La Justicia abre diligencias por la venta de pisos de la EMVS durante el mandato de Ana Botella

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Los hilos visibles del magistrado Román con Botella y Gallardón

El ponente del auto que impide al Supremo resolver sobre la venta de viviendas sociales a un fondo buitre fue secretario de Estado de Justicia con el PP, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro.



Foto de archivo del  entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con su secretario de Estado, Fernando Román. EFE
Foto de archivo del entonces ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón, con su secretario de Estado, Fernando Román, actual magistrado del Supremo y ponente del auto que absuelve a Ana Botella. EFE

MADRID

11/06/2020 22:19 ACTUALIZADO: 12/06/2020 00:37
JULIA PÉREZ

Las puertas giratorias están presentes en el auto que confirma la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de 1.860 pisos sociales a fondos buitre en 2013. El ponente de la resolución es el magistrado Fernando Román, quien fue secretario de Estado de Justicia en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Este caso riza varios rizos. El primero, el mero hecho de que Fernando Román sea una persona con una dilatada vinculación con el PP -del que llegó a ser su secretario de Estado- y es el partido de Botella, quien, a su vez, es sucesora de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid.


El magistrado es también primo hermano de Antonio Román, líder del PP durante décadas como diputado, senador y alcalde de Guadalajara (2007-2019).

Apariencia de imparcialidad

A pesar de estos vínculos, el juez Román no se abstuvo de ser el ponente de un litigio contencioso-administrativo con alto impacto social y político.

Las causas de abstención están muy limitadas -tener una relación familiar o una animadversión personal-, con el fin de que no sirva para eludir el principio de que juzga el juez predeterminado por la ley. Ninguno de estas causas concurren en Román.

Pero existe una interpretación extensiva: la 'apariencia de imparcialidad', porque está en juego la confianza de la sociedad en sus tribunales. Esto es, ser imparcial y también parecerlo.

Fernando Román podría haberlo planteado al resto de los magistrados, con el fin de que la Sala decidiera si sus vínculos con el PP y Gallardón afectaban a la apariencia de imparcialidad del tribunal. Pero no lo hizo. Y la concejal socialista Mercedes González tampoco lo recusó.

Vericuetos para absolver a la exalcaldesa

Un segundo rizo es el extremo rigor formal con el que el auto tumba la pretensión de esta vecina y concejal de que el Supremo aporte la última palabra sobre la venta de las viviendas de protección pública al fondo buitre.

En lugar de realizar una interpretación flexible, el auto opta por rechazarla de plano por medio de vericuetos: La recurrente no cumplió con un requisito de la Ley de Bases de Régimen Local. Esto es, González no se dirigió previamente al ayuntamiento para requerir que presente un recurso de casación ante el Supremo. Lo hizo como concejal, pero para la Sala no sirve porque ella pretende comparecer como vecina ante el Supremo.

"Los mismos argumentos con los que el auto rechaza a la concejal-vecina, podrían haber servido para admitir su recurso, máxime cuando hay dos sentencias discrepantes", sostienen fuentes jurídicas.

Sea concejal o vecina, el caso es que el Supremo no podrá entrar en este litigio donde colisionan dos interpretaciones ya que Botella y su equipo fueron condenados en primera instancia y absueltos en segunda instancia.

Vínculos de Aznar Jr. con el fondo buitre

En tercer rizo es la venta de las 1.860 viviendas a Fidere, la socimi filial de Blackstone. Este fondo buitre mantenía "importantes vínculos" con Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, de la que en esa época era consejero José María Aznar Botella, hijo de Ana Botella y del expresidente Aznar.

Hay un cuarto rizo: la composición del tribunal que ha dictado el auto.

Tres amigos

Tres de los cinco firmantes del auto forman parte de los "GAL", como se tilda en el Tribunal Supremo al "Grupo de Amigos de Lesmes" y que han sido aupados hasta el alto tribunal por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Estos tres 'GAL' son Fernando Román, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera que está pendiente de su renovación en el cargo y Dimitry Berberoff, a su vez amigo personal de Román.

El cuarto integrante es José Luis Requero, quien fue un polémico vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Y el quinto es César Tolosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Todos ellos integran la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Y son los encargados de juzgar los actos del Gobierno y del propio CGPJ.

 
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ANA BOTELLA FONDOS BUITRENueva decepción para los afectados por la venta de viviendas públicas de Ana Botella: "Parece que hay personas intocables"

El Supremo desestima la vía judicial emprendida por la concejala socialista Mercedes González para juzgar la responsabilidad patrimonial de la exalcadesa de Madrid en la operación por la que malvendió más de mil pisos públicos. Los afectados critican la "impunidad" y confían en la causa penal que sigue abierta.


Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE
Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE
MADRID

11/06/2020 22:57
JAIRO VARGAS

"Es bochornoso. Parece que hay personas y familias intocables. Es muy difícil que se haga justicia, todo un despropósito", asegura a Público Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas de protección oficial al grupo societario Fidere, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone. Una operación realizada en 2013 por la que el Consistorio Madrileño perdió, según el Tribunal de Cuentas, 25,8 millones de euros, al realizarse la venta por debajo del precio de mercado.

