculados con esos trabajos. Fue imputado en 2011.
- Jesús Arruti. Es el padre de Iosu Arruti, con firma y participación en alguna de las operaciones sospechosas vinculadas a Sidepur, Riera y Zambrana. Está acusado también de delito fiscal a la Hacienda de Bizkaia. Se descubrió que desde que se puso en marcha la operación de Zambrana (2005) hasta 2008 realizó 55 extracciones en ventanilla de las cuentas de Sidepur, a las que llegaba el dinero de Riera. A ello se suman 118 extracciones adicionales en cajeros. Sacó unos 600.000 euros cuyo destino se desconoce a excepción de 21.000 euros que acabaron en la cuenta corriente conjunta de Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Fue imputado en 2011.
- Estíbaliz Arruti. Es hermana de Iosu Arruti y fue la única trabajadora dada de alta en Sidepur en los años en que lideró la operación de Zambrana. También formaba parte de la mercantil Arle 2007, dirigida por su marido, Gorka Errasti, y que igualmente percibió ingresos sospechosos del grupo Riera. Fue imputada en 2014.
- Gorka Errasti. El marido de Estíbaliz Arruti participó en distintas mercantiles vinculadas a la operación de Zambrana como Arle 2007, Zerulur o Nai Duenak. En esta última tuvo en nómina a la esposa de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao. Nai Duenak sumó unos 150.000 euros en ingresos anómalos y parte de ese dinero, unos 65.000 euros, fue lo que percibió Bilbao como sueldo aunque “no correspondía con trabajo alguno”, en opinión de la Fiscalía. Fue imputado en 2014.
- María Justina Angulo. Fue alcaldesa de Zambrana por el PNV hasta 2007. Bajo su mandato, en 2005, se puso en marcha una recalificación urbanística para crear un polígono industrial de 120 hectáreas junto a la autopista y el río Ebro. Cuando se gestó el proyecto, Angulo reconoció que contactó con Alfredo de Miguel para que impulsara la operación y que éste impuso a Iosu Arruti y a Sidepur como intermediarios, quienes remataron la operación ya con Angulo fuera de la Alcaldía. Fue imputada en 2014.
- Francesc Fernández Joval. Máximo responsable del grupo catalán Construcciones Riera en el momento en el que se constituyó Riera Urbanizer, la filial creada específicamente por la trama de Alfredo de Miguel y Riera para Zambrana. Cuando abandonó el consejo de administración de la compañía, su sucesor, Nicolás Guerrero, impulsó un procedimiento judicial al entender que buena parte del dinero que salió de Riera hacia Sidepur (y después a las empresas de De Miguel) se abonó sin justificación ni soporte documental. En sede judicial, estimó el valor económico de la operación de Zambrana en 65 millones de euros. Fue imputado en 2014.
- Plácid Casas. Era miembro del consejo de administración de una empresa llamada Enginergy, filial de Construcciones Riera. Desde esa mercantil salieron hacia la trama de Alfredo de Miguel 283.000 euros en forma de supuesto préstamo, aunque en realidad no tenía garantías de devolución y los investigadores estiman que se trató de una comisión. Con ese dinero, De Miguel y otros imputados compraron unos terrenos rústicos en Frúniz (Bizkaia) con perspectivas de recalificación. Fue imputado en 2014.
- Joaquim Sabater. Era administrador de distintas mercantiles catalanas vinculadas a Riera de las que salieron pagos sospechosos dirigidos a la trama mercantil articulada por Iosu Arruti en torno a Sidepur. En su caso, participó en una venta de acciones ficticia que reportó 464.000 euros de plusvalía a Arruti procedentes de Riera. Fue imputado en 2014.
- Ramón Tomás. Era administrador de distintas mercantiles catalanas vinculadas a Riera de las que salieron pagos sospechosos dirigidos a la trama mercantil articulada por Iosu Arruti en torno a Sidepur. Fue imputado en 2014.
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/caso-Miguel_0_720229060.html
HAY 26 ENCAUSADOS
‘Caso de Miguel’, ocho años para un juicio mediático
La Audiencia de Araba acoge desde hoy la vista oral por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales
En el proceso hay 26 encausados y declararán más de 150 testigos y peritos
TXUS DÍEZ - Lunes, 8 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h
2 comentarios
GASTEIZ- A las siete de la mañana del 17 de marzo de 2010, agentes de la Ertzaintza llamaron a la puerta del domicilio del entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, además de numero dos del PNV alavés presidido por Iñaki Gerenabarrena, Alfredo de Miguel. Fue detenido, su casa registrada, y estuvo declarando durante horas en los juzgados de Gasteiz. Ocho años después, en ese mismo lugar, arranca el juicio oral contra la presunta trama acusada de cobrar más de 600.000 euros en comisiones ilegales y causar un quebranto de 260.000 a las arcas públicas, liderada por De Miguel y gestionada a través de la sociedad Kataia Consulting, de la que también eran socios Koldo Otxandiano, exgerente del Instituto Foral de Bienestar Social;el exburukide Aitor Telleria, y las esposas de los tres. La hermana de De Miguel era la contable de varias de las empresas investigadas.
Aquel 17 de marzo hubo un total de ocho detenciones, pero a día de hoy la lista de encausados asciende a 26, después de que Pablo Jesús Larrabide y Asier Aritz Arzalluz fueran exonerados por el primer juez instructor, Roberto Ramos, luego sustituido. Según el magistrado, cuyo auto fue dado a conocer hace casi tres años, De Miguel y sus socios percibían comisiones ilegales por facilitar contratos públicos y adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PNV a través de Kataia y de otras empresas, como Errexal y Ortzi Muga. Además, Kataia obtuvo contratos menores, más opacos de cara a su fiscalización, de la viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco, por trabajos presuntamente inexistentes. De Miguel era administrador, además, de la sociedad Landaburu Etxea S.L, que construyó varios batzokis en Araba y la céntrica sede del PNV en Gasteiz.
También se acusa a De Miguel de una recalificación de terrenos supuestamente irregular en la localidad alavesa de Zambrana, y con ilegalidades en torno a la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano.
Fue ahí donde todo salió a la luz. Una empresaria vizcaina, Ainhoa Alberdi, denunció haber sido extorsionada por De Miguel. Según dijo, le exigió el pago de más de 100.000 euros por la concesión de las obras de ampliación del Parque Tecnológico, hecho que Alberdi puso en conocimiento del presidente de la red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, también imputado. Se cree que Sánchez Alegría avisó a De Miguel de la advertencia de Alberdi, y el entonces diputado foral, junto con Telleria, presionaron al padre de la empresaria para que pagara la comisión.
Ainhoa Alberdi, exsocia de otro de los imputados, Jon Iñaki Echaburu, entregó al fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, los indicios que había recabado, entre ellos los correos electrónicos que le remitió De Miguel desde su despacho del Palacio de la Diputación, y comenzó entonces una investigación que se saldó con las detenciones de marzo de 2010. Una vez estalló el escándalo, De Miguel defendió su inocencia ante Gerenabarrena y ante el entonces diputado general, Xabier Agirre, que proclamó la tolerancia cero ante la corrupción pese a que el caso estaba aún en sus compases iniciales. De Miguel dimitió de su cargo institucional a los pocos días de ser detenido. Poco después Telleria salía de la dirección del PNV alavés.
Más difícil fue hacer renunciar a ambos a su carnet del partido, pese a las presiones que recibieron desde la formación, con su entonces presidente y ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza. Los estatutos del partido complicaban su renuncia a la militancia, pero finalmente, en enero de 2011, De Miguel, Telleria y Otxandiano dejaron la militancia en la formación, no sin criticarla por no haberles defendido con la suficiente vehemencia. Posteriormente, en marzo de 2012, el partido sufriría una renovación total en el territorio con la incorporación del propio Xabier Agirre como presidente del Araba Buru Batzar.
PENAS EJEMPLARIZANTESLa fiscalía quiere que del juicio que arranca hoy en los juzgados de Gasteiz salga una condena contundente contra los imputados, y así, en su escrito de acusación de marzo de 2016 Josu Izaguirre, fiscal jefe, acusa a De Miguel de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales. Pide para el diputado foral una pena de 54 años y nueve meses de prisión, y 16,5 millones de euros de fianza.
Para Telleria y Otxandiano reclama 32 años y un mes de cárcel, tres millones de fianza para el primero, y uno para el segundo. Por su parte, Izaguirre pide para el exdirector de Juventud y Acción Comunitaria, Xabier Sánchez Robles;y para el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, 18 años y 7 años de condena, respectivamente.
