Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder.

[IDOLO]

La policía detiene a cuatro grandes empresarios en el marco del caso Villarejo
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spanishrevolution
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mayo 8, 2019
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Según cuenta eldiario.es, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía han detenido esta mañana a cuatro empresarios en el marco del caso Villarejo. Dos de ellos, Andrés Pérez-Maura y un hermano de éste, son nietos de la familia Botín, fundadores del Banco de Santander, Adrián de la Joya, muy próximo al comisario José Manuel Villarejo, y de un cuarto hombre de negocios.

El naviero Andrés Pérez-Maura habría contratado al comisario Villarejo para frenar una investigación contra su empresa en Guatemala y desactivar su posible extradición al país centroamericano, según publicó en septiembre elconfidencial.com.

Por su parte, Adrián de la Joya ya fue detenido en el marco del caso Lezo por su presunta relación con una mordida que OHL habría pagado a Ignacio González. Según la investigación, De la Joya habría hecho de intermediario de 1,4 millones de euros que terminó quedándose alegando que el grupo de Villar Mir le debía dinero.

https://spanishrevolution.org/la-po...xcGciqW5_GgUD2d8ucOPi3AmNaf3VSL-yHTJLnK2T5vho

 

[IDOLO]

Diputados de Venezuela se querellan contra los testigos falsos 'antipodemos' de Villarejo


Entre los acusados está la conocida como "enfermera de Hugo Chávez" y ex secretaria del Tesoro, Claudia Patricia Díaz y su marido, Adrián Velásquez, que fueron dos de los activos que utilizó la Policía contra Pablo Iglesias, como desveló Público en 2016. Además, los representantes de la Asamblea Nacional -encargados de lo que en España sería el Tribunal de Cuentas- también solicitan acciones contra Rafael Ramírez, ex presidente de la petrolera venezolana y al que Villarejo cita como testigo a su favor ante la Audiencia Nacional. Se les acusa de llevarse del país 100.000 millones de dolares.

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MADRID
14/05/2019 23:12 Actualizado: 14/05/2019 23:12
PATRICIA LÓPEZ

@patricialopezl
Siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han presentado ante la Fiscalía General del Estado de España tres querellas contra un total de 91 miembros del gobierno de Hugo Chávez, que abandonaron el país tras su muerte y durante los primeros años de Nicolás Maduro, así como empresarios relacionados con Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA), a quienes acusan de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y contra el orden socioeconómico. Tres de los querellados han sido usados por el comisario encarcelado José Manuel Villarejo en sus trabajos de la 'brigada política' contra Podemos, incluso actualmente en el sumario de Tándem.

La comitiva ha estado encabezada por Conrado Pérez, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea -órgano similar al Tribunal de Cuentas español-, y junto a él Richard Eloy Arteaga Blakma (miembro de la Comisión Permanente de Contraloría), Luis Eduardo Parra Rivero, José Luis Pirela Romero, Adolfo Ramón Superlano, José Dionisio Brito Rodríguez y Chaim José Bucaran Paraguan.




Es el segundo país europeo donde hacen escala para presentar querellas contra los "saqueadores de Venezuela", aseguran fuentes de Activat Abogados consultados por Público. Primero estuvieron en Italia, donde reside Rafael Ramírez, ex presidente de PdVSA entre 2002 y 2014 y a quién se acusa de haber creado una red entre familiares, amigos y empresarios con la que salieron del país 100.000 millones de dólares. También a la que fuera directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido Adrián Velásquez. Precisamente estos tres fueron los cooperadores necesarios de la brigada política que dirigía Eugenio Pino por mandato del ex ministro, Jorge Fernández Díaz.

La enfermera de Chávez y el falso documento del Europacific Bank
A mediados de marzo de 2016, Público desvelaba que Interior no ceja en su campaña y envía policías a Venezuela para investigar a Podemos. En concreto, Villarejo viajaba a Venezuela, para reunirse con la oposición del país, y también a Miami, donde se vio con diferentes investigados por Estados Unidos relacionados con la red de blanqueo de capitales que ahora se denuncia en España. Entre ellos estaban Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como 'la enfermera de Hugo Chávez' y directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013; y su marido, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa, alias Guarapiche y exjefe de seguridad del difunto.

Un mes después, entre el 19 y 27 de abril, cinco ex altos cargos del gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, se hospedaban en el hotel Orfila de Madrid para ayudar a la Policía a hacer una segunda versión del apócrifo Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) antes de las elecciones generales del 26 de junio, como muestra el documento que Público desveló en 2016, en el artículo La 'brigada política' buscó testigos contra Podemos en Venezuela ante el 26J pero resultaron ser unos falsarios.



Documento interno de la Policía que recoge el hospedaje en el hotel Orfila de los testigos falsos contra Podemos.

El matrimonio había salido en los papeles de Panamá por ser clientes del despacho Mossack Fonseca están acusados de esconder 2.000 millones de dólares en paraísos fiscales y “querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, explicaba una fuente policial que participó en la operación.

En la comisión de investigación de la Asamblea de Venezuela se llegó a la conclusión de que durante el Gobierno de Chávez, “alrededor de la Oficina Nacional del Tesoro del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia de Finanzas de PdVSA se crearon estructuras de productos financieros, es decir, papeles, bonos y notas estructuradas que se vendían en bolívares y con pagaderos en dólares”. Además de las cuentas en Panamá, también se detectaron cuentas del matrimonio en las islas Seychelles y en Suiza.

Semanas después de la reunión de los agentes de Eugenio Pino con el matrimonio y los tres ex dirigentes chavistas, el digital de Eudardo Inda publicaba el falso documento de pago del Europacific Bank que le fue facilitado por el jefe de la brigada política.

El fugado ex presidente de PdVSA, testigo estrella de Villarejo en Tándem para defenderse de Podemos
Como destacan en sus querellas los diputados de Venezuela, el rey del saqueo fue el presidente de la petrolera nacional, Rafael Ramírez, que creó una red que manejó irregularmente más de 100.000 millones de euros que "debían ser destinados a atender el Sistema Eléctrico Nacional, los cuales y como consecuencia de actos dolosos y negligencia, fueron desviados, terminando en manos de sus aliados, familiares y los denominados "bolichicos", generando en el tiempo la desinversión en el séctor antes mencionado, llevándolos a un colapso y paralización".

Añaden: "Acto de corrupción que por sus consecuencias, inciden en la crisis épica que actualmente atraviesa el sistema eléctrico nacional y por la cual debe responder ante la justicia al igual que sus cómplices y cooperadores, dada la evidente malversación que se hizo de ese dinero, el que demás está decir, no generó beneficio para el Estado venezolano y sus habitantes".

Como el de otros ex chavistas que están siendo investigados en diferentes juzgados españoles, italianos o en Estados Unidos, parte de el dinero de Ramírez acabó entre otras entidades en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde según diferentes investigaciones podrían haber ocultados más de 4.000 millones de euros.

