Pedro Sánchez y su equipo de gobierno.

La nueva Ley de Vivienda nace condicionada por el bloqueo de comunidades y ayuntamientos del PP​


Foco
VIVIENDA
Vivienda en alquiler en Sevilla EFE / José Manuel Vidal
Cristina G. Bolinches
5 de octubre de 2021 22:05h
27
@CBolinches
La ejecución de una de las medidas estrella del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos va a quedar en manos, bien de las Comunidades Autónomas, bien de los Ayuntamientos, lo que aboca a la Ley de Vivienda a quedar descafeinada. El PP se ha mostrado desde el primer momento contrario a la nueva norma, lo que hará difícil su ejecución en las administraciones que gobiernan.

Serán las administraciones autonómicas y locales las que determinen su implementación. Por un lado, las comunidades tienen transferidas las competencias en vivienda. Y, en este caso, son ellas las que tienen que solicitar la existencia de áreas "tensionadas", con más presión al alza en los alquileres y donde se podrán aplicar los mecanismos de control de precios que diseña la nueva ley. Por otro lado, porque son los ayuntamientos a quienes corresponde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la recarga en este para los pisos que permanezcan vacíos un largo periodo de tiempo.

"Hay un recargo en el IBI para las viviendas vacías durante un tiempo prolongado y es una medida donde el Gobierno lo que hace es que habilita la posibilidad de que los ayuntamientos lo apliquen", asumía este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

"Hay otras medidas, como la declaración de zona tensionada, que han de ser las comunidades autónomas quienes lo soliciten al Gobierno de España. Es una Ley que tiene en cuenta las distintas competencias, las estatales, las autonómicas y las locales y que va a adoptando medidas en función de los problemas que se van planteando. Es una ley que, como no puede ser de otra manera, tiene que tener en cuenta las competencias de cada administración".

Fuentes conocedoras del acuerdo explican que será cada Comunidad la que inste a una actuación porque entienda que hay áreas tensionadas en los precios del alquiler en su territorio y, solo tras ese proceso, se pondría en marcha el mecanismo de referencia de precios. En este sentido, justifican que la "ley es ambiciosa y respetuosa" con las competencias de las comunidades y un gran avance, porque "hace posible que haya estabilidad de precios y, al mismo tiempo, seguridad jurídica". Una ley que asumen es "muy compleja" dado que es la primera vez que se desarrolla una regulación de este tipo en 40 años, que "no se ha aprobado ni con mayorías absolutas".

¿Qué es un área tensionada y qué pasará en ellas?​

Las áreas tensionadas serán, según el acuerdo aprobado este martes, aquellas en las que los precios de los alquileres avancen cinco puntos por encima del IPC en los últimos años y donde el esfuerzo para abonarlos sea más del 30% de los ingresos de la unidad de familiar, según indican las citadas fuentes.

En esas áreas es donde se busca, sobre todo, que bajen los precios. Y ahí se diseñan diferentes herramientas en función de si los propietarios son personas físicas o jurídicas. Y es en estas últimas es donde se incluyen los definidos como grandes propietarios que tengan 10 o más viviendas, fundamentalmente fondos y bancos.

En cuanto a los particulares, se elevan las bonificaciones fiscales para quienes tiren de los precios del alquiler a la baja. Por ejemplo, si hay una rebaja de hasta un 5% respecto al contrato anterior, las personas físicas propietarias pueden tener una bonificación de hasta el 90%. Si alquilan a jóvenes menores de 35 años, la bonificación sería de hasta el 75%.

En cambio si los propietarios, personas físicas, suben el precio del alquiler de sus inmuebles en las zonas tensionadas verían reducidas las bonificaciones o, incluso, eliminadas si se considera que hay especulación detrás.

En cuanto a los grandes tenedores, personas jurídicas con más de 10 inmuebles, no tendrán incentivos fiscales. En su caso, la futura ley, si no hay cambios, contempla dos escenarios para estas áreas tensionadas. El primero, que prolonguen los contratos de alquiler sin elevar más los precios, manteniéndolos –aunque sí permite subir el IPC– durante el tiempo que dure el contrato en el área tensionada.