HASTA OCTUBREAsí, hoy arranca un macrojuicio sobre cuyo resultado decidirán los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. Para acoger a los 26 acusados y 150 testigos y peritos ha sido necesario acondicionar una sala especial y un espacio separado para la prensa, lo que ha supuesto una inversión de 100.000 euros. En todo, caso, a pesar de la dimensión mediática del proceso, que se prolongará como mínimo hasta octubre de 2018, quienes lo dirigirán no sienten enfrentarse a un caso especial más allá de las peculiaridades organizativas que ha exigido, pues ni en Araba ni en Euskadi hay precedentes. “No siento ningún tipo de presión de ninguna característica”, afirmó Tapia cuando, el pasado miércoles, compareció ante la prensa para informar sobre los aspectos logísticos del juicio.
LOS DATOS
Macrojuicio. La Audiencia alavesa ha tenido que acondicionar una sala para albergar a los 26 acusados y 150 testigos y peritos que declararán en el proceso. La instrucción del juez Roberto Ramos abarcaba 20.989 folios distribuidos en 79 tomos.
Plazos. El proceso arranca hoy y durante un par de semanas se centrará en las cuestiones previas. A partir del 19 de febrero las sesiones irán dirigidas ya a aclarar los hechos. Se prevé que, como mínimo, el juicio se prolongue hasta octubre.
Encausados. Además de Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano, Aitor Telleria y sus esposas, se enjuiciará a Alfonso Arriola, exdirector del Parque Tecnológico de Álava, a los empresarios Jon Iñaki Echaburu, Francesc Fernández Joval o Jesús Arruti;a los exaltos cargos del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles o Gurutz Larrañaga, o al exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan.
Delitos. Las acusaciones abarcan delitos como los de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales.
http://www.noticiasdealava.com/2018/01/08/politica/caso-de-miguel-ocho-anos-para-un-juicio-mediatico
‘Caso de Miguel’, ocho años para un juicio mediático
La Audiencia de Araba acoge desde hoy la vista oral por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales
En el proceso hay 26 encausados y declararán más de 150 testigos y peritos
TXUS DÍEZ - Lunes, 8 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h
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GASTEIZ- A las siete de la mañana del 17 de marzo de 2010, agentes de la Ertzaintza llamaron a la puerta del domicilio del entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, además de numero dos del PNV alavés presidido por Iñaki Gerenabarrena, Alfredo de Miguel. Fue detenido, su casa registrada, y estuvo declarando durante horas en los juzgados de Gasteiz. Ocho años después, en ese mismo lugar, arranca el juicio oral contra la presunta trama acusada de cobrar más de 600.000 euros en comisiones ilegales y causar un quebranto de 260.000 a las arcas públicas, liderada por De Miguel y gestionada a través de la sociedad Kataia Consulting, de la que también eran socios Koldo Otxandiano, exgerente del Instituto Foral de Bienestar Social;el exburukide Aitor Telleria, y las esposas de los tres. La hermana de De Miguel era la contable de varias de las empresas investigadas.
Aquel 17 de marzo hubo un total de ocho detenciones, pero a día de hoy la lista de encausados asciende a 26, después de que Pablo Jesús Larrabide y Asier Aritz Arzalluz fueran exonerados por el primer juez instructor, Roberto Ramos, luego sustituido. Según el magistrado, cuyo auto fue dado a conocer hace casi tres años, De Miguel y sus socios percibían comisiones ilegales por facilitar contratos públicos y adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PNV a través de Kataia y de otras empresas, como Errexal y Ortzi Muga. Además, Kataia obtuvo contratos menores, más opacos de cara a su fiscalización, de la viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco, por trabajos presuntamente inexistentes. De Miguel era administrador, además, de la sociedad Landaburu Etxea S.L, que construyó varios batzokis en Araba y la céntrica sede del PNV en Gasteiz.
También se acusa a De Miguel de una recalificación de terrenos supuestamente irregular en la localidad alavesa de Zambrana, y con ilegalidades en torno a la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano.
Fue ahí donde todo salió a la luz. Una empresaria vizcaina, Ainhoa Alberdi, denunció haber sido extorsionada por De Miguel. Según dijo, le exigió el pago de más de 100.000 euros por la concesión de las obras de ampliación del Parque Tecnológico, hecho que Alberdi puso en conocimiento del presidente de la red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, también imputado. Se cree que Sánchez Alegría avisó a De Miguel de la advertencia de Alberdi, y el entonces diputado foral, junto con Telleria, presionaron al padre de la empresaria para que pagara la comisión.
Ainhoa Alberdi, exsocia de otro de los imputados, Jon Iñaki Echaburu, entregó al fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, los indicios que había recabado, entre ellos los correos electrónicos que le remitió De Miguel desde su despacho del Palacio de la Diputación, y comenzó entonces una investigación que se saldó con las detenciones de marzo de 2010. Una vez estalló el escándalo, De Miguel defendió su inocencia ante Gerenabarrena y ante el entonces diputado general, Xabier Agirre, que proclamó la tolerancia cero ante la corrupción pese a que el caso estaba aún en sus compases iniciales. De Miguel dimitió de su cargo institucional a los pocos días de ser detenido. Poco después Telleria salía de la dirección del PNV alavés.
Más difícil fue hacer renunciar a ambos a su carnet del partido, pese a las presiones que recibieron desde la formación, con su entonces presidente y ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza. Los estatutos del partido complicaban su renuncia a la militancia, pero finalmente, en enero de 2011, De Miguel, Telleria y Otxandiano dejaron la militancia en la formación, no sin criticarla por no haberles defendido con la suficiente vehemencia. Posteriormente, en marzo de 2012, el partido sufriría una renovación total en el territorio con la incorporación del propio Xabier Agirre como presidente del Araba Buru Batzar.
PENAS EJEMPLARIZANTESLa fiscalía quiere que del juicio que arranca hoy en los juzgados de Gasteiz salga una condena contundente contra los imputados, y así, en su escrito de acusación de marzo de 2016 Josu Izaguirre, fiscal jefe, acusa a De Miguel de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales. Pide para el diputado foral una pena de 54 años y nueve meses de prisión, y 16,5 millones de euros de fianza.
Para Telleria y Otxandiano reclama 32 años y un mes de cárcel, tres millones de fianza para el primero, y uno para el segundo. Por su parte, Izaguirre pide para el exdirector de Juventud y Acción Comunitaria, Xabier Sánchez Robles;y para el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, 18 años y 7 años de condena, respectivamente.
HASTA OCTUBREAsí, hoy arranca un macrojuicio sobre cuyo resultado decidirán los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. Para acoger a los 26 acusados y 150 testigos y peritos ha sido necesario acondicionar una sala especial y un espacio separado para la prensa, lo que ha supuesto una inversión de 100.000 euros. En todo, caso, a pesar de la dimensión mediática del proceso, que se prolongará como mínimo hasta octubre de 2018, quienes lo dirigirán no sienten enfrentarse a un caso especial más allá de las peculiaridades organizativas que ha exigido, pues ni en Araba ni en Euskadi hay precedentes. “No siento ningún tipo de presión de ninguna característica”, afirmó Tapia cuando, el pasado miércoles, compareció ante la prensa para informar sobre los aspectos logísticos del juicio.
LOS DATOS
Macrojuicio. La Audiencia alavesa ha tenido que acondicionar una sala para albergar a los 26 acusados y 150 testigos y peritos que declararán en el proceso. La instrucción del juez Roberto Ramos abarcaba 20.989 folios distribuidos en 79 tomos.
Plazos. El proceso arranca hoy y durante un par de semanas se centrará en las cuestiones previas. A partir del 19 de febrero las sesiones irán dirigidas ya a aclarar los hechos. Se prevé que, como mínimo, el juicio se prolongue hasta octubre.
Encausados. Además de Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano, Aitor Telleria y sus esposas, se enjuiciará a Alfonso Arriola, exdirector del Parque Tecnológico de Álava, a los empresarios Jon Iñaki Echaburu, Francesc Fernández Joval o Jesús Arruti;a los exaltos cargos del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles o Gurutz Larrañaga, o al exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan.
