¿Corrupción en España o no?

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La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes
Tiene contratados a 17 a tiempo completo y a otros nueve a media jornada, la mayoría de ellos como servicios externos y con sueldos similares a los de los celadores y los licenciados en prácticas.


Imagen de archivo de EFE. Hospital de Zaragoza.

MÁS INFORMACIÓN

EDUARDO BAYONA

@e_bayona

ZARAGOZA .- La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros anuales en pagar los servicios de asistencia espiritual que prestan en sus hospitales 26 sacerdotes. Los 17 contratados a jornada completa cobraron en 2014 un salario medio de 14.673 euros brutos, mientras que los nueve empleados a tiempo parcial recibieron 8.387, según la información facilitada por el Gobierno autonómico al diputado de Podemos Carlos Gamarra.

Esos servicios, cuyo coste salarial resulta equiparable al de los celadores —15.637 en su categoría más baja— y al de los licenciados en su primer año de formación —15.526, guardias aparte, en el caso de los enfermeros—, le supusieron hace dos años a las arcas públicas una cuantía de 339.840 euros.




Los datos de la Consejería de Sanidad difieren, al alza, de los que recoge el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para el 2015: 13.086 euros brutos anuales —934 mensuales— en el caso de los capellanes a jornada completa y 6.622 -473 al mes- para los de dedicación parcial.

“Son salarios similares a los del personal sin titulación”, explicaron fuentes de CCOO, que llamaron la atención sobre el hecho de que la plantilla orgánica únicamente recoge tres puestos de capellán en toda la red hospitalaria de la comunidad: dos en Barbastro, que no están cubiertos, y otro en Zaragoza. El resto, explicaron, son contratados a través del capítulo II de los presupuestos; es decir, que no forman parte de la plantilla sino que formalmente serían servicios externos que contrata la sanidad pública.

Consecuencia de los Acuerdos Jurídicos de 1979
La contratación de los capellanes de los centros hospitalarios públicos se remonta al convenio que firmaron en 1985 en Gobierno central y la Conferencia Episcopal, y que desarrolla los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español.

Este adscribía a los curas —nombrados por el obispo del lugar— a la gerencia de los hospitales y que se obligaba a facilitarles “locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios” para prestar “el servicio de asistencia católica”.

Las administraciones podían optar entre adscribirlos a las plantillas o formalizar convenios con las diócesis, aunque debían respetar unos mínimos: un sacerdote a tiempo parcial hasta cien camas, uno con dedicación completa y otro incompleta entre cien y 250 plazas hospitalarias, dos y uno hasta las 500, tres con contrato completo entre esa cifra y 800 y “de tres a cinco capellanes a tiempo pleno” a partir de ese volumen.

Esos puestos de asistencia espiritual —14 a tiempo completo y siete de jornada parcial en Aragón— fueron transferidos junto con las plantillas de los hospitales a las comunidades autónomas. Después, entre 1998 y 2002, el Gobierno autonómico formalizó con tres obispados sendos convenios que ampliaban el acuerdo a otros seis centros, tres de ellos de salud mental.

Según recogen esos documentos, la diócesis de Teruel factura mensualmente los servicios de sus curas a la consejería, el de Zaragoza gestiona directamente el dinero que le llega vía transferencia y el de Huesca presenta un recibo. Fuentes de Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) mostraron su sorpresa ante esta situación.

La titularidad de la catedral de Jaca
Las investigaciones de esta asociación laicista han permitido conocer en los últimos meses cómo distintos obispados, como el de Zaragoza y el de Jaca, han inscrito a su nombre, por el procedimiento de la inmatriculación, varios templos entre los que se encuentran las catedrales de esas dos ciudades.

La anotación registral de la seo jaquesa hizo que las Cortes de Aragón aprobaran, a propuesta de Podemos, una resolución que insta al Gobierno autonómico a realizar los trámites posibles para revertir la inmatriculación y a investigar las realizadas por la iglesia católica en la comunidad desde la reforma de la Ley Hipotecaria que impulsó el Gobierno de Aznar en 1998.

El ejecutivo, sin embargo, considera que la anotación, efectuada en junio, se ajustó a la legalidad, por lo que descarta que pueda ser revocada mediante un proceso judicial, según señala un informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

Cultura pide dos informes sobre la titularidad de las iglesias
“Cabe entender que la inmatriculación fue conforme a derecho”, señala el dictamen, que, no obstante, sugiere estudiar si existen vías legales para declarar el templo espacio de dominio público. En este sentido, propone que la Consejería de Hacienda, como órgano competente sobre las propiedades “que sean o pudieran ser” de la comunidad, “resuelva sobre la cuestión de la titularidad pública de la catedral de Jaca y su posible consideración como bien de dominio público”, figura que la Ley de Patrimonio aragonesa permite aplicar a las propiedades autonómicas siempre que queden afectas “al uso general” o a un servicio.

