La Justicia abre diligencias por la venta de pisos de la EMVS durante el mandato de Ana Botella

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EMVSAsí ha maniobrado el PP para salvar a Botella con la venta de vivienda a fondos buitre


Ciudadanos volvió a acudir el viernes al rescate del partido conservador para apoyar con sus votos que la EMVS no recurra ante el Supremo la absolución de la exalcaldesa y parte de su equipo por esta venta, por la que el Tribunal de Cuentas sí los condenó en primera instancia. Más Madrid y PSOE emprenden acciones legales.



Ana Botella, exalcaldesa de Madrid i encarregada de la venda d'habitatges socials a fons voltors. EFE

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MADRID
28/09/2019 16:38 Actualizado: 28/09/2019 16:38
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel
El PP ha hecho un nuevo esfuerzo este viernes por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio. El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP -una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella-, y hoy el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida ha hecho el último esfuerzo por blindarla a la exalcaldesa.

Con los votos de los consejeros de Ciudadanos, el PP logró el viernes que el Consejo de Administración de la Empresa Municipial de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las 14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz. En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su partido.

Una concejal del PSOE, que ha solicitado personarse en la causa, afirma que han dejado de correr los plazos para recurrir ante el Supremo
La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.

De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".

Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que habrían permitido rebajar este coste.

Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

La batalla legal de la oposición y la supuesta interrupción de los plazos
El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba el martes con querellarse contra Almeida -sin dar más detalles-, y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.

El jueves, González se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que le legitime para ejercer la acción sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no lo hará], para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Desde el entorno de la concejala aseguran que esto ha servido para paralizar los plazos para presentar recurso, y precisan que, de no acceder el Tribunal de Cuentas a legitimarles, presentarán recurso de queja ante el Supremo.

Además, el miércoles se conoció que se cerraba otra opción de recurrir, cuando la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso.

https://www.publico.es/politica/emvs-maniobrado-pp-salvar-botella-venta-vivienda-fondos-buitre.html

HESPAÑA @Isabella , HESPAÑA
Gentuza total.
 

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La principal referencia de Iñigo Errejon es su padre, en declaraciones que hizo en público,en concreto dijo "mi padre es mi principal referencia intelectual,política y vital"Jose Antonio Errejón en 1981 el gobierno de UCD le nombra Subdirector General de Medio Ambiente. En 1991 Borrell,PSOE le nombra,via Decreto Ley,director del gabinete del secretario de Estado para las política del agua y medio ambiente-.
Durante los gobiernos de Felipe Gonzalez,también fue secretario general del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA )
2008,vía libre designación,es nombrado director en la división de Evaluación de AEVAL,organismo público creado por Zapatero.En este puesto de nivel 29,tiene un complemento especifico de 18.539.,20 euros-
Ya sabemos que paso con el agua en el Canal en Madrid.También como esta el medio ambiente.En fin que no hay más ciego que aquel que no quiere ver.
¿Te refieres a que Errejón al tener como referencia a su padre jamás ha hecho suyos realmente los valores de Podemos?
 
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¿Te refieres a que Errejón al tener como referencia a su padre jamás ha hecho suyos realmente los valores de Podemos?
Me refiero a sus declaraciones en una entrevista y está grabado.Con la intención que entro en Podemos,según se ha desarrollado ese proceso,no parece que compartiera más allá que su propia,proyección.La primera vez que lo ví en el 2014,no me gustó,no me cuadraba verle en un partido lleno de gente indignada,no es que fuera un pijo,que es que no me pareció trigo limpio por sus gestos,que lo veía inseguro y muy huidizo con la mirada,con poco sentido del humor,que cuando alguien decía Donde habéis dejado al niño?? Él arrugaba la boca con desdén,en fin que no me asombra que se haya marchado,esperaba de él mayor dignidad,no estar buscando los momentos más cruciales para asestar el hachazo y hacer daño,aquellos que supuestamente eran tus compañeros de lucha.Lo último que he sabido,precisamente ayer.Podemos ha alquilado locales en varios barrios para reunirse en asambleas y lo pagan la gente que forman los círculos y supongo que el partido algo aportara también,son locales pequeños y nada caros,en mi barrio tienen uno,pues bien, en algunos de ellos,cuando han llegado para celebrar una asamblea,se han encontrado que han cambiado la cerradura y no han podido entrar,está ahí están llegando,aunque están muy indignados,no quieren hacerlo público para no echar más leña al fuego,pero desde luego es una vergüenza y como yo no inscrita en Podemos, como una ciudadana corriente lo digo.
 
