O
Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán - Parte II
- Autormarage
- Fecha de inicio
- Registrado
- 15 May 2013
- Mensajes
- 6.288
- Calificaciones
- 11.132
0 replies . 1 retweet 9 likes
El alto coste penal del ‘procés’
Tres presidents de la Generalitat, 17 consellers, 13 altos cargos y 9 parlamentarios afrontan causas judiciales
Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra (LV)
SANTIAGO TARÍN, BARCELONA
08/07/2019 00:05 Actualizado a 08/07/2019 06:46
El miércoles 19 de diciembre de 2012, Artur Mas y Oriol Junqueras, en nombre de CiU y ERC, firmaron en el Parlament de Catalunya el Acord per la Transició Nacional, que significaba un pacto de gobierno para la X legislatura. En él se decía que ante el “incumplimiento sistemático por parte del Gobierno del Estado respecto a Catalunya” tenían la intención de que la ciudadanía pudiera “decidir libremente su futuro político” y así “dar la palabra a los ciudadanos mediante un referéndum”. Es de hecho el pistoletazo de salida al procés , que ha tenido dos hitos principales, las votaciones del 9-N (2014) y del 1-O (2017)
Lo ocurrido en Catalunya ha marcado la política catalana y la española en los últimos años, pero también ha tenido un gran protagonismo en los tribunales. Debido a las consultas han tenido problemas con la justicia, en distintos grados (condenados, juzgados pendientes de sentencia o imputados), los tres últimos presidentes de la Generalitat, dos exvicepresidentes, quince consellers, trece altos cargos autonómicos y nueve miembros del Parlament de Catalunya. En total, 42 personas. Un alto coste.
LOS TRES PRESIDENTS
Los tres últimos presidents de la Generalitat han chocado con los jueces por el procés. Uno ya está condenado; otro se marchó al extranjero y un tercero está a punto de ser juzgado. En diciembre del 2018, el Tribunal Supremo (TS) condenó a un año y un mes de inhabilitación a Artur Mas por desobediencia, por la convocatoria del 9-N. Su sucesor, Carles Puigdemont, se marchó a Bruselas para no ser detenido por lo ocurrido en otoño del 2017, y está procesado en rebeldía por rebelión, malversación y desobediencia. El sucesor del sucesor, Quim Torra, actual president, está a un paso del banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por desobediencia, debido a la exhibición de lazos amarillos en el Palau de la plaza de Sant Jaume durante la últimas elecciones legislativas. En caso de ser condenado, la pena es de inhabilitación.
DOS VICEPRESIDENTS
El 9-N también le costó una inhabilitación a Joan Ortega, vicepresidenta en el Govern de Mas cuando la votación. Al igual que al resto de acusados menos a Homs, que fue directamente juzgado por el Supremo, el alto tribunal rebajó la pena impuesta por el TSJC, que para ella pasó de un año y nueve meses a nueve meses. (Para Mas, la condena inicial fue de dos años y para Irene Rigau, de un año y seis meses). El líder de ERC Oriol Junqueras, que fue el siguiente vicepresident del Govern, está pendiente de sentencia del TS por el procés. La Fiscalía reclama para él 25 años de cárcel por rebelión o sedición y malversación.
QUINCE CONSELLERS
Los doce consellers del último Govern de Carles Puigdemont están en los tribunales por el desenlace del procés. En el Tribunal Supremo han sido juzgados Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila y Joaquim Forn. Las acusaciones no son homogéneas para todos, y van desde la rebelión a la desobediencia, pasando por la sedición y la malversación. Cuatro de sus compañeros de ejecutivo se marcharon con Carles Puigdemont y permanecen en el extranjero, en Bélgica y Escocia, para no ser detenidos. Están procesados en rebeldía y no pueden regresar a España sin afrontar procesos penales. Se trata de Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
Y derivado del 1-O está siendo investigado por el TSJC el actual conseller d’Interior, Miquel Buch, si bien no en su condición de titular de la cartera, sino como dirigente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), por la supuesta cesión de locales a fin de celebrar las votaciones. Ya fueron condenados en su día Francesc Homs (Governació) e Irene Rigau (Educació) por el 9-N. El TS les impuso un año y un mes y seis meses de inhabilitación, respectivamente.
TRECE ALTOS CARGOS
Los sucesos del otoño del 2017 en Catalunya se han convertido en un racimo de procesos judiciales en el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiencia Nacional y juzgados de instrucción. En el primero se ha juzgado ya a buena parte del Govern, pero aún están pendientes las vistas que afectan a los segundos y terceros niveles de la administración catalana. Así, la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a la que fue la cúpula de Mossos: el secretario de Interior, César Puig; el director de la policía autonómica, Pere Soler; y el major del cuerpo, Josep Lluís Trapero. Los tres están procesados por rebelión.
El pasado mes de abril, el juzgado de instrucción 13 procesó a 30 personas por el 1-O, por delitos diversos como malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Entre ellos hay particulares y cargos de diverso rango, pero en la escala superior están Antoni Molons (secretario de Difusió), Joaquim Nin (secretario general de Presidència), Josep Clotet (director general de Comunicació del Govern), Josep Ginesta (secretario general de Treball), Francesc Sutrías (secretario general de Patrimoni), Aleix Villatoro (secretario general de Afers Exteriors), Amadeu Altafaj (director de la delegación de la Generalitat en la UE), Rosa Vidal (interventora general de la Generalitat) y Meritxell Massó (secretaria general de Governació). La tramitación de este asunto está en su fase final.
Desgajado de esta causa, la juez remitió al TSJC la parte que afectaba a Josep Maria Jové, que era secretario general de Economia y prácticamente el número dos de Junqueras, pero que al ser diputado en el Parlament tiene fuero. Otro compañero suyo, Josep Lluís Salvadó, que fue secretario general de Hisenda, está pendiente de saber si la magistrada del 13 remite o no su expediente al TSJC por el mismo motivo.
NUEVE PARLAMENTARIOS
El procés también ha pasado factura al Parlament de Catalunya. Nueve de sus integrantes tienen problemas judiciales, empezando por la presidenta en la anterior legislatura, Carme Forcadell. Es una de las personas juzgadas en el Tribunal Supremo y la Fiscalía le reclama 17 años de cárcel por rebelión, porque considera que es una de las que encabezó el plan soberanista. En la misma causa está incursa Marta Rovira, que era la portavoz de ERC en la Cámara y que se marchó a Suiza cuando el juez Llarena la citó a declarar por su participación en las leyes de desconexión y el 1-O.
