EPÚBLICA / PILAR GASSENT | MADRID PUBLICADA EL 10-02-2014
La Fiscalía Anticorrupción podría solicitar una pena de prisión para Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, cuando elabore su escrito de acusación, de entre diez y diecinueve años por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. Diez años de prisión sería la pena mínima que reflejaría el escrito de acusación en el caso de que contemple los tipos más reducidos por cada uno de los seis delitos por los que sería acusado el duque de Palma, y diecinueve la máxima. La horquilla es muy amplia. Que el fiscal opte por la cifra más baja depende, además, de que el marido de la Infanta decida devolver parte del dinero defraudado a las arcas públicas. Son seis millones que Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, habrían obtenido de Baleares y la Comunidad Valenciana y la restitución de al menos una parte de ese dinero permitiría aplicarles la atenuante de ‘reparación del daño causado’. El fiscal podría relamar a los dos exsocios una fianza de 3,5 millones de euros para compensar el quebranto ocasionado.
La acusación excluirá no solo a Cristina de Borbón sino también a Ana María Tejeiro, mujer de Torres, y al secretario personal de la Infanta, Carlos García Revenga. En el caso de doña Cristina, para quien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, esta petición tampoco llegaría a formularse en el escrito de acusación si su defensa consignara una cantidad previamente. La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó ella, del 50 % percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007. La reclamación de esta cantidad se produce en aplicación del artículo 122 del Código Penal: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.
Por lo que respecta a Urdangarin, el delito de malversación que prevé atribuir la Fiscalía al Duque irá en concurso medial con el de falsedad documental, debido a que la primera de estas infracciones pudo cometerse sirviéndose de la segunda para que pudiera materializarse. De este modo, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal para los concursos de penas, el de falsedad quedaría subsumido en el de malversación y, sólo por este delito, se le pedirían de seis a ocho años de prisión.
En cuanto a Torres, la pena que la acusación incluirá en su escrito de calificación provisional oscilaría entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
En total, la Fiscalía Anticorrupción quiere procesar a 16 de los 41 imputados en el marco del sumario que investiga el fraude del Instituto Nóos. Entre los más ‘ilustres’ destaca el expresidente balear Jaume Matas, que se enfrenta a una pena de entre 5 y 11 años de prisión por su intervención que, en razón del cargo que desempeñaba, tuvo en la génesis de las distintas contrataciones de que fue objeto el Instituto Nóos.
La lista de los imputados que podrían enfrentarse a las penas más altas la completa Miguel Tejeiro, asesor fiscal, quien podría ser condenado a hasta 17 años de cárcel. Los más ‘beneficiados’ por el escrito de acusación serían José Luis Ballester, Miguel Ángel Bonet y Juan Carlos Alía por haber colaborado con la investigación. “El fiscal sólo reclamará al primero una condena que le obligaría a entrar en prisión”, apunta la cadena radiofónica. Concretamente, José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes del Gobierno de Matas y amigo de Iñaki Urdangarin, facilitó a la Fiscalía un pormenorizado relato con fechas, reuniones y claves del funcionamiento de las sociedades del duque que permitieron armar la causa contra él. Ballester, regatista y campeón olímpico de vela, era también amigo de las Infantas y del Príncipe Felipe.
Si se atienden las peticiones de la fiscalía, la delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, se tendría que sentar en el banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación -que no lleva aparejada pena de cárcel- porque la sociedad pública concedió 144.000 euros a la fundación de Iñaki Urdangarin. En concreto, será quien asuma la culpabilidad por este asunto después de que un escrito del abogado de Diego Torres denunciara que la fundación Madrid 2016 -presidida por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pagó al yerno del Rey esa cantidad.
