Albert Rivera y Ciudadanos

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Ciudadanos busca que PP y PSOE se comprometan a acabar con el 'pasteleo' en el Constitucional


Rivera quiere "el compromiso político" de que el sistema de elección de los miembros del alto tribunal sea "neutral" y garantice su "independencia"

Su grupo presentará en el Congreso una Proposición No de Ley en la que pedirá que se aplique ya ese criterio antes de entrar a reformar más adelante la Constitución



Carmen Moraga
18/02/2017 - 19:51h
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Ciudadanos trabaja en su propuesta de reforma del Tribunal Constitucional EFE

Ciudadanos acusa a PP y PSOE de "colonizar" el TC y les pide que abandonen 'tics' bipartidistas
Albert Rivera quiere terminar con el intercambio de cromos que sigue funcionando entre los dos grandes partidos a la hora de repartirse los cargos institucionales, especialmente en los principales órganos judiciales. La indignación en Ciudadanos ha estallado al ver cómo de nuevo el PP y PSOE han cerrado un acuerdo, "como si se tratara de una tarta o un pastel", para renovar a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que están pendientes de elegir por el Senado.

Ese acuerdo, que ha excluído para la presidencia al exdiputado conservador Andrés Ollero, fue desmentido en un principio por los dos partidos. Pero los hechos al final les han dado la razón.

La negociación, llevada a cabo en sigilo, está casi cerrada con varios nombres encima de la mesa que se dan casi por seguros, entre ellos el del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

Desde Ciudadanos contemplan este pacto con gran malestar dado que resucita "las peores costumbres de los dos viejos partidos". El propio Albert Rivera no ha perdido la oportunidad de lamentarlo y de insistir en la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por la Justicia que evite estas situaciones. Un acuerdo para que el criterio de los grupos parlamentarios no sea el que determine los nombramientos de los magistrados y jueces para los órganos de gobierno, sino para establecer unos mecanismos basados en "el mérito, la capacidad y la independencia".

"Si queremos entrar en un nuevo momento de la democracia, es esencial que el poder político no meta las manos en el judicial", manifestó muy gráficamnete el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutierrez, el otro día en el Congreso.

En la actualidad, de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional, dos los designa el Gobierno, otros dos el Consejo General del Poder Judicial, cuatro son elegidos por el Congreso y otros cuatro por el Senado a propuesta de las Comunidades Autónomas. En ambas Cámaras se necesita una mayoría de tres quintos para que los nombramientos sean ratificados.

Los de Rivera se han puesto ya manos a la obra y preparan una Proposición No de Ley que esperan poder registrar en el Congreso bien la semana que viene o como muy tarde la siguiente, para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso.

Compromiso político de "neutralidad"
Según adelanta a eldiario.es el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en ella van a pedir al PP y al PSOE "un compromiso, o pacto político" para que antes de acometer la reforma constitucional, se apliquen ya esos principios de "neutralidad y despolitización" en la elección de los miembros de los órganos judiciales.

Dirigentes del partido naranja ya han sondeado el terreno "en conversaciones informales" con el PP para ver qué receptividad hay ante su propuesta. Los precedentes no son precisamente para que cunda el optimismo. Hace dos años, el PP y el PSOE ya se unieron para rechazar una enmienda propuesta por ERC que pedía modificar la Ley Orgánica del TC para prohibir a sus magistrados estar afiliados a partidos políticos o sindicatos.

Esta unidad de criterios de conservadores y socialistas en estos menesteres quedó reflejada en la Comisión Constitucional durante el debate sobre la proposición de ley impulsada por ambos grupos mayoritarios para recuperar la posibilidad de presentar recursos previos de inconstitucionalidad para las reformas de los estatutos de autonomía.

El objetivo de Ciudadanos ahora es abrir esa reflexión antes de que se celebre el pleno del Senado que debe elegir esos cuatro puestos pendientes de renovación, un pleno que aún está sin fecha.

Los aspirantes previamente deben comparecer ante la Comisión de Nombramientos, a quien corresponde elevar al pleno la propuesta de los magistrados, una vez comprobado que cumplen los requisitos necesarios para ello.