Delitos. Las acusaciones abarcan delitos como los de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales.
http://www.noticiasdealava.com/2018/01/08/politica/caso-de-miguel-ocho-anos-para-un-juicio-mediatico
¡Y para sanidad, para educación, para dependencia! Voy de cachondeo por supuesto. Aquí también hemos notado muy sutilmente todo hay que decirlo...los recortes.
'Caso De Miguel', el mayor escándalo de corrupción a la vasca: Todos contra el fiscal Izaguirre
Liderados por Gonzalo Susaeta, los abogados de los imputados por corrupción se han centrado en la primera semana del macroproceso por el escándalo que salpica al PNV en desacreditar la investigación y la acusación de la Fiscalía
Iker Rioja Andueza
13/01/2018 - 22:34h
El fiscal Josu Izaguirre, a su llegada a la primera sesión del juicio NURIA GONZÁLEZ
1 ¿Quién es quién en el 'caso De Miguel'?
De izquierda a derecha, Ainhoa Bilbao, Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González NURIA GONZÁLEZ
Las vistas, que está previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre -aunque el calendario ya se ha modificado dos veces en solamente tres días-, arrancaron el pasado lunes en medio de una gran expectación. De Miguel, que se enfrenta a más de 54 años de cárcel por la presunta comisión de 21 delitos de corrupción, reapareció muchos años después. Lo hizo tranquilo y sin que en él se aprecie el paso del tiempo como sí les ocurre a otros protagonistas del caso. El hombre llamado a todo en el PNV alavés hasta su arresto en marzo de 2010, de momento, no ha tomado la palabra. Y si se acepta la petición unánime de los acusados de no declarar hasta el final del juicio, pasarán muchos meses sin conocer su versión de todo de lo que se le acusa.
El "brillante" Susaeta
Quien sí ha tenido todo el protagonismo ha sido su letrado, Gonzalo Susaeta, del bufete de Cuatrecasas y con no pocos premios y distinciones en su currículum vítae. "Brillante" ha sido el adjetivo más repetido por sus colegas togados para calificar su exposición en la jornada de apertura, en la que sentó las bases de la estrategia de defensa del grueso de los imputados. Y es una estrategia que busca anular de la 'a' a la 'z' la acusación del fiscal y, específicamente, su prueba original y fundamental: las 24 grabaciones que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi le entregó en 2009 y que prueban la exigencia de comisiones tras la adjudicación de contratos. Esta línea argumental, sin embargo, parte con el hándicap de que muchas de las demandas ya fueron desestimadas hace dos años cuando dos de los tres jueces del actual tribunal, Elena Cabero y Jaime Tapia, desecharon los recursos de los letrados contra la investigación completada por el juez de instrucción Roberto Ramos.
De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados NURIA GONZÁLEZ
La solicitud de anulación de las grabaciones de Alberdi se fundamenta en que, aparentemente, no son audibles, en que están manipuladas y en que no se respetó la cadena de custodia durante su incorporación a la causa. Los acusados siempre han defendido que nunca han cometido los delitos de los que se les acusa, pero por si acaso no quieren que en el juicio se escuche al constructor Jon Iñaki Echaburu, afiliado de base del PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, referirse al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal" o a Tellería recordando que "d e un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda; es así, porque si no lo tenemos jodido".
Susaeta no lo incorporó en su primer alegato pero sí logró que un colega, Ferran Marsol, mencionara como ejemplo que seguir la anulación completa del 'caso Guateque' en Madrid al considerarse irregulares unas grabaciones. Las defensas no citaron, eso sí, que en Madrid fue la Policía quien instó de tapadillo a grabar una conversación y que luego la utilizó sin explicar su origen, mientras que aquí fue Alberdi quien actuó 'motu proprio' y luego la Ertzaintza se limitó a realizar una transcripción oficial de los audios. Izaguirre, además, ya ha anunciado que llevará al juicio a un ertzaina que certificará que no se rompió la cadena de custodia.
Ante ese escenario, algunos togados han querido 'prevenir' al tribunal de que Izaguirre manipulará a los comparecientes a su favor. Fue el conocido penalista Javier Beramendi quien concretamente alegó que el ministerio público "atacará las líneas de defensa con testigos que no son neutrales". No fue la única acusación grave. La letrada del constructor Prudencio Hierro, María José Tapia, desea también anular un testimonio clave que probaría que este empresario afín a De Miguel costeó la reforma de la vivienda del político en Gorliz tras recibir una adjudicación. Y todo porque la Policía judicial habría obtenido información de manera "inconfesable" para probar estos hechos.
"Se están utilizando palabras muy gruesas", reconoció a este periódico en los pasillos de los juzgados de Vitoria uno de los letrados personados, sorprendido por la dureza de sus compañeros. Entretanto, nadie en la dirección de la Ertzaintza ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes adscritos al caso.
A vueltas con la "asociación ilícita"
El delito de "asociación ilícita" es una de las solicitudes del fiscal, que entiende que los acusados actuaron como una trama organizada para cometer las irregularidades. Según las defensas, asemeja a estos imputados, siquiera conceptualmente, con los integrantes de una banda armada. Sostienen que no hay base para procesar a los acusados como miembros -o colaboradores- de esta supuesta organización porque durante la fase de instrucción nunca figuró este tipo penal entre los delitos investigados y porque en los interrogatorios previos tampoco se incidió en ello. Ello supondría -según su interpretación- que esa hipotética acusación estaría ya prescrita, porque el grupo cesó en 2010 con las detenciones de los primeros imputados en el 'caso De Miguel'.
En la misma línea, las partes consideran también que el caso original se ceñía al presunto pago de comisiones en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano y que ahora se convertido en una "causa general" contra todo el entorno de De Miguel. En efecto, Miñano sólo es ahora una de las doce subtramas que se ventilan en el juicio, pero la Audiencia ya avisó a los encausados de que no había nada de irregular en ello. " El hecho de que siguieran apareciendo datos e indicios que pudieran ser objeto de investigación no quiere decir que se estuviera haciendo una investigación prospectiva generalizada como alegan las partes, sino que se continuaba como dice el Ministerio Fiscal una línea de investigación, toda ella relacionada con los datos indiciarios que motivaron su apertura", argumentó el tribunal en los trámites previos al juicio en una resolución en la que también descartaba que las grabaciones fuesen irregulares.
Los imputados, en cambio, mantienen la esperanza de que el juicio quede suspendido por la "falta de garantías". "Esto se puede caer como un castillo de naipes. Tengo esa sensación", confesaba el abogado de un excargo público de los sentados en el banquillo. "Es en el plenario donde se tienen que resolver esas cuestiones y no en los recursos escritos. Siempre tiene la opción el tribunal de volverse para atrás", comenta otro defensor, que subraya que "se han planteado cuestiones muy serias" y, sobre todo, con base en "jurisprudencia muy reciente".
Dada la "cantidad y calidad" de las alegaciones de las partes, Izaguirre pidió suspender el juicio hasta este jueves para poder ofrecer una respuesta completa. Sólo Susaeta amagó con protestar porque vio excesivo el plazo y sugirió que el fin de semana también puede ser tiempo de trabajo para acelerar los trámites. El tribunal, en cambio, vio razonable la petición porque no retrasará los plazos fijados.
El papel de Aitor Abecia y Miren Azkarate
En la vista del jueves, bromeaba el letrado Carlos Chacón, representante de Ochandiano y de su esposa, que le era indiferente si se acordaba que los imputados declarasen al principio y al final del proceso porque él "confiaba" en que con la nulidad nunca tengan que hacerlo. Pero, si finalmente hay juicio, ¿qué pasará? ¿Qué línea seguirán los imputados sobre el fondo del asunto después de poner casi todos los huevos en la cesta de las cuestiones formales?
La acusación contará con el testimonio de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que se ratificará en sus denuncias como ya lo ha hecho varias veces en estos años. También comparecerán personas de su entorno que avalarán su versión. Y muchos otros testigos -se esperan 150 comparecencias en conjunto-. ¿Cómo justificará De Miguel que controlara varias sociedades mercantiles sin apenas actividad y con importantes ingresos? ¿Romperá alguien el silencio generalizado para mejorar su posición a cambio de colaborar?
Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, NURIA GONZÁLEZ
Pocos imputados han incidido estos días en cuestiones de fondo para tratar de evitar una condena. Una de las que sí lo ha hecho es la alcaldesa de Zambrana cuando en 2005 se puso en marcha el proyecto de polígono industrial, María Justina Angulo, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel. Fue ella quien contactó en un primer momento con De Miguel -nunca lo ha negado- y éste quien buscó un intermediario, Iosu Arruti, para captar inversiones para un proyecto estimado en 65 millones de euros. Pero el convenio con esos inversores -a los que se acusa de abonar comisiones a De Miguel y Arruti- llegó cuando Angulo abandonó la Alcaldía, en 2008, y durante el juicio insistirán en que el entonces regidor, Aitor Abecia, que sigue en el cargo, ofrezca también explicaciones.
Asimismo, han pedido que se incorpore como prueba un documento que muestra que el anónimo sobre Zambrana y los vínculos con la trama no fue tal, sino obra también del propio Abecia, como confesó él mismo en redes sociales. Desde el entorno de la imputada no ven sostenible la imputación: ¿por qué no están en el banquillo los regidores de las localidades de Zigoitia y Lapuebla que adjudicaron contratos a la trama por los que luego se abonaron comisiones del 4%?
También fue llamativo el sutil cruce que protagonizaron los defensores de Gurutz Larrañaga, Miguel Alonso, y Xabier Sánchez Robles, Javier Beramendi, en la sesión del martes. Ambos están encausados por la veintena de contratos 'a dedo' que beneficiaron a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, empresas del entorno de De Miguel. Larrañaga era el viceconsejero y quien tenía firma en esos documentos, mientras que Sánchez Robles, como director de Juventud, era el interlocutor con De Miguel y su socio y exedil en Leioa, Iñaki San Juan, que llegó a reconocer en un correo electrónico que "Xabier" no podía "meter un duro" más para pagar al que fuera portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro. San Juan, en otro 'email', también se lamentaba de que el PNV saliera del Gobierno vasco en 2009, como así ocurrió, porque Errexal perdería "un cliente".
Correo electrónico enviado por Iñaki San Juan a la cuenta oficial de la Diputación de Alfredo de Miguel sobre la situación de la empresa ELDIARIONORTE.ES
Alonso llegó a decir que Larrañaga tuteleba cuatro direcciones y que sólo ha habido "problemas" con una, la de Juventud. Y remarcó que quien "proponía" esas contrataciones a las empresas investigadas era Sánchez Robles. Como respuesta, Beramendi replicó que citará a la superior de ambos, a la exconsejera de Cultura Miren Azkarate con el ánimo que explique las funciones de cada uno de los miembros de su equipo " por si otros que están en el medio no han oído nada", en velada referencia a Larrañaga. La aludida, ahora edil en San Sebastián, ya ha recogido el guante.
Con estos mimbres, este macroproceso encarará después del jueves una fase de parón hasta que, según el calendario previsto y si no se concede la nulidad a los imputados, el 19 arranquen las testificales. En paralelo, en Bizkaia se celebrará en marzo el juicio del 'caso Margüello' -6,8 millones en externalizaciones presuntamente irregulares en la Sanidad vasca- mientras en Gipuzkoa continúan los trámites - el último una orden internacional de busca y captura- para celebrar la vista del 'caso Balenciaga' -el saqueo del museo dedicado al vasco internacional y genio de la moda-. El portavoz del PNV en las Cortes Generales, preguntado por el juicio de Vitoria, remarcó que se trata de "actuaciones individuales" y no de un problema estructural del partido.
Las doce ramas del 'caso De Miguel'
Liderados por Gonzalo Susaeta, los abogados de los imputados por corrupción se han centrado en la primera semana del macroproceso por el escándalo que salpica al PNV en desacreditar la investigación y la acusación de la Fiscalía
Iker Rioja Andueza
13/01/2018 - 22:34h
El fiscal Josu Izaguirre, a su llegada a la primera sesión del juicio NURIA GONZÁLEZ
1 ¿Quién es quién en el 'caso De Miguel'?
- ETIQUETAS: corrupción, PNV,caso de Miguel, Aitor Tellería,Koldo Ochandiano, Josu Izaguirre,Roberto Ramos, Ainhoa Alberdi,Zambrana, Euskadi, miguel alonso belza, javier beramendi, jesús urraza, gonzalo susaeta, ibon gainza, arantxa isasmendi, iosu arruti, jesús arruti, Raúl Aztiria,Jaime Tapia, Elena Cabero, Ferran masol, Cristóbal Martell, Xabier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Ertzaintza, maría josé tapia
De izquierda a derecha, Ainhoa Bilbao, Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González NURIA GONZÁLEZ
Las vistas, que está previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre -aunque el calendario ya se ha modificado dos veces en solamente tres días-, arrancaron el pasado lunes en medio de una gran expectación. De Miguel, que se enfrenta a más de 54 años de cárcel por la presunta comisión de 21 delitos de corrupción, reapareció muchos años después. Lo hizo tranquilo y sin que en él se aprecie el paso del tiempo como sí les ocurre a otros protagonistas del caso. El hombre llamado a todo en el PNV alavés hasta su arresto en marzo de 2010, de momento, no ha tomado la palabra. Y si se acepta la petición unánime de los acusados de no declarar hasta el final del juicio, pasarán muchos meses sin conocer su versión de todo de lo que se le acusa.
El "brillante" Susaeta
Quien sí ha tenido todo el protagonismo ha sido su letrado, Gonzalo Susaeta, del bufete de Cuatrecasas y con no pocos premios y distinciones en su currículum vítae. "Brillante" ha sido el adjetivo más repetido por sus colegas togados para calificar su exposición en la jornada de apertura, en la que sentó las bases de la estrategia de defensa del grueso de los imputados. Y es una estrategia que busca anular de la 'a' a la 'z' la acusación del fiscal y, específicamente, su prueba original y fundamental: las 24 grabaciones que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi le entregó en 2009 y que prueban la exigencia de comisiones tras la adjudicación de contratos. Esta línea argumental, sin embargo, parte con el hándicap de que muchas de las demandas ya fueron desestimadas hace dos años cuando dos de los tres jueces del actual tribunal, Elena Cabero y Jaime Tapia, desecharon los recursos de los letrados contra la investigación completada por el juez de instrucción Roberto Ramos.
De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados NURIA GONZÁLEZ
La solicitud de anulación de las grabaciones de Alberdi se fundamenta en que, aparentemente, no son audibles, en que están manipuladas y en que no se respetó la cadena de custodia durante su incorporación a la causa. Los acusados siempre han defendido que nunca han cometido los delitos de los que se les acusa, pero por si acaso no quieren que en el juicio se escuche al constructor Jon Iñaki Echaburu, afiliado de base del PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, referirse al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal" o a Tellería recordando que "d e un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda; es así, porque si no lo tenemos jodido".
Susaeta no lo incorporó en su primer alegato pero sí logró que un colega, Ferran Marsol, mencionara como ejemplo que seguir la anulación completa del 'caso Guateque' en Madrid al considerarse irregulares unas grabaciones. Las defensas no citaron, eso sí, que en Madrid fue la Policía quien instó de tapadillo a grabar una conversación y que luego la utilizó sin explicar su origen, mientras que aquí fue Alberdi quien actuó 'motu proprio' y luego la Ertzaintza se limitó a realizar una transcripción oficial de los audios. Izaguirre, además, ya ha anunciado que llevará al juicio a un ertzaina que certificará que no se rompió la cadena de custodia.
Ante ese escenario, algunos togados han querido 'prevenir' al tribunal de que Izaguirre manipulará a los comparecientes a su favor. Fue el conocido penalista Javier Beramendi quien concretamente alegó que el ministerio público "atacará las líneas de defensa con testigos que no son neutrales". No fue la única acusación grave. La letrada del constructor Prudencio Hierro, María José Tapia, desea también anular un testimonio clave que probaría que este empresario afín a De Miguel costeó la reforma de la vivienda del político en Gorliz tras recibir una adjudicación. Y todo porque la Policía judicial habría obtenido información de manera "inconfesable" para probar estos hechos.
"Se están utilizando palabras muy gruesas", reconoció a este periódico en los pasillos de los juzgados de Vitoria uno de los letrados personados, sorprendido por la dureza de sus compañeros. Entretanto, nadie en la dirección de la Ertzaintza ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes adscritos al caso.