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Me refiero a sus declaraciones en una entrevista y está grabado.Con la intención que entro en Podemos,según se ha desarrollado ese proceso,no parece que compartiera más allá que su propia,proyección.La primera vez que lo ví en el 2014,no me gustó,no me cuadraba verle en un partido lleno de gente indignada,no es que fuera un pijo,que es que no me pareció trigo limpio por sus gestos,que lo veía inseguro y muy huidizo con la mirada,con poco sentido del humor,que cuando alguien decía Donde habéis dejado al niño?? Él arrugaba la boca con desdén,en fin que no me asombra que se haya marchado,esperaba de él mayor dignidad,no estar buscando los momentos más cruciales para asestar el hachazo y hacer daño,aquellos que supuestamente eran tus compañeros de lucha.Lo último que he sabido,precisamente ayer.Podemos ha alquilado locales en varios barrios para reunirse en asambleas y lo pagan la gente que forman los círculos y supongo que el partido algo aportara también,son locales pequeños y nada caros,en mi barrio tienen uno,pues bien, en algunos de ellos,cuando han llegado para celebrar una asamblea,se han encontrado que han cambiado la cerradura y no han podido entrar,está ahí están llegando,aunque están muy indignados,no quieren hacerlo público para no echar más leña al fuego,pero desde luego es una vergüenza y como yo no inscrita en Podemos, como una ciudadana corriente lo digo.
Muchísimas gracias por la información.A mí siempre me pareció un tío que no pegaba.Deberián hacerlo público y que la gente que está dudando entre votar a Podemos o Errejón sepan lo que ocurre.
Según las encuestas,Errejón le va a hacer bastante daño a Podemos y me parece injusto.
 

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Muchísimas gracias por la información.A mí siempre me pareció un tío que no pegaba.Deberián hacerlo público y que la gente que está dudando entre votar a Podemos o Errejón sepan lo que ocurre.
Según las encuestas,Errejón le va a hacer bastante daño a Podemos y me parece injusto.
Yo no lo tengo tan claro.Las encuestas están muy cocinadas, tanto cuando hablan al alza de un partido,como cuando hablan a la baja,Pienso que lo hacen para influir en la opinión de la gente y se incline por un partido determinado.Es muy sibilina mente llamar tonta a la sociedad española, como si no tuviera un criterio propio y formado.Supongo que hay muchos españoles que se dejan llevar...los próximos años serán muy duros para la clases trabajadora y si ahora no estamos bien...las pensiones no están garantizadas... se prevé una reducción paulatina del salario,osea que cuando te jubiles no se va a tener ni para pagar la luz,el gas,y además comer.No soy pesimista,pero si realista,por eso no me permito el lujo de tirar la toalla,si no tener mucha más fuerza para parar este deslizamiento hacia un futuro que no me gusta,ni para mi,ni para nadie.Tenemos todos que reflexionar mucho antes de votar sin apenas pensar en los pros y los contras.
 
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Yo no lo tengo tan claro.Las encuestas están muy cocinadas, tanto cuando hablan al alza de un partido,como cuando hablan a la baja,Pienso que lo hacen para influir en la opinión de la gente y se incline por un partido determinado.Es muy sibilina mente llamar tonta a la sociedad española, como si no tuviera un criterio propio y formado.Supongo que hay muchos españoles que se dejan llevar...los próximos años serán muy duros para la clases trabajadora y si ahora no estamos bien...las pensiones no están garantizadas... se prevé una reducción paulatina del salario,osea que cuando te jubiles no se va a tener ni para pagar la luz,el gas,y además comer.No soy pesimista,pero si realista,por eso no me permito el lujo de tirar la toalla,si no tener mucha más fuerza para parar este deslizamiento hacia un futuro que no me gusta,ni para mi,ni para nadie.Tenemos todos que reflexionar mucho antes de votar sin apenas pensar en los pros y los contras.
Opino igual que tú.Me da mucha rabia oír a la gente que no va a ir a votar en noviembre porque los políticos no han hecho su trabajo.Yo animo a todo el mundo a que vote,sea cuál sea su ideología pero que todo el mundo vote para que salga un gobierno fuerte que imagino se formará a través de pactos,estamos ya entrando en recesión,la clase media y trabajadora las vamos a pasar canutas y estas elecciones son cruciales,me queman la sangre los que pasan de las elecciones de noviembre.
Si te digo la verdad,no sé a quién voy a votar esta vez,pero tengo claro que al final iré a la urna a depositar mi voto,nos va la vida y el futuro en ello.
 

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Opino igual que tú.Me da mucha rabia oír a la gente que no va a ir a votar en noviembre porque los políticos no han hecho su trabajo.Yo animo a todo el mundo a que vote,sea cuál sea su ideología pero que todo el mundo vote para que salga un gobierno fuerte que imagino se formará a través de pactos,estamos ya entrando en recesión,la clase media y trabajadora las vamos a pasar canutas y estas elecciones son cruciales,me queman la sangre los que pasan de las elecciones de noviembre.
Si te digo la verdad,no sé a quién voy a votar esta vez,pero tengo claro que al final iré a la urna a depositar mi voto,nos va la vida y el futuro en ello.
No me importa decir a quien voy a votar.A Unidas Podemos.Me parece que hoy x hoy,es el único que puede frenar de momento lo que nos están preparando y torcerle la mano a Sánchez,Nunca voy a poner los huevos en la misma cesta,por que ya se sabe... pero estamos en una etapa muy crucial y solo conque deroguen los dos artículos que limpiamente nos suprimió el PSOE para priorizar la deuda y recortar derechos sociales,esos artículos que estaban en nuestra Constitución y se los cargaron con un decreto ley.Los que se llaman "Constitucionalistas" es una falacia imperdonable.que se blinden las pensiones por el Estado es necesario y urgente.etc etc.No se lo voy a poner fácil a esos sinvergüenzas,lo tengo claro.
 
