CASO NOOS. Iñaki Urdangarin en la cárcel de Brieva. Voluntariado en Hogar Don Orione. Traslado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García

La ponían de mal humor!!
Me parece bien, excepto por las opiniones con atisbo personal....."parece defensa", "qué paciencia"
Pedro Jimenez, Cadena Ser

Era la primera vez que se sentaba en el banquillo un miembro de la Casa Real y aunque quedan 84 años por delante ya lo llamaban el juicio del siglo. El Caso Nóos reúne no solo a Cristina de Borbón y a su marido, Iñaki Urdangarin, sino también a un expresidente autonómico y antiguo ministro de Aznar, Jaume Matas, o a un exvicealcalde como Alfonso Grau. Por haber, hay hasta una medallista olímpica, Mercedes Coghen. Y, claro, con ellos han venido abogados de primer nivel: Miquel Roca, Cristóbal Martell, Manuel González Peeters, José Zaforteza, Jaime Campaner... Etc. Abogados de primera para unos acusados de primera.

Solo faltaba el arbitro pero la máxima del juez predeterminado por la ley ha querido que la final de la champions la arbitre Samantha Romero. La presidenta del tribunal se ha estrenado en Baleares con el juicio del caso Nóos y no ha tenido suerte frente a unos abogados que se las saben todas. Le han sacado de sus casillas y lo ha pagado con el fiscal, Pedro Horrach, con la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, y con la abogada de Baleares, María Ángeles Berrocal. Romero ha concedido a las defensas todo lo que ha negado a las acusaciones llegando incluso a faltarles el respeto en algunas ocasiones. Sobre Horrach ha insinuado que parecía defensa y no acusación. El fiscal que ha sentado en el banquillo a 14 personas. Esta semana cuando Horrach pedía "dos minutos para revisar los papeles antes de preguntar", se escuchaba a la presidenta susurrar: "Dios mío, qué paciencia". A Ripoll le ha acusado de "falta de rigor jurídico" y a Berrocal le ha dicho, entre otras cosas, "¿qué clase de pregunta es esa?". Los tres suman 60 años de ejercicio judicial. Este es el primer juicio de Samantha Romero en Baleares.

El tribunal presidido por Romero ha querido mantener tanto las distancias que se le ha ido de las manos. No ha cruzado conversación con las acusaciones, con las defensas o con la prensa. No han permitido usar el parking para no coincidir con nadie allí abajo. Un policía custodia la puerta de la sala a la que se retiran en los descansos. Todo con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, blindar su independencia y no dilatar el juicio. El objetivo de blindar la independencia judicial lo han conseguido pero los otros dos, no. En su intento por preservar el derecho de defensa han recortado el derecho de la acusación pública. Y digo pública porque Manos Limpias sí que cuenta con el favor del tribunal. Las concesiones a unos no han sido las mismas que a los otros. Y en su intento de no dilatar el juicio, Samantha Romero no se daba cuenta de que cada intervención suya para poner orden lo retrasaba el doble. Y todo ello salpicado de puyas a Horrach, Ripoll y Berrocal.
 
La playa invita a leer, increíble la cantidad de informacion de Noos mucha no puesta en el hilo.
Como dice el artículo, un tema muy mediático.
Salió un sol esplendoroso.
 
Vaya, ahora prudente, en lo de la doctrina Botin, vaya que "metió" cuchara.
Al final, sostiene que ya no es un logro personal (sic) si no, de la administración de justicia! juasssssss

Cadena Ser, opiniones de Pedro Jimenez.
DE MALLORCA 22/06/2016 - 17:45 CET
José Castro ha concedido una entrevista a la Cadena SER el día que el juicio del Caso Nóos ha quedado visto para sentencia. El juez que ha investigado el sumario que ha sentado a Cristina de Borbón en el banquillo, acusada únicamente por Manos Limpias, defiende que la acusación popular no haya sido apartada del juicio. El pseudosindicato está siendo investigado en la Audiencia Nacional por, presuntamente, haber pedido tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la infanta pero Castro considera que la decisión de las magistradas de mantenerles en el proceso fue "correcta sobre la base de respetar la presunción de inocencia".

