UN BIEN DE PRIMERA NECESIDAD
173 razones diarias para una ley de vivienda ciudadana
Luis Manuel Sanmartín
Las políticas del PP y del PSOE han promovido un estado de emergencia que aboca a la ocupación por necesidad a las 173 familias que se quedan en la calle cada día.
La Ley Vivienda PAH, registrada hoy en el Congreso de los Diputados, coloca las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda
Miércoles, 10/01/2018 | Actualizado a las 16:19 CET
Un contrato de alquiler que no nos renuevan. Precios imposibles. Una mudanza forzada. Un laberinto de dificultades para acceder a una vivienda pública. Un banco que nos estafa con cláusulas abusivas. Son situaciones con las que nos identificamos. Situaciones por las que pasan también nuestras compañeras de trabajo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Hoy, vivir bajo un techo seguro se ha convertido en un privilegio.
Es una debacle, que tiene responsables y responsabilidades en los Gobiernos de turno del PP y del PSOE. Ambos Gobiernos, ya antes de que protagonizaran los rescates a la banca, favorecieron a los bancos convirtiendo el alquiler en una opción cara e inestable. La lógica era sencilla: conforme más difícil sea vivir de alquiler, más forzarían a las familias a endeudarse con hipotecas basura. Y así fue como entre ambos Gobiernos desaparecieron los contratos indefinidos de renta antigua, se redujo la duración mínima de los contratos a tres años y se desvincularon los precios de alquiler del IPC.
Precios que suben como la espuma
Es decir, la emergencia que durante la crisis sufrieron las familias, siendo incapaces de pagar hipotecas abusivas, continúa y se replica ahora con los alquileres. La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda. Como resultado, el alquiler no puede contemplarse como modo de vida.
La emergencia que sufrieron las familias durante la crisis se replica ahora con los alquileres
Hoy en día, los alquileres son de los más cortos en toda la Unión Europea y sus precios no refieren a absolutamente ningún índice que mida la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Y esto ocurre, mientras en otros países como Alemania y Francia existen índices de referencia que marcan el precio de los alquileres para que estos sean asequibles y accesibles. Índices que se basan en la localización de la vivienda, características y la antigüedad.
Sin un parque público de vivienda
Y la consecuencia de dificultar el acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda, es que las familias ya no pueden vivir de manera regularizada en una casa. Ni mediante hipotecas, ni mediante alquiler. Y lo peor de todo, es que cuando 173 familias son desahuciadas cada día, no existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público del estado español no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%. Y esta carencia no es casual. De nuevo, fue la connivencia entre el PP, el PSOE y la banca, que derivó a una falta de políticas para aumentar el parque público, y seguir forzando a las familias a endeudarse para costearse un hogar.
A estas 173 familias que se quedan en la calle cada día, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad, en alquiler o mediante un realojo en una vivienda pública, solo les queda una durísima elección: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar un piso vacío. Dicho de manera más clara, las políticas del PP y del PSOE en materia de vivienda han promovido un estado de emergencia que aboca a las familias a la ocupación por necesidad. Sin embargo, la ciudadanía nunca quedó parada para ver cómo se vulneran derechos intrínsecos en las personas.
No hay ninguna justificación para que se vete en el Congreso un debate democrático sobre un tema tan vital
Como bien sabemos, durante todos estos años quien visibilizó el drama de los desahucios fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y siempre lo ha hecho poniendo soluciones sobre la mesa. Recientemente sus propuestas se han recogido en un texto de ley llamado la Ley Vivienda PAH: es decir, todas las pequeñas victorias que durante estos nueve años de vida han logrado, se quieren extender al conjunto de la ciudadanía. Registrada en el Congreso de los Diputados, plantea soluciones de puro sentido común.
Un bien de primera necesidad
Acabar con las deudas impagables de por vida al entregar la casa, conseguir alquileres asequibles, realojar a las familias vulnerables en viviendas vacías de la banca y acabar con los cortes de suministros básicos. Lógica aplastante. Medidas que no solo solventan la emergencia habitacional de hoy, sino que coloca las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda. Un modelo en el que ninguna familia tenga nunca más que tener dificultades para llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos por costear un bien de primera necesidad como es la vivienda.