También considera “necesario”, ante “la complejidad jurídica que la titularidad de este tipo de bienes plantea”, que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón emitan un informe “con el fin de aclarar de si la propiedad de la catedral de Jaca y otros bienes eclesiásticos es pública o de la lglesia, y de ser pública, qué Administración sería la titular, bajo qué régimen legal y desde cuándo”.

Cultura, que no tiene “constancia” de que el templo de Jaca “haya sido en algún momento un bien de dominio público adscrito” a sus competencias, anota que, antes de la inmatriculación, efectuó gestiones “estrictamente relacionadas con la protección cultural” y desarrolló “obras de restauración y conservación en la catedral por ser ésta un bien del patrimonio cultural aragonés”.

En cuanto al inventario de los bienes inmatriculados en Aragón en las últimas dos décadas, la Dirección General de Cultura y Patrimonio señala que también debe ser competencia de Hacienda, aunque se ofrece a colaborar “para recabar la información cultural necesaria o relevante sobre esos bienes, así como la información que sobre su propiedad pueda constar en sus expedientes de declaración como bienes de interés cultural, bienes catalogados o bienes inventariados del patrimonio cultural aragonés”.







 

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Corrupción en España???No,:LOL: que va:LOL::LOL::LOL:
Conocemos la mitad de la mitad, hay que esperar que los nuevos parlamentarios revisen los contratos del gobierno con paises y empresarios en obras públicas, como por ejemplo el AVE a la Maca. Trabajo tienen.
 
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La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes
Tiene contratados a 17 a tiempo completo y a otros nueve a media jornada, la mayoría de ellos como servicios externos y con sueldos similares a los de los celadores y los licenciados en prácticas.


Imagen de archivo de EFE. Hospital de Zaragoza.

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ZARAGOZA .- La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros anuales en pagar los servicios de asistencia espiritual que prestan en sus hospitales 26 sacerdotes. Los 17 contratados a jornada completa cobraron en 2014 un salario medio de 14.673 euros brutos, mientras que los nueve empleados a tiempo parcial recibieron 8.387, según la información facilitada por el Gobierno autonómico al diputado de Podemos Carlos Gamarra.

Esos servicios, cuyo coste salarial resulta equiparable al de los celadores —15.637 en su categoría más baja— y al de los licenciados en su primer año de formación —15.526, guardias aparte, en el caso de los enfermeros—, le supusieron hace dos años a las arcas públicas una cuantía de 339.840 euros.




Los datos de la Consejería de Sanidad difieren, al alza, de los que recoge el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para el 2015: 13.086 euros brutos anuales —934 mensuales— en el caso de los capellanes a jornada completa y 6.622 -473 al mes- para los de dedicación parcial.

“Son salarios similares a los del personal sin titulación”, explicaron fuentes de CCOO, que llamaron la atención sobre el hecho de que la plantilla orgánica únicamente recoge tres puestos de capellán en toda la red hospitalaria de la comunidad: dos en Barbastro, que no están cubiertos, y otro en Zaragoza. El resto, explicaron, son contratados a través del capítulo II de los presupuestos; es decir, que no forman parte de la plantilla sino que formalmente serían servicios externos que contrata la sanidad pública.

Consecuencia de los Acuerdos Jurídicos de 1979
La contratación de los capellanes de los centros hospitalarios públicos se remonta al convenio que firmaron en 1985 en Gobierno central y la Conferencia Episcopal, y que desarrolla los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español.

Este adscribía a los curas —nombrados por el obispo del lugar— a la gerencia de los hospitales y que se obligaba a facilitarles “locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios” para prestar “el servicio de asistencia católica”.

Las administraciones podían optar entre adscribirlos a las plantillas o formalizar convenios con las diócesis, aunque debían respetar unos mínimos: un sacerdote a tiempo parcial hasta cien camas, uno con dedicación completa y otro incompleta entre cien y 250 plazas hospitalarias, dos y uno hasta las 500, tres con contrato completo entre esa cifra y 800 y “de tres a cinco capellanes a tiempo pleno” a partir de ese volumen.

Esos puestos de asistencia espiritual —14 a tiempo completo y siete de jornada parcial en Aragón— fueron transferidos junto con las plantillas de los hospitales a las comunidades autónomas. Después, entre 1998 y 2002, el Gobierno autonómico formalizó con tres obispados sendos convenios que ampliaban el acuerdo a otros seis centros, tres de ellos de salud mental.

Según recogen esos documentos, la diócesis de Teruel factura mensualmente los servicios de sus curas a la consejería, el de Zaragoza gestiona directamente el dinero que le llega vía transferencia y el de Huesca presenta un recibo. Fuentes de Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) mostraron su sorpresa ante esta situación.