José Castro ha seguido como espectador las más de 60 sesiones del juicio pero elude pronunciarse sobre la sentencia o sobre el escenario al que se enfrenta la hermana del rey después de la prueba practicada durante la vista oral. "El tema ha salido de mi competencia y por respeto al tribunal no voy a hacer ninguna valoración ni a interferir absolutamente para nada en el difícil trabajo que le espera a la Audiencia de Palma", subraya. El juez instructor se ha limitado a señalar que el hecho de que se haya celebrado el juicio "es un éxito, no ya personal mío ni de nadie en concreto, sino que es un éxito de la Administración de Justicia que ha sabido dar respuesta a una serie de hechos que se han producido y ahora le toca al tribunal valorar las pruebas y tomar una decisión muy difícil".



Caminata, séis de la mañana, Punta Veleros, Perú
image.jpeg
 
http://cadenaser.com/autor/pedro_jimenez_garcia/a/
Hacía el final del artículo, para quienes ignoramos de derecho y leyes, el autor consigna la opinión de expertos, respecto al escrito presentado por la defensa de Cristina de Borbon, respecto del pago requerido.
Según leo, este pago o la libera de condena, o le sirve como atenuante, puesto que pagó con antelación.
Llama mi atención que el autor de la nota llama pseudo al colectivo de la BP
Segün leo, la esposa de Pineda argumenta no saber de la supuesta extorsión por Noos.
Cristina, argumentó que no sabía si Aizoon fue creada o no para delinquir.
Es admisible pensar que dicen la verdad, es admisible pensar que lo sabian.
Lo dilucidarán las magistradas.
Por cierto, hasta qué punto, incluidas magistradas, conocen las actividades de esposos, jefes, etc?
No es acaso cierto que Virginia López Negrete sostiene desconocer lo que hacía el ahora preso Barnard (se escribe así?) como lo que hacía Pineda?
Puede ser que no, puede ser que si.



La defensa de Cristina de Borbón ha reiterado por escrito ante el tribunal que ha juzgado el fraude del Instituto Nóos que los 587.000 euros depositados por la infanta son de carácter "definitivo" para su entrega a los perjudicados ostentando "efectos liberatorios y extintivos" de la acción civil que ejercitan la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Abogacía de Baleares.

El fiscal, Pedro Horrach, reclama esa cantidad al considerar a la hermana del rey partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero obtenido de forma presuntamente ilícita por Iñaki Urdangarin. El pseudosindicato Manos Limpias exige, sin embargo, la pena de 8 años de cárcel y la señala como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se le atribuyen a su marido. Más de 300.000 euros que dejaron de ingresar a las arcas públicas en los años 2007 y 2008. Un fraude cometido a través de Aizóon, la sociedad que el matrimonio comparte al 50%.

Fuentes del caso consultadas por la Cadena SER, sostienen que con este movimiento la defensa de Cristina de Borbón persigue dos objetivos. Si en el mejor escenario se aceptara la tesis del fiscal, la sentencia podría recoger que la cantidad reclamada a la infanta ya ha sido abonada. Y si se diera el peor escenario, las magistradas aceptaran la tesis de la acusación popular y la acusada recibiera una condena por delito fiscal habría que aplicarle la atenuante de reparación del daño por haber entregado el dinero a los perjudicados antes de conocer la sentencia.
 
Última edición:
Jaaaaa gran montaje. El Resplandor, peli mitica q envejece mal como Urtanga. Solo verla VO. Mortal doblaje de la Veronica Forque. En vez de terror..CHOTeo
 
Uff, éste pone fino-filipino a Horrach.



