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TIZONA
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La familia Del Burgo está ligada a otro proyecto polémico en Galicia, hasta la fecha protagonizado por miembros de la familia real española, señaladamente, Juan de Borbón y Battemberg – el fallecido padre del actual monarca español, Juan Carlos I. D. Juan vendió la isla de Cortegada (Villagarcía de Arosa) a una inmobiliaria de la que era parte Juan Ignacio del Burgo con la intención de construir en ella un complejo turístico y residencia del lujo. La isla sería donada [legalidad dudosa: hay total oscuridad sobre la supuesta o falsa donación] a su padre Alfonso XIII, por un grupo de caciques locales con el objetivo de que el monarca esatbleciese en la localidad de Carril su residencia estival, proyecto que jamás vería la luz [segunda razón de la ilegalidad de la “donación”].
En la actualidad [2007] el Consejo de la Junta declaró la utilidad pública de la isla y la Consejería de Medio Ambiente inició los trámites para llevar a cabo la expropiación forzosa con la idea de presevar la fauna y la flora de un archipiélago (está formado por cuatro islotes) que integra, junto con las isla Sias, Ons y Sálvora, el Parque NACIONAL Marítimo-terrestre Islas Atlánticas. El Gobierno gallego estableció el precio de Cortegada en 500.000 euros, cantidad que impide el acuerdo de venta al no satisfacer a los propietarios.
Los primeros pasos de este rocambolesco negocio se dan a partir de la muerte del dictador Francisco Franco. Previamente, en el año 1958, D. Juan de Borbón inscribía la Cortegada a su nombre en el registro de la propiedad de Cambados, pagando sólo una contribución por 45 hectáreas en lugar de las 54 que tiene la isla. Las otras nueve hectáreas corresponden a monte comunal, propiedad de todos los vecinos de Carril, lo que le causó trabas para llevar a término sus planes especulativos.
En 1979 el constructor de Santiago de Compostela relacionado con el Opus Dei José Otero Núñez, en calidad de presidente de la sociedad inmobiliaria Cortegada SA, presenta en la Cámara Municipal de Villagarcía de Arosa un proyecto para urbanizar la isla. Preveía la construcción de un puente que la ligase a Carril, además de de do 12 bloques de apartamentos, 75 habitaciones unifamiliares, dos hoteles de lujo, centros comerciales y deportivos, y una residencia especial para la Casa Real.
Juan de Borbón vende la isla a la inmobiliaria (de la que es miembro Del Burgo) por 60 millones de pesetas, siendo que su valor real estaría alrededor de 3.000 millones de pesetas. Este precio de favor se entiende si se tuviera en cuenta que los intereses del padre del actual monarca español estaban representados en la empresa a través de Ramón Pais Ferrín, abogado de Juan de Borbón y uno de los miembros del consejo de administración de Cortegada SA. A aquellas alturas Pais Ferrin era asesor jurídico de diversas entidades financieras gallegas, entre ellas la Caja de Ahorros de Santiago. El bajo precio fue una forma de eludir el pago de una mayor cantidad de dinero a título de impuesto de transmisión de propiedades. Otros administradores de la inmobiliaria eran Filomena Casal Gómez, Gabriel Navarro Rincón, Alberto Ibáñez Trujillo, Enrique Alguacil de la Blanca y José María García Marcos, además del propio Jaime Ignacio del Burgo, ex-presidente de Nafarroa, diputado del PP en Madrid y miembro de la dirección estatal de este patido.
Cuando viene a saberse que la venta ha tenido lugar, se presentan dos demandas judiciales contra Juan de Borbón. Una por parte de los descendientes de una familia que tenia adquiridos los derechos de un foro que pesaba sobre los terrenos y que volverían a pertenecerles en caso de que la isla dejase de pertenecer a la familia real, y la otra de carácter popular, en que la villa de Carril reclamaba la Cortegada al entender que era su legítima propietaria, una vez que la monarquía se la desvincula. Estas demandas, así como la creciente oposición de la vecindad, hacen que el proyecto se encuentre paralizado temporalmente.
El primer Plan General
Transcurridos tres años, en 1982 el gobierno municipal de Villagarcía, formado por el PSOE y el PCG llegan a un acuerdo con Cortegada SA para urbanizar la isla. El acuerdo coincide con la redacción del primer Plan General del Ordenamiento Urbano del concejo.
