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Un suceso dantesco, los pobres niños, la mayoría de 6 años, muertos por la mala construcción de la escuela y la instalación de gas.
El veintitrés de octubre de 1980, poco antes del mediodía, volaba por los aires la planta baja del colegio Marcelino Ugalde, precisamente donde se encontraban las aulas de 1º de EGB. En un primer momento, mientras se sacaban de los escombros decenas de cadáveres, en su mayoría niños de seis años, las causas de la explosión eran confusas aunque ya hubo quien con mayor o menor repercusión y dado que había ocurrido en Vizcaya, insinuó la autoría de ETA. En aquella época, donde morían al año casi cien personas a manos de grupos terroristas de distinto pelaje (sin ir más lejos, ese mismo día fueron asesinados un político de UCD, un trabajador de Telefónica y un profesor de formación profesional), puede entenderse que no fuera una hipótesis tan descabellada como en 2003 y aquellas «montañas lejanas», aunque en el caso de Ortuella rápidamente el Ministerio de Interior sí desechó esa vía de investigación.
Véase cómo la prensa de la época no respetaba las imágenes de los niños muertos.
Poco a poco, a lo largo de aquel día, fueron esclareciéndose las causas. Según se decía, un trabajador municipal había acudido al colegio para realizar una reparación de la caldera que implicaba una soldadura. El operario, que había sobrevivido milagrosamente, declaró que no le dio tiempo a hacer nada puesto que al intentar encender la candileja se había producido el estallido. Aun así, algunos descerebrados, sin que sirva de atenuante suponemos que embargados por el dolor, la emprendieron con ese pobre hombre durante los meses siguientes y le dieron varias palizas, fue insultado junto con su familia (su propia hija estudiaba en el Marcelino Ugalde, por cierto) y sabotearon su coche hasta que, cansado, dejó el pueblo. Tampoco es cuestión de cargar las tintas sobre gentes a todas luces cortas de estas, puesto que en noticias tan impactantes, que llenaron las portadas de los diarios de mayor tirada con fotografías de cadáveres de niños, no se suele hacer un seguimiento con la misma riqueza tipográfica que cuando surge la noticia y claro, muchos se quedaron con la idea de que el soldador la lio parda.
¿Cómo se había acumulado tanto propano en el sótano? ¿Por qué nadie detectó el olor y dio la alarma? ¿De dónde provenía la fuga? A partir de ese momento comenzaron las investigaciones que dieron como fruto varios informes periciales, que se presentaron durante el juicio y permitieron reconstruir lo sucedido de tal forma que, en junio de 1983, el juez instructor Juan Alberto Belloch concluía que la causa fundamental y determinante de la catástrofe del Marcelino Ugalde fue la ausencia de un sistema eficaz de protección de los tramos subterráneos de las conducciones de gas propano; es decir, nadie fue declarado culpable. Y aunque en abril de 1984 la Audiencia Provincial de Vizcaya ratificó la sentencia anterior, cerrando la vía penal ya que a su entender no existían responsables directos de la explosión (pero insistía en recomendar la instalación de un sistema de protección catódica en las tuberías), el Consejo de Estado, tras un año de negociación con los representantes legales de los padres de los fallecidos, decidió indemnizar, como titular del colegio, a los afectados por la explosión.
Y éso que el cambio de la instalación de gas por gasoleo costaba 2´4 millones de pesetas y el Estado solo había concedido el 10 % para ello..
¿Cómo se había acumulado tanto propano en el sótano? ¿Por qué nadie detectó el olor y dio la alarma? ¿De dónde provenía la fuga? A partir de ese momento comenzaron las investigaciones que dieron como fruto varios informes periciales, que se presentaron durante el juicio y permitieron reconstruir lo sucedido de tal forma que, en junio de 1983, el juez instructor Juan Alberto Belloch concluía que la causa fundamental y determinante de la catástrofe del Marcelino Ugalde fue la ausencia de un sistema eficaz de protección de los tramos subterráneos de las conducciones de gas propano; es decir, nadie fue declarado culpable. Y aunque en abril de 1984 la Audiencia Provincial de Vizcaya ratificó la sentencia anterior, cerrando la vía penal ya que a su entender no existían responsables directos de la explosión (pero insistía en recomendar la instalación de un sistema de protección catódica en las tuberías), el Consejo de Estado, tras un año de negociación con los representantes legales de los padres de los fallecidos, decidió indemnizar, como titular del colegio, a los afectados por la explosión.
Y éso que el cambio de la instalación de gas por gasoleo costaba 2´4 millones de pesetas y el Estado solo había concedido el 10 % para ello..
Al año siguiente nacieron 300 niños, el doble de lo habitual. Dos años después, el índice de natalidad regresó a los 150 habituales.
A los dos años, en su primera Comunión, fueron solo cinco o seis los niños que la hicieron. Sus compañeros de edad habían muerto.
Tantos años después, en Ortuella se reanudó la vida con trabajo, pero la tragedia marcó al pueblo. Su cementerio tiene pisos de nichos de esos niños, llenos de flores frescas.
mayormente. Si llega a pasar hoy la segunda frase en todos los medios es "se ha desplazado al lugar de los hechos un equipo de psicólogos" 