General
El fiscal Horrach
17 juny 2016 Palmi 6 comentaris


José María Mena
Jurista. Ex fiscal Jefe de Cataluña

El fiscal Horrach no acusaba a la Infanta. Por eso tenía obligación procesal de defenderla frente a otra acusación. Para ello debía servirse de los argumentos técnicos, jurídicos y de pruebas del juicio, de los que, según él, se deduciría su inocencia. Pero no hizo eso. Centró su alegato en desacreditar al juez de la instrucción y a la Audiencia que confirmó los argumentos del juez.

En un artículo anterior, en La Lamentable, ya señalé que la Audiencia dejó claro que discrepaba del informe de la Agencia Tributaria, y del fiscal que se apoyaba en ese informe, concluyendo que “el informe reconoce que Aizoon es una sociedad pantalla constituida con finalidad defraudatoria”.

Y continuaba argumentando: Pues bien, si la entidad Aizoon participada al 50% por la Infanta y secretaria de la Junta General,(el otro 50% era del marido) no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, lo que no se entiende es que la Agencia realice un levantamiento parcial del velo. Ese mismo levantamiento parcial revela y pone de manifiesto que la constitución de Aizoon únicamente fue para defraudar.

El argumento de la pretendida ignorancia de la Infanta sobre los manejos ilegales de su marido también lo puso en cuestión el tribunal: Dijo que “se supone que por haber sido alertada (la Infanta) desde la Casa Real de las irregularidades existentes en la gestión (de Noos) hay que suponer que a partir e entonces estaba o debería estar al tanto y al corriente de las mismas. La alerta de la Casa Real determinó que la Infanta se desligara de Noos en Marzo de 2006.

Por todo ello la Audiencia, concluía que no se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda Pública y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta.

Sobre esta base, propiciada por la Audiencia, el juez Castro señalaba: lo que parece más claro es que las facturaciones por gastos personales que Dª Cristina de Borbón y Grecia (el juez no usa en ningún momento el título dinástico de la imputada), y también su marido cargó a la entidad Aizoon SL supusieron una doble defraudación: por una parte se trata de ingresos por los que nunca tributó en sus declaraciones del IRPF y por otra, y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo . La intención defraudatoria está a la vista.

La Infanta, –sigue razonando el juez a partir de la documentación y testimonios recogidos-, a partir de marzo de 2006 o meses antes a esa fecha, ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar.(…) Aizoon y por tanto sus dos socios, desde marzo de 2006, se beneficiaron, al parecer, de ingresos provenientes de dinero público del Instituto Nóos, y de dinero privado proveniente de la defraudación tributaria y de la malversación. Ese dinero, o parte del mismo, no se quedó en la cuenta de Aizoon si no que se destinó a gastos particulares – reformas en la vivienda familiar -, ya con posible conocimiento del origen ilícito y delictivo.

Esas disposiciones de dinero sucio –según parece en gastos de reformas de la vivienda familiar (al respecto de los cuales la Agencia omite toda consideración ,puesto que solo contempla los gastos por servicio doméstico)-, quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales.

La lectura de los gastos es, posiblemente, de escaso interés técnico jurídico. Pero es del mayor interés cívico. Y recomendable. Desde gastos suntuarios, viajes familiares a medio mundo, hasta los modestos gastos del servicio domésticos que la Infanta pretendió pagar en negro, hasta que los empleados precisaron cobrar correctamente, y desde entonces cobraron de Aizoon. Todo ejemplar.

Es claro que las palabras del fiscal son desacertadas. De los textos transcritos se desprende que el juez y la Audiencia no “construyeron un andamiaje de conjeturas y sospechas”, no se apoyaron en “malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos”, no actuaron impulsados por ¡condicionamientos mediáticos”. Se basaron en indicios serios, múltiples y bien interconectados, tal como marca la ley. No les correspondía dictar sentencia, se limitaban a conducir el proceso desde la instrucción hasta el juicio oral ante otro tribunal, que ahora deberá decidir. Y, con toda probabilidad, todos los que resulten disconformes con esa decisión, recurrirán ante el Tribunal Supremo. O sea, que aún queda mucho Nóos.

