La Justicia abre diligencias por la venta de pisos de la EMVS durante el mandato de Ana Botella

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Los responsables de la venta de vivienda pública en Madrid enfilan el banquillo sin Ana Botella entre los encausados

La Audiencia Provincial ordena reabrir la causa penal y acerca al banquillo al exconsejero de la EMVS y el apoderado del fondo buitre que compró los pisos

La alcaldesa Ana Botella ya no será investigada pese a que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por perjuicio económico a las arcas públicas

Los afectados miran "esperanzados" este nuevo paso y confían en que una condena a los presuntos responsables obligue a la reversión de la venta

Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero
02/06/2019 - 20:38h


Manuela Carmena saluda a la ex alcaldesa Ana Botella y al ex alcalde Ruiz-Gallardón tras ser investida como alcaldesa en 2015. EFE

La vida de un bloque de pisos sociales cinco años después de venderse a un fondo buitre

La Justicia reabre el caso de la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en el mandato de Ana Botella en Madrid


La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.




La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.

La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.

Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo "vulnerando las más elementales reglas de gestión", según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.

"Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades", explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.

Dos intentos de archivo
La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. "El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención", apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.

Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron "justificación jurídica" ni "motivación económica admisible" porque "no se valoraron otras posibilidades" y llevaron a cabo en unas "condiciones" que generaron perjuicio a las arcas públicas.

La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.

Los afectados: seis años de espera
Los afectados y sus abogados aseguran que están "esperanzados", aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.

En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: "Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres", contaba Beatriz. "Mi padre también me ha ayudado", le seguía Ana.

Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso", sostiene Benítez de Lugo.

¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?
Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).

Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.

¿Si hay condena se revierte la venta?
El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.

¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, "la venta es una consecuencia de esos delitos", considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloquesque compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. "Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio", afirma Adolfo Barreda.

https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html

La mayor responsable de la venta fuera de la Justicia. Normal, en un país cuya democracia está devaludada y es franquista.
 

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VIVIENDA PÚBLICA

La Justicia prohíbe al fondo buitre Fidere vender libremente los pisos protegidos que le compró a Botella

Según el auto de medidas cautelares, el juez establece que solo se puede realizar cualquier operación con estas viviendas si se hace constar de manera expresa que los pisos están sometidos al “destino de una causa penal” abierta en los tribunales.


La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.- EFE/ARCHIVO

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MADRID
27/06/2019 22:04 Actualizado: 27/06/2019 22:14
PÚBLICO

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid prohíbe al fondo buitre Fidere vender o alquilar libremente los pisos protegidos que le vendió la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, según se recoge en un auto.

Este fondo de inversión adquirió en 2013 de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), dependiente del Ayuntamiento de Madrid regido por Botella, 1.860 viviendas públicas, locales y garajes públicos.

Según el auto de medidas cautelares, el juez establece que solo se puede realizar cualquier operación con estas viviendas si se hace constar de manera expresa que los pisos están sometidos al “destino de una causa penal” abierta en los tribunales.

Además, impone una fianza de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos investigados y presuntos responsables, Fermín Oslé, exgerente de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. Se enfrentan a los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude.

https://www.publico.es/politica/jus...cYsauXL1RuxHZIcDIHeydaG5wE9wDDvvoqPrmHs21-rp8
 
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Dos consejeros vinculados al PP libran a Ana Botella de una multa millonaria por vender pisos sociales a fondos buitre

La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa por dos votos a uno

El órgano fiscalizador estima las alegaciones presentadas por los concejales condenados y resuelve que no se les puede imputar "negligencia grave" porque la venta no "fue impugnada de ningún modo"

La sentencia concluía que el núcleo duro del Gobierno de Botella no impidió "el perjuicio en el patrimonio público" que provocó la operación

eldiario.es Madrid

68 comentarios

17/07/2019 - 15:38h

El Tribunal de Cuentas revoca la condena contra Ana Botella por la venta de pisos públicos a fondos buitre. EFE

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre
El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y contra a otros siete altos cargos de su Gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo por dos votos a uno.




En una resolución de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo". Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".

Los dos votos a favor de revocar la sentencia los ha emitido dos consejeros propuestos por el PP: la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantiene que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento .

La sentencia que emitió el Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

El Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba al frente Manuela Carmena, demandó a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas el pasado 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La sentencia deja claro que no es tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá la sentencia
La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha valorado este miércoles que la sentencia "deja claro que existió un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales.

"No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes , entre ellos el de la intervención, que abalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles.

"No vamos a entrar en eso, acatamos y respetamos la sentencia. Somos firmes defensores de la justicia, y acatamos cuando nos gustan y cuando no. Es mal camino poner en duda a los tribunales y el de cuentas", ha lanzado.

https://www.eldiario.es/madrid/Tribunal-Cuentas-Ana-Botella-publicos_0_921458023.html

¿No tendrían que abstenerse dos personas puestas a dedo por el PP? Ah bueno, que estamos en HESPAÑA, país con democracia devaluada.
 

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Los responsables de la venta de vivienda pública en Madrid enfilan el banquillo sin Ana Botella entre los encausados

La Audiencia Provincial ordena reabrir la causa penal y acerca al banquillo al exconsejero de la EMVS y el apoderado del fondo buitre que compró los pisos

La alcaldesa Ana Botella ya no será investigada pese a que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por perjuicio económico a las arcas públicas

Los afectados miran "esperanzados" este nuevo paso y confían en que una condena a los presuntos responsables obligue a la reversión de la venta

Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero
02/06/2019 - 20:38h


Manuela Carmena saluda a la ex alcaldesa Ana Botella y al ex alcalde Ruiz-Gallardón tras ser investida como alcaldesa en 2015. EFE

La vida de un bloque de pisos sociales cinco años después de venderse a un fondo buitre

La Justicia reabre el caso de la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en el mandato de Ana Botella en Madrid


La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.




La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.

La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.

Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo "vulnerando las más elementales reglas de gestión", según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.

"Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades", explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.

Dos intentos de archivo
La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. "El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención", apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.

Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron "justificación jurídica" ni "motivación económica admisible" porque "no se valoraron otras posibilidades" y llevaron a cabo en unas "condiciones" que generaron perjuicio a las arcas públicas.

La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.

Los afectados: seis años de espera
Los afectados y sus abogados aseguran que están "esperanzados", aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.

En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: "Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres", contaba Beatriz. "Mi padre también me ha ayudado", le seguía Ana.

Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso", sostiene Benítez de Lugo.

¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?
Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).

Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.

¿Si hay condena se revierte la venta?
El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.

¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, "la venta es una consecuencia de esos delitos", considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloquesque compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. "Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio", afirma Adolfo Barreda.

https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html

La mayor responsable de la venta fuera de la Justicia. Normal, en un país cuya democracia está devaludada y es franquista.

Amiguismo y pago de favores. La indecencia muy por encima de toda ética y moral. El sufrimiento de miles de familias pisoteado por toda esta mafia, auténticos depredadores.

Es una vergüenza todo lo que ocurre en este país, un escándalo como creo que nunca pudimos imaginar. Y lo peor es que nada va a cambiar, gracias a una población absolutamente atontada e ignorante que cuanto más putean, más aplaude y aguanta.

Asco es poco.
 
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Amiguismo y pago de favores. La indecencia muy por encima de toda ética y moral. El sufrimiento de miles de familias pisoteado por toda esta mafia, auténticos depredadores.

Es una vergüenza todo lo que ocurre en este país, un escándalo como creo que nunca pudimos imaginar. Y lo peor es que nada va a cambiar, gracias a una población absolutamente atontada e ignorante que cuanto más putean, más aplaude y aguanta.

Asco es poco.

Pais de pandereta y democracia devaluada. Lo vemos dís sí y día también.
 

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100 policías para desahuciar a una familia que se retrasó 3 días en el pago del alquiler, y poder hacer pisos turísticos. La misma semana que absuelven a Botella por la venta ilegal de viviendas públicas a fondos buitre. Hay que ver qué mal está Venezuela. https://t.co/Y63zxV5J6X
 
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Rafael Cañil Bartolomé
18 de julio a las 18:47
enajenó 8.844 inmuebles (2.956 viviendas, 3.842 garajes y trasteros y 46 locales) con estas operaciones. Del total, 1.860 públicas de 18 promociones, se vendieron a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por 128.500.000 millones de euros. Otros 34 pisos (de venta libre) se vendieron a Sociedades Avellanes Inversiones y Madrid Town Inversiones S.L. por 2.072.242 millones.
 