Entre los compinches de Ramírez estaría su primo, Diego Salazar. Según investigaciones de la Guardia Civil, los dueños de la BPA contrataron al ex juez Baltasar Garzón para que les ayudara con las investigaciones sobre el banco y estos clientes ex chavistas. Al menos, a Público le reconoció el ex juez que había trabajado para el banco de los hermanos Cierco y que sigue estando en el punto de mira de diferentes investigaciones. Da la casualidad de que Villarejo y Baltasar Garzón están siendo investigados en la causa Tándem por un presunto negocio internacional relacionado con Guatemala, para lo que serían necesarias las influencias de ambos en la Audiencia Nacional y por la que fueron detenidos la pasada semana los empresarios Adrián de la Joya, Francisco Javier Soucheiron Marcet, los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura y el abogado Enrique Maestre Cavanna.

Precisamente Rafael Ramírez es el testigo estrella del comisario encarcelado contra Podemos en una pieza que aún está secreta, según uno de los últimos escritos remitido por la defensa de Villarejo al juez de la Audiencia Nacional que le mantiene en prisión por la causa Tándem. El policía jubilado solicita al juez Manuel García Castellón que tome declaración por videoconferencia al ex presidente de PdVSA, ya que reside en Italia. Fuentes de la Fiscalía explican a Público en tono irónico: "A lo mejor Villarejo está preocupado por si su testigo acaba detenido".

https://www.publico.es/politica/dip...an-testigos-falsos-antipodemos-villarejo.html

 

[IDOLO]

El comisario Villarejo y sus socios ponían precio a la colaboración del exjuez Baltasar Garzón para reventar un caso

Un empresario que quería evitar su extradición pagó un millón de euros a Villarejo por una supuesta intermediación en la Audiencia Nacional del antiguo magistrado

La Policía acredita que "El Mago" al que se refieren decenas de veces en las grabaciones es Garzón. "Está muy acostumbrado a la viruta", dice Villarejo

El exjuez telefonea al policía para informarle de una gestión que ha hecho con su abogado, conciertan una cita y días después el naviero paga al comisario

El despacho de Garzón asegura que no conoce al empresario, niega gestión alguna por él y añade que jamás ha tenido relación contractual o profesional con Villarejo

Pedro Águeda
30/05/2019 - 22:30h

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El exjuez Baltasar Garzón. EFE

Cuatrocientos dosieres del comisario Villarejo amenazan a la élite política, empresarial y judicial

• Comisario Villarejo: manual para artificieros

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El archivo sonoro del comisario Villarejo sigue arrojando sospechas sobre las connivencias del poder político, empresarial y judicial con el policía encarcelado. El reciente levantamiento del secreto sobre la investigación del proyecto PIT dirige el foco a los posibles vínculos de Villarejo en la Audiencia Nacional y, principalmente, con el que fuera juez de instrucción de ese tribunal Baltasar Garzón. El hoy abogado, expulsado de la carrera judicial por una condena del Tribunal Supremo, es mencionado decenas de veces en las conversaciones que el comisario jubilado tuvo con sus socios para obtener 10 millones de euros de un naviero español que pretendía evitar su extradición a Guatemala. Según comentan entre ellos y también a su cliente, Garzón reclamaba hasta tres millones de euros para participar en la operación.




En casi todas esas menciones, Garzón es "el Mago", si bien la Unidad de Asuntos Internos de la Policía escribe ya en uno de sus primeros oficios al juez que se trata del exmagistrado "sin ningún género de dudas". En anotaciones manuscritas incautadas a Villarejo, también incorporadas a la pieza, el policía se refiere también a Garzón como "Balta" o "BG". El despacho de Baltasar Garzón dice que ni siquiera conoce al supuesto cliente, Ángel Pérez Maura, y que no ha hecho "ninguna gestión" por él. También niega "acuerdo contractual, ni profesional, ni de ningún otro orden" con Villarejo.

En la pieza PIT del caso Villarejo fueron detenidas cinco personas el pasado 9 de mayo. Hace dos semanas, el juez tomó declaración a otros nuevos imputados. La posible declaración de Garzón, ya fuera como testigo o investigado, no ha sido aún abordada en la Audiencia Nacional, señalan fuentes jurídicas a eldiario.es.

Los detenidos fueron Ángel Pérez Maura y su hermano Álvaro, por una parte. Por otra, quienes habrían cobrado de ambos. Además de Villarejo, en prisión, fue arrestado el empresario Adrián de la Joya, que emerge en el sumario del caso como histórico socio del policía que siempre ha conseguido mantenerse en la sombra. De la Joya ya fue detenido en el caso Lezo por participar en el trasiego de los fondos de una comisión de OHL a Ignacio González. En el marco de la pieza PIT también ha sido arrestado Enrique Maestre Cavanna, un abogado que pone el caso del naviero en manos de Villarejo y De la Joya y que además se enriquece presuntamente con la operación.

En una extensa conversación grabada por Villarejo e incorporada a su archivo, Maestre explica a Villarejo y a su socio la posibilidad de negocio con Pérez Maura. Este es reclamado por Guatemala por haber obtenido presuntamente la adjudicación de un puerto a través de un soborno millonario. Pérez Maura quiere evitar la detención en España a efectos de extradición y Maestre le habla de Villarejo.

Después, el abogado Maestre se lo cuenta al comisario y a Adrián de la Joya: "Yo le he dicho [a Pérez Maura]: 'Mira, Pepe Villarejo es tío de tribu, es un tío de clan. Es un tío pues que si ve que tu causa es justa, pues te va a..., evidentemente cobrando sus honorarios profesionales, que para eso tiene su empresa impecablemente legal e impecablemente tal, pues te puede, evidentemente, no apoyar mucho sino apoyar todo, pues claro, este es un tema de la Audiencia Nacional. ¿Entiendes lo que te quiero decir?".

Esa primera conversación se produce el 20 de abril de 2016. Según van pasando las semanas y los meses se producen reuniones de estos tres imputados, más algún colaborador, con los hermanos Pérez Maura. Ahí va surgiendo la figura de Garzón, al que presentan como una herramienta indispensable en dos vertientes: su ascendente en la Audiencia Nacional y en el mundo judicial latinoamericano. La banda de Villarejo oculta a su cliente la dificultad de que España extradite a un nacional y ponen por delante que el organismo anticorrupción de Guatemala está en realidad controlado por los estadounidenses, a los que el tribunal español no suele negar nada, según le trasladan.

El 6 de febrero de 2017 se produce la única conversación en la que los investigadores pueden escuchar a Garzón. El exjuez telefonea a Villarejo, que graba. Garzón le traslada: "He llamado a Ernesto Díaz-Bastién para que se informe objetivamente de cómo están tus cosas". Díaz-Bastién es una persona muy próxima a Villarejo que además lleva tres décadas ejerciendo de abogado para el policía. En el momento de esa conversación quedaban nueve meses para que Villarejo fuera detenido, pero la investigación contra él ya había arrancado. Además, el policía estaba imputado en dos causas: el apuñalamiento de la doctora Pinto y por grabar presuntamente una conversación entre agentes del CNI y policías que investigaban al Pequeño Nicolás.

