Juicio de los EREs en Andalucía (1 Viewer)

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La juez que investiga la corrupción de los ERE, María Núñez Bolaños, plagió su tesis doctoral

La magistrada de Sevilla se doctoró en 2017 con un trabajo en el que copia artículos de otros jueces y fiscales, sentencias y hasta el BOE

Plagió artículos de jueces y fiscales; plagió argumentos de sentencias; plagió textos oficiales, incluso del BOE, y plagió a profesores universitarios. La juez María Núñez Bolaños se une a la larga lista de servidores públicos que han obtenido un doctorado irregular. Su tesis no pasa el más mínimo de los cortes de la exigencia académica, ni en el fondo ni en la forma, para obtener el mayor grado universitario, el título de doctora.

Así lo demuestra el análisis que ABC ha realizado de la tesis doctoral que el 24 de julio de 2017 leyó la instructora del caso ERE y de otras macrocausas de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía. La tesis defendida en la universidad sevillana Pablo de Olavide lleva por título «La mediación intrajudicial como mecanismo para alcanzar una solución jurídica de calidad; en particular, contra la recidiva del conflicto a través de la modificación de medidas y los procesos de ejecución judicial por incumplimiento de la sentencia».



El cuerpo de la tesis apenas tiene 135 páginas que son, en una gran parte, plagios evidentes. El resto de la tesis, hasta sumar un total de 257 páginas, es un relleno de anexos en formas de autos, providencias y datos estadísticos del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla, que dirigió durante diez años, antes de sustituir a Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015. Núñez se sacó el doctorado mientras instruía el caso ERE y se acumulaban las demoras, exclusiones de ex altos cargos, archivos, algunos de ellos por prescripción de los delitos.

La juez Núñez Bolaños plagió artículos y ponencias de colegas suyos, como el juez de Familia de Málaga José Luis Utrera Gutiérrez. Copia de varios artículos de este magistrado, pero especialmente de una ponencia que estaba subida en abierto a distintos servidores de internet desde al menos enero de 2015, dos años y medio antes de la lectura de su tesis.

Es el documento titulado «La mediación familiar», un artículo de 18 páginas que la juez fusiló diseminándolo en distintas partes de sus tesis. Son párrafos enteros, calcados, con las reflexiones y experiencias del juez de Familia que va copiando y pegando sin cita alguna, como si fuera de cosecha propia. No cita el artículo ni cuando lo plagia ni en ningún otro lugar de la tesis. El juez Utrera aparece una vez, pero por un procedimiento que se llevó en su juzgado y que Núñez Bolaños comenta.





La juez hace un puzzle intercalando otros materiales igualmente plagiados, como el artículo «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia», que los fiscales de Jaén Cristóbal Francisco Fábrega y Mercedes Heredia publicaron en 2010 en «Bajo Estrados», la revista del Colegio de Abogados de Jaén. La instructora de los ERE plagia este texto en las páginas 25 y 26 de su tesis.

Otros plagios que comete la doctora Núñez son aún más llamativos, pues se apropia de los razonamientos jurídicos de sentencias dictadas por otros jueces. En vez de entrecomillar y citar la parte que le interesa, se limita a copiar y pegar párrafos enteros como si fueran sus propias palabras sobre el hecho juzgado. Es el caso de la sentencia 502/2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Javier Orduña. Núñez Bolaños hace suyas hasta las apreciaciones del ponente, del tipo «como acertadamente valora la sentencia de primera instancia” u “obsérvese, como se ha señalado, que el curso negocial...».



De hecho –y aquí hay un paralelismo claro con la tesis plagiada de Pedro Sánchez–, hay decenas de páginas en las que si hubiera cumplido con la normativa académica de entrecomillar textos ajenos, toda habrían sido comillas, pues el material propio brilla por su ausencia.