Pero no es eso lo que ahora comento. Comento la actitud del fiscal. Está en su derecho a discrepar del juez y de la Audiencia. Está en su derecho de no compartir sus argumentaciones, que para muchos resultan razonables, ponderadas y convincentes. Está en su derecho de no aventurar ninguna deducción a partir de los muchos indicios aportados por el juez, que Horrach menosprecia como conjeturas. Pero no está en su derecho cuando injuria explícitamente, atribuyendo a un juez y tres magistrados un comportamiento indigno, de persecución malintencionada y gratuita a la Infanta. Es injurioso, porque les acusa de prevaricar, aunque no use esa fatídica palabra.

Además, ese modo de actuar del fiscal es deontológicamente recusable. El juez y los magistrados de la Audiencia, concluido su trabajo, han desaparecido del proceso. Ya no están en el juicio, como están los abogados de la acusación y las defensas. A todos estos les corresponderá el uso de la palabra y podrán replicar a lo que diga el fiscal. El juez y los magistrados, no. No pueden defenderse de las imputaciones, acusaciones e injurias. Por eso, la actuación del fiscal, lamentablemente para la imagen de imparcialidad que debe mantener el Ministerio Público, es una actuación cobarde y alevosa, ya que agrede cuando los agredidos no pueden defenderse. Es una actuación personalista, vengativa e indigna.
 
Noos días.

La recta final de Nóos deja a Torres y Urdangarín en una situación difícil
Sólo la impenetrable Samantha Romero, que redactará la sentencia, sabe la suerte de la infanta.

26/06/2016




  • Samantha Romero y Eleonor Moya, durante la presentación de las conclusiones del juicio. J. GRAPELLI -

M. Sáiz-Pardo | Madrid

Ha sido el juicio más largo de la historia judicial de las Islas Baleares. 61 sesiones, 299 testigos y una decena de peritos. Un proceso que ha durado cinco meses y en el que, quizás la mayor sorpresa, ha sido que no ha habido sorpresa y que Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, lejos de intentar un pacto con la Fiscalía o de reconocer al menos parte de su culpa, han defendido su inocencia plena contra viento y marea. Una táctica que les enfrenta a pecho descubierto a 19 años y medio de cárcel, en el caso del exduque, y a 16 y medio de petición fiscal en el caso de Torres.

En medios judiciales palmesanos, conocedores de la contundencia de la Audiencia Provincial en los casos de corrupción con los ‘no arrepentidos’, dan por seguro que nadie va a librar al cuñado de Felipe VI de una condena superior a la década de prisión. Una pena muy similar a la que se especula se llevará su ex socio en Nóos. Ambos —recuerdan estas mismas fuentes— unieron su futuro procesal después de años de disputas cuando el pasado enero firmaron la paz tras la guerra de los ‘email’ y decidieron defenderse juntos y parapetarse tras un doble escudo. Por un lado, el de culpar de todas las irregulares a tres de sus subordinados, los hermanos Tejeiro (Marco Antonio, Miguel y Luis), los cuñados de Torres. Y por otro, el de rechazar cualquier responsabilidad porque todos sus movimientos eran supuestamente supervisados por la Casa Real a través de personajes como Carlos García Revenga o el conde de Fontao.

Pero ni los Tejeiro ni los consejeros de Zarzuela respaldaron sus afirmaciones, dejándoles sin argumentos y más expuestos que nunca a una sentencia ejemplar. La seguridad que hay en Palma de que los dos ex directivos de Nóos van a salir muy mal parados del proceso que concluyó el miércoles contrasta con la absoluta incertidumbre sobre qué pasará con la infanta.

