Juicio de los EREs en Andalucía (1 Viewer)

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Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»

La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías

Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a ABC su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?

De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.

En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?

Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.

Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.


La instructora de numerosas macrocausas es ahora magistrada de la Audiencia de Sevilla - J. M. SERRANO
Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.

Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?

Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.

Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.

El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.

¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?

Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.

El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?

No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.

Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.

Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi...ra-cursos-formacion-201805202133_noticia.html

 

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La Guardia Civil investiga quién de Empleo pagó y con qué dinero 15.000 € en prost*tutas

Clubes y cocaína, es el cóctel molotov que persigue a la Consejería de Empleo desde que estallaron los ERE en 2011. Pasado que sigue poniendo en apuros a la Junta de Susana Díaz



El pasado 22 de marzo de 2010, el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, terminaba de hacerse con el control del PSOE-A y el Gobierno que había heredado de Manuel Chaves, y anunciaba una remodelación en su gabinete. Saldría el consejero de Empleo, Antonio Fernández, a quien dos años más tarde la jueza Mercedes Alaya enviaría a prisión y que hoy está imputado por prevaricación y malversación en el caso ERE.

Ni Antonio Fernández ni los suyos se lo tomaron nada bien. Despotricaban sobre el entonces presidente. Ahí comenzaría el relato de que Griñán los ‘entregó’, al que siempre acuden aquellos responsables de Empleo a los que la Justicia ha puesto contra las cuerdas, llámense ERE o cursos de formación.

Ni Antonio Fernández ni los suyos se lo tomaron nada bien. Despotricaban sobre el entonces presidente. Ahí comenzaría el relato de que Griñán los ‘entregó’, al que siempre acuden aquellos responsables de Empleo a los que la Justicia ha puesto contra las cuerdas, llámense ERE o cursos de formación.

Esa noche de marzo de 2010 se fueron de putas, como despedida, quién sabe pensando en qué ni en quiénes. Supuestamente pagó el directivo de la extinta Fundación de Empleo (Faffe) Fernando Villén, relacionado directamente con el consejero de Empleo y proveniente también del PSOE de Cádiz. Llegó a ocupar el área de Empleo en la ejecutiva regional del PSOE andaluz en 2008.Decidió quemar la Mastercard pública que tenía para gastos de la fundación.

Versión falsa

No se fueron de parranda a un lugar cualquiera sino a un afamado puticlub de Sevilla llamado Don Angelo, muy próximo al estadio del Real Betis. El límite de la tarjeta era de 3.000 euros mensuales y se lo saltaron, según la documentación depositada en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, hasta cinco veces. Abonaron 14.737 euros en una juerga que se prolongó hasta las tres menos cuarto de la madrugada. Hay muchos cargos de entre 310 y 1.490 euros.

Se saltaron el límite de la tarjeta hasta cinco veces y abonaron 14.737 euros en una juerga que se prolongó hasta las tres de la madrugada

Al día siguiente, alguien fue y pagó para evitar que los cargos constaran en la tarjeta bancaria de la fundación. Supuestamente fue el propio Villén quien acudió a pagar. La Guardia Civil no lo da por hecho e investiga quién o con qué dinero se pagó la fiesta. ¿De su bolsillo? ¿Casi 15.000 euros? ¿Quién ha decidido destruir pruebas y hacer desaparecer los abonos de la tarjeta? Haymuchas lagunas en la versión del exdirectivo de Empleo. Él mismo, en una entrevista publicada en ‘ABC’, aseguró que no fue esa cantidad de dinero sino 538 euros y que pagó con la Mastercard de la Junta “por error”, porque como no tenía que meter el pin sino firmar un recibo, se equivocó.

Los extractos de la tarjeta, aportados por la Junta de Andalucía al juzgado el pasado 1 de junio, aunque se le requiere información desde 2016, demuestran que Villén mintió con esa versión. Alegó que tenía un tope mensual y que no pudo saltarlo. Sí lo hizo. Después contó que el local se equivocó al hacer los cargos. Nada cuadra. Dijo que habían ido de despedida de soltero, pero coincidió con el cambio de Gobierno. Sabían que se les acababa el crédito. Entendían su despido como una ‘vendetta’.