A vueltas con la "asociación ilícita"
El delito de "asociación ilícita" es una de las solicitudes del fiscal, que entiende que los acusados actuaron como una trama organizada para cometer las irregularidades. Según las defensas, asemeja a estos imputados, siquiera conceptualmente, con los integrantes de una banda armada. Sostienen que no hay base para procesar a los acusados como miembros -o colaboradores- de esta supuesta organización porque durante la fase de instrucción nunca figuró este tipo penal entre los delitos investigados y porque en los interrogatorios previos tampoco se incidió en ello. Ello supondría -según su interpretación- que esa hipotética acusación estaría ya prescrita, porque el grupo cesó en 2010 con las detenciones de los primeros imputados en el 'caso De Miguel'.
En la misma línea, las partes consideran también que el caso original se ceñía al presunto pago de comisiones en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano y que ahora se convertido en una "causa general" contra todo el entorno de De Miguel. En efecto, Miñano sólo es ahora una de las doce subtramas que se ventilan en el juicio, pero la Audiencia ya avisó a los encausados de que no había nada de irregular en ello. " El hecho de que siguieran apareciendo datos e indicios que pudieran ser objeto de investigación no quiere decir que se estuviera haciendo una investigación prospectiva generalizada como alegan las partes, sino que se continuaba como dice el Ministerio Fiscal una línea de investigación, toda ella relacionada con los datos indiciarios que motivaron su apertura", argumentó el tribunal en los trámites previos al juicio en una resolución en la que también descartaba que las grabaciones fuesen irregulares.
Los imputados, en cambio, mantienen la esperanza de que el juicio quede suspendido por la "falta de garantías". "Esto se puede caer como un castillo de naipes. Tengo esa sensación", confesaba el abogado de un excargo público de los sentados en el banquillo. "Es en el plenario donde se tienen que resolver esas cuestiones y no en los recursos escritos. Siempre tiene la opción el tribunal de volverse para atrás", comenta otro defensor, que subraya que "se han planteado cuestiones muy serias" y, sobre todo, con base en "jurisprudencia muy reciente".
Dada la "cantidad y calidad" de las alegaciones de las partes, Izaguirre pidió suspender el juicio hasta este jueves para poder ofrecer una respuesta completa. Sólo Susaeta amagó con protestar porque vio excesivo el plazo y sugirió que el fin de semana también puede ser tiempo de trabajo para acelerar los trámites. El tribunal, en cambio, vio razonable la petición porque no retrasará los plazos fijados.
El papel de Aitor Abecia y Miren Azkarate
En la vista del jueves, bromeaba el letrado Carlos Chacón, representante de Ochandiano y de su esposa, que le era indiferente si se acordaba que los imputados declarasen al principio y al final del proceso porque él "confiaba" en que con la nulidad nunca tengan que hacerlo. Pero, si finalmente hay juicio, ¿qué pasará? ¿Qué línea seguirán los imputados sobre el fondo del asunto después de poner casi todos los huevos en la cesta de las cuestiones formales?
La acusación contará con el testimonio de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que se ratificará en sus denuncias como ya lo ha hecho varias veces en estos años. También comparecerán personas de su entorno que avalarán su versión. Y muchos otros testigos -se esperan 150 comparecencias en conjunto-. ¿Cómo justificará De Miguel que controlara varias sociedades mercantiles sin apenas actividad y con importantes ingresos? ¿Romperá alguien el silencio generalizado para mejorar su posición a cambio de colaborar?
Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, NURIA GONZÁLEZ
Pocos imputados han incidido estos días en cuestiones de fondo para tratar de evitar una condena. Una de las que sí lo ha hecho es la alcaldesa de Zambrana cuando en 2005 se puso en marcha el proyecto de polígono industrial, María Justina Angulo, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel. Fue ella quien contactó en un primer momento con De Miguel -nunca lo ha negado- y éste quien buscó un intermediario, Iosu Arruti, para captar inversiones para un proyecto estimado en 65 millones de euros. Pero el convenio con esos inversores -a los que se acusa de abonar comisiones a De Miguel y Arruti- llegó cuando Angulo abandonó la Alcaldía, en 2008, y durante el juicio insistirán en que el entonces regidor, Aitor Abecia, que sigue en el cargo, ofrezca también explicaciones.
Asimismo, han pedido que se incorpore como prueba un documento que muestra que el anónimo sobre Zambrana y los vínculos con la trama no fue tal, sino obra también del propio Abecia, como confesó él mismo en redes sociales. Desde el entorno de la imputada no ven sostenible la imputación: ¿por qué no están en el banquillo los regidores de las localidades de Zigoitia y Lapuebla que adjudicaron contratos a la trama por los que luego se abonaron comisiones del 4%?
También fue llamativo el sutil cruce que protagonizaron los defensores de Gurutz Larrañaga, Miguel Alonso, y Xabier Sánchez Robles, Javier Beramendi, en la sesión del martes. Ambos están encausados por la veintena de contratos 'a dedo' que beneficiaron a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, empresas del entorno de De Miguel. Larrañaga era el viceconsejero y quien tenía firma en esos documentos, mientras que Sánchez Robles, como director de Juventud, era el interlocutor con De Miguel y su socio y exedil en Leioa, Iñaki San Juan, que llegó a reconocer en un correo electrónico que "Xabier" no podía "meter un duro" más para pagar al que fuera portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro. San Juan, en otro 'email', también se lamentaba de que el PNV saliera del Gobierno vasco en 2009, como así ocurrió, porque Errexal perdería "un cliente".
Correo electrónico enviado por Iñaki San Juan a la cuenta oficial de la Diputación de Alfredo de Miguel sobre la situación de la empresa ELDIARIONORTE.ES
Alonso llegó a decir que Larrañaga tuteleba cuatro direcciones y que sólo ha habido "problemas" con una, la de Juventud. Y remarcó que quien "proponía" esas contrataciones a las empresas investigadas era Sánchez Robles. Como respuesta, Beramendi replicó que citará a la superior de ambos, a la exconsejera de Cultura Miren Azkarate con el ánimo que explique las funciones de cada uno de los miembros de su equipo " por si otros que están en el medio no han oído nada", en velada referencia a Larrañaga. La aludida, ahora edil en San Sebastián, ya ha recogido el guante.
Con estos mimbres, este macroproceso encarará después del jueves una fase de parón hasta que, según el calendario previsto y si no se concede la nulidad a los imputados, el 19 arranquen las testificales. En paralelo, en Bizkaia se celebrará en marzo el juicio del 'caso Margüello' -6,8 millones en externalizaciones presuntamente irregulares en la Sanidad vasca- mientras en Gipuzkoa continúan los trámites - el último una orden internacional de busca y captura- para celebrar la vista del 'caso Balenciaga' -el saqueo del museo dedicado al vasco internacional y genio de la moda-. El portavoz del PNV en las Cortes Generales, preguntado por el juicio de Vitoria, remarcó que se trata de "actuaciones individuales" y no de un problema estructural del partido.
Las doce ramas del 'caso De Miguel'
- Miñano, el origen. Ainhoa Alberdi denuncia que Alfredo de Miguel y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la extorsionaron para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros luego de que su empresa, Urbanorma Consulting, resultase adjudicataria del contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
- Stoa. Otro contrato de Miñano presuntamente amañado para favorecer al entorno de empresas de De Miguel, en este caso al estudio de arquitectura de su amigo Sergio Fernández Oleaga.
- Contratos 'a dedo' desde Juventud. Las empresas de De Miguel, principalmente Errexal, recibieron más de una decena de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. No consta que se realizaran.
- Contratos con las cuadrillas. Errexal nace, precisamente, cuando Juventud ofrece una subvención a las cuadrillas de Álava para que elaboren sus planes juveniles. En unos pocos días, esa subvención se canaliza y todas las cuadrillas contratan a la empresa recién creada y sin experiencia, que se lleva 90.000 euros.
- Contratos 'a dedo' desde la Diputación. De Miguel, siendo diputado en Álava, realizó contrataciones 'a dedo' desde el Ejecutivo foral que beneficiaron a las empresas que él controlaba, aunque estaban a nombre de testaferros.
- La casa de Górliz pagada por un empresario. El constructor Prudencio Hierro -para el cual se habían manipulado concursos públicos- corrió a cargo de una reforma en la casa de la familia de la esposa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). La Fiscalía sostiene que esos 45.000 euros fueron una comisión.
- Comisiones del 4%. Un informe de la Ertzaintza en 2011 puso de manifiesto cómo la trama de De Miguel recaudó una cantidad equivalente al 4% de dos contratos adjudicados a un empresario afín en instituciones locales de Álava gobernadas por el PNV.
- Recalificación de Zambrana (I). En 2005, se planteó en Zambrana una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con De Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario.
