La peste que hay en esas cloacas que la mayor aún no sabemos,da miedo y ganas de correr hacia la frontera lo más lejos posible, de ese hedor putrefacto.Un mando investigado en el caso Villarejo atribuye al policía asesor de Cospedal la autoría del informe PISA contra Podemos
García Castaño asegura que Andrés Gómez Gordo es el autor del documento, utilizado para sabotear que Podemos pudiera llegar al Gobierno en 2016
Gómez Gordo trabajaba en excedencia con Cospedal en Castilla-La Mancha cuando fue reclamado por la brigada política para captar al chófer de Bárcenas
Está imputado como el resto de la primera línea de la policía política en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje al extesorero con fondos reservados
Pedro Águeda
08/10/2019 - 18:36h
El inspector Andrés Gómez Gordo junto a María Dolores de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha EFE
El policía de cabecera de Cospedal jura como comisario bajo la amenaza de ser imputado por el espionaje a Bárcenas
Más de tres años después de la operación orquestada en el Ministerio del Interior para sabotear cualquier posibilidad de que Podemos llegara al poder, uno de los mandos policiales de confianza de aquel departamento despeja la X de la autoría de PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el informe sobre la supuesta financiación irregular del partido morado que los tribunales. Ante el juez del caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, imputado en cinco piezas de la causa, ha señalado este martes al entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de María Dolores de Cospedal, como autor del documento, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. El informe PISA fue desmenuzado por varios medios de comunicación y el Gobierno del PP lo utilizó como arma arrojadiza contra la formación morada antes y después de que los tribunales despreciaran el documento.
De forma contundente, García Castaño ha dicho que Gómez Gordo confeccionó el informe PISA durante su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, a la que había llegado procedente de Castilla-La Mancha. La respuesta ha sido a preguntas de la representación letrada de Podemos sobre el origen del informe PISA en el marco de la pieza principal del caso Villarejo.
Gómez Gordo regresó a la Policía después de disfrutar de una excedencia para trabajar al lado de la entonces presidenta de esa comunidad autónoma y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades. A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos.
Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro terminó costando la carrera política a la exsecretaria general del PP una vez desvelados unos audios de esos vínculos por moncloa.com.
Gómez Gordo regresó a Madrid para encargarse de captar al chófer de Luis Bárcenas, al que conocía porque ambos habían trabajado antes a las órdenes de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid, según han desvelado los imputados en la pieza 7 del caso Villarejo. El comisario había dejado la Policía en otra ocasión con anterioridad para ser director de seguridad del frustrado proyecto de la Ciudad de la Justicia y luego pasó a asesor directo de Granados. En esa época, Sergio Ríos Esgueva era el chófer del entones consejero de Justicia.
El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz escondió el verdadero propósito del regreso al Cuerpo de Gómez Gordo destinándolo como jefe de sección en la UDEF. Eugenio Pino pronto reclamó al policía para su brigada política en la Dirección Adjunta Operativa. Fue en el marco de esa actividad en la que se encargó de controlar al chófer-confidente y de redactar el informe PISA, según ha dicho esta mañana García Castaño ante el juez. A los seis meses de reincorporarse, Fernández Díaz condecoró a Gómez Gordo con una medalla pensionada.
El comisario Eugenio Pino, creador y jefe de la policía política, también ha declarado como investigado esta mañana en el marco del caso Kitchen. Es la tercera vez que lo hace y, al término, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se aumenten las medidas cautelares contra él: de retirada del pasaporte y prohibición de salir del país al pago de una fianza de 50.000 euros para evitar la prisión provisional. El juez García Castellón resolverá la petición previsiblemente mañana miércoles. Gómez Gordo, al igual que Pino, García Castaño, José Manuel Villarejo y el resto de los mandos de la brigada política, está imputado en la pieza que investiga el espionaje a Bárcenas.
Operación contra Podemos
El 12 de 2016, cuando restaban apenas 24 horas para que se constituyeran las Cortes, varios medios de comunicación abrían sus portadas con un informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juego de las alianzas para formar Gobierno estaba en una fase incipiente y se producían los primeros acercamientos públicos entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. En los días y semanas siguientes, el supuesto informe de la "inteligencia" policial sería desgranado por varios medios de comunicación. El Gobierno del PP reclamaba a Podemos que colaborara con la justicia cuando no había ninguna causa abierta por el informe.
Tras varios retrasos, el informe policial fue incorporado a una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en el Tribunal Supremo por el pseudosindicato Manos Limpias, una organización criminal según ha quedado acreditado posteriormente. Interior dijo que la UDEF se iba a encargar de investigar su contenido, pero todo lo que hizo esa unidad fue remitirlo al Tribunal de Cuentas. Y ahí se perdió su pista. Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo se negaron a investigar el
documento en resoluciones en las que despreciaban su contenido.
https://www.eldiario.es/politica/investigado-Villarejo-Cospedal-PISA-Podemos_0_950505765.html
Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder.
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Villarejo denuncia que Prisa pagó 200.000 dólares al juez Bacigalupo por condenar a Gómez de Liaño en el caso Sogecable
Villarejo solicita a la Audiencia Nacional que remita las microcintas y notas que le intervinieron, porque acreditan documentalmente la denuncia.
Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Enrique Bacigalupo y Gómez de Liaño
El comisario José Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en la que afirma que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Cercano al PSOE de Felipe González, Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011. Actualmente ejerce de abogado, y entre sus clientes está el jugador del F.C. Barcelona, Leo Messi.
El comisario encarcelado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Tándem justifica así el objeto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital:
"Denuncia, contra las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los siguientes hechos que vengo a exponer en relación al proceso judicial seguido contra el Magistrado Juez D. Javier Gómez de Liaño encaminado a apartarlo de la causa que se seguía contra Sogecable del Grupo Prisa y después a obtener su condena ejemplarizante en una causa penal seguida en su contra para que nadie más se atreviera a ir contra este Grupo".
Villarejo relata en su escrito cómo la operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño se fraguó con numerosas reuniones en las que participaron dirigentes socialistas, empresarios, abogados y periodistas del Grupo Prisa. Asegura que contactó con él "Txiqui Benegas en nombre de Felipe González, esto es, del PSOE" y que los hermanos Marañón, Gregorio y Álvaro (empresarios) serían "el vínculo con los de Sogecable". "Ellos se reunieron conmigo en varias ocasiones a mediados de marzo de 1997. Terminó mi trabajo en abril de 1998".
El escrito abunda en los encuentros mantenidos por el comisario con distintos personajes del entorno del Grupo Prisa: "Me reuní en varias ocasiones con Matías Cortés (abogado), en una de las cuales asistió también Horacio Oliva (abogado) y en dos ocasiones con Antonio Navalón (periodista del Grupo Prisa), sólo para establecer los detalles de los procedimientos de pago".
Villarejo afirma que "algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. Sorprendentemente, a pesar de constar fechas antiguas y pese a la protesta realizada, se llevaron numerosas cajas de las usadas en comisaría donde había cientos de microcintas. No tenían ningún sistema de encriptado, siendo posible su audición mediante cualquier dispositivo reproductor similar al usado para la grabación".
"Hasta que no empecé a denunciar que habían sido incautadas sin control alguno", añade, "en ningún informe de la Fiscalía, el CNI y/o Asuntos Internos se hacía referencia al contenido de las mismas. Coincidiendo con mi denuncia sobre la importancia de todas por su contenido, el instructor extrajo ahora de la documentación incautada, parte de la misma, guardándola en su caja fuerte, sin informar de su contenido, al menos a mi defensa. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia".
De hecho, el mando policial solicita en la denuncia como diligencias de averiguación de los hechos "un exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº. 6 de la Audiencia Nacional para que remita las microcintas intervenidas en el registro domiciliario de la vivienda del compareciente en Boadilla del Monte, así como las grabaciones en soporte sonoro contenidas en las mismas o cualquiera otras que guarden relación con los hechos denunciados así como todas las notas escritas elaboradas por el compareciente sobre el llamado caso Gómez de Liaño; así como todas grabaciones o notas escritas que en relación a este caso hayan sido analizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en funciones de policía judicial".
Según Villarejo, fruto de las mencionadas reuniones recibió varios encargos. Entre ellos, "facilitar pagos del Sr. Navalón a miembros de la judicatura", el "control de movimientos de la pareja (Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado)" o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales", supuestamente relacionados con el mundo de la noche.
El comisario señala que por su "conocimiento personal y directo, para esta operación se utilizaron dos procedimientos de pago" en la operación para terminar con la carrera de Gómez de Liaño y apartarle de la investigación del caso Sogecable. "En efectivo, abonando unos cinco millones de pesetas al Sr. Lozano, uno de los responsables del pub Vanity (Madrid), quien en teoría debería repartirlo entre cierto personal de dicho establecimiento. En efectivo, doce millones de pesetas, que recibí para pago de colaboradores y demás gastos incurridos en mi trabajo".
A continuación, detalla el pago que se habría realizado al magistrado Enrique Bacigalupo, uno de los magistrados del Tribunal Supremo que condenó a Javier Gómez de Liaño por supuesta prevaricación en la instrucción del caso Sogecable: "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich, creo recordar que se llamaba Europeo Bank que compartía con un socio suyo el Sr. Selva. Para tal operación se trianguló la ruta del dinero, empleando cuentas en Colombia y Delaware (EEUU) del Sr. Aliste, que es quien transfirió doscientos mil dólares a una cuenta en un banco argentino, al parecer corresponsal del HSBC que creo que se llamaba Banco del Río Negro".
Villarejo detalla más pagos relacionados con la operación para apartar a Gómez de Liaño de la judicatura: "Transferidos a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional del que nunca supe con certeza quién fue, unos ciento setenta mil dólares desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas. La transferencia se hizo a una cuenta del mismo banco en las Antillas holandesas a nombre de una sociedad que estaba gestionada por el consorcio Ard Choille y para dificultar el rastro, se empleó una cuenta ómnibus' donde, entre otros, figuraba una sociedad controlada por el Sr. Aliste. No puedo señalar la identidad de este magistrado, ya que mi labor fue facilitar esta transferencia, así como otras con la colaboración del Sr. Aliste que percibió además de otros honorarios, el 20% de las cantidades manejadas`".