El segundo, que estos grandes propietarios opten por un nuevo contrato o un nuevo inquilino. Sería entonces cuando entre en juego el índice de precios de referencia de la zona, que sería aplicable.

Pero respecto al índice, a cómo configurarlo y qué características tendrá, aún no hay consenso. El Ejecutivo se ha dado lo que queda de 2021 y 2022 –que será lo que dure la tramitación parlamentaria– para ver las diferentes opciones que tiene respecto a cómo construirlo y perfeccionarlo, según indican las citadas fuentes.

Las medidas en zonas no tensionadas​

Las zonas tensionadas son, básicamente, urbanas y con alta presión sobre los precios pero, para el resto, también hay medidas, aunque no haya tanta ansiedad por bajar los precios del alquiler.

En estas áreas, habrá bonificaciones al alza, de hasta el 70%, para los propietarios que cedan el alquiler de una vivienda a una administración pública; o del 60% en el caso de que se trate de una vivienda rehabilitada.

Además, se contempla el recargo en el IBI para aquellos inmuebles que lleven un largo periodo de tiempo cerrados. Una potestad que es exclusiva de los ayuntamientos.

A este respecto, los consistorios ya pueden establecer un recargo del 50% si un propietario tiene más de cuatro viviendas que lleven vacías más de dos años. Ahora, con la ley, ese recargo se puede elevar hasta el 150%.

Nuevo choque con el PP​

Es obvio que la Ley de Vivienda no será bien recibida por las Comunidades lideradas por el Partido Popular. "Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada que tendrá consecuencias negativas para España y los ciudadanos", declaró la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "sorprendente" que el Gobierno acuerde la ley de vivienda sin "ponerse de acuerdo primero con las comunidades autónomas". Además, apuntó que de la nueva Ley "no se desprende nada bueno para inquilinos y propietarios".

En el caso de la Comunidad de Madrid, en los últimos dos años, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya ha indicado en diferentes ocasiones que no tiene intención de poner en marcha un control de precios. Justo antes de la pandemia, Díaz Ayuso aseguró en un pleno de la Asamblea de Madrid que no tenía ninguna voluntad de intervenir en los precios del alquiler porque constituiría "un ataque directo a la propiedad privada" y que "la propiedad privada no es ideología; es un derecho constitucional".

Este martes la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, salió rápidamente a descalificar la norma: "Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada".

En una línea muy similar se ha pronunciado este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, respecto al recargo en el IBI, de hasta el 150%.

"Nosotros no vamos a subir el IBI a nadie y no vamos a recargar el IBI a las viviendas vacías. Vamos a seguir generando más vivienda, mejor vivienda, más suelo y vamos a seguir bajando el IBI", señaló Almeida, que también apuntó que la Ley "es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe".

En el caso de que el recargo al IBI venga definido en una reforma de Ley de Haciendas Locales (algo que, de momento, el Ejecutivo no contempla) el alcalde madrileño aseguró que "ya articulará las medidas necesarias para que todos los madrileños puedan seguir disfrutando de la rebaja del IBI".

Quedan por delante meses de negociaciones y de cerrar flecos, porque ahora se inicia todo el proceso administrativo, la tramitación de información pública, Consejo de Estado, etc. De esta forma, la nueva ley, previsiblemente, no saldrá de Moncloa hasta finales de este año. Y por ello, como pronto, se aprobaría en la recta final de 2022.


La ley estará ahí, y si algunos políticos de CCAA no la quieren aplicar no será porque no exista, sino porque no les dé la gana a los equipos de gobierno de esas CCAA.
 

POLÍTICA

El PSOE pretende incumplir el acuerdo para subir el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas​

“Si se confirma lo que ha dicho María Jesús Montero” –que el tipo mínimo del 15% se aplicará sobre la base imponible en vez de sobre el beneficio–, la medida “será un bluf”, advierte Sánchez Mato.