"Nosotros no podemos obligar al PP y al PSOE a hacer cosas que no han hecho nunca, pero si se lo piensan dos veces a lo mejor entienden que lo mejor es no transmitir esta imagen de politización que se traslada a la ciudadanía. Sobre todo cuando se van a tener que tomar decisiones de enorme calado, como las que afectan a Cataluña, que son decisiones de Estado".

"Lo que no puede ser es que después de realizar estos nombramientos, cuando se habla de un magistrado del TC, los medios de comunicación le coloquen el logo de un partido político. Eso no puede ser. Eso es deslegitimar su trabajo y su independencia", afirma Girauta.

La reforma del artículo 159 de la Constitución
Posteriormente, los de Rivera plantearán a través de una proposicion de ley una reforma de mayor calado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a ejecutar en tres meses que conllevaría la modificación del artículo 159 de la Constitución.

El modelo que propugna Ciudadanoso es que haya audiencia previa parlamentaria para los aspirantes a ocupar las plazas del Constitucional, que deberían contar con una experiencia de ejercicio de hasta 25 años.

También proponen establecer un estricto sistema de incompatibilidades que incluya el desempeño de cargos orgánicos de partido o representativos, así como altos cargos de la administración, en los cinco años previos al nombramiento. Y hacer los mandatos más largos, de 12 años en lugar de los 9 actuales, porque creen que de esta manera "serán menos presionables", así como jubilarse cuando cumplan los 75 años.



Otra de las medidas que quieren introducir es que se fije un plazo máximo que no podrá superar los 90 días para que el Tribunal se pronuncie cuando los asuntos tratados estén afectados derechos fundamentales.

Además, propondrán una restricción de las "puertas giratorias" entre justicia y política imponiendo a jueces y magistrados una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos.

Aunque el propio Albert Rivera ha admitido que esta propuesta no está incluida en el pacto que su partido firmó con el PP -ni en el del PSOE-, espera que las dos grandes formaciones se avengan a negociar y no sigan "replicando sus asientos del Parlamento" en el Tribunal Constitucional.
 
El fraude en el sistema de votaciones de Ciudadanos
El actual sistema telemático de votaciones está diseñado para manipular las elecciones internas y también para controlar a los acólitos del aparato
ANTONIO ÁLVAREZ
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Celebración de un acto de Ciudadanos en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

LEO NOGUERA
15 DE FEBRERO DE 2017
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"It is enough that the people know there was an election. The people who cast
the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything"
Uncle Joe

Ciudadanos ha venido utilizando un Sistema de Votación Telemático integrado en la Web de Afiliados de C's. Con este sistema, los afiliados han participado en diversas votaciones tanto para puestos orgánicos como en Primarias para cargos electos.

Recientemente este sistema ha sido utilizado para la elección de los compromisarios a la IV Asamblea General (4º Congreso) y para la elección del Comité Ejecutivo.

Este sistema de Ciudadanos no cumple con los mínimos de certificación y homologación para un sistema de votaciones, es por tanto un sistema inaceptable y seguramente fraudulento, como veremos. El sistema de votación carece de las siguientes condiciones básicas:

  1. El Censo no es fiable ni se permite auditarlo.
  2. No hay mecanismos para garantizar que un votante vote más de una vez a través de múltiples cuentas.
  3. No hay ningún mecanismo de autenticación del votante.
  4. No se garantiza el voto secreto y anónimo.
  5. No existe un recuento fiable y auditable.
  6. No se permite ningún control por parte de los candidatos ajenos al Aparato.
Las diversas afirmaciones por parte de miembros de la Dirección de Ciudadanos (Albert Rivera, Inés Arrimadas, Francisco Hervías, Begoña Villacís)a lo largo de los últimos meses sobre las garantías de este sistema de votaciones y sobre el papel que juega la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre en este proceso son todas burdas mentiras fácilmente comprobables con una simple llamada a la FNMT.