Villarejo aprovecha la llamada y queda esa misma tarde con Garzón en el despacho de este. Los agentes de Asuntos Internos reconocen en su informe que desconocen si en la misma se abordó el proyecto PIT. Del contenido de la conversación se desprende una relación de proximidad entre el comisario y Baltasar Garzón. El exjuez da a entender que la llamada a su abogado ha sido porque se preocupa por él. "Como tú siempre dices que todo está bien y no nos quieres preocupar a los amigos", dice Garzón. Y Villarejo, un poco más adelante, le contesta: "Tú y yo tenemos fuertes principios y convicciones y eso, los demás, esos mierdas, nuestros enemigos, como no los tienen, pues siempre ganaremos".

Tras las detenciones de este mayo, y cuando la pieza aún estaba secreta, El Mundo publicó que De la Joya había declarado ante el juez que Villarejo utilizó el nombre de Garzón con el único fin de "inflar la factura" a los Pérez Maura. Sin embargo, los posibles emolumentos del juez hablan en varias reuniones en las que los clientes no están presentes. Ocurre, por ejemplo, el 17 de febrero de 2017, once días después de la llamada y el encuentro entre Villarejo y Garzón.

En este audio, incorporado a la causa, aparecen Villarejo, uno de sus hijos, Enrique Maestre y Adrián de la Joya:

De la Joya: Ahora lo que hay que hacer es que paguen, claro, porque si ahorras un puntillo…. Es que al Mago hay que darle uno y medio. Y me falta medio

Villarejo: Pero hay que enseñarle… oye, toma tal y dentro de unos días, medio, luego tal…

Maestre: Claro, hay que decirle, toma, aquí tienes medio, lo que quiero decir es que cuando vaya teniendo algún resultado, toma tal…

De la Joya: Nosotros no le vamos a decir al Mago nada de cómo hemos cerrado en uno y medio, porque él quería medio en abril, y el otro día fue imposible cerrar eso con este tío.

Maestre: Yo creo que el Mago, cuando vea viruta, ya se engolosina.

Villarejo: Está muy acostumbrado a la viruta, eh.

Maestre: Hay viruta y hay virutón, y esto es virutón.

Villarejo: Este cabrón, la técnica siempre es que pide 10 en todos los temas. Si no lo coge… y pide un 25 por adelantado que tal no sé qué… O sea, así es como funciona el hijop*ta… tiene montada una industria… una fundación no sé qué del quinto coxx…

De la Joya: que dice que es para los derechos humanos

Villarejo: Para los derechos de su put* madre

El 23 de febrero, cinco días después de esta conversación, Pérez Maura ejecuta un pago de 1.210.000 euros, esto es, un millón de euros más IVA. Se trata de la cantidad que el empresario, por una parte, y Villarejo y sus socios, de otro lado, "justifican" con el fin de "asumir el coste de la presunta subcontratación de Baltasar Garzón, alias Mago", recoge el informe de Asuntos Internos.

Comida con BG y la actual ministra de Justicia
Al ingente archivo sonoro incautado a Villarejo hay que sumar un diario y una agenda manuscritos, repartido en varios cuadernos, que encontraron en los registros los investigadores, como reveló eldiario.es. En ellos, aparecen anotadas varias citas con Garzón. El 8 de mayo de 2017, "BG vernos mañana". El 23 de ese mismo mes: "comida mañana con BG, Lola y Andreu". El 16 de junio, "BG, dar toque mañana". El 28 de junio: "Comida el lunes con Balta. En su defecto con Oli y Charly".

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sería "Lola". Fiscal antiterrorista entonces de la Audiencia Nacional y persona próxima a Garzón, ha reconocido conocer al policía, pero ha negado ningún encuentro profesional o haber mediado en favor de alguno de sus proyectos. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho públicos dos comunicados en los últimos meses asegurando que no ha encontrado ningún indicio de relevancia penal en la actuación de Delgado. Villarejo dice a sus socios en las grabaciones del sumario que ella es "muy tronca, muy amiga mía". El despacho de Garzón ha trasladado a eldiario.es que "es falso que existiera tal amistad", entre comisario y fiscal y que "las ocasiones en que hayan podido coincidir han sido debidas exclusivamente" a que ella acompañó a Garzón en esos encuentros.

Al grupo de amigos de Garzón y Delgado pertenece el magistrado Fernando Andreu, también mencionado, ahora juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4. "Oli" y "Charly" serían mandos policiales. El primero, José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF y al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el momento de la anotación. Charly podría ser Carlos Salamanca, comisario detenido en la Operación Tándem y que sigue imputado.

https://www.eldiario.es/politica/Villarejo-reuniones-colaboracion-Garzon-reventar_0_904660349.html


Me gustaría conocer si hay alguna grabación del ex juez Garzón con Villarejo haciendo favores. Parece que como hay grabaciones de todo me gustaría conocer esas grabaciones si es que hubo connivencia y pago por servicios.

 

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EXCLUSIVALAS CLOACAS DE INTERIOR

Villarejo invirtió ganancias que investiga la Audiencia Nacional en el mismo grupo al que Botella vendió 34 pisos a precio de saldo
Dos meses antes de entrar en prisión, el comisario jubilado destinó medio millón de las ganancias investigadas en la Audiencia Nacional a un negocio del Grupo Avellanar, al que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) vendió 34 inmuebles en tiempos de Ana Botella, mientras otros 1.826 eran adquiridos por la gestora de fondos buitre Blackstone. El 'socio' de dicho grupo es la familia Iranzo y el dinero acabó en la urbanización Sunset Golf de Estepona (Málaga).


MADRID
05/06/2019 23:19 Actualizado: 05/06/2019 23:20


PATRICIA LÓPEZ / PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

@patricialopezl
Por las cuentas bancarias de las sociedades de José Manuel Villarejo pasaron 7.498.700 euros procedentes de facturas (IVA incluido) pagadas por Ángel Pérez CIA S.L. a dos sociedades españolas del comisario ahora en prisión: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT) y su despacho de abogados, Stuart Mckenzie S.L., creado en 2011, según la pieza PIT, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional.

Por las de sus socios Enrique Maestre Cavanna –del despacho de Joaquín Arespacochaga– y Adrián de la Joya circularon 7,2 millones más, con idéntica procedencia.



Y a través del negocio con los navieros Ángel (administrador de Ángel Pérez CIA S.L.) y Álvaro Pérez Maura viajaron en total 14,7 millones de euros (12,2 millones sin IVA) desde abril de 2016 hasta noviembre de 2017, cuando se dio el primer golpe a la presunta organización criminal de Villarejo.