Por
Javier Lezaola.

6 de octubre de 2021 23:00


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Unidas Podemos cerraba este martes con el PSOE dos acuerdos –uno en materia de alquiler de vivienda y el otro en materia de Impuesto de Sociedades– que han permitido desbloquear el primero la Ley de Vivienda y los dos el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aunque el PSOE maniobra ya para intentar desvirtuar ambos pactos. En materia de Sociedades, el acuerdo consistió en que a las grandes empresas se les subiría ese impuesto hasta un tipo mínimo del 15% –en la línea de lo que vienen reclamando la OCDE, el G20 e incluso, pública e insistentemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden–, pero el partido liderado por Pedro Sánchez parece dispuesto a incumplirlo por la vía de dejarlo vacío de contenido.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba este martes en el Senado –en respuesta a una pregunta de una senadora del PP– que efectivamente a las grandes empresas se les subirá el Impuesto de Sociedades hasta un tipo mínimo del 15%, pero advertía de que ese tipo mínimo se aplicará no sobre el resultado contable –el beneficio de las empresas–, sino sobre la base imponible. Tras el ‘chiste’ –que sonó al de “tengo para vosotros dos noticias: una buena y la otra mala…”, pero al revés–, los grandes empresarios, y con ellos el propio PP, respiraron aliviados.

“Si se confirma lo que ha dicho María Jesús Montero, la medida será un bluf”, y es que “la base imponible se ha ido separando del resultado contable” precisamente porque “las medidas que en su día aprobaron PSOE y PP con deducciones varias han reducido esa partida”, advierte Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada y responsable de Elaboración Programática de IU, en declaraciones a LUH. “Todo lo que no sea actuar para que el tipo efectivo mínimo del 15% sea sobre el resultado contable –que es el que está en el 8,8% en promedio– no sirve; de hecho, el tipo medio efectivo sobre la base imponible está bastante por encima del 15%: en 2020 estaba en el 20,7%”, añade.

Durante la negociación del acuerdo, Unidas Podemos ha luchado para que la subida del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas hasta un tipo mínimo del 15% se aplicara al resultado contable, mientras que el PSOE lo ha hecho para que se aplicara a la base imponible –es decir para beneficiar a los grandes empresarios, en detrimento de las arcas públicas–, en la línea de lo que Montero trasladaba este martes en el Senado.

Según ha podido saber este diario de fuentes de la negociación del acuerdo, este establece que la subida del impuesto se producirá en los términos del pacto de gobierno que PSOE y UP firmaron tras las generales de noviembre de 2019. “Impuesto de sociedades: Se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”, establece el acuerdo que el PSOE pretende ahora desvirtuar. El pacto de gobierno no explicita que la medida se aplicaría al resultado contable “porque el PSOE se negó a explicitarlo”, pero “en Unidas Podemos siempre dejamos claro que si no fuera así, sería una ‘no medida’”, explica Sánchez Mato.

En cualquier caso, el economista destaca que si la subida acabara aplicándose a la base imponible, el avance que supondría en materia de justicia y progresividad fiscal sería “muy, muy, menor”, y es que “habrá alguna empresa despistada, pero nada importante en cuestiones de recaudación”. Por el contrario, calcula que podrían recaudarse “hasta 13.700 mil millones de euros anuales más” si la subida acabara aplicándose al resultado contable. “Es una trampa”, insiste Sánchez Mato, que recuerda que las empresas afectadas por que la subida se produjera sobre el resultado contable y no sobre la base imponible sería “el 0’01% de las empresas del país”, un total –eso sí– de “135 grandes empresas cuyo tipo efectivo actual es del 3’2%”, según datos oficiales. “A esas grandes empresas”, entre las que se encuentran la mayoría de las del IBEX 35, “es a las que defiende el PSOE”, advierte.
Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a la negociación, los equipos de Unidas Podemos y del PSOE seguían negociando en la tarde de este mismo miércoles sobre el alcance final de la medida.