¿Por qué miente la dirección de Ciudadanos en un tema tan crucial? La única explicación razonable es por un intento de encubrir un sistema fraudulento que les permita perpetuarse en el control del Partido, con métodos torticeros y utilizando para ello el buen nombre de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Es preocupante la falta de reacción pública de la FNMT ante las falsas afirmaciones que han hecho miembros de la Dirección sobre el rol que la institución juega en el sistema de votaciones de Ciudadanos. Si bien es cierto que en privado confirman la falsedad de dichas afirmaciones.

Es también significativa la negativa de la Dirección de Ciudadanos a permitir una auditoría profesional e independiente, actitud que es consistente con un intento de encubrir una situación fraudulenta.

Un imaginativo uso del sistema de votaciones para controlar a los acólitos del aparato

El reciente proceso de las elecciones internas de compromisarios y Comité Ejecutivo (IV Asamblea General) ha estado plagado de irregularidades y violaciones de Estatutos y Reglamentos, sin embargo ha habido una interesante y novedosa utilización del sistema para controlar a los afiliados cercanos al Aparato.


El 19 de enero Albert Rivera emitió un tweet presentado su candidatura al Comité Ejecutivo bajo la etiqueta #EspañaCiudadana. Este tweet se publicó exactamente '45 minutos' antes del cierre de presentación de candidaturas a compromisarios y fue el toque de corneta para que se produjese la aparición de la misma etiqueta en los perfiles de todos los candidatos del Aparato. Hoy sabemos que este cambio, planificado de antemano, se produjo de una forma centralizada: el administrador del sistema cambió esta parte de los perfiles de forma automatizada, para lo que tuvo que tener la capacidad para entrar en las cuentas de estos afiliados. En algunos casos

estos cambios se produjeron incluso después del cierre del plazo de presentación de candidaturas, cuando ni los mismos afiliados tenían acceso, ni capacidad para cambiar sus perfiles. También hubo casos en los que el 'almohadillazo' se aplicó a afiliados equivocados, que no formaban parte de la lista oficial.

Dejamos de lado la grave violación de Estatutos y Reglamentos que supone la utilización de la administración del sistema de elecciones para favorecer una de las candidaturas, la mencionada lista del Aparato, violaciones que por otra parte han sido sistemáticas.

El mensaje nada sutil que mandaba el Aparato a los acólitos era claro y a casi nadie se le escapó, y venía a decir lo siguiente: "Como veis podemos entrar en vuestras cuentas, os hemos cambiado la presentación y por tanto podremos ver lo que votáis." Una especie de Gran Hermano versión C's. No es de extrañar que todos ellos, y otros aspirantes a ascender, votasen como un solo hombre o mujer: la mayoría de los miembros de las planchas oficiales son cargos públicos y cargos orgánicos, o aspirantes a serlo (los llamados "carguito-mendicantes").

Estos hechos confirman que, al menos, uno de los elementos fundamentales de un sistema legítimo de votaciones -voto secreto y anónimo- no se cumple en Ciudadanos, confirmando el carácter fraudulento del citado sistema.

En las organizaciones democráticas las elecciones se usan para ganar el poder; en las autoritarias, como es el caso de Ciudadanos, la Camarilla en control utiliza el poder para ganar las elecciones.

Unos resultados donde el autócrata recibe el 90% de los votos es la definición más clara de elecciones a la Búlgara. No he podido encontrar ejemplos de resultados similares en partidos políticos de sociedades democráticamente avanzadas.

Conclusión

El sistema de votaciones que actualmente utiliza Ciudadanos solo se puede calificar de fraude. Las mentiras por parte de numerosos miembros de la Dirección sobre el rol de la FNMT y la persistente negativa por parte de esta Dirección a cualquier clase de auditoría profesional e independiente, no hace más que abonar esta conclusión.

Si por circunstancias, ahora mismo imprevisibles, se llegase a producir algún tipo de auditoría, mi predicción es que la información necesaria habrá sido previamente eliminada. Es incluso posible que ya hayan preguntado sobre el modelo de martillo más eficaz para destruir discos duros.