Ahora que esta ley ha sido registrada, el Gobierno del PP tendrá hasta el 8 de marzo para decidir si permitirá que se debata en el Congreso. Su amenaza más directa es interponer un veto a esta propuesta de ley, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, bajo justificación de que afecta a los Presupuestos Generales en vigencia. Sin embargo, esta ley está pensada para que, si se considera que alguna de sus medidas afecte a los presupuestos en vigencia, estas se apliquen en los próximos presupuestos. De cualquiera de las maneras, no existe ninguna justificación para vetar que exista un debate democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es tener un hogar. Mientras tanto, cada día hay 173 razones para adelantar lo antes posible este debate.
(elperiodico.com)
VIVIENDA
La PAH lleva al Congreso una ley para acabar con los abusos del alquiler
Unidos Podemos y otros grupos minoritarios han registrado la iniciativa junto a la plataforma.
El PSOE se ha descolgado de la firma pero se ha comprometido a votar a favor en el Pleno.
Manuel Vilaseró
Madrid - Miércoles, 10/01/2018 | Actualizado a las 21:28 CET
Activistas de la PAH han apoyado la presentación de la ley manifestándose ante las puertas del Congreso. / JUAN MANUEL PRATS
La ley que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para acabar con la ‘burbuja’ del alquiler ha llegado ya al Congreso. Representantes de la organización antideshaucios la han registrado este miércoles junto los grupos parlamentarios que han querido suscribirla: Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu. Ahora su futuro depende de si el Gobierno ejerce el derecho de veto por motivos presupuestarios y la mesa, donde tienen mayoría el PP y Ciudadanos, lo acepta.
Las medidas clave de la ley en lo que respecta al alquiler son tres: alargar la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, referenciar las actualizaciones anuales al IPC y una regulación de los precios a través de índices de referencia “como ya se hace en ciudades como París y Berlín”. Las tres coinciden con las reivindicaciones de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, las ciudades más afectadas por los precios disparatados y el alud de casos en que los propietarios echan a los inquilinos al cumplirse el plazo de tres años para dedicar el inmueble a actividades más lucrativas.
El proyecto establece la creación de un índice de referencia a escala nacional, pero se subraya que tendrá prioridad el que puedan imponer los distintos ayuntamientos. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.
Larga negociación
La ley se ha negociado durante casi un año con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP. El coordinador de la ley, Luis Sanmartín, confiaba en que el PSOE suscribiera también la propuesta después que Pedro Sánchez se comprometiera durante la campaña de las primarias, pero al final se ha descolgado, prometiendo, eso sí, que la apoyarán si llega a votarse en el pleno. Como Ciudadanos ha anunciado que “no la bloqueará”, es posible que el pleno apruebe su tramitación, pero para eso tendrá que superar el previsible veto del Gobierno.
Fuentes de Podemos admiten que la amplitud de la ley, que incluye varias medidas antideshaucios y el impulso de la vivienda pública, pueden dar dan pie a que el Ejecutivo ejerza su derecho de veto basado en que afectaría a los presupuestos. En este caso, aseguran, tramitarían más adelante su propia propuesta, limitando su alcance a la reforma de los alquileres, donde el apoyo del PSOE podría ser más claro e incluso Ciudadanos podría sumarse, al menos en parte. La PAH, no obstante, sostiene que la ley ya especifica que las medidas que acarreen gasto se aplicarían en los presupuestos generales de 2019, por lo que "no hay razón para vetar".
Dación en pago retroactiva
La proposición de ley de la PAH incluye también el establecimiento de la dación en pago retroactiva, para “salvar a las 700.000 familias que desde el año 2008 la banca ha dejado sin casa y con una deuda de por vida”; la paralización de todos los deshaucios en trámite que afecten a familias en la vivienda habitual y blindar el acceso a los suministros de luz, agua y gas.
Para Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se trata de “parales los pies a los buitres financieros” que convierten en objetivo de especulación lo que la Constitución proteje como derecho a la vivienda.
(publico.es)
En España, el futuro de miles de familias hubiera sido muy incierto y desgraciado sin el asesoramiento y la ayuda de la PAH, una estructura ciudadana perfectamente organizada que con el soporte jurídico necesario crea y elabora propuestas, medidas de presión y estrategias en su relación con las administraciones y fuerzas políticas.