El PE de Pedro Sanchez, un trilero, muy ""progresista"" y ""socialista"". En fin, a pocos puede engañar a éstas alturas.
 
Primasss, ¿opiniones de esto?

Pues que estoy hasta los huevos que sus argumentos se limiten a decir facha facha y facha. Que se puede esperar de alguien tan bajo, también lo tengo que decir. Para mi es una vergüenza que alguien así me gobierne.
He visto la declaración de la chica y me da TRISTEZA que cosas que están superadas como el "que llevabas puesto cuando te paso eso" y digo que están superadas porque el 99% de los PROFESIONALES que te traten no te va a preguntar cosas así ante una violacion. Estén volviendo, la policía le preguntó: pero te sueles poner esa camiseta? Que pasa con las feminazis, defienden que no te pregunten si llevabas minifalda, ahora no las escucho!
 

La nueva Ley de Vivienda nace condicionada por el bloqueo de comunidades y ayuntamientos del PP​


Foco
VIVIENDA
Vivienda en alquiler en Sevilla EFE / José Manuel Vidal
Cristina G. Bolinches
5 de octubre de 2021 22:05h
27
@CBolinches
La ejecución de una de las medidas estrella del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos va a quedar en manos, bien de las Comunidades Autónomas, bien de los Ayuntamientos, lo que aboca a la Ley de Vivienda a quedar descafeinada. El PP se ha mostrado desde el primer momento contrario a la nueva norma, lo que hará difícil su ejecución en las administraciones que gobiernan.

Serán las administraciones autonómicas y locales las que determinen su implementación. Por un lado, las comunidades tienen transferidas las competencias en vivienda. Y, en este caso, son ellas las que tienen que solicitar la existencia de áreas "tensionadas", con más presión al alza en los alquileres y donde se podrán aplicar los mecanismos de control de precios que diseña la nueva ley. Por otro lado, porque son los ayuntamientos a quienes corresponde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la recarga en este para los pisos que permanezcan vacíos un largo periodo de tiempo.

"Hay un recargo en el IBI para las viviendas vacías durante un tiempo prolongado y es una medida donde el Gobierno lo que hace es que habilita la posibilidad de que los ayuntamientos lo apliquen", asumía este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

"Hay otras medidas, como la declaración de zona tensionada, que han de ser las comunidades autónomas quienes lo soliciten al Gobierno de España. Es una Ley que tiene en cuenta las distintas competencias, las estatales, las autonómicas y las locales y que va a adoptando medidas en función de los problemas que se van planteando. Es una ley que, como no puede ser de otra manera, tiene que tener en cuenta las competencias de cada administración".

Fuentes conocedoras del acuerdo explican que será cada Comunidad la que inste a una actuación porque entienda que hay áreas tensionadas en los precios del alquiler en su territorio y, solo tras ese proceso, se pondría en marcha el mecanismo de referencia de precios. En este sentido, justifican que la "ley es ambiciosa y respetuosa" con las competencias de las comunidades y un gran avance, porque "hace posible que haya estabilidad de precios y, al mismo tiempo, seguridad jurídica". Una ley que asumen es "muy compleja" dado que es la primera vez que se desarrolla una regulación de este tipo en 40 años, que "no se ha aprobado ni con mayorías absolutas".

¿Qué es un área tensionada y qué pasará en ellas?​

Las áreas tensionadas serán, según el acuerdo aprobado este martes, aquellas en las que los precios de los alquileres avancen cinco puntos por encima del IPC en los últimos años y donde el esfuerzo para abonarlos sea más del 30% de los ingresos de la unidad de familiar, según indican las citadas fuentes.

En esas áreas es donde se busca, sobre todo, que bajen los precios. Y ahí se diseñan diferentes herramientas en función de si los propietarios son personas físicas o jurídicas. Y es en estas últimas es donde se incluyen los definidos como grandes propietarios que tengan 10 o más viviendas, fundamentalmente fondos y bancos.