Tras la declaración de la infanta Cristina como imputada el pasado sábado, la instrucción del caso se encuentra en su recta final a falta tan solo de algunas decisiones que debe adoptar el juez instructor, José Castro, sobre nuevas declaraciones de testigos solicitadas por Diego Torres. Una vez resuelva esa cuestión, el magistrado previsiblemente dictará el auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que discriminará quiénes continuarán imputados y quiénes no. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dictará el escrito de acusación en el que concretará acusados, delitos y penas que solicitará para cada uno de ellos
La Fiscalía Anticorrupción podría solicitar una pena de prisión para Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, cuando elabore su escrito de acusación, de entre diez y diecinueve años por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. Diez años de prisión sería la pena mínima que reflejaría el escrito de acusación en el caso de que contemple los tipos más reducidos por cada uno de los seis delitos por los que sería acusado el duque de Palma, y diecinueve la máxima. La horquilla es muy amplia. Que el fiscal opte por la cifra más baja depende, además, de que el marido de la Infanta decida devolver parte del dinero defraudado a las arcas públicas. Son seis millones que Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, habrían obtenido de Baleares y la Comunidad Valenciana y la restitución de al menos una parte de ese dinero permitiría aplicarles la atenuante de ‘reparación del daño causado’. El fiscal podría relamar a los dos exsocios una fianza de 3,5 millones de euros para compensar el quebranto ocasionado.
La acusación excluirá no solo a Cristina de Borbón sino también a Ana María Tejeiro, mujer de Torres, y al secretario personal de la Infanta, Carlos García Revenga. En el caso de doña Cristina, para quien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, esta petición tampoco llegaría a formularse en el escrito de acusación si su defensa consignara una cantidad previamente. La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó ella, del 50 % percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007. La reclamación de esta cantidad se produce en aplicación del artículo 122 del Código Penal: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.
Por lo que respecta a Urdangarin, el delito de malversación que prevé atribuir la Fiscalía al Duque irá en concurso medial con el de falsedad documental, debido a que la primera de estas infracciones pudo cometerse sirviéndose de la segunda para que pudiera materializarse. De este modo, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal para los concursos de penas, el de falsedad quedaría subsumido en el de malversación y, sólo por este delito, se le pedirían de seis a ocho años de prisión.
En cuanto a Torres, la pena que la acusación incluirá en su escrito de calificación provisional oscilaría entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
En total, la Fiscalía Anticorrupción quiere procesar a 16 de los 41 imputados en el marco del sumario que investiga el fraude del Instituto Nóos. Entre los más ‘ilustres’ destaca el expresidente balear Jaume Matas, que se enfrenta a una pena de entre 5 y 11 años de prisión por su intervención que, en razón del cargo que desempeñaba, tuvo en la génesis de las distintas contrataciones de que fue objeto el Instituto Nóos.
La lista de los imputados que podrían enfrentarse a las penas más altas la completa Miguel Tejeiro, asesor fiscal, quien podría ser condenado a hasta 17 años de cárcel. Los más ‘beneficiados’ por el escrito de acusación serían José Luis Ballester, Miguel Ángel Bonet y Juan Carlos Alía por haber colaborado con la investigación. “El fiscal sólo reclamará al primero una condena que le obligaría a entrar en prisión”, apunta la cadena radiofónica. Concretamente, José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes del Gobierno de Matas y amigo de Iñaki Urdangarin, facilitó a la Fiscalía un pormenorizado relato con fechas, reuniones y claves del funcionamiento de las sociedades del duque que permitieron armar la causa contra él. Ballester, regatista y campeón olímpico de vela, era también amigo de las Infantas y del Príncipe Felipe.
Si se atienden las peticiones de la fiscalía, la delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, se tendría que sentar en el banquillo acusada de un presunto delito de prevaricación -que no lleva aparejada pena de cárcel- porque la sociedad pública concedió 144.000 euros a la fundación de Iñaki Urdangarin. En concreto, será quien asuma la culpabilidad por este asunto después de que un escrito del abogado de Diego Torres denunciara que la fundación Madrid 2016 -presidida por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pagó al yerno del Rey esa cantidad.
Tras la declaración de la infanta Cristina como imputada el pasado sábado, la instrucción del caso se encuentra en su recta final a falta tan solo de algunas decisiones que debe adoptar el juez instructor, José Castro, sobre nuevas declaraciones de testigos solicitadas por Diego Torres. Una vez resuelva esa cuestión, el magistrado previsiblemente dictará el auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que discriminará quiénes continuarán imputados y quiénes no. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dictará el escrito de acusación en el que concretará acusados, delitos y penas que solicitará para cada uno de ellos