"Para cerrar los temas económicos sobre la operación Sogecable, en abril de 1998, me reuní con el Sr. Navalón en el restaurante Pazo de Monterrey a instancias suyas. Solía invitar a sus contactos de la cúpula judicial en dicho local. Al cabo de los años, pude conversar largo y tendido con el que era el cocinero jefe de dicho restaurante, una vez que ya estaba jubilado. Me confirmó todos y cada uno de estos tratos privilegiados, así como los principales beneficiarios", sostiene Villarejo en su denuncia.
Seguimientos a Gómez de Liaño y a Márquez de Prado
Aparte de los supuestos pagos a miembros de la judicatura, Villarejo menciona en su denuncia que le ordenaron hacer seguimientos al entorno de "la por entonces pareja sentimental en proceso del Sr. Liaño (Mª Márquez de Prado), la consideraban la verdadera instigadora de la querella que el suegro de su hermana, el Sr. Campmany interpuso (origen del caso)". El periodista Jesús Cacho también se querelló contra Sogecable por el supuesto uso ilícito de los fondos de los abonados de Canal Plus.
Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado.
"Tenía como objetivo conseguir información íntima de la señora para encontrar otras relaciones anteriores de naturaleza problemática, similar a la que entonces mantenía una magistrada de la Audiencia Nacional con el iraní Massoud Zandi", apunta Villarejo.
"El interés sobre la Sra. Márquez de Prado", añade "también estaba en conocer el alcance de lo que sabía precisamente de estas relaciones, así como el nivel de investigación oficial que se llevaba a cabo a las sociedades de este iraní, como Star Petrolium entre otras. Con el tiempo se conoció las vinculaciones en estas firmas con Felipe González y Juan Luis Cebrián".
"Igualmente se planteó la posibilidad del posible vínculo del Sr. Liaño con la esposa del Sr. Aznar por su coincidencia de apellido, para llegado el caso, considerar la acción contra Sogecable como una operación política. Para tal fin, conté con la colaboración, entre otros, de un abogado llamado José Aliste, por estar muy vinculado al CESID, a la Policía y, especialmente, al mundo de la delincuencia internacional, por ser confidente de la DEA, entre otros servicios. Entre los cometidos del Sr. Aliste, estaba en conseguir informaciones de clientes suyos, vinculados con sumarios donde actuó el Sr. Liaño y, llegado el momento, realizar actuaciones de todo tipo y desprestigio", relata el mando policial encarcelado.
Villarejo justifica la presentación de la denuncia con "el fin de que pueda constatarse la veracidad de los hechos referidos. Ello supondría evidenciar que nadie está por encima de la Ley y que no es cierto que determinados personajes de este país disfrutan de un privilegiado poder intocable y absoluto por encima y superior a los demás ciudadanos". Ahora, los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla deberán decidir si admiten a trámite la denuncia y se investigan estos hechos. Si es así, Villarejo tendría que ratificar su denuncia en sede judicial.
En declaraciones a este diario, un portavoz del Grupo Prisa "niega rotundamente" que las acusaciones del comisario Villarejo contenidas en este artículo "sean ciertas". Según este portavoz, "Prisa aún no ha tenido conocimiento de la denuncia y cuando tenga conocimiento de la misma hará una valoración".
El caso Sogecable de Liaño y contra Liaño
Javier Gómez de Liaño cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional asumió en 1997 la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.
Jesús de Polanco
En el marco de dicho procedimiento, el magistrado impuso de forma cautelar a Jesús de Polanco (expresidente del Grupo Prisa), una fianza de 200 millones de pesetas. Después, procesó al propio Polanco, a Juan Luis Cebrián (exconsejero delegado del Grupo Prisa) y a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por falsedad documental y apropiación indebida en los fondos de los abonados. En 1998, Polanco lo denunció por prevaricación y el magistrado fue procesado.
Juan Luis Cebrián
Gómez de Liaño recusó en febrero de 1999 a los tres miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que ratificaron su procesamiento por prevaricación y dictaron auto de apertura de juicio oral contra él para juzgarlo: Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Éste último magistrado emitió un voto particular discrepante expresando su disentimiento "por no haberse decretado el sobreseimiento libre, al no ser los hechos de la causa constitutivos de delito alguno, como han solicitado, no sólo el procesado sino el propio ministerio fiscal". Según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, los hechos no eran constitutivos de delito de prevaricación, ni de infracción penal alguna.
Liaño entendía que habían perdido la imparcialidad objetiva para juzgarle por haber dictado dichas resoluciones. En el caso de Bacigalupo, le recusaba también por "amistad íntima" con el abogado de Sogecable, Antonio González Cuéllar, y por interés directo o indirecto en la causa. Sin embargo, dicha recusación resultó fallida.
Los tres magistrados del Supremo lo condenaron a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez. La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Por su parte, José Manuel Martínez-Pereda formuló de nuevo un voto particular discrepante con la decisión de sus dos compañeros más extenso que la propia sentencia.
En el año 2000 recibió un indulto del gobierno presidido por José María Aznar para volver a la carrera judicial y en 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor recordando "la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables" y estimando que "las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que lo juzgó y lo condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas". El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez), ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.
https://www.libertaddigital.com/esp...upo-gomez-de-liano-caso-sogecable-1276646069/
Villarejo solicita a la Audiencia Nacional que remita las microcintas y notas que le intervinieron, porque acreditan documentalmente la denuncia.
Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Enrique Bacigalupo y Gómez de Liaño
El comisario José Villarejo ha presentado una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en la que afirma que el Grupo Prisa pagó 200.000 dólares al que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Cercano al PSOE de Felipe González, Bacigalupo fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011. Actualmente ejerce de abogado, y entre sus clientes está el jugador del F.C. Barcelona, Leo Messi.
El comisario encarcelado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Tándem justifica así el objeto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital:
"Denuncia, contra las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los siguientes hechos que vengo a exponer en relación al proceso judicial seguido contra el Magistrado Juez D. Javier Gómez de Liaño encaminado a apartarlo de la causa que se seguía contra Sogecable del Grupo Prisa y después a obtener su condena ejemplarizante en una causa penal seguida en su contra para que nadie más se atreviera a ir contra este Grupo".
Villarejo relata en su escrito cómo la operación para inhabilitar al entonces juez Gómez de Liaño se fraguó con numerosas reuniones en las que participaron dirigentes socialistas, empresarios, abogados y periodistas del Grupo Prisa. Asegura que contactó con él "Txiqui Benegas en nombre de Felipe González, esto es, del PSOE" y que los hermanos Marañón, Gregorio y Álvaro (empresarios) serían "el vínculo con los de Sogecable". "Ellos se reunieron conmigo en varias ocasiones a mediados de marzo de 1997. Terminó mi trabajo en abril de 1998".
El escrito abunda en los encuentros mantenidos por el comisario con distintos personajes del entorno del Grupo Prisa: "Me reuní en varias ocasiones con Matías Cortés (abogado), en una de las cuales asistió también Horacio Oliva (abogado) y en dos ocasiones con Antonio Navalón (periodista del Grupo Prisa), sólo para establecer los detalles de los procedimientos de pago".
Villarejo afirma que "algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. Sorprendentemente, a pesar de constar fechas antiguas y pese a la protesta realizada, se llevaron numerosas cajas de las usadas en comisaría donde había cientos de microcintas. No tenían ningún sistema de encriptado, siendo posible su audición mediante cualquier dispositivo reproductor similar al usado para la grabación".
"Hasta que no empecé a denunciar que habían sido incautadas sin control alguno", añade, "en ningún informe de la Fiscalía, el CNI y/o Asuntos Internos se hacía referencia al contenido de las mismas. Coincidiendo con mi denuncia sobre la importancia de todas por su contenido, el instructor extrajo ahora de la documentación incautada, parte de la misma, guardándola en su caja fuerte, sin informar de su contenido, al menos a mi defensa. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia".
De hecho, el mando policial solicita en la denuncia como diligencias de averiguación de los hechos "un exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº. 6 de la Audiencia Nacional para que remita las microcintas intervenidas en el registro domiciliario de la vivienda del compareciente en Boadilla del Monte, así como las grabaciones en soporte sonoro contenidas en las mismas o cualquiera otras que guarden relación con los hechos denunciados así como todas las notas escritas elaboradas por el compareciente sobre el llamado caso Gómez de Liaño; así como todas grabaciones o notas escritas que en relación a este caso hayan sido analizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en funciones de policía judicial".
Según Villarejo, fruto de las mencionadas reuniones recibió varios encargos. Entre ellos, "facilitar pagos del Sr. Navalón a miembros de la judicatura", el "control de movimientos de la pareja (Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado)" o "ayudar a Clemente Auger (presidente de la Audiencia Nacional entre 1992 y 2001) en sus problemas personales", supuestamente relacionados con el mundo de la noche.
El comisario señala que por su "conocimiento personal y directo, para esta operación se utilizaron dos procedimientos de pago" en la operación para terminar con la carrera de Gómez de Liaño y apartarle de la investigación del caso Sogecable. "En efectivo, abonando unos cinco millones de pesetas al Sr. Lozano, uno de los responsables del pub Vanity (Madrid), quien en teoría debería repartirlo entre cierto personal de dicho establecimiento. En efectivo, doce millones de pesetas, que recibí para pago de colaboradores y demás gastos incurridos en mi trabajo".
A continuación, detalla el pago que se habría realizado al magistrado Enrique Bacigalupo, uno de los magistrados del Tribunal Supremo que condenó a Javier Gómez de Liaño por supuesta prevaricación en la instrucción del caso Sogecable: "Transferido, al Sr. Bacigalupo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich, creo recordar que se llamaba Europeo Bank que compartía con un socio suyo el Sr. Selva. Para tal operación se trianguló la ruta del dinero, empleando cuentas en Colombia y Delaware (EEUU) del Sr. Aliste, que es quien transfirió doscientos mil dólares a una cuenta en un banco argentino, al parecer corresponsal del HSBC que creo que se llamaba Banco del Río Negro".