En cuanto a los particulares, se elevan las bonificaciones fiscales para quienes tiren de los precios del alquiler a la baja. Por ejemplo, si hay una rebaja de hasta un 5% respecto al contrato anterior, las personas físicas propietarias pueden tener una bonificación de hasta el 90%. Si alquilan a jóvenes menores de 35 años, la bonificación sería de hasta el 75%.

En cambio si los propietarios, personas físicas, suben el precio del alquiler de sus inmuebles en las zonas tensionadas verían reducidas las bonificaciones o, incluso, eliminadas si se considera que hay especulación detrás.

En cuanto a los grandes tenedores, personas jurídicas con más de 10 inmuebles, no tendrán incentivos fiscales. En su caso, la futura ley, si no hay cambios, contempla dos escenarios para estas áreas tensionadas. El primero, que prolonguen los contratos de alquiler sin elevar más los precios, manteniéndolos –aunque sí permite subir el IPC– durante el tiempo que dure el contrato en el área tensionada.

El segundo, que estos grandes propietarios opten por un nuevo contrato o un nuevo inquilino. Sería entonces cuando entre en juego el índice de precios de referencia de la zona, que sería aplicable.

Pero respecto al índice, a cómo configurarlo y qué características tendrá, aún no hay consenso. El Ejecutivo se ha dado lo que queda de 2021 y 2022 –que será lo que dure la tramitación parlamentaria– para ver las diferentes opciones que tiene respecto a cómo construirlo y perfeccionarlo, según indican las citadas fuentes.

Las medidas en zonas no tensionadas​

Las zonas tensionadas son, básicamente, urbanas y con alta presión sobre los precios pero, para el resto, también hay medidas, aunque no haya tanta ansiedad por bajar los precios del alquiler.

En estas áreas, habrá bonificaciones al alza, de hasta el 70%, para los propietarios que cedan el alquiler de una vivienda a una administración pública; o del 60% en el caso de que se trate de una vivienda rehabilitada.

Además, se contempla el recargo en el IBI para aquellos inmuebles que lleven un largo periodo de tiempo cerrados. Una potestad que es exclusiva de los ayuntamientos.

A este respecto, los consistorios ya pueden establecer un recargo del 50% si un propietario tiene más de cuatro viviendas que lleven vacías más de dos años. Ahora, con la ley, ese recargo se puede elevar hasta el 150%.

Nuevo choque con el PP​

Es obvio que la Ley de Vivienda no será bien recibida por las Comunidades lideradas por el Partido Popular. "Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada que tendrá consecuencias negativas para España y los ciudadanos", declaró la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "sorprendente" que el Gobierno acuerde la ley de vivienda sin "ponerse de acuerdo primero con las comunidades autónomas". Además, apuntó que de la nueva Ley "no se desprende nada bueno para inquilinos y propietarios".

En el caso de la Comunidad de Madrid, en los últimos dos años, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya ha indicado en diferentes ocasiones que no tiene intención de poner en marcha un control de precios. Justo antes de la pandemia, Díaz Ayuso aseguró en un pleno de la Asamblea de Madrid que no tenía ninguna voluntad de intervenir en los precios del alquiler porque constituiría "un ataque directo a la propiedad privada" y que "la propiedad privada no es ideología; es un derecho constitucional".

Este martes la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, salió rápidamente a descalificar la norma: "Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada".

En una línea muy similar se ha pronunciado este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, respecto al recargo en el IBI, de hasta el 150%.

"Nosotros no vamos a subir el IBI a nadie y no vamos a recargar el IBI a las viviendas vacías. Vamos a seguir generando más vivienda, mejor vivienda, más suelo y vamos a seguir bajando el IBI", señaló Almeida, que también apuntó que la Ley "es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe".

En el caso de que el recargo al IBI venga definido en una reforma de Ley de Haciendas Locales (algo que, de momento, el Ejecutivo no contempla) el alcalde madrileño aseguró que "ya articulará las medidas necesarias para que todos los madrileños puedan seguir disfrutando de la rebaja del IBI".