Un lustro de sobresaltos

Tampoco la Junta de Andalucía ha acertado en su versión desde el primer momento. Hay que echar la vista atrás. En 2014, la Cámara de Cuentas da la voz de alarma: 49 millones sin justificar en la Faffe. En 2016, el entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió aportando una auditoría externa la gestión de la fundación, que se extinguió en 2011. El caso ya estaba en los juzgados. Un testigo protegido, el funcionario Teodoro Montes, había relatado ante la jueza Alaya el supuesto nido de corrupción y de enchufes que había en esa fundación. La Junta habló de “deficiencias administrativas”. Ese informe de la auditoría externa se entregó a la oposición y los medios de comunicación, pero recortado: 56 de 200 páginas.

Tras salir a la luz la supuesta estafa de la formación, la Junta también abrió su propia investigación interna y comenzó a revisar expedientes de formación en septiembre de 2013. Susana Díaz ordenó parar y examinarlo todo. Aún hoy, cinco años después, no ha terminado y no hay plazo cerrado. En este tiempo, Empleo comunicó que había certificaciones de la Faffe que no iban a poder pagarse con fondos europeos porque no cumplían los requisitos exigidos. Bruselas puso el foco en 270 millones de euros y el Gobierno andaluz decidió sacar de la lupa europea los expedientes de esta fundación. Un lustro después de su liquidación, Empleo seguía dando prórrogas para que se aportaran los documentos de la fundación, que pasó al Servicio Andaluz de Empleo.

Cinco años después de su liquidación, aún hay documentación y subvenciones que no han aparecido ni se han podido aportar

La Faffe gestionó unos 300 millones de euros y pasó en ocho años de 120 empleados a 1.800. Muchos tenían lazos familiares con dirigentes del PSOE. Villén compareció en la comisión de investigación sobre políticas de empleo en el Parlamento andaluz. Lo hizo en marzo de 2016. Allí defendió la gestión de la Faffe. Explicó cómo nació en 2003 desde el Fondo de Promoción de Empleo al pasar las competencias de políticas activas de Empleo a la Junta. Defendió que en sus ocho años de existencia gestionó 300 millones de euros y más de 200 expedientes, propició 19.000 contratos laborales y atendió a 130.000 personas ocupadas.

La familia de Villén

También justificó que su mujer, su hermano, una hermana de su mujer y su sobrino trabajaran en la fundación. Todos menos su sobrino, explicó, venían del Fondo de Promoción de Empleo del Ministerio de Trabajo. En la Faffe se entraba dejando un currículo y pasando una entrevista. Fácil. Cuando se extinguió, había 1.300 trabajadores y solo 211 eran plantilla, pero dio igual, todos se subrogaron y pasaron al Servicio Andaluz de Empleo. Él no. A Villénlo cesaron en agosto de 2011. Explicó que durante unos meses trabajó en una empresa catalana, cuatro o cinco meses, y después cobró dos años de paro. En el momento de comparecer estaba intentando “montar alguna empresita”, pero “no iba muy bien”. A él lo mandaron a su casa y estaba, dijo, “bastante fastidiado”.

Durante años, la Faffe, según este directivo, fue auditada por empresas externas como Deloitte. Es la Cámara de Cuentas la primera que alertó de irregularidades. O al menos públicamente. Había 38,8 millones de euros que habían desaparecido y 366 cursos no ejecutados solo en 2010. La liquidación de la empresa aún estaba realizándose mientras el Parlamento investigaba.

Los investigadores advierten de que aún no ha salido todo y que muchas versiones no cuadran

Este martes había dos piezas sobre la Faffe en los juzgados. Una relativa al contrato ganado por el exconsejero Ángel Ojeda para dar los cursos a los parados de Delphi. Lo que decidieron el exconsejero Antonio Fernández y el propio Villén. La Policía ha puesto ahí el foco. La Guardia Civil sigue rastreando qué pasaba en esa fundación. Los investigadores advierten de que aún no ha salido todo y que muchas versiones no cuadran.

