Juicio de los EREs en Andalucía (1 Viewer)

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El turno de Chaves y Griñán
El juicio a la rama política de los ERE entra en su semana más intensa con las declaraciones de los dos expresidentes andaluces que se sientan en el banquillo


José Antonio Griñán y Manuel Chaves entran en la sala donde se celebra el juicio de los ERE.

El juicio de la rama política de los ERE encara esta semana su momento culmen con el inicio de las declaraciones de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los dos referentes históricos del socialismo llevan más de tres meses compartiendo asiento, codo con codo, acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco” para conceder 855 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz, según el auto de procesamiento. Durante estas semanas, ambos exdirigentes han visto desfilar desde el banquillo a exconsejeros y ex altos cargos de la Administración autónoma. Ahora les llega el turno.

El primero en declarar ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla será Griñán, quien fue consejero de Economía entre 2004 y 2009 antes de asumir la presidencia tras la llamada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a Chaves. Griñán afronta una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación continuada. "Está tranquilísimo", asegura su abogado, José María Mohedano. Las declaraciones de ambos expresidentes se inician cuando "se han aclarado algunas cosas en las sesiones anteriores", en palabras del abogado de Griñán, y ya no pesa sobre ellos la acusación por un delito de asociación ilícita, pedida únicamente por el PP pero rechazada por los magistrados al resolver las cuestiones previas. Junto a los expresidentes, están sentados en el banquillo de los acusados seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y 14 ex altos cargos.

Según las previsiones, la comparecencia de Griñán comenzará a última hora de la mañana de este lunes o al día siguiente. Tras la suya, seguirá la de Chaves, quienestá acusado por prevaricación continuada y se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación. "Estamos trabajando, trabajando y trabajando", se limita a apuntar el letrado de Griñán, quien añade que la defensa irá en la línea seguida ante el Supremo. En aquella ocasión, el expresidente defendió su inocencia con documentos oficiales que no figuraban en el sumario y que, entre otros argumentos, contrarrestaban las dudas sobre la legalidad de las transferencias de financiación para ayudas sociolaborales y su aprobación en cada presupuesto de la comunidad.

Tanto Chaves como Griñán, que en el pasado mantuvieron una estrecha amistad,se dieron de baja en el PSOE hace ahora casi dos años. Ambos ya habían abandonado la vida política tras su imputación por el Supremo. A mediados de junio de 2015, Griñán formalizaba la renuncia a su escaño como senador; y tres semanas después, Chaves hacía lo propio con su escaño de diputado. Al dar este paso, Griñán reconocía en una carta enviada a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "el dolor" que sentía al verse "en este trance 45 años de servicio presidido por la honestidad pública y el servicio al interés general". El juicio de la rama política de los ERE encierra una potente carga simbólica al cuestionar la supuesta opacidad y discrecionalidad de las políticas de empleo del Ejecutivo socialista, al frente de la Junta desde hace 35 años.

Los dos exlíderes declararon en el Supremo sobre este asunto en la primavera de 2015 debido entonces a su condición de aforados. Casi un año después, y tras ese viaje de ida y vuelta del sumario a Madrid, ambos comparecieron en Sevilla ante el juez instructor Álvaro Martín. Se limitaron a ratificar sus declaraciones ante el otro tribunal y se negaron a responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones. "Reitero, una vez más, que en los Consejos de Gobierno que presidí, durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía, nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal", defendía entonces en un comunicado Chaves, quien aseguró que nunca le llegaron los informes de la Intervención General que alertaban de la opacidad del fondo de los ERE. El letrado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, ha declinado hablar para este reportaje.

El turno de Griñán llegará tras la comparecencia del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ya suma cinco jornadas y se ha dilatado después de que los abogados del PP pidieran que se leyera su declaración ante la juez Mercedes Alaya, quien instruyó el caso hasta 2015, debido a las "contradicciones" entre lo dicho entonces y ahora. Ante esta petición, en un primer momento, se aventuró que la comparecencia de los expresidentes se pospondría incluso a la próxima semana, otro retraso en un juicio para el que se necesitará un mes más de lo previsto inicialmente, por lo que acabaría en noviembre. Tras la declaración de los expresidentes, faltarían las del exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez, las de casi 150 testigos y las de una docena de peritos.

