Isabel Díaz Ayuso presidenta de la CCAA Madrileña

Ayuso sitúa en la viceconsejería de Vivienda a una de las implicadas en la venta de pisos sociales a fondos buitre

Concepción Dancausa fue condenada junto a Ana Botella por el Tribunal de Cuentas por la venta de vivienda social a Blackstone en el Ayuntamiento de Madrid

La condena fue revocada por el mismo tribunal en segunda instancia, por dos votos a favor de consejeros del PP y uno en contra

Pedro García Aguado, el presentador de ‘Hermano Mayor’, nuevo director general de Juventud en la Comunidad de Madrid

Fátima Caballero
27/08/2019 - 13:56h
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La nueva Viceconsejera de Vivienda y Administraciones Públicas, Concepción Dancausa. EFE

La que fuera la delegada del Gobierno en el último gobierno de Mariano Rajoy, Concepción Dancausa, ha sido nombrada este martes viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid y quedará bajo las órdenes de David Pérez, consejero del área. Dancausa fue una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto a Ana Botella por la venta de 1.806 viviendas sociales a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid en 2013. La de la operación de venta, Dancausa ocupaba la cartera de Hacienda. Este tribunal revocó meses después la condena en segunda instancia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concede así una enésima oportunidad a la nueva viceconsejera, que perdió su puesto como delegada de gobierno en junio de 2018 cuando el gobierno de Rajoy abandonó la Moncloa tras la moción de censura de Pedro Sánchez. Dancausa ha ostentado cargos públicos con el Partido Popular desde 1991, la última década entre la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid.

El Tribunal de Cuentas condenó el pasado mes de diciembre a Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado. Entre las condenadas estaba Concepción Dancausa, que dio el visto bueno a la venta en Junta de Gobierno. En 2013, la nueva viceconsejera de Justicia ocupaba el cargo de consejala de Hacienda.

Todos los condenados tenían que responder solidariamente por un perjuicio contable de más de 22 millones de euros ocasionados a las arcas municipales en esa operación inmobiliaria. Pero recurrieron y el mismo Tribunal de Cuentas en segunda instancia absolvió a los ocho condenados.

Los dos votos a favor de revocar la sentencia los emitieron dos consejeros propuestos por el PP: la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.

Dancausa fue imputada en el caso Mercamadrid por delito de administración desleal del antiguo consejo de entidad, pero la investigación contra ella fue archivada a petición de la Fiscalía. La nueva viceconsejera de Vivienda y Administraciones Públicas protagonizó durante sus últimos meses al frente de la Delegación de Gobierno un duro enfrentamiento contra el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena a cuenta de la regla de gasto.

De 'Hermano mayor' a dirigir juventud

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid también ha nombrado a Pedro García Aguado, exwaterpolista olímpico y protagonista del programa televisivo Hermano Mayor, nuevo director general de Juventud. García Aguado apoyó a la candidatura de Ayuso durante la campaña.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado la nueva estructura del Ejecutivo autonómico.

En su cuenta de Twitter el exdeportista ha agradecido el nombramiento a Ayuso y al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio y les ha asegurado que va a poner "todo lo aprendido estos años al servicio de la juventud madrileña".

"Estoy que no me lo creo, muy sorprendido y agradecido a Ayuso y Ossorio por esto. Acabo de ser nombrado director general de Juventud de La Comunidad De Madrid", ha celebrado.

https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-Concepcion-Dancausa-viceconsejera-Vivienda_0_935806682.html

Muy regenerador el gobierno de la duquesa del IBI y de Alzamientos de bienes.: Un juez borracho, una buitrera de pisos sociales, etc etc.
 
Ayuso aporta cuatro datos falsos para intentar justificar sus cinco años sin pagar el IBI
  • "No es una empresa mía. Es una empresa que he heredado muerta, que estaba ya subastada", declaró Ayuso sobre la sociedad de su propiedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid
  • Ninguno de esos datos es cierto: la empresa tenía actividad, no estaban subastados ni la empresa ni el local de oficinas que tenía en propiedad y a día de hoy Ayuso sigue teniendo el 50% de las acciones de Sismédica SL
  • El 30 de junio de 2014, dos años después de que según Ayuso heredase una empresa muerta, ella misma participó en la Junta Universal de accionistas que aprobó las cuentas de la sociedad correspondientes al año 2013
Manuel Rico

@manuelrico
Publicada el 27/08/2019 a las 06:00Actualizada el 26/08/2019 a las 21:42




Cuentas presentadas por Sismédica SL en el Registro Mercantil que demuestran que tenía actividad en 2013.


Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI por un inmueble de su propiedad, que figuraba a nombre de una empresa denominadaSismédica SL. La deuda se fue acumulando y todos los intentos de cobro del Ayuntamiento de Madrid fueron infructuosos. Así lo desveló infoLibre el pasado 7 de agosto [puedes leer aquí la información]. Este lunes, en una entrevista en El Programa del Verano de Tele 5, la presidenta madrileña intentó justificar su actuación con las siguientes palabras: "No es una empresa mía, es una empresa que he heredado muerta, que estaba ya subastada y que ya forma parte de otras personas. Es una empresa que yo heredé, ni siquiera como administradora, ya venía con pérdidas, llevaba años sin actividad". Ninguno de estos datos es cierto.