El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y su equipo a pagar 23 millones de euros por su responsabilidad patrimonial en esta operación, pero poco después anuló la condena gracias a los votos de dos consejeros de este mismo tribunal elegidos a propuesta del PP. Se trata de Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Fue la concejala del PSOE Mercedes González quien trató de que esta causa se mantuviera viva recurriendo a la acción vecinal, un recurso que el Tribunal Supremo no ha admitido, según un auto conocido este jueves. González interpuso un recurso de casación en calidad de vecina después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciara que el Consistorio no iba a recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas. Poco después, Almeida despidió a la directora jurídica de la EMVS, Paloma Herranz Embid, encargada de llevar este recurso ante el Supremo.

Las consecuencias de la venta

"La decisión del Supremo es bochornosa y hace muy difícil confiar en la justicia", lamenta Mejía, una de las afectadas por esta venta. Ella reside en una de las viviendas públicas que se vendieron a Fidere, lo que conllevó un aumento drástico del precio del alquiler para la mayoría de los inquilinos. Tanto Mejías como otros beneficiarios de estos alquileres sociales se enteraron de la venta por sus propios medios, pocos meses antes de que vencieran sus contratos. Los nuevos caseros solo ofrecieron a los inquilinos nuevos contratos con aumentos del alquiler de entre el 43% y el 80%, por lo que muchos abandonaron las viviendas, otros no tuvieron más remedio que acetar las subidas y otros decidieron dar esta interminable batalla judicial.

"Sé que tenemos razón, aunque no nos la den los tribunales", afirma Mejías

"Somos muchísimos los madrileños perjudicados por acciones políticas como esta. Nadie va a pagar las consecuencias salvo nosotros. Es vergonzoso, sobre todo ahora, que hemos visto lo esencial que es tener un techo y un refugio ante la pandemia", denuncia Mejías.

La Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, también muestra su decepción ante esta decisión del Supremo. "Sólo vemos impunidad", resume esta abogada que achaca la resolución a un "asunto procesal" que, sin embargo, "ha echado por tierra la posibilidad de seguir investigando la responsabilidad contable" de Botella y su equipo de Gobierno.

Tras conocerse el cambio de opinión del Tribunal de Cuentas, activistas y afectados se manifestaron en el Ayuntamiento para exigir al alcalde y a la Fiscalía General del Estado que recurriera la absolución que ahora es definitiva.

En declaraciones a la prensa, González, la edil del PSOE que trató de ejercer esta acción vecinal, ha dejado abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional este revés del Supremo. "Estoy valorando si aceptaré ese reto, ya que lo haría en mi doble condición", de vecina y de concejala municipal, precisa, uno de los aspectos por los que el Supremo ha desestimado su iniciativa.

¿Prevaricación y malversación de caudales públicos?

Tanto Mejía como Jacinto recuerdan que aún está abierta la causa penal contra esta venta considerada irregular por el Tribunal de Cuentas. En enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó la causa penal contra Botella y su equipo, ya que el juez no podía acreditar los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en esta operación. Sin embargo, tanto la asociación de afectados presidida por Mejías como el Grupo Socialista del Ayuntamiento de la capital y la propia EMVS —durante el mandato de Manuela Carmena— recurrieron esta decisión.

En mayo de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el caso debía reabrirse y revisarse el sobreseimiento y archivo. En el auto judicial, que no mencionaba a Botella, la Audiencia madrileña hacía hincapié en que el antiguo gerente de la EMVS, Fermín Uslé, y Alfonso Benavides, apoderado de la empresa compradora, Fidere "pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".

"Hemos recurrido a todas las vías posibles, incluso a las que nunca se habían utilizado", recuerda Mejías, que reconoce tener pocas esperanzas en una justicia que "tiene unos tiempos muy diferentes a las necesidades de las familias". Su última esperanza, igual que la de más de mil afectados, es la causa penal. Tiene confianza en el trabajo del letrado Mariano Benítez de Lugo, que representa a la asociación de afectados y que ha conseguido algún varapalo judicial a esta causa que ha permitido a vecinos mantener los contratos anteriores a la venta. "Sé que tenemos razón, aunque no nos la den los tribunales", concluye la portavoz de los afectados.


Ya sabemos que en una democracia devaluada, imperfecta y franquista la justicia depende de amiguetes....

Por eso Pablito el masterizado no quiere oir hablar de renovar a los jueces que tienen acabado su mandato hace ya varios años.
 
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Almeida y consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP, claves para que Botella escape de malvender vivienda pública

El auto del Supremo que da carpetazo al asunto, redactado por un exalto cargo de un Gobierno del PP, viene a ser el último capítulo de una historia marcada por los esfuerzos del partido conservador por blindar a Botella: en el camino, el alcalde de Madrid ha ignorado la posición del pleno y ha gastado 14.250 euros de dinero público en protegerla.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, posa con con sus predecesores Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano. - EFE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, posa con con sus predecesores Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano. - EFE

MADRID

11/06/2020 22:20
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel
El Tribunal Supremo ha cerrado la última puerta para que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo rindan cuentas por haber malvendido 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. El Alto Tribunal dio a conocer este jueves un auto en el que desestima el recurso interpuesto por la concejal socialista Mercedes González, contra el auto por el que el Tribunal de Cuentas le impidió recurrir la absolución de la exdirigente del Partido Popular, en diciembre de 2019.