AÑOS CLAVES


Agosto de 2013. Griñán dimite como presidente de la Junta superado por las graves acusaciones de la juez Alaya que cuestionaban, cada semana, al Gobierno andaluz con nuevas revelaciones sobre la década anterior.

Agosto de 2014. Alaya remite parte del caso ERE al Supremo ante la presencia de aforados. El tribunal asume ese sumario.

Enero de 2015. El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiroimputa a Griñán y Chaves. En abril, los dos exdirigentes declaran ante el juez y defienden su gestión al frente de la Junta.

Junio de 2015. El Supremo imputa formalmente a los expresidentes andaluces al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación. Días antes, Griñán ya había formalizado la renuncia a su escaño como senador; y Chaves haría lo mismo con su escaño de diputado a los pocos días.

Octubre de 2015. El sumario vuelve a Sevilla ante la renuncia de sus escaños de los aforados. El último en renunciar a su acta fue el exconsejero José Antonio Viera.

Marzo de 2016. Chaves y Griñán declaran en Sevilla ante el instructor Álvaro Martín y ambos vuelven a defender su inocencia.

Junio de 2016. El magistrado procesa a Chaves y Griñán por prevaricación. Además, acusa a Griñán y otros altos cargos de malversación, un delito que está penado con hasta ocho años de cárcel. Los expresidentes presentan su baja voluntaria del PSOE a la espera de que se abra juicio oral.

Noviembre de 2016. El magistrado dicta el auto de apertura oral del juicio de la rama política de la macrocausa.

Diciembre de 2017. Arranca el juicio de los ERE, que sienta en el banquillo a los dos expresidentes, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/05/actualidad/1522918346_828446.html

 

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'Caso ERE', la macrocausa de los más de 250 juicios


De espaldas, los ex altos cargos acusados en el juicio de los ERE, a la izquierda, las defensa y, a la derecha, el magistrado

El juicio de la pieza principal de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla, en el que se sientan en el banquillo los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros 20 ex altos cargos regionales, no será el único.

La macrocausa de los ERE, uno de los mayores asuntos de corrupción que se ha investigado en España, se verá en unos 270 juicios, según detalló el fiscal Juan Enrique Egocheaga el pasado martes durante el juicio que se celebra en Sevilla. Son tantos juicios porque habrá uno por cada una de las ayudas irregulares que salieron de la partida 31L, también conocida como 'fondo de reptiles' del que los sucesivos gobiernos socialistas andaluces pagaron a trabajadores de empresas en crisis entre los años 2000 y 2010.

El juicio que ya ha comenzado en la Audiencia contra los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz analiza el llamado «procedimiento específico», que permitió repartir 741 millones de euros en ayudas sociolaborales al margen de todo tipo de control durante una década.

La macrocausa de los ERE se desgajó en piezas el 9 de noviembre de 2015 por decisión de la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Fue tan sólo cinco meses después de que la juez Mercedes Alaya dejara el juzgado de instrucción y tomara posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia.


Manuel Chaves, llegando a la Audiencia.

Estructura piramidal
Alaya fue la que inició la investigación de los ERE en enero de 2011 y la que durante cinco años fue tirando del hilo y escalando en la «estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta» hasta llegar a lo más alto. Siempre se opuso a que la causa fuera despiezada.

En auto de 2014, esta juez argumentó que los ERE no pueden dividirse porque detrás de cada ayuda están los mismos cargos. «En cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años».

Inicialmente, la juez Núñez dividió la causa en seis piezas, si bien con posterioridad se han ido abriendo «formalmente» unas 104 causas, de las que sólo se han practicado diligencias en unas 35, según precisó el fiscal el pasado martes durante su turno para exponer las cuestiones previas en el juicio de los ERE. En las 35 que están más avanzadas figuran como investigados -antes imputados- supuestos intrusos, mediadores de seguros, empresarios, letrados, «conseguidores», representantes sindicales, además de ex altos cargos de la Junta, algunos de los cuales se sientan en el banquillo en el juicio de la pieza principal que ya ha comenzado.