Ante una pregunta de la presentadora del programa, Ana Terradillos, la presidenta madrileña añadió la siguiente información: "Es una empresa que me dio mi padre, que ya estaba de baja médica, que sabía que estaba enfermo y que no iba a durar mucho. Le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos y entre ellos estaba esa sociedad, que a su vez tenía a su nombre una oficina que iba a ser subastada. Y como muchas veces pasa en ese tipo de inmuebles, cuando va a ser subastada, en el tiempo que pasa entre un propietario y el siguiente, muchas veces... Yo creo que vamos, mis padres en ese momento no creo que estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario. Y esa es la situación".

infoLibre analiza las cuatro afirmaciones de Ayuso y explica cuál es la realidad, tal y como demuestran los diversos documentos que se reproducen en la información.

1. "NO ES UNA EMPRESA MÍA"


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Declaración de bienes y rentas de Ayuso, presentada el 6 de junio de 2019 en la Asamblea de Madrid.



Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás son propietarios de Sismédica SL, al 50%, desde el 16 de abril de 2012. Ese día, su padre les donó las acciones en una operación realizada ante notario, sospechosa de un delito de alzamiento de bienes ya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora. [Puedes leer aquí la información].

Desde entonces, la empresa ha sido siempre de los dos hermanos. Así lo reconoce la propia Ayuso en la declaración de bienes y rentas que presentó el pasado 6 de junio, ante la Asamblea de Madrid. Allí declara que es dueña del 50% de una sociedad limitada. Aunque no facilita su nombre, en su momento confirmó a este periódico que se trataba de Sismédica SL.

2. "LA HEREDÉ MUERTA. LLEVABA AÑOS SIN ACTIVIDAD"


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Cuentas presentadas por Sismédica SL en el Registro Mercantil que demuestran que tenía actividad en 2013.



Tampoco es cierto que "heredase" la empresa "muerta" y que llevase años "sin actividad".

Para empezar fue una donación, no una herencia. Tanto Ayuso como su hermano renunciaron a la herencia de su padre, fallecido en 2014. Y lo hicieron porque esa herencia ya sólo tenía deudas. El 7 de octubre de 2011, los padres de Ayuso le donaron un piso en el centro de Madrid a ella y una vivienda unifamiliar en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada a su hermano. Y el 16 de abril de 2012, el padre les donó a los hermanos el local de oficinas en Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL.

Este modus operandi demuestra que el padre les donó los inmuebles que tenían valor para quedarse sólo con las deudas. Habría sido absurdo dejarles a sus hijos una empresa "muerta", después de transferirles mediante donaciones las propiedades que tenían algún valor.

Los documentos del Registro Mercantil demuestran que la compañía estaba viva. Su actividad era, precisamente, alquilar el local de oficinas del que era propietaria. En 2012 declaró por ese concepto unos ingresos de 17.203 euros, mientras que en 2013 esa cantidad se incrementó ligeramente hasta los 18.284 euros.

¿Y qué ocurrió en 2014 y en los años siguientes? Pues no lo sabemos por la sencilla razón de que ese año Sismédica SL dejó de presentar las cuentas en el Registro Mercantil, incumpliendo así la obligación legal que tienen todas las sociedades de informar anualmente de su contabilidad.

Cuando este periódico le preguntó en su día por qué había dejado Sismédica SL de cumplir con esa obligación, el portavoz de Ayuso respondió que ella "es solo accionista de la sociedad y no tiene responsabilidades en la gestión de la misma". El administrador único es su hermano Tomás.

En definitiva, difícilmente podía estar "muerta" una sociedad" en abril de 2012 y seguir con su negocio al año siguiente.

3. "ESTABA YA SUBASTADA"


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Certificado de la reunión de la Junta Universal de socios de Sismédica SL, el 30 de junio de 2014.



"Es una empresa que estaba ya subastada", afirma la presidenta madrileña. Es probable que Ayuso quisiera decir que lo que estaba "subastado" era el inmueble de Sismédica SL y no la empresa, pero analicemos en todo caso ambas posibilidades.

Como se ya indicó, la empresa sigue siendo de los hermanos Ayuso a día de hoy y siguió con su negocio en 2013. Y el 30 de junio de 2014, la compañía celebró una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Una Junta en una sociedad mercantil es "universal" cuando están presentes todos los socios. Por tanto, salvo que hubiesen presentado un documento falso en el Registro Mercantil, el 30 de junio de 2014 ambos hermanos celebraron una reunión en la que acordaron imputar a pérdidas de ejercicios anteriores los 6.295 euros de beneficios que habían obtenido en el ejercicio 2013.

