La Justicia abre diligencias por la venta de pisos de la EMVS durante el mandato de Ana Botella

QUE ESTAFA MADRE MÍA.Pensar que la responsable vive libre y disfrutando de un dinero público,da una idea de que clase de gentuza nos han gobernado y siguen haciéndolo,con distintos nombre de la misma fuente.Lo más terrible y triste que no gobiernan por el uso de las armas, si no de los votos,eso es difícil de digerir,por que no es posible que haya gente que tenga tan poca dignidad,esta está, por encima de cualquier ideología,es imposible que con estos asuntos se nos respete en los países, donde la gente no lo podría tolerar.

Pues en esas bases utiliza el concepto DIGNIDAD para prohibir o limitar el voto, no es a la primera a la que se le ha ocurrido , te advierto, original no has sido---
En Andalucia con los escandalazos que se han dado y no te he visto decir que el Psoe no debe de volver a gobernar alli---
 
Bueno, la noticia es sobre el Tribunal de Cuentas, (control externo y a posteriori de las cuentas del sector público) no es un Tribunal de Justicia.

Lo que yo he leído sobre la venta de las viviendas protegidas a los fondos buitre es que se han impugnado desde dos órdenes jurisdiccionales: contencioso-administrativo y penal. En el contencioso creo recordar que leí que el asunto estaba atascado porque el Juez o Tribunal no le reconocía legitimación para recurrir a quienes hayan interpuesto la demanda. Del asunto penal no sé como va la cosa.
Cuando enjuicia responsabilidades contables, sí es un órgano jurisdiccional. De hecho, la resolución que acaba de salir es una sentencia, que se puede recurrir en primera instancia ante la Sala (no ante una Consejera como dice algún medio) y en segunda ante el Supremo.

Ahora bien, no impone sanciones. Solamente determina si ha habido menoscabo dd fondos públicos, instando en su caso al reintegro de los mismos al erario público, y dejando la determinación de otras responsabilidades (penales, civiles o contencioso-administrativas) a los tribunales correspondientes. Y la jurisdicción contable es la única que no se interrumpe para esperar resolución penal.
 
VIVIENDA PÚBLICALa Justicia reabre el caso contra el Gobierno de Botella por vender vivienda pública a un fondo buitre


La Audiencia Provincial acepta los recursos de los inquilinos de las viviendas, del PSOE y de la empresa municipal de vivienda contra el archivo del pasado enero. investiga malversación, fraude y prevaricación. El Tribunal de Cuentas ya condenó a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo a pagar 23 millones de euros por malvender estas viviendas.


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La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella/ EFE

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MADRID
28/05/2019 16:34 Actualizado: 28/05/2019 17:17
EUROPA PRESS

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de viviendapública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).

En un auto, fechado el pasado 27 de mayo, la Audiencia estima los recursospresentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, y por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) contra el auto del pasado 23 enero, dictado por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa
Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados. Estos son Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda (del fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor case de España), por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos realizada en 2013.

Ya un auto de septiembre de 2017 acordó la reapertura de las diligencias previas, también archivadas, a raíz de la presentación del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 30 junio 2016 y que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.

Condenados por el Tribunal de Cuentas
Esta operación ya le costó el pasado diciembre a la exalcaldesa y parte de su equipo una condena por parte del Tribunal de Cuentas. Botella y siete miembros de su Gobierno están condenados a pagar 23 millones de euros. Concretamente vendieron 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, según el Tribunal de Cuentas. Los implicados han recurrido esta decisión, aunque ahora la justicia ordinaria sigue examinando con lupa aquella decisión.

En el informe de la Cámara de Cuentas se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.

No existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada
A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradoresdada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.

Y destacaban igualmente que había sido el comprador y no la EMVS la que fijó el precio de la venta de las viviendas, un importe "objetivamente inferior al precio que podía obtenerse e incluso al mero valor contable de las viviendas". El informe de la Cámara de Cuentas también hacía mención a los 2,3 millones de euros destinados al pago de dos facturas de una sociedad intermediaria en las operaciones de compra-venta "que no sólo no resultaría necesaria sino que no existe otra constancia de la intermediación que la aparición de las propias facturas".

Una gestión fuera de regulaciones en la EMVS
En el auto, la Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera aplicables a las operaciones en las que intervino "pues no aplicó las prevenciones de derecho público exigibles".

La Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera
"Además, permitiendo el pago a la empresa intermediaria por prestaciones que no tenían cobertura jurídica ni está probado que se ejecutaran, y el cobro por la venta de inmuebles por un precio inferior al mínimo jurídicamente aceptable, la actuación del demandado produjo un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado en unos bienes públicos concretos"

La actuación de Oslé "está incursa, al menos, en negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo".

La Audiencia Provincial no desconoce que el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas es diferente del penal aunque no descartan "la existencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Oslé.

"Existen indicios suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", añaden. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.


https://www.publico.es/politica/viv...gaKgGpYe3TI0i1McExtMc91IRyk3ykxQx_jufFDdkBVHY
 
Los responsables de la venta de vivienda pública en Madrid enfilan el banquillo sin Ana Botella entre los encausados

La Audiencia Provincial ordena reabrir la causa penal y acerca al banquillo al exconsejero de la EMVS y el apoderado del fondo buitre que compró los pisos

La alcaldesa Ana Botella ya no será investigada pese a que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por perjuicio económico a las arcas públicas

Los afectados miran "esperanzados" este nuevo paso y confían en que una condena a los presuntos responsables obligue a la reversión de la venta

Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero
02/06/2019 - 20:38h
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Manuela Carmena saluda a la ex alcaldesa Ana Botella y al ex alcalde Ruiz-Gallardón tras ser investida como alcaldesa en 2015. EFE

La vida de un bloque de pisos sociales cinco años después de venderse a un fondo buitre

La Justicia reabre el caso de la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en el mandato de Ana Botella en Madrid


La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.




La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.

La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.

Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo "vulnerando las más elementales reglas de gestión", según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.

"Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades", explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.

Dos intentos de archivo
La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. "El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención", apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.

Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron "justificación jurídica" ni "motivación económica admisible" porque "no se valoraron otras posibilidades" y llevaron a cabo en unas "condiciones" que generaron perjuicio a las arcas públicas.

La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.

Los afectados: seis años de espera
Los afectados y sus abogados aseguran que están "esperanzados", aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.

En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: "Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres", contaba Beatriz. "Mi padre también me ha ayudado", le seguía Ana.

Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso", sostiene Benítez de Lugo.

¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?
Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).

Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.

¿Si hay condena se revierte la venta?
El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.

¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, "la venta es una consecuencia de esos delitos", considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloquesque compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. "Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio", afirma Adolfo Barreda.

https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html

La mayor responsable de la venta fuera de la Justicia. Normal, en un país cuya democracia está devaludada y es franquista.
 
VIVIENDA PÚBLICA

La Justicia prohíbe al fondo buitre Fidere vender libremente los pisos protegidos que le compró a Botella

Según el auto de medidas cautelares, el juez establece que solo se puede realizar cualquier operación con estas viviendas si se hace constar de manera expresa que los pisos están sometidos al “destino de una causa penal” abierta en los tribunales.


La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.- EFE/ARCHIVO

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MADRID
27/06/2019 22:04 Actualizado: 27/06/2019 22:14
PÚBLICO

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid prohíbe al fondo buitre Fidere vender o alquilar libremente los pisos protegidos que le vendió la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, según se recoge en un auto.

Este fondo de inversión adquirió en 2013 de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), dependiente del Ayuntamiento de Madrid regido por Botella, 1.860 viviendas públicas, locales y garajes públicos.

Según el auto de medidas cautelares, el juez establece que solo se puede realizar cualquier operación con estas viviendas si se hace constar de manera expresa que los pisos están sometidos al “destino de una causa penal” abierta en los tribunales.

Además, impone una fianza de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos investigados y presuntos responsables, Fermín Oslé, exgerente de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. Se enfrentan a los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude.

https://www.publico.es/politica/jus...cYsauXL1RuxHZIcDIHeydaG5wE9wDDvvoqPrmHs21-rp8
 
Dos consejeros vinculados al PP libran a Ana Botella de una multa millonaria por vender pisos sociales a fondos buitre

La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa por dos votos a uno

El órgano fiscalizador estima las alegaciones presentadas por los concejales condenados y resuelve que no se les puede imputar "negligencia grave" porque la venta no "fue impugnada de ningún modo"

La sentencia concluía que el núcleo duro del Gobierno de Botella no impidió "el perjuicio en el patrimonio público" que provocó la operación

eldiario.es Madrid

68 comentarios

17/07/2019 - 15:38h
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El Tribunal de Cuentas revoca la condena contra Ana Botella por la venta de pisos públicos a fondos buitre. EFE

Ana Botella y siete cargos de su Gobierno, condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos con rebajas a fondos buitre
El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia contra la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y contra a otros siete altos cargos de su Gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo por dos votos a uno.