Actualmente, la Audiencia Nacional indaga sobre la naturaleza de los servicios prestados a los Pérez Maura por este entramado presuntamente criminal de Villarejo, así como sobre el destino de lo ingresado, que indiciariamente es constitutivo de delito de blanqueo de capitales.

El circuito del blanqueo de capitales
Se sospecha que el dinero de presunto origen ilícito se lavaba realizando compras e inversiones en negocios legales y de forma legal (vía factura, escritura, contrato, etc). Medio millón se destinó a un instrumento de inversión creado por el Grupo Avellanar y llamado Monte Fuji S.L., propiedad de la familia Iranzo –descendientes de uno de los padres de Alianza Popular, Julio Iranzo Domínguez– y administrado por José Julio Iranzo Méndez. Según el contrato incautado en el registro a Villarejo, querían comprar y vender 122 apartamentos en el complejo urbanístico de Estepona Sunset Golf.




Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos últimos alcaldes de Madrid del Partido Popular.

Dos vehículos de inversión administrados por José Julio Iranzo Méndez (Avellanar Inversiones S.L. y Madrid Town Inversiones S.L.) adquirieron 34 viviendas del paquete de 1.860 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) en época de Ana Botella; las restantes 1.826 se vendieron a dos fondos Fidere gestionados por Blackstone.

La venta de las 1.860 viviendas municipales constituyó una operación que se instruye actualmente en el juzgado 38 de Madrid. El caso fue reabierto la pasada semana por la Audiencia Provincial.

Pero además, el 27 de diciembre de 2018 fue objeto de una contundente sentencia por parte del Tribunal de Cuentas. Según esta sentencia, la venta de las 34 viviendas a las dos empresas del Grupo Avellanar se realizó "sin aplicar los requisitos de procedimiento exigibles por la normativa de derecho público que, junto con la mercantil, regulaba esas compraventas y, además, se hicieron por un precio inferior (2.072.246,32 €) al mínimo jurídicamente exigible, hasta el punto de ser inferior incluso a su valor catastral cifrado en 3.138.331,95, lo que provocó un menoscabo en los fondos públicos que asciende a 1.063.085,63 euros”. En otro apartado añade que “incluso se prescindió en la venta de las 34 viviendas del precio de subasta aprobado anteriormente para 17 de estas viviendas por el Consejo de Administración”.

El subterfugio financiero para invertir en Monte Fuji
De acuerdo con la memoria de Monte Fuji S.L. de 2017, la sociedad es propiedad en un 91,25% de Julio Iranzo Domínguez y en un 8,75% de Ana Méndez, siendo administrada por su hijo José Julio Iranzo Méndez. La sociedad se dedica a adquirir participaciones o activos de desarrollos inmobiliarios, principalmente en la Costa del Sol junto con otros inversores, a los que da entrada con un sistema de cuentas en participación. A 31 de diciembre de 2017 sus cuentas muestran 16 millones de euros aportados por terceros por esta vía.

La inversión de Villarejo en Monte Fuji S.L. fue de medio millón de euros y se centró en solo una de las promociones inmobiliarias en las que la sociedad invirtió: 122 apartamentos en el desarrollo urbanístico Sunset Golf de Estepona. En la misma aventura empresarial le acompañó su socio Juan Carlos Escribano a través de Grupo SH Vilamoura S.L. con otro medio millón de euros. Escribano fue detenido junto con Villarejo en noviembre de 2017 en la causa Tándem y puesto en libertad con cargos.




Juan Carlos Escribano está considerado el testaferro de Villarejo en Estepona, según la operación Tándem.

Es remarcable la forma en que Villarejo y Escribano articulan la inversión, según la información incautada en los registros: en lugar de comprar acciones en la sociedad promotora de Sunset Golf, lo que hacen es invertir en Monte Fuji vía cuentas en participación, un sistema frecuente en operaciones de blanqueo de capitales. El contrato de cuenta en participación está a medio camino entre el préstamo y la inversión vía adquisición de acciones: no se asume responsabilidad accionarial, pero en lugar de estar sujeta a un interés fijo, la recuperación y rentabilidad de la inversión dependen del éxito del negocio participado.

Una de las principales características de los contratos de cuentas en participación radica en que pueden realizarse privadamente y de palabra o por escrito, lo cual permite ocultar a terceros la identidad de los inversores (“cuenta-partícipes”) y que estos deriven responsabilidades a los gestores. El “cuenta-partícipe” es propietario del negocio en la práctica, pero no desde un punto de vista legal/mercantil. El único propietario a efectos legales y mercantiles es el “gestor”.

https://www.publico.es/politica/vil...upo-botella-vendio-34-pisos-precio-saldo.html

 

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Jose Varela
Ayer a las 06:46


LAS CLOACAS (Abre bien los ojos y tápate la nariz) 3ª parte.

El 16 de noviembre del 2.012, una semana antes de las elecciones, el periódico El Mundo publicaba en portada una noticia explosiva: “La policía vincula cuentas en suiza de Pujol y Artur Mas con la corrupción de CiU”. Y basaban estas graves acusaciones en un “informe" de la UDEF que incriminaba a Pujol y Mas en el cobro de comisiones y los acusaba de tener cuentas en Suiza. El supuesto informe de la UDEF decía, textualmente:

“Dichas comisiones, además de enriquecer a los antiguos gestores del Palau de la Música (Félix Millet y Jordi Montull), han servido finalmente para la financiación del partido Convergencia Democrática de Catalunya (CDC/CiU) y se han desviado parte de los fondos a cuentas personales de los dirigentes”.
El titular de El Mundo hablaba de un supuesto “informe” de la UDEF, pero en el texto de la noticia, para curarse en salud, cambió el término “informe” por el de “borrador”. Además la noticia no estaba firmada por ningún periodista, lo que señala sin lugar a dudas que se trataba de una decisión editorial. La fiscalía se desmarcó de una manera clara en una nota oficial:

“Ni el juez ni el fiscal han encomendado a la UDEF investigación alguna sobre el enriquecimiento personal de las personas a las que se refiere el borrador. Ninguna unidad policial, por otro lado, tampoco ha entregado datos nuevos y relevantes distintos de los que ya obraban en el procedimiento”.

Dicho “informe” era un verdadero despropósito: Tenia la cabecera de la UDEF, ciertamente, pero no estaba firmado por ningún policía. Un informe, sin la firma de un policía, sin identificación y sin el número correspondiente, sencillamente no tiene ningún valor documental ni probatorio. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament que investigaba la Operación Catalunya, Marcelino Martín Blas acusó a los redactores del supuesto informe de añadirle “sal y pimienta”; o sea: de amañarlo. El texto era una amalgama de datos reales y probados y de datos procedentes de diversas investigaciones preliminares, hechas de forma anónima, sin contrastar, algunas de las cuales eran sencillamente falsas. Xavier Trías fue otro de los personajes políticos de CiU al que le "preparon" tambien su correspondiente "informe" de la UDEF, que se demostró falso. El tema suscitó preguntas en el congreso y el ministro del interior tuvo que dar explicaciones.

