Jueces a dedo para el PP

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A veces nos hemos referido a cómo los nombramientos de altos cargos del CGPJ están viciados de un interés y politización que acaba creando órganos infectados

Elisa Beni
02/03/2019 - 20:06h
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El edificio del CGPJ, situado en la calle Marqués de la Ensenada en Madrid EFE

"El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo"
Gabriel García Márquez. Cien años de soledad



Nos distraemos con facilidad. Todos. A veces obligados por la enormidad del lugar hacía el que es obligado dirigir los focos. Otras veces distraídos por la ligereza, por la agilidad del juego de manos de un trilero moviendo sus cubiletes. Nos distraemos, pero mientras, otros no pierden comba. En materia judicial todas estas reflexiones son especialmente válidas y así, mientras todos los redobles de tambor apuntan hacia un lateral de la Plaza de la Villa de París, en la que el Tribunal Supremo desarrolla un juicio explosivo y polémico que atrae todas las miradas, los juegos de malabares en los otros dos extremos de la misma plaza, los ocupados por el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional, no pierden ocasión para seguir surfeando las normas en apariencia y en fondo y siempre a favor de los mismos.

Muchas veces nos hemos referido a cómo los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del CGPJ están viciados de un interés y una politización que acaba creando órganos infectados. Esta denuncia siempre diferencia entre esos cargos y la mayoría de los puestos jurisdiccionales que están sometidos al concurso regido por la antigüedad, de manera que es el escalafón el que determina quien cubre las vacantes y, por tanto, que dificulta sobre manera manipular qué juez estará en cada lugar. Resulta un inconveniente para los intereses y los manejos de muchos, sobre todo en órganos que acumulan la mayor parte de los casos que interesan al poder. Eso sucede, y no les sorprenderá, en la Audiencia Nacional. Por eso voy a salirme hoy del foco del Supremo, para explicarles cómo mientras ni Lesmes ni Espejel, alias querida Concha, ni sus adlateres han perdido el tiempo estos días para lograr colocar a quien han deseado en el tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas y todas las demás piezas que quedan de la Gürtel y también en el juzgado en el que se instruye el caso Villarejo y todas las derivadas como el espionaje del BBVA, el caso Lezo y la Púnica entre otras jugosas causas.

Hubo muchos candidatos para esos puestos a dedo. A fin de cuentas, en la AN ya no se corre el riesgo de que te maten -lo que reducía mucho las ganas de postularse- y, sin embargo, existen grandes posibilidades de que los focos se posen en ti y en tu carrera. Como les digo, toda la chicha judicial está en los alrededores. Esto es lo que le ha pasado a la magistrada Maria Fernanda García, quien hace un año declaraba al diario Jaén, "Tengo la inquietud de progresar",y que al parecer la ha encauzado tan bien que meses después ha pasado a ser la ponente de todas las causas de Gürtel que están pendientes de enjuiciamiento. ¡Que tomen nota todos los sufridos jueces enterrados en sentencias y cuyo número de escalafón, como el de María Fernanda (el 1.994) no les daría desde luego para ese vertiginoso giro! Quien no tiene padrinos, no se bautiza. Ella ha sido preferida a su competidora más directa, Teresa Quesada, que está en el puesto 695 ¡pero que son 1300 puestos en antigüedad! Y es que, según le relata Concepción Espejel a la Permanente de Lesmes, lo importante en estos casos no es la antigüedad, que es experiencia, sino que su candidata preferida ya ha manejado materias que son competencia de la Audiencia Nacional como... Menores. Sí, han leído bien. Menores. Cierto es que la AN tiene un juzgado de Menores del que ¿recuerdan su último caso? Menores.

Así que Espejel pone en primer lugar a su candidata, Lesmes y su clan restringido lo aprueban -o a la inversa, que también podría ser- e inmediatamente ésta adscribe a su nuevo fichaje a la Sección Segunda, la que tiene todos los casos Gürtel y dicta este viernes una providencia para meterla en esos tribunales y nombrarla ponente de los Papeles de Bárcenas. Todo de una tacada. Esta maniobra supone, como muy bien decía ayer la periodista Alicia Gutiérrez, el séptimo cambio de tribunal para esa causa. El séptimo. Para meter a la nueva, Espejel ha tenido que sacar fuera a un magistrado con plaza en la Sala, Fernando Andreu, como también se arregló para sacar a José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia que precipitó la caída del Gobierno Rajoy. Ambos progresistas, pura casualidad, y bestias negras para el PP.

Espero que no se hayan perdido, porque no es la única jugada que nos han hecho detrás del telón. Hay otro movimiento en el Juzgado Central número 6, el que lleva el Caso Villarejo y el Caso Lezo y el espionaje del BBVA y tantas otras cosas. Tantas, que el juez que tuvo que volver de Roma -Nacho González, dixit- está agobiado y precisado de ayudas que también se buscan por la vía de la comisión a dedo.

Después de la misteriosa salida de su refuerzo Diego de Egea, justito justito cuando se filtró que estaba estudiando dejar en libertad a Villarejo, se volvieron a pedir voluntarios para ir a ese juzgado. Fíjense bien, se piden voluntarios para puestos a dedo en juzgados que ya sabemos qué casos llevan. Lo mismo que antes.

En esta ocasión también se han nombrado a otro bisoño miembro de la conservadora APM, con unos diez años en la carrera judicial, y que durante los mismos fue propulsado directamente a puestos,también a dedo, como jefe de la Sección de Personal del CGPJ. Poco tiempo ha pasado en el juzgado de Fuenlabrada en el que está como JAT,o sea, sin puesto en propiedad. Debe ser otro caso claro de los que tienen "inquietud por progresar", porque le ha ganado la designación para el refuerzo a Rosa Freire, una magistrada con 29 años de experiencia pero que tal vez tiene la pega, tal vez, de haber sido la instructora del caso de la destrucción de los ordenadores del PP a martillazos que ha conseguido llevarlo hasta su enjuiciamiento.

Para hacer esta elección, alegan que Abascal ya estuvo seis meses de refuerzo en ese juzgado, y que lo conoce, pero es que cuando le nombraron la primera vez debió ser por su cara bonita, porque no existía ese mérito que alegar. Total, que la Freire lo va impugnar, a ver que le dice el Supremo pero mientras, Abascal está en el sitio donde le quieren tener. El chico iba en las listas para vocal de la fallida renovación del CGPJ y, qué quieren, puestos a no estar en un costado de la Plaza de la Villa de París, tampoco está mal el otro. Todo es el cogollo.