“Simplemente, pedir encarecidamente a la Junta, tanto a la Consejería de Empleo como al Servicio Andaluz de Empleo, que pueden aclarar la situación de la fundación, que lo hagan a la mayor celeridad posible”, dijo Villén al despedirse en el Parlamento hace dos años. “Y no quiero olvidarme de dar un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y compañeras de la fundación, que están pasando por momentos muy complicados y muy difíciles. Un abrazo para todos ellos y para todas ellas. Gracias”. Aún no se sabe con quiénes acudió al Don Angelo.

Los pasos de la Junta

El actual Gobierno andaluz de Susana Díaz ha celebrado cada archivo de una causa sobre los cursos de formación. Ha instado a pedir perdón a quienes acusaron. Se han archivado piezas que en su día ocasionaron decenas de detenciones de ex altos cargos. Anticorrupción no vio indicios de prevaricación. La jueza Alaya trató sin éxito de vincular a la Faffe con una financiación ilegal del PSOE. Nunca encontró hilos de los que tirar.

El PP destapó el uso de tarjetas bancarias por los directivos de la fundación. El actual consejero de Empleo, Javier Carnero, compareció inmediatamente y quitó crédito a la información. Fue el 8 de mayo y habló de que se habían cargado 1.563 euros en tres años, 2008, 2009 y 2010.

El 12 de junio volvió a comparecer en el Parlamento andaluz y ahí no se dieron datos. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, desveló este martes que ya entonces sabían que se había usado la tarjeta para pagar 14.737 euros en un puticlub. No lo dijeron ni lo hicieron público. Entregaron al juzgado lo que había pedido, los movimientos de esa tarjeta. Los gastos no figuraban en el extracto porque se anularon y pagaron esos cargos.

El juzgado tiene toda la contabilidad de la Faffe, remitida por la Junta, desde 2015. Las cuentas de 2003 a 2011 son más de tres millones de registros. Los sepultaron en papeles. El 21 de julio de 2016 se decidió facilitar el manejo de esa ingente documentación y se brindó a la Guardia Civil un ordenador y un módem para facilitar el acceso, según apunta el propio Gobierno andaluz.

El Gobierno defiende su total colaboración con la Justicia. El 28 de marzo de 2018 recibió la petición del juzgado para que se facilitaran “el operativo de pagos con tarjeta y los ingresos contables en efectivo”. El 1 de junio se remitieron. El uso de la Mastercard en el club de alterne que descubrieron y no contaron hasta que lo hizo público el PP es, según el portavoz Juan Carlos Blanco, “lamentable, intolerable y patético”.

La recuperación del dinero concedido supuestamente de forma irregular en los ERE o los cursos de formación en Andalucía avanza a paso de tortuga. El Gobierno de Susana Díaz, a 1 de julio, había recobrado 20,7 millones de euros de ambos casos judiciales, menos del 10% de la suma que se reclama. La Junta de Andalucía pide 284,3 millones. Se han recobrado 14,1 millones, el 9,3%, de los 149 que se reclaman tras la revisión de 6.501 expedientes de los cursos subvencionados desde 2007 a 2011. Aún quedan por revisar otros 2.004 informes y la cantidad puede subir.

En los ERE, la Junta ha recuperado 6,7 millones, apenas un 5% de los 135,3 millones de euros reclamados.

https://www.elconfidencial.com/espa...soe-caso-ere-grinan-chaves-andalucia_1590913/


 
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Los peritos del Estado acusan al Gobierno andaluz de la elaboración «fraudulenta» del presupuesto en los ERE

El experto propuesto por Magdalena Álvarez, en cambio, niega que la Junta engañara al Parlamento con el envío de un proyecto de cuentas ilegal



Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han afirmado este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que hubo un «fraude» en la elaboración de los proyectos de presupuestos de la Junta de Andalucía que recogían anualmente las partidas para financiar ayudas a empresas en crisis y pólizas de prejubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

La responsable de este supuesto «fraude» fue nada menos que la cúpula de la Junta de Andalucía, representada por el máximo órgano ejecutivo, el Consejo de Gobierno, que aprobaba los proyectos que luego remitía al Parlamento andaluz para su validación como ley, según ha señalado Ángel Turrión Macías, autor junto con otros cuatro interventores de los 275 informes solicitados por el juzgado para analizar las irregularidades en la macrocausa de los ERE.