Los plagios, como los de Sánchez, se hacen extensivos al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la página 77 de la tesis, la juez comenta la Ley 1/2001 de mediación familiar de Cataluña. Eso parece, pero en realidad es un corta y pega del preámbulo de la ley como se publicó en el BOE. Suele hacer lo mismo con otras normas legales. Parecen textos suyos, porque no hay citas ni comillas, comentarios sobre esas leyes, pero en realidad son un reguero de textos legales copiados y pegados. El pasado viernes, ABC intentó recabar la versión de la juez sobre su tesis doctoral a través de su juzgado pero no recibió respuesta.

La juez, investigada y de baja

La juez, que se encuentra de baja médica desde el 3 de septiembre pasado, está siendo investigada por una delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la denuncia que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En un ilustrativo informe firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, detallan «abrumadoras muestras de conductas irregulares» en sus instrucciones y una «inequívoca actuación dilatoria» que consideran como una falta «grave» o «muy grave». La instructora se enfrenta a sanciones van desde los 501 euros hasta el traslado a otro juzgado o su separación de la carrera judicial.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...agio-tesis-doctoral-201910270318_noticia.html
Arribistas...Dios los cría y ellos se juntan...
 

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La juez que investiga la corrupción de los ERE, María Núñez Bolaños, plagió su tesis doctoral

La magistrada de Sevilla se doctoró en 2017 con un trabajo en el que copia artículos de otros jueces y fiscales, sentencias y hasta el BOE

Plagió artículos de jueces y fiscales; plagió argumentos de sentencias; plagió textos oficiales, incluso del BOE, y plagió a profesores universitarios. La juez María Núñez Bolaños se une a la larga lista de servidores públicos que han obtenido un doctorado irregular. Su tesis no pasa el más mínimo de los cortes de la exigencia académica, ni en el fondo ni en la forma, para obtener el mayor grado universitario, el título de doctora.

Así lo demuestra el análisis que ABC ha realizado de la tesis doctoral que el 24 de julio de 2017 leyó la instructora del caso ERE y de otras macrocausas de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía. La tesis defendida en la universidad sevillana Pablo de Olavide lleva por título «La mediación intrajudicial como mecanismo para alcanzar una solución jurídica de calidad; en particular, contra la recidiva del conflicto a través de la modificación de medidas y los procesos de ejecución judicial por incumplimiento de la sentencia».



El cuerpo de la tesis apenas tiene 135 páginas que son, en una gran parte, plagios evidentes. El resto de la tesis, hasta sumar un total de 257 páginas, es un relleno de anexos en formas de autos, providencias y datos estadísticos del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla, que dirigió durante diez años, antes de sustituir a Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015. Núñez se sacó el doctorado mientras instruía el caso ERE y se acumulaban las demoras, exclusiones de ex altos cargos, archivos, algunos de ellos por prescripción de los delitos.

La juez Núñez Bolaños plagió artículos y ponencias de colegas suyos, como el juez de Familia de Málaga José Luis Utrera Gutiérrez. Copia de varios artículos de este magistrado, pero especialmente de una ponencia que estaba subida en abierto a distintos servidores de internet desde al menos enero de 2015, dos años y medio antes de la lectura de su tesis.

Es el documento titulado «La mediación familiar», un artículo de 18 páginas que la juez fusiló diseminándolo en distintas partes de sus tesis. Son párrafos enteros, calcados, con las reflexiones y experiencias del juez de Familia que va copiando y pegando sin cita alguna, como si fuera de cosecha propia. No cita el artículo ni cuando lo plagia ni en ningún otro lugar de la tesis. El juez Utrera aparece una vez, pero por un procedimiento que se llevó en su juzgado y que Núñez Bolaños comenta.





La juez hace un puzzle intercalando otros materiales igualmente plagiados, como el artículo «La mediación intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia», que los fiscales de Jaén Cristóbal Francisco Fábrega y Mercedes Heredia publicaron en 2010 en «Bajo Estrados», la revista del Colegio de Abogados de Jaén. La instructora de los ERE plagia este texto en las páginas 25 y 26 de su tesis.