Espero que no se hayan perdido. Es todo muy sencillo. Siempre encuentra fanfarrias jurídicas y pantallas reglamentarias para justificar lo que desean. Actúan en un mundo en el que ni el resto de la carrera judicial repara, ¡los pobres, bastante tienen con sobrevivir a su chinificación continua!, y sobre el que es difícil poner el foco ante los ciudadanos, por su complejidad y enrevesamiento.

Son las puertas de atrás. Esas por las que se controla. A veces va un bocazas y lo escribe en un mensaje y estalla, pero ha pasado y sigue pasando. Curiosamente a favor de los mismos. Los que mandan. Los de siempre. Ahora sigamos dejando que nos cieguen las luces. Eso al menos, nos entretiene.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Jueces-dedo-PP_6_873572642.html

Ya lo hemos visto cuando a pesar del dictamen del Tribunal de cuentas no se ha encontrado pruebas suficientes para LLevar a Ana Botella ante los tribunales por vender viviendas publica a fondos buitre. Si observamos que tribunal debía decidir esto lo tenemos todo aclarado.
 
EXCLUSIVALA MAFIA DEL PARTIDO POPULAR

EXCLUSIVA | LA MAFIA DEL PARTIDO POPULAREl juez de Cursach oculta un macro-informe policial sobre décadas de corrupción del PP

El oficio del Grupo de Blanqueo de la UDEF (725 folios y casi 2.500 más en anexos), al que 'Público' ha tenido acceso, sostiene que la cúpula del Partido Popular capitaneó durante más de 20 años una trama política y funcionarial mafiosa en Baleares: una vasta organización criminal dedicada al enriquecimiento de sus dirigentes que manipuló la Administración pública, el poder legislativo, los tribunales de oposiciones y la Policía local, causando "un brutal menoscabo" del interés general.




Encabezado del macro-informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF, dirigido al Juzgado de Instrucción nº12 de Palma de Mallorca, sobre dos décadas de organización criminal mafiosa del PP en Baleares.

MÁS INFORMACIÓN

PALMA/BARCELONA
14/03/2019 08:01 Actualizado: 14/03/2019 08:01
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
El demoledor informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llegó al Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma de Mallorca el 25 de septiembre de 2017, y su contenido debería haber provocado un terremoto político y judicial, puesto que era la incontestable culminación de años de investigación policial. Y su arranque no deja lugar a dudas:

"A través de la presente investigación, en el marco de las Diligencias Previas 1176/14, del Juzgado de Instrucción número 12 de los de Palma, se da cuenta de la existencia en la administración autonómica Balear y, al menos, en la administración municipal Palmesana, de una estructura paralela a la política y funcionarial que, a modo de rémora o parásito, está causando desde hace muchos años un perjuicio a la ciudadanía y un brutal menoscabo de la seguridad jurídica y el bienestar que las administraciones están obligados a proporcionar a los ciudadanos administrados".

Así comienzan los 725 folios –apoyados en documentos, imágenes y testimonios recogidos en dos anexos que suman 2.485 folios más– sobre la Gürtel mallorquina del PP, que queda bien retratada en el segundo párrafo de ese Oficio, perteneciente a las Diligencias Previas 1.176/14, que no ha sido difundido por el juez pero cuyo contenido íntegro está en posesión de este diario (las negritas son nuestras):

"A lo largo del presente informe se podrán observar pruebas e indicios de la creación delegislación específica que beneficia a personajes concretos, con desprecio absoluto al interés general; la manipulación de oposiciones que coloca a funcionarios amigos o maleables en puestos de la administración real pero que, con sus actuaciones y omisiones, benefician a la administración parasitaria; manipulación, a través de decisiones tomadas en órganos no aptos para ello, de todo tipo de actuaciones administrativas, con la complicidad de los órganos sindicales y funcionariales que deberían estar encargados de su vigilancia; la defenestración de aquellos funcionarios que no se avienen a los deseos de la administración parasitaria y el meteórico ascenso de los dóciles a ella; el acompañamiento y participación de algunos empresarios en esta tarea invasiva y depredadora de los caudales públicos".




Fragmento del comienzo del informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF sobre dos décadas de mafia del PP en Baleares.

Cómo destruir a un juez para ocultar el informe policial
Semejante informe de la UDEF es más que suficiente para abrir una nueva pieza judicial en el caso Cursach, la causa contra el rey de la noche de Palma –el empresario de clubes nocturnos y locales de alterne Bartolomé Tolo Cursach– por montar una estructura mafiosa sobornando a la Policía local de la capital balear, que investigaba el juez Manuel Penalva del Instrucción 12 al que iba dirigido este oficio. Además, pocos meses antes (en marzo de 2017) Penalva había enviado a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.

Sin embargo, la reacción de dicha organización criminal fue fulgurante. Uno de los abogados de Cursach, Vicente Coco Campaner, fue a ver a una de las testigos de cargo de la trama: la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que había identificado como clientes no sólo a mandos policiales sino también a altos dirigentes del PP, como el barón Jose María Rodríguez Barberá o el exteniente alcalde y exdiputado Álvaro Gijón.

Tras su reunión con Campaner, la madame dio de pronto marcha atrás, acusando al juez y al fiscal de presionarla, y llegó incluso a grabarles en secreto. Al final, presentó whatsapps que le había enviado Penalva y eso permitió a Cursach recursarlo como juez de instrucción. Por cierto, Coco Campaner acaba de ser condenado por la jueza del Juzgado Nº1 de Lo Penal de Palma por desobedecer una orden de alejamiento del testigo protegido 29 del caso Cursach, quien fuera jefe de barra del Tito's y ha denunciado presiones para que cambie su testimonio.Incluso ha sido agredido varias veces por sicarios rumanos para que callara.

En cualquier caso, Penalva fue apartado de la causa y sustituido por el magistrado Miquel Florit, quien hace poco causó un escándalo al actuar contra los derechos fundamentales de los periodistas que investigan el caso, ordenando la incautación de sus móviles de trabajo. Y es precisamente Florit quien no ha movido un dedo con respecto al macro-informe policial que desvela todos los detalles sobre dos décadas de corrupción mafiosa del PP en Baleares.

Entre los políticos del PP que el informe de la UDEF considera necesario imputar está la exalcaldesa Catalina Cirer y los exregidores Navarro y San Gil
Por ejemplo, entre los políticos relevantes del PP a los que el Grupo de Blanqueo de la UDEF acusa de nuevos delitos –además del presidente del partido en Palma, Rodríguez Barberá, verdadero capo dei capi de la trama– figuran notorios dirigentes populares, como la alcaldesa de Palma del 2003 al 2007, Catalina Cirer Adrover –actualmente consejera del Consell de Mallorca por el PP–, el exteniente de alcalde de Turismo de la ciudad, Álvaro Gijón (hoy concejal en el Grupo Mixto), o los regidores Guillermo Navarro e Irene San Gil, que no han sido investigados por esa nueva trama tras la llegada del juez Florit a la causa.