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El Pleno fuerza a Almeida a recurrir la absolución de Botella por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre
Por MDO
Lunes 29 de julio de 2019, 13:02h
El Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida tendrá que recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a Ana Botella y a su equipo por la venta de viviendas públicas de la EMVS a un fondo buitre. Así lo han forzado este lunes en el Pleno de Cibeles los votos a favor de Más Madrid y PSOE y la abstención del grupo municipal de Vox ante dos proposiciones -presentadas por los dos primeros- para instar a la Junta de Gobierno a que recurra dicha sentencia.

El Tribunal de Cuentas revocó el pasado día 17 de julio la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. Con ello, revirtió el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS.

En esta resolución, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechazaba el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estimaba las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas consideró que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo". Aludía también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".

Recursos
El concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, ha defendido en el Pleno la propuesta de su grupo, que quiere que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo por "la llamativa composición de la sala de justicia del Tribunal de Cuentas y los fundados argumentos del voto particular discrepante".

Por su parte, la socialista Mercedes González, ha solicitado que se inste a la Junta de Gobierno, como junta general de accionistas de la EMVS, a que la empresa presente recurso de casación y que mantenga su personación en el juicio oral en la Audiencia Provincial abierto contra el que fuera consejero delegado Fermín Oslé y el representante de Fidere, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social. Una personación que, según aseguró ya Almeida, se mantendrá.

Además, González ha apuntado durante su intervención que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos por esta operación avalada por la exalcaldesa Botella pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

Por último, el concejal de Vox Pedro Fernández ha puesto sobre la mesa las "irregularidades formales" que apunta la sentencia del 17 de julio, de la que desprende que "no hubo alcance de fondos y evitó la disolución de la EMVS". Desde Vox no se oponen a que se agoten los recursos judiciales, de ahí la abstención.

https://www.madridiario.es/noticia/...GVD2sPavnxtKhe7SdsKzrnz38BDyFEaH1bxKbfEpqGrh4
 
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FIDERE-BLACKSTONELa Fiscalía rechaza recurrir la absolución de Botella por la venta de vivienda a fondos buitre porque no ve "perjuicio" económico


El Ministerio Público rechaza la petición de dos diputadas de Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid. Reclamaban que presentara recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sol Sánchez (IU) tilda de "peregrinas" las excusas de la Fiscalía, que se declara "sensible" ante "los innumerables trastornos" a los afectados por "estas operaciones"





La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella/ EFE

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MADRID
25/09/2019 14:32 Actualizado: 25/09/2019 15:24
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel
La Fiscalía General del Estado no recurrirá ante el Tribunal Supremo la revocación de la condena a Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre: no considera "acreditado" que esta operación, por la que el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid y a parte de su equipo en primera instancia, y los exoneró meses después -con el voto de dos consejeros afines al PP-, causase un "perjuicio" a las arcas públicas.

La Fiscalía: "Somos sensibles ante los innumerables trastornos que se han provocado a los afectados por estas operaciones"
Público ha accedido a la misiva remitida por el Ministerio Público al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid Podemos-IU-Madrid en Pie, en el que la Fiscalía rechaza su petición de plantear recurso de casación ante el Alto Tribunal.


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Además de no considerar acreditado este "perjuicio real, efectivo y cuantificado", razona que no sería "coherente" plantear recurso contra una decisión que "básicamente, coincide con nuestro planteamiento de fondo".

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas cuantificó el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros.

Pese a todo, el Ministerio Público dice ser "consciente de la situación generada por estas operaciones". "Y que somos sensibles ante los innumerables trastornos que se han provocado a los afectados por las mismas", apunta la misiva. Lleva la firma del fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Rodríguez Rey, y está fechada el 20 de septiembre.

Por su parte, Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid y diputada en la cámara autonómica, tilda de "inauditos" los dos motivos de la Fiscalía para rechazar su petición. El primero es "ser coherente" con sus posiciones anteriores, y el segundo, "quizás más peregrino", es que "no se ha probado el dolo para lo público. Si no se ha cuantificado es que algún papel se les ha traspapelado", ironizaba.