¿Y qué ocurrió con el local de oficinas? Sobre el inmueble pesaba una hipoteca por un préstamo de 175.000 euros que le había concedido Bankinter a Sismédica SL, el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. Cuando Sismédica SL dejó de pagar las cuotas del crédito, Bankinter inició un procedimiento de ejecución hipotecaria. En ese proceso, la subasta se celebró el 30 de diciembre de 2016 y el decreto de adjudicación a favor de Bankinter se expidió por el Juzgado el 18 de octubre de 2017. La entidad bancaria cedió el local a una filial, Intermobiliaria SA, que es quien figura desde entonces como titular.

Por tanto, tampoco el local de oficinas estaba "subastado" cuando en abril de 2012 Ayuso "heredó" la empresa que lo tenía a su nombre, sino que esa subasta se produjo casi cinco años después.

4. "NO CREO QUE MIS PADRES ESTUVIERAN PENDIENTES DEL IBI"


Cada vez que un periodista o un político le ha preguntado durante los dos últimos meses a Ayuso por su actuación en los escándalos que le afectan, en vez de contestar por lo que le preguntaban, respondía diciendo que se estaba "hurgando" en asuntos privados de su familia y de su padre fallecido. Por eso llama especialmente la atención esta frase de la presidenta madrileña: "Como muchas veces pasa en ese tipo de inmuebles, cuando va a ser subastada, en el tiempo que pasa entre un propietario y el siguiente, muchas veces... Yo creo que vamos, mis padres en ese momento no creo que estuvieran pendientes de si el IBI se estaba pagando por su parte o por parte del nuevo propietario".

Los padres de la dirigente del PP no tenían que estar pendientes del pago del IBI, precisamente porque el 16 de abril de 2012 dejaron de tener cualquier vinculación con Sismédica SL. Ese día el padre y la madre presentaron su dimisión como administradores solidarios de la empresa y traspasaron las acciones a sus hijos. Por tanto, desde ese 16 de abril de 2012, eran Isabel Díaz Ayuso (como dueña de la mitad del capital) y su hermano Tomás (como propietario de la otra mitad y administrador único) quienes tenían que preocuparse por abonar el IBI al Ayuntamiento de Madrid.

Y resulta que los cinco años de IBI impagados se corresponden con las cantidades que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local fue propiedad de los hermanos.

El pago del IBI correspondiente al año 2017, tras la subasta del 30 de diciembre del año anterior y la posterior adjudicación a Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular: Intermobiliaria SA.

El responsable del pago del IBI es siempre el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo. Todas las notificaciones publicadas por el Ayuntamiento de Madrid tienen como demandado a Sismédica SL.

El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio.

infoLibre encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas. Aparecieron en los siguientes boletines oficiales y en las fechas indicadas:

  • 5 de septiembre de 2013: en el BOAM (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid) número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo.

  • 5 de mayo de 2015: en el BOAM número 7.405, página 391, se publica una providencia de apremio y diligencia de acumulación.

  • 13 de enero de 2016: en el BOE (Boletín Oficial del Estado) número 11, suplemento 1, página 7.013, se publica una notificación de ejecución.

  • 11 de noviembre de 2016: en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, se publica una notificación de ejecución.

  • 9 de agosto de 2017: en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, se publica una notificación de ejecución.

Todas esas notificaciones correspondían, por tanto, al impago del IBI durante el periodo de tiempo en que el local de oficinas fue propiedad de Sismédica SL y en que los dueños de esta compañía eran Isabel Díaz Ayuso y su hermano.

https://www.infolibre.es/noticias/p..._sus_cinco_anos_sin_pagar_ibi_98224_1012.html
 
Avalmadrid mantiene desde 2015 paralizada la decisión de cómo actuar contra los avalistas morosos del 'caso Ayuso'
  • Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizó Avalmadrid, planteó en marzo de 2015 dos opciones para proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL. Cuatro años y medio después sigue esperando respuesta
  • El título que acreditaba la deuda de los avalistas morosos se presentó en el Juzgado confundido. “Es una negligencia que me parece imposible que sea un error”, explica un notario
  • La completa pasividad de Avalmadrid ha permitido operaciones como el presunto delito de alzamiento de bienes en el que participó Isabel Díaz Ayuso
Manuel Rico

@manuelrico
Publicada el 28/08/2019 a las 06:00Actualizada el 27/08/2019 a las 21:50

https://www.infolibre.es/noticias/p...uso_sigue_esperando_respuesta_98238_1012.html
 
AYUSOImputados, investigados y multados: las sombras del equipo de Ayuso para Madrid


La nueva presidenta de la Comunidad no ha tardado ni un mes en llenar las instituciones públicas de personajes políticos acusados de malversación y negligencias.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno, este martes en la Real Casa de Correos. EFE/ Víctor Lerena

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
30/08/2019 22:08 Actualizado: 30/08/2019 22:08
J.C.

Isabel Díaz Ayuso fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid el 19 de agosto y desde entonces se han deslizado con cuentagotas los nombres y cargos del equipo de Gobierno. Algunos de los puestos de segundo y tercer nivel en relevancia ya han sido ocupados por políticos con un pasado controvertido.