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Sánchez se promociona en Nueva York con el mismo “fondo buitre” por el que el PSOE denunció a Botella



25/09/2019 06:45

El fondo de inversión norteamericano
Blackstone, que el PSOE y el Ayuntamiento de Manuel Carmena utilizaron para atizar fuerte a la ex alcaldesa Ana Botella, sirve de ayuda a Pedro Sánchez a promocionarse en sus viajes a Nueva York.

El ‘fondo buitre’, como lo denomina la izquierda de Madrid, agasajó el 26 de septiembre del año pasado a Sánchez en la ciudad de los rascacielos entre otros dirigentes de compañías multinacionales y fondos de inversión. Durante esta semana, en la que el presidente en funciones asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a un foro sobre el cambio climático, Blackstone participará así mismo en los encuentros organizados por los empresarios norteamericanos.


Sánchez en su agenda en la ciudad de los rascacielos ha reservado unas horas a varios eventos económicos y encuentros con inversores norteamericanos. El más importante es un foro organizado por la Cámara de Comercio bajo el título en inglés: "Latin America, the United States and Spain in the Global Economy Forum".

El presidente en funciones ya visitó en 2018 la Cámara de Comercio de EE-UU y España (AmChamSpain) en la ciudad de los rascacielos, tan sólo tres meses después de su llegada a la Presidencia.

citado encuentro también se encontraba la jefa de inversiones del filántropo millonario, Dawn Fitzpatrick, en el Soros Fund Management. En la misma fotografía, junto a Sánchez y a la ejecutiva de Soros que se encarga de las finanzas de Open Society Foundation, también posaba el representante de Blackstone, el fondo de inversión que había sido criminalizado por el PSOE con el calificativo de "buitre".

Blackstone, que ha invertido en España 23.000 millones de euros, figuraba junto a firma como Lone Star Funds, York Capital, Morgan Stanley, Brookfield, Providence y Key Square, entre otras.

Blackstone llegó a un acuerdo en 2003 con el entonces equipo de Gobierno de la alcaldesa Ana Botella para adquirir a través de una de sus filiales una cartera de viviendas sociales, propiedad del ayuntamiento, que estaban destinadas a alquiler.

La querella perdida por Carmena

Tras la llegada de Manuela Carmena al edificio de Cibeles emprendió, con el apoyo del grupo socialista, una persecución sin tregua contra su antecesora en el cargo, Ana Botella, a la que acusaban de haber malvendido la propiedad municipal a quienes calificaban de "fondo buitre". Y, a base de una campaña de propaganda, lograron introducir en el lenguaje de los medios de comunicación afines el vocablo despectivo "buitre".

Carmena, también con el apoyo de los socialistas sanchistas, presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra Botella y su equipo por la venta de los inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a la firma Blackstone.

Toda esa información contra Botella fue divulgada profusamente por el eldiario.es y Público, que ahora silencian los apoyos que recibe el candidato socialista del que denominaban "fondo buitre" y del especulador de las finanzas George Soros.

En un principio Botella y su equipo fueron condenados por el Tribunal de Cuentas al pago de una multa de 22 millones por vender, según la sentencia, viviendas por debajo del precio de mercado. Sin embargo, en julio pasado el mismo tribunal revocó la sentencia por no haber existido ninguna irregularidad. Según su criterio, nunca se había producido "negligencia grave" ni "daño a los caudales públicos".

La pataleta de los podemitas

La revisión de la sentencia inicial se producía tras el recurso que presentó Carmena al considerar que la multa había sido muy baja. Esa acción política de la anterior alcaldesa propició un nuevo criterio del Tribunal, que con tan solo un voto en contra, avaló la inocencia de los encausados. Los políticos del Partido Popular fueron absueltos pero antes sufrieron un linchamiento sin precedentes desde el Ayuntamiento y sus medios afines.

Y como cabía de esperar, tanto el PSOE como Mas Madrid y los podemitas criticaron y rechazaron la sentencia porque, según ellos, el tribunal estaba presidido Ana Mariscal de Gante, ex ministra del Gobierno de José María Aznar, el esposo de Ana Botella. El nuevo equipo municipal, bajo la batuta de Martínez Almeida, se ha opuesto a más recursos y ha dejado el asunto por zanjado.