De hecho, desde que el Grupo de Blanqueo emitió su mega-informe sobre la organización criminal mafiosa del PP Balear, los imputados han logrado paralizar las investigaciones e impedir todo avance en las pesquisas sobre esa gran trama de corrupción político-policial estructural, creando indefensión de los testigos del caso Cursach y provocando el bloqueo judicial de la causa, según han revelado a Público fuentes de la investigación que piden no ser identificadas.

En su presentación de los resultados de su investigación, el Grupo de Blanqueo de la UDEF aseveró:




Fragmento del final del índice del informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF sobre dos décadas de mafia del PP en Baleares.

"El presente informe obedece a la absoluta convicción de los investigadores de que los hechos que nos vienen ocupando en los últimos años, causantes de las diferentes piezas separadas que se han ido creando, no podían ser fruto de una casualidad o de una actuación puntual, sino que se correspondería plenamente con la estructura de una organización criminal plenamente establecida y asentada en el tiempo".

La mafia del PP contaba con "unidades de espionaje (SIAP) y represión (DASI)", así como "unidades de élite" como "brazo armado" policial de la organización criminal
Una estructura para delinquir que, como se puede ver en el fragmento reproducido más arriba contaba hasta con "unidades de espionaje (SIAP) y represión (DASI)", así como lo que los investigadores denominan "unidades de élite como “brazo armado” policial de la organización criminal: Patrulla Verde, GAP, UII". Y cuyo origen sitúan en 1995, con la llegada de Rodríguez Barberá al Ayuntamiento de Palma como regidor de Economía y Recursos Humanos del alcalde Joan Fageda Aubert, en cuya primera etapa (1991-1995) se produjo la financiación ilegal con dinero negro de la sede del PP, tal como sentenciaron después los tribunales.

La gran trama mafiosa del PP parte, según el Grupo de Blanqueo de la UDEF, del momento en que toma las riendas el que sería el auténtico hombre fuerte del Partido Popular en Ses Illes: teniente de alcalde de Palma en dos legislaturas; conseller de Interior en el Govern de Jaume Matas de 2003 a 2007, periodo en el que también ocupó la secretaría general del PP de Baleares; diputado en el Parlament y senador autonómico; delegado del Gobierno en Baleares, y eterno presidente del PP de Palma:

"José Mª RODRÍGUEZ se percata de que, para llevar a cabo sus planes delictivos, la forma de acceso debía ser mediante el asalto al poder que le permitiera disponer de recursos suficientes. La única forma era acceder a un partido político (AP/PP), donde se puede manejar con cierta habilidad en el desarrollo de sus pIanes, conforme a su trayectoria profesional".




El modus operandi del hombre fuerte del PP en Baleares, según la UDEF.

"El funcionamiento de la maquinaria criminal es compleja en su sencillez, con una cultura de fidelización del 'soldado' dentro de la estructura" mafiosa
"La metodología de funcionamiento de la maquinaria criminal es compleja en su sencillez. Lo primero que llama la atención es que se crea una cultura de fidelización entre la organización y el “soldado”, incluyendo a éste en la propia cultura de la organización y condicionando la misma desde posiciones muy bajas dentro de la estructura".

"Efectivamente, el “soldado” se erige en el centro de todas las miradas de la cúpula y si se quiere promocionar en la misma, será necesario estructurar la organización con cargo a las necesidades del soldado, al que hay que consultar frecuentemente, informaciones, tácticas y proyectos que, por las posiciones que ocupa, va conociendo; definiendo al tiempo un "plan de carrera” que permite al “soldado” desarrollarse tanto en la organización funcionarial como en la organización criminal y parasitaria, siempre y cuando le convenga a esta última".

Porque en el exhaustivo informe queda claro que la estructura del Partido Popular en Baleares, bajo Rodríguez Barberá, es absolutamente mafiosa y los "soldados" actúan como auténticos sicarios sin escrúpulos, como se puede leer en la página 695 del oficio dirigido al juez por el Grupo de Blanqueo:




El perfil de los encartados en la organización criminal mafiosa del PP Balear, según el informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF.

"El perfil de los encartados es el que se detalla a lo largo del informe, personas sin escrúpulos, capaces de vulnerar el ordenamiento jurídico de forma constante y permanente en el tiempo, a pesar de las resoluciones judiciales emitidas por el orden de lo contencioso administrativo, con la única finalidad de colocar en los puestos clave a las personas que más interesa a la organización criminal".

Conclusiones: Palma era como el Chicago de los Años 30
Y las conclusiones (a partir del folio 707) no pueden más que ratificar una realidad de casi un cuarto de siglo en el que Baleares, y sobre todo Palma de Mallorca, pareció estar viviendo el Chicago de los años 30, sólo que el jefe no era Al Capone sino el máximo dirigente del PP en las islas:

"Pues bien, lo expuesto de forma extensa y detallada en el presente informe, permite, en primer lugar, concluir que está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada y totalmente dolosa, diseño y ejecutó, a lo largo del tiempo, un plan con la finalidad de controlar ilícitamente la administración para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes exorbitantes como instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al Principio de Legalidad y a la actuación objetiva en pro del interés Público".

"Como se ha expuesto, se pretendía y se consiguió controlar totalmente determinados puestos de la administración, claves para sus intereses, para que actuasen en una pluralidad de hechos criminales, con el nexo común de que esa administración y esos funcionarios, los cuales debían obediencia y se encontraban controlados por la organización criminal".




Conclusiones principales del informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF sobre la organización criminal del PP que dominó las Baleares durante más de 20 años.

Y no hay duda de que el PP dominó las Baleares durante más de 20 años a través de una organización criminal, puesto que el informe detalla minuciosamente todas las características que jurídicamente la definen como tal:

"Las características principales que se han detectado y que se expondrán a lo largo del presente informe, coinciden plenamente con lo establecido en cuanto a las investigaciones policiales, por la circular de la Fiscalía General del Estado 2/2011, en relación con las organizaciones y grupos criminales, siendo necesarias al menos 6 de las 10 que establece la mentada circular, si bien en este caso se cumplen todas y cada una de ellas:

Las diez características de la organización criminal del PP
1°. Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso.