El fallo

Solo la magistrada Samantha Romero —presidenta del tribunal y ponente de la sentencia— sabe la suerte que correrá Cristina de Borbón. Pero Romero ha sido durante estos meses absolutamente impenetrable. Ni una sola pista. Ni un solo cometario a los medios o a las partes en el proceso que haga vaticinar si va o no a dar cancha a la desprestigiada Manos Limpias, que cerró el juicio pidiendo los mismos ocho años de cárcel para la hermana del rey que reclamó antes de la vista oral. La juez Romero tampoco ha dejado traslucir el más mínimo comentario que sirva para imaginar hasta qué punto puede condicionar su fallo la investigación de la Audiencia Nacional contra la trama chantajista de Manos Limpias y Ausbanc, que estalló en plena vista oral, amenazando incluso la continuidad del pseudosindicato como acusación popular.
 
Uys, uys....jejejeje. Huelo miedo.



Un tribunal alérgico a las acusaciones públicas
  • La magistrada Samantha Romero marcó distancias desde el primer momento con Horrach y la abogada del Estado, de quienes ni se despidió al concluir el juicio del «caso Nóos».






«caso Nóos» terminó el pasado miércoles ahondando las distancias que, desde el primer minuto, marcó la presidenta del tribunal, Samantha Romero, con el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Estado María Dolores Ripoll. A diferencia de sus dos compañeras, Rocío Martín y Eleonor Moyá, que sí se aproximaron a los estrados de las acusaciones para, como suele ser habitual en un juicio tan largo (el «visto para sentencia» se escuchó tras 61 sesiones), intercambiar brevemente saludos y adioses, Romero se fue de la sala «a la francesa». Un corolario a la altura del blindaje que se ha autoimpuesto el tribunal, para mantener incólume su independencia, durante más de cinco meses de vista oral en los que la presidenta de uno de los juicios más mediáticos de la historia de España apenas ha cruzado una palabra con los representantes de las acusaciones públicas y de las defensas, más allá de la inevitable ronda de hace unos días para calibrar la duración de sus respectivos informes finales.

Esa ausencia total de empatía, en ocasiones, incluso, aparentemente sobreactuada, ha dejado la cuneta del juicio salpicada de esporádicos rejonazos verbales que han sufrido en sus togas, sobre todo, tanto Horrach como Ripoll y, en menor medida, la abogada de Baleares María Ángeles Berrocal. Desde el primer día quedó claro que acceder a cualquiera de las tres magistradas iba a resultar más complicado que conseguir un taxi en el polígono de Palma. Según fuentes jurídicas, la fiscal Anticorrupción Ana Lamas, representante del Ministerio Público en la vista junto a Horrach, intentó el primer día saludar a Romero, compañera de promoción (Lamas aprobó tanto las oposiciones a magistrada como a fiscal). Ni siquiera pudo entrar en la sala reservada para el tribunal, salvaguardada de visitas indeseadas por un agente de Policía durante todo el proceso. Posteriormente sí tuvieron mejor suerte, en un par de ocasiones, el abogado de Diego Torres y la letrada de Manos Limpias.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el fiscal cuestionó un correo electrónico remitido por Iñaki Urdangarín a Carlos García Revenga, ex secretario de las Infantas, introducido en el plenario por Manos Limpias. «Es la primera vez que veo que una acusación cuestiona una prueba documental de otra acusación», le espetó Romero a un sorprendido Horrach. El cometido de la Fiscalía «no es sólo acusar –contraatacó Horrach–, sino también oponerse a las acusaciones que se consideran infundadas». Quedó claro que las magistradas no estaban dispuestas a pasar a la historia como el tribunal que puso trabas a la labor en el proceso del sindicato, que ha sostenido en solitario hasta el final la acusación por delito fiscal contra la Infanta en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y en ese afán de indudable resonancia mediática, la presidenta ha preferido pecar por exceso que por defecto.

Sólo así se entiende que permitiera a la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, la exhibición de documentos mientras enunciaba las preguntas para Doña Cristina, acogida a su derecho a no contestar a la acusación popular. Su abogado, Pau Molins, reprochó a la letrada que «violentase» el derecho a guardar silencio de la hermana del Rey. Romero recriminó a Negrete sus alusiones a «cuestiones privadas absolutamente ociosas e innecesarias».