173 razones diarias para una ley de vivienda ciudadana
Luis Manuel Sanmartín
Las políticas del PP y del PSOE han promovido un estado de emergencia que aboca a la ocupación por necesidad a las 173 familias que se quedan en la calle cada día.
La Ley Vivienda PAH, registrada hoy en el Congreso de los Diputados, coloca las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda
Miércoles, 10/01/2018 | Actualizado a las 16:19 CET
Un contrato de alquiler que no nos renuevan. Precios imposibles. Una mudanza forzada. Un laberinto de dificultades para acceder a una vivienda pública. Un banco que nos estafa con cláusulas abusivas. Son situaciones con las que nos identificamos. Situaciones por las que pasan también nuestras compañeras de trabajo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Hoy, vivir bajo un techo seguro se ha convertido en un privilegio.
Es una debacle, que tiene responsables y responsabilidades en los Gobiernos de turno del PP y del PSOE. Ambos Gobiernos, ya antes de que protagonizaran los rescates a la banca, favorecieron a los bancos convirtiendo el alquiler en una opción cara e inestable. La lógica era sencilla: conforme más difícil sea vivir de alquiler, más forzarían a las familias a endeudarse con hipotecas basura. Y así fue como entre ambos Gobiernos desaparecieron los contratos indefinidos de renta antigua, se redujo la duración mínima de los contratos a tres años y se desvincularon los precios de alquiler del IPC.
Precios que suben como la espuma
Es decir, la emergencia que durante la crisis sufrieron las familias, siendo incapaces de pagar hipotecas abusivas, continúa y se replica ahora con los alquileres. La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda. Como resultado, el alquiler no puede contemplarse como modo de vida.
La emergencia que sufrieron las familias durante la crisis se replica ahora con los alquileres
Hoy en día, los alquileres son de los más cortos en toda la Unión Europea y sus precios no refieren a absolutamente ningún índice que mida la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Y esto ocurre, mientras en otros países como Alemania y Francia existen índices de referencia que marcan el precio de los alquileres para que estos sean asequibles y accesibles. Índices que se basan en la localización de la vivienda, características y la antigüedad.
Sin un parque público de vivienda
Y la consecuencia de dificultar el acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda, es que las familias ya no pueden vivir de manera regularizada en una casa. Ni mediante hipotecas, ni mediante alquiler. Y lo peor de todo, es que cuando 173 familias son desahuciadas cada día, no existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público del estado español no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%. Y esta carencia no es casual. De nuevo, fue la connivencia entre el PP, el PSOE y la banca, que derivó a una falta de políticas para aumentar el parque público, y seguir forzando a las familias a endeudarse para costearse un hogar.
A estas 173 familias que se quedan en la calle cada día, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad, en alquiler o mediante un realojo en una vivienda pública, solo les queda una durísima elección: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar un piso vacío. Dicho de manera más clara, las políticas del PP y del PSOE en materia de vivienda han promovido un estado de emergencia que aboca a las familias a la ocupación por necesidad. Sin embargo, la ciudadanía nunca quedó parada para ver cómo se vulneran derechos intrínsecos en las personas.
No hay ninguna justificación para que se vete en el Congreso un debate democrático sobre un tema tan vital
Como bien sabemos, durante todos estos años quien visibilizó el drama de los desahucios fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y siempre lo ha hecho poniendo soluciones sobre la mesa. Recientemente sus propuestas se han recogido en un texto de ley llamado la Ley Vivienda PAH: es decir, todas las pequeñas victorias que durante estos nueve años de vida han logrado, se quieren extender al conjunto de la ciudadanía. Registrada en el Congreso de los Diputados, plantea soluciones de puro sentido común.
Un bien de primera necesidad
Acabar con las deudas impagables de por vida al entregar la casa, conseguir alquileres asequibles, realojar a las familias vulnerables en viviendas vacías de la banca y acabar con los cortes de suministros básicos. Lógica aplastante. Medidas que no solo solventan la emergencia habitacional de hoy, sino que coloca las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda. Un modelo en el que ninguna familia tenga nunca más que tener dificultades para llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos por costear un bien de primera necesidad como es la vivienda.