Nadie en el ministerio sabía a ciencia cierta quien había elaborado ese informe ni nadie, evidentemente, se lo quiso atribuir. Desde el punto de vista formal, la Fiscalía consideraba que se estaba causando un grave prejuicio a las investigaciones que legalmente ellos estaban haciendo sobre la supuesta financiación irregular de CiU, de modo y manera que todo el procedimiento podría quedar contaminado por el ejercicio irregular de estos policías, con el añadido de que el diario El Mundo se había prestado, sin contrastar debidamente las fuentes de información y la verosimilitud de los hechos, al engaño.

Según afirma Francisco Marco, director de la agencia de detectives Método 3, el informe había sido redactado por el comisario Villarejo, en parte con la información obtenida de la grabación en el restaurante La Camarga en la comida que mantuvieron Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, excompañera sentimental de Oriol Pujol. De hecho, la actividad de las cloacas del estado los días posteriores a la publicación en el diario El Mundo, tuvieron la intención de dotar de verosimilitud aquella chapuza de informe. El encargado de hacerlo fue el comisario Villarejo, a través de dos testimonios que fueron “animados” a declarar: Javier de La Rosa y Victoria Álvarez.

Villarejo, bajo la identidad falsa de Manuel Pérez Villar, abogado, se puso en contacto con el financiero Javier de la Rosa en el otoño del 2.012. Y escudado bajo el nombre de Javier Hidalgo de el diario El Mundo, se puso en contacto con la citada Victoria Álvarez. Tenemos referencias de lo que hablaron Javier de la Rosa y Villarejo, gracias a la grabación que difundió Público en una exclusiva de Patricia López:
“Punto uno: que tú por una vez en tu vida no has hecho nada chungo- Villarejo a Javier de la Rosa-. Te has limitado a poner en conocimiento de la autoridad judicial que te ha amenazado el enano (Jordi Pujol). Punto dos: yo me he comprometido, y lo estoy haciendo, a reorganizar tu vida, tus problemas personales, tu historia…Punto tres: que he firmado en mi despacho contigo un acuerdo en virtud del cual te voy a llevar una serie de temas y que además incorporamos el asunto. Y punto cuatro: Macho, hace 15 días nadie te hacia ni puto caso, te trataban como a un pringao y ahora de alguna manera todo el mundo te persigue para que paren las cosas”.


Las declaraciones de Javier de la Rosa en la UDEF y ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional, fueron un amasijo de informaciones ciertas y otras dudosas, debido en parte a los excesos verbales del susodicho. Entre otras cosas afirmó que en la década de los 90 había pagado dinero a Jorge Fernández Díaz a través de Jordi Pujol, cuando la relación entre estos era más fluida. Además, dijo que existía un depósito de 300 millones de euros del rey Juan Carlos en la cuenta “Soleado”, vinculada al caso Gurtel.

La grabación en el restaurante La Camarga llevaba dos años en el “congelador”, habida cuenta de que por aquel entonces PP y CiU estaban ligados por pactos en el Parlament de Catalunya y, consiguientemente, a nadie le interesaba hacerla pública. Francisco Marco, director de Método 3, confirmó que la grabación se llevó a cabo por un encargo de una persona cercana a Alicia Sánchez Camacho. Finalmente, el testimonio de Julián Peribáñez, exdetective de Método 3, confirmó que fue el diputado socialista José Zaragoza el que hizo el encargo de la grabación. Victoria Álvarez posteriormente declaró que José Zaragoza y Alicia Sánchez Camacho, con la que mantenía una estrecha amistad, mantuvieron un affaire sentimental. En el documental “Las Cloacas de Interior”, Francisco Marco relata:
“El único hecho es que nosotros en 2.010 recibimos un encargo del entorno de Alicia Sánchez Camacho para realizar una grabación, y que tres años después Alicia Sánchez hace que me detengan por realizar esa grabación que era legal y consentida. Ese es el único hecho, todo lo que conlleve después, toda la opereta de Alicia Sánchez Camacho diciendo: “Llegaré hasta el final” y sentándose conmigo para decir: “No, no, pero no llegaremos al final”, todo eso entra dentro de la falacia de una mentirosa compulsiva, punto”.


En el ambiente de presión que sufrió la agencia de detectives Método 3 por aquel periodo, Francisco Marco llegó a un acuerdo con la presidenta del PPC: pagarle una indemnización de 80.000 euros a Alicia Sánchez Camacho y la diputada popular renunciaría a exigir responsabilidades civiles. Un acuerdo muy extraño para quien se mostraba tan sumamente “indignada” por haber sido espiada, y que manifestaba públicamente que llegaría hasta el final para esclarecer la verdad.

La operación global de la grabación en el restaurante La Camarga, es mucho más rocambolesca y sibilina de lo que aparenta. Es un hecho que el contenido de la conversación mantenida durante la comida entre ambas “amigas”, era conocido mucho antes de que Victoria Álvarez se viese obligada a declarar en la UDEF. No fue la declaración de esta en las dependencias policiales la que alertó a la policía sobre las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Meses antes ya existían informes policiales en los que se incluían informaciones de la conversación en La Camarga y, la única manera de explicarlo es que Alicia Sánchez Camacho fue la fuente, la confidente de la policía.

Y…sí: continuará

 

[IDOLO]

BBVA pagó 15 vehículos a Villarejo y cubre las defensas de los imputados

El banco aún no ha acabado su "investigación interna" sobre la relación de Villarejo y FG y no ha apartado a ninguno de los 5 imputados de sus funciones

CARLOS HIDALGO Jueves, 4 de julio de 2019

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Carlos Torres Vila, presidente del BBVA y Francisco González, presidente honorífico del BBVA temporalmente dimitido

Mientras el BBVA continúa con el más absoluto hermetismo su investigación interna acerca de las relaciones del banco y del que fuera su presidente, Francisco González (FG), con el excomisario Villarejo, las investigaciones judiciales avanzan a un ritmo mayor, averiguando en meses lo que el BBVA no ha desvelado en más de un año de investigación forensic, que aún llevan a cabo los bufetes Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC.

De momento, según publica el diario El Mundo, la instrucción judicial del “Caso Villarejo-FG” ha desvelado que el excomisario incluyó en su minuta 15 vehículos -cinco motocicletas y diez automóviles- para hacer seguimientos a directivos de la constructora Sacyr, de la que FG sospechaba que quería apearle de la presidencia en la que le colocó Aznar.

Para evitar esa supuesta operación corporativa, FG habría encargado, presuntamente, a José Manuel Villarejo espiar, no sólo a sus competidores, sino también a los reguladores y a miembros del Gobierno de España en aquellos momentos.

La investigación judicial, hasta ahora se ha traducido en la imputación de 8 directivos del banco, cinco de los cuales siguen aún en activo.

Ninguno de ellos se costea la defensa de su bolsillo, dado que su vinculación con el banco hace que estén cubiertos por un seguro para su defensa, según ha publicado El País y como ha podido corroborar ElPlural.com.