Precisamente el trámite parlamentario de las leyes de Transitorietat y Referèndum es lo que tiene a punto de ser juzgados por desobediencia en el TSJC a los antiguos miembros de la Mesa, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; así como a las diputadas de la CUP que registraron las iniciativas, Mireia Boya y Anna Gabriel, ésta última viviendo ahora también en Suiza.
Y ADEMÁS EL DINERO
Desde que se inició el procés, tres presidentes de la Generalitat, dos vicepresidentes, quince consellers, trece altos cargos y nueve parlamentarios han tenido que enfrentarse a la justicia. De ellos, siete se han ido al extranjero para no acudir a los juzgados. A esto hay que sumar los comisarios y agentes de Mossos investigados por hacer poco el 1-0 y los antidisturbios de Guardia Civil y Policía por hacer mucho. Además, hay repercusiones económicas. El Tribunal de Cuentas reclama a los condenados por el 9-N el coste de su organización y es posible que con el 1-0 pase lo mismo. En el juzgado 13 hay depositada una fianza de más de cinco millones de euros por si hay condena por malversación. El procés tiene un precio, y no es menor.
https://www.lavanguardia.com/politi...nts-cosellers-parlamentarios-soberanismo.html
Tres presidents de la Generalitat, 17 consellers, 13 altos cargos y 9 parlamentarios afrontan causas judiciales
Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra (LV)
SANTIAGO TARÍN, BARCELONA
08/07/2019 00:05 Actualizado a 08/07/2019 06:46
El miércoles 19 de diciembre de 2012, Artur Mas y Oriol Junqueras, en nombre de CiU y ERC, firmaron en el Parlament de Catalunya el Acord per la Transició Nacional, que significaba un pacto de gobierno para la X legislatura. En él se decía que ante el “incumplimiento sistemático por parte del Gobierno del Estado respecto a Catalunya” tenían la intención de que la ciudadanía pudiera “decidir libremente su futuro político” y así “dar la palabra a los ciudadanos mediante un referéndum”. Es de hecho el pistoletazo de salida al procés , que ha tenido dos hitos principales, las votaciones del 9-N (2014) y del 1-O (2017)
Lo ocurrido en Catalunya ha marcado la política catalana y la española en los últimos años, pero también ha tenido un gran protagonismo en los tribunales. Debido a las consultas han tenido problemas con la justicia, en distintos grados (condenados, juzgados pendientes de sentencia o imputados), los tres últimos presidentes de la Generalitat, dos exvicepresidentes, quince consellers, trece altos cargos autonómicos y nueve miembros del Parlament de Catalunya. En total, 42 personas. Un alto coste.
LOS TRES PRESIDENTS
Los tres últimos presidents de la Generalitat han chocado con los jueces por el procés. Uno ya está condenado; otro se marchó al extranjero y un tercero está a punto de ser juzgado. En diciembre del 2018, el Tribunal Supremo (TS) condenó a un año y un mes de inhabilitación a Artur Mas por desobediencia, por la convocatoria del 9-N. Su sucesor, Carles Puigdemont, se marchó a Bruselas para no ser detenido por lo ocurrido en otoño del 2017, y está procesado en rebeldía por rebelión, malversación y desobediencia. El sucesor del sucesor, Quim Torra, actual president, está a un paso del banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por desobediencia, debido a la exhibición de lazos amarillos en el Palau de la plaza de Sant Jaume durante la últimas elecciones legislativas. En caso de ser condenado, la pena es de inhabilitación.
DOS VICEPRESIDENTS
El 9-N también le costó una inhabilitación a Joan Ortega, vicepresidenta en el Govern de Mas cuando la votación. Al igual que al resto de acusados menos a Homs, que fue directamente juzgado por el Supremo, el alto tribunal rebajó la pena impuesta por el TSJC, que para ella pasó de un año y nueve meses a nueve meses. (Para Mas, la condena inicial fue de dos años y para Irene Rigau, de un año y seis meses). El líder de ERC Oriol Junqueras, que fue el siguiente vicepresident del Govern, está pendiente de sentencia del TS por el procés. La Fiscalía reclama para él 25 años de cárcel por rebelión o sedición y malversación.
QUINCE CONSELLERS
Los doce consellers del último Govern de Carles Puigdemont están en los tribunales por el desenlace del procés. En el Tribunal Supremo han sido juzgados Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila y Joaquim Forn. Las acusaciones no son homogéneas para todos, y van desde la rebelión a la desobediencia, pasando por la sedición y la malversación. Cuatro de sus compañeros de ejecutivo se marcharon con Carles Puigdemont y permanecen en el extranjero, en Bélgica y Escocia, para no ser detenidos. Están procesados en rebeldía y no pueden regresar a España sin afrontar procesos penales. Se trata de Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
Y derivado del 1-O está siendo investigado por el TSJC el actual conseller d’Interior, Miquel Buch, si bien no en su condición de titular de la cartera, sino como dirigente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), por la supuesta cesión de locales a fin de celebrar las votaciones. Ya fueron condenados en su día Francesc Homs (Governació) e Irene Rigau (Educació) por el 9-N. El TS les impuso un año y un mes y seis meses de inhabilitación, respectivamente.
TRECE ALTOS CARGOS
Los sucesos del otoño del 2017 en Catalunya se han convertido en un racimo de procesos judiciales en el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiencia Nacional y juzgados de instrucción. En el primero se ha juzgado ya a buena parte del Govern, pero aún están pendientes las vistas que afectan a los segundos y terceros niveles de la administración catalana. Así, la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a la que fue la cúpula de Mossos: el secretario de Interior, César Puig; el director de la policía autonómica, Pere Soler; y el major del cuerpo, Josep Lluís Trapero. Los tres están procesados por rebelión.
El pasado mes de abril, el juzgado de instrucción 13 procesó a 30 personas por el 1-O, por delitos diversos como malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Entre ellos hay particulares y cargos de diverso rango, pero en la escala superior están Antoni Molons (secretario de Difusió), Joaquim Nin (secretario general de Presidència), Josep Clotet (director general de Comunicació del Govern), Josep Ginesta (secretario general de Treball), Francesc Sutrías (secretario general de Patrimoni), Aleix Villatoro (secretario general de Afers Exteriors), Amadeu Altafaj (director de la delegación de la Generalitat en la UE), Rosa Vidal (interventora general de la Generalitat) y Meritxell Massó (secretaria general de Governació). La tramitación de este asunto está en su fase final.