En el proyecto anterior al plano el suelo de la isla es clasificado como NO URBANIZABLE. Es aquí que el Gobierno municipal inicia los contactos con Cortegada SA, cuando muda el plano y el suelo pasa a ser clasificado como urbanizable. No obstante, la consultora encargada de la redacción del plano (¿cuál?) –movida por el interés de conservar la isla – consiguió introducir una cláusula (la disposición adicional tercera) que establecía un plazo para ejecutar el plano parcial presentado por la empresa. Si no se cumpliese, la isla pasaría automáticamente a ser considerada de protección oficial del litoral costero y, por tanto, No Urbanizable.
Esto sirvió al movimiento social para presionar. La Inmobiliaria no da materializado el plano parcial en el plazo que establecía el PGOU a causa de las dificultades econmicas que envova un proyeto de semejantes dimensiones, bien como por la creciente oposicin popular organizada ya como Comisin Ciudadana de Defensa de Cortegada (CCDC). La empresa se vio obligada a solicitar prórrogas y ahí comenzó el desgaste. El movimiento comenzó a ganar fuerza y se abrió un debate público sobre la conveniencia de urbanizar la isla.
Cortegada SA muda entonces su estrategia e intenta construir a toda costa el puente para ligar la isla al continente. El proyecto de la infraestructura preveía a la construcción de un elevado número de zapatas, única manera de reducir los costes. Esto es utilizado por la comisión ciudadana para conectar más con la gente que vive de los parques de cultivo de moluscos bivalvos de Carril, lo que se traduce en la revitalización del movimiento, ya que la obra perjudicaría mucho los parques.
Después de la batalla del puente, que ganan los vecinos presentando una serie de alegaciones al proyecto, PSOE y PP, este último dirigido por el ex consejero de Política Territorial José Cuíña, cmbian de postura y defienden una urbanización blanda. Concurren entonces tres posiciones respecto a la isla: Cortegada SA utiliza el argumento “jurídico” de que “adquirió” unos derechos a través del plano parcial y que los obstáculos que la Aministración le puso, derivados de la presión popular, causaron que no diesen ejecutado el plan parcial. La segunda posición la encarnaba la CCDC, que rechazaba la urbanización. La tercera era la que sustentaban el PP y el PSOE partidarios de urbanización blanda. Para llevarse a cabo este tipo de urbanización era necesario que la empresa llegase a un acuerdo con el ex consejero Cuíña y con el actual presidente de la Cámara de Villagarcía, Javier Gago, del PSOE. Pero como la empresa no cedió, Cuíña, inmerso de lleno en la polémica instalación de depósitos de hidrocarbonadoos en Ferraso (Villagarcía), decidió ceder, arrastrando con él a Gago.
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De hecho, el salto a la inclusión de la isla en el Parque Natural Islas Atlánticas calla con la polémica por la instalación de depósitos de Ferraso. Debido a la presión popular y la fuerte oposición al proyecto, Cuiña anuncia que va a ceder en lo que respecta a Cortegada. Al final la isla es includída en el Parque Natural. Aunque una parte continúa hasta hoy siendo propiedad de la empresa que hasta hace poco reclamaba al Estado 20.000 millones de pesetas por no haberla podido explotar como pretendía para el turismo, llegando su demanda al mismo Tribunal Supremo.
En la actualidad [hasta 2007] la isla ha sido clasificada de interés público y continúa envuelta en un proceso de expropiación forzosa.
Una isla robada al vecindario de Villagarcía
La isla pasó a ser considerada propiedad de la familia real española en la secuencia de las gestiones realizadas por un grupo de caciques locales que vieron en el proyecto de “cesión” una manera de dinamizar turísticamente la región. Con este propósito forman la “Comisión encargada de adquirir y donar la isla de Cortegada”, que estaba integrada por Francisco Padín Piñeiro, José Benito Porto Rial, Daniel Poyán, Teodosio González Deza y Valeriano Deza García. Estas personas se encargaron de apropiarse los terrenos de la isla, un total de 54 hectáreas divididas en 1.224 lotes que pertenecían a más de 800 propietarios. En la isla vivían en ese momento más de 200 personas y muchas de ellas fueron obligadas a abandonarla. No todos los propietarios llegaron a recibir dinero por sus terrenos, y en los casos en que los dueños de algunos terrenos no comparecieron, porque muchos estaban emigrados, fueron adquiridos en remate público. De ahí que, a pesar del tiempo transcurrido, entre los vecinos de Carril arraigase la sensación de haber sido víctimas de un robo.