Villarejo detalla más pagos relacionados con la operación para apartar a Gómez de Liaño de la judicatura: "Transferidos a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional del que nunca supe con certeza quién fue, unos ciento setenta mil dólares desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas inglesas. La transferencia se hizo a una cuenta del mismo banco en las Antillas holandesas a nombre de una sociedad que estaba gestionada por el consorcio Ard Choille y para dificultar el rastro, se empleó una cuenta ómnibus' donde, entre otros, figuraba una sociedad controlada por el Sr. Aliste. No puedo señalar la identidad de este magistrado, ya que mi labor fue facilitar esta transferencia, así como otras con la colaboración del Sr. Aliste que percibió además de otros honorarios, el 20% de las cantidades manejadas`".
"Para cerrar los temas económicos sobre la operación Sogecable, en abril de 1998, me reuní con el Sr. Navalón en el restaurante Pazo de Monterrey a instancias suyas. Solía invitar a sus contactos de la cúpula judicial en dicho local. Al cabo de los años, pude conversar largo y tendido con el que era el cocinero jefe de dicho restaurante, una vez que ya estaba jubilado. Me confirmó todos y cada uno de estos tratos privilegiados, así como los principales beneficiarios", sostiene Villarejo en su denuncia.
Seguimientos a Gómez de Liaño y a Márquez de Prado
Aparte de los supuestos pagos a miembros de la judicatura, Villarejo menciona en su denuncia que le ordenaron hacer seguimientos al entorno de "la por entonces pareja sentimental en proceso del Sr. Liaño (Mª Márquez de Prado), la consideraban la verdadera instigadora de la querella que el suegro de su hermana, el Sr. Campmany interpuso (origen del caso)". El periodista Jesús Cacho también se querelló contra Sogecable por el supuesto uso ilícito de los fondos de los abonados de Canal Plus.
Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado.
"Tenía como objetivo conseguir información íntima de la señora para encontrar otras relaciones anteriores de naturaleza problemática, similar a la que entonces mantenía una magistrada de la Audiencia Nacional con el iraní Massoud Zandi", apunta Villarejo.
"El interés sobre la Sra. Márquez de Prado", añade "también estaba en conocer el alcance de lo que sabía precisamente de estas relaciones, así como el nivel de investigación oficial que se llevaba a cabo a las sociedades de este iraní, como Star Petrolium entre otras. Con el tiempo se conoció las vinculaciones en estas firmas con Felipe González y Juan Luis Cebrián".
"Igualmente se planteó la posibilidad del posible vínculo del Sr. Liaño con la esposa del Sr. Aznar por su coincidencia de apellido, para llegado el caso, considerar la acción contra Sogecable como una operación política. Para tal fin, conté con la colaboración, entre otros, de un abogado llamado José Aliste, por estar muy vinculado al CESID, a la Policía y, especialmente, al mundo de la delincuencia internacional, por ser confidente de la DEA, entre otros servicios. Entre los cometidos del Sr. Aliste, estaba en conseguir informaciones de clientes suyos, vinculados con sumarios donde actuó el Sr. Liaño y, llegado el momento, realizar actuaciones de todo tipo y desprestigio", relata el mando policial encarcelado.
Villarejo justifica la presentación de la denuncia con "el fin de que pueda constatarse la veracidad de los hechos referidos. Ello supondría evidenciar que nadie está por encima de la Ley y que no es cierto que determinados personajes de este país disfrutan de un privilegiado poder intocable y absoluto por encima y superior a los demás ciudadanos". Ahora, los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla deberán decidir si admiten a trámite la denuncia y se investigan estos hechos. Si es así, Villarejo tendría que ratificar su denuncia en sede judicial.
En declaraciones a este diario, un portavoz del Grupo Prisa "niega rotundamente" que las acusaciones del comisario Villarejo contenidas en este artículo "sean ciertas". Según este portavoz, "Prisa aún no ha tenido conocimiento de la denuncia y cuando tenga conocimiento de la misma hará una valoración".
El caso Sogecable de Liaño y contra Liaño
Javier Gómez de Liaño cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional asumió en 1997 la investigación contra el Grupo Prisa (Canal Plus y Sogecable) por posibles delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas (138.232.784 euros) de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.
Jesús de Polanco
En el marco de dicho procedimiento, el magistrado impuso de forma cautelar a Jesús de Polanco (expresidente del Grupo Prisa), una fianza de 200 millones de pesetas. Después, procesó al propio Polanco, a Juan Luis Cebrián (exconsejero delegado del Grupo Prisa) y a todo el Consejo de Administración de Sogecable, por falsedad documental y apropiación indebida en los fondos de los abonados. En 1998, Polanco lo denunció por prevaricación y el magistrado fue procesado.
Juan Luis Cebrián
Gómez de Liaño recusó en febrero de 1999 a los tres miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que ratificaron su procesamiento por prevaricación y dictaron auto de apertura de juicio oral contra él para juzgarlo: Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Éste último magistrado emitió un voto particular discrepante expresando su disentimiento "por no haberse decretado el sobreseimiento libre, al no ser los hechos de la causa constitutivos de delito alguno, como han solicitado, no sólo el procesado sino el propio ministerio fiscal". Según el fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, los hechos no eran constitutivos de delito de prevaricación, ni de infracción penal alguna.
Liaño entendía que habían perdido la imparcialidad objetiva para juzgarle por haber dictado dichas resoluciones. En el caso de Bacigalupo, le recusaba también por "amistad íntima" con el abogado de Sogecable, Antonio González Cuéllar, y por interés directo o indirecto en la causa. Sin embargo, dicha recusación resultó fallida.
Los tres magistrados del Supremo lo condenaron a 15 años de inhabilitación especial para cargo público, con la pérdida definitiva de su cargo de juez. La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Por su parte, José Manuel Martínez-Pereda formuló de nuevo un voto particular discrepante con la decisión de sus dos compañeros más extenso que la propia sentencia.
En el año 2000 recibió un indulto del gobierno presidido por José María Aznar para volver a la carrera judicial y en 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor recordando "la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables" y estimando que "las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que lo juzgó y lo condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas". El argumento es que los tres magistrados que la componían (Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez), ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso.
https://www.libertaddigital.com/esp...upo-gomez-de-liano-caso-sogecable-1276646069/
CLOACAS DE INTERIOR
El hermano cura de Villarejo fue la conexión con varios protagonistas de sus negocios
En los atestados del registro a las oficinas y domicilios de Villarejo aparecen documentos donde su hermano y sacerdote Pedro Villarejo es mencionado como partícipe en procedimientos por los que el excomisario tenía interés. Asimismo, es señalado tanto por David Valadez , protagonista del caso Astapa como por Adrián Beloso-Baker como la persona que les puso en contacto con el autoungido como "agente encubierto".
El excomisario José Manuel Villarejo, en los juzgados de plaza de Castilla | EFE
MAS INFORMACIÓN
25/11/2019 23:40 Actualizado: 25/11/2019 23:40
PATRICIA LÓPEZ / PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA
@patricialopezl@minielgdl
Diversa documentación incluida en el sumario Astapa contiene indicios sobre el modo en que se inició la investigación policial de la Operación Astapa que devino más tarde en el procedimiento judicial en el juzgado de Estepona bajo el mando entonces de la magistrada Isabel Conejo, la misma que instruyó la denuncia contra el origen del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Además de indicios sobre el interés y papel jugado por Jose Manuel Villarejo, su socio Juan Carlos Escribano, el ubicuo agente de policía con número de placa 78.777 y los sospechosos habituales, se incluyen otros sobre la participación consciente o inocente del hermano del comisario, Pedro Villarejo Pérez, sacerdote carmelita y párroco de de Estepona. Él aparece como el hombre que presentó a Villarejo del denunciante que dio origen al caso Astapa, el concejal David Valadez.
Alcalde y concejal de Urbanismo
El caso Astapa se origina por una denuncia contra el alcalde del PSOE Antonio Barrientos y por prevaricación de su entonces compañero (o rival) de partido y concejal de Bienestar Social, David Valadez, junto a otra compañera. Dicha denuncia fue interpuesta el 16 de noviembre de 2006, pero no avanza hasta el 17 junio 2008, fecha en la que se produce la operación policial de detención del alcalde Antonio Barrientos y otros miembros de su equipo.
De las detenciones del 17 de junio de 2008 informó seis días después en Interviú Daniel Montero, quien luego fuera cofundador con Villarejo del digital Información Sensible. En la información de Interviú se incluyó una información bajo secreto de sumario: la operación Astapa se apoyaba en la captación de dos testigos protegidos por los “servicios de inteligencia de la Policía”.
No es la primera vez que surge el nombre del hermano de Villarejo en relación con la actividad del excomisario: en el listado de documentos incautados en Torre Picasso está el MP47, "un conjunto de folios (7) titulado 'Pliego de preguntas para el testigo Pedro Villarejo'”
Tras la operación policial de junio 2018 todo son buenas noticias para David Valadez, el comisario Villarejo y allegados de éste. Así, de un lado, este concejal recoge el bastón de mando de la Alcaldía ya que, casualmente, son imputados junto al alcalde los tres concejales de su partido, el de Cultura, el de Urbanismo y el de Educación; los mismo que podían disputarle el puesto. Los tres fueron, no obstante, desimputados… tras el nombramiento como alcalde de Valadez.
Pero el concejal no solo se aupó a la Alcaldía, sino que se reservó las competencias en el área de Urbanismo, donde incluyó a Diego Lucas Villarrubia, una persona a la que Villarejo puso de administrador de sociedades tan estratégicas en su modelo de negocio como Sensible Code SL, la editora del ahora extinto diario digital Información Sensible. Con esta web, el excomisario ajustaba cuentas con sus enemigos. También figuraba, junto a Jorge Benseny Alonso, el hijo de Ángel Benseny -cara visible de Schola Iuris- como vocal en la “asociación” Transparencia y Justicia, que se ha venido personando como "acusación popular" en los casos del interés del comisario y sus clientes.
Asimismo, y tras la toma de posesión del flamante nuevo alcalde, Villarejo y su socio Escribano ven concedida la licencia de ocupación para la promoción Mirador de la Cala, cuya denegación bajo el anterior Gobierno municipal por irregularidades, les había puesto en un serio aprieto financiero (por estar sin licencia de ocupación, no se podían escriturar o vender los pisos locales y áticos).