De las más de 250 piezas que deben abrirse de la macrocausa de los ERE, la investigación sólo ha finalizado en cinco, que ahora deben ir a juicio. Una de ellas es la pieza principal en la que están acusados Chaves, Griñán y los otros 20 ex altos, que es la primera que será enjuiciada.

Sin embargo, aunque el caso ERE esté dividido, todo está relacionado y una pieza afecta a otra. De hecho, el fiscal pidió a la Sección Primera un «expreso pronunciamiento que confirme la delimitación objetiva de la causa» para determinar si sólo se enjuicia el «procedimiento específico» para repartir ayudas sin control y al margen de la Ley de Subvenciones o si también hay que analizar algunas subvenciones concretas.

Indefensión
La Fiscalía es partidaria de la primera opción, ya que entiende que «ampliar el objeto del proceso» genera «una cierta y evidente indefensión» a todas las partes, tanta que habría que devolver la causa al juzgado instructor para que se incorporaran todas las pesquisas relativas a las ayudas individuales que se están investigando.

El planteamiento de división en piezas y enjuiciamiento separado de los ERE «no es en absoluto contradictorio o impeditivo de introducir en el debate del plenario, vía interrogatorio de los acusados y declaraciones de los testigos y peritos, preguntas referentes a cómo se gestionaron esas ayudas singulares», señala la Fiscalía.

El próximo lunes se reanudará el juicio de los ERE, que se prolongará durante varios meses. La defensa del ex director de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete-uno de los 22 ex altos cargos acusados- solicitó al tribunal que preside Juan Antonio Calle que dicte una providencia en la señale que el juicio durará «al menos hasta el mes de julio de 2018 inclusive». El letrado Juan Carlos Álferezexpone que los abogados de los 22 acusados están teniendo problemas a la hora de suspender otros juicios en distintos tribunales por no poder acreditar la coincidencia con el de los ERE.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/01/12/5a57cf9a468aeb04568b4659.html
 
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Las cifras de los ERE, el mayor escándalo de nuestra democracia
El mayor caso de corrupción de la historia de España en democracia (se extendió durante una década) deja un rosario de números entre imputados, millones desviados y posibles penas de prisión



El juicio de los ERE de Andalucía ha recibido hoy por primera vez a Juan José Griñán. El que fuera consejero de Hacienda (2004-2009) y presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013), declarará casi con total seguridad en sesión de mañana y tarde para explicar su implicación en el caso de corrupción más cuantioso de la historia de España. Un suceso cuya magnitud conviene no pasar por alto.

Diez años de trama

Se calcula que la partida presupuestaria que financió esta trama estuvo «activa» entre 2001 y 2010. En total, diez años de corruptela que empezó en pesetas y acabó en euros.

855 millones
La partida presupuestaria de los ERE, denominada como «fondo de reptiles», estuvo dotada con 854.838.243 euros, lo que convierte a este caso en el más cuantioso de la historia de España. El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces. Dicha partida presupuestaria, bautizada con el nombre «31L», financió todo un sistema de prejubilaciones presuntamente fraudulentas.

300 imputados
La trama de corrupción de la Junta de Andalucía tiene también el récord de investigados. Son cerca de 300 las personas que deberán responder acusadas de diversos delitos. A finales del año pasado, comenzó a juzgarse la «pieza política» de los ERE, de la que responderán 22 ex altos cargos de la Junta.



La cifra de encausados fue creciendo con los años. En esta infografía del año 2013, este diario colocaba en 126 la cifra de imputados y en 143 los millones en EREs irregulares. La cosa acabó siendo mucho más grave de lo que parecía.


Siete años de proceso
El pasado 9 de enero se cumplieron siete años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/2011, ya conocidas por todos como «caso de los ERE». En todo ese tiempo, se ha enfrentado a todo tipo de acusaciones –algunas de las cuales rozaron el insulto– y críticas de género. La juez instructora reapareció hace poco en una conferencia universitaria donde habló de la independencia judicial, dejando el siguiente titular: «Hay una justicia para poderosos y otra para los que no lo son».

1.100.000 folios

El sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total, 1.100.000 folios que, puestos uno detrás de otro llegarían de Isla Cristina (Huelva) a Sierra Nevada (Granada).

741,6 millones

La Fiscalía Anticorrupción cifró en esta cuantía la responsabilidad civil de los procesados por malversación de fondos públicos. Griñán, en concreto, tendría que hacer frente a las arcas públicas a 42,15 millones de euros si fuera condenado.

http://www.abc.es/espana/abci-cifras-andalucia-201804111137_noticia.html

 

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Griñán defiende la actuación de Hacienda en los ERE y apunta a Empleo
El presidente andaluz defendió que no conocía que se pagaran comisiones a las
aseguradoras por encima del precio del mercado: "No éramos conscientes"


El expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán.

El expresidente andaluz José Antonio Griñán negó en el juicio de los ERE, a preguntas del fiscal anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que conociera ninguno de los informes, hasta 15, elaborados por la Intervención General de la Junta alertando de irregularidades en el fondo que repartía las ayudas sociolaborales. Los conoció, dijo "cuando ya estaban en la causa" y le preguntó a la entonces consejera de Hacienda, antes su viceconsejera, que le respondió "exactamente que ninguno había sido remitido para información del consejero".

Griñán defendió que jamás supo de ningunas de las advertencias o reparos de la Intervención porque el único informe que debía elevarse al consejero es el de actuación, es decir el que pulsaba el botón rojo y alertaba de posible fraude en los fondos públicos y ese nunca llegó a redactarse, por lo que, según sus explicaciones, ni podía ni tenía que actuar.

El fiscal recordó que en la memoria de la cuenta general de la Junta de 2007, una especie de auditoría interna final del Presupuesto que acredita que los gastos no superen a los ingresos, estaba su firma y ahí figuraban de forma adicional los informes y las advertencias del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, sentado también como acusado en el banquillo de los acusados. Griñán señaló que él se limitaba a "refrendar" la firma del presidente y que no asistió al Consejo de Gobierno que aprobó esa memoria presupuestaria de 2007. "Estuve fuera lunes y martes de esa semana", explicó.

"Si no hay un informe de actuación es porque el interventor no lo ha considerado necesario", zanjó Griñán. "Pero el interventor sí consideró relevante introducir en esa memoria la existencia de informes adicionales sobre la problemática" de ese fondo, replicó el fiscal. "La consejería de Hacienda no puede motu proprio hacer una actuación si no esta recogida en un informe, pues ese informe de la Intervención no pedía nada en particular", sostuvo Griñán. Según sus declaraciones se remitieron los informes "promoviendo una actuación de las consejerías concernidas, no de Hacienda", es decir de Empleo y de Innovación, la que aprobaba el gasto y la lo ejecutaba en última instancia. "Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre ninguna otra consejería", agregó. "No toda debilidad presupuestaria da lugar a un informe de actuación, es la gravedad que considere el interventor lo que promueve o no un informe de actuación", dijo al respecto el exconsejero de Hacienda. A modo de conclusión: "Si no se promueve la actuación del consejero de Hacienda ni se remite el informe correspondiente no puede actuar".

Griñán negó que hablara con el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, sobre la partida 31.L en una reunión celebrada en 2005 para elaborar el Presupuesto. "Nunca que yo recuerde se habló de este programa y del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) casi siempre", aseguró el expresidente. E insistió en que desconocía detalles de esa partida que era una más de "multitud" de ellas que componen los presupuestos. También negó que se generara un agujero presupuestario: "En cada uno de los presupuestos el gasto comprometido en el 31.L fueron siempre inferiores a los créditos disponibles en todo y cada uno de los ejercicios". Los desequilibrios se corregían con retenciones de crédito por parte de Empleo, que Griñán dijo desconocer, o con ampliaciones presupuestarias.