Los Afiliados de Ciudadanos se merecen una Dirección que no les engañe y España necesita políticos que no mientan.

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Antonio Álvarez es afiliado de Ciudadanos y miembro de ALDE Party.

http://ctxt.es/es/20170215/Firmas/11145/ciudadanos-fraude-primarias.htm
 
"Los Afiliados de Ciudadanos se merecen una Dirección que no les engañe y España necesita políticos que no mientan".

uyyyyy, que acusación mas grave. Poco futuro veo a naranjito.
 
Guerra sucia entre Cs y PP por unas grabaciones
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Diputados del Partido Popular conversan con el actual portavoz de Cs en las Cortes, Alexis Marí. BIEL ALIÑO BIEL ALIÑO

Cargos del partido de Rivera graban a José Císcar (PP) en una reunión en la que traslada que el autor de una grabación que compromete a un asesor de Cs la destruirá si hay moción de censura en Gandía y Torrevieja

23/02/2017 03:20

Si las relaciones entre el PP valenciano y Ciudadanos ya eran complicadas, la guerra sucia que se ha abierto entre ambas formaciones a raíz de unas grabaciones, registradas con métodos rudimentarios como los que empleó el yonki del dinero Marcos Benavent con Alfonso Rus, ha acabado de reventar cualquier tipo de acuerdo entre ambos partidos. Al menos por el momento.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso ELMUNDO, cargos de Ciudadanos han grabado una reunión privada que mantuvieron en sede parlamentaria con el dirigente popular José Císcar, presidente del PP en la provincia de Alicante, en la que avisa que personas vinculadas a Ciudadanos plantean difundir otras grabaciones que comprometían a uno de sus asesores en Gandía si no había moción de censura en esta ciudad y Torrevieja.

En el audio aparece José Císcar mostrándole la grabación a destacados cargos del partido de Albert Rivera en Valencia, entre ellos el diputado Juan Córdoba, pues se extendió cierta preocupación entre los responsables de la formación naranja por la grabación que afecta directamente a su asesor en Gandía, Salvador Marí, quien garantizó a responsables del Club de Golf de esta ciudad una recalificación de terrenos para ampliar sus instalaciones porque «quien manda en el Ayuntamiento de Gandía soy yo, no Ciudadanos».

Según trasladó este asesor a responsables del Club de Golf en un encuentro informal, el único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandía, Ciro Palmer, estaría dispuesto a bloquear la aprobación de los presupuestos municipales si el resto de partidos no aceptaba sus condiciones.

Según esta información, Císcar, ante la preocupación e interés que mostraron los dirigentes autonómicos de Ciudadanos por estos hechos, aceptó sentarse con ellos en las Cortes valencianas para alertarles del comportamiento de su asesor sin saber que, en realidad, se estaba grabando sin su consentimiento la reunión. El objetivo, constituir prueba para demostrar que el PP no pretendía denunciar en el juzgado unos hechos presuntamente delictivos sino utilizarlos como moneda de cambio e impulsar mociones de censura en la Comunidad, admiten a este periódico fuentes de Ciudadanos.

En esa cinta se escucha al presidente del PP de Alicante trasladando a Ciudadanos que quien grabó a su asesor está dispuesto a destruir el audio si prosperan estas mociones de censura. No obstante, el dirigente popular puntualizó que no tenía garantías de que eso ocurriera porque podrían existir varias copias más, ya que al asesor de Gandía no lo habría grabado ningún cargo del PP.

La censura
En el trasfondo de estos hechos están las presiones que ha denunciado Ciudadanos de Gandía desde 2015 para firmar una moción de censura con el PP y así apartar del Gobierno local al PSPV y Més Gandia -coalición en la que participan Compromís y Esquerra Unida, entre otros-.

Ciro Palmer es el único concejal de Ciudadanos y tiene la llave del Ayuntamiento. En los últimos días, el partido de Rivera ha seguido denunciando «amenazas» de miembros del PP local y provincial para lograr la moción de censura a cambio de no difundir el audio que deja en muy mal lugar a su asesor por el tono y el lenguaje que utiliza.