La pretensión de Horrach y de la Abogacía del Estado de que no se incorporase a la documental el informe de un perito propuesto por Manos Limpias –que el sindicato esgrimió para sustentar el delito fiscal que imputa a la Infanta– también resultó inoperante. La acusación popular renunció sorpresivamente a que declarara en el juicio, lo que impidió someterlo a la contradicción de las partes en el plenario y, aunque el tribunal aclaró que este hecho se tendría en cuenta a la hora de valorar sus conclusiones, tras media hora de deliberación dio la razón a Manos Limpias y el informe siguió incorporado a la causa.

Cuestiones de intendencia también son sintomáticas del aislamiento que se ha exigido el tribunal del «caso Nóos». Para evitar suspicacias, hasta han evitado cruzarse con nadie en el aparcamiento de la Escuela Balear de Administración Pública del polígono Son Rossinyol, donde se ha celebrado el juicio. Sólo las magistradas lo han utilizado. Las primeras semanas aparcó allí la abogada del Estado, hasta que un buen día, a Ripoll se le denegó el acceso. La decisión escoció a los abogados del Gobierno balear, que también han ejercido la acusación, pues la sede es propiedad del Ejecutivo autonómico.

En el fuego cruzado entre defensas y acusaciones, la presidenta del tribunal aprovechó la sesión del 24 de febrero para insistir en lo obvio. «El tribunal va a blindar su independencia y va a actuar conforme le obliga la Constitución y las normas legales que le vinculan». Molins se quejó de que se permitiera a la acusación popular insistir en cuestiones ajenas al proceso (la posible responsabilidad de la Infanta en relación al Instituto Nóos, que la Audiencia de Palma descartó meses atrás). Horrach esperó su momento y, en su informe final del pasado día 15, replicó al tribunal, a quien instó a abstraerse de «juicios paralelos»: «Ustedes no necesitan blindar su independencia». «Ya la tienen o se supone que la tienen», añadió de forma inquietante. Como apuntó en su día José Bergamín, al torero, como al soldado, el valor se le supone. Con la abogada del Estado, el momento más incómodo se vivió cuando Romero le reprochó su «falta de rigor» después de que el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, pidiera la expulsión del proceso de Manos Limpias por la investigación abierta contra el sindicato por extorsión en la Audiencia Nacional. Ripoll aprovechó para saldar cuentas y recordó a las magistradas que la Abogacía del Estado reclamó sin éxito en las cuestiones previas la falta de legitimidad de Manos Limpias para ejercer la acusación, que el tribunal rechazó. «El tiempo nos ha dado la razón», sacó pecho. «A los juristas hay que exigirles rigor», protestó airada la magistrada para zanjar la controversia.

El único varapalo sonado que se llevó López Negrete por parte de la presidenta del tribunal se produjo el pasado 3 de marzo. Ese día, la abogada de Manos Limpias introdujo en el plenario un correo remitido por Urdangarín a Don Juan Carlos expresamente inadmitido como prueba. El tribunal le llamó al orden y le advirtió de que no siguiera por ese camino o «tendremos que empezar a pensar que esto afecta a la buena fe procesal». La letrada lo achacó a un «completo error», pero la magistrada aprovechó la ocasión para lanzar otro aviso a navegantes en las ya por entonces procelosas aguas del «caso Nóos»: «El tribunal no se va a dejar enredar».

Alcanzado el objetivo del aislamiento preventivo, la presidenta del tribunal recupera la tranquilidad para redactar una voluminosa sentencia que será escrutada con lupa y que terminará en manos del TS. El miércoles, en un receso de la última sesión del juicio, las tres magistradas se acercaron por primera vez a la sala de prensa para despedirse. Preguntadas por la fecha de la sentencia y una posible lectura pública del fallo, desaparecieron por el pasillo. Se da por seguro, que no se conocerá antes del próximo otoño. Habrá que esperar, por tanto hasta octubre, noviembre o incluso diciembre para conocer una de las sentencias más mediáticas de la historia judicial española
 
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