Desgajado de esta causa, la juez remitió al TSJC la parte que afectaba a Josep Maria Jové, que era secretario general de Economia y prácticamente el número dos de Junqueras, pero que al ser diputado en el Parlament tiene fuero. Otro compañero suyo, Josep Lluís Salvadó, que fue secretario general de Hisenda, está pendiente de saber si la magistrada del 13 remite o no su expediente al TSJC por el mismo motivo.
NUEVE PARLAMENTARIOS
El procés también ha pasado factura al Parlament de Catalunya. Nueve de sus integrantes tienen problemas judiciales, empezando por la presidenta en la anterior legislatura, Carme Forcadell. Es una de las personas juzgadas en el Tribunal Supremo y la Fiscalía le reclama 17 años de cárcel por rebelión, porque considera que es una de las que encabezó el plan soberanista. En la misma causa está incursa Marta Rovira, que era la portavoz de ERC en la Cámara y que se marchó a Suiza cuando el juez Llarena la citó a declarar por su participación en las leyes de desconexión y el 1-O.
Precisamente el trámite parlamentario de las leyes de Transitorietat y Referèndum es lo que tiene a punto de ser juzgados por desobediencia en el TSJC a los antiguos miembros de la Mesa, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; así como a las diputadas de la CUP que registraron las iniciativas, Mireia Boya y Anna Gabriel, ésta última viviendo ahora también en Suiza.
Y ADEMÁS EL DINERO
Desde que se inició el procés, tres presidentes de la Generalitat, dos vicepresidentes, quince consellers, trece altos cargos y nueve parlamentarios han tenido que enfrentarse a la justicia. De ellos, siete se han ido al extranjero para no acudir a los juzgados. A esto hay que sumar los comisarios y agentes de Mossos investigados por hacer poco el 1-0 y los antidisturbios de Guardia Civil y Policía por hacer mucho. Además, hay repercusiones económicas. El Tribunal de Cuentas reclama a los condenados por el 9-N el coste de su organización y es posible que con el 1-0 pase lo mismo. En el juzgado 13 hay depositada una fianza de más de cinco millones de euros por si hay condena por malversación. El procés tiene un precio, y no es menor.
https://www.lavanguardia.com/politi...nts-cosellers-parlamentarios-soberanismo.html
no, querida, precisamente lo que ha hecho el proces, y ya lo han reconocido incluso, es mentir a diestro y siniestro, y manipular. Y sus representantes intentan fomentar el odio, tanto de sus seguidores hacia los que no lo son como de los no seguidores a los seguidores. Que es una manipulación muy inteligente, por cierto, porque así pueden volver al victimismo.
O
Ondina
Guest
jajajaja que sarta de mentiras e incoherencias. Junqueras estaba comentando un articulo académico publicado en el NYT (ese diario tan racista jajaja) en el que se señalaba que los catalanes tienen mas proximidad genética con sus vecinos del norte y del este (franceses e italianos) que con sus vecinos del sur y el oeste (portugueses y castellanos). Solo un racista o un acomplejado lo interpreta como un comentario supremacista versus una curiosidad científica. Es como si en España, cada vez que se comenta que un celtíbero se asemeja más (genéticamente hablando) a un teutón o a un galo que a un judío o a un árabe, salen los cuatro chillones de turno a hablar de racismo. Quien considere que tener ADN árabe o judío un "deshonor" es el verdadero racista, no quien lo comenta.
y eso de que Torra se refería a TODOS los españoles lo dices tú. Otra MENTIRA como una casa. Si te molestas en leer el artículo, verás que se refería a aquellos españoles que no soportan que en Cataluña se hable el catalán y se revuelven instintivamente cada vez que lo escuchan , pero nada como seguir regurgitando el agitprop trifacha ad nauseam. Otra cosa es que Torra se pasara cuatro pueblos con los calificativos a tales "especímenes" y por esa razón se disculpó.
y Pujol escribió aquello de que Franco quería inundar Cataluña de andaluces vagos y fiesteros en los años cincuenta. Son comentarios "conspiranoicos" que hay que enmarcar en su lucha anti-franquista (una lucha clandestina que le llevo a la cárcel, por cierto). Pero Pujol como "persona politica" es la ANTI-CRISPACIÓN personificada y cualquiera que sepa de lo que habla jamás encuadraría a CiU en la estrategia de la crispacion sino todo lo contario.
mira, llevo el suficiente tiempo en este pais para saber distinguir a los crispadores, monta pollos y toca-eggs vocacionales de quienes buscan hacer politica, y a los partidarios de quienes buscan resolver los conflictos en una mesa de dialogo, por la via del pacto y las urnas, de los warmongers de turno que solo hablan de candados legales y el uso de la fuerza.
como para que venga un indocumentado como usted a venderme las trolas de la prensa del regimen.
Sus tochos son infumables. además de aburridos, están llenos de falsedades y lugares comunes . a crispar a otra parte, majo.
Última edición por un moderador:
O
Ondina
Guest
el Procés es la respuesta del nacionalismo catalán a la campaña de acoso y derribo orquestada por el facherío patrio contra el nuevo Estatut, votado en el Congreso de los diputados y refrendado por los catalanes.
igual que el Plan Ibarretexe fue la respuesta del nacionalismo vasco a la campaña de acoso y derribo orquestada por el facherío patrio contra la disolución negociada de ETA.
todos sabemos quiénes son los CRISPADORES natos. no cuela.
Última edición por un moderador:
O
Ondina
Guest
En 1989 el "hombre de paz" fue condenado por secuestrar al empresario Luis Abaitua. Nunca pagó la indemnización que le debía. Aquí la historia de la cuenta pendiente más antigua del 'Gordo'... y las sospechas de que participara en tres secuestros más
Arnaldo Otegi, cuando fue detenido en 1983 en Francia, adonde había huido. Tenía 24 años. Fue entregado a España, donde fue imputado por cuatro secuestros. EFE
«No. Otegi nunca nos pagó». La respuesta de un pariente del empresario secuestrado Luis Abaitua Palacios es escueta y clara. Crónica le pregunta por la indemnización que Arnaldo Otegi estaba obligado a abonarles por su única condena de su etapa como pistolero de ETA, rama político-militar (ETA pm). Cien mil pesetas a medias con otro compañero de armas. Al principio, el actual coordinador general de EH Bildu, que en su reciente entrevista en el Canal 24 horas de TVE volvió a callar sobre sus inicios como encapuchado («Nosotros aceptamos que hemos generado sufrimiento en este país, pero nunca directamente porque no somos militantes de ETA»), se declaró insolvente. Pero tampoco después, cuando cobraba un sueldo generoso como parlamentario vasco, saldó su vieja deuda. Esta es la historia de la -probablemente- cuenta pendiente más antigua del «hombre de paz».
