Ignacio Gonzalez es detenido por la Guardia Civil por corrupción en el Canal Isabel II

[Barbara_]

OPERACIÓN LEZO

Caso Ignacio González: Marhuenda y Casals, investigados por coaccionar a Cristina Cifuentes

El juez les atribuye obstrucción a la Justicia y organización criminal por amenazar a la presidenta de la Comunidad para frenar la colaboración con la Justicia sobre el Canal de Isabel II.

El presidente de La Razón, Mauricio Casals (izq), y su director, Francisco Marhuenda,junto al expresidente de Madrid, Ignacio González.

CARLOTA GUINDAL @carlota_guindal
19.04.2017 14:10 h.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga al presidente del periódico La Razón,Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, por coaccionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara el saqueo del Canal de Isabel II. La clave de las coacciones es el empresario Edmundo Rodríguez Sobrino. Mano derecha de Ignacio González, Rodríguez fue el encargado de gestionar la filial sudamericana del Canal de Isabel II, a través de la cual y según la investigación del caso, González y sus colaboradores compraron sociedades a un precio muy superior del real.


Edmundo Rodríguez es consejero delegado de La Razón y controla un 23,9% del accionariado de la sociedad editora. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, Casals habría ordenado a Marhuenda que presionara a Cifuentes para no denunciar los abusos e irregularidades detectadas en en Canal de Isabel II o se le haría una campaña de desprestigio, no sólo en La Razón sino en todo el grupo Atresmedia.

Según se desprende de la investigación, Marhuenda llega incluso a comunicar a Edmundo Rodríguez que han publicado noticias falsas contra Cifuentes y gente de su equipo como advertencia para que no denuncie el desfalco cometido en la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños.

SALVAR A SU CONSEJERO DELEGADO

El juez, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, considera que hay indicios de que tanto Casals, conocido en el mundo de la comunicación como 'el príncipe de las tinieblas' como Marhuenda pretendían obstaculizar la investigación judicial puesta en marcha sobre el Canal de Isabel II para lograr la impunidad de los delitos presuntamente cometidos por Edmundo Rodríguez Sobrino.

Esta operativa de los principales responsables del diario La Razón comenzó tras conocerse que la Comunidad de Madrid iba a denunciar ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Canal en la época de Ignacio González y que afectaba de lleno a quien fuera presidente de Inassa, la filial sudamericana del Canal.

Por eso, los investigadores entienden que ambos periodistas, además de las coacciones, habrían participado en un delito de obstrucción a la Justicia, al intentar que Cifuentes como máxima responsable del gobierno regional cesara en su decisión de denunciar los hechos que podían salpicar a Rodríguez.

Según la investigación, los ataques a Cifuentes y a su gobierno cesan después de que las altas esferas de Planeta tienen conocimiento de los planes de Casals y y Marhuenda y les instan a parar con esa dinámica, considerada por el juez como una práctica mafiosa.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170419/209729065_0.html

Todos estos personahes para haber trincado tanto dinero ya podían arreglarse la boca que la tienen hecha una mierda, lo que son

 

[IDOLO]

El fiscal jefe Anticorrupción intentó impedir uno de los registros de la operación contra Ignacio González.

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegan con documentos a Comandancia de la Guardia Civil en Tres Canto / Javier López (EFE)

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
20/04/2017 - 08:46 h. CEST

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Detenido el expresidente madrileño Ignacio González por supuesta corrupción

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• Manuel Moix, un fiscal cómodo en anticorrupción para el PP

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html

Y yo me pregunto ante ésta noticia de guerra de fiscales....

¿Cuanta documentación COMPROMETIDA quedaba ya de Ignacio Gonzalez cuando fueron a registrar?

Si hubo pugna en lo que debían registrar o no...¿hubo alguna llamadita antes para que pongan trapos sucios a buen resguardo?

 

[IDOLO]

Una asociación de Fiscales avisó al Fiscal General de que Moix aparecía en unas escuchas para aplazar su designación


La Unión Progresista de Fiscales hizo llegar al Fiscal General que Ignacio González había contado en unos pinchazos telefónicos que el nombramiento de Moix para Anticorrupción resolvería sus problemas judiciales

La asociación de fiscales alertó a la máxima autoridad de la carrera de que el levantamiento del secreto dejaría a Moix en una situación insostenible

Pese a las advertencias y las polémicas protagonizadas por el antiguo fiscal jefe de Madrid, José Manuel Maza acabó confiándole el mando de la unidad especializada

eldiario.es Política
20/04/2017 - 08:40h

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá (derecha), junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE

La UPF critica el cese del fiscal de Murcia y el nombramiento de Moix: "Las decisiones son por motivos políticos"

• Los méritos y la trayectoria del nuevo fiscal Anticorrupción

• El jefe de Anticorrupción ordenó paralizar registros en la operación contra González y desató una rebelión de fiscales

• ETIQUETAS: Manuel Moix,Ignacio González, Operación Lezo

Sucedió durante los días previos a la designación de las jefaturas de la Fiscalía, el pasado febrero. En la carrera estaba cantado que uno de los favoritos para ocupar el mando de la unidad especial de Anticorrupción era Manuel Moix, un fiscal controvertido que acumulaba en su hoja de servicios muchas decisiones polémicas durante su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid. Suyas habían sido las decisiones de no llevar a juicio a la presidenta del PP madrileño por su incidente con unos agentes de movilidad a los que desobedeció y derribó la moto y también su insistencia en el archivo del caso de los espías en la Comunidad que también involucraba a altos cargos del PP regional y que finalmente llegará a juicio en los próximos meses.