Turrión ilustra al tribunal en esta materia, junto con otros ocho peritos, en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por el reparto de 855 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2011.

«Nunca hemos ninguneado al Parlamento de Andalucía. Nunca dijimos que la ley fuera errónea y fraudulenta, en ningún caso. Hemos dicho que el presupuesto de la Consejería de Empleo y del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego denominado IDEA- fue elaborado fraudulentamente», ha aclarado con vehemencia Turrión en este proceso judicial donde está acompañado por otros tres interventores del Estado que suscriben sus palabras.

Su respuesta iba dirigida a Juan Ramallo, que elaboró un contrainforme de parte encargado por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. Este experto criticó que los peritos del Estado estén preparando el terreno para «hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprueba una ley errónea, fraudulenta o ilegal, lo que da en el corazón del sistema democrático» al plantear la «inutilidad del Parlamento».

Al hilo de esta afirmación, el interventor del Estado, con 40 años de experiencia en el control interno de la administración estatal, detalló que este supuesto fraude tiene su origen en el uso de un mecanismo de presupuestación, las transferencias de financiación, que nunca debió utilizarse para pagar subvenciones. Hay que recordar que la Consejería de Empleo daba las ayudas pero encargaba el pago a un ente externo, la agencia IFA/IDEA, lo que impedía controlar el destino del dinero, a juicio de los peritos y las acusaciones.

Turrión ha argumentado que las transferencias de financiación «debían ser destinadas de manera exclusiva a cubrir las pérdidas» del ente IFA/IDEA pero no al pago de subvenciones. De ser aplicado de forma distinta, como de hecho se aplicó, «debe ser reintegrado» a la Tesorería de la Junta de Andalucía porque sería nulo de pleno derecho.

El perito del Estado señaló que nunca han sostenido que la ley de presupuestos fuera errónea o fraulenta. «Lo que sí hemos dicho textualmente es que el Parlamento fue inducido a error. ¿Por quién? Por la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque el presupuesto estaba fraudulentamente elaborado», ha sentenciado ante el tribunal. Sobre el significado de la palabra «fraude» se ha remitido al Diccionario de la Real Academia de la Lengua en el sentido que ésta le da como algo «engañoso o falaz».

Juan Ramallo lamentó que, a su juicio, los peritos de la IGAE emitan argumentos que siembren cierta «confusión» o incertidumbrepara, a su juicio, hacer creer que «en el Parlamento no se enteraron» de lo que aprobaban cuando dieron el visto bueno a las cuentas remitidas como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno.

Por su parte, Juan Zornoza, que emitió el contrainforme de parte a propuesta de la defensa del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha insistido, al igual que en la sesión anterior, en que la Consejería de Hacienda no tiene una capacidad decisoria en la elaboración del presupuesto, al contrario de lo que mantienen los peritos de la IGAE sino que es el Parlamento el que tiene «la única decisión real sobre cuánto se autoriza a gastar, a quién y para qué», mientras que el control del gasto reside en el interventor general de la Junta de Andalucía. «En la fase de presupuestación, el director general de presupuestos pinta muy poco, por no decir que no pinta nada», ha indicado.

Otro perito de parte, Juan Antonio Carrillo, que elaboró informes a propuesta de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, calificó de «sofisma» lo dicho por el perito del Estado acerca del Parlamento porque «parte de una afirmación falaz». «El Parlamento jamás ha sostenido lo que dice el señor Turrión, que las transferencias siempre se destinan a las pérdidas» de los entes públicos.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...dulenta-presupuesto-201809121311_noticia.html
 
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Otras consejerías de la Junta de Andalucía repartieron más de 3.500 millones con el «método ERE»
La juez Pilar Ordóñez da un plazo de 45 días al Gobierno andaluz para remitirle todas las transferencias a la agencia IDEA durante doce años


Sede de la Agencia IDEA, investigada por la juez Pilar Ordóñez

La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha impulsado una causa penal por supuesta corrupción en la Junta de Andalucía con una dimensión económica que puede dejar cortas las cifras manejadas en el caso ERE (855 millones de euros). La magistrada analiza si otras consejerías del Gobierno socialista utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a la agencia IFA/IDEA y eludir los controles administrativos a la hora de gastar.