La sentencia de la Audiencia Nacional data del 24 de febrero de 1989 aunque no aparece publicada, como debería, en el portal del Poder Judicial. Los hechos juzgados habían tenido lugar una década antes: el secuestro durante diez días de Luis Abaitua Palacios, ingeniero, director de la planta de Michelin en Vitoria, de 48 años, casado y con seis hijos.
Según el fallo, a las 13.45 horas del 19 de febrero de 1979 en Vitoria, Arnaldo Otegi Mondragón (al que llamaban el Gordoy que entonces tenía 20 años) y otro terrorista llamado Luis María Alkorta Maguregi (alias el Bigotes), «dando cumplimiento a las consignas y órdenes recibidas de la cúpula de ETA pm», cogieron a Luis Abaitua, que se dirigía a su casa, le obligaron a introducirse en el coche que otros terroristas del comando habían robado, le quitaron el reloj, le taparon los ojos con «algodones y gafas oscuras» y le condujeron por diversas calles de la ciudad, «efectuando paradas y cambios de automóvil», hasta llevarlo «a un monte en las proximidades de Elgóibar», en Guipúzcoa.
Allí, en el pueblo natal de Otegi, «tenían preparado un agujero o zulo, excavado en la tierra, y que consistía en un habitáculo de 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y 1,80 de altura, con entrada disimulada por arbustos y ramajes». En aquel zulo permaneció Luis Abaitua cautivo y constantemente vigilado nueve días, hasta el 28 de febrero.
Esa noche, prosigue la sentencia, lo sacaron «de la cueva con los ojos vendados» y lo llevaron en coche hasta Vitoria, «donde, sobre la una de la madrugada del siguiente día [el décimo, 1 de marzo], fue dejado en libertad».
En el fallo se recoge que no consta que los secuestradores pidieran un «rescate económico o de otro tipo», ni que se hubiera puesto «condición alguna» a su liberación; que parecía más bien que «la operación obedeció a fines propagandísticos de la ideología del comando, y en relación a los conflictos laborales que afectaban a la empresa Michelin». [La hemeroteca y la familia de Abaitua completan el relato. Durante el secuestro, ETA pm exigió a la dirección de Michelin que negociara las demandas de la plantilla, o el rehén sería «ejecutado». La familia rogó a la dirección y al comité de empresa que hicieran lo posible. Ambos accedieron y un mes después se firmó el nuevo convenio, como pedía la banda].
Luis Abaitua, retratado por ETA pm durante su secuestro en Elgóibar.ARCHIVO
"JUGABAN CON ÉL A LA RULETA RUSA"
La Audiencia Nacional indicó además que el raptado «recibió buen trato durante el tiempo que permaneció en el zulo». [El relato de la familia Abaitua es otro. En casa, Luis -fallecido en 1992- contaba que los terroristas habían jugado con él «a la ruleta rusa», según relató su hijo Joseba a Crónica en febrero de 2016. Durante el día le trataron de forma «neutra», incluso «amable», pero por las tardes se ponían «broncos». Le sometieron a un interrogatorio cuya grabación enviaron a varias radios. Le dijeron que era «un explotador de la clase trabajadora», le explicaron por qué merecía su secuestro, le preguntaron por cuestiones laborales de la empresa. Los terroristas hicieron públicas cuatro fotos de Luis secuestrado con un cartel del hacha y la serpiente. Por las noches llegaba lo peor. «Era algo escabroso. Mi padre me contó que, para amedrentarle, no dudaban en representar escenas truculentas como el juego de la ruleta rusa. Le hacían coger una pistola y le obligaban a dispararse. (...) Temimos que lo mataran. Él también: cuando salió nos contó que pensaba que no iba a salir con vida», desveló Joseba].
El caso es que, a lo largo de hasta cuatro sentencias, la Audiencia Nacional condenó por este secuestro a Otegi y a otros siete miembros de ETA (entre ellos, dos mujeres). Al Gordo y al Bigotes los consideraron «autores y criminalmente responsables de un delito de detención ilegal». Debían cumplir «seis años y un día de prisión mayor»» e indemnizar a Luis Abaitua «por daños físicos y morales», de forma conjunta, con «100.000 pesetas» (unos 1.333,65 euros al cambio actual). Ambos se declararon insolventes.
La obligación de pagar la indemnización civil no prescribía entonces hasta 15 años después, de modo que Otegi tuvo 15 años para saldar su deuda, hasta febrero de 2004. No lo hizo, según los Abaitua, y no por falta de dinero. Ganó un sueldo cuando, tras salir en 1993 de la cárcel, trabajó en un bar de Elgóibar. Y dio un salto importante cuando en 1995 logró un escaño en el Parlamento Vasco, en el que se mantendría hasta el año 2005. La retribución de un parlamentario como él superaba por entonces los 57.830 euros brutos anuales, según figura en los presupuestos de la Cámara vasca para el año 2004.
Aunque probablemente sus ingresos eran superiores. Vicente Askasibar, tesorero del conglomerado Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS, subordinado a ETA), declaró en la Audiencia Nacional que en los años 90 y como «liberado» de Herri Batasuna, le proporcionaba a Otegi una nómina de 110.000 pesetas al mes.
Ahora, según su asistente de comunicación, Otegi sólo cobra 32.886 euros brutos al año como coordinador general de EH Bildu. Es su único ingreso, afirma esta fuente. En cualquier caso, el ex polimili ni siquiera tiene un inmueble a su nombre. Su mujer, Mari Juli Arregi Gorrotxategi, es la titular de un piso de 115 metros comprado en 1996 en Elgóibar y de una plaza de garaje cercana. [Con ella Otegi comparte noviazgo y militancia desde la juventud, En marzo de 1979 una nota de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao llegó a nombrarla como parte del comando que custodió a Abaitua en su «cárcel del pueblo». Ambos son padres de dos hijos].