Los cinco empleados en activo Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial en BBVA España; Javier Malagón Navas, responsable de control y finanzas; Inés Díaz Ochagavía, directora de seguridad corporativa; y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo de seguridad. Todos ellos siguen ejerciendo sus funciones con normalidad, dado que el banco “no prejuzga” su relación con el caso.

https://www.elplural.com/economia/b..._4T5kgl6rVXvFabwn9oNSrm_R-zeMmaNYRmxXOIWsCzic

 

[IDOLO]

EXCLUSIVALAS CLOACAS DE INTERIOR

Villarejo, sobre Javier Ayuso: "Le cortarán las piernas, la mano y la cara. En septiembre"

El comisario en prisión y su socio Adrián de la Joya planificaron dar un escarmiento al ex director de Comunicación de Casa Real y ex director adjunto de 'El País', Javier Ayuso, tras publicar que la comisión judicial del caso Nicolay había entregado un último informe sobre un presunto delito de blanqueo de capitales a través de la finca La Alamedilla, propiedad del ex director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander, del amigo de Villarejo y de otros socios. En paralelo, también sufrieron amenazas una periodista de Público, fiscales anticorrupción y el partido Podemos, acusación popular en la causa del pequeño Nicolás.




Javier Ayuso/EFE

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MADRID
22/07/2019 23:43 Actualizado: 22/07/2019 23:43
PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA/ PATRICIA LÓPEZ

@minielgdl@patricialopezl
Es 17 de julio de 2017 y el empresario Adrián de la Joya, el comisario jubilado José Villarejo, su hijo y su socio, Rafael Redondo, comentan las noticias del día en sus oficinas de la planta nueve de Torre Picasso, que comparten con Donato Gonzálezpresidente en España de Societé Generale. Entonces, las diligencias de Anticorrupción 8/2017, origen de la causa Tándem, están en marcha, aunque secretas, y tres meses y medio después, el comisario Villarejo es detenido en el primer golpe a la organización criminal.

En la portada de El País, hay un artículo de Javier Ayuso, entonces adjunto al director del diario, titulado “La policía descubre la causa por la que Villarejo intervino en el 'caso Nicolay” , que informa de que el 12 de julio entró en el juzgado de instrucción número 2 de Madrid -que, desde octubre de 2014, investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás- un informe de 377 páginas más 46 anexos titulado Informe de finca la Alamedilla y sus vinculaciones con los casos Banesto, Nicolay y la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos.




"La presión de la organización [la policía política] que hoy investiga la Audiencia se ha ejercido desde el primer momento y ha ido 'in crescendo' sobre los (escasos) periodistas que se han atrevido a informar", dice Ayuso a 'Público'

La información no gusta a Villarejo y De la Joya y ambos empiezan a preparar un escarmiento al periodista Ayuso para el mes de septiembre, como demuestran los audios desvelados en exclusiva hoy por Público y que ponen el foco en la explicación que Villarejo le da al comisionista de Indra y OHL.

El informe recogido por Ayuso explica que Villarejo realizó una grabación ilegal al CNI y trató luego de anular el caso Nicolás, después de que los entonces periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta se la entregaran al veinteañero Francisco Nicolás para evitar que se profundizase en las actividades pasadas y presentes de Adrián de La Joya y otros personajes, así como de las empresas que orbitaban alrededor de éste y de la citada finca.

Así lo desvelaba también Público el mismo 17 julio, aunque este diario lo venía anticipando desde hace tiempo. Según los investigadores del caso hasta ese día, los socios de la finca con la que trasteaban el pequeño Nicolás; el ex director inmobiliario del Santander, Javier Martínez de la Hidalga, y su abogado, Juan Untoria, tramaban en octubre de 2014 una presunta operación de ocultación de ganancias ilícitas y de trasvase y blanqueo de capitales, que se remonta a mucho antes de que el pequeño Nicolás entrara en la vida de unos hombres entrados ya a su vez en la edad de la jubilación.

Villarejo: "¡coxx, va!... Ma-ma [matarile], no…"
El artículo de Ayuso, en concreto, no fue en absoluto del agrado de Villarejo y Adrián de la Joya y, aunque se les escucha sarcásticos, carcajeándose y felicitándose de que lo desprecie la titular del juzgado, Pilar Martínez Gamo -un hecho que ha sido denunciado por la acusación popular que encabeza Podemos-, provocó una violenta reacción en ellos. A priori, dicen socarrones, "todo va a ir bien" y seguirán con las suyas para que "Ayuso pueda seguir escribiendo", como se escucha a continuación.

De la Joya [tras hablar con Héctor Hoyos por teléfono, se dirige a Villarejo] Si es que todo va a ir bien, todo va a ir bien, si todo va a ir bien, todo...

Villarejo: Y luego todo eso se lo contamos al Ayuso para que pueda seguir escribiendo...



El empresario Adrián de la Joya, junto a su abogado, Ernesto Díaz Bastién, contratado por un grupo ruso para presionar al fiscal anticorrupción, José Grinda. PÚBLICO

Ayuso: "La policía oculta esta parte de la grabación"
Sorprendentemente, la transcripción de la conversación que realiza la Unidad de Asuntos Internos de esta conversación y que incluye en los oficios que envía a la causa de la Audiencia Nacional para la consideración del magistrado Manuel García Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción, omite toda la parte del escarmiento a “dar” al periodista Javier Ayuso y la paliza programada para septiembre.

La omisión no parece inocente: se aprecia que el transcriptor junta la frase de “programación para septiembre” con el fragmento anterior a la amenaza, en el que irónicamente de la Joya se mofa del informe del caso Nicolay y bromea con hacer negocios con mafias colombianas y dirigentes de Afganistán tras leer que se les describe como una organización criminal, que es por lo que han sido detenidos por la Audiencia Nacional, además de por blanqueo y cohecho.

Público se ha puesto en contacto con el periodista Javier Ayuso para informarle del contenido de la conversación no transcrita por Asuntos Internos y es rotundo: “Me parece escandoloso que la policía haya ocultado parte de la grabación al transcribirlo, sobre todo, porque en la parte omitida se incluyen amenazas gravese información de que está prevista una acción violenta contra mi persona en el mes de septiembre“.

“Es escandaloso que la policía haya ocultado parte de la grabación: en esa parte se incluyen amenazas e información de que está prevista una acción violenta contra mí", denuncia Ayuso
A la pregunta de si ha sufrido más presiones de Villarejo o de su entorno responde que “la coacción del comisario Villarejo y sus acólitos se inició desde el primer momento en que empecé la investigación sobre su trama de empresas, con varios reportajes publicados entre 2015-2017, con amenazas directas, persecución, intento de difamación en sus medios afines y, por supuesto, la presentación de una decena de querellas y demandas, todas ellas desestimadas por la Justicia.” Incluso, llegó a enseñarle una pistola en una primera reunión en 2015.