Se da la circunstancia de que el ponente de este auto, Fernando Román, fue secretario de Estado de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy, también del PP. Gallardón es, a su vez, el predecesor directo de Botella en la Alcaldía de Madrid.



El periplo judicial hasta este desenlace arrancó en diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar

25,7 millones de euros
-el valor del perjuicio causado a las arcas públicas-, por vender estas 1.860 viviendas protegidas por debajo del precio de mercado, en 2013.

Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP firmaron la absolución de Botella y rechazaron el recurso de la edil del PSOE
Unos meses después, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento de ese Tribunal revocó la condena, y lo hizo con los votos de dos consejeros nombrados por el PP : Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, esposo de Botella; y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Es la primera, pero no la última aparición de ambos juristas en esta historia.

Mientras la venta de estas viviendas transcurría en paralelo por la vía penal - de la que fue excluida Botella-, el 27 de julio el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que reclamaba al Consistorio que recurriese la absolución de la exalcaldesa. Estas iniciativas no tienen carácter vinculante, pero expresan la voluntad de la mayoría del pleno.

Almeida obvió al pleno y a la PAH y se negó a recurrir para no "derrochar dinero público en venganzas estériles". Después gastó 14.250 euros de dinero público en un informe que avalara esta posición

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ignoró por completo la voluntad del pleno -como también obvió los escritos registrados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento de vivienda de Madrid, que le reclamaron que recurriese-. No sólo desoyó estas voces, sino que, llegado septiembre, escasos días antes de que expirase el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo -un recurso muy técnico para un caso de por sí intrincado-, Almeida cesó a la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Paloma Arranz. Era quien conocía el caso en detalle, y presentar recurso no requería de un especial desembolso.

No obstante, Almeida justificó su negativa a cumplir la decisión del pleno afirmando que no pensaba "derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles". Desoyó todas las advertencias de Más Madrid y del PSOE, que se comprometieron a emprender acciones legales. La EMV, controlada por el Gobierno del PP y Ciudadanos, se reunió para ratificar su decisión de no recurrir, exactamente el mismo día en que expiraba el plazo para presentar recurso (27 de septiembre).

Para justificar esta posición, Almeida obvió su propio compromiso de no "derrochar dinero público" en esta materia. Como desveló Público, la EMVS gastó 14.250 euros de las arcas públicas en un informe jurídico que avalara su decisión de no presentar recurso. Fue el único de los tres informes esgrimidos por PP y Ciudadanos que tenía empaque jurídico.

Almeida recurrió al bufete de abogados en el que hoy trabaja María Dolores de Cospedal, y que ha defendido a Aguirre, Acebes y Figar
El trabajo lo realizó el conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo, al que se unió en enero la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Para él también ha trabajado el exconcejal del Partido Popular en Madrid Percival Manglano, y a él han recurrido exdirigentes del PP como Esperanza Aguirre [imputada en Púnica], Ángel Acebes [juzgado en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pendiente de sentencia] o Lucía Figar [imputada en Púnica].

Por si fuera poco, el periplo judicial de la edil del PSOE se prolongó durante otros tres meses, hasta que, en diciembre de 2019, -como avanzó este diario-, el Tribunal de Cuentas impidió a González que se personase para actuar contra el archivo de esta venta de vivienda pública.

En septiembre, González había reclamado al Tribunal de Cuentas que le permitiese ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para presentar recurso de casación ante el Supremo.

La Fiscalía también rechazó recurrir la absolución de Botella: no apreció "perjuicio económico"

Fueron los mismos consejeros del Tribunal de Cuentas que ya habían blindado a Botella quienes firmaron esta decisión. La concejal reclamó entonces al Supremo, cuyo auto está fechado el 13 de marzo, antes de la parálisis institucional causada por la pandemia del coronavirus.

Y, como bonus track, de vuelta a septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado rechazó recurrir la absolución de Botella, como le reclamó el grupo parlamentario Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, porque no apreció "perjuicio económico" en esta venta de vivienda pública.

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas había cuantificado el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros. Botella ha quedado absuelta.


Pues eso, ¿Que se puede esperar en un país donde la justicia depende de amiguetes?
 

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¡¡ Un Cristiano,tiene La Sangre Roja Y El Corazón a La Izquierda!!.
10 de junio a las 21:42 ·
RECORDEMOS LA HUMANIDAD DEL FASCIO Y SU CONCIENCIA.
EL PADRE CREA LA BURBUJA INMOBILIARIA Y EL HIJO SE QUEDA CON LAS VIVIENDAS EMBARGADAS,TODO QUEDA EN CASA.
El hijo de Aznar se queda con gran parte de las viviendas desahuciadas por los fondos buitre en todo el estado español.
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