¿Y la deuda impagada a Luis Abaitua? En aquella época la Administración pública no actuaba persiguiendo de oficio las indemnizaciones debidas a las víctimas. Ha empezado a hacerlo ahora, hace apenas dos años, ordenando el embargo de bienes de condenados de ETA que no han abonado esos importes al declararse insolventes, aunque en muchos casos la realidad es que, una vez libres, trabajan en negro y no declaran sus ingresos.
En todos estos años ha sido la Administración quien ha asumido la deuda de los etarras y ha pagado las indemnizaciones a sus víctimas. No ocurrió con Luis Abaitua, según la familia. Ellos nunca recibieron i ndemnización alguna, afirman las fuentes consultadas.
El empresario, muy tocado por el secuestro, acabó abandonando el País Vasco y mudándose a Brasil. Luego regresó a España, aunque a Castilla y León. En la planta de Michelin de Valladolid se jubiló. En 1991 regresó a Vitoria, muy incómodo -se sentía marcado, temía que le reconocieran, que le recordaran- y un año después murió de un cáncer de pulmón. Nunca llegó a recuperarse. Durante el secuestro se sintió «tan humillado» que «perdió su brillo, se apagó, se volvió más reservado», relató Joseba. «Lo que le afectó fueron las vejaciones que sufrió en el zulo. Eso le tocó profundamente. Se sintió profundamente humillado, convulsionado como persona».
LAS OTRAS SOSPECHAS
La etapa de la que Otegi no quiere hablar está salpicada de otras actividades terroristas en las que las fuerzas de seguridad y en ocasiones sus compañeros de ETA le situaron, sin que su participación en ellas pudiera probarse judicialmente, según las fuentes consultadas de la Audiencia Nacional. El hoy coordinador general de EH Bildu fue investigado por al menos tres secuestros más, uno de ellos frustrado, y por otros ataques que datan de los años 70.
En un sumario de 1980, el Gordo fue imputado por robos y estragos de banda armada. La sentencia acabó condenando a varios terroristas en 1985, pero en octubre de 1987 se declaró el sobreseimiento libre por prescripción en lo que respectaba a Otegi.
El primer secuestro con el que se le relacionó tuvo lugar el 25 agosto de 1978. Fue el de Javier Artiach Meng, presidente de la fábrica de galletas Artiach y de Harino Panadera. Aquel día de verano en Guecho (Vizcaya), un comando le obligó a entregar 10 millones de pesetas bajo la amenaza de asesinar a uno de sus cuatro hijos. Otegi fue imputado -también junto a su compañero el Bigotes- pero no se encontraron pruebas suficientes contra él, así que el caso quedó sobreseído provisionalmente en 1988.
En febrero de 1979 llegaría el secuestro de Luis Abaitua. Cinco meses después, el 3 de julio, las fuerzas de seguridad situaron a Otegi en otro rapto malogrado: el intento de captura en Madrid del diputado de UCD Gabriel Cisneros, que milagrosamente logró deshacerse de los terroristas y salvar la vida tras ser tiroteado con una ametralladora que le hirió de gravedad en el estómago. También aquí Otegi estuvo imputado. Según las fuerzas de seguridad, Otegi y el Bigotesvigilaron a Cisneros y, cuando esa noche salió de su coche para entrar en casa, el compañero del Gordo le sujetó y, ante su resistencia, le disparó. Sin embargo, en 1990 la Audiencia Nacional absolvió a ambos por falta de pruebas. Cisneros, que murió en 2007, siempre subrayó «el tiro de Otegi» como la peor fuente de sufrimiento de su vida.
El 11 de noviembre de 1979 se produjo el secuestro de Javier Rupérez, también de UCD. Y el nombre de Arnaldo Otegi no sólo lo dieron los investigadores; también dos condenadas por el secuestro le inculparon directamente. La etarra francesa Françoise Marhuenda relató que el Gordo iba al volante del coche en el que metieron a Rupérez. Que le introdujeron en el maletero y lo llevaron hasta una vivienda de Hoyo de Pinares (Ávila), donde lo fueron vigilando entre varios, incluido Otegi. La otra condenada, Begoña Aurteneche, declaró que alojó a Otegi en su piso y le dio las llaves de su chalé en Hoyo de Pinares. Igualmente, uno de los jefes de los polimilis,José Antonio Alcocer Gabaldón (Zapatones), dijo que Otegi había intervenido en el secuestro.
La Fiscalía le acusó de depósito de armas, tenencia ilícita de explosivos y detención ilegal y pidió 29 años de prisión para él. Pero Javier Rupérez no le reconoció en el juicio, el testimonio de las condenadas no fue utilizado en la vista oral, Otegi negó su pertenencia a ETA y cualquier relación con el secuestro... Y, por falta de pruebas materiales, fue absuelto. Lo mismo ocurrió con su compañero Alkorta. Según la sentencia absolutoria, ni siquiera pudo acreditarse «que ellos fueran conocidos con los apodos de Bigotes y Gordo» ni que formaran parte del llamado comando Kalimotxo.
"POR LO MENOS ESO ES LO QUE DICE EL JUEZ..."
En el libro hagiográfico que escribió sobre él el periodista Antoni Batista, Otegi y la fuerza de la paz, el propio Otegi comenta «con un punto de ironía», según el autor: «Ahora Javier Rupérez anda diciendo a la prensa que yo debo decir si le secuestré o no. Bueno, él, que preside la Internacional Democristiana y que es el paladín del Estado de derecho y de la Justicia, tiene que reconocer que fui absuelto en este juicio. Por lo tanto, yo no le secuestré. Por lo menos eso es lo que dice el juez de la Audiencia Nacional, que a mí no me merece ningún crédito, pero que a él sí que habría de merecérselo».
Al contrario que Luis Abaitua, Javier Artiach y Gabriel Cisneros, el diplomático retirado Javier Rupérez sigue vivo. Y se ha pronunciado sobre la entrevista a Arnaldo Otegi en TVE. El ex embajador de España en Estados Unidos, de 78 años, ha lamentado en EsRadio con indignación: «Nadie le ha preguntado por lo que hizo con Cisneros ni por lo que hizo conmigo».