2º. Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía, a veces extravagante. Suele tener lugar una situación de aislamiento como forma de protección de los cabecillas del grupo mediante la interposición de testaferros, la autoinculpación de los subordinados en sede judicial o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas.

3º. Actuación prolongada en el tiempo o indefinida.
[...]
En la investigación que nos ocupa, se ha podido determinar que las acciones de la organización se vienen produciendo desde hace, al menos, veinte años, siempre en la misma dirección de aseguramiento del control sobre la administración.


4º. Comisión de actos delictivos graves. Se despliegan habitualmente técnicas o métodos complejos de ejecución para garantizar el éxito de las actividades delictivas. Cabría citar el uso de alta tecnología para las comunicaciones, las destrezas financieras en el manejo de fondos o distintas formas de relación con la función pública.

5º. Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.

6º. Uso sistemático de la violencia o de la intimidación grave.

7º. Utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales. Es habitual el uso de cualificados profesionales o expertos para garantizar el éxito de sus actividades delictivas.

8º. Actividades de blanqueo de capitales.

9º. Influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción.

10º. Finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos o de cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica.

Vaya, que la gran mafia del PP en Baleares lo tenía todo. ¿Qué hacer, pues, en un caso así? Para los que tienen el verdadero poder estaba bien claro: desmantelar el Grupo de Blanqueo que elaboró el informe y tapar sus conclusiones para que no salieran a la luz.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido: los principales investigadores del caso Cursach han sido apartados de sus unidades policiales; algunos a petición propia y otros invitados a marcharse antes de ser enviados a otros destinos. Toda la unidad fue desmantelada durante el año pasado y el último en resistirse a abandonar, el inspector jefe del Grupo de Blanqueo, finalmente tiró la toalla a finales de octubre y solicitó también el cambio de destino.

¿Van a conseguir tapar así una de las tramas políticas mafiosas más importantes de toda la democracia?

CONTINUARÁ...

https://www.publico.es/politica/exc...R3yrqTI1-MGFslJcp4ECYX6Tp8fTSsPW7BUXyfDqVFbw4
 
EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE BALEARES
La mafia policial de Cursach se organiza para intimidar a los investigadores y los testigos



El Tribunal Superior de Justicia de Baleares desestima otra de las querellas de imputados y socios de JAVA contra el juez que instruyó la causa sobre la organización criminal en la Policía Local de Palma de Mallorca. Veinticinco agentes de la capital balear, muchos de ellos investigados o incluso condenados, han montado una asociación de supuestas "víctimas de arbitrariedades judiciales" a través de la que intentan amedrentar a los denunciantes de la trama mafiosa del 'rey de la noche'.



Fragmento del auto del TSJ de Baleares desestimando la querella de un imputado de Cursach contra el juez que instruyó la causa de la mafia policial en Palma de Mallorca.

MÁS INFORMACIÓN

PALMA/BARCELONA
17/03/2019 22:52 Actualizado: 18/03/2019 07:54
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Fue condenado como cómplice de torturas en los calabozos de Palma de Mallorca y ahora se enfrenta en la Audiencia Nacional a una petición fiscal de siete años y medio por presunta complicidad con la organización criminal motera de los Ángeles del Infierno, pero el ex oficial de la Policía Local Carlos Vallecillo ha encontrado tiempo para querellarse por supuesta prevaricación contra el juez que instruyó la causa sobre la mafia de Bartolomé Cursach en la capital balear... alegando que no es exacto que él hubiese gritado en sede policial:

"Vais a conseguir que con la pistola haga una tontería contra el mariconazo del fiscal [anticorrupción], y la hija de put* de la juez", en referencia a la primera instructora del caso sobre el "rey de la noche" de Palma.


Vallecillo –inculpado en esa trama policial mafiosa por haber presuntamente arrojado a un contenedor de basuras a una de las prost*tutas que esa red explotaba– se ha apoyado para su contraofensiva judicial contra el magistrado Manuel Penalva en la recién creada Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (autodenominada JAVA) que está agitando una campaña jurídica y mediática para intimidar a los investigadores, los denunciantes y los testigos de la mayor trama de corrupción jamás descubierta en las Baleares.

El pasado día 12, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears desestimó esa querella en un auto firmado por tres magistrados en el que además se defiende y cita ampliamente el auto del juez Penalva, que ordenó la prisión preventiva de Vallecillo, ya que pone de manifiesto las características de esa trama mafiosa que dominó durante dos décadas la vida de los mallorquines:

"En efecto, parte del Auto se dedica a sostener la actuación de los «mandos policiales» como «una auténtica organización criminal» y así, en su Fundamento de Derecho (FD) Cuarto, en el que se encuentra el pasaje objeto de la querella, se afirma que su actuación «ha quedado seriamente en entredicho, en varios episodios esperpénticos que se explican a efectos puramente ejemplificativos y a la sazón ilustrativos del grado de corrupción que impregna a toda una institución policial» que concreta en diversos apartados", explica el TSJIB en sus "Razonamientos Jurídicos".

La "persecución padecida por un buen número de policías honestos" y las "amenazas a policías por denunciar"



Citas del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre las actividades de la trama mafiosa de Cursach en la Policía Local de Palma de Mallorca.

Entre los ejemplos citados:

"(...) el archivo de plano de una denuncia escrita contra determinado policía interino en la que se «alertaba de sus negocios en la Playa de Palma» (folio 15); en el cuarto se refiere la «filtración de exámenes oficiales en el año 2012» y al destino y consecuencias de una copia remitida, a un mando policial, por correo electrónico del protocolo notarial «demostrativo de cómo se filtraron» que ocasionó que un agente fuera «perseguido y amenazado por una banda de Rumanos» y , también, la «persecución padecida por un buen número de policías honestos» (folios 14 y 15); en el quinto se detallanlas amenazas sufridas por dos policías al haber denunciado a un jefe policial el preaviso «de las inspecciones que se iban a realizar», concretadas en que unos policías «al tiempo que efectuaban prácticas de tiro gritaban sus nombres», el de los denunciantes, «sin que uno solo de los mandos policiales adoptara medida alguna disciplinaria al respecto, o lo comunicaran a la autoridad judicial, como era su obligación» (...)"

Y el resumen continúa:

"(...) en el sexto da cuenta de la «represalia» de «cambio de destino» sufrida por un policía que denunció «hechos delictivos cometidos por compañeros» (folios 18 y 19); en el séptimo se destaca que varios policías del GAP [Grupo de Acción Preventiva] «fueron falsamente denunciados» por otros policías lo que dio lugar a que se les «forzó a abandonar la citada unidad» y que, al final, la correspondiente investigación efectuada en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma «concluyó con un auto de archivo en el que no sólo se niega que hayan incurrido en responsabilidades penales, sino también disciplinarias.» (...)"