¿En qué consistía el «método ERE»? La Consejería de Empleo enviaba al citado ente público los fondos, mediante el discutido mecanismo de las denominadas transferencias de financiación, que sirvieron para pagar ayudas a prejubilados y empresas en crisis. Este método carecía de las más elementales exigencias de vigilancia y publicidad para repartir subvenciones e impedía a los interventores de la Junta fiscalizarlas.

El radio de acción de la nueva investigación judicial, que ha irrumpido en la precampaña de las elecciones andaluzas, superaría los 3.500 millones de euros.

En una providencia, que ha adelantado ABC, la instructora da un plazo máximo de 45 días a la Consejería de Economía y Hacienda para que le remita la certificación de «todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas Consejerías de la Junta a IFA-IDEA, desglosadas por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, con indicación del centro directivo al que corresponden, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive».

Se trata de averiguar si el sistema fraudulento de los ERE era endémico y estructural dentro de la Junta
La juez solicita también a la Consejería «los calendarios de pagos aprobados por la Dirección General de Tesorería de cada una de ellas y los documentos acreditativos de las transferencias realizadas al IFA-IDEA».

Estas pesquisas forman parte del Caso Transferencias de Financiación, una investigación que llevaba dos años paralizada y que ha cogido impulso bajo la batuta de Ordóñez.Esta juez sustituye a María Núñez Bolaños, apartada temporalmente del caso mientras se resuelve la recusación planteada por los letrados del PP andaluz, que denunciaron que María Guija Villa, cuñada de Núñez, es técnica del Área de Control y Seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA e interviene en la gestión de fondos públicos que maneja la agencia, «incluidas las transferencias de financiación». Esgrimen que Núñez puede ser juez y parte.

En la citada resolución —firmada el 1 de octubre aunque se conoció ayer—, Ordóñez da otro plazo de 45 días a IDEA para enviarle el organigrama de todo el personal adscrito al departamento donde trabajaba la cuñada de la anterior instructora del caso, y el personal de la Unidad de Control Interno de la agencia entre los años 2000 y 2011, especificando los puestos y funciones de cada uno.

Acuerdos del Consejo de Gobierno
El trabajo se le acumula al Gobierno andaluz. La magistrada solicita a la agencia IDEA que en un mes «elabore y remita a este juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias», salvo los programas 22E y 31L que ya se investigan en el caso ERE. Reclama, además, todos los expedientes de gastos/pagos tramitados, las resoluciones de los órganos rectores de IFA-IDEA e incluso los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno. La juez designa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar los hechos.

Pilar Ordóñez reclama el organigrama del departamento donde trabajaba la cuñada de la juez María Núñez
El «método ERE» generó una «zona de sombra» que impedía conocer cuál era el destino final del dinero. El juez que instruyó la rama política del caso ERE sentó en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 20 ex altos cargos más de sus gobiernos, acusados de diseñar y mantener durante diez años un método estructurado desde el poder andaluz que habría propiciado la adjudicación irregular de ayudas por afinidad política, el cobro de comisiones por intermediarios y la inclusión de intrusos en ERE que recibieron ayudas a la prejubilación sin haber trabajado en las empresas afectadas.

Según los datos obtenidos por los letrados del PP andaluz (acusación popular en la causa) a través de las cuentas generales de la Junta, el importe total de las transferencias corrientes y de capital que han servido para financiar la agencia IFA/IDEA mediante distintos programas presupuestarios asciende a 4.315,5 millones de euros entre 2001 y 2010. La cuantía incluye los 855 millones que se endosaron a los programas 22E y 31L que nutrieron el fondo de los ERE.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...500-millones-metodo-201810162223_noticia.html
 

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Eximen al exdirector de Trabajo de Andalucía a devolver casi 800.000 euros de dos ayudas de los ERE por estar prescritas.



https://www.europapress.es/andaluci...2za8XrAIvjRxi0zkloAu30Stb_mv9zwL-YLX_bAZhU9AY

¿Quien ha dejado prescribir esas actuaciones?