Arnaldo Otegi tuvo la oportunidad de dejar el terrorismo cuando el grupo al que pertenecía, ETA político-militar, se disolvió. Él eligió seguir con la sangre y pedir su ingreso en ETA militar. Después, cuando fue entregado por Francia, cumplió la condena por secuestrar a Luis Abaitua y, con los galones que en ese mundo daban la cárcel y las manos manchadas, medró en Herri Batasuna gracias al encarcelamiento de sus líderes. Hoy afirma ser un hombre de paz. «Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer», dice.
[Con información de Ángeles Escrivá].
Arnaldo Otegi, cuando fue detenido en 1983 en Francia, adonde había huido. Tenía 24 años. Fue entregado a España, donde fue imputado por cuatro secuestros. EFE
«No. Otegi nunca nos pagó». La respuesta de un pariente del empresario secuestrado Luis Abaitua Palacios es escueta y clara. Crónica le pregunta por la indemnización que Arnaldo Otegi estaba obligado a abonarles por su única condena de su etapa como pistolero de ETA, rama político-militar (ETA pm). Cien mil pesetas a medias con otro compañero de armas. Al principio, el actual coordinador general de EH Bildu, que en su reciente entrevista en el Canal 24 horas de TVE volvió a callar sobre sus inicios como encapuchado («Nosotros aceptamos que hemos generado sufrimiento en este país, pero nunca directamente porque no somos militantes de ETA»), se declaró insolvente. Pero tampoco después, cuando cobraba un sueldo generoso como parlamentario vasco, saldó su vieja deuda. Esta es la historia de la -probablemente- cuenta pendiente más antigua del «hombre de paz».
La sentencia de la Audiencia Nacional data del 24 de febrero de 1989 aunque no aparece publicada, como debería, en el portal del Poder Judicial. Los hechos juzgados habían tenido lugar una década antes: el secuestro durante diez días de Luis Abaitua Palacios, ingeniero, director de la planta de Michelin en Vitoria, de 48 años, casado y con seis hijos.
Según el fallo, a las 13.45 horas del 19 de febrero de 1979 en Vitoria, Arnaldo Otegi Mondragón (al que llamaban el Gordoy que entonces tenía 20 años) y otro terrorista llamado Luis María Alkorta Maguregi (alias el Bigotes), «dando cumplimiento a las consignas y órdenes recibidas de la cúpula de ETA pm», cogieron a Luis Abaitua, que se dirigía a su casa, le obligaron a introducirse en el coche que otros terroristas del comando habían robado, le quitaron el reloj, le taparon los ojos con «algodones y gafas oscuras» y le condujeron por diversas calles de la ciudad, «efectuando paradas y cambios de automóvil», hasta llevarlo «a un monte en las proximidades de Elgóibar», en Guipúzcoa.
Allí, en el pueblo natal de Otegi, «tenían preparado un agujero o zulo, excavado en la tierra, y que consistía en un habitáculo de 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y 1,80 de altura, con entrada disimulada por arbustos y ramajes». En aquel zulo permaneció Luis Abaitua cautivo y constantemente vigilado nueve días, hasta el 28 de febrero.
Esa noche, prosigue la sentencia, lo sacaron «de la cueva con los ojos vendados» y lo llevaron en coche hasta Vitoria, «donde, sobre la una de la madrugada del siguiente día [el décimo, 1 de marzo], fue dejado en libertad».
En el fallo se recoge que no consta que los secuestradores pidieran un «rescate económico o de otro tipo», ni que se hubiera puesto «condición alguna» a su liberación; que parecía más bien que «la operación obedeció a fines propagandísticos de la ideología del comando, y en relación a los conflictos laborales que afectaban a la empresa Michelin». [La hemeroteca y la familia de Abaitua completan el relato. Durante el secuestro, ETA pm exigió a la dirección de Michelin que negociara las demandas de la plantilla, o el rehén sería «ejecutado». La familia rogó a la dirección y al comité de empresa que hicieran lo posible. Ambos accedieron y un mes después se firmó el nuevo convenio, como pedía la banda].
Luis Abaitua, retratado por ETA pm durante su secuestro en Elgóibar.ARCHIVO
"JUGABAN CON ÉL A LA RULETA RUSA"
La Audiencia Nacional indicó además que el raptado «recibió buen trato durante el tiempo que permaneció en el zulo». [El relato de la familia Abaitua es otro. En casa, Luis -fallecido en 1992- contaba que los terroristas habían jugado con él «a la ruleta rusa», según relató su hijo Joseba a Crónica en febrero de 2016. Durante el día le trataron de forma «neutra», incluso «amable», pero por las tardes se ponían «broncos». Le sometieron a un interrogatorio cuya grabación enviaron a varias radios. Le dijeron que era «un explotador de la clase trabajadora», le explicaron por qué merecía su secuestro, le preguntaron por cuestiones laborales de la empresa. Los terroristas hicieron públicas cuatro fotos de Luis secuestrado con un cartel del hacha y la serpiente. Por las noches llegaba lo peor. «Era algo escabroso. Mi padre me contó que, para amedrentarle, no dudaban en representar escenas truculentas como el juego de la ruleta rusa. Le hacían coger una pistola y le obligaban a dispararse. (...) Temimos que lo mataran. Él también: cuando salió nos contó que pensaba que no iba a salir con vida», desveló Joseba].
El caso es que, a lo largo de hasta cuatro sentencias, la Audiencia Nacional condenó por este secuestro a Otegi y a otros siete miembros de ETA (entre ellos, dos mujeres). Al Gordo y al Bigotes los consideraron «autores y criminalmente responsables de un delito de detención ilegal». Debían cumplir «seis años y un día de prisión mayor»» e indemnizar a Luis Abaitua «por daños físicos y morales», de forma conjunta, con «100.000 pesetas» (unos 1.333,65 euros al cambio actual). Ambos se declararon insolventes.
La obligación de pagar la indemnización civil no prescribía entonces hasta 15 años después, de modo que Otegi tuvo 15 años para saldar su deuda, hasta febrero de 2004. No lo hizo, según los Abaitua, y no por falta de dinero. Ganó un sueldo cuando, tras salir en 1993 de la cárcel, trabajó en un bar de Elgóibar. Y dio un salto importante cuando en 1995 logró un escaño en el Parlamento Vasco, en el que se mantendría hasta el año 2005. La retribución de un parlamentario como él superaba por entonces los 57.830 euros brutos anuales, según figura en los presupuestos de la Cámara vasca para el año 2004.