Otros plagios que comete la doctora Núñez son aún más llamativos, pues se apropia de los razonamientos jurídicos de sentencias dictadas por otros jueces. En vez de entrecomillar y citar la parte que le interesa, se limita a copiar y pegar párrafos enteros como si fueran sus propias palabras sobre el hecho juzgado. Es el caso de la sentencia 502/2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Javier Orduña. Núñez Bolaños hace suyas hasta las apreciaciones del ponente, del tipo «como acertadamente valora la sentencia de primera instancia” u “obsérvese, como se ha señalado, que el curso negocial...».



De hecho –y aquí hay un paralelismo claro con la tesis plagiada de Pedro Sánchez–, hay decenas de páginas en las que si hubiera cumplido con la normativa académica de entrecomillar textos ajenos, toda habrían sido comillas, pues el material propio brilla por su ausencia.

Los plagios, como los de Sánchez, se hacen extensivos al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la página 77 de la tesis, la juez comenta la Ley 1/2001 de mediación familiar de Cataluña. Eso parece, pero en realidad es un corta y pega del preámbulo de la ley como se publicó en el BOE. Suele hacer lo mismo con otras normas legales. Parecen textos suyos, porque no hay citas ni comillas, comentarios sobre esas leyes, pero en realidad son un reguero de textos legales copiados y pegados. El pasado viernes, ABC intentó recabar la versión de la juez sobre su tesis doctoral a través de su juzgado pero no recibió respuesta.

La juez, investigada y de baja

La juez, que se encuentra de baja médica desde el 3 de septiembre pasado, está siendo investigada por una delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la denuncia que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En un ilustrativo informe firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, detallan «abrumadoras muestras de conductas irregulares» en sus instrucciones y una «inequívoca actuación dilatoria» que consideran como una falta «grave» o «muy grave». La instructora se enfrenta a sanciones van desde los 501 euros hasta el traslado a otro juzgado o su separación de la carrera judicial.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...agio-tesis-doctoral-201910270318_noticia.html
Corrupta ella...y prevaricador el tribunal Psociolisto que evaluó su tesis... Una corrupta investigando la corrupción.
 
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Lo pongo aquí pero igual vale para el PP y demases



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Nueve expresidentes de las cuatro autonomías más pobladas están imputados o pendientes de sentencia


La corrupción zarandea a las grandes comunidades

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Jordi Pujol Soley, Jordi Pujol Ferrusola, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Francisco Camps y José Luis Olivas.


De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Jordi Pujol Soley, Jordi Pujol Ferrusola, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Francisco Camps y José Luis Olivas. EL PAÍS
JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid 14 NOV 2019 - 07:50 CET
Con España pendiente de una solución al grave bloqueo institucional, los procesos por corrupción regresan a la agenda política en plena negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional sufre un engorroso colapso por las investigaciones de tramas corruptas que se eternizan entre comisiones rogatorias, recusaciones, reformas y apelaciones. Algunos casos llevan instruyéndose más de diez años y aún no hay fecha para la celebración del juicio oral. Hay procesos abiertos a políticos relevantes que hace más de 15 años dejaron de ejercer responsabilidades públicas. En las próximas semanas, algunos de esos procesos volverán a agitar la batalla política.