La titularidad de la catedral de Jaca
Las investigaciones de esta asociación laicista han permitido conocer en los últimos meses cómo distintos obispados, como el de Zaragoza y el de Jaca, han inscrito a su nombre, por el procedimiento de la inmatriculación, varios templos entre los que se encuentran las catedrales de esas dos ciudades.

La anotación registral de la seo jaquesa hizo que las Cortes de Aragón aprobaran, a propuesta de Podemos, una resolución que insta al Gobierno autonómico a realizar los trámites posibles para revertir la inmatriculación y a investigar las realizadas por la iglesia católica en la comunidad desde la reforma de la Ley Hipotecaria que impulsó el Gobierno de Aznar en 1998.

El ejecutivo, sin embargo, considera que la anotación, efectuada en junio, se ajustó a la legalidad, por lo que descarta que pueda ser revocada mediante un proceso judicial, según señala un informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

Cultura pide dos informes sobre la titularidad de las iglesias
“Cabe entender que la inmatriculación fue conforme a derecho”, señala el dictamen, que, no obstante, sugiere estudiar si existen vías legales para declarar el templo espacio de dominio público. En este sentido, propone que la Consejería de Hacienda, como órgano competente sobre las propiedades “que sean o pudieran ser” de la comunidad, “resuelva sobre la cuestión de la titularidad pública de la catedral de Jaca y su posible consideración como bien de dominio público”, figura que la Ley de Patrimonio aragonesa permite aplicar a las propiedades autonómicas siempre que queden afectas “al uso general” o a un servicio.

También considera “necesario”, ante “la complejidad jurídica que la titularidad de este tipo de bienes plantea”, que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón emitan un informe “con el fin de aclarar de si la propiedad de la catedral de Jaca y otros bienes eclesiásticos es pública o de la lglesia, y de ser pública, qué Administración sería la titular, bajo qué régimen legal y desde cuándo”.

Cultura, que no tiene “constancia” de que el templo de Jaca “haya sido en algún momento un bien de dominio público adscrito” a sus competencias, anota que, antes de la inmatriculación, efectuó gestiones “estrictamente relacionadas con la protección cultural” y desarrolló “obras de restauración y conservación en la catedral por ser ésta un bien del patrimonio cultural aragonés”.

En cuanto al inventario de los bienes inmatriculados en Aragón en las últimas dos décadas, la Dirección General de Cultura y Patrimonio señala que también debe ser competencia de Hacienda, aunque se ofrece a colaborar “para recabar la información cultural necesaria o relevante sobre esos bienes, así como la información que sobre su propiedad pueda constar en sus expedientes de declaración como bienes de interés cultural, bienes catalogados o bienes inventariados del patrimonio cultural aragonés”.







Ni la cueva de Ali Baba
 

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LA NUEVA LEGISLATURA
La opacidad del Congreso hace imposible cuantificar el ahorro de las renuncias de los diputados
  • El presupuesto de la Cámara no incluye partidas desglosadas que permitan saber cómo repercutirá en las arcas públicas la renuncia a los coches oficiales, el pago de internet o los taxis
  • Parlamentarios consultados por infoLibre consideran que el dinero utilizado en estas prestaciones estaría mejor empleado en asesores especializados para hacer frente a los lobbies
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La fuga de capital español a paraísos fiscales creció un 2000% en 2014
LUCÍA VILLA

Sólo 20 personas en España concentran ya tanta riqueza como el 30% más pobre, según un informe de Oxfam Intermón.



20 personas en España concentran ya tanta riqueza como el 30% más pobre. EFE
Desde que estallara la crisis económica a finales de 2007, la desigualdad se ha convertido en una enfermedad degenerativa para nuestro país. Según datos de Eurostat, España ha ido empobreciéndose paulatinamente hasta ocupar, en 2014, el segundo puesto en la lista de países de la OCDE donde más ha crecido la brecha social (diez veces más que el promedio europeo y 14 veces más que en Grecia, por ejemplo).

A dos días de que comience en Davos el Foro Económico Mundial y cuando el Gobierno lleva meses vendiendo la “recuperación económica”, la organización Oxfam Intermón pone sobre la mesa un nuevo informe con cifras alarmantes: en España, sólo 20 personas concentran ya tanta riqueza (115.000 millones de euros) como el 30% más pobre. Mientras que en el último año el patrimonio de esas 20 personas ha aumentado un 15%, el del 99% restante de la población ha bajado también un 15%. Visto en perspectiva: durante los últimos 15 años, el 30% de los activos netos de la población más pobre apenas ha crecido un 3%, cuando el del 10% más rico se ha disparado un 56%.

¿Por qué? “Recaudamos mucho menos de lo que deberíamos, recaudamos poco de quien tiene más, recaudamos sin redistribuir apenas y tenemos uno de los niveles de evasión y elusión fiscal más elevados de nuestro entorno europeo”, dice el documento de Oxfam, Una economía al servicio del 1%, que pone el acento en la enorme responsabilidad que Gobiernos y grandes empresas tienen sobre estos datos.