Aunque probablemente sus ingresos eran superiores. Vicente Askasibar, tesorero del conglomerado Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS, subordinado a ETA), declaró en la Audiencia Nacional que en los años 90 y como «liberado» de Herri Batasuna, le proporcionaba a Otegi una nómina de 110.000 pesetas al mes.
Ahora, según su asistente de comunicación, Otegi sólo cobra 32.886 euros brutos al año como coordinador general de EH Bildu. Es su único ingreso, afirma esta fuente. En cualquier caso, el ex polimili ni siquiera tiene un inmueble a su nombre. Su mujer, Mari Juli Arregi Gorrotxategi, es la titular de un piso de 115 metros comprado en 1996 en Elgóibar y de una plaza de garaje cercana. [Con ella Otegi comparte noviazgo y militancia desde la juventud, En marzo de 1979 una nota de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao llegó a nombrarla como parte del comando que custodió a Abaitua en su «cárcel del pueblo». Ambos son padres de dos hijos].
¿Y la deuda impagada a Luis Abaitua? En aquella época la Administración pública no actuaba persiguiendo de oficio las indemnizaciones debidas a las víctimas. Ha empezado a hacerlo ahora, hace apenas dos años, ordenando el embargo de bienes de condenados de ETA que no han abonado esos importes al declararse insolventes, aunque en muchos casos la realidad es que, una vez libres, trabajan en negro y no declaran sus ingresos.
En todos estos años ha sido la Administración quien ha asumido la deuda de los etarras y ha pagado las indemnizaciones a sus víctimas. No ocurrió con Luis Abaitua, según la familia. Ellos nunca recibieron i ndemnización alguna, afirman las fuentes consultadas.
El empresario, muy tocado por el secuestro, acabó abandonando el País Vasco y mudándose a Brasil. Luego regresó a España, aunque a Castilla y León. En la planta de Michelin de Valladolid se jubiló. En 1991 regresó a Vitoria, muy incómodo -se sentía marcado, temía que le reconocieran, que le recordaran- y un año después murió de un cáncer de pulmón. Nunca llegó a recuperarse. Durante el secuestro se sintió «tan humillado» que «perdió su brillo, se apagó, se volvió más reservado», relató Joseba. «Lo que le afectó fueron las vejaciones que sufrió en el zulo. Eso le tocó profundamente. Se sintió profundamente humillado, convulsionado como persona».
LAS OTRAS SOSPECHAS
La etapa de la que Otegi no quiere hablar está salpicada de otras actividades terroristas en las que las fuerzas de seguridad y en ocasiones sus compañeros de ETA le situaron, sin que su participación en ellas pudiera probarse judicialmente, según las fuentes consultadas de la Audiencia Nacional. El hoy coordinador general de EH Bildu fue investigado por al menos tres secuestros más, uno de ellos frustrado, y por otros ataques que datan de los años 70.
En un sumario de 1980, el Gordo fue imputado por robos y estragos de banda armada. La sentencia acabó condenando a varios terroristas en 1985, pero en octubre de 1987 se declaró el sobreseimiento libre por prescripción en lo que respectaba a Otegi.
El primer secuestro con el que se le relacionó tuvo lugar el 25 agosto de 1978. Fue el de Javier Artiach Meng, presidente de la fábrica de galletas Artiach y de Harino Panadera. Aquel día de verano en Guecho (Vizcaya), un comando le obligó a entregar 10 millones de pesetas bajo la amenaza de asesinar a uno de sus cuatro hijos. Otegi fue imputado -también junto a su compañero el Bigotes- pero no se encontraron pruebas suficientes contra él, así que el caso quedó sobreseído provisionalmente en 1988.
En febrero de 1979 llegaría el secuestro de Luis Abaitua. Cinco meses después, el 3 de julio, las fuerzas de seguridad situaron a Otegi en otro rapto malogrado: el intento de captura en Madrid del diputado de UCD Gabriel Cisneros, que milagrosamente logró deshacerse de los terroristas y salvar la vida tras ser tiroteado con una ametralladora que le hirió de gravedad en el estómago. También aquí Otegi estuvo imputado. Según las fuerzas de seguridad, Otegi y el Bigotesvigilaron a Cisneros y, cuando esa noche salió de su coche para entrar en casa, el compañero del Gordo le sujetó y, ante su resistencia, le disparó. Sin embargo, en 1990 la Audiencia Nacional absolvió a ambos por falta de pruebas. Cisneros, que murió en 2007, siempre subrayó «el tiro de Otegi» como la peor fuente de sufrimiento de su vida.
El 11 de noviembre de 1979 se produjo el secuestro de Javier Rupérez, también de UCD. Y el nombre de Arnaldo Otegi no sólo lo dieron los investigadores; también dos condenadas por el secuestro le inculparon directamente. La etarra francesa Françoise Marhuenda relató que el Gordo iba al volante del coche en el que metieron a Rupérez. Que le introdujeron en el maletero y lo llevaron hasta una vivienda de Hoyo de Pinares (Ávila), donde lo fueron vigilando entre varios, incluido Otegi. La otra condenada, Begoña Aurteneche, declaró que alojó a Otegi en su piso y le dio las llaves de su chalé en Hoyo de Pinares. Igualmente, uno de los jefes de los polimilis,José Antonio Alcocer Gabaldón (Zapatones), dijo que Otegi había intervenido en el secuestro.
La Fiscalía le acusó de depósito de armas, tenencia ilícita de explosivos y detención ilegal y pidió 29 años de prisión para él. Pero Javier Rupérez no le reconoció en el juicio, el testimonio de las condenadas no fue utilizado en la vista oral, Otegi negó su pertenencia a ETA y cualquier relación con el secuestro... Y, por falta de pruebas materiales, fue absuelto. Lo mismo ocurrió con su compañero Alkorta. Según la sentencia absolutoria, ni siquiera pudo acreditarse «que ellos fueran conocidos con los apodos de Bigotes y Gordo» ni que formaran parte del llamado comando Kalimotxo.
"POR LO MENOS ESO ES LO QUE DICE EL JUEZ..."
En el libro hagiográfico que escribió sobre él el periodista Antoni Batista, Otegi y la fuerza de la paz, el propio Otegi comenta «con un punto de ironía», según el autor: «Ahora Javier Rupérez anda diciendo a la prensa que yo debo decir si le secuestré o no. Bueno, él, que preside la Internacional Democristiana y que es el paladín del Estado de derecho y de la Justicia, tiene que reconocer que fui absuelto en este juicio. Por lo tanto, yo no le secuestré. Por lo menos eso es lo que dice el juez de la Audiencia Nacional, que a mí no me merece ningún crédito, pero que a él sí que habría de merecérselo».