Esta grabación tiene una duración aproximada de unos 90 minutos y se registró, al parecer, en el mes de diciembre tras una comida. Existen varias versiones de esa grabación que han sido difundidas a través de un correo electrónico anónimo a medida que el PP de Gandía iba perdiendo cualquier posibilidad de pacto.

En la grabación completa, sin manipular ni editar, se escucha al asesor Salvador Marí presumiendo de la capacidad de bloqueo de Ciudadanos en los presupuestos del Ayuntamiento para condicionar la recalificación de unas parcelas para ampliar el Club de Golf, terrenos que «valen oro», admiten otras personas que participaron en la cita. A cambio Marí, quien ha sido directivo de este Club de Golf, pide en tono jocoso «votos» para su partido en 2019.

La única solución viable que da el asesor a este Club de Golf es que el Ayuntamiento fije el precio de los terrenos, declarándolos de interés comunitario y «con dos pesetas los compramos».

Los interlocutores expresan sus dudas, pero el asesor les pregunta: «¿Quién manda en el Ayuntamiento?». «Manda Ciudadanos», le replican, mientras el asesor les interrumpe y afirma, «mando yo». «Si manda Ciudadanos, mando yo, mando yo, ni siquiera Ciro (Palmer)», razona.

Pese a que de la grabación aparentemente no se desprende nada delictivo más allá de la información privilegiada sobre los planes del Ayuntamiento que traslada el asesor, ayer Salvador Marí se mostró avergonzado por sus palabras. En declaraciones a EL MUNDO, Marí admitió que «es una conversación bochornosa, fuera de contexto, estábamos pasados de rosca»; pero remarcó que no pretendía favorecer ningún interés particular, pues es conocida la posición del Ayuntamiento. Cree que personas próximas al PP de Gandía le grabaron porque está investigando pufos de la época del ex alcalde popular Arturo Torró.

:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

 
PACTO PP-CIUDADANOS
Ciudadanos no logra que el PP impulse ninguna de sus exigencias de regeneración
Cuatro meses después de su investidura, Rajoy no ha puesto en marcha ninguna de las seis condiciones pactadas con RiveraPP y C's se reúnen para buscar un acuerdo 'in-extremis' sobre limitación de mandatos y supresión de aforamientosC's intenta demostrar el cumplimiento de sus exigencias pero el PP reconoce que las firmó porque eran "lentejas"
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Albert Rivera felicita a Mariano Rajoy tras conveguir investirse presidente con su apoyo el pasado 29 de octubre / PABLO BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ (GETTY IMAGES)

GUILLERMO LERMA
Madrid
28/02/2017 - 07:53 h. CET

Expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción, eliminar aforamientos, aprobar una nueva ley electoral, suprimir los indultos por corrupción política, limitar los mandatos del presidente del Gobierno y crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar la presunta financiación irregular del PP. Esas eran las seis exigencias que el PP se comprometió a poner en marcha a cambio de negociar con Ciudadanos su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. La formación conservadora firmó hacerlo durante los 100 primeros días de gobierno, pero esta semana se cumplen cuatro meses desde que el jefe del Ejecutivo revalidara su cargo y ninguna de esas reformas han visto la luz.

  • Expulsión de cargos imputados por corrupción
El incumplimiento de este punto del acuerdo ha sido evidente en las últimas horas, tras la citación como investigado del presidente de Murcia en el marco del caso Auditorio. El PP, que firmó este compromiso en el pacto nacional (para lograr el apoyo de Ciudadanos a Rajoy) y en el de la propia Comunidad Autónoma, se niega a forzar la salida de Pedro Antonio Sánchez porque entiende que no se trata de un caso de corrupción. Además, creen que el dirigente murciano tiene derecho a declarar antes de abandonar su puesto. Aunque los de Rivera insisten en exigir a sus socios que cumplan con lo acordado, por ahora no se atreven a ir más allá apoyando una moción de censura que daría el gobierno regional al PSOE. Los representantes de ambas formaciones mantendrán una reunión el próximo jueves, diez días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictara su auto de imputación, para intentar buscar una salida consensuada a esta situación.