Investigados por gestiones irregulares, acusados de machistas por frases lapidarias, multados por verse envueltos en gestiones fraudulentas... A Ayuso no le ha importado que en el currículum de muchos de sus consejeros y delegados haya aspectos que puedan ensombrecer su legislatura.

El último fichaje para su nuevo equipo ha sido el de Rafael Pastor Martín, uno de los encargados de seguridad del Madrid Arena cuando cinco jóvenes perdieron la vida en una avalancha causada por superar el aforo máximo permitido.

Pastor Martín ocupaba en 2012 –año de la tragedia– el cargo de subdirector de Seguridad de Madridec, y pese a ser absuelto porque las infracciones que cometió están despenalizadas, fue obligado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar junto a los condenados unos dos millones de euros a las familias de las víctimas, así como a los heridos.

Antes de su llegada, no hacía ni dos días de la última incorporación, Pedro Irigoyen, a la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, con una investigación abierta contra él desde el Banco de España por irregularidades en numerosos créditos concedidos por Avalmadrid. Irigoyen se enfrenta a una posible sanción de hasta 10.000 euros.

Apartados de la Gürtel
Una semana antes ya se había hecho público el fichaje de Enrique López como consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. El jurista salió malparado de su etapa como miembro del Tribunal Constitucional, entidad que abandonó tras ser imputado por cuadruplicar la tasa de alcoholemia y conducir sin casco en pleno centro de Madrid. Además, el juez fue apartado de los casos de Bárcenas y la trama Gürtel por su afinidad con el PP.

Esta conformación de Gobierno, de corte neoliberal y con posturas muy cercanas a las de Pablo Casado y Esperanza Aguirre, ha despertado críticas en la oposición: "Seguiremos diciéndolo bien clarito: el neoliberal español es un tipo que no para de denigrar lo público pero que luego se reparte las instituciones como patrimonio familiar", publicaba Ínigo Errejón en redes sociales tras el nombramiento de Enrique López como nuevo Consejero de Justicia.

Una prueba de la cercanía de este equipo de Ayuso a Pablo Casado es la incorporación de Javier Fernández Lasquetty, ex jefe de Gabinete del líder del PP y consejero de Sanidad de la Comunidad durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente del consorcio.

Concepción Dancasa fue condenada por la venta de 1.806 viviendas sociales a fondos buitre
El 20 de agosto, un día después de la investidura de Díaz Ayuso, se hizo oficial que su número dos, David Pérez, exalcalde de Alcorcón, se encargaría de la Consejería de Vivienda. Pérez ocupó los focos del protagonismo cuando tachó de "fracasadas y amargadas" a las feministas. Dentro de sus funciones políticas, fue acusado de desatender a 93 mayores que iban a perder sus viviendas a causa del plan Permuta.

La viceconsejera de este departamento será Concepción Dancasa, una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto a Ana Botella por la venta de 1.806 viviendas sociales a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013.

Reformas administrativas
Además, la nueva presidenta ha introducido muchos cambios administrativos, como es la creación de 22 nuevos altos cargos o la formación de una Dirección General para la educación concertada de la Comunidad.

Pese a llevar por bandera un discurso en favor de reducir el gasto de las administraciones públicas, el número de altos cargos crecerá hasta 135

Pese a llevar como bandera un discurso enfocado a reducir el gasto de las administraciones públicas, el número de altos cargos será de 135. En cuanto a los sueldos, la cantidad anual bruta oscila entre los 75.084 y 100.556 euros, dependiendo de la categoría.

Elevar la posición burocrática de la educación concertada en Madrid su correlación en los presupuestos autonómicos, donde la capital se sitúa como segundo líder con una factura anual que se acerca a los mil millones de euros y cuya expansión coincide con las políticas educativas de los gobiernos autonómicos del PP que han avalado la expansión del modelo.

https://www.publico.es/politica/imputados-investigados-y-multados-sombras.html
 
GOBIERNO EN MADRID

Ayuso nombra como alto cargo al jefe de seguridad del Madrid Arena durante la tragedia de Halloween



Rafael Pastor, que también ha sido diputado autonómico por el PP, fue absuelto de la causa judicial por la tragedia en la que perdieron la vida cinco jóvenes.




Rafael Pastor, durante su declaración en el juicio por la tragedia del Madrid Arena | EFE

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MADRID
30/08/2019 19:27 Actualizado: 30/08/2019 19:31
EUROPA PRESS

El Gobierno regional ha designado al hasta ahora alcalde de Gargante de los Montes, Rafael Pastor, como nuevo comisionado del Ejecutivo autonómico para la Revitalización de Municipios, según recoge un decreto de la Consejería de Vivienda y Administración Local publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Rafael Pastor Martín también fue responsable de seguridad de Madrid Espacios y Congresos (antiguo Madridec) cuando tuvo lugar la 'tragedia' del Madrid Arena y el le absolvió de la causa judicial abierta por este suceso. También ha sido diputado autonómico por el PP en la legislatura 2003-2007 y fue miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid.