Denuncia en 2006, en Madrid y en un contexto concreto.
Con respecto de la denuncia de Valadez de 16 de noviembre de 2006, varios hechos llaman rápida y poderosamente la atención a la investigación. De entrada, se da la circunstancia de que la denuncia se pone en Madrid y en la sede de la UDEF. Asimismo, Valadez fue atendido por el agente nº 78.777, una persona ubicua en varios de los procedimientos donde se palpa la presencia de Villarejo y que éste trata de justificar, autoungido de “agente encubierto” como “misión de investigación”.
Además de lo anterior debe destacarse la coincidencia temporal que señala el exalcalde denunciado en un escrito incluido en el sumario. Según expone Barrientos, la denuncia de Valadez de 16 de noviembre de 2006 se produce justo un día después de otra que Barrientos interpone en la Fiscalía y que atañe a las manifestaciones que Valadez realiza en las dos reuniones del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, previa y posterior al Pleno en que debía aprobarse un convenio urbanístico. En la reunión previa, Valadez les informa -tras no poner objeciones a los informes técnicos que le son mostrados- que una "llamada que ha recibido del Ministerio del Interior" le impide votar el convenio en el próximo Pleno. En la reunión posterior, Valadez habló acerca de supuestas "extorsiones" realizadas a un empresario por parte de algún cargo de Urbanismo perteneciente a “otro partido político”.
Tras ello, Barrientos, en su calidad de alcalde, puso dichas manifestaciones en conocimiento de la Fiscalia Anticorrupción, el 15 de noviembre de 2006, el día anterior a que Valadez se plantase en Madrid a denunciarle. Y no era la primera vez que Barrientos se dirigía a Anticorrupción con relación a posibles actuaciones irregulares en Urbanismo. Las denuncias están aportadas al sumario Astapa
La conexión del hermano sacerdote
El sacerdote Pedro Villarejo tenía contacto frecuente con David Valadez debido a que éste ocupaba la concejalía de Bienestar Social y, además, era miembro de una Fundación que gestionaba una Residencia Geriátrica de Estepona, en la que el religioso ostentaba la Vicepresidencia.
No es la primera vez que surge el nombre del hermano Villarejo en relación con la peculiar actividad del comisario. En el listado de documentos incautados en las oficinas de Torre Picasso está el marcado como MP47, que en la versión manuscrita del atestado se describe como "un conjunto de folios (7) titulado 'Pliego de preguntas para el testigo Pedro Villarejo'” y en la versión mecanografiada que confecciona la Unidad de Asuntos Internos, se describe como 'Conjunto de folios que contienen el pliego de preguntas para testigos de Pedro Villarejo'.
Por otro lado, en algunas bases de datos sobre registros mercantiles internacionales se identifica la sociedad Teresa Do Carmelo Corporación Inmobiliaria con sede en Republica Dominicana, donde figura como “director” Rafael Redondo Rodríguez, nombre que coincide con el socio y mano derecha de Villarejo. El nombre de la sociedad recuerda asimismo, a la orden carmelita a la que Pedro Villarejo pertenece.
Por último, en entrevistas concedidas a medios uruguayos, la persona que figura vinculada al hotel de Villarejo en Punta del Este, así como a otros inmuebles en España, Adrian Beloso-Baker, relata que su contacto con el comisario tiene origen en la relación profesional que el sacerdote Pedro Villarejo tenía con él en su país de origen, Argentina, cuando el sacerdote estuvo allí destinado como provincial de la congregación de la orden carmelita.
www.publico.es
El hermano cura de Villarejo fue la conexión con varios protagonistas de sus negocios
En los atestados del registro a las oficinas y domicilios de Villarejo aparecen documentos donde su hermano y sacerdote Pedro Villarejo es mencionado como partícipe en procedimientos por los que el excomisario tenía interés. Asimismo, es señalado tanto por David Valadez , protagonista del caso Astapa como por Adrián Beloso-Baker como la persona que les puso en contacto con el autoungido como "agente encubierto".
El excomisario José Manuel Villarejo, en los juzgados de plaza de Castilla | EFE
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25/11/2019 23:40 Actualizado: 25/11/2019 23:40
PATRICIA LÓPEZ / PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA
@patricialopezl@minielgdl
Diversa documentación incluida en el sumario Astapa contiene indicios sobre el modo en que se inició la investigación policial de la Operación Astapa que devino más tarde en el procedimiento judicial en el juzgado de Estepona bajo el mando entonces de la magistrada Isabel Conejo, la misma que instruyó la denuncia contra el origen del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Además de indicios sobre el interés y papel jugado por Jose Manuel Villarejo, su socio Juan Carlos Escribano, el ubicuo agente de policía con número de placa 78.777 y los sospechosos habituales, se incluyen otros sobre la participación consciente o inocente del hermano del comisario, Pedro Villarejo Pérez, sacerdote carmelita y párroco de de Estepona. Él aparece como el hombre que presentó a Villarejo del denunciante que dio origen al caso Astapa, el concejal David Valadez.
Alcalde y concejal de Urbanismo
El caso Astapa se origina por una denuncia contra el alcalde del PSOE Antonio Barrientos y por prevaricación de su entonces compañero (o rival) de partido y concejal de Bienestar Social, David Valadez, junto a otra compañera. Dicha denuncia fue interpuesta el 16 de noviembre de 2006, pero no avanza hasta el 17 junio 2008, fecha en la que se produce la operación policial de detención del alcalde Antonio Barrientos y otros miembros de su equipo.
De las detenciones del 17 de junio de 2008 informó seis días después en Interviú Daniel Montero, quien luego fuera cofundador con Villarejo del digital Información Sensible. En la información de Interviú se incluyó una información bajo secreto de sumario: la operación Astapa se apoyaba en la captación de dos testigos protegidos por los “servicios de inteligencia de la Policía”.
No es la primera vez que surge el nombre del hermano de Villarejo en relación con la actividad del excomisario: en el listado de documentos incautados en Torre Picasso está el MP47, "un conjunto de folios (7) titulado 'Pliego de preguntas para el testigo Pedro Villarejo'”
Tras la operación policial de junio 2018 todo son buenas noticias para David Valadez, el comisario Villarejo y allegados de éste. Así, de un lado, este concejal recoge el bastón de mando de la Alcaldía ya que, casualmente, son imputados junto al alcalde los tres concejales de su partido, el de Cultura, el de Urbanismo y el de Educación; los mismo que podían disputarle el puesto. Los tres fueron, no obstante, desimputados… tras el nombramiento como alcalde de Valadez.
Pero el concejal no solo se aupó a la Alcaldía, sino que se reservó las competencias en el área de Urbanismo, donde incluyó a Diego Lucas Villarrubia, una persona a la que Villarejo puso de administrador de sociedades tan estratégicas en su modelo de negocio como Sensible Code SL, la editora del ahora extinto diario digital Información Sensible. Con esta web, el excomisario ajustaba cuentas con sus enemigos. También figuraba, junto a Jorge Benseny Alonso, el hijo de Ángel Benseny -cara visible de Schola Iuris- como vocal en la “asociación” Transparencia y Justicia, que se ha venido personando como "acusación popular" en los casos del interés del comisario y sus clientes.
Asimismo, y tras la toma de posesión del flamante nuevo alcalde, Villarejo y su socio Escribano ven concedida la licencia de ocupación para la promoción Mirador de la Cala, cuya denegación bajo el anterior Gobierno municipal por irregularidades, les había puesto en un serio aprieto financiero (por estar sin licencia de ocupación, no se podían escriturar o vender los pisos locales y áticos).
Denuncia en 2006, en Madrid y en un contexto concreto.
Con respecto de la denuncia de Valadez de 16 de noviembre de 2006, varios hechos llaman rápida y poderosamente la atención a la investigación. De entrada, se da la circunstancia de que la denuncia se pone en Madrid y en la sede de la UDEF. Asimismo, Valadez fue atendido por el agente nº 78.777, una persona ubicua en varios de los procedimientos donde se palpa la presencia de Villarejo y que éste trata de justificar, autoungido de “agente encubierto” como “misión de investigación”.
Además de lo anterior debe destacarse la coincidencia temporal que señala el exalcalde denunciado en un escrito incluido en el sumario. Según expone Barrientos, la denuncia de Valadez de 16 de noviembre de 2006 se produce justo un día después de otra que Barrientos interpone en la Fiscalía y que atañe a las manifestaciones que Valadez realiza en las dos reuniones del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, previa y posterior al Pleno en que debía aprobarse un convenio urbanístico. En la reunión previa, Valadez les informa -tras no poner objeciones a los informes técnicos que le son mostrados- que una "llamada que ha recibido del Ministerio del Interior" le impide votar el convenio en el próximo Pleno. En la reunión posterior, Valadez habló acerca de supuestas "extorsiones" realizadas a un empresario por parte de algún cargo de Urbanismo perteneciente a “otro partido político”.
Tras ello, Barrientos, en su calidad de alcalde, puso dichas manifestaciones en conocimiento de la Fiscalia Anticorrupción, el 15 de noviembre de 2006, el día anterior a que Valadez se plantase en Madrid a denunciarle. Y no era la primera vez que Barrientos se dirigía a Anticorrupción con relación a posibles actuaciones irregulares en Urbanismo. Las denuncias están aportadas al sumario Astapa
La conexión del hermano sacerdote
El sacerdote Pedro Villarejo tenía contacto frecuente con David Valadez debido a que éste ocupaba la concejalía de Bienestar Social y, además, era miembro de una Fundación que gestionaba una Residencia Geriátrica de Estepona, en la que el religioso ostentaba la Vicepresidencia.
No es la primera vez que surge el nombre del hermano Villarejo en relación con la peculiar actividad del comisario. En el listado de documentos incautados en las oficinas de Torre Picasso está el marcado como MP47, que en la versión manuscrita del atestado se describe como "un conjunto de folios (7) titulado 'Pliego de preguntas para el testigo Pedro Villarejo'” y en la versión mecanografiada que confecciona la Unidad de Asuntos Internos, se describe como 'Conjunto de folios que contienen el pliego de preguntas para testigos de Pedro Villarejo'.