En una resolución de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo". Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".

Los dos votos a favor de revocar la sentencia los ha emitido dos consejeros propuestos por el PP: la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantiene que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento .

La sentencia que emitió el Tribunal de Cuentas el pasado mes de diciembre concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

El Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba al frente Manuela Carmena, demandó a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas el pasado 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La sentencia deja claro que no es tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá la sentencia
La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha valorado este miércoles que la sentencia "deja claro que existió un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales.

"No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes , entre ellos el de la intervención, que abalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles.

"No vamos a entrar en eso, acatamos y respetamos la sentencia. Somos firmes defensores de la justicia, y acatamos cuando nos gustan y cuando no. Es mal camino poner en duda a los tribunales y el de cuentas", ha lanzado.

https://www.eldiario.es/madrid/Tribunal-Cuentas-Ana-Botella-publicos_0_921458023.html

¿No tendrían que abstenerse dos personas puestas a dedo por el PP? Ah bueno, que estamos en HESPAÑA, país con democracia devaluada.
 
Los responsables de la venta de vivienda pública en Madrid enfilan el banquillo sin Ana Botella entre los encausados

La Audiencia Provincial ordena reabrir la causa penal y acerca al banquillo al exconsejero de la EMVS y el apoderado del fondo buitre que compró los pisos

La alcaldesa Ana Botella ya no será investigada pese a que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por perjuicio económico a las arcas públicas

Los afectados miran "esperanzados" este nuevo paso y confían en que una condena a los presuntos responsables obligue a la reversión de la venta

Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero
02/06/2019 - 20:38h
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Manuela Carmena saluda a la ex alcaldesa Ana Botella y al ex alcalde Ruiz-Gallardón tras ser investida como alcaldesa en 2015. EFE

La vida de un bloque de pisos sociales cinco años después de venderse a un fondo buitre

La Justicia reabre el caso de la venta de viviendas públicas a un fondo buitre en el mandato de Ana Botella en Madrid


La operación de venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013, impulsada por el Ayuntamiento de Ana Botella (PP), da un paso definitivo en los tribunales tras cinco años de lucha judicial de los afectados y dos archivos que dieron carpetazo al caso.




La Audiencia Provincial ha ordenado esta semana al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que dé por concluida la investigación y pase a la siguiente fase, la que con toda probabilidad sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la alcaldesa Ana Botella, cuya Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a la venta en 2013.

La exalcaldesa no figura como investigada en la causa, y ya no hay posibilidades de que eso ocurra porque se ha cerrado la fase de instrucción, pese a que el Tribunal de Cuentas sí la considera responsable del perjuicio patrimonial que produjo aquella operación por la que se vendieron 18 bloques de viviendas al fondo de inversión Blackstone por 23 millones menos de su valor real. Botella, por tanto, no se sentará en el banquillo, aunque es más que probable que tenga que declarar ante el juez como testigo a petición de las acusaciones, según han avanzado los letrados del grupo municipal socialista y de la Asociación de Afectados por la Venta a eldiario.es.

Esta causa, se lamentan las acusaciones, finalizará sin señalar a los responsables políticos de la venta, que se llevó a cabo "vulnerando las más elementales reglas de gestión", según un informe de la Cámara de Cuentas del año 2016. Los únicos dos investigados son el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere (una empresa dependiente de Blackstone), Alfonso Benavides. La firma de ambos está sellada en las escrituras que cerraron la operación.

"Nos parece que la causa va a quedar coja. En la sentencia del Tribunal de Cuentas ya aparece responsabilidad por alcance de la Junta de Gobierno. Ahora que se ha agotado el periodo de instrucción no hay más posibilidades", explica Adolfo Barrera, abogado del grupo municipal socialista. El PSOE fue el partido que impulsó, junto a la Asociación de Afectados, la querella que desencadenó la investigación penal.

Dos intentos de archivo
La causa permanecía encallada en la fase de instrucción desde el año 2014. "El juez se ha mostrado renuente a la continuación y la ha sobreseído dos veces. Las dos veces la Audiencia Provincial le ha llamado la atención", apunta Mariano Benítez de Lugo, el abogado que representa a la Asociación de Afectados. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid, donde fue a parar esta causa, no ha apreciado en todos estos años indicios sólidos de delito en las actuaciones: dio carpetazo a la investigación en 2017 y, otra vez, en enero de 2019.