En segundo lugar interviene un grupo de personas que se encargan de avalar financieramente la operación delante del Banco de España. Son estas personas que, por su importancia económica y política, mantienen relación con la Casa Real. Esre grupo de 48 notables ampara a diversos niveles el proyecto. En apoyo de la residencia real se declararon políticos como Montero Ríos; representanciones de entidades empresariales como Villagarcía Industrial; empresarios como Juan Fernández Latorre (fundador del diario La Voz de Galicia) y José Barreras (fundador del astillero vigués Barreras),y abogados como Cobián Rofignac (ex ministro español, luego llegaría a presidir l Banco de España y Consejo de Estado) o Felipe Ruza, Decano del Colegio de Abogados de Pontevedra.
Alfonso XIII, para aceptar el presente, como si les estuviese haciendo un favor, exigió varias condiciones: la primera, que la isla fuera donada en su integridad, es decir, todas y cada una de las propiedades allí existentes pasarían a ser parte de su patrimonio. La segunda fue que la donación de la isla estuviera libre de todo tipo de carga.
Las condiciones fueron aceptadas y en el mes de Agosto de 1907 se formaliza la escritura de donación al monarca español, que en Septiembre visita la isla por primera y única vez.
Novas da Galiza
15 de Janeiro a 15 de Fevreiro de 2007, 13-14.
- PRIMERA OPERACION ESPECULADORA, robo de la propiedad.
«Entre las dos dilatadas colinas de la isla, se alzará el palacio”, expone Villar Granjel, de 60 metros de fachada y la misma medida de fondo, con un patio de 20 por 24 y torres de 40 metros de altura, dotado de embarcaderos, jardines y parques «como los grandes castillos de los grandes soberanos de Europa».
Además de detallar las características del palacio, también expone las del puente. «Enorme, semejante al Puente de la Torre de Londres, decorado al estilo de la arquitectura civil alemana de la Edad Media», subraya. Será levadizo en el centro, con una longitud de 129 metros y dos grandes puertas ornamentales".
La prisa es la tónica dominante. Sin tener asegurada la propiedad, se informa de la aceptación del monarca y de la próxima visita que realizará a la localidad», advierte el historiador vilagarciano.
Y la llegada del Rey Alfonso XIII tiene lugar a finales del verano de 1907. La visita es breve y no se compromete a acudir durante los cumento se le entregara con las omisiones que se le entregó porque siempre pensó que fuese para ejercer él libremente su dominio en toda la isla, encontrándose con una porción de terreno de la misma litigable por no haberlo cedido su propietarios», podía leerse en las crónicas de la época.
En marzo de 1908, Vilagarcía recibía con amargura la noticia, pero no estaba escrito el último capítulo. Las fuerzas vivas convocaron una manifestación. Se celebró el 17 de marzo.
Cuatro días después, el Rey responde que está dispuesto a aceptar el regalo si le entregan la totalidad de la isla. La comisión encargada de las gestiones lo consigue. La escritura de la donación fue firmada el día 16 de julio de 1910 en Madrid.
Pero, por entonces, el monarca ya había puesto sus ojos en la Magdalena de Santander, que se convirtió en su residencia de verano, aunque no por eso renunció al regalo que con tanta insistencia se empeñaron en hacerle.
... Sin residencia ni compromiso Borbón, ”los promotores de la iniciativa se vieron ante el compromiso de pagar 620.000 pesetas por los trámites, y parte de los propietarios perdieron el dinero recibido en concepto de indemnización al quebrar el banco Herederos de Francisco Deza”.
- SEGUNDA OPERACION ESPECULADORA: fraude legal. Don Juan ni reconoce ni cumple con la retrocesión a sus primeros propietarios, el municipio de Villagarcía.
La isla fue vendida por Don Juan de Borbón a Inmobiliaria Cortegada, = Jaime Ignacio del Burgo, por sólo 60 millones de pesetas (360.000 euros).
RESISTENCIA DE LOS VECINOS
http://elpais.com/diario/1990/03/26/espana/638402418_850215.html
En 1991 la Xunta declara la isla parque natural, perdido su valor como inversión. Inicia los trámites para recuperarla.
Lo que significa que la Hacienda pública (gallega) se ve obligada a PAGAR más de 1,8 millones de euros a la inmobiliaria dirigida por Jaime I. del Burgo.
La fijación del importe se ha hecho hace cinco años, en el 2007.
Otro pago más a la familia de "benefactores" del pueblo.
http://www.seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER_00199410.jpg
Muy interesante. Ahora se explica todo.