Por otro lado, en algunas bases de datos sobre registros mercantiles internacionales se identifica la sociedad Teresa Do Carmelo Corporación Inmobiliaria con sede en Republica Dominicana, donde figura como “director” Rafael Redondo Rodríguez, nombre que coincide con el socio y mano derecha de Villarejo. El nombre de la sociedad recuerda asimismo, a la orden carmelita a la que Pedro Villarejo pertenece.
Por último, en entrevistas concedidas a medios uruguayos, la persona que figura vinculada al hotel de Villarejo en Punta del Este, así como a otros inmuebles en España, Adrian Beloso-Baker, relata que su contacto con el comisario tiene origen en la relación profesional que el sacerdote Pedro Villarejo tenía con él en su país de origen, Argentina, cuando el sacerdote estuvo allí destinado como provincial de la congregación de la orden carmelita.
El hermano cura de Villarejo fue la conexión con varios protagonistas de sus negocios
En los atestados del registro a las oficinas y domicilios de Villarejo aparecen documentos donde su hermano y sacerdote Pedro Villarejo es mencionado como partícipe en procedimientos por los que el excomisario tenía interés. Asimismo, es señalado tanto por David Valadez , protagonista del caso...
www.publico.esEl incómodo momento de Ana Rosa Quintana informando de Villarejo y Cospedal
La periodista había recibido muchas críticas por silenciar las grabaciones del comisario que estuvo relacionado con su marido
ELPLURAL.COM Martes, 30 de octubre de 2018
ana rosa villarejo
El Programa de Ana Rosa ha informado esta mañana de la reunión secreta del comiario José Manuel Villarejo a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, así como de la reunión secreta en el despacho de la entonces secretaria general del Partido Popular. En principio, parecería que no es noticia, pero este lunes el espacio matutino de Telecinco ocultó las primeras informaciones al respecto, lo que le valió una oleada de críticas en las redes sociales.
El tema es espinoso, dado que, por una reunión similar, el marido de Ana Rosa Quintana, fue detenido en julio, acusado de haber planeado un chantaje sexual a un empresario rival. Sin embargo, Juan Muñoz fue puesto en libertad sin medidas cautelares en agosto. Unos días después, la presentadora habló en directo del suceso: “No ha sido el mejor verano de mi vida”.
Hasta que rompió su silencio, Ana Rosa también fue muy criticada al respecto. Incluso, mientras la presentadora estaba de vacaciones, el programa no informó, lo que provocó un ácido comentario en directo del abogado de La Manada, que criticó al sustituto de Quintana su silencio: “Joaquín, tú habla de lo que quieras o te dejen”.
Este lunes, mientras todos los medios informaban de las primeras grabaciones al marido de Cospedal, López del Hierro, en las que pide información a Villarejo sobre casos de corrupción del PP de parte de su esposa, en el programa de Telecinco se hablaba de otros temas. Una actitud que provocó multitud de críticas en las redes sociales.
Protestona@protestona1
Oye que igual @anarosaq no se ha enterado de la reunión en Génova de Cospedal y Villarejo y por eso no lo cuenta.
Porque por tener la purita poca vergüenza de tapar la mierda de sus amigas seguro que no es ¿verdad? @elprogramadear #FelizMartes
9:38 - 30 oct. 2018
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Juan Jose Esteban Po@Juanestepo
@elprogramadear Hoy día 30 en la tertulia he notado algo contrariada a Ana Rosa al hablar de las filtraciones del Comisario Villarejo ?????
10:09 - 30 oct. 2018
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BiancaCastafiore@LaCastafiori
Es muy heavy que Ana Rosa Quintana tenga que cerrar el pico ante la noticia de las grabaciones de Villarejo.Evitar hablar de la actualidad es manipular la información y engañar a los espectadores haciéndoles creer que no sucede lo que todos sabemos que está sucediendo. @anarosaq
9:50 - 30 oct. 2018
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Francisco Cohortado@pacohortado
Ojalá alguien que te mire como los maridos de Cospedal y Ana Rosa Quintana miraban a Villarejo, con ojos golositos.
8:59 - 30 oct. 2018
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Flecha_M.Rajoy@Flecha_Morada
Que dice Ana Rosa Quintana que os sentéis, que ahora os cuenta lo de los nuevos audios de la chupi-pandi: Villarejo-López del Hierro-Cospedal y todas las andanzas acaecidas en la cueva de Génova. #AR30Oct #LaCafeteraBolsoMazo
9:16 - 30 oct. 2018
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miguel aparicio beni@miguelaparicio_
@elprogramadear ana rosa pasando de largo en su tertulia política por las escuchas del comisario Villarejo a cospedal , por qué será?
9:34 - 30 oct. 2018
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Pero este martes, Ana Rosa Quintana sí ha informado de las grabaciones de Villarejo en su reunión con Cospedal, pero con varios titubeos e incomodidad y subrayando que el comisario se grababa hasta cuando iba al baño. También ha insistido en que no se sabe qué se dijo en esa reunión.
https://www.elplural.com/fuera-de-f...-informando-de-villarejo-y-cospedal_205517102
EL MARIDO DE ANA ROSA QUINTANA: EXTORSIÓN A UN JUEZ, COCA Y PUTAS
Por
Redacción
-
16 enero, 2020
EL MARIDO DE ANA ROSA QUINTANA: EXTORSIÓN A UN JUEZ, COCA Y PUTAS
La Audiencia Nacional ha citado a declarar al excomisario Villarejo y su hijo por una de las piezas del sumario, la que afecta a Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana.
Muñoz sigue imputado por extorsión y sigue esperando juicio.
La instrucción judicial revela datos hasta ahora desconocidos de cómo habría ido su relación «profesional» con Villarejo.
Según adelanta El Nacional, el juez cita el día 22 a declarar a Villarejo por videoconferencia desde la prisión «Por la grabación subrepticia del video sexual de un juez en 2006 que una década después, vendió a unos ‘clientes’ que querían extorsionarle».
El empresario Juan Muñoz es sospechoso de contratar los servicios de Villarejo y comprarle una cinta de vídeo gravada de manera oculta a un juez practicando s*x* con prost*tutas y cocaína.
El encargo lo recibió Villarejo en 2017 del empresario Juan Muñoz y su hermano, quienes en un litigio querían forzar a la parte contraria a firmar un acuerdo. Para ello, habrían tramado extorsionar al abogado, el entonces ya ex juez Francisco Javier de Urquía, utilizando aquel vídeo sexual obtenido una década antes.
LA TRAMA QUE INVESTIGA AL JUEZ
En el año 2006 un juez de Marbella investiga a un traficante de armas, el hijo de Villarejo graba a ese juez instructor en casa de un tercero con putas y coca.
Diez años después, en 2017, el juez ya no es juez sino abogado y tiene un cliente que tiene una deuda económica importante con el marido de Ana Rosa Quintana, que para presionar y cobrar habría comprado la cinta de vídeo sexual que seguía teniendo Villarejo para extorsionar al exjuez.
La trama es truculenta pero el silencio en los medios es clamoroso y entre los pocos que se han hecho eco de la noticia está Público y la periodista enfrentada a Villarejo Patricia López.
Patricia López no es tertuliana de El programa de Ana Rosa. Lo es Eduardo Inda.
Ofrecerá Ana Rosa Quintana la noticia?.
La nueva Ana Rosa que entrevista a Junqueras y explica los casos de corrupción policial.
El marido de Ana Rosa Quintana: Extorsión a un juez, coca y putas
El marido de Ana Rosa Quintana: Extorsión a un juez, coca y putas
El marido de Ana Rosa Quintana: Extorsión a un juez, coca y putas. La Audiencia Nacional ha citado a declarar al excomisario Villarejo y su hijo por una de
timis.es
Bueno....estamos a 22 y es la fecha de la declaración del marido de Ana Rosa Quintana.
Esperemos que mañana la gran """comunicadora"" nos comunique como le ha ido a su maridin. al que a pesar de tener pasaporte retirado y no poder salir de España se marcha al Caribe.
Esto se pone muy feo. Y va de Ana Rosa Quintana. prostit*ción, drogas y más
Se acerca una fecha clave e importante para la estrella de Telecinco
Berta Batlló
Ana Rosa Quintana
Jennifer López tiene mucho pelo ahí: ¡Mira la foto! ¿No se lo depila?
“¡Rosalía asusta en leggings!”. Mira el vídeo: “¡Ves al gimnasio que das pena!”
Karol G se fotografía con su perro, pero nadie mira al perro ¡y es por esto!
HEMEROTECA
Ana Rosa Quintana
18 de enero de 2020 (10:59 CET)
Esta semana llegaba a casa de Ana Rosa Quintana una noticia un tanto desagradable. Se ha sabido que la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Villarejo y a su hijo por una de las acusaciones que tiene sobre él y que sería la que afecta directamente a Juan Muñoz, marido de Ana Rosa. Cabe recordar que Muñoz esta imputado por extorsión y sigue a la espera de juicio.
El día de la comparecencia de Villarejo será el próximo día 22 de este mismo mes y lo hará por videoconferencia desde la prisión. Una declaraciones que, según Europa Press, serán “por la grabación subrepticia del video sexual de un juez en 2006 que una década después, vendió a unos 'clientes' que querían extorsionarle".
Juan Muñoz, en el punto de mira
En este sentido, el marido de Ana Rosa Quintana, según recoge Elnacional.cat, sería uno de esos ‘clientes’ que contrataron los servicios de Villarejo para comprarle una cinta grabada de forma oculta a un juez “practicando s*x* con prost*tutas y cocaína”.
"El encargo lo recibió Villarejo en 2017 del empresario Juan Muñoz y su hermano, quienes en un litigio querían forzar a la parte contraria a firmar un acuerdo. Para ello, habrían tramado extorsionar al abogado, el entonces ya ex juez Francisco Javier de Urquía, utilizando aquel vídeo sexual obtenido una década antes", reza la instrucción.