Al contrario que Luis Abaitua, Javier Artiach y Gabriel Cisneros, el diplomático retirado Javier Rupérez sigue vivo. Y se ha pronunciado sobre la entrevista a Arnaldo Otegi en TVE. El ex embajador de España en Estados Unidos, de 78 años, ha lamentado en EsRadio con indignación: «Nadie le ha preguntado por lo que hizo con Cisneros ni por lo que hizo conmigo».
Arnaldo Otegi tuvo la oportunidad de dejar el terrorismo cuando el grupo al que pertenecía, ETA político-militar, se disolvió. Él eligió seguir con la sangre y pedir su ingreso en ETA militar. Después, cuando fue entregado por Francia, cumplió la condena por secuestrar a Luis Abaitua y, con los galones que en ese mundo daban la cárcel y las manos manchadas, medró en Herri Batasuna gracias al encarcelamiento de sus líderes. Hoy afirma ser un hombre de paz. «Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer», dice.
[Con información de Ángeles Escrivá].
D
Deleted member 27021
Guest
No. El Procès es la respuesta de los políticos sobre todo de CiU que han robado sin complejos y les ha pillado que lo de la corrupción ya no se ve bien. Y han arrastrado a un montón de gente con mentiras por doquier.
Insistir en que la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos del Estatut nuevo era una "campaña de acoso y derribo orquestada por el facherío patrio" y no la constatación de la realidad de que algunos artículos no eran conformes a la constitución es una prueba más de que cuando a alguien no le gusta lo que ocurre lo llama facha y santas pascuas.
Y decir que hubo una campaña de acoso y derribo orquestada por el facherío patrio contra la disolución negociada de ETA es no solo sectario sino insultante. ETA debía rendirse, y así lo hizo. Una disolución negociada es otra cosa.
0 replies . 1 retweet 9 likes
Fíjate qué cosas, que a quien más se me parece a mi la que va montada en el pollo es a Irene Montero!!!!
Si solo crispa usted.
https://www.economiadigital.es/poli...s-entre-espanoles-y-catalanes_174470_102.html
Como si no supieramos lo que quiere decir Junqueras con esto.
Ademas posteriormente el experto que hizo el informe reconocio que no habia diferencia entre el ADN catalan y el del resto de España, asi que ademas Junqueras estaba hablando de información erronea.
Del articulo de Torra ya discutimos, se referia a todos los Españoles, usted se invento la teoria, sustentada por nada, de que solo se referia al trifachito o a los que odian cataluña, porque esta usted obsesionada con justificar todo lo que hacen los suyos y que todos los males vienen del enemigo. Lo cierto es que Torra califico de bestia tarada y por extensión a todos los Españoles por el mero hecho de solicitar que hablaran tambien en castellano ademas de en catalan, que ni justifica sus insultos, ni de alguna forma le permite saber magicamente la afinidad politica de esa persona o lo que peinsa de cataluña (se ve que pedir que te hablen en castellano tambien es fascista si hace falta para proteger a Torra), eso se lo inventa usted tambien.
Convierte a la victima en culpable y la culpa de todo, quizas ni era de cataluña y no sabia el idioma o quizas pensaba que el bilinguismo significa que las cosas vayan en dos idiomas, pero es mas facil decir que odia a cataluña y se merece la sarta de insultos que le callo encima, el pobre de Torra tan malinterpretado, deberia darla verguenza ajena lo que dice, pero claro, si son de los suyos defiende cualquier cosa.
Menuda falacia y que asco de argumento, odiaba a los catalanes porque yo lo digo asi que se lo merecia. Ademas luego se disculpo todo arreglado.
Que ademas no tiene futuro porque Torra tiene muchas salidas racistas como esa:
Mas de Torra.
A ver si esto tambien lo puede justificar, que Torra haya tratado de ocultar esta información lo dice todo.
Podria ponerla muchos mas ejemplos pero no con fuentes verificables, asi que conformese con la pequeña muestra.
Por cierto su "especimenes" en su replica tambien suena mucho como un insulto o al menos despectivo. No me sorprenderia viniendo de usted. El terrible crimen de pedir que te hablen en castellano pero luego cuando salta la noticia de la que exigio que la hablaran en catalan, que es exactamente lo mismo ni una palabra y siguiendo su "logica" debia odiar a España y ser un "especimen" por usar su propia palabra.
Claro, claro, Franco lo justifica todo, salio el comodin de Franco, ya esta todo disculpado, ¿hasta que extremos esta dispuesta a llegar? Otro ejemplo mas de lo que significa convertir algo en superior a todas las cosas tienen que ser perfecto e intachable, todo lo malo se tiene que disculpar y justificar lo malo e injusto es solo proveniente de los enemigos. Que lamentable cerradez, la milesima aprte de eso dicho por alguien del trifachito y estaria denunciandolo como fascismo durante años, pero es de su lado, asi que a blanquear y justificar.
Anti-crispación Pujol, madre mia.... no hay mas ciego que el que no quiere ver.
Sus post tienen la unica virtud de ser breves, estan llenos de mentiras, fanatismo, hipocresia y condenar a quienes no la gustan mientras blanquea, justifica y perdona todo lo que hacen los otros cuando es igual o peor.
Es en suma demasiado cobarde para tolerar la posibilidad de lo que apoya sea falible y carente de argumentos recurre siempre al insulto, desacreditar o tratar de cambiar de tema para salirse con la suya.
Y fracasa siempre.
Por cierto,mas insultos, ahora soy indocumentado, ser insultado por alguien tan cargado de intolerancia y prejuicios como usted solo puede ser un halago. Su comportamiento es como el de una niña pequeña que acaba siempre recurriendo al insulto porque no es capaz de defender nada con argumentos.
Dejese los aires de diva sabeloto para cuando no demuestre su ignorancia de forma constantemente "la soberania popular reside en el trifachito" cataluña entrara en la UE tras independizarse de inmediato" etc....
Y no se cuanto llevara en este pais pero a mi me da la impresión, cuando se pone a lanzar insultos pueriles que no tiene mas de quince años, al menos en madurez.
Si mis mensajes tienen falsedades es por error humano, todos nos equivocamos, a diferencia de los suyos, que estan plagados de ellos, deliberadamente.
Última edición:
