Los fondos buitre aterrizan en Madrid para impulsar sus operaciones inmobiliarias

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Los fondos buitre aterrizan en Madrid para impulsar sus operaciones inmobiliarias

22M | CUMBRE DEL CLUB GRI EN EL HOTEL PALACE
Los fondos buitre aterrizan en Madrid para impulsar sus operaciones inmobiliarias
El movimiento por el derecho a la vivienda convoca este martes una jornada de protesta a las puertas del hotel que acogerá a los principales inversores del sector inmobiliario español.

nuevatribuna.es 21 de Mayo de 2018 (17:36 h.)


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Colectivos por la vivienda digna se manifiestan contra la reunión de fondos buitres e inversores inmobiliarios en Madrid
La industria de los inversores inmobiliarios y los fondos se reúne en el Hotel Palace de Madrid los próximos 22 y 23 de mayo

El Ayuntamiento de Madrid participará en una mesa redonda como invitado especial donde los inversores podrán preguntar sobre su posición ante la inversión extranjera y la facilidad para disponer de licencias urbanísticas

Las asociaciones por una vivienda responden con movilizaciones "para denunciar su responsabilidad en la nueva burbuja"

Economía (eldiario.es)
21/05/2018 - 21:03h
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Movilización de Stop Desahucios frente a la sede de Kutxabank
más INFO
La industria de los inversores inmobiliarios y los fondos se reúne en el Hotel Palace de Madrid los próximos 22 y 23 de mayo. Organizado por el GRI Club, durante dos días, los principales directivos de los principales actores del sector discutirán sobre las oportunidades de inversión en un momento de ebullición del mercado inmobiliario español. Las asociaciones por una vivienda digna van a responder con movilizaciones " para denunciar su responsabilidad en la nueva burbuja".

Fondos de capital riesgo, conocidos como fondos buitres, socimis y entidades financieras como Morgan Stanley, Kennedy Wilson, HIG Capital, Cerberus Global Investments, Metrovacesa, Neinver, Clifford Chance, OHL, Deloitte, Stoneweg, Kronos, Colonial, Merlin Properties, Hispania, entre otros, participarán durante dos días en mesas de debate con títulos como Residencial - La Estrella del momento -¿Seguirá en crecimiento o se puede pronosticar una caída?, ¿Es oro todo lo que reluce? o Barcelona y Madrid- ¿Qué productos "Core" quedan? ¿Existen mejores oportunidades para productos "Value- Add"?

Las mesas redondas son solo para invitados y a puerta cerrada, aunque hay un precio de inscripción para acceder de 3.600 euros. El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena participara como "special guest", es decir, invitado especial en un encuentro donde los inversores podrán preguntar a responsables del consistorio sobre la posición de la administración ante la inversión extranjera y la facilidad para disponer de licencias urbanísticas.

El GRIClub se autodefine como "un club global del sector inmobiliario" donde " los líderes de la industria" se reúnen para "entender y lanzar nuevas tendencias e intercambiar experiencias para definir la dirección estratégica para sus empresas". En teoría "sólo se puede acceder al Club por invitación", aunque dejan claro que está reservado a inversores y promotores.

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Movimientos por una vivienda digna como la Plataforma Antidesahucios (PAH), el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, la Coordinadora de Vivienda de Madrid han convocado una serie de actos que concluirán con una protesta ante el Hotel Palace a las 20:00 bajo el lema #RodeaelPalace #contraelforoGRI.

"Los mercados no son fenómenos climáticos: son personas concretas que atan nuestras vidas al pago de la deuda, que controlan miles de casas vacías para subir el precio a su antojo" o "Para ellos no somos más que un porcentaje del factor de riesgo de sus inversiones" son algunas de las consignas que estos movimientos están lanzando como argumento de las movilizaciones.

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La abogada y activista de la PAH Beatriz Duro señala que "los Fondos Buitre se reúnen en Madrid para hablar de rentabilidad y negocios. Nosotros vamos a defender la vivienda como Derecho Fundamental". Además de la movilización habrá actividades desde las 11:30 de la mañana. Los organizadores apuntan que "h abrá acciones, espacio para experiencias e historias de lucha y un acto reivindicativo" .