"Lo que ha ocurrido es una barbaridad"
Antes del receso para el almuerzo, el expresidente andaluz defendió los mecanismos presupuestarios de las transferencias de financiación y la fórmula de la encomienda de gestión, ambas técnicas presentes en el fondo bajo sospecha. Sin que nadie le preguntara, Griñán quiso ratificar su declaración ante el Supremo, en abril de 2015. En aquella cita apuntó a Empleo con aún más claridad que en esta jornada y explicó por qué en el año 2013 cedió la presidencia de la Junta a Susana Díaz: "Yo asumo mi responsabilidad política y entiendo que lo ha ocurrido con este asunto es una barbaridad. Y es verdad que todas estas ayudas que se han dado de una manera que yo no diría aleatoria pero con poco rigor, merecen un reproche político y penal".

Griñán, que dejó la vida pública en 2015 y desde entonces asegura haber pasado años muy difíciles, compareció aparentemente muy tranquilo, en ocasiones con un lenguaje muy técnico y prolíficas citas de textos legales, normativa y técnica presupuestaria. Nada que ver con quien le antecedió, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que tras su cara a cara con el juez Juan Antonio Calle el pasado martes, regresó al banquillo para declinar responder más preguntas al presidente del tribunal y admitiendo que estuvo "asustado", "no cogía el sentido de las preguntas" y advertir que "con todos los respetos" no iba a seguir respondiendo porque estaba mal, "tenso" y "temeroso".

https://www.elconfidencial.com/espa...-jose-antonio-grinan-ejecucion-fondo_1548124/
 

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Griñán debía saber



En el juicio del caso ERE ayer le tocó el turno a José Antonio Griñán, cuya declaración no pudo resultar más decepcionante. Los hechos son tozudos y en realidad fáciles de resumir: en una década, entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió más de 741 millones de euros de forma arbitraria y eludiendo los controles legales a través de un "procedimiento específico" con el objetivo político de alimentar el clientelismo que contribuye a mantener al PSOE en la Junta desde hace cuatro décadas. Por eso 22 ex altos cargos se sientan en el banquillo por prevaricación y malversación. Entre ellos dos presidentes de Andalucía que además presidieron el PSOE.

Griñán fue también consejero de Hacienda. Por eso no se sostiene el inverosímil desconocimiento del fraude sistémico por el que fluía masivamente el dinero público hasta los beneficiarios. Una docena de informes del interventor advirtieron de la irregularidad. Griñán insiste en que sus subordinados "nunca" le informaron, y considera "insignificante" la partida que camuflaba el fondo de reptiles -la 31L- para justificar su ignorancia, en la que no creen ni el Supremo ni el juez de instrucción ni la Fiscalía. De ahí que se enfrente a una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación. Sigue pendiente la regeneración profunda del socialismo andaluz.


http://www.elmundo.es/opinion/2018/04/12/5ace407d22601d57018b45c1.html

 
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Dos altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a devolver 5,1 millones de los ERE



El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a la empresa Astilleros de Sevilla a devolver a la Junta de Andalucía la cantidad de 5,1 millones de euros por las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a esta sociedad en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuyo procedimiento de concesión está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

De esta manera, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en una sentencia con fecha de 25 de abril de 2018, cuya ponente ha sido Margarita Mariscal de Gante, y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima la demanda interpuesta en junio de 2016 por la Junta, a la que se adhirió la Fiscalía, contra Astilleros de Sevilla, Márquez, que se ha declarado en rebeldía en este procedimiento, y Rivera.