La tragedia del Madrid Arena
La Tragedia en el Pabellón Madrid Arena tuvo lugar la madrugada del 1 de noviembre de 2012
La Tragedia en el Pabellón Madrid Arena tuvo lugar la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, propiedad que era del Ayuntamiento de Madrid. Fallecieron cinco chicas durante una macrofiesta de Halloween protagonizada por el DJ Steve Aoki, todas de 18 años, fallecieron esa misma noche en el recinto ya que el aforo doblaba el máximo permitido para el evento, provocando una serie de estampidas en las que murieron las cinco jóvenes.

Miguel Ángel Flores, uno de los principales responsables de la tragedia del Madrid Arena, ingresó en prisión el pasado 23 de marzo como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Además, el tribunal le inhabilitó para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.

https://www.publico.es/politica/ayuso-nombra-alto-cargo-al.html
 
Avalmadrid maniobra para evitar la vía penal en el 'caso Ayuso' y culpar de su actuación negligente a un abogado de Cobralia
  • Avalmadrid encarga un informe sobre la posible responsabilidad penal de Ayuso a un abogado experto en Derecho Civil. El análisis que realiza ocupa exactamente 23 líneas
  • El documento lo firma Alfonso Cabeza, presidente de Racmo, la empresa que desde junio se encarga de cobrar a los morosos de Avalmadrid
  • Avalmadrid le encargó un segundo informe para que analizase si había sido negligente la actuación de Cobralia, empresa competidora de Racmo. Cabeza concluye que sí lo fue
Manuel Rico

@manuelrico
Publicada el 02/09/2019 a las 06:00Actualizada el 01/09/2019 a las 19:44





Rosario Rey García, presidenta de Avalmadrid.

Avalmadrid
El pasado 13 de agosto, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña, Libertad Digital publicaba la siguiente noticia: "Informes legales del caso Avalmadrid no ven responsabilidad penal en Díaz Ayuso". El medio que preside Federico Jiménez Losantos aseguraba que había tenido acceso a "documentos legales", cuya autoría no identificaba, y en los que se defendían tesis que realmente no son muy habituales en un penalista. La más llamativa: que después de siete años sería "muy difícil, por no decir imposible, acreditar el dolo" de Ayuso en la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes. ¿Imposible acreditar un delito, si realmente se cometió, después de siete años?



Lo cierto es que los informes filtrados desde Avalmadrid en una fecha tan oportunaexisten y que los entrecomillados que le atribuía el periódico de Losantos son exactos. No tanto el titular, ya que la lectura de los dos textos más bien lleva a la conclusión contraria: que la dirigente del PP pudo tener responsabilidad penal, pero que en todo caso estaría extinguida al haber prescrito el delito a los cinco años.


El análisis de los dos documentos, a los que ha tenido acceso infoLibre, permite concluir que Avalmadrid encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces para el recobro de deudas.


Más allá del contenido concreto de ambos textos, es importante tener en cuenta además tres circunstancias:

  • 1. Los informes fueron encargados al bufete Racmo Gestión España, empresa que acaba de firmar en junio un contrato con Avalmadrid para encargarse a partir de ahora del cobro de deudas. Es decir, es la compañía que sustituye a Cobralia.

  • 2. El presidente de Racmo y firmante de los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años ochenta. Se trata de un abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. Sirva como ejemplo el desglose de los asuntos defendidos por él que figuran en la base de datos del Poder Judicial: de un total de 420 sentencias o autos, el 97,4% se dictaron en la jurisdicción Civil y el 0,7% en la Penal.

  • 3. El análisis sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del préstamo impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

En otras palabras: Avalmadrid consideró que era buena idea solicitar un informe sobre responsabilidad penal a un experto en Derecho Civil. Y, por si fuera poco, también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de un abogado de Cobralia al presidente de una de las principales empresas competidoras de Cobralia, que además acaba de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio que antes realizaba Cobralia.

EL INFORME SOBRE LAS VÍAS DE ACTUACIÓN


En el primer documento, que lleva fecha del 25 de julio, el letrado de Racmo informa a Avalmadrid sobre las "las posibles opciones que puedan conducir de manera satisfactoria al cobro de la deuda, tanto en vía civil como en vía penal".

La existencia de un préstamo de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a la empresa MC Infortécnica SL, participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso y por otros seis socios, había sido desvelada por El Confidencial el pasado 20 de junio. Los ocho socios de la compañía —cuatro matrimonios casados en régimen de ganaciales— se convirtieron en avalistas solidarios del crédito, de forma que respondían con todos sus bienes presentes y futuros de un posible impago. Dos días después, infoLibre descubrió que la dirigente del PP había aceptado en octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. En los dos meses siguientes, este periódico ha publicado diversas informaciones relevantes sobre la misma cuestión, entre ellas que Ayuso sabía tres semanas antes de aceptar la donación del inmueble que MC Infortécnica SL estaba en quiebra y no podría devolver el dinero. [Puedes leer aquí todas las noticias de infoLibre sobre los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI].