Quedan por delante meses de negociaciones y de cerrar flecos, porque ahora se inicia todo el proceso administrativo, la tramitación de información pública, Consejo de Estado, etc. De esta forma, la nueva ley, previsiblemente, no saldrá de Moncloa hasta finales de este año. Y por ello, como pronto, se aprobaría en la recta final de 2022.


La ley estará ahí, y si algunos políticos de CCAA no la quieren aplicar no será porque no exista, sino porque no les dé la gana a los equipos de gobierno de esas CCAA.
Afortunadamente. No me gustaría que en Madrid se hiciera aún más difícil encontrar piso de alquiler porque sacan pisos del circuito del alquiler.
 
Afortunadamente. No me gustaría que en Madrid se hiciera aún más difícil encontrar piso de alquiler porque sacan pisos del circuito del alquiler.

Mas difícil todavía dices, o sea que es difícil. Vale. Parece que dejarlo al albur de arrendador y arrendatario sin intervenir la cosa está mal.

¿Qué medidas se pueden poner para hacerlo más fácil?

Poner coto al alquiler no va a funcionar, lo va a dificultar mas. ¿Todavía, hasta ahora, no han conseguido ninguna medida para facilitarlo?
 
Mas difícil todavía dices, o sea que es difícil. Vale. Parece que dejarlo al albur de arrendador y arrendatario sin intervenir la cosa está mal.

¿Qué medidas se pueden poner para hacerlo más fácil?

Poner coto al alquiler no va a funcionar, lo va a dificultar mas. ¿Todavía, hasta ahora, no han conseguido ninguna medida para facilitarlo?
Pero por supuesto que es difícil ahora. Nadie lo niega. Y caro. Porque hay mucha gente que quiere vivir en Madrid, sea por estudios, para trabajar o para las cañitas que según tú es lo único que ofrece Madrid. Y hay pocos pisos en alquiler.

Pero si tomas medidas para que salgan aún menos pisos al mercado del alquiler no lo arreglas. Lo haces aún más complicado, caro y difícil.

Puede ayudar que puedas desahuciar al que no paga rápidamente, no tras un juicio de más de un año, y que luego encima si han dejado un perro en la vivienda no se les desahucia, si tienen niños tampoco, si tienen un gato ni patrás. Quitar eso ayudaría.
 
Pero por supuesto que es difícil ahora. Nadie lo niega. Y caro. Porque hay mucha gente que quiere vivir en Madrid, sea por estudios, para trabajar o para las cañitas que según tú es lo único que ofrece Madrid. Y hay pocos pisos en alquiler.

Pero si tomas medidas para que salgan aún menos pisos al mercado del alquiler no lo arreglas. Lo haces aún más complicado, caro y difícil.

Puede ayudar que puedas desahuciar al que no paga rápidamente, no tras un juicio de más de un año, y que luego encima si han dejado un perro en la vivienda no se les desahucia, si tienen niños tampoco, si tienen un gato ni patrás. Quitar eso ayudaría.


Lo desahuciar al que no paga no resuelve el problema del alquiler.

Esa no es una medida que lo facilite.
 
Lo desahuciar al que no paga no resuelve el problema del alquiler.

Esa no es una medida que lo facilite.
Vaya que no. Yo conozco bastante gente que tiene un piso comprado para su hijo, o de cuando eran solteros y se casan y no lo ponen en alquiler porque si un inquilino no paga te caes con todo el equipo. Mi madre sin ir más lejos invirtió sus ahorros en un piso, para complementar su pensión. Y dudó si alquilarlo, ya que quiere dejarnos un piso a caada hijo. Al final la convencí, que ojalá aún vivirá muchos años. Y decidió ir vía Alquiler Seguro. O por qué crees que todos estos de Alquiler Seguro, etc. tienen tanto éxito? Cobras bastante menos de lo que cobrarías sin ellos, pero al menos te aseguras una cifra segura, aunque sea inferior.
 
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