Con respecto del Informe de la Comisión Judicial del que Público y El País hablaban ese 17 de julio, la titular del juzgado lo guardó en un cajón hasta que en 2019 ha abierto unas diligencias por la insistencia de Podemos y la Plataforma por la Honestidad.

Patricia López: “La peor parte es que te maten”
Recientemente, la periodista de Público, Patricia López, respondía así a la pregunta que se le formulaba en el Informe TEM: Las cloacas del periodismo, -producido por el programa Todo es Mentira que presenta Risto Mejide en Cuatro (Mediaset)-, aseguró que la peor parte de investigar esta trama "es que te maten”. No fue una frase hecha, pues ya se habían denunciado las amenazas de José Ángel FuentesGago, ex jefe de Gabinete del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y se reconfirma en los planes que tenían Villarejo y sus amigos para Ayuso.




Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago, durante sus comparecencias ante la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior.

Tal y como afirma Javier Ayuso, "la presión de la organización que hoy investiga la Audiencia Nacional se ha ejercido desde el primer momento y ha ido in crescendosobre los (escasos) periodistas que se han atrevido a informar". Entre otras presiones, como una amenaza de detención, los miembros de la trama han interpuesto contra Ayuso y López multitud de querellas ganadas en los tribunales.

Presión a fiscales, policías y acusación popular
La presión en forma de difamaciones y amenazas también es patente sobre los fiscales anticorrupción que se han topado con Villarejo y sus socios. En 2015, intentó que se procesara por una supuesta “conjura” a los agentes de Asuntos Internos del caso Nicolay: Marcelino Martín-Blas y Rubén López-, a los fiscales Jose Grinda y Juan José Rosa, al juez Zamarriego y a Patricia López y Javier Ayuso.




El excomisario José Manuel Villarejo | EFE

Con respecto de la acusación popular en los caso pequeño Nicolás y Tándem, fue Podemos quien sufrió la difusión de todo tipo de injurias e infundios (informe Pisa, falsa cuenta de Granadinas, etc), incluyendo la sustracción de móviles y su difusión tergiversada en medios cómplices.

https://www.publico.es/politica/villarejo-javier-ayuso-le-cortaran-piernas-mano-cara-septiembre.html

Por algo no quieren a Podemos en puestos de relevancia. Para que no se enteren de que las cloacas no han dejado de existir, cosa que ya se sabe, pero si no se tiene acceso a información comprometida mucho mejor.

 

[IDOLO]

De Linares a Villarejo, los ex mandos que forman la 'poli paralela' al servicio del IBEX


Desde que a mediados de los 90 se produjera la primera limpia en Interior, de la mano de la ex secretaria de Estado Margarita Robles, los altos mandos policiales crearon una red empresarial, que se encomendó al entonces inspector José Villarejo, pero de la que ellos eran los principales clientes desde sus puestos de jefes de seguridad de bancos como el Santander y el BBVA o de eléctricas como Iberdrola.



El ahora presidente honorífico del BBVA, Francisco González (segundo por la izquierda) y el presidente de Iberdrola (primero por la derecha), Ignacio Sánchez Galán, en acto empresarial en Bilbao, en marzo de 2014. Con ellos, el presidente y CEO de Inditex, Pablo Isla, a quien también se cita en las grabaciones, y el entonces presidente de Telefónica, César Alierta. EFE

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MADRID
24/07/2019 07:36 Actualizado: 24/07/2019 07:36
PATRICIA LÓPEZ/ PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

@patricialopezl@minielgdl
Como desde 2017 viene corroborando la instrucción del caso Tandem en la Audiencia Nacional, uno de los recursos que emplea la trama investigada es una red de directores de seguridad de grandes empresas conformada por ex cargos policiales en una suerte de “puertas giratorias”. Se trata de grandes empresas que manejan datos privados de una gran mayoría de ciudadanos y donde estos ex policías disfrutan de elevadas remuneraciones, que pueden llegar al quíntuple de lo que percibían como funcionarios.

Un estudio efectuado por Público y que puede consultarse al final del texto, tras la recopilación de datos durante cinco años, concluye que dicha red comenzó a construirse cuando en 1994 la hoy Ministra de Defensa, Margarita Robles, accede a la Secretaría de Estado de Interior y, como primera medida, cesa a la cúpula policial que entonces lideraba el Secretario General Operativo (antigua denominación de Director Adjunto Operativo o DAO), Agustín Linares Molina, a quien Villarejo consideraba su jefe en una carta que remite en 1995 a la Dirección General de la Policía en protesta por su desalojo de la Dirección Adjunta Operativa y que ofreció Público en exclusiva hace ahora tres años, en julio de 2016.

El ex subdirector de la Policía, el protector de Villarejo
Prácticamente toda la cúpula de Linares y mucha parte de sus reemplazos en los años siguientes, muchos oportunamente promocionados por Linares a puestos de relevo en previsión de purgas, acabaron al frente de la seguridad de empresas del IBEX, grandes empresas españolas o instituciones. Los que no, crearon consultoras de “inteligencia” o “agencias de pseudo detectives” que enriquecían los informes para sus clientes con datos privados suministrados tanto por los policías en activo como por los recolocados en empresas.

Fuentes policiales conocedoras de la operativa desarrollada explican a Público que uno de los atractivos para las empresas a la hora de contratar como directores de seguridad a ex altos cargos policiales, era la de contar con la posibilidad, debido a sus contactos, de “investigaciones a la carta”; esto es, la ventaja de contar de un servicio policial “premium” que priorizase las investigaciones sobre fraudes y estafas y bandas criminales que afectasen particularmente a sus negocios.




Así funciona la puerta giratoria entre los mandos policiales y las grandes empresas.

Las mismas fuentes también apuntan a que, gracias a la llegada de la organización criminal, sus dirigentes estaban en condiciones de recomendar a las empresas las personas a contratar, de forma que estos puestos bien remunerados se vendían a los agraciados como un "premio de fidelidad" a los servicios prestados a la trama durante su etapa policial. La promoción de unos a otros en la escala policial y la oferta de puertas giratorias como zanahoria, son dos de las claves que pueden explicar la duración en el tiempo de la organización en su vertiente policial.

Policías, jefes de seguridad y clientes de Villarejo
La lista de ex policías en cargos de seguridad de grandes empresas es larga. Agustín Linares, que antes de SGO fue Jefe Superior de Policía de Cataluña, y estuvo investigado por disponer para su beneficio personal de Fondos Reservadosdurante su mandato como SGO, pasó a dirigir la seguridad del Banco Central Hispano y tras la fusión, la del Santander Hispano (hoy llamado solo Santander). A su retiro, el relevo fue para el comisario Carlos Rubio cuyo último destino había sido la Jefatura Superior de Policía de Madrid y que estuvo a cargo de la comprometida operación Rimet.