Aunque la organización reconoce que se han producido “avances”, los esfuerzos para reducir la enorme brecha social son claramente insuficientes. Un síntoma claro es el cada vez mayor desvío de capitales hacia paraísos fiscales, que entre 2013 y 2014 creció en España un 2.000%, sobre todo a las Islas Caimán (1.969 millones de euros, 64 veces más que la inversión que se ha hecho en Alemania). Oxfam calcula que sólo con lo que ha ido a parar a las Islas Caimán se han dejado de ingresar en las arcas públicas de nuestro país entre 144 y 550 millones de euros. “Con esto se podría cubrir toda la asistencia sanitaria a la población inmigrante en España”, ha dicho en rueda de prensa este lunes Susana Ruiz, responsable de Justicia Social de la ONG. En total, las empresas españolas invirtieron 2.073 millones de euros en paraísos fiscales en 2014. “Necesitamos una ley contra la evasión fiscal”, ha reclamado Jaime Atienza, director de campaña.

También la inversión que llega a España lo hace por la vía de los paraísos fiscales. En 2014, el 52% de todo el capital invertido en nuestro país llegaba a través de Luxemburgo y Holanda, actualmente investigados por la Comisión Europea por concesiones fiscales ilegales.

La organización es igualmente crítica con la política fiscal del país, en especial con la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, “especialmente baja y preocupante”. Entre 2007 y 2014, lo recaudado por esta vía ha bajado un 58% (18.173 millones de euros) cuando, en este mismo periodo, los beneficios de las empresas tan sólo han bajado un 1%. Es más, 17 de las 35 compañías del Ibex35 no paga absolutamente nada por este impuesto, a pesar de que sólo tres de ellas reflejaron pérdidas en su cuenta de resultados de 2014. Los presidentes de estas empresas cobran un salario 154 veces mayor que el de un trabajador medio.


“El resultado es que España sigue teniendo una de las presiones fiscales efectivas más bajas de toda Europa, 8,2 puntos por debajo del promedio de la Eurozona, con un diseño injusto en el que el 85% del esfuerzo recae sobre las familias frente a una contribución casi nula de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital”, cita el informe, que aporta otro dato relevante: 9 de cada 10 euros recaudados provienen del bolsillo de los trabajadores, mientras que menos de 1 euro lo hace de los rendimientos del capital.


La misma tendencia global


La tendencia en desigualdad y concentración de la riqueza en España no es diferente de la que siguen el resto de áreas del planeta. Hoy por hoy, ya sólo 62 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Una riqueza que cada vez se reparte entre menos manos: en 2010 esta proporción era de 388 personas frente a la mitad más pobre; ahora es sólo de 62, de los que 53 son hombres.

Además, en la misma línea de lo que venía ocurriendo en los últimos años, esos ricos lo son cada vez más. Mientras que los ingresos de la mitad de la población se han reducido un billón de dólares (un 41%), la riqueza de los 62 más ricos ha crecido en 500.000 millones.

La organización calcula que en total, la cantidad de dinero oculto en paraísos fiscales asciende a 7,6 billones de dólares, lo que supone una pérdida de 190.000 millones cada año para los ingresos de los Gobiernos y su población.
 
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La ministra de Fomento avaló el nombramiento como consejero de AENA de un amigo suyo y de Mariano Rajoy

  • Amancio López Seijas, dueño del grupo Hotusa y presidente del 'lobby' Exceltur, está imputado por la salida a Bolsa de Banca Cívica
  • El empresario gallego gestiona el Gran Hotel La Toja, donde el presidente del Gobierno celebró la Nochevieja
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/01/09/la_ministra_fomento_avalo_nombramiento_como_consejero_aena_amigo_suyo_rajoy_43124_1011.html
No estoy subcrita
 
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Según Rajoy otro perro flautas (ironía)....por cierto que envidia....en fin es lo que nos a tocado vivir.

Hollande propone 2.000 millones públicos para reducir el paro
Las pymes y la formación tendrán la prioridad ante la situación se “emergencia social”

François Hollande, ha presentado un plan para el empleo basado en el esfuerzo de la formación profesional y en subvenciones a pymes / POOL (REUTERS)

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“Estas medidas que costarán al erario público 2.000 millones de euros no serán financiadas con ningún tipo de impuestos sino con ahorros presupuestarios”, manifestó el jefe del Estado.