El documento —carátula e índice aparte— tiene en total tres páginas. En la primera, dedica 16 líneas a analizar la "situación de los avalistas". La conclusión es que la "ausencia de solvencia es patente". Pero lo que llama la atención es que hay una sola avalista cuya situación no se analiza: Isabel Ayuso Puente.

En la segunda página se estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. La conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales. Los juristas consultados por este periódico coinciden con este análisis.

En la tercera página se aborda la cuestión penal. Existe un primer hecho llamativo. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: "Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos". En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar (a quien en el informe unas veces se llama "Pitchar" y otras "Pitcher", pero nunca por su verdadero nombre). Los otros seis morosos están vivos. ¿Por qué no preguntó Avalmadrid si había acción penal posible contra ellos? Los juristas consultados por este periódico calificaron de "incomprensible" que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

Esa incomprensión se acrecienta si se tiene en cuenta otro hecho: en un tercer documento que maneja la cúpula de Avalmadrid —distinto a los dos de Racmo— se asegura que varios avalistas enajenaron bienes en octubre de 2015 y agosto de 2016. Esas dos operaciones no habrían prescrito penalmente en ningún caso. Y, por tanto, cabría acción penal contra ellos.

En todo caso, Alfonso Cabeza se tiene que limitar lógicamente en este punto a responder a lo que le pregunta Avalmadrid, que es quien delimita de forma tan extraña el alcance del informe.

En cuanto a la pregunta planteada, el presidente de Racmo admite que los herederos de los deudores fallecidos —Isabel y Tomás Díaz Ayuso y los hijos de Pitarch— podrían ser acusados de cooperadores necesarios en un delito de alzamiento de bienes. Pero encuentra para ello un obstáculo insalvable: "Sería necesario acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (más de 7 años atrás), y entendemos desde nuestro leal saber y entender que sería muy difícil por no decir imposible, acreditar dicho extremo".

Dos semanas después de que Racmo fechase ese documento en el que considera "imposible" acreditar el dolo, infoLibre publicó un correo escrito por Isabel Díaz Ayuso el 14 de septiembre de 2011, en el que admite que MC Infortécnica SL está "muerta". En consecuencia, sabía que no podría devolver el dinero del préstamo y que sus padres tendrían que responder con su patrimonio. El 7 de octubre de aquel año, le donan a ella el piso de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Pero es que la propia Ayuso confesó la semana pasada en una entrevista en Tele 5 que su padre les donó los bienes porque su preocupación era que heredasen "el poco patrimonio que él tenía". Así que el dolo de los cooperadores necesarios en este tipo de delitos —que los receptores de los bienes los reciban sabiendo que el objetivo es frustrar el derecho de los acreedores— parece probado por la confesión de la autora y por pruebas documentales.

Existe una última cuestión reseñable. En relación con la posibilidad de que las deudas de Avalmadrid pudieran considerarse de Derecho Público, en cuyo caso los delitos no prescribirían hasta los diez años, en el informe se afirma literalmente: “Se ha realizado un estudio jurisprudencial de todas las sentencias que condenan aplicando este agravante y concluimos que no se nos abre una puerta por esta vía”. Pero no se cita ni una sola sentencia de ese supuesto "estudio jurisprudencial" realizado.

Así que habiendo establecido que el dolo será "imposible" de probar y que las deudas de Avalmadrid no son de Derecho Público, el presidente de Racmo llega a la siguiente conclusión: "Cualquier tipo de responsabilidad penal estaría prescrita [desde 2017], y en el caso de no estarlo la posible imputación por cooperación necesaria de un delito de alzamiento de bienes, no sería viable".

infoLibre contactó con Alfonso Cabeza para incluir su versión sobre todas estas circunstancias, pero el letrado explicó que no podía responder al impedírselo el "contrato de confidencialidad entre Avalmadrid y Racmo". [Puedes leer al final de esta información, en La caja negra, todas las preguntas planteadas a Alfonso Cabeza].

La última vez que Avalmadrid se planteó si denunciaba operaciones irregulares ante la Justicia, en febrero de este año, encargó un informe jurídico a la multinacional PriceWaterhouseCooper (PwC), que le recomendó acudir a la Fiscalía. El Ministerio Público decidió finalmente no investigar al entender que las actuaciones posiblemente delictivas estaban prescritas.

EL INFORME SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL LETRADO DE COBRALIA


El segundo documento encargado por Avalmadrid a Racmo pretende determinar la "posible responsabilidad de la dirección letrada" en el expediente de MC Infortécnica SL. Aunque no lo menciona expresamente, se refiere en todo momento al abogado de Cobralia, la empresa a la que se encargó que intentase recuperar la deuda de los morosos. La conclusión a la que llega Racmo es que sus competidores de Cobralia actuaron de forma negligente y que los hechos "encajan en lo recogido en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia como supuesto de responsabilidad del letrado". En este caso, al contrario que en el "estudio jurisprudencial" sobre las deudas de Derecho Público, sí que cita una sentencia del Supremo. Alfonso Cabeza entiende que al letrado de Cobralia se le puede reclamar el pago del total de la deuda viva de MC Infortécnica SL, que a 30 de junio de 2019 se situaba en 270.000 euros.