Tras la recusación del magistrado Penalva, el juez Florit mantiene oculto el macro informe de la Policía Nacional sobre dos décadas de mafia del PP en las Baleares
Como reveló hace unos días Público en exclusiva, la dimensión y el alcance de la mafia política, administrativa y policial que capitaneó durante décadas la cúpula del Partido Popular en Baleares queda exhaustivamente expuesta en el macro-informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF (725 folios y casi 2.500 más en anexos) que le fue remitido hace año y medio al Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma de Mallorca y que el actual juez instructor de la causa, Miquel Florit, mantiene oculto.

En ese informe –a cuya versión íntegra ha tenido acceso este diario– se menciona numerosas veces a Vallecillo y, por ejemplo, se subraya una cita de un artículo aparecido en el Diario de Mallorca:

"Abundan las cosas Incomprensibles en el seno de la policía Local de Palma, como la de que Carlos VALLECILLO, el agente imputado por sus presuntos vínculos con los Ángeles del Infierno, en la práctica, intencionadamente o no, haya sido premiado. Su traslado cautelar ha hecho que recalara en una de las unidades de trabajo nocturno del cuerpo. Esto significa que hoy, con la nueva actividad, percibe una nómina mejor dotada y dispone de más días libres." (página 626)

Ahora, este ex oficial de la Policía Local –famoso por haber sido filmado apartando una cámara de vídeo en el calabozo para que no grabase los malos tratos a un detenido– está amparado por JAVA, donde se han organizado para contraatacar judicialmente los imputados en la trama mafiosa: tanto el presidente de esa asociación, Carlos Tomás, como el vicepresidente, Miquel Eugeni Pitarch, están imputados por su presunta participación en la organización criminal que coaccionó a más de 40 empresarios mallorquines en beneficio de Cursach y organizó una red de prostit*ción al servicio de dirigentes del PP.

Los que ahora se arrogan el papel de "víctimas" estuvieron acosando a testigos, denunciantes, investigadores y compañeros policías
Irónicamente, los que ahora se arrogan el papel de "víctimas" de arbitrariedades judiciales son los mismos que estuvieron intimidando e incluso agrediendo a denunciantes, testigos protegidos, investigadores y compañeros honrados de la Policía Local; como la exagente de la Motorizada Pesada de la Unidad Nocturna, Sonia Vivas, que sufrió años de acoso homófobo y hasta amenazas de muerte. Dos de los que han sido condenados por cometer esos delitos –Rafael Puiggrós y Alberto Juan– forman también parte de JAVA. Igual que Jaime Garau, quien estuvo en prisión preventiva como imputado por las coacciones de la banda criminal.

La propia asociación de supuestas "víctimas" de la Justicia ensalza en su página web al abogado de Cursach que ha puesto en marcha todo esta estrategia de contraofensiva judicial: Vicente Coco Campaner, acaba de ser condenado por la jueza del Juzgado Nº1 de Lo Penal de Palma por desobedecer una orden de alejamiento del testigo protegido 29 del caso Cursach, quien fuera jefe de barra del Tito's y ha denunciado presiones para que cambie su testimonio. Incluso ha sido agredido varias veces por sicarios rumanos para que guarde silencio.

JAVA ha puesto en el punto de mira de sus ataques –para los que parece tener fondos ilimitados– no sólo al juez Penalva, al que ya logró recusar Campaner, sino también al fiscal Miguel Ángel Subirán, que ha sufrido coacciones y hasta acoso de sicarios rumanos, y al propio Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que elaboró el macro-informe que saca a la luz toda la mafia político-policial.

Ese Grupo de Blanqueo ha sido desmantelado desde el Ministerio del Interior precisamente durante la época de las cloacas del Gobierno del PP que reveló Público hace tres años y que ahora es ya de dominio público tras aflorar los tejemanejes del comisario Villarejo.

Pero la verdadera historia sobre cómo fue destruido el grupo policial encargado de investigar la gigantesca mafia del PP en Baleares merece un artículo aparte.

https://www.publico.es/politica/exc...ganiza-intimidar-investigadores-testigos.html
 
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Dos fiscales de Anticorrupción de Madrid se toman un descanso en mitad de una de las maratonianas jornadas de declaraciones que, a lo largo de este año, han reclamado su presencia en Palma de Mallorca. Son Tomás Herranz y Fernando Bermejo. Intercambian impresiones y miran a su alrededor mientras apuran los últimos sorbos de café. Frente a ellos, en la plaza de Es Mercat, se erige el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, al que en unos minutos deben regresar junto a los numerosos abogados personados en las inusuales investigaciones que se llevan a cabo tras las puertas de la máxima instancia judicial de las islas. Se trata de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.






A lo largo de esta década, la entrada por la que ahora acceden fiscales y letrados la han atravesado personajes de renombre para responder de la multitud de tropelías destapadas durante estos años en Baleares: Iñaki Urdangarin y los ilícitos negocios que pusieron en jaque a la monarquía; Santiago Calatrava y el faraónico –y millonario– Palacio de la Ópera que proyectó en la bahía de Palma y que jamás vería la luz; el expresident Jaume Matas y las megalómanas infraestructuras cuyo impulso, entre una multitud de fraudes y desvíos de fondos públicos, auspició durante su última legislatura al frente del gobierno regional; Maria Antònia Munar y los hilos con los que, a lo largo de varias décadas, manejó para provecho propio y de su partido (Unió Mallorquina) las principales instituciones de las islas... Todos ellos han copado páginas interminables de la historia de la democracia en Baleares, nunca ajena a una corrupción política teñida, especialmente, de dádivas y tratos de favor.


Sin embargo, ahora todo es distinto: quienes se encuentran en el punto de mira de la justicia son un juez, Manuel Penalva, un exfiscal, Miguel Ángel Subirán, y cuatro miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional –dos inspectores, un subinspector y un agente–. Y, junto a ellos, varios testigos –convertidos ahora en investigados– a quienes, según sostienen los fiscales de Madrid así como numerosos informes policiales, los dos juristas y los mandos policiales utilizaron para construir a la carta una macrocausa, el caso Cursach, que llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados. Los atestados policiales –hasta ocho– y un sinfín de mensajes de Whatsapp ponen en entredicho, en la actualidad, la instrucción de la causa contra el magnate del ocio nocturno en las islas, el millonario Cursach, que llegó a presidir el Mallorca y a ser propietario de los derechos de estrellas de fútbol como Samuel Etoo.