- Recalificación de Zambrana (II). Arruti 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría.
- Recalificación en Fruniz (Bizkaia). Muchos de los imputados adquirieron en parte con fondos abonados por empresarios (presuntas comisiones) un solar rústico en Fruniz en el que De Miguel tenía expectativas de recalificación.
- Delitos fiscales. La Fiscalía y la Diputación de Bizkaia sostienen que Sidepur, la empresa que utilizó Arruti para operar en Zambrana, cometió varias irregularidades ante el fisco.
- Asociación ilícita. Según el ministerio fiscal, el hilo conductor de todas las operaciones es la existencia de una trama encabezada por De Miguel. El expolítico se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel, 15 de cumplimiento efectivo.
"No reclaman comisiones en un callejón oscuro, sino sin ningún tipo de vergüenza desde un correo oficial"
El fiscal del 'caso De Miguel', Josu Izaguirre, pone de manifiesto que los exdirigentes del PNV de Álava acusados de cobrar comisiones se encontraban "amparados por todo el 'establishment'"
Iker Rioja Andueza
18/01/2018 - 13:02h
El fiscal Josu Izaguirre NURIA GONZÁLEZ
1 ¿Qué es el 'caso De Miguel'?
"Esta persona tiene el poder, la inconsciencia o la desvergüenza, que cada uno lo califique como quiera, de poder reclamar estas comisiones no en un callejón oscuro, no a través de intermediarios, sino remitiendo correos electrónicos desde una dirección oficial de la Diputación foral de Álava, reclamando sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas para que se le paguen. Y no es una persona aislada. No es un calentón. Se encuentra amparado todo el 'establishment'", ha proclamado Izaguirre en la que es ya la cuarta sesión de este macroproceso que, en principio, se prolongará hasta octubre.
Correo desde la cuenta oficial de Alfredo de Miguel sobre el supuesto cobro de comisionesELDIARIONORTE.ES
Izaguirre ha querido leer en la vista pública parte de la denuncia original que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi interpuso en el despacho de Izaguirre en diciembre de 2009, testimonio que ha ratificado en varias ocasiones y que previsiblemente repetirá próximamente en el juicio. Alberdi era socia del constructor Jon Iñaki Echaburu -contratista habitual del Gobierno vasco afiliado al PNV- en Urbanorma Consulting y adquirió en su día la totalidad de la sociedad, que había recibido 'a dedo' el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano (Álava), una sociedad pública.
Extracto de la denuncia de Ainhoa Alberdi ELDIARIONORTE.ES
Alberdi refirió que De Miguel y otro dirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la estaban extorsionando a ella y a su padre para cobrarle una comisión de 100.000 euros en Miñano, ha explicado el fiscal. Aportó 24 grabaciones en las que se alude al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal" y también correos enviados por el político desde su cuenta oficial de la Diputación con frases como "¿cuánto para este año y cuánto para el siguiente?". A partir de ahí, ha recordado Izaguirre, se inició una investigación que destapó una red muy compleja en la que la exigencia de comisiones, presuntamente, se habría repetido en otros escenarios a cambio de "contratos muy sustanciosos". "De Miguel estaba en todas partes", ha sintetizado el fiscal para justificar los 54 años de cárcel que solicita para él por la presunta comisión de hasta 21 delitos relacionados con la corrupción.
En este sentido, Izaguirre ha querido subrayar que Alberdi, antes de acudir a la Justicia, se dirigió al presidente de la red de parques tecnológicos y alto cargo del Gobierno vasco Julián Sánchez Alegría. "La sorpresa es que el señor Sánchez Alegría, en vez de proceder a poner una denuncia, que es lo que tenía obligación, lo que hace es contarle a De Miguel 'sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero por favor, sé más discreto'", ha relatado el titular del ministerio público.
Izaguirre ha rechazado de plano la petición de las defensas para anular esas grabaciones aportadas por Alberdi. Ha defendido que no están recortadas ni manipuladas y ha asegurado que la cadena de custodia se respetó en todo momento. Asimismo, se ha referido a la comparación que las defensas hicieron con el 'caso Guateque' de Madrid, que quedó archivado por irregularidades en las grabaciones, y ha recordado que no tiene nada que ver con lo ocurrido aquí porque en Madrid fue la Guardia Civil quien instó a un testigo a forzar unas escuchas. Izaguirre ha ironizado que sería mucho más interesante tener en cuenta como jurisprudencia la reciente sentencia del 'caso Palau', por la cual excargos de Convergència han sido condenados por el cobro de comisiones ilegales.
Igualmente, ha recordado que la supuesta anulación de estas pruebas no supondría la suspensión del juicio y el decaimiento de la totalidad de las acusaciones. "Aunque se anulasen, seguiría el testimonio [de Alberdi], seguiría Zambrana [el fallido pelotazo urbanístico de 65 millones de euros], seguiría Gorliz, seguiría Fruniz, seguiría la asociación ilícita, los correos del señor De Miguel con el pago de comisiones, … No se puede anular la totalidad del sumario", ha enumerado el fiscal.
Izaguirre ha querido detenerse también en la demanda de uno de los imputados, el constructor Prudencio Hierro, de que no se autorice un testimonio que probaría que Hierro corrió a cargo de la reforma de la casa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia) luego de que se beneficiara de un contrato público teledirigido. Según la letrada del empresario imputado, la Ertzaintza obtuvo las pruebas de manera "inconfesable". El fiscal, en cambio, ha roto una lanza a favor de los agentes adscritos al caso, algo que no ha hecho ningún responsable político de la Policía vasca. "La unidad de delitos económicos de la Ertzaintza ha hecho un trabajo impecable con escasez de medios y sometida a muchas presiones. Algunas de las referencias a su trabajo son, como mínimo, injustas", ha asegurado el fiscal, quien también ha aplaudido la meticulosidad del juez instructor que dirigió todas las actuaciones, Roberto Ramos, quien nunca tuvo el refuerzo judicial que ahora sí ha sido concedido al tribunal que enjuicia estos hechos.
El fiscal ha ironizado que es normal que los imputados busquen anular algunas pruebas "demoledoras" como las relacionadas con la reforma de la casa de Gorliz y también con que no tiene sentido la alegación de que ese pago de Hierro a De Miguel no supuso un beneficio personal para el expolítico. "El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas….", ha soltado Izaguirre.
Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011NURIA GONZÁLEZ
En todo caso, el fiscal ha recordado que muchas de las peticiones jurídicas de las defensas ya habían sido formuladas en 2015, al finalizar la fase de instrucción, y que la propia Audiencia de Álava -en concreto dos de los tres jueces- ya las había rechazado. "A dichas cuestiones les afecta el principio de cosa juzgada si no material, sí formal. La sala ya ha resuelto sobre ellas. No deben a volver a ser resueltas. Es cierto que existe una jurisprudencia que dice que las cuestiones previas pueden volver a ser resueltas -e incluso en sentido contrario- pero sólo en aquellos supuestos en que se aporten nuevos elementos. Entendemos que en este acto la semana pasada no se ha aportado ningún elemento nuevo", ha zanjado Izaguirre.
El 'txoko' pantalla, "la aportación vasca a la historia de la corrupción"
El fiscal Josu Izaguirre ha destacado el papel de Kataia Consulting, sociedad sin apenas actividades, como eje de la trama creada por Alfredo de Miguel. Eran copropietarios otros dos compañeros de De Miguel en el Araba Buru Batzar del PNV, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, si bien estaba a nombre de las esposas de los tres, Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. El nombre Kataia, de hecho, se corresponde con las siglas de todos ellos: Koldo, Aitor, Txixto (el mote de De Miguel), Araceli, Iratxe y Ainhoa. La sede social de esta empresa pantalla era un 'txoko' del que De Miguel era socio y que estaba ubicado en el barrio de Ariznabarra de Vitoria. "Sólo en nuestra querida tierra la sede de un entramado corrupto podría estar en una sociedad gastronómica. Ésa es la aportación vasca a la historia de la corrupción", ha bromeado Izaguirre.
http://www.eldiario.es/norte/euskad...allejon-remitiendo-verguenza_0_730727068.html
El fiscal del 'caso De Miguel', Josu Izaguirre, pone de manifiesto que los exdirigentes del PNV de Álava acusados de cobrar comisiones se encontraban "amparados por todo el 'establishment'"
Iker Rioja Andueza
18/01/2018 - 13:02h
El fiscal Josu Izaguirre NURIA GONZÁLEZ
1 ¿Qué es el 'caso De Miguel'?