Antecedentes
El portal mencionado recoge también de donde viene toda esta trama, que se remonta al año 2006. Entonces, mientras un juez de Marbella estaba investigando a un traficante de armas, el hijo de Villarejo lo grabó el en mencionado vídeo relacionado con s*x* y drogas. Un documento por el que años después, un cliente que debe dinero a Juan Muñoz, le habría comprado la cinta para extorsionar al protagonista del vídeo y poder saldar la deuda.
www.diariogol.com
Esperemos que mañana la gran """comunicadora"" nos comunique como le ha ido a su maridin. al que a pesar de tener pasaporte retirado y no poder salir de España se marcha al Caribe.
El marido de Ana Rosa, de vacaciones en el Caribe tras pedir autorización al juez
Juan Muñoz tiene prohibido salir del país sin previo aviso, como medida cautelar durante su procedimiento judicial. Descubrimos dónde y con quién han pasado Ana Rosa la Navidad La 'súper finca' de Ana Rosa en la que desconecta con su familia
www.elespanol.com
Esto se pone muy feo. Y va de Ana Rosa Quintana. prostit*ción, drogas y más
Se acerca una fecha clave e importante para la estrella de Telecinco
Berta Batlló
Ana Rosa Quintana
Jennifer López tiene mucho pelo ahí: ¡Mira la foto! ¿No se lo depila?
“¡Rosalía asusta en leggings!”. Mira el vídeo: “¡Ves al gimnasio que das pena!”
Karol G se fotografía con su perro, pero nadie mira al perro ¡y es por esto!
HEMEROTECA
Ana Rosa Quintana
18 de enero de 2020 (10:59 CET)
Esta semana llegaba a casa de Ana Rosa Quintana una noticia un tanto desagradable. Se ha sabido que la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Villarejo y a su hijo por una de las acusaciones que tiene sobre él y que sería la que afecta directamente a Juan Muñoz, marido de Ana Rosa. Cabe recordar que Muñoz esta imputado por extorsión y sigue a la espera de juicio.
El día de la comparecencia de Villarejo será el próximo día 22 de este mismo mes y lo hará por videoconferencia desde la prisión. Una declaraciones que, según Europa Press, serán “por la grabación subrepticia del video sexual de un juez en 2006 que una década después, vendió a unos 'clientes' que querían extorsionarle".
Juan Muñoz, en el punto de mira
En este sentido, el marido de Ana Rosa Quintana, según recoge Elnacional.cat, sería uno de esos ‘clientes’ que contrataron los servicios de Villarejo para comprarle una cinta grabada de forma oculta a un juez “practicando s*x* con prost*tutas y cocaína”.
"El encargo lo recibió Villarejo en 2017 del empresario Juan Muñoz y su hermano, quienes en un litigio querían forzar a la parte contraria a firmar un acuerdo. Para ello, habrían tramado extorsionar al abogado, el entonces ya ex juez Francisco Javier de Urquía, utilizando aquel vídeo sexual obtenido una década antes", reza la instrucción.
Antecedentes
El portal mencionado recoge también de donde viene toda esta trama, que se remonta al año 2006. Entonces, mientras un juez de Marbella estaba investigando a un traficante de armas, el hijo de Villarejo lo grabó el en mencionado vídeo relacionado con s*x* y drogas. Un documento por el que años después, un cliente que debe dinero a Juan Muñoz, le habría comprado la cinta para extorsionar al protagonista del vídeo y poder saldar la deuda.
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El NacionalTELEVISIÓN
Villarejo traiciona al marido de Ana Rosa y reconoce el vídeo esnifando coca
Marc Villanueva
Foto: GTRES
Barcelona. Jueves, 23 de enero de 2020
El caso marido Ana Rosa se enreda en los tribunales. Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional el excomisario Villarejo, por videoconferencia desde prisión, en la pieza separada que investiga la trama en la que sigue imputado por extorsión Juan Muñoz, el todavía marido de la presentadora Ana Rosa Quintana. La fiscalía considera que Muñoz compró a Villarejo un vídeo grabado por el excomisario donde aparecía un exjuez esnifando cocaína con prost*tutas en un lavabo. La intención de Juan Muñoz sería extorsionar al exjuez con el vídeo para cobrar una deuda. El juez fue inhabilitado por aceptar sobornos y ahora ejerce de abogado.
GTRES
El vídeo se visionó en el despacho del juez que instruye el "caso marido Ana Rosa" en presencia de la víctima de la presunta extorsión. Según EFE, la víctima de la extorsión "aparece en un cuarto de baño, de espaldas, hablando por teléfono y aparentemente esnifando cocaína". El comisario jubilado ha negado que el vídeo se grabara por encargo suyo. Y ha añadido que los audios donde el mismo Villarejo visiona el vídeo mientras lo comenta con Juan Muñoz y pactarían la extorsión están "manipulados".
La Sexta
Preguntado por la Fiscalía Anticorrupción, el comisario ha mareado la perdiz involucrando al exministro de Defensa José Bono diciendo que quien grabó el vídeo en el año 2006 fue el CNI que dependía del entonces ministro de Defensa de Zapatero. El juez sospecha que el vídeo lo habría grabado Villarejo por encargo de un traficante de armas para extorsionar a un juez que lo investigaba en Marbella.
GTRES
Cuando a Villarejo le han puesto los audios donde negocia la compra del vídeo con el marido de Ana Rosa, el excomisario ha negado la evidencia. Villarejo ha dicho "están manipulados, no reconozco su autenticidad y niego que la reunión que reflejan se produjera". Según informa Europa Press, en el audio que tiene el juez de la AN, al marido de Ana Rosa Juan Muñoz pedía a Villarejo en febrero de 2017 consejo sobre "cómo debilitar" a su deudor moroso. El comisario le ofreció un vídeo en el cual, literalmente dice Villarejo "el CNI le grabó farlopeando".
GTRES
Villarejo argumenta que conocía el vídeo por haber colaborado con la policía de Marbella en el caso Malaya de corrupción de Isabel Pantoja. Villarejo se ha defendido diciendo que su papel en la trama sólo fue avisar al marido de Ana Rosa, al que considera "amigo", y ponerlo en contacto con las personas del CNI que grabaron el vídeo. Villarejo con su declaración del miércoles, se pretende salvar él pero reconoce que el marido de Ana Rosa quería el vídeo para la extorsión. Villarejo ha traicionado al marido de Ana Rosa y lo deja más cerca del juicio.
¿Ha comentado algo Ana Rosita de su maridin?
El 'panorama devastador' de las cloacas
Jesús Maraña
jmarana@infolibre.es @jesusmarana
Publicada el 31/01/2020 a las 06:00Actualizada el 30/01/2020 a las 20:00
A día de hoy, existen más indicios sobre el funcionamiento durante años de una mafia político-policial-empresarial en España que sobre la influencia de la subida del salario mínimo en la destrucción de empleo (ver aquí). Probablemente a algún lector le sorprenda esa comparación, o le resultará demagógica. Lo respeto, pero más me asombra a mí (o ya no) que ninguno de los periódicos nacionales de papel llevara a sus portadas una sola mención de lo que se escuchó este último martes en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (ver aquí).
Declaraba allí Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía entre los años 2012 y 2016, como imputado en la macrocausa que investiga los numerosos delitos de extorsión, corrupción o espionaje ilegal que se le atribuyen al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace dos años. Y Pino explicó con mucho detalle que en 2015 intentó destituir a Villarejo por la guerra interna que éste mantenía con otro comisario (disputa que también llegó a los tribunales) pero que no pudo ejecutar el cese porque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le advirtió que el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había indicado que trasladara a Pino un reproche nítido: “Lo estás tratando mal” (a Villarejo). El efecto de aquella supuesta advertencia o intermediación es comprobable: Villarejo continuó actuando, mientras Marcelino Martín-Blas, el comisario-enemigo entonces al frente de Asuntos Internos, sufrió un cambio de destino.
Es la primera vez que en sede judicial un alto mando del equipo policial de máxima confianza del ministro Fernández Díaz señala a Mariano Rajoy como protector de Villarejo. Cabe la duda de si Pino introduce esa “maldad” como pura táctica de defensa, en beneficio propio y/o de su amigo y excompañero encarcelado. Habrá que comprobarlo a lo largo del complejo procedimiento penal que incluye múltiples piezas referidas a distintas operaciones delictivas, desde la Operación Kitchen para intentar robar los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP hasta los trabajos pagados por el BBVA para torpedear un cambio en el consejo de administración del banco mediante espionaje ilegal a políticos socialistas, empresarios y periodistas (ver aquí).
Pero de momento existe ese testimonio en sede judicial que en pura lógica debería conducir como mínimo a un careo entre Pino y su exjefe Fernández Díaz, a quien adjudica el excomisario lo que sólo puede calificarse como una presión en favor de Villarejo desde la presidencia del Gobierno. ¿Es suficiente para que el juez dé nuevos pasos en el escalafón político hacia arriba? Por el momento, el último imputado en la causa es Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y por tanto número dos del ministro del Interior en aquellas fechas. Se negó el viernes pasado a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional (ver aquí).
Una cosa es la valoración de los indicios que pueden o no convertirse en pruebas de carácter judicial y otra la composición que uno puede hacerse sobre responsabilidades políticas en el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado. Lo innegable es que la revelación de Pino sobre Rajoy conecta con al menos dos conversaciones que todos hemos podido escuchar. En la primera (desvelada por Público en 2016), el propio Fernández Díaz le decía al responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña: “El presidente del Gobierno lo sabe”, en referencia a la campaña para desprestigiar con acusaciones falsas a dirigentes políticos independentistas. Conviene recordar que el responsable de la llamada Policía patriótica o Policía política encargada de esa Operación Cataluña era precisamente el DAO Eugenio Pino. En otra grabación, publicada por El Confidencial y Moncloa.com el año pasado (ver aquí), puede escucharse a quien fuera jefe de Gabinete de Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago, asegurar a un exministro de Hugo Chávez que actuaba por “mandato” del ministro del Interior con el conocimiento de Rajoy para recabar datos que permitieran montar una acusación contra Podemos por haber recibido más de 7 millones de euros del Gobierno venezolano. Pese a la insistencia permanente de medios como Okdiario, los tribunales han rechazado una y otra vez dichas acusaciones (ver aquí).