Manuel García Linarejos, el compañero de Linares desde que estaban destinados en Guinea Ecuatorial asesorando en la formación de la policía guineana, ocupó la dirección de seguridad de Banesto desde febrero de 1995, ya bajo la propiedad del Santander, y después estuvo en Coca Cola, empresa en la que volvió a trabajar en vísperas del ERE de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid), a pesar de estar jubilado.




Relación de ex mandos policiales y empresas en las que acabaron. Fuente: PÚBLICO

Florencio San Agapito recaló con Cesáreo Alierta primero en Tabacalera y luego en Telefónica hasta que Alierta cesa como presidente. Durante su etapa como director de seguridad en Telefónica, estuvo investigado en el Caso Malaya y figura en un informe de la Comisión Judicial del Caso Nicolás como uno con los que departió telefónicamente el Comisario Villarejo el día en que se produce la grabación ilegal a agentes del Cni y por la que Villarejo está investigado como autor intelectual y su entonces empleado, el periodista Carlos Mier, como autor material.

Miguel Ángel García Rancaño, ex jefe superior de policía de A Coruña, Barcelona y Madrid, asumió la dirección de seguridad de La Caixa. Junto con el también policía Gabriel Fuentes, García Rancaño estuvo investigado en el Caso Interligare por un fraude a la Seguridad Social. Gabriel Fuentes, alias “Gabi” fue uno de los comensales en el almuerzo que Villarejo y otros mandos celebraron con Baltasar Garzón, alias “Balta” y la entonces fiscal y hoy ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Gabriel Fuentes se integró en la consultora de Jaime Queipo de Llano y Comyn, Insitu Grupo Consultor S.A. que fue señalada, al menos una vez, según consta en una sentencia, por utilizar datos privados de cuentas bancarias sin orden judicial en un informe pericial presentado en el juzgado por uno de los cónyuges en el marco de un divorcio. Queipo de Llano y Comyn figura de apoderado en Eurofinsa que patrocina la Fundación de Baltasar Garzón y figura en la lista de las empresas que supuestamente contrataron "servicios" de las empresas de Villarejo.

Rafael del Rio, también de la época de Linares, pasó a Iberia tras cesar como Director General de la Policía. Le sustituyó en la compañía aérea Jesús de la Morena, hasta entonces en la Comisaria General de Información.

Una red policial investigada por cohecho
La lista sigue con Jose Irineo López que fue al Grupo Agbar tras ser Jefe Superior de Cataluña, Daniel Santos Vallejo ex policía en Barajas que acabó en Vinsa, ICTS y más tarde en el Grupo Villar Mir; Santiago Cuadros Jaen, que recala en Intereconomía y luego en S21 SEC tras su desempeño en la Comisaría de Seguridad Ciudadana. En Bankia desembarcó Juan Manuel Zarco después de 20 años en la policía culminados en la Jefatura Superior de Madrid.

Antonio López López dirige el área de seguridad de Planeta y Juan Carlos Fernández Cernuda pasó a El Corte Inglés donde estuvo largos años hasta su reemplazo por otra inspectora de policía. A Prosegur se fue uno de los integrantes de la cúpula de Eugenio Pino, Jose Santiago Sánchez Aparicio como Director de Relaciones Institucionales y a la Liga Profesional de Fútbol, como director del Area de Integridad creada para denunciar la corrupción y la violencia, Florentino Villabona, nombrado DAO por el ministro Juan Ignacio Zoido, alias “Zampa”, tras cesar a Eugenio Pino.




El excomisario general de Policía Judicial Julio Corrochano a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Manuel García Castellón. (ZIPI | EFE)

Al ámbito civil pero institucional fueron Antonio Bertomeu que de la Jefatura de Andalucía Occidental pasó a Renfe y Andrés Gómez Gordo que ocupó sucesivamente los cargos de Jefe de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, de la Consejería de Justicia con Francisco Granados de Consejero y de hombre de confianza de Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha y le sobró tiempo para figurar en el claustro de profesores del Curso de Dirección de Seguridad que impartía el Instituto de Derecho Público (Caso Master de Cristina Cifuentes) según su web.

Hasta el momento, en el sumario del Caso Tandem se mencionan a varios ex policías reconvertidos en jefes de seguridad: a Julio Corrochano que accede en 2005 al BBVA tras su paso por la Jefatura Superior de Madrid y está investigadoen la pieza, aun secreta, que indaga el motivo de las cantidades que se transfieren al entramado de Villarejo desde el banco. Asimismo, figura en calidad de investigado en varias piezas el ex inspector Antonio Bonilla, que desde 2010 fue director de seguridad de Globalia hasta diciembre de 2012 en que pasó a serlo de la Asociación Española de Banca durante el primer semestre de 2013. Para la prestación de servicios fundó en 2010 una consultora, Anbycol SL, que es con la que facturaba mensualmente a las empresas de Villarejo.

También son mencionados en una conversación entre García Castaño y Villarejo como contratantes de los servicios de la trama, si bien eso está por corroborar por la investigación, los ex DAOS, Pedro Díaz Pintado en su etapa de director de seguridad de DICO y el citado Agustín Linares, éste último con relación a unos negocios con ciudadanos rumanos. Los tres ex DAOS, Linares, Díaz Pintado y Pino enviaron una carta al juzgado de Tandem avalando las actividades de Villarejo como “servicios policiales”.

https://www.publico.es/politica/linares-villarejo-ex-mandos-forman-poli-paralela-servicio-ibex.html


Todo ésto y el cotilleo actual son unas axilas.

 

[vieira]

Nunca la mafia siciliana,ha estado tan bien organizada como está.Que vergüenza madre mía.

 

[Valeriana]

Nunca la mafia siciliana,ha estado tan bien organizada como está.Que vergüenza madre mía.

Ahi esta el quid de todo : existe mafia de estado desde hace años y a dia de hoy aun no ha sido eliminada, han salido cosas pero........... sigue maquinando´
He puesto el hilo de los atentados del 17A que dentro de tres semanas hara dos años y forma una parte de los varios asuntos de la mafia de estado que tenemos..............
Hoy Publico saca otra parte de mafia....... la del ibex, policia, fiscales,periodistas, jueces...........

 

[IDOLO]

Ahi esta el quid de todo : existe mafia de estado desde hace años y a dia de hoy aun no ha sido eliminada, han salido cosas pero........... sigue maquinando´
He puesto el hilo de los atentados del 17A que dentro de tres semanas hara dos años y forma una parte de los varios asuntos de la mafia de estado que tenemos..............
Hoy Publico saca otra parte de mafia....... la del ibex, policia, fiscales,periodistas, jueces...........

Que no, que no, que según Grande Marlaska han desaparecido las cloacas...

 

[Valeriana]

Que no, que no, que según Grande Marlaska han desaparecido las cloacas...

Yo puntualizaria a Marlaska que una parte de las clocas estan atascadas y no saben como desatascarlas sin salpicarse, luego hay otra parte que fluyen muy bien, se cuida el estado que continuen fluyendo .