El tribunal considera probado que la empresa pidió entre febrero y diciembre de 2010 a la Junta nueve ayudas públicas sociolaborales cuyo importe total fue de 5.199.707,34 euros. En los dos primeros expedientes administrativos de estas ayudas, con fechas de febrero y marzo, hay memorias justificativas de la finalidad pública e interés social y económico, siendo Juan Márquez, como director general, quien concedió estas dos primeras ayudas -856.563,56 euros- para trabajadores de Astilleros, encomendando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al pago de las cantidades fijadas con fondos del programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General, y que allegaba a la Agencia a través de transferencias de financiación.

https://okdiario.com/espana/andaluc...a-condenados-devolver-51-millones-ere-2335041

 
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Lo que no se es cuantos hay en la cárcel, el dinero que se ha repartido mal o que se ha entregado fraudulentamente, tampoco concuerda entre las muchas informaciones.

Los ERES existieron, no se puede negar, que mucha gente se aprovecho de ellos, hasta el PP creo que estaba implicado, pero se libró como siempre de ser cogido.
 
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La mayor parte del caso ERE sigue sin investigarse más de siete años después de su apertura
Según la Fiscalía, sólo han sido citados testigos e investigados en una quinta parte de las 270 piezas, sobre las que acecha el riesgo de la prescripción


La juez de instrucción del caso ERE María Núñez

Incoar, trocear, archivar y excluir a ex altos cargos de la Junta de Andalucía de piezas desgajadas del caso ERE. Sobre estas cuatro patas se ha apoyado la instrucción de esta macrocausa desde que María Núñez Bolaños se hizo con los mandos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 16 de junio de 2015, tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla. No es una apreciación subjetiva. Un repaso a los autos dictados por la magistrada en los últimos meses da prueba del brusco viraje que ha dado a esta instrucción. Bajo su etapa, se ha jibarizado su tamaño reduciendo el número de encausados del Gobierno andaluz y se han desgajado 111 piezas de la macrocausa matriz para ganar agilidad, aunque sigue avanzando con lentitud. Un vistazo al desplegable de ayudas concedidas y pagadas irregularmente entre 2000 y 2011 revela que aún quedan casi 200 subvenciones pendientes de investigarse.

Alaya consideró «inescindible» el caso ERE y esa convicción la enfrentó al Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)y al Ejecutivo andaluz. A su sustituta le bastaron 45 días para trocear la causa, a lo que se había negado con contumacia durante cuatro años. El ataque directo que hizo Alaya a Núñez, a la que cuestionó por su capacidad y amistad con el exconsejero andaluz de Justicia y fiscal Emilio de Llera, hizo que el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial –cuyos vocales son elegidos por la clase política– le retiraran su apoyo para continuar con la investigación de la corrupción autonómica mediante una comisión de servicios.

Con la marcha de Alaya, nada o casi nada ha vuelto a ser igual en el juzgado donde destapó las miserias del poder en aquella Andalucía que cabalgaba imparable sobre arrolladoras mayorías socialistas. No sólo en los ERE. También en otros escándalos. La nueva titular dio carpetazo a la rama política del Caso Formación contra 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo. Núñez redujo la supuesta red clientelar vinculada a las ayudas para cursos a un cúmulo de meras irregularidades administrativas sin consecuencias penales. La investigación de los casos Avales I y II va tan retrasada que ha provocado severos reproches de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia, al igual que sucede con los Préstamos a Santana. Su continuidad como instructora de las diligencias que indagan en el uso inadecuado de las transferencias de financiación desde distintas consejerías de la Junta a la agencia IDEA (el ente público que pagaba las ayudas de los ERE) no está asegurada. El PP ha recusado a Núñez porque duda de su imparcialidad, dado que una cuñada suya trabaja en el área que controla los fondos de IDEA.

Un solo juicio
En el caso ERE, con los datos que maneja la Fiscalía, «sólo se han practicado diligencias de instrucción en el juzgado» citando a algunos testigos e investigados en unas 35 de las 270 piezas que conformarán esta macrocausa. No llega a una quinta parte, tras el troceamiento del sumario. Así lo expusieron en el escrito de cuestiones previas que los fiscales elevaron en enero al tribunal que debe decidirsi los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán –acusados de prevaricación y/o malversación– delinquieron por instaurar un sistema de ayudas opaco y arbitrario en la única pieza de la causa que se está juzgando.