Este último sobreseimiento se firmó tres semanas después de que el Tribunal de Cuentas condenara a la exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su gobierno en una sentencia que describía profusamente las irregularidades escondidas detrás de la operación: se llevó a cabo sin una tasación fiable, sin publicidad, haciendo uso de información privilegiada y sin tener en cuenta el interés público. Las actuaciones ni tuvieron "justificación jurídica" ni "motivación económica admisible" porque "no se valoraron otras posibilidades" y llevaron a cabo en unas "condiciones" que generaron perjuicio a las arcas públicas.

La Audiencia Provincial corrigió dos veces el criterio del magistrado de instrucción para reabrir la causa volcando sobre los autos las conclusiones de investigaciones realizadas al margen de la justicia por órganos administrativos (la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas). Pero esta segunda reapertura no es igual que la primera: esta vez los magistrados van un paso más allá y empujan la causa hacia el juicio oral. En cuanto se abra el procedimiento abreviado, el asunto pasara además a manos de otro magistrado. Ya sea un juez de lo penal o de la Audiencia Provincial, que ya se ha mostrado contundente en sus autos.

Los afectados: seis años de espera
Los afectados y sus abogados aseguran que están "esperanzados", aunque también expresan que los tiempos judiciales se encajan mal con las necesidades personales. Muchos ya suman a las espaldas seis años de incertidumbre y angustia: primero sorpresa y desconocimiento –nadie les avisó de que sus viviendas, a las que habían entrado a vivir tras esperar una lista y cumplir unas condiciones de renta, iban a ser vendidas con ellos dentro–, después incertidumbre ante las subidas reiteradas y sin control público de los precios del alquiler.

En algunos casos también desahucios por impago; o huidas anticipadas por el miedo a que sucediera; o vueltas atropelladas a casa de familiares. O, en el mejor de los casos, resistencia con ayuda económica de otros. eldiario.es pasó una tarde con un grupo de vecinas de un bloque vendido: "Si he podido seguir aquí es porque he pedido dinero a mis padres", contaba Beatriz. "Mi padre también me ha ayudado", le seguía Ana.

Lo que queda de camino judicial, dicen los abogados, estará marcado por otras dos variables: la posición del Ministerio Fiscal y la de la EMVS si se produce un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. La Fiscalía se ha mantenido hasta ahora alineada con la postura del juez de archivar el caso. Lo mismo ha pasado con otra venta paralela de viviendas públicas del IVIMA, impulsada el mismo año con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "El fiscal siempre ha estado poco proclive a la investigación del caso", sostiene Benítez de Lugo.

¿Qué pasa si hay cambio de gobierno?
Por otro lado está la EMVS. La misma empresa pública que se despatrimonializó la empresa por orden del Gobierno de Ana Botella ahora es acusación particular en el caso, pese a que, como entidad, podría ser condenada por responsabilidad civil subsidiaria. Los afectados temen que, con un probable cambio de color político del Ayuntamiento con la entrada de José Luis Martínez-Almeida, el nuevo equipo abandone la causa. Fuentes cercanas a Almeida descartan desvelar por el momento su postura a este respecto. El propio candidato del PP defendió la venta en una entrevista en La Sexta este mismo martes, en la que aseguró que desconoce si habría tomado la misma decisión pero que entendía los motivos de la venta.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha reabierto el caso partió de una denuncia de la EMVS y el Ayuntamiento de Madrid como estableció la comisión de investigación del propio Consistorio en 2017. El Tribunal de Cuentas concluyó que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia asegura que "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos).

Tanto Botella como los demás condenados han recurrido la sentencia y piden su absolución. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, también ha presentado un recurso y solicita que se multiplique por más de seis el importe de su condena contra los responsables de la venta de pisos sociales a fondos buitre: pide que se eleve el importe del perjuicio contra las cuentas públicas de 25,7 a 162,8 millones.

¿Si hay condena se revierte la venta?
El Ayuntamiento de Madrid solicitó tras la comisión de investigación que la venta se revirtiese, algo para lo que necesitaban una aprobación de la Comunidad de Madrid que lo denegó. Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas, el Consistorio estudió volver a pedir la anulación, pero fuentes de la corporación local confirman a eldiario.es que nunca se ha tramitado esa solicitud.