Ahora es Sánchez quien se fotografía con los dirigentes de Blackstone, por otra parte algo corriente para un jefe de Gobierno que se desplaza a Nueva York en busca de inversiones para su país.


https://okdiario.com/espana/pedro-sanchez-promociona-nueva-york-fondo-buitre-que-uso-psoe-criticar-botella-4609185
 
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Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP impiden recurrir la absolución de Botella por el caso de los fondos buitre
Casi tres meses después de que Mercedes González, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, reclamase ser legitimada para presentar recurso de casación ante el Supremo, el Tribunal de Cuentas cierra esta vía con los votos de los mismos consejeros que en julio revocaron la condena de este organismo a la exalcaldesa de Madrid por malvender 1.860 viviendas públicas. La socialista jugará su última carta para evitar un cierre en falso de la causa la próxima semana.


Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE

Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE
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MADRID
16/12/2019 22:45 Actualizado: 16/12/2019 22:45
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel

El Tribunal de Cuentas vuelve a salvar a Ana Botella. En julio revocó la condena que le había impuesto escasos meses antes, y ahora impide a una concejal del PSOE que se persone para actuar contra la venta de vivienda pública a fondos buitre durante la época de Botella como alcaldesa de Madrid.

Público ha accedido al auto en el que el Tribunal de Cuentas rechaza autorizar la personación de Mercedes González, concejal en el Ayuntamiento de la capital, que el 25 de septiembre reclamó ser legitimada para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un nuevo intento por evitar el cierre en falso de la causa contra Botella y su equipo por la venta de 1.860 viviendas sociales en 2013.


El Tribunal de Cuentas no autoriza a González a presentar recurso de casación ante el Supremo, para evitar el cierre de la causa; su última carta es un recurso de queja ante el Alto Tribunal

El Tribunal de Cuentas no aprecia que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Consistorio, cometiera dejación de funciones al dejar pasar los plazos sin para recurrir -en septiembre-, aunque la EMVS sólo actuó contra esta operación inmobiliaria durante el mandato de Manuela Carmena como alcaldesa, o a pesar de las múltiples maniobras del Ayuntamiento de PP y Ciudadanos para darle carpetazo desde su entrada en Cibeles. El Gobierno municipal ha ignorado la voluntad del Pleno, que votó a favor del recurso, y para ello ha gastado 14.500 euros de dinero público para armar legalmente sus posiciones, y ha cesado a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz.

La resolución, fechada el 11 de diciembre, ha salido adelante con los votos de dos vocales afines al PP; son los mismos que en julio decidieron revocar la condena inicialmente dictada por el mismo tribunal contra Botella, ya que la Sala de Justicia sólo cuenta con cuatro miembros -y una de sus integrantes fue quien condenó a la exalcaldesa en primera instancia, por lo que no podía participar en estas deliberaciones-. Son Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con José María Aznar -esposo de Botella- y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.

Los dos vocales son los mismos que ya revocaron la condena a Botella. Ambos fueron nombrados a propuesta del PP
Los dos fueron nombrados a propuesta del Partido Popular, y ambos libraron a la exalcaldesa y su equipo de pagar una multa de 23 millones por la venta de estas viviendas sociales muy por debajo de su precio de mercado. Además, en esta ocasión también han actuado en contra del criterio del tercer vocal que debía pronunciarse, Felipe García Ortiz -nombrado a propuesta del PSOE-, que ha emitido un duro voto particular enmendando el auto de los consejeros de ideología conservadora.

Cerrada esta puerta -por el momento-, González ultima la redacción de un recurso de queja ante el Supremo. Debe presentarlo en el plazo de 10 días hábiles, y previsiblemente esta será su última bala, la última opción para evitar el cierre en falso de la causa.

González: "Era la segunda vuelta de un partido trucado"

"Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid defienda el patrimonio de los madrileños", afirma la edil socialista.

Por su parte, en conversación con este diario González reconoce que, conocidos los nombres de los vocales que debían decidir sobre esta cuestión, parecía evidente que estaban ante “una segunda vuelta de un partido trucado”, si bien se muestra crítica con el auto. “Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid, yo en este caso, defienda el patrimonio de los madrileños”, critica. “Me está negando la aplicación de un derecho contemplado por la ley y avalado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, como reconoce el voto particular”, abunda.

En síntesis, la Sala ha inadmitido el escrito de preparación del recurso de casación registrado por González -en calidad de “vecina” de Madrid-, que reclamó ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno municipal de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para registrar recurso de casación ante el Alto Tribunal.

El auto deniega la legitimidad de González para actuar, si bien no discute el interés casacional de su petición. Esgrime también que la “eventual pasividad de la entidad pública perjudicada” legitimaría la actuación del Ministerio Fiscal, obviando que este ha rechazado actuar por no ver probado ningún “perjuicio” a las arcas públicas - perjuicio que si vio probado el Tribunal de Cuentas en su primera sentencia-.