- ETIQUETAS: corrupción, PNV,caso de Miguel, Aitor Tellería,Koldo Ochandiano, Josu Izaguirre,Roberto Ramos, Ainhoa Alberdi,Zambrana, Euskadi, miguel alonso belza, javier beramendi, jesús urraza, gonzalo susaeta, ibon gainza, arantxa isasmendi, iosu arruti, jesús arruti, Raúl Aztiria,Jaime Tapia, Elena Cabero, Ferran masol, Cristóbal Martell, Xabier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Ertzaintza, maría josé tapia, nicolás guerrero, plàcid casas, francesc fernández joval,construcciones riera, riera urbanizer
"Esta persona tiene el poder, la inconsciencia o la desvergüenza, que cada uno lo califique como quiera, de poder reclamar estas comisiones no en un callejón oscuro, no a través de intermediarios, sino remitiendo correos electrónicos desde una dirección oficial de la Diputación foral de Álava, reclamando sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro cantidades concretas para que se le paguen. Y no es una persona aislada. No es un calentón. Se encuentra amparado todo el 'establishment'", ha proclamado Izaguirre en la que es ya la cuarta sesión de este macroproceso que, en principio, se prolongará hasta octubre.
Correo desde la cuenta oficial de Alfredo de Miguel sobre el supuesto cobro de comisionesELDIARIONORTE.ES
Izaguirre ha querido leer en la vista pública parte de la denuncia original que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi interpuso en el despacho de Izaguirre en diciembre de 2009, testimonio que ha ratificado en varias ocasiones y que previsiblemente repetirá próximamente en el juicio. Alberdi era socia del constructor Jon Iñaki Echaburu -contratista habitual del Gobierno vasco afiliado al PNV- en Urbanorma Consulting y adquirió en su día la totalidad de la sociedad, que había recibido 'a dedo' el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano (Álava), una sociedad pública.
Extracto de la denuncia de Ainhoa Alberdi ELDIARIONORTE.ES
Alberdi refirió que De Miguel y otro dirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la estaban extorsionando a ella y a su padre para cobrarle una comisión de 100.000 euros en Miñano, ha explicado el fiscal. Aportó 24 grabaciones en las que se alude al pago de comisiones como algo "dentro de lo normal" y también correos enviados por el político desde su cuenta oficial de la Diputación con frases como "¿cuánto para este año y cuánto para el siguiente?". A partir de ahí, ha recordado Izaguirre, se inició una investigación que destapó una red muy compleja en la que la exigencia de comisiones, presuntamente, se habría repetido en otros escenarios a cambio de "contratos muy sustanciosos". "De Miguel estaba en todas partes", ha sintetizado el fiscal para justificar los 54 años de cárcel que solicita para él por la presunta comisión de hasta 21 delitos relacionados con la corrupción.
En este sentido, Izaguirre ha querido subrayar que Alberdi, antes de acudir a la Justicia, se dirigió al presidente de la red de parques tecnológicos y alto cargo del Gobierno vasco Julián Sánchez Alegría. "La sorpresa es que el señor Sánchez Alegría, en vez de proceder a poner una denuncia, que es lo que tenía obligación, lo que hace es contarle a De Miguel 'sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero por favor, sé más discreto'", ha relatado el titular del ministerio público.
Izaguirre ha rechazado de plano la petición de las defensas para anular esas grabaciones aportadas por Alberdi. Ha defendido que no están recortadas ni manipuladas y ha asegurado que la cadena de custodia se respetó en todo momento. Asimismo, se ha referido a la comparación que las defensas hicieron con el 'caso Guateque' de Madrid, que quedó archivado por irregularidades en las grabaciones, y ha recordado que no tiene nada que ver con lo ocurrido aquí porque en Madrid fue la Guardia Civil quien instó a un testigo a forzar unas escuchas. Izaguirre ha ironizado que sería mucho más interesante tener en cuenta como jurisprudencia la reciente sentencia del 'caso Palau', por la cual excargos de Convergència han sido condenados por el cobro de comisiones ilegales.
Igualmente, ha recordado que la supuesta anulación de estas pruebas no supondría la suspensión del juicio y el decaimiento de la totalidad de las acusaciones. "Aunque se anulasen, seguiría el testimonio [de Alberdi], seguiría Zambrana [el fallido pelotazo urbanístico de 65 millones de euros], seguiría Gorliz, seguiría Fruniz, seguiría la asociación ilícita, los correos del señor De Miguel con el pago de comisiones, … No se puede anular la totalidad del sumario", ha enumerado el fiscal.
Izaguirre ha querido detenerse también en la demanda de uno de los imputados, el constructor Prudencio Hierro, de que no se autorice un testimonio que probaría que Hierro corrió a cargo de la reforma de la casa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia) luego de que se beneficiara de un contrato público teledirigido. Según la letrada del empresario imputado, la Ertzaintza obtuvo las pruebas de manera "inconfesable". El fiscal, en cambio, ha roto una lanza a favor de los agentes adscritos al caso, algo que no ha hecho ningún responsable político de la Policía vasca. "La unidad de delitos económicos de la Ertzaintza ha hecho un trabajo impecable con escasez de medios y sometida a muchas presiones. Algunas de las referencias a su trabajo son, como mínimo, injustas", ha asegurado el fiscal, quien también ha aplaudido la meticulosidad del juez instructor que dirigió todas las actuaciones, Roberto Ramos, quien nunca tuvo el refuerzo judicial que ahora sí ha sido concedido al tribunal que enjuicia estos hechos.
El fiscal ha ironizado que es normal que los imputados busquen anular algunas pruebas "demoledoras" como las relacionadas con la reforma de la casa de Gorliz y también con que no tiene sentido la alegación de que ese pago de Hierro a De Miguel no supuso un beneficio personal para el expolítico. "El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas….", ha soltado Izaguirre.
Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011NURIA GONZÁLEZ
En todo caso, el fiscal ha recordado que muchas de las peticiones jurídicas de las defensas ya habían sido formuladas en 2015, al finalizar la fase de instrucción, y que la propia Audiencia de Álava -en concreto dos de los tres jueces- ya las había rechazado. "A dichas cuestiones les afecta el principio de cosa juzgada si no material, sí formal. La sala ya ha resuelto sobre ellas. No deben a volver a ser resueltas. Es cierto que existe una jurisprudencia que dice que las cuestiones previas pueden volver a ser resueltas -e incluso en sentido contrario- pero sólo en aquellos supuestos en que se aporten nuevos elementos. Entendemos que en este acto la semana pasada no se ha aportado ningún elemento nuevo", ha zanjado Izaguirre.
El 'txoko' pantalla, "la aportación vasca a la historia de la corrupción"
El fiscal Josu Izaguirre ha destacado el papel de Kataia Consulting, sociedad sin apenas actividades, como eje de la trama creada por Alfredo de Miguel. Eran copropietarios otros dos compañeros de De Miguel en el Araba Buru Batzar del PNV, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, si bien estaba a nombre de las esposas de los tres, Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. El nombre Kataia, de hecho, se corresponde con las siglas de todos ellos: Koldo, Aitor, Txixto (el mote de De Miguel), Araceli, Iratxe y Ainhoa. La sede social de esta empresa pantalla era un 'txoko' del que De Miguel era socio y que estaba ubicado en el barrio de Ariznabarra de Vitoria. "Sólo en nuestra querida tierra la sede de un entramado corrupto podría estar en una sociedad gastronómica. Ésa es la aportación vasca a la historia de la corrupción", ha bromeado Izaguirre.
http://www.eldiario.es/norte/euskad...allejon-remitiendo-verguenza_0_730727068.html
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EFE/Archivo
Rivera al PNV: ‘supremacistas’ a los que se les van a acabar los “chanchullos”
Rivera avisa a “los chicos de Sabino Arana” que si gana las elecciones se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” que les ha dado Rajoy
ELPLURAL.COM/EFE
Jue, 15 Feb 2018
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido con dureza a las críticas del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien aseguró que el líder de la formación naranja quiere parecerse a Macron pero se parece a Berlusconi. La respuesta de Rivera ha sido acusar a los nacionalistas vascos de "supremacistas" y avisa a “los chicos de Sabino Arana”, de que si gana las próximas elecciones, se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” negociado con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Rivera hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso, en respuesta a las declaraciones de Ortuzar, quien comparó al líder de Ciudadanos con el expresidente italiano Silvio Berlusconi por su “populismo feroz” afirmando que “el mayor problema que tiene hoy en día la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos".