Para entender en toda su extensión la maniobra de Avalmadrid es necesario tener en cuenta dos fechas: el préstamo quedó impagado el 15 de diciembre de 2011, pero el expediente no se le trasladó a Cobralia para que intentase cobrar la deuda hasta el 26 de noviembre de 2012. Parece evidente que a Cobralia no se le puede responsabilizar de lo ocurrido con el expediente de MC Infortécnica SL antes de esta última fecha. Pero veamos, en todo caso, cuáles son las negligencias cometidas por los dirigentes de Avalmadrid y por los letrados de Cobralia en relación con la (no) actuación frente a los bienes personales de los morosos.

Respecto a Avalmadrid destacan los siguientes hechos:

  • 2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide proceder a la ejecución dineraria de los avalistas solidarios. Pero no cumple lo acordado. En la documentación que analiza ese día el Comité de Morosidad consta que han desaparecido del patrimonio de los morosos 4 de los 14 inmuebles que tenían (entre ellos, un piso, una vivienda y una nave del matrimonio Díaz-Ayuso). Los dirigentes de Avalmadrid permiten el alzamiento de bienes sin acudir ni a la vía civil ni a la penal.

  • 15 de mayo de 2012: la normativa interna de Avalmadrid obliga a judicializar un expediente como máximo en 15 días desde que realiza el primer pago al banco que puso el dinero del préstamo (en este caso, Caja España). Ese abono se produjo el 30 de abril, así que como muy tarde a mediados de mayo tenía que haber iniciado los trámites judiciales contra los morosos. No lo hace, incumpliendo así la normativa interna.

  • 16 de noviembre de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid vuelve a analizar el expediente de MC Infortécnica SL. Decide otra vez la ejecución dineraria de los socios morosos. En ese momento, ya han desaparecido del patrimonio de los avalistas 7 de sus 14 inmuebles. En la propuesta del Comité de Morosidad se sigue atribuyendo la titularidad de tres de esos bienes a sus anteriores dueños, a pesar de que los cambios de propietario figuraban en los Registros de Propiedad respectivos. En otras palabras: la propuesta contenía información falsa.

  • 26 de noviembre de 2012: Avalmadrid entrega el expediente a Cobralia. Pese a que acordó iniciar un doble procedimiento —la ejecución hipotecaria de la nave y la dineraria de los avalistas— sólo le aporta documentación para iniciar uno. Es decir, no le entrega los documentos que necesita para actuar contra los bienes de los morosos.

  • Enero de 2015: después de más de dos años sin que nadie en Avalmadrid se preocupe por el expediente de MC Infortécnica SL, el responsable de Recuperaciones de la entidad se dirige a Cobralia solicitando información sobre el procedimiento de ejecución frente a los avalistas. Le explican que no han hecho nada. Y que, además, se han quedado sin el título necesario para actuar contra los morosos tras entregarlo en el Juzgado equivocado.

  • Marzo de 2015: A la vista de la situación, Cobralia le pregunta a Avalmadrid qué hace. Y le plantea dos opciones para proceder contra los morosos. Avalmadrid nunca llega a responderle.

En cuanto a Cobralia, las actuaciones reprochables son estas:

  • 26 de noviembre de 2012: al recibir el expediente de MC Infortécnica SL no revisa cuál es la situación de los inmuebles de los avalistas. Si lo hubiese hecho, se habría dado cuenta de que 7 de los 14 bienes ya no estaban en su patrimonio y podría haber actuado por la vía civil o penal. Tampoco se percata de que Avalmadrid no le ha entregado toda la documentación necesaria para actuar contra los morosos. O, si se da cuenta, no reclama la que le falta.

  • 28 de enero de 2013: el abogado de Cobralia presenta una demanda para que Avalmadrid se adjudique una nave en el pueblo abulense de Sotillo de la Adrada, que era la única garantía hipotecaria con que contaba el préstamo. Se confunde y, además de la escritura hipotecaria, entrega también el título (la póliza de afianzamiento) que servía para actuar contra los bienes de los morosos.

  • 13 de abril de 2018: El Juzgado Nº 2 de Arenas de San Pedro (Ávila) adjudica la nave de Sotillo a Avalmadrid. Cobralia facilita entonces información inexacta a Avalmadrid al asegurar que está "abierta" la ejecución contra los morosos, cuando no es así.

Este relato de hechos demuestra que ni los responsables de Avalmadrid ni los abogados de Cobralia cumplieron con sus obligaciones. Pero hay una cuestión que destaca sobre todas las demás: cuando el 26 de noviembre se traslada a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL, los morosos ya han excluido de su patrimonio 7 de los 14 inmuebles que poseían cuando les dieron el crédito. Y sólo tenían otros dos a su disposición, puesto que los cinco restantes estaban hipotecados.