Durante cerca de tres años, los seis investigadores levantaron las alfombras del supuesto entramado mafioso que, de acuerdo a sus tesis, habría desplegado el empresario Cursach, durante varias décadas y bajo la protección de instancias policiales y políticas, con el objetivo de mantener a flote su imperio. El magnate, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas, se vio acusado de un rosario de delitos que incluían, entre otros, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un homicidio. Un ovillo de acusaciones que acabaron costándole su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017.

El empresario Bartolomé Cursach (izquierda), llega al juzgado acompañado por su abogado Enrique Molina
Más de tres años después, los jueces han tumbado parte de las acusaciones con el archivo de varias de las piezas separadas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach. Algunas de las líneas de investigación, sin embargo, continúan vivas. Y, entre ellas, asoma una sobre todas las demás: junto a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados (policías locales en su mayoría), Cursach se encuentra a las puertas del banquillo, bajo una petición de condena de ocho años y medio de cárcel y con la sombra de la nulidad planeando sobre el futuro juicio, por haber urdido una presunta trama de tratos de favor dirigida a salvaguardar su autoridad en la noche mallorquina. Mientras el juicio llega y los interminables avatares en torno a su celebración se suceden –los seis magistrados que integran la sala que debe enjuiciar el procedimiento han buscado sin éxito abstenerse–, el recién nombrado presidente del TSJIB, Carlos Gómez, se encarga, desde el pasado mes de enero, de esclarecer los pormenores que rodearon a la instrucción del caso Cursach.

Debido al aforamiento del juez Penalva y el exfiscal Subirán –a quien el Ministerio de Justicia jubiló, con 59 años, el pasado mes de junio–, el veterano magistrado se hizo con las riendas de una investigación plagada de vicisitudes, tensión e incertidumbre. Los delitos por los que Gómez asumió las indagaciones no son poca cosa: detenciones ilegales, revelación de secretos, prevaricación y deslealtad profesional. El juez Penalva y el exfiscal Subirán, por su parte, defienden tajantes la instrucción que llevaron a cabo y sostienen la existencia de un complot contra ellos en el que sitúan al entorno de Cursach y sus poderosas conexiones en la isla.

Casi un año después, la controversia continúa servida: mientras el magistrado considera que ambos cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, hechos por los que sí considera que deben ser juzgados, los fiscales de Madrid sostienen que las actuaciones que desplegaron ambos juristas fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados.

La génesis: policías bajo sospecha y un registro autorizado por el juez Castro

El caso Cursach no se llamó siempre así y su génesis, mucho antes de que el magnate entrase en escena, se remonta a 2013, cuando decenas de policías locales comenzaron a situarse bajo el foco judicial.

¿Cómo comenzó todo? El 12 de septiembre de ese año, el juez José Castro, que se debatía entonces sobre si imputar a la Infanta Cristina por su papel al frente de los negocios de su marido, se encontraba de guardia cuando otro asunto reclamó su intervención. El fiscal Subirán acababa de pedirle una orden de entrada y registro en las dependencias de la Policía Local de Palma. Y Castro la autorizó. Hasta el cuartel se desplazaron numerosos agentes de la Guardia Civil en busca de indicios en torno al presunto amaño del concurso convocado en 2012 para acceder a una plaza de oficial dentro del cuerpo. Varios meses después eran detenidos los primeros ocho agentes que, con el paso de los años, pasarían a engrosar los cerca de 70 funcionarios –de una plantilla de 800– encausados en las distintas líneas de investigación del caso Cursach. De forma paralela, la macrorredada impulsada aquel verano de 2013 contra la facción mallorquina de los Ángeles del Infierno, con epicentro en la Playa de Palma, desveló presuntas connivencias entre policías y empresarios de la zona.

Nada se sabía entonces acerca de la magnitud que las incipientes pesquisas, en manos de la jueza Carmen González, acabarían alcanzando, con acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach. Como tampoco nada se sabía de los vuelcos que esas mismas investigaciones sufrirían hasta el punto de verse altamente comprometidas ahora.

Con la llegada del juez Penalva la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. El 15 de junio de 2015 este magistrado cogía las riendas de las investigaciones en sustitución de la anterior jueza, que acababa de ser destinada a la Audiencia Provincial de Palma. Y, de la mano del fiscal Subirán, tomó el control de la causa. Con una diferencia, según aseveran a elDiario.es algunos de los entonces afectados por sus resoluciones, respecto de su antecesora. "Si González era la contención personificada, Penalva, empujado por Subirán, se dejó llevar por las ansias de notoriedad social y pública. Y el caso Cursach era un caramelo muy goloso", comenta uno de los policías locales entonces investigados y en la actualidad exonerados, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Otro de los agentes señala que ante juez y fiscal comenzaron a desfilar "gargantas profundas, personas que empezaron a acusar a diestro y siniestro por inquina. Se juntó el hambre con las ganas de comer".

La aparición de los testigos clave

Fuese como fuese, empezaba a cocerse un escenario en el que los antiguos investigadores convirtieron en testimonios clave a varios testigos investigados a lo largo de estos meses por fabricar, según la Policía Nacional, presuntas pruebas falsas y acusar, con el respaldo de Penalva y Subirán, "de la forma más temeraria posible" y en una "pavorosa unidad de acción", a un sinfín de personas posteriormente imputadas y encarceladas.

'El Ico': en medio de este clima, el primero de aquellos testigos que entró en escena fue Francisco Cortés, 'El Ico', hijo de la histórica matriarca del poblado chabolista de Son Banya, 'La Paca'. Bajo la condición de testigo protegido número 13, comenzó a aportar datos que hablaban de cómo se había visto obligado a abonar 'mordidas' semanales de hasta 500 euros a varios policías a cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo en los dos locales nocturnos que regentaba. Según aseguraba, todo se debía a que sus negocios eran competencia directa del grupo Cursach y a que disponía de datos comprometedores relativos a la contabilidad del conglomerado empresarial. Unos informes que ofreció a los investigadores y que, sin embargo, nunca llegó a entregar.

Fruto de sus incriminaciones, nuevos detenidos acabaron tras las rejas acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba "como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito", tal como hizo constar el juez Penalva en varios de los numerosos autos que, a lo largo de dos años, dictó para prorrogar el secreto de sumario de la causa.

La 'madame': el monstruo crecía y alcanzaba proporciones entonces inimaginables cuando, de repente, hizo su aparición María José Losantos, entonces testigo protegida número 31. La mujer afirmaba ser la 'madame' en un burdel al que acudían altos cargos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach con el objetivo de granjearse sus favores.