Ahora que esta ley ha sido registrada, el Gobierno del PP tendrá hasta el 8 de marzo para decidir si permitirá que se debata en el Congreso. Su amenaza más directa es interponer un veto a esta propuesta de ley, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, bajo justificación de que afecta a los Presupuestos Generales en vigencia. Sin embargo, esta ley está pensada para que, si se considera que alguna de sus medidas afecte a los presupuestos en vigencia, estas se apliquen en los próximos presupuestos. De cualquiera de las maneras, no existe ninguna justificación para vetar que exista un debate democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es tener un hogar. Mientras tanto, cada día hay 173 razones para adelantar lo antes posible este debate.
(elperiodico.com)
VIVIENDA
La PAH lleva al Congreso una ley para acabar con los abusos del alquiler
Unidos Podemos y otros grupos minoritarios han registrado la iniciativa junto a la plataforma.
El PSOE se ha descolgado de la firma pero se ha comprometido a votar a favor en el Pleno.
Manuel Vilaseró
Madrid - Miércoles, 10/01/2018 | Actualizado a las 21:28 CET
Activistas de la PAH han apoyado la presentación de la ley manifestándose ante las puertas del Congreso. / JUAN MANUEL PRATS
La ley que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para acabar con la ‘burbuja’ del alquiler ha llegado ya al Congreso. Representantes de la organización antideshaucios la han registrado este miércoles junto los grupos parlamentarios que han querido suscribirla: Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu. Ahora su futuro depende de si el Gobierno ejerce el derecho de veto por motivos presupuestarios y la mesa, donde tienen mayoría el PP y Ciudadanos, lo acepta.
Las medidas clave de la ley en lo que respecta al alquiler son tres: alargar la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, referenciar las actualizaciones anuales al IPC y una regulación de los precios a través de índices de referencia “como ya se hace en ciudades como París y Berlín”. Las tres coinciden con las reivindicaciones de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, las ciudades más afectadas por los precios disparatados y el alud de casos en que los propietarios echan a los inquilinos al cumplirse el plazo de tres años para dedicar el inmueble a actividades más lucrativas.
El proyecto establece la creación de un índice de referencia a escala nacional, pero se subraya que tendrá prioridad el que puedan imponer los distintos ayuntamientos. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.
Larga negociación
La ley se ha negociado durante casi un año con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP. El coordinador de la ley, Luis Sanmartín, confiaba en que el PSOE suscribiera también la propuesta después que Pedro Sánchez se comprometiera durante la campaña de las primarias, pero al final se ha descolgado, prometiendo, eso sí, que la apoyarán si llega a votarse en el pleno. Como Ciudadanos ha anunciado que “no la bloqueará”, es posible que el pleno apruebe su tramitación, pero para eso tendrá que superar el previsible veto del Gobierno.
Fuentes de Podemos admiten que la amplitud de la ley, que incluye varias medidas antideshaucios y el impulso de la vivienda pública, pueden dar dan pie a que el Ejecutivo ejerza su derecho de veto basado en que afectaría a los presupuestos. En este caso, aseguran, tramitarían más adelante su propia propuesta, limitando su alcance a la reforma de los alquileres, donde el apoyo del PSOE podría ser más claro e incluso Ciudadanos podría sumarse, al menos en parte. La PAH, no obstante, sostiene que la ley ya especifica que las medidas que acarreen gasto se aplicarían en los presupuestos generales de 2019, por lo que "no hay razón para vetar".
Dación en pago retroactiva
La proposición de ley de la PAH incluye también el establecimiento de la dación en pago retroactiva, para “salvar a las 700.000 familias que desde el año 2008 la banca ha dejado sin casa y con una deuda de por vida”; la paralización de todos los deshaucios en trámite que afecten a familias en la vivienda habitual y blindar el acceso a los suministros de luz, agua y gas.
Para Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se trata de “parales los pies a los buitres financieros” que convierten en objetivo de especulación lo que la Constitución proteje como derecho a la vivienda.
(publico.es)
En España, el futuro de miles de familias hubiera sido muy incierto y desgraciado sin el asesoramiento y la ayuda de la PAH, una estructura ciudadana perfectamente organizada que con el soporte jurídico necesario crea y elabora propuestas, medidas de presión y estrategias en su relación con las administraciones y fuerzas políticas.