Ah, vale estamos en un país con una Justicia entredicho, mejor dicho, estamos en un país con una democracia devaluada.

Si hubieran sido otros los actores no dejan prescribir ni de coña. Esto me suena a la prescripción de los asuntos de los hermanos de la ex ministra Fatima Bañez. Igualico, igualico.

http://www.rtve.es/noticias/2013093...arios-entre-ellos-hermanos-banez/753823.shtml
 

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El jefe de Anticorrupción denuncia a la juez del 'caso ERE' por el retraso "injustificado" en beneficio de los investigados
El fiscal Alejandro Luzón acusa a la magistrada Núñez Bolaños de una falta "grave o muy grave" por favorecer que "la acción penal no alcance sus objetivos"
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/03/5d1cee1efdddff924c8b45a5.html


Otra vez de baja la juez del 'caso ERE' denunciada por "paralizar" los casos de corrupción del PSOE
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/09/03/5d6e8430fdddffddbc8b45ef.html
 
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CARTA ABIERTA DE UNA PERSONA JUBILADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.
Todo lo que veis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.
Levantamos un país que venía de una dictadura.
Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.
Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas. eran las hijas e hijos los que tiraban del carro.
Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.
Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades.Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera solo vuestra.
Llevasteis a nuestros hijos e hijas a una crisis económica, que nosotras hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.
No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.
Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.
Señoras t señores Diputados Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas.
Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias, sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones.
Reduzcan gastos empezando por Uds.
No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda electoral.
No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.
No nos hace ninguna gracia ver que tono de agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates............................................
Somos una generación de personas luchadoras, no van a poder callarnos la boca.
Sería tremendo que tengamos que ser nosotros de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.
Demuestren todos con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente a estas alturas de la vida.
Anónimo.
 
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El jefe de Anticorrupción denuncia a la juez del 'caso ERE' por el retraso "injustificado" en beneficio de los investigados
El fiscal Alejandro Luzón acusa a la magistrada Núñez Bolaños de una falta "grave o muy grave" por favorecer que "la acción penal no alcance sus objetivos"
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/03/5d1cee1efdddff924c8b45a5.html


Otra vez de baja la juez del 'caso ERE' denunciada por "paralizar" los casos de corrupción del PSOE
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/09/03/5d6e8430fdddffddbc8b45ef.html
es vergonzoso
 
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Cuarto “retraso electoral” de la sentencia de los ERE por el 10-N
La resolución, prevista inicialmente para el pasado sábado, no se espera hasta después de la cita electoral

Elecciones andaluzas de 2 de diciembre de 2018; generales de 28 de abril; comicios municipales, autonómicos y europeos de mayo de 2019 y ahora está la cita con las urnas para el próximo 10 de noviembre. Cuatro citas electorales que la sentencia de los ERE ha visto cómo se sucedían sin que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla hayan dictado la correspondiente sentencia desde que el 17 de diciembre del pasado año el presidente del Tribunal, Juan Antonio Calle, pronunciaba la conocida frase de «visto para sentencia». Han transcurrido ya desde entonces más de diez meses y existen no pocas posibilidades de que se acerque a los once.

Una resolución que, en principio, se esperaba antes del pasado sábado, día 26. Esa era, al menos, la previsión que manejaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, cuando el 11 de septiembre anunciaba que la sentencia se encontraba ya en su "recta fial" que esperaba que "esté en esa fecha", en referencia al 16 de octubre. Estas consideraciones las realizó el presidente del TSJ andaluz antes de que se conociese que habría una nueva convocatoria electoral.

Sin embargo, las previsiones han vuelto a fallar una vez más y la decisión respecto al juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una causa considerada la mayor de corrupción política y donde, presuntamente, se desviaron 714 millones de euros que estaban destinados a ayudas sociolaborales y que tuvieron unos destinos muy distintos; y ello, según las acusaciones, sin respetar la normativa vigentes y haciendo caso omiso a las advertencias de la Intervención General y para mantener una «red clientelar» que, en última instancia beneficiaba al Partido Socialista.