El presidente que declaró al llegar al poder hace cuatro años que será juzgado por su capacidad para reformar el país y bajar el paro, ha presentado su enésimo plan de fomento del empleo, a 15 meses de las próximas elecciones. La tasa de paro supera el 10,7%

Según lo avanzado por el presidente, las empresas con menos de 250 trabajadores serán bonificadas con 2.000 euros por cada empleo creado. Y el estado se compromete a formar a medio millón de personas en un solo año. Ese medio millón de personas saldrá, por tanto, de las estadísticas de paro. Acusado por la oposición de querer hacer bajar artificialmente las cifras del desempleo cuando falta un año para las elecciones, Hollande sostuvo que estas medidas no suponen un "artificio estadístico".

El presidente, muy impopular porque ha elevado en más de 600.000 los parados desde que llegó al poder hace cuatro años, ha hablado sin precisar de flexibilizar un poco la rígida legislación laboral. Mencionó que las empresas podrán "modular más" el tiempo de trabajo "en interés del empleo".

"Entre el liberalismo sin conciencia y el inmovilismo sin futuro existe un camino", argumentó Hollande ante su discurso ante el Comité Económico y social, compuesto por sindicatos y empresarios.

La patronal ve pocos avances pues no se suprime ni la semana legal de 35 horas (que encarece las horas extraordinarias para las sociedades) ni la telaraña de contratos vigentes en Francia. Los sindicatos más izquierdistas como CGT o FO ven “el liberalismo exacerbado” del plan.

Varios institutos y la OCDE han puesto de manifiesto que Francia es uno de los países ricos donde se invierte menos en formación por parado y donde la indemnización por desempleo es más larga y más alta.

Unos y otros ponen de ejemplo la incapacidad de crear empleo privado en Francia. Frente a 57.000 creados en el último año y medio, Alemania ha generado 482.000 y España más de 651.000

 
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La Guardia Civil estima en varios millones de euros el fraude en la empresa pública Acuamed
  • Se han practicado 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares: ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, una en Alicante, una en Barcelona y otra en Tarragona
  • La Fiscalía Anticorrupción investiga la presunta concesión de contratos públicos que se habrían adjudicado sin haber pasado los controles legales exigidos
  • La Guardia Civil detuvo a dos altos cargos de Acuamed. Se trata de su director general, Arcadio Mateo, y la directora de ingeniería y construcción, María Gabriela Mañueco
inf

La Guardia Civil registra la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). EFE

La Guardia Civil estima en varios millones de euros el fraude cometido por Acuamed por medio de contratos irregulares con empresas, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. En el marco de la operación Frontino han sido detenidas 13 personas, incluyendo el director general Arcadio Mateo.

La operación, que continua abierta, ha corrido a cargo del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Según la Guardia Civil, la empresa estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) "presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias".


Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

A esta hora de la tarde, los agentes de la Guardia Civil habían llevado a cabo trece detenciones: ocho en Madrid, tres en Barcelona, una en Valencia y una en Alicante. Entre los detenidos hasta ahora destacan el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y a la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco.

Además, se han practicado 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares: ocho en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia, una en Alicante, una en Barcelona y otra en Tarragona. Asimismo en los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados –la figura anteriormente conocida como imputado– a 35 personas.

Los altos cargos detenidos, ingenieros con carrera en ámbito público y privado

La Guardia Civil detuvo a dos altos cargos de Acuamed. Se trata de su director general, Arcadio Mateo, y la directora de ingeniería y construcción, María Gabriela Mañueco.

Mateo es el máximo responsable ejecutivo de la Sociedad y asume la gestión y coordinación de las actividades que se desarrollan, al tiempo que es responsable de implantar las directrices estratégicas y de aplicar los acuerdos y decisiones que se adopten en el Consejo de Administración.

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, antes de su nombramiento ere directivo del área corporativa de operaciones del Banco Santander y anteriormente desarrolló su carrera en Accenture, Tabacalera, Cubiertas y Mzov, Acciona, en la Bolsa de Madrid y en Telefónica.

Por su parte, la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, es la encargada de coordinar y supervisar el desarrollo de todas las actuaciones en el ámbito de la construcción, las actividades operacionales en cada una de las gerencias territoriales para conseguir cumplir los objetivos técnicos y económicos.

Además, entre sus funciones figura el asesoramiento, apoyo y permanente información a la Dirección General. Mañueco es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la universidad Politécnica de Madrid.

Hasta su nombramiento era la gerente de desarrollo internacional de Acuamed y anteriormente había trabajado en Intecsa-Inarsa y en Trasagua. Además, es vocal del Comité Nacional Español de Grandes Presas y Embalses (SPANCOLD) y socia fundadora de la Sociedad Española de Presas y Embalses, entre otros cargos.

Acuamed es el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas. Según informa la Sociedad Anónima en su página de Internet, su objetivo es contratar, construir, adquirir y explotar "toda clase de obras hidráulicas".

Sus actuaciones se realizan en las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña para incrementar los recursos hídricos, mejorar la gestión del agua y restaurar el medio ambiente.