El caso ERE no terminará con el proceso que ha reunido en el banquillo a 22 ex altos cargos autonómicos, algo impensable hace siete años y medio, cuando Alaya abrió las diligencias al hallar el primer intruso en un ERE subvencionado a la lonja Mercasevilla.

En un auto del 21 de marzo pasado, la juez Núñez admitió que, «salvo error u omisión, aún quedan por desgajar 23 piezas» de la macrocausa original. Entre las ayudas para prejubilaciones pendientes de investigar están los dos expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, el origen del caso ERE.

Más empresas beneficiarias
La lista aportada por la magistrada recoge más empresas beneficiarias de fondos públicos cuyos destinatarios y ex altos cargos implicados no han sido citados como imputados en la mayoría de los casos: Gestifesa; Inverjaén; Cervezas Alhambra; Open Minds; Sucesores José Sánchez Marcos; Tubos Reunidos; Gres Vilches y su sucesora Cerámica Syre; Pickman; Martínez Barragán; Industrias del Guadalquivir; Germans; Aceites Coosur; Altadis; Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz; Asociación de Antiguos Empleados del Marco de Jerez; Astilleros de Huelva; Naval de Cádiz; Smurfit, y Fundosa Ultracongelados. Sin contar otras dos empresas citadas por Núñez, Hytasal y Fertiberia, cuyas diligencias ya se han iniciado, la veintena de piezas a la espera de instruirse afectan a ayudas que suman 101 millones de euros. Sobre ellas acecha la sombra de la prescripción.

La Fiscalía Anticorrupción fijó hace un año que para subvenciones que superan los 450.000 euros, la malversación de fondos públicos tarda 15 años en prescribir desde la fecha en que se efectúa el abono. Por debajo de esta cuantía, la persecución del delito decae a los diez años. La principal crítica que el TSJA hacía a Alaya era que su instrucción resultaba interminable. Pero, a diferencia de Núñez, la primera instructora desplegó una actividad «incansable» –como ella misma la definió– encargando atestados a la Guardia Civil, solicitando documentación y tomando declaraciones. A excepción del ERE de la Faja Pirítica, donde también participó el Gobierno central del PP, son contados los informes que ha pedido su sustituta sobre ayudas concretas. Incluso está fijando citaciones para declarar en 2019.

Entre tanto, la prescripción ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Advertida varias veces por la Fiscalía, Núñez ha archivado 25 causas contra beneficiarios y ex cargos, cuyas conductas quedarán impunes por el mero paso del tiempo.

En todos los casos se trata de subvenciones que se concedieron «con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos», según el auto con el que el juez de apoyo, Álvaro Martín, dio por terminada la instrucción de la pieza política. Hay otras cuatro causas a la espera del juicio oral. Afectan a las empresas Acyco, Surcolor y Cenforpre, así como a las ayudas que dio el exdirector Javier Guerrero a su chófer y que gastó en regalos y cocaína.

El riesgo de impunidad
La otra sombra que se proyecta sobre el caso ERE es la exclusión masiva de ex altos cargos de piezas por la magistrada. En un recurso que elevaron al Tribunal Constitucional (TC), los letrados de la Junta lamentaron que la corrupción en la gestión de las ayudas generó un «enorme quebranto» a las arcas públicas y que sus derechos para perseguir hechos delictivos estaban siendo «cercenados» al no poder acusar a políticos. El TC no les dio la razón. El detonante de este inquietante golpe de timón al caso ERE es un auto de la Sección Séptima de la Audiencia que establece que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política no puede ser enjuiciado por cada una de las ayudas de manera independiente. Asumiendo este criterio, la juez está apartando a ex altos cargos de todas las piezas donde estaban imputados.

La Fiscalía, el PP y la Junta están recurriendo sus exclusiones. Desde Anticorrupción han puesto el grito en el cielo: puede provocar un «intolerable espacio de impunidad» en el caso de corrupción más grave de Andalucía.

http://sevilla.abc.es/andalucia/sev...nvestigar-juez-caso-201805272321_noticia.html
 

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