Sol Sánchez (IU): "Si no se ha cuantificado dolo para lo público es que algún papel se les ha traspapelado"
Las diputadas de Podemos-IU-Madrid en Pie Sánchez y Vanessa Lillo, así como la presidenta de la asociación de afectados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión, Arancha Mejías, registraron su petición de actuación a la Fiscalía el pasado 30 de julio.

El escrito defendía que hay "elementos de juicio más que suficientes para considerar imprescindible que sean los tribunales de la jurisdicción ordinaria, y más concretamente el Tribunal Supremo, quien pueda conocer y resolver definitivamente el asunto planteado, sin que cercene ninguna oportunidad procesal para la defensa del interés social".

Sólo un par de días antes, el pleno del Ayuntamiento de Madrid se posicionó a favor de recurrir esta venta, si bien el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a obedecer esta moción, que no es vinculante, aunque exprese la voluntad política de la mayoría del pleno.

De hecho, la decisión de Almeida de boicotear este recurso contra la sentencia de apelación del Tribunal de Cuentas puede salirle cara: Más Madrid y PSOE le han amenazado con emprender acciones legales. Se han valido de los plenos de martes y miércoles para abordar esta cuestión, como previsiblemente también se servirán de la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) previsto para este miércoles.

"El precio de venta de esas promociones se encontraba dentro de los márgenes ofrecidos por las tasaciones obrantes en la causa y, en definitiva, de los precios de mercado", sostiene la Fiscalía. Tampoco habría "prejuicio" por las cantidades "abonadas en concepto de intermediación" para esta venta, ya que "quedó acreditada la prestación de estos servicios", zanja el escrito.

https://www.publico.es/politica/fis...fondos-buitre-no-ver-perjuicio-economico.html

¿Y dice la Fiscalía que no hubo perjuicio económico? ¿Osea que se venden unos pisos mas baratos que el precio de mercado, que los inquilinos se ven con una subida de su renta siendo pisos oficiales y dique La Fiscalía que no hay quebranto económico?

¿A donde mandamos a esos magistrados, fiscales o lo que sean? ¿A que se reciclen sobre lo que es un perjuicio económico?

Como dice una canción "ni se compra ni se vende el cariño verdadero". Todo lo demás se compra y se vende.

¡Que vergüenza de Justicia española! Igual que la de un país bananero.
 
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FIDERE-BLACKSTONELa Fiscalía rechaza recurrir la absolución de Botella por la venta de vivienda a fondos buitre porque no ve "perjuicio" económico


El Ministerio Público rechaza la petición de dos diputadas de Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid. Reclamaban que presentara recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sol Sánchez (IU) tilda de "peregrinas" las excusas de la Fiscalía, que se declara "sensible" ante "los innumerables trastornos" a los afectados por "estas operaciones"





La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella/ EFE

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ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

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La Fiscalía General del Estado no recurrirá ante el Tribunal Supremo la revocación de la condena a Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre: no considera "acreditado" que esta operación, por la que el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid y a parte de su equipo en primera instancia, y los exoneró meses después -con el voto de dos consejeros afines al PP-, causase un "perjuicio" a las arcas públicas.

La Fiscalía: "Somos sensibles ante los innumerables trastornos que se han provocado a los afectados por estas operaciones"
Público ha accedido a la misiva remitida por el Ministerio Público al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid Podemos-IU-Madrid en Pie, en el que la Fiscalía rechaza su petición de plantear recurso de casación ante el Alto Tribunal.


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Además de no considerar acreditado este "perjuicio real, efectivo y cuantificado", razona que no sería "coherente" plantear recurso contra una decisión que "básicamente, coincide con nuestro planteamiento de fondo".

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas cuantificó el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros.

Pese a todo, el Ministerio Público dice ser "consciente de la situación generada por estas operaciones". "Y que somos sensibles ante los innumerables trastornos que se han provocado a los afectados por las mismas", apunta la misiva. Lleva la firma del fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Rodríguez Rey, y está fechada el 20 de septiembre.

Por su parte, Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid y diputada en la cámara autonómica, tilda de "inauditos" los dos motivos de la Fiscalía para rechazar su petición. El primero es "ser coherente" con sus posiciones anteriores, y el segundo, "quizás más peregrino", es que "no se ha probado el dolo para lo público. Si no se ha cuantificado es que algún papel se les ha traspapelado", ironizaba.

Sol Sánchez (IU): "Si no se ha cuantificado dolo para lo público es que algún papel se les ha traspapelado"
Las diputadas de Podemos-IU-Madrid en Pie Sánchez y Vanessa Lillo, así como la presidenta de la asociación de afectados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión, Arancha Mejías, registraron su petición de actuación a la Fiscalía el pasado 30 de julio.

El escrito defendía que hay "elementos de juicio más que suficientes para considerar imprescindible que sean los tribunales de la jurisdicción ordinaria, y más concretamente el Tribunal Supremo, quien pueda conocer y resolver definitivamente el asunto planteado, sin que cercene ninguna oportunidad procesal para la defensa del interés social".

Sólo un par de días antes, el pleno del Ayuntamiento de Madrid se posicionó a favor de recurrir esta venta, si bien el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a obedecer esta moción, que no es vinculante, aunque exprese la voluntad política de la mayoría del pleno.

De hecho, la decisión de Almeida de boicotear este recurso contra la sentencia de apelación del Tribunal de Cuentas puede salirle cara: Más Madrid y PSOE le han amenazado con emprender acciones legales. Se han valido de los plenos de martes y miércoles para abordar esta cuestión, como previsiblemente también se servirán de la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) previsto para este miércoles.

"El precio de venta de esas promociones se encontraba dentro de los márgenes ofrecidos por las tasaciones obrantes en la causa y, en definitiva, de los precios de mercado", sostiene la Fiscalía. Tampoco habría "prejuicio" por las cantidades "abonadas en concepto de intermediación" para esta venta, ya que "quedó acreditada la prestación de estos servicios", zanja el escrito.

https://www.publico.es/politica/fis...fondos-buitre-no-ver-perjuicio-economico.html

¿Y dice la Fiscalía que no hubo perjuicio económico? ¿Osea que se venden unos pisos mas baratos que el precio de mercado, que los inquilinos se ven con una subida de su renta siendo pisos oficiales y dique La Fiscalía que no hay quebranto económico?

¿A donde mandamos a esos magistrados, fiscales o lo que sean? ¿A que se reciclen sobre lo que es un perjuicio económico?

Como dice una canción "ni se compra ni se vende el cariño verdadero". Todo lo demás se compra y se vende.

¡Que vergüenza de Justicia española! Igual que la de un país bananero.
Si todos los ciudadanos tuviéramos dignidad, saldríamos a decirles que los edificios y dinero público no es de ellos,que mal vender lo público es un delito.Como gestores,( que no propietarios ) deben dar explicaciones públicas de todos sus movimientos que afecten a la sociedad.La fiscalía está para perseguir el delito,no para encubrirlo,pero con nuestro silencio les estamos avalando todos sus desmanes.
Llevamos siglos sin respetarnos a nosotros mismos.
 
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Si todos los ciudadanos tuviéramos dignidad, saldríamos a decirles que los edificios y dinero público no es de ellos,que mal vender lo público es un delito.Como gestores,( que no propietarios ) deben dar explicaciones públicas de todos sus movimientos que afecten a la sociedad.La fiscalía está para perseguir el delito,no para encubrirlo,pero con nuestro silencio les estamos avalando todos sus desmanes.
Llevamos siglos sin respetarnos a nosotros mismos.

La institución de la justicia (lo pongo en minúsculas) hace ya tiempo que no está a la altura de un país VERDADERAMENTE democrático. Del Gobierno ya ni hablamos. De la policía ya ni sigo.
 
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ENTREVISTA | Diputado de Unidas Podemos y fundador de Equo

Juan López de Uralde: "Es un error crear una nueva fuerza política que al final puede acabar debilitándonos a todos"

El fundador de Equo y diputado de Unidas Podemos arremete contra la dirección de su partido y asegura que él volverá a concurrir con los de Pablo Iglesias el 10N

"No tenemos ni idea de qué es lo que plantea Errejón, porque no hay un acuerdo de coalición, Más Madrid no es una confluencia, es un partido donde Equo no existe"

Aitor Riveiro
28 comentarios

25/09/2019 - 21:54h

Juan López de Uralde, en el parque del Retiro en octubre de 2018. MARTA JARA / MADRID

La división interna deja a Equo fuera de las elecciones europeas y aboca al partido verde a una refundación
Juan López de Uralde (Donostia, 1963) vive sus últimos días como militante del partido que fundó entre 2010 y 2011 y que llevó por primera vez al ecologismo político de ámbito estatal a estar presente en todos los niveles de poder. Desde ayuntamientos al Parlamento Europeo, pasando por asambleas regionales y el Congreso.

Nueve años después, Equo vive inmerso en una gran crisis provocada por las diferencias estratégicas de sus dirigentes entre quienes apuestan por mantener la alianza con Podemos e IU y los que prefieren romper y embarcarse en el proyecto de Íñigo Errejón.




Uralde está entre los primeros. En esta entrevista, con las Cortes Generales ya disueltas ante la convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre, el que fuera presidente de Greenpeace España asegura que repetirá en las lista de Unidas Podemos como independiente y que, a partir de los comicios, trabajará para reconstruir un espacio verde en el marco del grupo confederal.

Estos días se celebra una consulta para decidir con quién se presenta Equo a la repetición electoral. ¿Qué opción cree que va a ganar?

Lo importante es que es una consulta que se realiza sin debates, sin documentos escritos y sin saber lo que se está votando. Así no se puede decidir cambiar una estrategia que se aprobó en la asamblea de noviembre de 2018 por unanimidad y que fue ratificada en distintas consultas internas, la última vez en marzo de 2019. Las cosas no se pueden hacer así, a última hora y sin saber exactamente lo que se está votando.

Me parece un error de la actual Ejecutiva de Equo esta consulta, que va a acabar fracturando el partido.

¿Ha habido debate interno sobre el posicionamiento ante el salto estatal de Más Madrid o ha sido una política de hechos consumados? ¿Cómo se ha producido la decisión?

En Equo ha habido siempre una mayoría favorable a la confluencia y luego también hay una minoría que es favorable a presentarse a las elecciones en solitario. La fractura se produce cuando en las elecciones autonómicas, Errejón rompe con Unidas Podemos y decide presentarse presentarse por su cuenta.

Ahí sí que se produce un debate en Madrid y apuestan por ir con Errejón. Pero en la mayoría del resto del partido, en la mayoría de las autonomías, Equo se presenta como parte de Unidas Podemos. Y a partir de ahí no ha habido mucho más debate.

Cuando se produce el adelanto electoral, de manera muy rápida y sin posibilidad de debatirlo en profundidad, hay una apuesta de un sector de la organización por romper con Unidas Podemos e ir con Errejón.

Decía antes que se está provocando la fractura de Equo, que ya se quedó sin concurrir a las europeas precisamente por esta división. Cree que Equo va hacia la disolución como partido?

Vamos a una fractura en Equo por lo mal que se ha gestionado esta situación. Vamos a la fractura. A partir de ahí, yo voy a trabajar para recrear un espacio verde en el marco de Unidas Podemos.

¿Ese espacio será un nuevo partido?

Ha sido todo tan rápido que todavía no lo hemos definido. Lo que sí está claro para nosotros es que en Unidas Podemos el verde tiene que seguir siendo importante. Hay mucha gente que está trabajando en ello en autonomías y ayuntamientos, donde, como en el Congreso, hemos hecho muchísimo trabajo. Y ese trabajo debe continuar. Cuál será la forma orgánica de la que nos dotemos, no lo sé. Pero sí que buscaremos la forma en la que nuestro trabajo pueda ser más eficaz.

Cuando usted fundó Equo en 2010 el ecologismo político era irrelevante. El suyo ha sido el primer partido verde de ámbito estatal con representación en el Congreso. Accedió a asambleas autonómicas, gobiernos municipales e incluso tuvo presencia destacada, por ejemplo, en el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid. ¿Teme que todo ese trabajo hecho se pierda y haya que empezar otra vez de cero?

El desarrollo de la actividad política ecologista alcanza su máxima expresión en España en el marco de Unidas Podemos. Cuando apostamos por el espacio de confluencia por primera vez tenemos una representación muy relevante que se concretó en tres diputados en el Congreso y presencia en muchos ayuntamientos. Nunca el ecologismo político ha llegado tan lejos.

Por eso me llama la atención que se cuestione todo y se ponga en duda solamente para apostar por un nuevo espacio que en realidad es una incógnita. Sabemos lo que hemos hecho y lo que hemos podido hacer. Sabemos lo que se ha conseguido, que es mucho. Y de lo que no tenemos ni idea es de lo que plantea Errejón, porque no hay un acuerdo de coalición, cosa que con Unidas Podemos sí hay. En Unidas Podemos Equo ha sido un actor. Más Madrid no es una confluencia, es un partido donde Equo no existe.

Errejón dice que él quiere ocupar el espacio verde. Pero el espacio verde no se ocupa con palabras ni con humo. Se ocupa con propuestas, con hechos y con políticas. Y eso hasta ahora lo hemos hecho en Unidas Podemos. Por eso yo cuestiono todo el proceso y creo que el impacto va a ser negativo.

[Con posterioridad a la realización de esta entrevista, Equo publicó el preacuerdo alcanzado con Madrid y que se somete a votación de las bases]

Si dice que no hay ningún documento ni compromiso ¿Qué se le ha ofrecido a Equo para hacer este cambio de alianzas?

Yo no sé lo que la dirección actual de Equo ha hablado con el partido de Errejón. Lo que sí sé es que a día de hoy no hay ningún documento en el que se exponga de manera transparente y clara qué tipo de coalición es, como sí hay con Unidas Podemos. No sé exactamente qué es lo que se está votando. Por eso yo cuestiono la consulta. Sabemos lo que hemos sido en Unidos Podemos y la capacidad de trabajo que tenemos, porque lo hemos experimentado y porque además está por escrito. Con el partido de Errejón, no.

Durante la investidura de Pedro Sánchez, Equo también hizo una consulta con las bases para ver qué posición adoptaba. La mayoría votó dar la investidura a Sánchez, pero al final su voto en el Congreso fue, igual que el del grupo de Unidas Podemos, la abstención. ¿No cree que ahí se produce una quiebra entre usted y la dirección, entre el partido y el diputado que lo representa?

La quiebra con la dirección se produce a partir de las elecciones europeas. Es ahí donde se produce la fractura, cuando efectivamente nosotros teníamos también un acuerdo con Unidas Podemos y una parte de la dirección se desmarca y propone una coalición con Compromís. Esto rompía ya, de hecho, el acuerdo de la Asamblea Federal de Equo.

Esto derivó, primero, en que Equo no pudo estar presente en ninguna de las dos coaliciones por decisión de la Junta Electoral. Y segundo, derivó en una persecución política de los cargos dentro de Equo que apostaban por seguir en Unidas Podemos, con reprobaciones y expedientes para expulsarlos. El malestar está larvado en un sector del partido porque la Ejecutiva no ha sabido gestionar la situación.

A partir de ahí, la consulta que se hace es en los mismos términos que en el tema de las europeas. Es una consulta que se hace sin hablar con el diputado. Mi planteamiento era que había que votar sobre la base de un acuerdo concreto, o bien con dos opciones, como hizo, por ejemplo, Izquierda Unida.

Pero, además, esa consulta no pasa por los órganos del partido. Se hacía sin ser aprobada por los órganos del partido, por la Mesa Federal, por lo que pierde su valor mandatario. A mí también me hubiera gustado votar a favor de Sánchez, pero no pude porque no había ningún acuerdo.

Si, como parece, la decisión de Equo es sumarse al partido de Iñigo Errejón, usted ya ha dicho que tiene intención de volver a presentarse como número uno por Álava en la lista de Unidas Podemos. ¿Lo hará como independiente? ¿Como militante de Equo?

Supongo que como independiente. Si Equo toma el camino de ir con Errejón, yo seguiré donde siempre he estado, que es en Unidas Podemos.

No hemos tenido tiempo de articular una organización diferente. Eso lo haremos despacio. Se hará lo que haya que hacer, con debate y despacio. Con mucha gente que vendrá de Equo y con gente de otros movimientos. Llevará su tiempo.