El auto acusa a González de actuar "Por su disconformidad personal con el fallo" del Tribunal de Cuentas
Pero, además, critica las razones que, a su entender, explican la actuación de la concejal socialista, defendiendo una vez más al Ayuntamiento y a la EMVS, cuyo consejero delegado es Diego Lozano, exjefe de Gabinete de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid procesado por el caso de corrupción Lezo. La Sala afirma que no puede permitir que una persona física que no estaba anteriormente personada en la causa pueda “revivir” el procedimiento hoy por hoy, “tan solo por su disconformidad personal con el fallo recaído en segunda instancia, en contra de la parte auténticamente legitimada en el proceso".

“El hecho de haber sido desestimada la acción de condena ejercitada", "no puede suponer, en modo alguno, que renazca el derecho de sustitución procesal", para "invocar un supuesto derecho a recurrir en casación, pues su posibilidad se agotó, una vez que se ejercitó oportunamente la precisada acción por la entidad local, o más correctamente por al EMVS”, reza el auto. También incide en que la EMVS es la entidad “legitimada activamente” para actuar. La EMVS está financiada por el Ayuntamiento, que es quien nombra a su Consejo de Administración.
“Si el Ayuntamiento y la EMVS no defienden el patrimonio de todos los madrileños y a los ciudadanos se nos niega también esa posibilidad, ¿en qué manos queda el patrimonio público? ¿En qué manos quedan todas esas familias que vieron cómo los fondos buitre se adueñaban de sus pisos, con el permiso de Ana Botella y de su Junta de Gobierno?”, apostilla la edil del PSOE.

Fuentes de su partido apuntan que el auto contradice la jurisprudencia del Supremo. También sostienen que desgrana una retorcida interpretación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuestionan que el mismo artículo que les permitió negarse a paralizar los plazos para recurrir, en septiembre, sea el mismo que hoy no permite, a su entender, legitimar a González para actuar.

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para impedirle actuar son los mismos que la Sala aplica a Mariano Benítez de Lugo, abogado de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas Públicas. Benítez de Lugo no presentó el escrito de preparación del recurso, a diferencia de la concejal, pero sí reclamó permiso al tribunal para personarse. Para iniciar el procedimiento, González debió dirigir un escrito al Ayuntamiento y a la EMVS en el que les exhortaba a actuar, antes de que expirase el plazo. Ambas lo obviaron.

Las ventas a fondos buitre, en el ojo del huracán

Por otra parte, la misma operación de venta de vivienda pública a fondos buitre tiene su propio recorrido en la vía penal. Este lunes, la Cadena Ser adelantó que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de Fermín Oslé, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, y por tanto ambos se sentarán en el banquillo por este caso. Botella no está en esta causa.

En junio, el Juzgado de instrucción número 28 de Madrid prohibió a Fidere vender o alquilar las 1.860 viviendas sociales compradas al Ayuntamiento durante el mandato de Botella, y fijó una fianza de 19 millones de euros para Oslé y Benavides, en calidad de calidad de “responsables civiles directos”.

Además, a finales de la semana pasada, el Supremo anuló la venta de otras 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre durante la presidencia de Ignacio González. Poco a poco, el cerco judicial a estos casos se va estrechando, aunque los máximos dirigentes políticos de la época no siempre acaban rindiendo cuentas.



Dan no ya asco sino ascazo.
 
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El PP cierra la última posibilidad de que el Supremo obligue a Ana Botella a pagar por vender pisos a fondos buitre

Los dos vocales del PP que absolvieron a Botella aparcan la última vía para recurrir su sentencia por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos de inversión

El PSOE busca vías para recurrir al Supremo después de que el Gobierno de Almeida haya desistido de reclamar las responsabilidades contables

Fátima Caballero
20/12/2019 - 21:24h
Ana Botella se siente apoyada por el PP y no le incomoda que se hable de candidatos

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. EFE
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La causa por las posibles responsabilidades contables de Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone en 2013 a cambio de 128,5 millones de euros se cierra en falso. Botella era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno, pero la mayoría del PP en el Tribunal de Cuentas la ha salvado (otra vez) de responder con su patrimonio por el posible quebranto en las arcas públicas de la operación, que afectó a cientos de familias en situación vulnerable.

Cuando se cumple un año de la primera sentencia que condenó a la exregidora y siete altos cargos de su gobierno a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender las viviendas por debajo del precio de mercado, el Tribunal de Cuentas cierra la vía a que se pueda recurrir ante el Supremo el posterior archivo del mismo organismo solo unos meses después.