Nueve expresidentes de las cuatro autonomías más pobladas de España —Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana— están imputados, procesados o pendientes de sentencia por delitos de corrupción cometidos entre 1995 y 2015. Decenas de empresas privadas están involucradas en el pago nunca declarado de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos millonarios.
Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y ya juzgados, conocerán dentro de cinco días la sentencia por el supuesto fraude de los ERE en la Junta de Andalucía: la concesión entre 2000 y 2010 de al menos 741 millones de euros a casi un centenar de empresas para financiar las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores que se quedaron en paro.
El fiscal pide seis años de cárcel a Griñán por malversación, y la inhabilitación de Chaves por prevaricación. El caso ERE se ha convertido en el símbolo principal de la corrupción socialista que denuncia el PP desde que estalló este escándalo.
El lucro de la familia Pujol
El expresidente catalán Jordi Pujol, algunos de sus hijos, y parte del Gobierno de Artur Mas, siguen investigados por corrupción en la Audiencia Nacional con múltiples pruebas del cobro de comisiones ilegales que pagaron durante más de una década contratistas de la Generalitat de Cataluña para enriquecimiento de la familia Pujol o del partido Convergencia i Unió. La investigación judicial se prolongará hasta 2021 antes de que se abra juicio oral.
Francisco Camps ha sido procesado por corrupción y se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel por tráfico de influencias y fraude a la administración pública. Más de la mitad de su Gobierno ha sido condenado o está imputado en otras causas por delitos similares.
El expresidente Eduardo Zaplana llegó a pasar ocho meses en prisión por un caso de corrupción conocido ahora de su etapa al frente de la Comunidad Valenciana (1995-2002).
José Luis Olivas, expresidente valenciano entre 2002 y 2003 también está imputado y procesado en varios procesos vinculados a sus responsabilidades en Bancaja, Banco de Valencia y Bankia.
Financiación ilegal
Esperanza Aguirre fue imputada el pasado septiembre junto a Ignacio González y Cristina Cifuentes, todos ellos expresidentes de la Comunidad de Madrid, por la supuesta financiación ilegal del PP a través de empresas contratistas de la administración autonómica.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, dejó el poder a la fuerza, derribado por una moción de censura cuyo origen fue la sentencia del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que colonizó varias administraciones públicas dirigidas por el PP. Esta formación fue condenada en mayo de 2018 a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.
Dentro de unos meses, la Audiencia Nacional concluirá la investigación abierta en 2013 sobre el caso Bárcenas, una caja b del PP que funcionó durante 20 años alimentada con más de ocho millones de euros por las donaciones opacas de empresas privadas, la mayoría contratistas de la administración.
Desde 1989, origen del caso Filesa, hasta hoy, con el caso Villarejo y sus múltiples piezas separadas, la corrupción ha salpicado de manera grave a los dos partidos políticos, PSOE y PP, que se han alternado durante este tiempo en el Gobierno de España. Han sido treinta años de corrupción sin apenas interrupciones. Muchos de esos casos se resuelven ahora en los tribunales tras largos años de investigación. El escándalo regresa así a un escenario político cargado de incertidumbre e inestabilidad.
La reputación de la política continúa bajo mínimos. Las promesas de regeneración democrática contra los escándalos públicos se han colado con estrépito en los programas de los partidos desde 2009. Ese año, el estallido del caso Gürtel extendió una gigantesca sombra de sospecha sobre el PP. Desde entonces, todas las formaciones incluyen en sus programas medidas para combatir esa lacra.
LAS CLOACAS AGITAN LAS TRAMAS
Las cloacas del Estado, integradas por policías que hacen trabajos sucios sin cobertura judicial, se han incorporado en los últimos años al historial de la corrupción política en España. En algunos casos, esas cloacas han ayudado a destapar tramas corruptas, como el caso Pujol, en Cataluña. En otras ocasiones, han colaborado con redes de corrupción para evitar que fueran descubiertas.
El caso Villarejo estalló hace más de dos años y puso de manifiesto como un comisario de policía, ayudado por otros, trabajó para obstaculizar la investigación del caso Gürtel en connivencia con dirigentes del Partido Popular.
La investigación del caso Villarejo ha permitido conocer también como desde el ministerio del Interior se pagaron fondos reservados durante el Gobierno del PP para una operación destinada a robar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas, encarcelado por corrupción. El juez que investiga la caja b del PP, que Bárcenas gestionó entre 1990 y 2009, nunca supo que desde Interior se había ordenado el robo de documentación que el extesorero guardaba en su casa.
Esa misma policía, al servicio del Ejecutivo del PP, montó acusaciones de corrupción contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, con informaciones falsas en una operación de acoso a un partido político financiada con fondos públicos. El comisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde hace dos años, se lucró con sus empresas privadas ofreciendo servicios que vulneraban la legalidad. Algunos de esos servicios, conocidos ahora, han destapado nuevos casos de corrupción.


 

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