En la presentación del proyecto, en 2011, asistió como invitada Inés Sabanés, que luego se sumó al proyecto y ha sido uno de sus referentes. En la asamblea de Más Madrid del pasado fin de semana ejerció como portavoz. Han hablado ustedes dos en las últimas semanas o días?

No. Llevamos mucho tiempo sin hablar y no hemos hablado. Yo quiero dejar claro que tengo un gran respeto por Inés Sabanés y que esto no es una cuestión de diferencias personales. Para mí es un tema de espacios políticos. Es una discusión política. Desde el momento en que ella y Carmena deciden romper con Podemos, empiezan a alejarse los espacios.

Hay muchas cosas en todo esto que me dan mucha pena porque efectivamente desde 2010 hemos hecho un trabajo muy duro para sacar adelante un proyecto en unas condiciones muy difíciles, sin ninguna financiación y sin presencia en las instituciones. Eso ya no va a ser igual y me produce tristeza.

Pero también creo que hay que mirar adelante y que el espacio verde tiene que estar ahí, tiene que estar fuerte y yo estoy convencido de que Unidas Podemos es quien va a seguir tirando del carro. Es un error, en un momento tan delicado, provocar esa fractura y crear una nueva fuerza política que al final puede acabar debilitándonos a todos.

https://www.eldiario.es/politica/Juan-Lopez-Uralde-Equo-debilitandonos_0_945956222.html

¡Bien por Juantxo! Ayer me entristecí viendo que se perdía un buen diputado. Me alegro de que se haya aclarado en lo referente a él.
 
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La principal referencia de Iñigo Errejon es su padre, en declaraciones que hizo en público,en concreto dijo "mi padre es mi principal referencia intelectual,política y vital"Jose Antonio Errejón en 1981 el gobierno de UCD le nombra Subdirector General de Medio Ambiente. En 1991 Borrell,PSOE le nombra,via Decreto Ley,director del gabinete del secretario de Estado para las política del agua y medio ambiente-.
Durante los gobiernos de Felipe Gonzalez,también fue secretario general del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA )
2008,vía libre designación,es nombrado director en la división de Evaluación de AEVAL,organismo público creado por Zapatero.En este puesto de nivel 29,tiene un complemento especifico de 18.539.,20 euros-
Ya sabemos que paso con el agua en el Canal en Madrid.También como esta el medio ambiente.En fin que no hay más ciego que aquel que no quiere ver.
 
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EMVSAsí ha maniobrado el PP para salvar a Botella con la venta de vivienda a fondos buitre


Ciudadanos volvió a acudir el viernes al rescate del partido conservador para apoyar con sus votos que la EMVS no recurra ante el Supremo la absolución de la exalcaldesa y parte de su equipo por esta venta, por la que el Tribunal de Cuentas sí los condenó en primera instancia. Más Madrid y PSOE emprenden acciones legales.



Ana Botella, exalcaldesa de Madrid i encarregada de la venda d'habitatges socials a fons voltors. EFE

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28/09/2019 16:38 Actualizado: 28/09/2019 16:38
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel
El PP ha hecho un nuevo esfuerzo este viernes por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio. El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP -una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella-, y hoy el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida ha hecho el último esfuerzo por blindarla a la exalcaldesa.

Con los votos de los consejeros de Ciudadanos, el PP logró el viernes que el Consejo de Administración de la Empresa Municipial de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las 14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz. En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su partido.

Una concejal del PSOE, que ha solicitado personarse en la causa, afirma que han dejado de correr los plazos para recurrir ante el Supremo
La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.

De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".

Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que habrían permitido rebajar este coste.

Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

La batalla legal de la oposición y la supuesta interrupción de los plazos
El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba el martes con querellarse contra Almeida -sin dar más detalles-, y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.

El jueves, González se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que le legitime para ejercer la acción sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no lo hará], para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Desde el entorno de la concejala aseguran que esto ha servido para paralizar los plazos para presentar recurso, y precisan que, de no acceder el Tribunal de Cuentas a legitimarles, presentarán recurso de queja ante el Supremo.

Además, el miércoles se conoció que se cerraba otra opción de recurrir, cuando la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso.

https://www.publico.es/politica/emvs-maniobrado-pp-salvar-botella-venta-vivienda-fondos-buitre.html

HESPAÑA @Isabella , HESPAÑA