Garantizar que quienes están en un centro concertado puedan acabar ahí su bachillerato no tiene nada que ver con boicotear la educación pública. Tiene que ver con dejar que la gente elija.Los motivos que oculta Ayuso en su guerra contra la educación pública
El impulso de la denominada ‘ley maestra’ ha empujado a las calles a la Marea V
Por
Alba González.
11 de febrero de 2022 13:03
La denominada ‘ley maestra’ es la primera norma que, en 19 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, se aprueba en la Asamblea para contestar a otra promulgada por el Ejecutivo central. Isabel Díaz Ayuso continúa en rebelión contra los marcos legislativos que se impulsan desde el Gobierno de coalición, y esta vez, la damnificada es la educación pública. ¿Qué es lo que ocurre realmente para que se impulse tan extraordinario hito?
Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la LOMLOE –popularizada como ‘ley Celáa’–, que pone fin de forma moderada a alguno de los ‘pelotazos’ que protegía la LOMCE de José Ignacio Wert (PP), la Presidenta madrileña, junto a Vox, lanzaba una nueva norma bautizada como ‘ley maestra’. ¿Su objetivo? "Blindar" la educación concertada y boicotear, justamente, la ley estatal. Sin embargo, el impulso de la LOMLOE tiene que ver, sobre todo, con la pretensión de evitar algunos actos ilegales que hasta ahora eran comunes en los entornos educativos.
Cobrar cuotas en la concertada a las familias, impedir la financiación de centros que segregan a su alumnado por s*x* –comúnmente regidas por grupúsculos ultraconservadores como el Opus Dei– o impedir la cesión de suelo público a las empresas privadas son las principales motivaciones. Sobre todo, observando los antecedentes que muestran las investigaciones en torno a la trama Púnica, en la que los jueces ratificaron la existencia de cobros a altos dirigentes del Partido Popular de hasta 900.000 euros por colegio. Algo que Ayuso y Monasterio han frenado con el impulso de su ley autonómica, de la que planean todavía dudas sobre su “constitucionalidad” y por lo que Unidas Podemos y el PSOE han anunciado recursos.
La medida, aprobada el pasado 3 de febrero, ha sido duramente criticada tanto por el completo de los partidos de oposición como por sindicatos, asociaciones y plataformas en defensa de la educación pública.
La califican como una ley orientada a "segregar y privatizar", en palabras del diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno, que pretende ocultar, bajo el “mantra” de la “libertad de elección” y la “defensa de la concertada”, una realidad: “los privilegios de una Iglesia que adoctrina en un espacio que tendría que ser laico”.
Moreno insiste en que el reflejo de su afirmación se ha plasmado en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, donde se ha aumentado la partida “destinada a conciertos y cheques escolares hasta los 1.315 millones”. “Son 62,5 millones que se deberían dedicar a fortalecer la educación pública”, valora el diputado autonómico, “y que se destinan a financiar a las clases altas y medias los centros privados y concertados”.
Los motivos que oculta Ayuso en su guerra contra la educación pública
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Si el gobierno de la comunidad quisiera boicotear la educación pública no mejoraría los centros públicos, no facilitaría nuevas contrataciones, pagaría infraestructuras. Porque la educación depende de la Comunidad y los colegios públicos están mejorando mucho. Al menos en Madrid, que es donde me muevo.
Permitir a los padres elegir no es boicotear a una de las opciones.