  • Eliminar los aforamientos
El Partido Popular ha retrasado en varias ocasiones el cumplimiento de este punto. En público lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, que interpelada por el propio Rivera en una sesión de control, aseguró que habría que "analizar y acompasar" la reforma de la Carta Magna con la modificación de "19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial". "Con la reforma de la Constitución", explicó la vicepresidenta, "arreglamos 650 aforamientos, pero nos quedan el resto hasta llegar a 2.000". Los socios de investidura se reunieron la semana pasada para abordar esta reforma pero no hay avances al respecto.

  • Nueva Ley Electoral
Es la única condición en la que ambos partidos pueden asegurar que hay avances. La próxima semana se constituirá en el Congreso de los Diputados una subcomisión de estudio de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo que demuestra que existe la disposición de los partidos a abordar este cambio. Sin embargo, el pasado agosto la formación naranja explicaba que la forma en que se debía implementar este punto era impulsado una reforma exprés de la Constitución que acabara con el voto rogado, contemplara las listas abiertas obligatorias y diera mayor representatividad al sistema. La letra pequeña de esta exigencia ha sido olvidada por los socios de investidura.

  • Suprimir los indultos por corrupción
El Congreso aceptó tramitar hace unas semanas una propuesta del PSOE en la que se incluía la supresión de esta medida de gracia. También Ciudadanos llevó a la cámara una proposición de Ley que prevé esta reforma, pero lo cierto es que ni el Gobierno ni el PP la han impulsado y hoy por hoy los indultos siguen siendo un recurso vigente. Rivera también ha interpelado al Ejecutivo por este motivo en las sesiones de control de la Cámara Baja. La Moncloa asegura que desde 2012 el Gobierno no ha indultado a ningún condenado por corrupción política.

  • Limitación de mandatos
La literalidad del acuerdo dice que se limitarán a ocho años o dos legislaturas los mandatos del presidente del Gobierno. Este será uno de los asuntos que ambos partidos abordarán este martes en una reunión rutinaria que se celebrará en el Congreso de los Diputados. Públicamente PP y Ciudadanos han hecho declaraciones contradictorias. En Génova se comprometieron a ello para conseguir la investidura , pero en las últimas semanas distintos portavoces han expresado sus dudas sobre la legalidad de la medida. La formación naranja quería impedir que Mariano Rajoy optara a un tercer mandato pero admiten que no se puede elaborar una ley 'ad hoc' o "anti-Rajoy" porque su aplicación no tendría carácter retroactivo.

Rajoy debería iniciar el mandato enmendando su política anticorrupción
El PP estudia una propuesta que Ciudadanos le trasladó la semana pasada. Fuentes del Gobierno y del grupo parlamentario popular en el Congreso se muestran dispuestas a estudiar de forma conjuntamente el desarrollo legal de esta medida , pero aseguran que tienen dudas sobre la constitucionalidad de la misma porque se podría ver vulnerado el derecho al sufragio activo y pasivo de los electores. El propio Rajoy ha expresado en varias ocasiones su disconformidad con este punto. "En un sistema parlamentario como el nuestro no tiene sentido", llegó a asegurar en una entrevista.

  • Investigación sobre la financiación irregular del PP
Es la última condición del pacto. El PP está dispuesto a enterrarla esgrimiendo que ya hay dos comisiones de investigación en marcha en el Congreso (rescate de las Cajas de Ahorro y gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior). Ciudadanos asegura que no necesita al Partido Popular para ello, ya que el PSOE registró una iniciativa similar y Podemos también estaría a favor de su creación. Lo cierto es que tampoco en este caso la formación conservadora ha puesto facilidades para cumplir lo firmado a cambio del apoyo de su socio de investidura.

Para el PP, las condiciones eran "lentejas"
Desde Génova han verbalizado en las últimas horas su nula disposición a sacar adelante estas medidas. El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo explicaba en rueda de prensa que en su día se firmaron esas seis condiciones porque de lo contrario no estaba garantizada la gobernabilidad del país. "Hubo seis puntos iniciales, que eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que era, eran lentejas vaya, eran lo que es, no había otra opción y por lo tanto había que asumirlo como tal para garantizar que hubiera un gobierno en España", zanjaba el número tres de la dirección.