El PSOE pide "explicaciones" a la ministra García Tejerina

El secretario adjunto del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina,"explicaciones urgentes e inmediatas" así como la apertura de una investigación, tras la operación judicialFrontino en la sociedad estatal Acuamed.

Así, Ábalos considera que se trata de un "escándalo tremendo" por el que la ministra "debe salir a dar explicaciones urgentes e inmediatas" independientemente de la operación judicial en marcha. Además, cree que el Ministerio "debería también abrir una investigación urgente".

"Parece que ni la crisis ni las políticas de austeridad han sido un obstáculo para que algunos sigan llevando a cabo prácticas delictivas de este nivel tan escandaloso y repugnante", ha denunciado. A su juicio, la "manipulación política" en materia de agua también esconde intereses lucrativos que pueden llegar a acciones delictivas.

En realidad, el diputado socialista cree que el Partido Popular es el "verdadero responsable porque está ocurriendo con un Gobierno del PP" y cree que actuaciones como ésta "no pueden constituir una credencial para que el PP siga gobernando este país
 
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El líder del PSOE de Pontevedra, investigado por un enchufe en el Ayuntamiento de Vigo
  • Héctor Sánchez Rodríguez, secretario provincial del PSOE en Pontevedra y concejal vigués, deberá declarar ante el juez el próximo 23 de febrero
  • El socialista tendrá que responder en relación con la causa que investiga el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata del Ayuntamiento de Vigo
inf

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. EP

La jueza de instrucción número 7 de Vigo ha citado a declarar al edil vigués y secretario provincial del PSdeG (en Pontevedra), Santos Héctor Rodríguez, en calidad de investigado, en relación con la causa que investiga el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata del Ayuntamiento olívico.

El concejal socialista deberá acudir al juzgado el próximo 23 de febrero a las 10.00 horas para aclarar su responsabilidad en la autorización de una serie de contratos en favor de la empresa Imesapi que, según sospecha la instrucción, tenían como finalidad compensar a dicha empresa por la contratación de Vanessa F.B., cuñada de la concejal y presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

En este procedimiento también están siendo investigados la propia Vanessa F.B., así como el jefe de área de Participación Ciudadana, Francisco J.G.O. Por otra parte, aunque inicialmente se había imputado al actual interventor y a su predecesor, se acordó el sobreseimiento provisional con respecto a ellos.


El procedimiento se inició a instancias de la Fiscalía, tras recibir una denuncia de la plataforma Xuntos, que mantiene que la concesionaria Imesapi (que gestionaba centros cívicos municipales) contrató a la familiar de Silva por indicaciones de responsables municipales. Asimismo, sostiene que la mujer estuvo 5 años en la nómina de esta contrata, a pesar de que solo acudió a su puesto de trabajo unas pocas semanas.

En su día, tanto el jefe de área de Participación Ciudadana y Empleo, como los interventores, negaron haber cometido ninguna irregularidad para favorecer la contratación de Vanessa F.B., y atribuyeron a la empresa toda la responsabilidad sobre a la gente a la que contrata y el tipo de contrato que le hace.

El que "realmente" autorizaba

En el auto del juzgado en el que se cita a Santos Héctor Rodríguez se explica que Francisco J.G.O. ya declaró acerca de los nueve contratos menores de servicios suscritos entre el Ayuntamiento e Imesapi entre 2008 y 2013, que "tenían como verdadera función o finalidad compensar a esta empresa por los costes derivados de la contratación como trabajadora de María Vanessa F.B.".

No obstante, precisa que es "evidente" que este imputado informaba favorablemente o proponía la contratación, y que quien "realmente" autorizaba y resolvía los contratos era el concejal correspondiente, es decir, Santos Héctor Rodríguez.

Con esta citación son ya seis los concejales del Ayuntamiento de Vigo investigados en diferentes causas. El alcalde, Abel Caballero, está investigado en la Operación Patos; el concejal de Fomento, David Regades, lo está en la misma instrucción; la concejal de Bienestar Social, Isaura Abelairas, está siendo investigada tanto en la Operación Patos como en el caso Hormigón; el concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, es investigado en Patos y Hormigón; Santos Héctor Rodríguez, concejal de Empleo, es citado en el caso del supuesto 'enchufe' de la cuñada de Silva; y el concejal del PP, José Manuel Figueroa, es investigado también en Operación Patos y caso Hormigón
 
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La Policía detiene por presunto fraude al antiguo encuestador de cabecera de Cospedal
  • El director general de Acuamed, detenido este lunes, fue fundador de una empresa a la que el PP de Castilla-La Mancha encargó varios sondeos internos
  • La firma del detenido no hizo más trabajos conocidos que los pagados por el partido, y cambió repentinamente de objeto social: pasó de dedicarse a la hostelería a hacer encuestas.
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EL ESPAÑOL
SUSCRÍBETE
COMISIONES MILLONARIAS
El hijo del exembajador cobró 3,8 millones de Petróleos de Venezuela
Morodo Jr. comenzó a facturar desde Suiza con una empresa panameña cuando su padre dejó el cargo.