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Venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre: el PP hace negocios, el pueblo los sufre​

Anulada por el Tribunal Supremo la venta que el Gobierno de Ignacio González llevó a cabo en 2013, Goldman Sachs dice que “seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos” hasta que el Gobierno de Ayuso, que se niega a aceptar su devolución, le pague una indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho”

Por
Javier Lezaola.

23 de diciembre de 2020 23:00

Venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre: el PP hace negocios, el pueblo los sufre

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Supremo rechazaba el pasado mes de marzo el recurso presentado por la Comunidad de Madrid –gobernada por Partido Popular y Ciudadanos y presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP)– contra la resolución de noviembre del pasado año 2019 que anuló la venta de 2.935 viviendas sociales a la sociedad Encasa Cibeles –participada por el fondo buitre estadounidense Goldman Sachs y el fondo buitre español Azora–, que el Gobierno del Partido Popular presidido por Ignacio González había llevado a cabo en 2013 por 201 millones de euros. El Supremo confirmaba así la nulidad de la venta e instaba a Encasa Cibeles a devolver las viviendas a la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno de Ayuso se niega a aceptar la devolución, y el caso ha vuelto a los tribunales.

Encasa Cibeles pretende dar cumplimiento a la sentencia devolviendo a la Comunidad de Madrid las 1.722 viviendas que siguen en su poder –eso sí: previa indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho”–, pero el Gobierno de Ayuso se niega a aceptar la devolución, considerando que la sentencia sólo afecta a una de las 2.935 viviendas: la del vecino que denunció la venta en los tribunales. Ante ello, el fondo buitre –que desde el pasado mes de marzo viene insistiendo, por escrito y sin éxito, a los organismos autonómicos competentes en la necesidad de buscar una solución para dar cumplimiento a la sentencia– ha acabado demandando civilmente al Gobierno de Ayuso y asegura que Encasa Cibeles “seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos” hasta que la Comunidad de Madrid cumpla la sentencia “en sus debidos términos”.

Las 2.935 viviendas fueron vendidas a Encasa Cibeles en 2013 por un gobierno del PP, el presidido por González –detenido el 18 de abril de 2017 en el marco de la operación Lezo, permaneció en prisión preventiva del 21 de abril al 8 de noviembre de 2017 y sigue a la espera de juicio–, y ahora otro gobierno del PP –en este caso de coalición con Cs–, el presidido por Ayuso, se niega a aceptar su devolución, alegando que aquella operación de venta de viviendas de un Gobierno autonómico a un fondo buitre, operación de venta de viviendas que un vecino denunció, sólo afecta a la vivienda de ese vecino, y no a las 2.934 restantes.

Tras la decisión que el Tribunal Supremo tomó el pasado mes de marzo, los moradores, agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), vienen pidiendo al Gobierno de Ayuso que no prolongue más el “sufrimiento” de miles de familias, que abra una mesa de negociación con los afectados y con Encasa Cibeles y que tenga “decencia” y se ponga de su lado y no del del fondo buitre “al que sus predecesores vendieron las viviendas a premio de saldo”.

Con la venta de las viviendas –1.380 ubicadas en Madrid capital, concretamente en los distritos de Carabanchel, Hortaleza, Tetuán y Villa de Vallecas; 332 en Majadahonda, 259 en Móstoles, 240 en Parla, 224 en Torrejón de Ardoz, 192 en Navalcarnero, 127 en Arroyomolinos, 80 en Valdemoro, 44 en Collado Villalba, 36 en Leganés y 21 en Tielmes–, la comunidad autónoma perdió un total de 2.935 viviendas sociales, viendo sus moradores drásticamente reducida la condición de servicio público de sus hogares. Ahora, el fondo buitre quiere una indemnización por daños “adecuada y conforme a derecho” y el Gobierno de Ayuso –del PP, como González– mira hacia otro lado.

 
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