El papel de la exregidora en esa controvertida operación quedará impune: por una parte, gracias a la llegada al Palacio de Cibeles de otro alcalde de su partido, José Luis Martínez-Almeida, que decidió dejar en un cajón el recurso de absolución. Por otra, por la mayoría del PP en el órgano fiscalizador. Los mismos que la absolvieron en segunda instancia ahora han cerrado la puerta a que el Supremo tenga la última palabra.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid Mercedes González solicitó en septiembre al Tribunal de Cuentas que la autorizara como persona legítima, para presentar un recurso de casación ante el Supremo por la sentencia absolutoria contra Botella y su equipo de julio. González lo hacía después de que el Ayuntamiento se negase a recurrir la absolución y de que se despidiese a la abogada que preparaba el escrito, pero el organismo fiscalizador ha denegado esa posibilidad a la edil del PSOE, adelantó esta semana Público.

La edil socialista, sin embargo, no tira la toalla y presentará un escrito de queja ante el Supremo. "Nuestro objetivo es que el Supremo siente jurisprudencia sobre la venta de patrimonio público por parte de las administraciones", asegura Mercedes González en declaraciones a eldiario.es. "No nos ha sorprendido la respuesta del Tribunal de Cuentas, sí el retraso en darla, porque los dados están trucados ya que este órgano está controlado por el PP", añade. "Pero no desistiremos, no vamos a dejar que la causa muera", insiste González.

La decisión la han tomado dos consejeros nombrados por el PP, los mismos que en julio absolvieron a Botella: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. De nuevo, al igual que ocurriera en julio, un consejero a propuesta del PSOE, Felipe García, ha emitido un voto particular en contra de que se impidiese a la edil formular un recurso.

Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que absolvió a Botella y siete miembros de su gobierno y que ha impedido a la concejala socialista recurrir ante el Supremo. Suárez Robledano, también nombrado por el PP en 2012 cuando tenía mayoría absoluta, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que decidió el fallo absolutorio. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedos y los enchufes de familiares de políticos.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, a la que Suárez Robledano pertenece, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de revocación fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados por el PP tienen en el Tribunal de Cuentas.

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones. El fallo no solo determinó que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrató una sucesión de chapuzas e ilegalidades en el expediente.

Sin embargo, la segunda resolución también del Tribunal de Cuentas consideró que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado" y concluyó que en 2012, la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debía olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", tras el "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios.

"Falta de compromiso del Ayuntamiento"

El vocal Felipe García Ortiz nombrado a propuesta del PSOE se ha vuelto a desmarcar de la decisión de sus compañeros. En julio ya emitió un voto particular en contra de la absolución y ahora acusa en su razonamiento al Ayuntamiento de Almeida (PP) de "falta de compromiso en la defensa de los bienes públicos" cuando decidió no recurrir la absolución. "Las viviendas en cuestión pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), controlada por el Consistorio, y teóricamente debían ser destinadas a fines sociales", recuerda.

García Ortiz defiende que la decisión de no recurrir por parte de Almeida iba en contra de la voluntad del Pleno. “Los vecinos no necesitan actuar cuando los intereses públicos están bien defendidos, pero tienen que actuar por sustitución cuando aquellos desisten o dejan de accionar o recurrir, porque, en caso contrario, no estarían defendidos correctamente los bienes y derechos públicos locales”, esgrime el consejero en defensa el derecho de la concejala socialista a recurrir ante el Supremo. "Este voto particular esgrime las bases esenciales en las que se sostendrá nuestro recurso ante el Supremo", explica Mercedes González.

Como recuerda el vocal, el camino para la impunidad lo abrió el Ayuntamiento de Madrid. El despido de Paloma Herranz, la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) el pasado viernes, fue el primer acto para cerrar la vía administrativa y la posibilidad de recuperar el perjuicio económico que supuso para las arcas municipales la operación que el Tribunal de Cuentas, en una sentencia en primera instancia, cifró en 25,7 millones de euros.

La letrada, una experta en Derecho Público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, preparaba desde hacía semanas el recurso a la absolución en segunda instancia dictada por el órgano fiscalizador. Con su cese repentino, Almeida confirmaba que su gobierno había desistido de seguir adelante con el pleito para que el Tribunal Supremo se pronunciase. Las posibles repercusiones penales de la exalcaldesa de Madrid también quedaron archivadas por el juzgado de instrucción número 38 que sentará en el banquillo a otros acusados.

"No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles", justificó el alcalde de Madrid su negativa a presentar un recurso que intentase recuperar el menoscabo para las arcas públicas- Almeida se negó a recurrir aunque solo tendría que haber hecho uso de un procurador (unos 5.000 euros). Diez días después de esa afirmación, el Gobierno municipal gastó 14.520 euros en un informe externo que aconsejó al Ayuntamiento no recurrir la condena absolutoria contra Botella y siete altos cargos de su gobierno.

El final de este caso contrasta con el de otra operación de las mismas características y ejecutada en paralelo: la venta de 3.000 viviendas por parte de la antigua empresa de vivienda de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo desestimó los recursos contra la sentencia del Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que anuló la venta: a diferencia de lo que ha ocurrido con el Ayuntamiento, la operación se tendrá que revertir.