Pese a ello, o precisamente por ello, Avalmadrid decidió encargar un informe legal para ver si le puede endosar la responsabilidad de lo ocurrido al letrado de Cobralia. En el documento que firma Alfonso Cabeza no se menciona ninguna de las actuaciones irregulares o negligentes de los ejecutivos de Avalmadrid y se concluye efectivamente que la actuación del letrado de Cobralia incurre en responsabilidad profesional.

Y así es como han pasado cerca de ocho años desde que los padres de Díaz Ayuso y los demás socios de MC Infortécnica SL dejaron impagado el crédito de 400.000 euros, sin que nadie haya movido un dedo contra ellos, ni desde Avalmadrid ni desde Cobralia.

LAS PREGUNTAS QUE RACMO NO RESPONDE POR "CONFIDENCIALIDAD"

El pasado miércoles 28 de agosto, infoLibre envió por correo electrónico una serie de preguntas dirigidas al presidente del bufete Racmo, para poder incluir su versión en esta información.

Al día siguiente, Alfonso Cabeza contestó lo siguiente: "El contrato de confidencialidad entre Avalmadrid y Racmo impide la resolución de todas y cada una de sus cuestiones. Tras estudiarlas pormenorizadamente consideramos que forman parte de la relación existente entre una empresa privada (Avalmadrid) y el servicio jurídico que prestamos, y cuya naturaleza tiene su origen en un contrato de prestación de servicios rubricado el pasado mes de junio de este mismo año. Comprenderá que no nos encontramos en disposición de comentar los pormenores de nuestro trabajo, o el trabajo de las personas con las que trabajamos, de forma pública ni privada".

Las principales preguntas que han quedado sin respuesta son las siguientes:

A. En relación con el informe sobre posibles acciones civiles o penales

1. En el apartado del informe titulado “Situación de los avalistas”, se habla expresamente de la "fincabilidad" de todos los morosos menos de Isabel Ayuso Puente. ¿Por qué no se estudia la situación de esta fiadora?

2. ¿Por qué no se analiza si hay acción penal posible contra los seis avalistas vivos?

3. En relación con la posibilidad de que las deudas de Avalmadrid pudieran considerarse de Derecho Público, en el informe se afirma literalmente: “Se ha realizado un estudio jurisprudencial de todas las sentencias que condenan aplicando este agravante y concluimos que no se nos abre una puerta por esta vía”. ¿Por qué no se cita en el informe ninguna de las sentencias de ese estudio jurisprudencial? ¿Podría indicarnos la referencia de alguna de esas sentencias?

4. En el informe se afirma, respecto a los cooperadores necesarios, que sería “necesario acreditar el dolo en el momento de la comisión del delito (más de siete años atrás), y entendemos desde nuestro leal saber y entender que sería muy difícil por no decir imposible, acreditar dicho extremo”.

El informe está fechado el 25 de julio de 2019 y, sólo unos días después, infoLibreaportó información que acredita dicho extremo en el caso de Isabel Díaz Ayuso: un correo suyo, tres semanas antes de aceptar la donación del piso, en el que admite que MC Infortécnica SL está “muerta”. El 26 de agosto, en una entrevista en Tele 5, la propia presidenta madrileña confesó que la preocupación de su padre era que "el poco patrimonio que él tenía", lo heredaran sus hijos. Con los hechos que se conocen actualmente, ¿mantiene Alfonso Cabeza que “sería imposible acreditar el dolo”?

B. En relación con el informe sobre la responsabilidad del letrado de Cobralia

5. ¿Sabía Alfonso Cabeza que 7 de los 14 inmuebles que garantizaban la solvencia de los fiadores ya no estaban en su patrimonio cuando Avalmadrid le encargó el expediente a Cobralia?

6. ¿Sabía Alfonso Cabeza que en la propuesta del Comité de Morosidad del 16 de noviembre, que fue la entregada diez días después a Cobralia, se incluyeron bienes de los fiadores que ya eran de otros titulares?

7. A la vista de estos datos, ¿mantiene la siguiente frase del informe: “Avalmadrid facilitó al letrado [de Cobralia] los datos de solvencia de todos los intervinientes en el momento del encargo”?

8. Dado que la mayor parte de los alzamientos se produjeron antes de la entrega del expediente a Cobralia, ¿no considera que lo correcto sería analizar también la responsabilidad de las personas que permitieron el traspaso de los bienes antes de encargar la recuperación de la deuda a Cobralia (es decir, de los dirigentes de Avalmadrid)?

9. Las conclusiones que establece en su informe respecto al letrado de Cobralia, ¿son también aplicables a los responsables de Avalmadrid que permitieron los alzamientos de bienes o habría que establecer en su opinión alguna diferencia entre ambos?

https://www.infolibre.es/noticias/p...JtAkdL-9ZL8d3RalIon_j3yG6Zo2UlyR_8IGb2F147jfI
 
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