El PP sigue defendiendo además la continuidad del presidente de Murcia en su cargo. Este martes el también vicesecretario general de organización destacaba que Pedro Antonio Sánchez no tenía por qué abandonar la presidencia. "Tiene el apoyo de los afiliados y ningún problema legal". "Seguimos sosteniendo que Pedro Antonio Sánchez ha recibido muchas denuncias y muchas querellas políticas. Y todas han sido archivadas, está citado a declarar en un procedimiento y veremos a ver lo que sucede después de esa declaración, porque pueden suceder muchas cosas", concluía.

Ciudadanos intenta demostrar avances
El partido de Rivera se encuentra en el momento más delicado desde que firmara su acuerdo con el PP. En la Ejecutiva tratan de mostrar optimismo y trasladar una sensación de cambio que en la práctica es irreal. Ciudadanos ha lanzado una campaña a través de las redes sociales en la que explican la utilidad del voto naranja. El líder de la formación ponía como ejemplo la admisión a trámite de su Ley integral de lucha contra la corrupción. Rivera daba por hecho el fin de los indultos a pesar de que esa reforma solo se ha empezado a tramitar.

http://cadenaser.com/ser/2017/02/28/politica/1488239911_378764.html
 
"No es que no queramos cumplir, es que ponemos encima de la mesa las dificultades", ha replicado Martínez-Maillo. En la reunión de este martes, el partido de Albert Rivera quiere exigir la puesta en marcha de dos de esas reformas: la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos a dos legislaturas, que afectaría directamente a Mariano Rajoy. Dos medidas que ya fueron motivo de discusión entre ambas formaciones durante las negociaciones del acuerdo final de investidura, según el coordinador general del PP, porque los populares avisaron entonces de la dificultad de cumplirlas.

"Algunos de los acuerdos con Ciudadanos exigen que se incorporen otros partidos para poder aprobarlos porque requieren reformas legislativas de profundidad o incluso reformas constitucionales", ha matizado Martínez-Maillo, que ya se expresó en términos similares este lunes tras la reunión del Comité Federal. Desde la formación afirman que para realizar cambios en este sentido habría que modificar la Loreg y la Constitución, mientras que desde Ciudadanos defienden que podría cambiarse a través de la ley del Gobierno. En caso de que la reforma saliese tal y como la propone Ciudadanos, el principal afectado sería Mariano Rajoy -esta es su segunda legislatura-, por lo que el PP defiende que la medida no tenga carácter retroactivo.

El coordinador general del PP también ha afirmado que espera que en la reunión de esta tarde "no salga lo del presidente de Murcia". Pedro Antonio Sánchez tiene que declarar en calidad de investigado por el caso Auditorio el próximo 6 de marzo. Aunque desde la formación conservadora pidieron la semana pasada a Ciudadanos que esperasen hasta su declaración en el juicio para tomar una decisión, representantes regionales de ambos partidos se reunirán este jueves.

Finalmente, Martínez-Maillo ha defendido que el ministro de Justicia no dé más explicaciones con respecto a las acusaciones de presiones sobre los fiscales porque "viendo la realidad del día a día se desmonta cualquier idea de injerencias". "Bastaría con hacer una radiografía de España, donde los fiscales actúan contra la corrupción de todos, para darse cuenta de que cuando se habla de presiones no se tiene razón".

http://www.eldiario.es/politica/PP-condiciones-Ciudadanos-incumpliria_0_617338346.html


Bien Albert, bien,....o le han tomado el pelo miserablemente o usted sabía que ese pacto no valía nada. ¿Con que nos quedamos? ¿Que credibilidad tiene ahora usted mismo o el PP?

Ninguna...A ver si los ilusos que siguen creyendo en el Pp y su marca blanca se dan cuenta de la tomadura de pelo que tanto un partido como el otro han hecho a sus votantes.
 
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