El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, junto a José Bono y Hugo Chávez.

ESTEBAN URREIZTIETA @eurreiztieta
DANIEL MONTERO @monteroblog
19.01.2016 02:12 h.

El hijo del ex embajador español en Venezuela ha cobrado al menos 3,8 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana. PDVSA (Petróleos de Venezuela) ha instrumentado la mayor parte de los pagos a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en Suiza, una empresa a nombre de fiduciarios de la que Alejo Morodo ha reconocido su titularidad a este diario.

Según ha podido acreditar documentalmente EL ESPAÑOL, los pagos de PDVSA al hijo del diplomático socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, comenzaron poco después de que su padre abandonase el cargo, concretamente en agosto de 2008. A partir de esa fecha y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de “asesoría jurídica”.



Orden de pago de la petrolera venezolana para enviar el dinero a Suiza.

Buena parte de estos cobros fueron percibidos por Alejo Morodo a través de una sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST, con cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. El resto los percibió a través de su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.

EL PAGADOR, INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN EN EEUU
Por parte de la petrolera estatal las comisiones a Morodo fueron abonadas personalmente por el ex presidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción. La Fiscalía americana le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Esta investigación alcanzó recientemente al Banco de Madrid, radicado en Andorra, desembocando en su intervención. Y es que las autoridades americanas detectaron que otro ejecutivo de PDVSA, Rafael Jiménez, utilizó esta entidad financiera, conocida por haber albergado la fortuna oculta de la familia Pujol, para lavar fondos procedentes de la corrupción.


Renovación del contrato entre las empresas de Alejo Morodo y PDVSA.

Las transferencias de PDVSA a Morodo van acompañadas del siguiente concepto: “Asesorías en el servicio de asesoramiento jurídico y gestión legal de documentación en materia de derecho mercantil, fiscal y contable en el Reino de España y Portugal a Petróleos de Venezuela y al Ministerio de Energía y Petróleos”. Y es que el mencionado Rafael Ramírez compaginó su puesto de presidente de la petrolera con la cartera de Energía y Petróleos del Gobierno de Hugo Chávez.

ACTIVIDADES MERCANTILES SIN IDENTIFICAR
Alejo Morodo ha reconocido en declaraciones a este periódico que los pagos que ha recibido por parte de PDVSA durante los últimos años “rondan los cuatro millones de euros”. No obstante, asegura que corresponden a servicios prestados por él a esta empresa “para implantarse en Europa”. Pese a la insistencia de este diario, no quiso concretar en qué consistieron los trabajos por los que cobró cuantías millonarias. “He realizado actividades mercantiles”, se limitó a precisar. En cuanto a la magnitud de sus honorarios, indicó que se deben “al volumen de las operaciones realizadas”.

Sin embargo, los datos no cuadra. La petrolera española no tiene actividad en España desde 2009, año en el que Morodo liquidó la filial abierta por PDVSA en nuestro país. Fuentes del sector patrolífero han confirmado además que la compañía estatal venezolana no tiene actividad ni intereses en suelo español desde hace años.


Facturas emitidas en la misma fecha por las dos empresas de Alejo Morodo.

Este periódico requirió también a Morodo por la forma de cobro escogida, utilizando una cuenta en Suiza y una sociedad en Panamá. “Eso se hizo también por razones mercantiles, pero todas las operaciones están declaradas a Hacienda. Yo nunca haría nada ilegal o inmoral”. Según los documentos en poder de EL ESPAÑOL, lo que hacía Morodo era cobrar la mitad de sus honorarios con su sociedad en España y la otra mitad con la empresa abierta en Panamá. El mismo mes, giraba dos facturas con empresas distintas, pero por el mismo servicio.

Curiosamente algunas de las facturas giradas desde España llevan por concepto “asesorías realizadas en la República Bolivariana de Venezuela”, pese a que Morodo insiste en que los trabajos que realizó fueron siempre “en países europeos”. Asimismo, negó la participación de su padre en estas operaciones aunque confesó que “nunca ha vivido en Venezuela” y que conoció a los directivos de PDVSA “en uno de los viajes” que realizó a “visitar a su padre”
 
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GESTIÓN PÚBLICA
Campus de la Justicia gastó en publicitar una muestra lo que gasta el Prado en un año
El proyecto emblemático de Aguirre destinó un millón de euros a promocionar una exposición de un mes.


Esperanza Aguirre en la inauguración de La Justicia en las Artes (2007). Comunidad de Madrid

ANA TUDELA @latule
ANTONIO DELGADO @adelgado
19.01.2016 22:41 h.