En estos momentos, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, todo hace indicar que la sentencia se postergará hasta después de las elecciones generales del próximo día 10, así lo daban por hecho ayer tanto fuentes de las defensas de los altos cargos, como del lado de las acusaciones, que apuntaban a este periódico que será “una sentencia más extensa que la del Procés y compleja”. No es nada probable que se haga pública una resolución como esa, con la trascendencia política que puede tener y que afectaría al PSOE, sobre todo si es condenatoria, cuando falten muy pocos días para las nuevas elecciones generales. Fuentes próximas al TSJ de Andalucía confirmaron que, de hecho, en estos momentos, no hay previsión sobre cuándo se puede notificar la tan esperada resolución

La enfermedad del ponente de la sentencia y el no interferir en los procesos electorales es, según fuentes jurídicas, otro de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar las causas de esta larga espera. De hecho, Calle ha solicitado una nueva prórroga para rematar el trabajo y la Sala de Gobierno del TSJA lo debatirá en una reunión que celebrará el próximo martes. Fuentes judiciales apuntan a que es “bastante probable” que se la concedan dadas “las especiales circunstancias que rodean a esta sentencia”, que será determinante en las centenares de piezas restantes en las que se dividió el “macroproceso” de los ERE.

En este procedimiento se imputaba un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación; si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por el primero de ellos, como Manuel Chaves, quien se enfrenta a diez años de inhabilitación. Las solicitudes de pena de cárcel fueron desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. Así, la Fiscalía solicitó seis años de prisión para, entre otros, el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, mientras que elevaba a ocho años de cárcel para los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández, así para como los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. En total, se celebraron 127 sesiones de juicio y declararon 120 testigos y nueve peritos.

Pero, además, habrá hay que tener en cuenta también que ese fallo no pondrá punto y final a este caso, pues bien los procesados o bien las acusaciones recurrirán posteriormente al Tribunal Supremo, con lo que tampoco la decisión final llegará antes del tercer trimestre del próximo año, si nos situamos en el mejor de los escenarios posibles.

Con estos diez meses desde que acabó el juicio, el caso de los ERE es el segundo de los relacionados con la corrupción que más tiempo habrá tardado en sentenciarse. Sólo el «caso Malaya», en el que había 95 acusados –frente a los 21 de esta causa- tardó más en que el Tribunal hiciera público su fallo: 14 meses y tres días; mientras que la «Gürtel», que tenía 37 acusados y afectó al PP y provocó con su redacción la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy, fue sentenciada por la Audiencia Nacional en seis meses y ocho días: o el «caso Nóos», donde el tribunal dictó su fallo 7 meses y 26 días después de la finalización del juicio.

También contrasta, por ejemplo, con juicio seguido en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes, en el “caso del procés”. Una causa también compleja, con una sentencia de prácticamente 500 folios, y que tardó cuatro cuatro meses y dos días en que la Sala diese a conocer su veredicto.

Todo hace indicar, por tanto, que habrá que esperar hasta después del 10-N para que se conozca el fallo de los magistrados Juan Antonio Calle, presidente, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

https://www.larazon.es/espana/cuart...a-sentencia-de-los-ere-por-el-10-n-AG25450066
 
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La juez que investiga la corrupción de los ERE, María Núñez Bolaños, plagió su tesis doctoral

La magistrada de Sevilla se doctoró en 2017 con un trabajo en el que copia artículos de otros jueces y fiscales, sentencias y hasta el BOE

Plagió artículos de jueces y fiscales; plagió argumentos de sentencias; plagió textos oficiales, incluso del BOE, y plagió a profesores universitarios. La juez María Núñez Bolaños se une a la larga lista de servidores públicos que han obtenido un doctorado irregular. Su tesis no pasa el más mínimo de los cortes de la exigencia académica, ni en el fondo ni en la forma, para obtener el mayor grado universitario, el título de doctora.