La única similitud en estos casos es que las administraciones gobernadas por el PP siempre se posicionaron a favor de Botella y González y en contra de los inquilinos. Mientras en el caso de la venta del Ayuntamiento dejaron el recurso en un cajón, desde la Comunidad de Madrid han anunciado que recurrirán de nuevo la reversión.



Me he quedado con lo subrayado en naranja: Buscar JUSTICIA Y REPARACION cuando es una de los nuestros ES UNA VENGANZA ESTERIL.

:grumpy::sour: ME QUEDO SIN PALABRAS.


Ah, en su casa lucirá una de las grandes banderas rojigualdas, eso que no falte.


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Botella dio 'de propina' al fondo buitre 11 garajes y dos trasteros

El Ayuntamiento regaló a Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales, provocando un quebranto municipal de 0,3 millones.


Las diligencias que ha abierto el Tribunal de Cuentas por la enajenación del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a inversores privados –durante el mandato de Ana Botella- están poniendo de manifiesto algunas sorpresas como la que saca a la luz hoy infolibre.es que desvela que “el equipo de Botella regaló al fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales”.

Según este diario online “la Fiscalía del Tribunal de Cuentas recalca que los “inmuebles no vinculados" a los 1.860 pisos en venta e incluidos en la operación pasaron de 76 a 89 sin que el precio subiera ni un euro”, recalcando el órgano fiscalizador que del quebranto causado a las arcas del Ayuntamiento –que el fiscal cifra en 2,3millones- 0,3 millones proceden de los 11 garajes y dos trasteros que Blackstone logró de 'propina'.

http://www.elboletin.com/red/141675/botella-regalo-fondo-buitre-garajes-trasteros.html


http://www.elboletin.com/red/141675/botella-regalo-fondo-buitre-garajes-trasteros.html

Estos son los patriotas que se aman a su país, y se han apropiado de la bandera
O eso dicen
Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP impiden recurrir la absolución de Botella por el caso de los fondos buitre
Casi tres meses después de que Mercedes González, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, reclamase ser legitimada para presentar recurso de casación ante el Supremo, el Tribunal de Cuentas cierra esta vía con los votos de los mismos consejeros que en julio revocaron la condena de este organismo a la exalcaldesa de Madrid por malvender 1.860 viviendas públicas. La socialista jugará su última carta para evitar un cierre en falso de la causa la próxima semana.


Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE
Fotografía de archivo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. - EFE
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MADRID
16/12/2019 22:45 Actualizado: 16/12/2019 22:45
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel

El Tribunal de Cuentas vuelve a salvar a Ana Botella. En julio revocó la condena que le había impuesto escasos meses antes, y ahora impide a una concejal del PSOE que se persone para actuar contra la venta de vivienda pública a fondos buitre durante la época de Botella como alcaldesa de Madrid.

Público ha accedido al auto en el que el Tribunal de Cuentas rechaza autorizar la personación de Mercedes González, concejal en el Ayuntamiento de la capital, que el 25 de septiembre reclamó ser legitimada para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un nuevo intento por evitar el cierre en falso de la causa contra Botella y su equipo por la venta de 1.860 viviendas sociales en 2013.


El Tribunal de Cuentas no autoriza a González a presentar recurso de casación ante el Supremo, para evitar el cierre de la causa; su última carta es un recurso de queja ante el Alto Tribunal

El Tribunal de Cuentas no aprecia que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Consistorio, cometiera dejación de funciones al dejar pasar los plazos sin para recurrir -en septiembre-, aunque la EMVS sólo actuó contra esta operación inmobiliaria durante el mandato de Manuela Carmena como alcaldesa, o a pesar de las múltiples maniobras del Ayuntamiento de PP y Ciudadanos para darle carpetazo desde su entrada en Cibeles. El Gobierno municipal ha ignorado la voluntad del Pleno, que votó a favor del recurso, y para ello ha gastado 14.500 euros de dinero público para armar legalmente sus posiciones, y ha cesado a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz.

La resolución, fechada el 11 de diciembre, ha salido adelante con los votos de dos vocales afines al PP; son los mismos que en julio decidieron revocar la condena inicialmente dictada por el mismo tribunal contra Botella, ya que la Sala de Justicia sólo cuenta con cuatro miembros -y una de sus integrantes fue quien condenó a la exalcaldesa en primera instancia, por lo que no podía participar en estas deliberaciones-. Son Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con José María Aznar -esposo de Botella- y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.

Los dos vocales son los mismos que ya revocaron la condena a Botella. Ambos fueron nombrados a propuesta del PP
Los dos fueron nombrados a propuesta del Partido Popular, y ambos libraron a la exalcaldesa y su equipo de pagar una multa de 23 millones por la venta de estas viviendas sociales muy por debajo de su precio de mercado. Además, en esta ocasión también han actuado en contra del criterio del tercer vocal que debía pronunciarse, Felipe García Ortiz -nombrado a propuesta del PSOE-, que ha emitido un duro voto particular enmendando el auto de los consejeros de ideología conservadora.