¿Alguien imagina a un miembro del Gabinete de Trump, o de Macron o de Merkel, afirmando que el máximo responsable político del Estado estaba al corriente de prácticas ilegales cometidas con recursos públicos? ¿Qué ocurriría si se escuchara al director del FBI afirmar en un juzgado que el presidente actuó como protector de un agente encarcelado por los más graves delitos? Por menos que todo eso afronta ahora mismo Trump un proceso de impeachment. Sin ir tan lejos, por compartir como fiscal mesa y mantel con Villarejo y realizar ante otros cargos policiales comentarios absolutamente impropios, ocupó Dolores Delgado decenas de portadas y tertulias en las que se exigió su cese como ministra de Justicia y se la ha descalificado como nueva fiscal general del Estado (ver aquí).
“Ha dejado usted un panorama devastador”, comentó el juez Manuel García Castellón al concluir la declaración de Eugenio Pino el pasado martes. Lo devastador para la calidad de la democracia sería permitir la impunidad de quienes, desde la política, la Policía o las élites económicas y empresariales han sostenido, protegido o alimentado el funcionamiento de mafias dedicadas a ejercer la guerra sucia para evitar la competencia legítima en la política, en la economía o en la banca, con la ayuda inestimable de terminales mediáticas que a día de hoy siguen predicando sobre ética periodística y practicando el innoble oficio de la desinformación, lo mismo da que se trate de Venezuela que de la subida del salario mínimo y sus efectos sobre el empleo.
www.infolibre.es
Jesús Maraña
jmarana@infolibre.es @jesusmarana
Publicada el 31/01/2020 a las 06:00Actualizada el 30/01/2020 a las 20:00
A día de hoy, existen más indicios sobre el funcionamiento durante años de una mafia político-policial-empresarial en España que sobre la influencia de la subida del salario mínimo en la destrucción de empleo (ver aquí). Probablemente a algún lector le sorprenda esa comparación, o le resultará demagógica. Lo respeto, pero más me asombra a mí (o ya no) que ninguno de los periódicos nacionales de papel llevara a sus portadas una sola mención de lo que se escuchó este último martes en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (ver aquí).
Declaraba allí Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía entre los años 2012 y 2016, como imputado en la macrocausa que investiga los numerosos delitos de extorsión, corrupción o espionaje ilegal que se le atribuyen al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace dos años. Y Pino explicó con mucho detalle que en 2015 intentó destituir a Villarejo por la guerra interna que éste mantenía con otro comisario (disputa que también llegó a los tribunales) pero que no pudo ejecutar el cese porque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le advirtió que el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había indicado que trasladara a Pino un reproche nítido: “Lo estás tratando mal” (a Villarejo). El efecto de aquella supuesta advertencia o intermediación es comprobable: Villarejo continuó actuando, mientras Marcelino Martín-Blas, el comisario-enemigo entonces al frente de Asuntos Internos, sufrió un cambio de destino.
Es la primera vez que en sede judicial un alto mando del equipo policial de máxima confianza del ministro Fernández Díaz señala a Mariano Rajoy como protector de Villarejo. Cabe la duda de si Pino introduce esa “maldad” como pura táctica de defensa, en beneficio propio y/o de su amigo y excompañero encarcelado. Habrá que comprobarlo a lo largo del complejo procedimiento penal que incluye múltiples piezas referidas a distintas operaciones delictivas, desde la Operación Kitchen para intentar robar los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP hasta los trabajos pagados por el BBVA para torpedear un cambio en el consejo de administración del banco mediante espionaje ilegal a políticos socialistas, empresarios y periodistas (ver aquí).
Pero de momento existe ese testimonio en sede judicial que en pura lógica debería conducir como mínimo a un careo entre Pino y su exjefe Fernández Díaz, a quien adjudica el excomisario lo que sólo puede calificarse como una presión en favor de Villarejo desde la presidencia del Gobierno. ¿Es suficiente para que el juez dé nuevos pasos en el escalafón político hacia arriba? Por el momento, el último imputado en la causa es Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y por tanto número dos del ministro del Interior en aquellas fechas. Se negó el viernes pasado a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional (ver aquí).
Una cosa es la valoración de los indicios que pueden o no convertirse en pruebas de carácter judicial y otra la composición que uno puede hacerse sobre responsabilidades políticas en el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado. Lo innegable es que la revelación de Pino sobre Rajoy conecta con al menos dos conversaciones que todos hemos podido escuchar. En la primera (desvelada por Público en 2016), el propio Fernández Díaz le decía al responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña: “El presidente del Gobierno lo sabe”, en referencia a la campaña para desprestigiar con acusaciones falsas a dirigentes políticos independentistas. Conviene recordar que el responsable de la llamada Policía patriótica o Policía política encargada de esa Operación Cataluña era precisamente el DAO Eugenio Pino. En otra grabación, publicada por El Confidencial y Moncloa.com el año pasado (ver aquí), puede escucharse a quien fuera jefe de Gabinete de Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago, asegurar a un exministro de Hugo Chávez que actuaba por “mandato” del ministro del Interior con el conocimiento de Rajoy para recabar datos que permitieran montar una acusación contra Podemos por haber recibido más de 7 millones de euros del Gobierno venezolano. Pese a la insistencia permanente de medios como Okdiario, los tribunales han rechazado una y otra vez dichas acusaciones (ver aquí).
¿Alguien imagina a un miembro del Gabinete de Trump, o de Macron o de Merkel, afirmando que el máximo responsable político del Estado estaba al corriente de prácticas ilegales cometidas con recursos públicos? ¿Qué ocurriría si se escuchara al director del FBI afirmar en un juzgado que el presidente actuó como protector de un agente encarcelado por los más graves delitos? Por menos que todo eso afronta ahora mismo Trump un proceso de impeachment. Sin ir tan lejos, por compartir como fiscal mesa y mantel con Villarejo y realizar ante otros cargos policiales comentarios absolutamente impropios, ocupó Dolores Delgado decenas de portadas y tertulias en las que se exigió su cese como ministra de Justicia y se la ha descalificado como nueva fiscal general del Estado (ver aquí).
“Ha dejado usted un panorama devastador”, comentó el juez Manuel García Castellón al concluir la declaración de Eugenio Pino el pasado martes. Lo devastador para la calidad de la democracia sería permitir la impunidad de quienes, desde la política, la Policía o las élites económicas y empresariales han sostenido, protegido o alimentado el funcionamiento de mafias dedicadas a ejercer la guerra sucia para evitar la competencia legítima en la política, en la economía o en la banca, con la ayuda inestimable de terminales mediáticas que a día de hoy siguen predicando sobre ética periodística y practicando el innoble oficio de la desinformación, lo mismo da que se trate de Venezuela que de la subida del salario mínimo y sus efectos sobre el empleo.
El 'panorama devastador' de las cloacas
A día de hoy, existen más indicios sobre el funcionamiento durante años de una mafia político-policial-empresarial en España que sobre la influen
www.infolibre.esEl exjefe de seguridad de Iberdrola asume los contratos con Villarejo y niega espionaje a Florentino
Antonio Asenjo declara como investigado, defiende la legalidad de los trabajos de Cenyt para la eléctrica y añade que Sánchez Galán no sabía nada de Villarejo aunque leyó algunos de sus informes
Pedro Águeda
03/02/2020 - 20:34h
La eléctrica Iberdrola
más INFO
El que fuera jefe de seguridad de Iberdrola hasta el pasado mes de diciembre, Antonio Asenjo, ha asumido este lunes la responsabilidad de haber contratado a la empresa del comisario Villarejo, si bien ha negado ante el juez del caso que esto constituyera alguna ilegalidad. Asenjo ha añadido que algunos informes de los elaborados por el policía en prisión llegaron a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, pero ha precisado que éste desconocía que Cenyt perteneciera a Villarejo, han informado fuentes jurídicas.
Asenjo ha declarado durante más de cinco horas en calidad de investigado. El juez Manuel García-Castellón investiga en la pieza 19 del caso Villarejo los contratos de Iberdrola con las empresas del policía cuando éste no podía realizar este tipo de trabajos por encontrarse en activo, destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Las fuentes citadas afirman que Asenjo ha defendido que Villarejo se encontraba en excedencia cuando le contrató aunque esa afirmación no casa con el periodo que el comisario estuvo fuera de la Policía, diez años entre 1983 y 1993.
Iberdrola, la primera eléctrica española, contrató en 2004 los servicios del comisario José Manuel Villarejo para infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) que en aquel momento estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (gas natural) cuya construcción ultimaba entonces la compañía en Arcos de la Frontera, con una inversión de unos 850 millones de euros, según publicó Moncloa.com y El Confidencial. Este es el primer encargo del que se tiene constancia de Iberdrola a Villarejo y data de 11 años después de que el comisario dejara la excedencia y regresara al servicio activo.
El expolicía Asenjo ha negado que existiera un contrato de Iberdrola para espiar al dueño de ACS, Florentino Pérez, y ha justificado los encargos hasta llegar a 2012, época en la que se ha detenido la declaración, que se retomará mañana por la mañana.
Los contratos investigados, según la documentación aportada a la causa por la propia Iberdrola, son 17 por valor de 1.123.000 euros. Asenjo ha puesto ante el juez de manifiesto el escaso porcentaje que suponía para una empresa que ha destinado en los últimos años alrededor de 170 millones de euros por ejercicio a seguridad. El exjefe de seguridad dejó Iberdrola en un acuerdo mutuo y según lo establecido en las cláusulas de su contrato, defiende su entorno, una vez trascendieron las informaciones que vinculaban a la eléctrica y al comisario encarcelado. Ante el juez, Asenjo ha dicho este lunes que pudo cometer "equivocaciones", pero ha negado ilegalidad alguna.