Así lo demuestra el análisis que ABC ha realizado de la tesis doctoral que el 24 de julio de 2017 leyó la instructora del caso ERE y de otras macrocausas de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía. La tesis defendida en la universidad sevillana Pablo de Olavide lleva por título «La mediación intrajudicial como mecanismo para alcanzar una solución jurídica de calidad; en particular, contra la recidiva del conflicto a través de la modificación de medidas y los procesos de ejecución judicial por incumplimiento de la sentencia».



El cuerpo de la tesis apenas tiene 135 páginas que son, en una gran parte, plagios evidentes. El resto de la tesis, hasta sumar un total de 257 páginas, es un relleno de anexos en formas de autos, providencias y datos estadísticos del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla, que dirigió durante diez años, antes de sustituir a Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015. Núñez se sacó el doctorado mientras instruía el caso ERE y se acumulaban las demoras, exclusiones de ex altos cargos, archivos, algunos de ellos por prescripción de los delitos.

La juez Núñez Bolaños plagió artículos y ponencias de colegas suyos, como el juez de Familia de Málaga José Luis Utrera Gutiérrez. Copia de varios artículos de este magistrado, pero especialmente de una ponencia que estaba subida en abierto a distintos servidores de internet desde al menos enero de 2015, dos años y medio antes de la lectura de su tesis.

Es el documento titulado «La mediación familiar», un artículo de 18 páginas que la juez fusiló diseminándolo en distintas partes de sus tesis. Son párrafos enteros, calcados, con las reflexiones y experiencias del juez de Familia que va copiando y pegando sin cita alguna, como si fuera de cosecha propia. No cita el artículo ni cuando lo plagia ni en ningún otro lugar de la tesis. El juez Utrera aparece una vez, pero por un procedimiento que se llevó en su juzgado y que Núñez Bolaños comenta.





La juez hace un puzzle intercalando otros materiales igualmente plagiados, como el artículo «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia», que los fiscales de Jaén Cristóbal Francisco Fábrega y Mercedes Heredia publicaron en 2010 en «Bajo Estrados», la revista del Colegio de Abogados de Jaén. La instructora de los ERE plagia este texto en las páginas 25 y 26 de su tesis.

Otros plagios que comete la doctora Núñez son aún más llamativos, pues se apropia de los razonamientos jurídicos de sentencias dictadas por otros jueces. En vez de entrecomillar y citar la parte que le interesa, se limita a copiar y pegar párrafos enteros como si fueran sus propias palabras sobre el hecho juzgado. Es el caso de la sentencia 502/2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Javier Orduña. Núñez Bolaños hace suyas hasta las apreciaciones del ponente, del tipo «como acertadamente valora la sentencia de primera instancia” u “obsérvese, como se ha señalado, que el curso negocial...».



De hecho –y aquí hay un paralelismo claro con la tesis plagiada de Pedro Sánchez–, hay decenas de páginas en las que si hubiera cumplido con la normativa académica de entrecomillar textos ajenos, toda habrían sido comillas, pues el material propio brilla por su ausencia.

Los plagios, como los de Sánchez, se hacen extensivos al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la página 77 de la tesis, la juez comenta la Ley 1/2001 de mediación familiar de Cataluña. Eso parece, pero en realidad es un corta y pega del preámbulo de la ley como se publicó en el BOE. Suele hacer lo mismo con otras normas legales. Parecen textos suyos, porque no hay citas ni comillas, comentarios sobre esas leyes, pero en realidad son un reguero de textos legales copiados y pegados. El pasado viernes, ABC intentó recabar la versión de la juez sobre su tesis doctoral a través de su juzgado pero no recibió respuesta.

La juez, investigada y de baja

La juez, que se encuentra de baja médica desde el 3 de septiembre pasado, está siendo investigada por una delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la denuncia que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En un ilustrativo informe firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, detallan «abrumadoras muestras de conductas irregulares» en sus instrucciones y una «inequívoca actuación dilatoria» que consideran como una falta «grave» o «muy grave». La instructora se enfrenta a sanciones van desde los 501 euros hasta el traslado a otro juzgado o su separación de la carrera judicial.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...agio-tesis-doctoral-201910270318_noticia.html

 

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