Iustitia: la Justicia en las Artes. El 15 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, inauguraba una exposición dedicada a "plasmar la importancia de la Justicia en las diferentes disciplinas", según explicó entonces el Gobierno de la región. La muestra (integrada por un centenar de obras que incluían pinturas, esculturas, emblemas y monedas de colecciones públicas y privadas de varios países) formaba parte de las variopintas actividades de Campus de la Justicia, la empresa pública propiedad de la Comunidad y creada en teoría para reunir en una docena de edificios singulares todas las dependencias judiciales de la región.

Las facturas de Campus de la Justicia en promoción entre los meses de marzo y abril de 2007, la mayoría destinadas a publicitar la citada exposición, superan el millón de euros, según los datos que ha recopilado la diputada socialista Mercedes Gallizo entre la ingente documentación acumulada relativa a Campus (hay 100 metros lineales de documentos), a cuyo desglose ha tenido acceso EL ESPAÑOL.



Publicidad en El Mundo el 21 de marzo de 2007 (COSTE: 10.962 euros).

Sólo a inserciones publicitarias en medios de comunicación se destinaron 450.000 euros, a los que habría que sumar la publicidad en las paradas de autobús y hasta una inmensa lona en el número 66 de la madrileña calle Goya que sirvieron para dar a conocer una exposición que duró poco más de un mes (del 16 de marzo al 22 de abril) alcanzando el millón de euros citado.

Para hacerse una idea de la magnitud del gasto, el Museo del Prado, el centro de arte con mayor presupuesto de este país, ha sacado a concurso este año "la contratación del servicio de agencia de medios 2016 para la compra de espacios en los medios de comunicación para las campañas publicitarias de las exposiciones temporales y otros proyectos del Museo" con un valor estimado del contrato de 1,1 millones de euros. Expertos consultados por este periódico puntualizaron que el precio de la publicidad hoy no es el mismo que antes de la crisis lo que no hace menos llamativo, añadieron, destinar semejante gasto a una única exposición, por un plazo tan reducido y por parte de una empresa pública cuya finalidad era otra.

Medios de todo tipo, contratados a través de dos agencias fundamentalmente (Abba Publicidad y Red de Medios) encontraron su hueco en la campaña de la exposición (la relación completa, al pie de la noticia). Desde medios nacionales como El Mundo (en la imagen superior, ejemplo de inserción publicitaria del 21 de marzo de 2007); Abc (bajo este párrafo, ejemplo de inserción a doble página); Onda 6 (52.200 euros por un spot de 20 segundos emitido en 62 ocasiones a lo largo de marzo de 2007); a medios económicos como El Economista, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios; o medios universitarios como Menos 25 y deportivos como Marca. La lona del edificio de Goya fue sin duda el gasto unitario más elevado: 172.399 euros, desplegada según la información que ha recopilado Gallizo, desde el 16 de marzo al 30 de abril.


Páginas dobles de publicidad en ABC. (COSTE: 24.420 euros)

EL CAMPUS DEL DERROCHE
Exposiciones incluida esta (5 millones de euros), viajes (hubo 72 actos de promoción a ciudades de todo el mundo para los que se contrataban hoteles de cinco estrellas y coches con chófer por 1.200 euros al día), merchandising, maquetas de edificios que nunca se construyeron de arquitectos de renombre (2 millones)... En total, se dilapidaron 105 millones de euros de los que hoy solo queda un edificio con forma de donut abandonado en mitad de Valdebebas y un entramado de túneles a su alrededor que de vez en cuando se llena de conejos. El despilfarro del Campus está siendo investigado por la comisión de endeudamiento de la Comunidad de Madrid a la que ha asistido este lunes el que fuera su presidente hasta junio de 2008, Alfredo Prada.

En sus declaraciones, Prada aseguró que los gastos del Campus para promoción, incluidos los de esta exposición, estaban totalmente justificados porque sirvieron para atraer a inversores que podrían haber adquirido algunos de los edificios de los que quería deshacerse la Comunidad. Entre esos inversores interesados incluyó las cajas de ahorros alemanas e inversores chinos que no determinó.

Gastarse casi un millón de euros en un documental que se encargó a Telson no le pareció tampoco desproporcionado porque, explicó, recientemente vio un documental de la fauna y la flora de Colombia, preguntó cuánto había costado y le dijeron que 6 millones de dólares.

Por más normal que le parezcan a Prada los gastos de la sociedad que presidió, la aparición de empresas ligadas a la financiación ilegal del PP como Over Marketing entre las facturas de Campus, así como el claro abuso en los gastos que va saliendo a la luz en la comisión de endeudamiento, empieza a sonarles tanto a PSOE, como a Podemos más a corrupción que a una mala gestión de lo público. Por eso ambas formaciones se inclinaron ayer por la posibilidad de que la
 
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