¿La justicia obligará a revertir el proceso y que las viviendas vuelvan a incorporarse a la cartera pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo? Es otra de las preguntas que surgen ante este proceso de desenlace incierto. Si los señalados como responsables son condenados, "la venta es una consecuencia de esos delitos", considera Benítez de Lugo, que anticipa que una condena conllevaría también la anulación de la operación.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Este escenario se complica si se tiene en cuenta que Blackstone ya ha incluido en su próximo paquete de ventas al menos 10 de los 18 bloquesque compró al Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo en 2013. "Hay terceros que de buena fe han hecho caja. El fondo compró en época de crisis para luego vender y hacer negocio", afirma Adolfo Barreda.

https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html

La mayor responsable de la venta fuera de la Justicia. Normal, en un país cuya democracia está devaludada y es franquista.

Amiguismo y pago de favores. La indecencia muy por encima de toda ética y moral. El sufrimiento de miles de familias pisoteado por toda esta mafia, auténticos depredadores.

Es una vergüenza todo lo que ocurre en este país, un escándalo como creo que nunca pudimos imaginar. Y lo peor es que nada va a cambiar, gracias a una población absolutamente atontada e ignorante que cuanto más putean, más aplaude y aguanta.

Asco es poco.
 
Amiguismo y pago de favores. La indecencia muy por encima de toda ética y moral. El sufrimiento de miles de familias pisoteado por toda esta mafia, auténticos depredadores.

Es una vergüenza todo lo que ocurre en este país, un escándalo como creo que nunca pudimos imaginar. Y lo peor es que nada va a cambiar, gracias a una población absolutamente atontada e ignorante que cuanto más putean, más aplaude y aguanta.

Asco es poco.

Pais de pandereta y democracia devaluada. Lo vemos dís sí y día también.
 


100 policías para desahuciar a una familia que se retrasó 3 días en el pago del alquiler, y poder hacer pisos turísticos. La misma semana que absuelven a Botella por la venta ilegal de viviendas públicas a fondos buitre. Hay que ver qué mal está Venezuela. https://t.co/Y63zxV5J6X
 

Rafael Cañil Bartolomé
18 de julio a las 18:47
enajenó 8.844 inmuebles (2.956 viviendas, 3.842 garajes y trasteros y 46 locales) con estas operaciones. Del total, 1.860 públicas de 18 promociones, se vendieron a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por 128.500.000 millones de euros. Otros 34 pisos (de venta libre) se vendieron a Sociedades Avellanes Inversiones y Madrid Town Inversiones S.L. por 2.072.242 millones.
 
El Pleno fuerza a Almeida a recurrir la absolución de Botella por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre
Por MDO
Lunes 29 de julio de 2019, 13:02h
El Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida tendrá que recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a Ana Botella y a su equipo por la venta de viviendas públicas de la EMVS a un fondo buitre. Así lo han forzado este lunes en el Pleno de Cibeles los votos a favor de Más Madrid y PSOE y la abstención del grupo municipal de Vox ante dos proposiciones -presentadas por los dos primeros- para instar a la Junta de Gobierno a que recurra dicha sentencia.

El Tribunal de Cuentas revocó el pasado día 17 de julio la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. Con ello, revirtió el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS.

En esta resolución, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechazaba el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estimaba las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas consideró que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo". Aludía también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".

Recursos
El concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, ha defendido en el Pleno la propuesta de su grupo, que quiere que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo por "la llamativa composición de la sala de justicia del Tribunal de Cuentas y los fundados argumentos del voto particular discrepante".

Por su parte, la socialista Mercedes González, ha solicitado que se inste a la Junta de Gobierno, como junta general de accionistas de la EMVS, a que la empresa presente recurso de casación y que mantenga su personación en el juicio oral en la Audiencia Provincial abierto contra el que fuera consejero delegado Fermín Oslé y el representante de Fidere, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social. Una personación que, según aseguró ya Almeida, se mantendrá.

Además, González ha apuntado durante su intervención que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos por esta operación avalada por la exalcaldesa Botella pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

Por último, el concejal de Vox Pedro Fernández ha puesto sobre la mesa las "irregularidades formales" que apunta la sentencia del 17 de julio, de la que desprende que "no hubo alcance de fondos y evitó la disolución de la EMVS". Desde Vox no se oponen a que se agoten los recursos judiciales, de ahí la abstención.

https://www.madridiario.es/noticia/...GVD2sPavnxtKhe7SdsKzrnz38BDyFEaH1bxKbfEpqGrh4
 
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