Ver imagen en Twitter
Albert Rivera
✔@Albert_Rivera
Los de Sabino Arana y del #cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es @CiudadanosCs. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas. https://cronicaglobal.elespanol.com/en-voz-baja/pnv-contra-ciudadanos_121268_102.html …
Si gana acabarán "los chanchullos que han hecho con Rajoy"
Rivera ha achacado las críticas del PNV a que está “preocupado” porque sabe que si Ciudadanos gana las elecciones, “los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy” no los van a volver a tener.
“Los chicos de Sabino Arana y del cuponazo no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad ni de solidaridad “, ha asegurado el líder de Ciudadanos, en declaraciones recogidas por EFE, y ha añadido: “Nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos, no solo par a unos pocos”.
Rivera ha subrayado que no supone “ninguna novedad” que el PNV no quiera que Ciudadanos gane los comicios, pero le ha advertido de que los españolestampoco quieren más nacionalismos, sino más igualdad, por lo que verán “con buenos ojos” el fin de los “privilegios” para Euskadi. Por tanto, “le damos las gracias al señor Ortuzar”, ha concluido.
Además, Rivera se ha ‘desquitado’ en su cuenta de Twitter donde escribía: “Los de Sabino Arana y del cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es Ciudadanos. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.
https://www.elplural.com/politica/2...tas-los-que-se-les-van-acabar-los-chanchullos
Una cosa es que se esté de acuerdo en el asunto económico del cupo, si debiera aportar más y otra muy diferente es cargarse el cupo.
Se ha criticado mucho el cupo vasco, (el navarro tan bueno o mejor que el vasco pasa desapercibido), pero ninguna autonomía ha querido intentar al menos conseguir lo mismo que las CCAA vasca y navarra. Si lo hubieran intentado y no lo hubieran conseguido sería lícito la queja y la denuncia, pero no es el caso.
En lo referente a Albert Rivera tan CONSTITUCIONALISTA que se cree él debería fijarse que el cupo está reconocido en la CE, y para conseguir lo que pretende debería tocarse esa Sacro Santa Constitución.
Eso por un lado, y por otro más vale que empiece a mirar lo que ocurre en su casa donde para estar en primera línea de salida hay que pagar desde 11.000 € hasta 18.000 €, es decir todo muy claro y cristalino, y es decir, quien tiene más dinero es quien tiene más posibilidades de chupar del bote al salir elegido en los primeros puestos de la lista de C's.
¿Es esa la forma que se tiene en C's para elegir a personas con actitud y aptitud para ocupar puestos de responsabilidad política para dirigir ayuntamientos, diputaciones, presidencias de CCAA? ¿El que más dinero tiene es el mejor preparado?
¡Chapeau Sr. Rivera!
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EFE/Archivo
Rivera al PNV: ‘supremacistas’ a los que se les van a acabar los “chanchullos”
Rivera avisa a “los chicos de Sabino Arana” que si gana las elecciones se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” que les ha dado Rajoy
ELPLURAL.COM/EFE
Jue, 15 Feb 2018
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido con dureza a las críticas del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien aseguró que el líder de la formación naranja quiere parecerse a Macron pero se parece a Berlusconi. La respuesta de Rivera ha sido acusar a los nacionalistas vascos de "supremacistas" y avisa a “los chicos de Sabino Arana”, de que si gana las próximas elecciones, se les acabarán “chanchullos” como el “cuponazo” negociado con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Rivera hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso, en respuesta a las declaraciones de Ortuzar, quien comparó al líder de Ciudadanos con el expresidente italiano Silvio Berlusconi por su “populismo feroz” afirmando que “el mayor problema que tiene hoy en día la política española es de color naranja y se llama Ciudadanos".
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Albert Rivera✔@Albert_Rivera
Los de Sabino Arana y del #cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es @CiudadanosCs. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas. https://cronicaglobal.elespanol.com/en-voz-baja/pnv-contra-ciudadanos_121268_102.html …
Si gana acabarán "los chanchullos que han hecho con Rajoy"
Rivera ha achacado las críticas del PNV a que está “preocupado” porque sabe que si Ciudadanos gana las elecciones, “los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy” no los van a volver a tener.
“Los chicos de Sabino Arana y del cuponazo no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad ni de solidaridad “, ha asegurado el líder de Ciudadanos, en declaraciones recogidas por EFE, y ha añadido: “Nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos, no solo par a unos pocos”.
Rivera ha subrayado que no supone “ninguna novedad” que el PNV no quiera que Ciudadanos gane los comicios, pero le ha advertido de que los españolestampoco quieren más nacionalismos, sino más igualdad, por lo que verán “con buenos ojos” el fin de los “privilegios” para Euskadi. Por tanto, “le damos las gracias al señor Ortuzar”, ha concluido.
Además, Rivera se ha ‘desquitado’ en su cuenta de Twitter donde escribía: “Los de Sabino Arana y del cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es Ciudadanos. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas”.
https://www.elplural.com/politica/2...tas-los-que-se-les-van-acabar-los-chanchullos
Una cosa es que se esté de acuerdo en el asunto económico del cupo, si debiera aportar más y otra muy diferente es cargarse el cupo.
Se ha criticado mucho el cupo vasco, (el navarro tan bueno o mejor que el vasco pasa desapercibido), pero ninguna autonomía ha querido intentar al menos conseguir lo mismo que las CCAA vasca y navarra. Si lo hubieran intentado y no lo hubieran conseguido sería lícito la queja y la denuncia, pero no es el caso.
En lo referente a Albert Rivera tan CONSTITUCIONALISTA que se cree él debería fijarse que el cupo está reconocido en la CE, y para conseguir lo que pretende debería tocarse esa Sacro Santa Constitución.
Eso por un lado, y por otro más vale que empiece a mirar lo que ocurre en su casa donde para estar en primera línea de salida hay que pagar desde 11.000 € hasta 18.000 €, es decir todo muy claro y cristalino, y es decir, quien tiene más dinero es quien tiene más posibilidades de chupar del bote al salir elegido en los primeros puestos de la lista de C's.
¿Es esa la forma que se tiene en C's para elegir a personas con actitud y aptitud para ocupar puestos de responsabilidad política para dirigir ayuntamientos, diputaciones, presidencias de CCAA? ¿El que más dinero tiene es el mejor preparado?
¡Chapeau Sr. Rivera!
Las haciendas vascas y navarra son cuatro, cada provincia la suya: Alava, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra.
Las cuatro haciendas recaudan los impuestos y luego pagan al Estado Español, o sea a Montoro por los servicios que dependen del Estado en estas comunidades.
El Gobierno Vasco, que agrupa y representa a las tres provincias vascas se compromete a pagar en los próximos años una cantidad negociada con el Estado (cupo) sin saber si van a recaudar más o menos. Después, si recaudan más, pues salen ganando, pero si recaudan menos, pues salen perdiendo y tendrán que estrujar los bolsillos de sus ciudadanos o reducir servicios dependientes del GV.
Es un riesgo, es como quien se lanza a poner una empresa y le sale bien o le sale mal.
Si fuese un chollo, todas las CCAA lo pedirían. A lo mejor sería una buena idea, que cada CA gestionase su propia hacienda.
Las cuatro haciendas recaudan los impuestos y luego pagan al Estado Español, o sea a Montoro por los servicios que dependen del Estado en estas comunidades.
El Gobierno Vasco, que agrupa y representa a las tres provincias vascas se compromete a pagar en los próximos años una cantidad negociada con el Estado (cupo) sin saber si van a recaudar más o menos. Después, si recaudan más, pues salen ganando, pero si recaudan menos, pues salen perdiendo y tendrán que estrujar los bolsillos de sus ciudadanos o reducir servicios dependientes del GV.
Es un riesgo, es como quien se lanza a poner una empresa y le sale bien o le sale mal.
Si fuese un chollo, todas las CCAA lo pedirían. A lo mejor sería una buena idea, que cada CA gestionase su propia hacienda.
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Efectivamente, venga criticar el Concierto Económico por mala fe, porque en el fondo las demás comunidades ven más comodo pedir dinero al papá Estado cuando se quedan sin fondos y asi se endeudan con el Estado. Pero en nombre de la "igualdad" y la "solidarisad", todos tienen que ser pobres y estar endeudados. Spain is different....