Esther PalomeraCronista política
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Un rey emérito, una "amiga entrañable", un comisario, un empresario, los servicios secretos, la filtración de unos audios en forma de entrevista guionazada, el papel de un periodismo nutrido desde las cloacas del Estado, el chantaje, la amenaza...
La cinta tiene todos los ingredientes para una superproducción sobre mafias y gánsters. Pero no, esto no es el cine, sino un país que se llama España y sobre el que los efectos de la detonación controlada de una bomba nuclear pueden hacer tambalear otra vez los cimientos de una democracia imperfecta.
El debate no va de Monarquía o República, sino de decencia o desvergüneza, de ejemplaridad o corrupción y de ética o inmoralidad en la vida pública. Hablamos, claro, del "caso Juan Carlos I" y del recorrido que pueda tener en los tribunales de Justicia el relato de una falsa princesa alemana de nombre Corinna y apellido impronunciable sobre las andanzas del padre de Felipe VI durante sus años como jefe del Estado.
Más le valdría a la Casa del Rey y al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez diseñar un relato institucional que vaya más allá del elocuente silencio con que han despachado el asunto esta semana
Sálvense todas las distancias que se quieran, pero la respuesta coral de aquellos que creen hacer un favor a la Corona suena a lo mismo que dijeron los populares sobre la Gürtel -"no es una trama del PP, sino contra el PP"-, y al final acabó en una sentencia condenatoria y con Rajoy fuera de La Moncloa.
Más le valdría a la Casa del Rey y al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez diseñar un relato institucional que vaya más allá del elocuente silencio con que han despachado el asunto esta semana, si no quieren que las confesiones de Corinna causen al reinado de Felipe VI el mismo daño que la falta de transparencia y la malentendida lealtad de los poderes político y empresarial provocaron al reinado de Juan Carlos I.
Las correrías contadas con todo lujo de detalle en una conversación entre la "amiga entrañable" del monarca y el comisario Villarejo -hoy en prisión tras ser investigado por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- en este caso van desde el cobro de comisiones ilegales, la posesión de cuentas en Suiza o la utilización de testaferros para ocultar dinero en paraísos fiscales.
KARIM SAHIB VIA GETTY IMAGES
Da igual lo que lean o escuchen, lo que realmente se dirime estos días es si Juan Carlos I puede o no ser investigado por fraude fiscal y blanqueo, y no quiénes o por qué intereses espurios han filtrado las explosivas cintas o si detrás de ellas hay una operación diseñada para acabar con la Monarquía, como tratan de apuntar quienes pretenden mantener sobre Felipe VI el mismo anillo protector que blindó a su padre frente a cualquier investigación o crítica.
De momento, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey emérito, Juan Carlos I, la usó como testaferro, demostrando así que no existen "escudos fiscales" para proteger a la familia del rey. Y no es poco teniendo en cuenta de dónde venimos, que es de un pacto no escrito entre financieros, empresariaos, editores, políticos y servicios secretos para proteger a la Corona.
La publicación de las cintas ha hecho saltar las alarmas, y no sólo en la Zarzuela, sino también en el Gobierno, ya que en ellas se acusa al director del CNI, Felix Sanz Roldán, de amenazar a Corinna y custodiar no sólo los secretos del Estado, sino también los enigmas comerciales y personales del Rey emérito.
CHRISTOPHE SIMON VIA GETTY IMAGES
El general Félix Sanz Roldán.
Han pasado 40 años, y España ya no es aquella en la que los ciudadanos aceptan sin más lo que diga una legión de cortesanos que, al estilo de los de la fábula de Hans Christian Andersen, no se atreven a decir lo que ven, aunque lo tengan delante. Y esto es que El Rey, como en aquél cuento danés que aún se lee a los niños, está desnudo. Y alguien debería decírselo.
Si Felipe VI ha demostrado que es capaz de anteponer la institución a la familia y de retirar el ducado de Palma a su propia hermana para dar estabilidad a una institución sometida a no pocos escándalos, no debería ponerse de perfil ante lo publicado esta semana. Y lo mismo el Gobierno en lo que respecta al director del CNI, Felix Sanz Roldán, que debiera estar en el cargo para algo más que proteger los intereses comerciales y personales del rey emérito. Por ejemplo para comparecer en público -y no a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales- para responder a las acusaciones que le atribuyen cuando menos dos presuntos delitos, el de chantaje y el de amenaza.
Nada hay de las respuestas que Sanz Roldán está obligado a dar que ponga en riesgo la seguridad nacional, y sí mucho que afecta a la estabilidad de España y a la ejemplaridad que se debe exigir a quienes nos representan en las instituciones, ya sean reyes, comisarios de policía, agentes secretos o políticos.
Todo lo que contribuya o persiga tapar una necesaria investigación policial, fiscal y judicial sobre el caso Juan Carlos I no servirá más que para destruir la legitimidad de un sistema enfermo
Todo lo que contribuya o persiga tapar una necesaria investigación policial, fiscal y judicial sobre el caso Juan Carlos I no servirá más que para destruir la legitimidad de un sistema enfermo y aplazar de nuevo la tan necesaria catarsis de la que precisa España.
Y todo esto, recuerden, ha ocurrido la misma semana en la que un tribunal alemán ha conseguido redoblar la presión sobre el Gobierno para que la Fiscalía retire la acusación por rebelión contra los políticos presos por el procés después de que Puigdemont no pueda ser juzgado por el mismo delito.
¿Alguien duda de que si en ocasiones los secesionistas ganaron la batalla del relato están a punto de ganar la de la ley? Pues si es así, el joven Pablo Casado tendrá razón y la humillación será de proporciones colosales, para la Justicia española por pretender aplicar la máxima de que el fin justifica los medios y la rebelión es rebelión porque lo sostenga el juez Llarena, y no porque esté acreditada o no la violencia, que es como está tipificado en el Código Penal.
Si el Gobierno Sánchez está verdaderamente dispuesto a hacer política tiene ante sí una gran oportunidad. Veremos si vence o no el temor al tsunami que le vendrá desde la derecha política y mediática en el caso de que la Fiscalía modifique el criterio aplicado hasta ahora en la causa abierta contra los líderes del procés. Veremos...
https://www.huffingtonpost.es/esther-palomera/el-rey-esta-desnudo_a_23481280/?utm_hp_ref=es-homepage
¿¿¿¿Y Soraya Sanez de Santamaria controlando el CNI no tiene nada que decir????
