El Gobierno de Arce paraliza la investigación tras el viaje de Iglesias a Bolivia
- ALEJANDRO ENTRAMBASAGUAS
- 18/11/2020 06:48
Uno de los motivos por los que la Justicia boliviana dará carpetazo al caso Neurona es que el Estado ya no se considera perjudicado. Este hecho es muy relevante, ya que, la investigación de los pagos que Evo Morales hizo a la consultora chavista arrancó tras la denuncia que realizó el Gobierno de la ex presidenta Jeanine Áñez nada más llegar al poder, en noviembre de 2019. Tanto el Ministerio de Comunicaciones (desde donde se hicieron los pagos) como el viceministerio de Transparencia y Anticorrupción, estaban personados como perjudicados. Ahora, tras el cambio de Gobierno, ya no lo están.
En los últimos días se ha producido la desimputación de 6 de los 14 investigados que inicialmente tuvo el caso Neurona en Bolivia. De esas 14 personas, 4 estaban en prisión y 10 bajo arresto domiciliario. Los fiscales que investigaban estas irregularidades ya no los consideran culpables, casualmente tras la victoria del partido de Evo Morales el pasado 18 de octubre.
Estos repentinos cambios de criterio se deben a una reestructuración exprés en el sistema judicial. En las últimas semanas, se ha sustituido a decenas de jueces y fiscales por otros cuyo mérito sólo ha sido pagar 20.000 dólares para acceder a altos cargos de la judicatura, como contó a OKDIARIO Álvaro Coimbra, ministro de Justicia. En tan sólo un mes, el nuevo Gobierno ya ha colocado a gente de su entorno en juzgados y Fiscalías Departamentales. Algunos de los jueces y fiscales que han sido purgados se han visto obligados a abandonar sus respectivas carreras judiciales tras recibir amenazas.
Entre los imputados en el caso Neurona se encontraba el tesorero del organismo desde el que se llevaron a cabo las adjudicaciones a la consultora chavista con nexos con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Se trata de Cristian Mauricio Silva Clavijo, ex responsable de Presupuestos y Tesorería del Ministerio de Comunicaciones. Su participación en los pagos a Neurona fue clave, según la Policía, ya que entró a trabajar en el organismo público que adjudicó los contratos justo en el momento de la firma de los mismos.
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La declaración de Silva ante la Fiscalía de Bolivia, que obra en poder de este periódico, se centra en echar las culpas a sus superiores. De esta manera, confirmó que la cúpula del Gobierno de Evo Morales estaba al tanto de la contratación y de los pagos millonarios ‘a dedo’.
La Fiscalía boliviana ha pasado de ver siete delitos a no ver ninguno. Inicialmente, en la denuncia del Ministerio Público se encontraron siete tipos penales imputables a la ex ministra de Comunicación de Evo Morales, los altos cargos del ministerio que participaron en las adjudicaciones a la consultora chavista Neurona, los funcionarios y la propia empresa. Estos delitos son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
Paralizado durante 11 meses
La que hasta el momento era la fiscal boliviana encargada del caso, Rocío Feraudi, paralizó durante 11 meses la investigación judicial que afecta a la cúpula de Podemos. Como publicó OKDIARIO hace más de un mes, no era la primera vez que esta fiscal era acusada de favorecer los intereses del ex presidente boliviano mientras instruye un caso de corrupción.
Entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020, la fiscal Feraudi guardó en un cajón la investigación del caso Neurona. Tras la presión del anterior equipo del Ministerio de Justicia, se logró reactivar el caso que, ahora, definitivamente, quedará archivado. Esta fiscal es muy próxima a Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado nombrado por el gobierno de Evo Morales.
En total, la consultora chavista Neurona ha recibido 1,6 millones de dólares del Gobierno de Evo Morales. Estos contratos tenían como objeto cuestiones muy dispares. Desde la realización de Enajenación de empresas públicas pasando por la Gestión de redes sociales y la Realización de reivindicaciones marítimas. Todos estos pagos se llevaron a cabo entre los años 2017 y 2018.
Al igual que se paraliza la investigación del caso Neurona, también se da por cancelada la citación judicial que Pablo Iglesias, gran parte de la cúpula de Podemos, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ex juez Baltasar Garzón tenían pendiente desde hace un año.
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, visitó Bolivia junto al Rey Felipe VI el pasado 8 de noviembre, con motivo de la toma de posesión de Luis Arce, del partido de Evo Morales. Iglesias no viajaba a Bolivia desde finales de 2017, cuando se reunió en secreto con la diputada que negoció el fichaje de la consultora Neurona.