En sus comparecencias ante juez y fiscal, la supuesta 'madame' comenzó a describir con todo lujo de detalles presuntas orgías con s*x*, alcohol y cocaína –servida, precisaba, en bandejas "tipo paellera de doce personas"– cuyo coste podía llegar a ascender, en un solo día, a 36.000 euros. En ellas situó a dos políticos: el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el exdiputado de la misma formación y exconcejal en la capital balear, Álvaro Gijón. El testimonio allanaba el terreno para incluir a altos cargos públicos en la lista de quienes, supuestamente, se habían arrodillado para besar por donde pisaba Cursach.

El camarero de Tito's: es otro hombre clave para las investigaciones de Penalva y Subirán es Daniel Corral (ex testigo protegido 29), quien trabajó como camarero en el buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito’s. Investigado en la actualidad junto a la 'madame' y 'El Ico', denunció durante su paso por dependencias judiciales cómo el establecimiento de ocio nocturno –cuyas paredes habían testimoniado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, la presencia de Marlene Dietrich, Ray Charles o Charles Aznavour– lo frecuentaban agentes de la Policía Local de Palma a quienes también se agasajaba con servicios de prostit*ción, alcohol y drogas a cambio de garantizar la protección del magnate. En una de sus primeras citaciones en los Juzgados, aseguró, incluso, haber visto cómo la droga era transportada desde un velero amarrado frente a Tito's para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca.

Tito's, una de las discotecas de Cursach
Cursach y su mano derecha entran en prisión

Con toda esa ristra de acusaciones a sus espaldas y en medio de la amplia expectación generada por las acusaciones vertidas por los testigos, el 28 de febrero de 2017 llegaba "el día D hora H" –como se referirían a esa jornada, en el chat de Whatsapp que mantenían abierto, Penalva y Subirán–: el todopoderoso Cursach y su número dos eran detenidos y, tres días después, enviados a prisión sin fianza. Hasta una quincena de delitos recaían sobre el considerado rey de la noche mallorquina: homicidio –un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado–, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Tan solo dos semanas más tarde eran arrestados el director de Tito's, Jaime Lladó, el exjefe de camareros de Tito's, Arturo Segade, y otro extrabajador de la discoteca. Decenas de policías locales llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la península como Estremera y Albocàsser.

El director de Tito's: "Cualquier juez o fiscal hubiera dicho que esto no se sostiene por ningún sitio"

Tres años después, Lladó rememora todo lo ocurrido: "Uno dice que en Tito's, en pleno Paseo Marítimo, había fiestas con s*x*, alcohol y drogas, ¿y no nos habíamos enterado nadie? ¿Ni una foto ni otros testigos que, de alguna forma, avalen ese testimonio?", manifiesta ahora en declaraciones a elDiario.es. A pocos metros de la discoteca que dirige desde hace 20 años y bajo un sol abrumador, es la primera vez que atiende a un medio de comunicación desde que comenzaron a trascender las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.

En su opinión, las manifestaciones efectuadas por los testigos carecen de fundamento y, de hecho, cree que "cualquier juez o fiscal hubiera dicho: 'vamos a plegar, que esto no se sostiene por ningún sitio'". "No sé qué motivación tenían los dos [en alusión a Penalva y Subirán]. Creo que hay una mano poderosa detrás porque, de otro modo, no me puedo creer que un juez y un fiscal con una carrera a sus espaldas, con profesiones realmente notorias y sin ninguna justificación, se metan en este berenjenal", afirma. Buscando una respuesta a las preguntas que se hace desde entonces, cree que "querían ser estrellas, montar un escándalo, y esa era su oportunidad". Y, como otros investigados, considera una "huida hacia adelante" las actuaciones que los investigadores llevaron a cabo para intentar justificar "a toda costa" los ingresos en prisión que habían decretado. "Lo alargaron todo lo que pudieron para que saliera el mirlo blanco que apoyara toda esa macabra conspiración para comprar policías. Pero, a día de hoy, ni conozco a los policías, ni jamás he tenido contacto con nadie que venda droga. Podemos ir con la cabeza bien alta", proclama.

Este empleado de Cursach que dirigía la discoteca Tito's asegura, además, que llegó un momento en el que, al igual que otros imputados, dejó de pedir diligencias exculpatorias (como someterse a un análisis de drogas para descartar el consumo de estupefacientes) o de presentar pruebas que avalaran su inocencia. "No solo nos las denegaban o no las tenían en cuenta sino que, además, les daban la vuelta y las presentaban al día siguiente en nuestra contra. Al final siempre acabábamos apareciendo como matones, criminales y delincuentes", explica.

Que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose con ello imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que se aferraron –y se aferran– las defensas para alentar la tesis de la conspiración. La publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar fue lo que motivó las primeras sospechas en torno a la instrucción y se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales con los que trabajaban codo con codo.

Junto a ello, comenzaron a trascender las supuestas presiones a las que habían sido sometidos investigados y testigos al tiempo que salían a la luz conversaciones de Whatsapp mantenidas por Penalva y la testigo 31 (la 'madame') con indicaciones sobre qué y contra quiénes debía declarar: "Ánimo María José. (...) Nosotros nos creemos lo de la agenda", le transmitía el juez en referencia al documento del que aseguraba disponer la regente del lupanar al que presuntamente acudían los altos cargos del PP y en el que, según aseguraba, estaban apuntados los nombres de los clientes del local. Y continuaba el magistrado: "Pero me da miedo que estos hijos de put* [en referencia a las defensas que habían cuestionado mediante diversos escritos la versión de la 'madame'] consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal. Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa".

El fin de la era Penalva

Los mensajes constituyen ahora el centro de la investigación y se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, interpuesta por dos de las defensas del caso Cursach. La denuncia desató todo tipo de reacciones que comenzaban a plantear dudas sobre cómo se había instruido la causa. La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las investigaciones en octubre de ese año. El caso Cursach y los cimientos que lo mantenían en pie comenzaban a tambalearse.

En una ciudad en la que prácticamente todos los actores judiciales se conocen y con tan solo doce Juzgados de Instrucción, uno de ellos debía recoger el testigo de una causa incómoda. Las normas de reparto hablaron y pusieron el caso Cursach sobre la mesa del juez Miquel Florit. Y el camino que tomaría sería completamente distinto. En julio de 2018, Florit decidía abrir diligencias dirigidas a investigar las presuntas filtraciones a la prensa producidas mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto. La difusión, un mes antes, de un informe de los inspectores de Blanqueo –que posteriormente tumbaría la Agencia Tributaria– sobre la situación fiscal del grupo Cursach cuando aún no había sido notificado a las partes había llevado a los abogados del empresario del ocio y de su número dos, Bartolomé Sbert, a denunciar presuntas revelaciones de secretos que acabaron haciendo saltar la causa por los aires.