Cerrada esta puerta -por el momento-, González ultima la redacción de un recurso de queja ante el Supremo. Debe presentarlo en el plazo de 10 días hábiles, y previsiblemente esta será su última bala, la última opción para evitar el cierre en falso de la causa.

González: "Era la segunda vuelta de un partido trucado"

"Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid defienda el patrimonio de los madrileños", afirma la edil socialista.

Por su parte, en conversación con este diario González reconoce que, conocidos los nombres de los vocales que debían decidir sobre esta cuestión, parecía evidente que estaban ante “una segunda vuelta de un partido trucado”, si bien se muestra crítica con el auto. “Lo que hace el Tribunal de Cuentas es torpedear que una vecina de Madrid, yo en este caso, defienda el patrimonio de los madrileños”, critica. “Me está negando la aplicación de un derecho contemplado por la ley y avalado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, como reconoce el voto particular”, abunda.

En síntesis, la Sala ha inadmitido el escrito de preparación del recurso de casación registrado por González -en calidad de “vecina” de Madrid-, que reclamó ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno municipal de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para registrar recurso de casación ante el Alto Tribunal.

El auto deniega la legitimidad de González para actuar, si bien no discute el interés casacional de su petición. Esgrime también que la “eventual pasividad de la entidad pública perjudicada” legitimaría la actuación del Ministerio Fiscal, obviando que este ha rechazado actuar por no ver probado ningún “perjuicio” a las arcas públicas - perjuicio que si vio probado el Tribunal de Cuentas en su primera sentencia-.

El auto acusa a González de actuar "Por su disconformidad personal con el fallo" del Tribunal de Cuentas
Pero, además, critica las razones que, a su entender, explican la actuación de la concejal socialista, defendiendo una vez más al Ayuntamiento y a la EMVS, cuyo consejero delegado es Diego Lozano, exjefe de Gabinete de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid procesado por el caso de corrupción Lezo. La Sala afirma que no puede permitir que una persona física que no estaba anteriormente personada en la causa pueda “revivir” el procedimiento hoy por hoy, “tan solo por su disconformidad personal con el fallo recaído en segunda instancia, en contra de la parte auténticamente legitimada en el proceso".

“El hecho de haber sido desestimada la acción de condena ejercitada", "no puede suponer, en modo alguno, que renazca el derecho de sustitución procesal", para "invocar un supuesto derecho a recurrir en casación, pues su posibilidad se agotó, una vez que se ejercitó oportunamente la precisada acción por la entidad local, o más correctamente por al EMVS”, reza el auto. También incide en que la EMVS es la entidad “legitimada activamente” para actuar. La EMVS está financiada por el Ayuntamiento, que es quien nombra a su Consejo de Administración.
“Si el Ayuntamiento y la EMVS no defienden el patrimonio de todos los madrileños y a los ciudadanos se nos niega también esa posibilidad, ¿en qué manos queda el patrimonio público? ¿En qué manos quedan todas esas familias que vieron cómo los fondos buitre se adueñaban de sus pisos, con el permiso de Ana Botella y de su Junta de Gobierno?”, apostilla la edil del PSOE.

Fuentes de su partido apuntan que el auto contradice la jurisprudencia del Supremo. También sostienen que desgrana una retorcida interpretación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuestionan que el mismo artículo que les permitió negarse a paralizar los plazos para recurrir, en septiembre, sea el mismo que hoy no permite, a su entender, legitimar a González para actuar.

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para impedirle actuar son los mismos que la Sala aplica a Mariano Benítez de Lugo, abogado de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas Públicas. Benítez de Lugo no presentó el escrito de preparación del recurso, a diferencia de la concejal, pero sí reclamó permiso al tribunal para personarse. Para iniciar el procedimiento, González debió dirigir un escrito al Ayuntamiento y a la EMVS en el que les exhortaba a actuar, antes de que expirase el plazo. Ambas lo obviaron.

Las ventas a fondos buitre, en el ojo del huracán

Por otra parte, la misma operación de venta de vivienda pública a fondos buitre tiene su propio recorrido en la vía penal. Este lunes, la Cadena Ser adelantó que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de Fermín Oslé, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, y por tanto ambos se sentarán en el banquillo por este caso. Botella no está en esta causa.

En junio, el Juzgado de instrucción número 28 de Madrid prohibió a Fidere vender o alquilar las 1.860 viviendas sociales compradas al Ayuntamiento durante el mandato de Botella, y fijó una fianza de 19 millones de euros para Oslé y Benavides, en calidad de calidad de “responsables civiles directos”.

Además, a finales de la semana pasada, el Supremo anuló la venta de otras 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre durante la presidencia de Ignacio González. Poco a poco, el cerco judicial a estos casos se va estrechando, aunque los máximos dirigentes políticos de la época no siempre acaban rindiendo cuentas.



Dan no ya asco sino ascazo.


Estos son los patriotas que aman a su país, y se han apropiado de la bandera
O eso dicen