Solo ha admitido haberse saltado la ley en su actividad privada en una ocasión y fue con motivo de los atentados del 11-M cuando siendo jefe de seguridad de Airtel sus excompañeros de la Policía le solicitaron, sin orden judicial, que les cotejara el uso de IMEI de las tarjetas telefónicas en determinados terminales. Asenjo ha dicho que lo hizo como algo excepcional y porque los agentes antiterroristas le dijeron que otras compañías telefónicas ya se habían prestado.
www.eldiario.es
Antonio Asenjo declara como investigado, defiende la legalidad de los trabajos de Cenyt para la eléctrica y añade que Sánchez Galán no sabía nada de Villarejo aunque leyó algunos de sus informes
Pedro Águeda
03/02/2020 - 20:34h
La eléctrica Iberdrola
más INFO
El que fuera jefe de seguridad de Iberdrola hasta el pasado mes de diciembre, Antonio Asenjo, ha asumido este lunes la responsabilidad de haber contratado a la empresa del comisario Villarejo, si bien ha negado ante el juez del caso que esto constituyera alguna ilegalidad. Asenjo ha añadido que algunos informes de los elaborados por el policía en prisión llegaron a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, pero ha precisado que éste desconocía que Cenyt perteneciera a Villarejo, han informado fuentes jurídicas.
Asenjo ha declarado durante más de cinco horas en calidad de investigado. El juez Manuel García-Castellón investiga en la pieza 19 del caso Villarejo los contratos de Iberdrola con las empresas del policía cuando éste no podía realizar este tipo de trabajos por encontrarse en activo, destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Las fuentes citadas afirman que Asenjo ha defendido que Villarejo se encontraba en excedencia cuando le contrató aunque esa afirmación no casa con el periodo que el comisario estuvo fuera de la Policía, diez años entre 1983 y 1993.
Iberdrola, la primera eléctrica española, contrató en 2004 los servicios del comisario José Manuel Villarejo para infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) que en aquel momento estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (gas natural) cuya construcción ultimaba entonces la compañía en Arcos de la Frontera, con una inversión de unos 850 millones de euros, según publicó Moncloa.com y El Confidencial. Este es el primer encargo del que se tiene constancia de Iberdrola a Villarejo y data de 11 años después de que el comisario dejara la excedencia y regresara al servicio activo.
El expolicía Asenjo ha negado que existiera un contrato de Iberdrola para espiar al dueño de ACS, Florentino Pérez, y ha justificado los encargos hasta llegar a 2012, época en la que se ha detenido la declaración, que se retomará mañana por la mañana.
Los contratos investigados, según la documentación aportada a la causa por la propia Iberdrola, son 17 por valor de 1.123.000 euros. Asenjo ha puesto ante el juez de manifiesto el escaso porcentaje que suponía para una empresa que ha destinado en los últimos años alrededor de 170 millones de euros por ejercicio a seguridad. El exjefe de seguridad dejó Iberdrola en un acuerdo mutuo y según lo establecido en las cláusulas de su contrato, defiende su entorno, una vez trascendieron las informaciones que vinculaban a la eléctrica y al comisario encarcelado. Ante el juez, Asenjo ha dicho este lunes que pudo cometer "equivocaciones", pero ha negado ilegalidad alguna.
Solo ha admitido haberse saltado la ley en su actividad privada en una ocasión y fue con motivo de los atentados del 11-M cuando siendo jefe de seguridad de Airtel sus excompañeros de la Policía le solicitaron, sin orden judicial, que les cotejara el uso de IMEI de las tarjetas telefónicas en determinados terminales. Asenjo ha dicho que lo hizo como algo excepcional y porque los agentes antiterroristas le dijeron que otras compañías telefónicas ya se habían prestado.
El exjefe de seguridad de Iberdrola asume los contratos con Villarejo y niega espionaje a Florentino
Antonio Asenjo declara como investigado, defiende la legalidad de los trabajos de Cenyt para la eléctrica y añade que Sánchez Galán no sabía nada de Villarejo aunque leyó algunos de sus informes
www.eldiario.esFrancisco González admite que consintió la contratación de Villarejo
La SER accede al sumario de la contratación del excomisario por parte del BBVA para supuestas labores de espionaje y sabotaje de las operaciones que perjudicasen al expresidente del banco, Francisco González
González admite ante el juez que dio el consentimiento al exjefe de seguridad, Julio Corrochano, para que contratara a "una agencia de detectives" en 2004, ante las amenazas que sufría el banco, pero niega que supiera que se trataba de la empresa de Villarejo
Para González fue "una contratación absolutamente menor" de 10.2 millones, porque "el presidente se ocupaba de contratos de 50 millones para arriba
El expresidente del BBVA, Francisco González / Getty Images
C
+
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
05/02/2020 - 19:35 h. CET
El expresidente del BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración como imputado el pasado 18 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que consintió la contratación del comisario Villarejo. Afirma que se gestó en una reunión que tuvo lugar en diciembre de 2004 en la que participaron él mismo, los directivos Ángel Cano y Julio Carrizano, y el por entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Según González, fue Corrochano quien les propuso contratar a una agencia de detectives ante los ataques que estaba sufriendo el banco como el intento de Sacyr por ocupar la cúpula de la entidad, e "implicitamente", concede el expresidente en su declaración, fue autorizado para la contratación.
No obstante, González niega que supiera a quién había contratado en realidad. Sostiene que no sabía que detrás de la empresa Cenyt se encontraba el comisario Villarejo, de quien supo por primera vez "por la prensa", cuando en 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre las contrataciones del BBVA al policía.
Aunque la contratación se prolongó durante 13 años y los pagos ascendieron a 10.2 millones de euros, con operaciones de espionaje y sabotaje, la monitorización de miles de teléfonos de periodistas, empresarios, políticos de la etapa Zapatero y hasta el intento de inventar un amante cubano al ministro Miguel Sebastián, Francisco González jamás prestó demasiada importancia a los informes que le traía Corrochano sobre los trabajos. Así lo admite ante el juez porque para el presidente del BBVA aquel era un tema "absolutamente menor". Asevera que "a mí no me llegaba nada de contratación o una factura". "Esos temas", añade, "no llegan al presidente". "A mí me llegan temas de 50 millones para arriba" y "temas estratégicos".
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La SER accede al sumario de la contratación del excomisario por parte del BBVA para supuestas labores de espionaje y sabotaje de las operaciones que perjudicasen al expresidente del banco, Francisco González
González admite ante el juez que dio el consentimiento al exjefe de seguridad, Julio Corrochano, para que contratara a "una agencia de detectives" en 2004, ante las amenazas que sufría el banco, pero niega que supiera que se trataba de la empresa de Villarejo
Para González fue "una contratación absolutamente menor" de 10.2 millones, porque "el presidente se ocupaba de contratos de 50 millones para arriba
El expresidente del BBVA, Francisco González / Getty Images
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MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
05/02/2020 - 19:35 h. CET
El expresidente del BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración como imputado el pasado 18 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que consintió la contratación del comisario Villarejo. Afirma que se gestó en una reunión que tuvo lugar en diciembre de 2004 en la que participaron él mismo, los directivos Ángel Cano y Julio Carrizano, y el por entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Según González, fue Corrochano quien les propuso contratar a una agencia de detectives ante los ataques que estaba sufriendo el banco como el intento de Sacyr por ocupar la cúpula de la entidad, e "implicitamente", concede el expresidente en su declaración, fue autorizado para la contratación.
No obstante, González niega que supiera a quién había contratado en realidad. Sostiene que no sabía que detrás de la empresa Cenyt se encontraba el comisario Villarejo, de quien supo por primera vez "por la prensa", cuando en 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre las contrataciones del BBVA al policía.
Aunque la contratación se prolongó durante 13 años y los pagos ascendieron a 10.2 millones de euros, con operaciones de espionaje y sabotaje, la monitorización de miles de teléfonos de periodistas, empresarios, políticos de la etapa Zapatero y hasta el intento de inventar un amante cubano al ministro Miguel Sebastián, Francisco González jamás prestó demasiada importancia a los informes que le traía Corrochano sobre los trabajos. Así lo admite ante el juez porque para el presidente del BBVA aquel era un tema "absolutamente menor". Asevera que "a mí no me llegaba nada de contratación o una factura". "Esos temas", añade, "no llegan al presidente". "A mí me llegan temas de 50 millones para arriba" y "temas estratégicos".
Francisco González admite que consintió la contratación de Villarejo
La SER accede al sumario de la contratación del excomisario por parte del BBVA para supuestas labores de espionaje y sabotaje de las operaciones que perjudicasen al expresidente del banco, Francisco GonzálezGonzález admite ante el juez que dio el consentimiento al exjefe de seguridad, Julio...
cadenaser.comLas revelaciones del caso Villarejo proyectan sombras sobre la relación de la Policía con el poder económico
Anticorrupción apunta a que la operación contra la presunta extorsión a los bancos se acordó en una comida del director de la Policía del PP con Francisco González.
Una década antes, el comisario jefe con el PSOE habría pedido a Villarejo que le informara desde dentro del intento de OPA de Sacyr al BBVA
Pedro Águeda
08/02/2020 - 21:28h
La pieza 9 del caso Villarejo muestra los vínculos de la banca con una presunta organización criminal de policías
En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción.
La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.
Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario.
Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro.
Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa.
En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.
La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como "un hombre nuestro" que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.
En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho "Juan", en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la "camarilla policial" que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano.
Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más Paj* y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa.
El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.
En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en "un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado". Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.
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Anticorrupción apunta a que la operación contra la presunta extorsión a los bancos se acordó en una comida del director de la Policía del PP con Francisco González.
Una década antes, el comisario jefe con el PSOE habría pedido a Villarejo que le informara desde dentro del intento de OPA de Sacyr al BBVA
Pedro Águeda
08/02/2020 - 21:28h
La pieza 9 del caso Villarejo muestra los vínculos de la banca con una presunta organización criminal de policías
En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción.
La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.
Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario.
Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro.
Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa.
En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.
La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como "un hombre nuestro" que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.
En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho "Juan", en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la "camarilla policial" que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano.
Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más Paj* y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa.
El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.
En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en "un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado". Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.
Las revelaciones del caso Villarejo proyectan sombras sobre la relación de la Policía con el poder económico
Anticorrupción apunta a que la operación contra la presunta extorsión a los bancos se acordó en una comida del director de la Policía del PP con Francisco González. Una década antes, el comisario jefe con el PSOE habría pedido a Villarejo que le informara desde dentro del intento de OPA de Sacyr...
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