Florit, de la mano de la Policía Nacional, se introdujo de lleno en la indagación del origen de las filtraciones y, ante el cariz que estaban tomando las pesquisas, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con Penalva y Subirán acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de Whatsapp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los miembros de Blanqueo en paralelo a la instrucción del caso Cursach. La Policía Nacional, en un primer informe, alertaba de que los indicios criminales que se desprendían del análisis del chat tan solo eran "la punta del iceberg": "No podrán entenderse como delitos autónomos sino en el marco de lo que parece una organización para delinquir". Los inspectores utilizaban términos como "clima de terror" para referirse a la atmósfera que habrían instaurado los antiguos investigadores. Y reclamaban la retirada de armas de Penalva y Subirán.

Las pesquisas llevadas a cabo a partir de entonces sostienen que tales conversaciones pondrían de manifiesto la connivencia que existía entre todos ellos así como los métodos supuestamente delictivos de los que habrían hecho uso para apuntalar sus acusaciones. En el chat, que se convertiría en el epicentro de las pesquisas contra ellos, se hacían llamar 'Los intocables'.

Salieron así a la luz manifestaciones como "son unos hijos de put*, hay que machacarlos"; "a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos" (en alusión a Álvaro Gijón); "lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda", "si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada". Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como "empastillado", "chulito", "hijop*ta, imbécil y sobradito".

Una de las conversaciones mantenidas por Penalva, Subirán y los miembros de Blanqueo: la detención de los padres de Álvaro Gijón, al que se refieren como ‘Príncipe de Asturias’.
Los whatsapps revelarían que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. "Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?". "¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!" o "¿preparados para día D hora H?" son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Pero como había pasado antes, de nuevo un juez se apresura a dar un paso en falso. En medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, Florit acordó, en diciembre de 2018, la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa, una medida que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra Florit al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran "manifiestamente injustos" y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. El juez, finalmente, resultó absuelto el pasado mes de enero en una resolución que reconocía que había actuado injustamente pero determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente, ya que había actuado confiado en el pronunciamiento que el fiscal anticorrupción Juan Carrau, uno de los más veteranos en las islas, había emitido previamente para avalar la intervención de los teléfonos.

Los informes de la Policía Nacional

Con la apertura de las investigaciones sobre la supuesta revelación de secretos, sin el juez Florit al frente de la causa –el Consejo General del Poder Judicial atendió a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada– y con varios magistrados absteniéndose del procedimiento judicial por su relación de amistad con Penalva, la Policía Nacional se internó por entero en los entresijos del caso Cursach y en el análisis de las conversaciones incluidas en el chat 'Sancus'. Los inspectores, que continuaban entregando informes hasta que, a principios de diciembre, puso fin a la instrucción de las pesquisas, llegan a afimar que Penalva, Subirán y los integrantes de Blanqueo conformaron "una organización criminal" con estabilidad en el tiempo, dedicada "a la comisión reiterada de delitos" y cuyos integrantes lograron "sembrar el terror entre sus víctimas reales y potenciales".

Los investigadores centran sus últimos atestados en los principales testimonios en los que se sustentaron las pesquisas, afirmando cómo juez, fiscal y varios policías con los que investigaban llegaron a urdir una "maquinaria" dirigida a instrumentalizar a sus testigos –algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un "siniestro" grupo de personas "con intereses propios" y "sin escrúpulos"–, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa.

Frente a las acusaciones que pesan sobre ellos, tanto la 'madame' como 'El Ico' aseguran que actuaron aleccionados por Penalva y Subirán. La primera apunta ahora que recibió ofertas de dinero para incriminar a los policías locales en el supuesto entramado corrupto dirigido a favorecer los negocios del magnate. Por su parte, el excamarero de la discoteca Tito's que relató las supuestas fiestas en el local, a quien la Policía Local define como un "auténtico misil teledirigido" por Penalva y Subirán en un informe de más de 400 páginas, denuncia ser víctima de una conspiración, apunta a la existencia de una campaña de acoso contra su persona y asegura, en contra de los otros dos testigos, que nunca fue forzado por los antiguos investigadores a declarar en un sentido o en otro.

Penalva y Subirán defienden la labor que llevaron a cabo

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que han presentado en el procedimiento judicial, niegan la existencia de indicios "verdaderamente sólidos" contra ellos. Para ello, se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron y esgrimen grabaciones en las que, según alegan, figuran órdenes dirigidas a no investigar a Cursach.

Hasta el momento, juez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos. El instructor de la causa, sin embargo, determinó el pasado mes de noviembre que el acceso a las conversaciones de Whatsapp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach "estuvo absolutamente legitimado". Los investigadores ahora investigados también se han mostrado críticos con la labor de los fiscales de Madrid por otorgar fundamento a las manifestaciones vertidas por la Policía Nacional en sus informes.

Ajenos a las manifestaciones de Penalva y Subirán y sumamente activos en la causa, los representantes de Anticorrupción no cesan en su empeño por sacar adelante las investigaciones en las que se encuentran volcados, llegando incluso a recriminar varias de las resoluciones dictadas por el instructor del caso. Entre ellas, su decisión de no investigar el papel ejercido por los distintos testigos protegidos, entre ellos un trilero a quien Penalva y Subirán habrían prometido beneficios procesales a cambio de declarar de acuerdo a sus tesis: según la Policía Nacional, el hombre vio retirada la orden que pesaba sobre él de abandonar Mallorca apenas unas horas después de incriminar a varios policías locales en el caso Cursach. Los fiscales, en el reciente recurso que interpusieron contra el auto con el que el instructor Carlos Gómez dio por concluida la causa, aseveran que "la decisión de guiar las declaraciones" testificales no fueron "un hecho aislado, sino una forma de trabajar".

Mientras se dirime qué hechos deben finalmente ir a juicio con el objetivo de dilucidar qué sucedió tras las cortinas del caso Cursach, el empresario mallorquín, su mano derecha y otros 22 acusados, entre quienes se encuentran los mandos y policías locales supuestamente agasajados a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia, se encuentran pendientes de juicio. Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, reclama más de 100 años de cárcel para todos ellos. Los encausados, por su parte, apelan a la nulidad de la causa al considerar arrasados sus derechos fundamentales en un escenario, como señala uno de los escritos de defensa, "insólito en la historia judicial de un Estado de Derecho".

Carlos Gómez, en el acto de toma de posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

 
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