Pero el runrún que había empezado a correr por la fiscalía aquellos días de febrero en torno a Moix era mucho más grave. Varios de los miembros del ministerio público aludían a una conversación grabada por agentes de la Guardia Civil con autorización judicial a dos dirigentes políticos inmersos en un caso de corrupción que se estaba investigando y por entonces figuraba secreto. Se trataba de la Operación Lezo, en la que ha acabado detenido el expresidente madrileño Ignacio González y los que intervenían en la conversación eran precisamente González y el exministro de los Gobiernos de José María Aznar y antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.





Según las fuentes consultadas, durante una de las conversaciones que mantuvieron esos dos amigos a finales de 2016 en un tono de camaradería, González se lamenta el trato que está recibiendo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina haber pedido su imputación en el caso de su ático en Estepona, que él mantiene haber comprado pero que según los investigadores responde se trata de una comisión como pago a la recalificación inmobiliaria que benefició a la antigua promotora Martinsa en el municipio de Arganda.

En esa charla distendida, sin saber que están siendo grabados, el expresidente madrileño se muestra esperanzado ante un cambio de jefatura en Anticorrupción y da a entender que si finalmente el elegido es Manuel Moix, el exfiscal jefe de Madrid, su suerte puede en los juzgados cambiar. El contenido de esa grabación que figura en poder de la Guardia Civil era conocido el pasado febrero por varios miembros del ministerio público.

Y fue la Unión Progresista de Fiscales la que le hizo llegar por un cauce no oficial al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el rumor sobre la existencia de las escuchas de González sobre Moix, al tiempo que le alertaba de que esas grabaciones iban a acabar suponiendo un problema para la fiscalía cuando saliesen a la luz con el levantamiento del secreto de sumario.

Los miembros de la Asociación de Fiscales, más conservadora y numerosa, sí decidieron apoyar el nombramiento de Moix en el consejo. A cambio lograron que su portavoz, Jesús Alonso fuese colocado como fiscal de la Audiencia Nacional.

Maza, un magistrado al que el Consejo de Ministros había aupado a la cima del ministerio público el 22 de febrero decidió designar a Moix para Anticorrupción. La UPF, que no llegó a hacer públicas sus advertencias durante aquellos días, se limitó a responder con un frío comunicado en el que advertía que la llegada de Moix a Anticorrupción, así como otros de los nombramientos efectuados, " solo pueden explicarse desde un interés eminentemente políticos e ideológico".

Tal y como pronosticaba González en aquellas escuchas, la primera decisión de Moix ante una gran causa de corrupción fue intentar frenar el pasado martes algunos de los registros de la Guardia Civil en la Operación Lezo, en la que fue arrestado el presidente madrileño junto a otras 11 personas. Se lo impidió una rebelión de la junta de fiscales de Anticorrupción que el lunes hicieron valer su autonomía para seguir adelante con el calendario de actuaciones fijado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye el sumario.

http://www.eldiario.es/politica/Fiscales-Fiscal-General-Moix-nombramiento_0_635186492.html

Cuando yo era mas joven el trabajo mas peligroso era ser policía, guardia civil, etc por el tema de ETA. Ahora parece que es muy peligroso ser juez o fiscal honorables, porque según está el tema de la unión de poderes en el PP que es el partido del gobierno te pueden sesgar tu carrera en un plis plas.

¡Y ya no digo nada de la UCO o similares buscando pruebas en contra de los poderosos de la trama! ¡Esos sí que son merecedores de medallas de Honor por cumplir fielmente su tarea en éste país de pandereta!

 

[aylapuntouno]

Un apunte que me ha llamado la atención, será que al ser de letras para los números tengo que utilizar el sofisticado sistema de contar con los deíllos, (menos mal que tengo veinte), a lo que voy, que tengo muy poco tiempo:
Al parecer, el volumen del dinerillo, (sí, que ricos fueron mis abuelos ) distraído en una cuenta suiza, alcanza la cantidad de 25 millones de leuros, que así suena mal, pero dices bueno, como son tantos a repartir, presuntamente, pues como que el indignómetro, tan baqueteado ya ,no se me dispara hasta el cielo y más allá; pero cuando, ya digo, se me ocurre la brillante y, sin duda original, idea de convertir los leurillos a pesetillas, que sigue siendo la moneda en qué cobramos la mayoría de los ejpañistaníes, no me he infartao porque hoy me viene fatal. Comparto mi descubrimiento con vosotros queridos compiscontribuyentes, aunque igual vosotros sois de conversión automática.
25.000.000 * 166,386 = 4.159.650.000.- Pesetillas, salvo error u omisión.
Y solo en esta tramita, miedo me da continuar con el suma y sigue.... Solo decir, na por desahogo antes de seguir viviendo por encima de mis posibilidades: ¡Manda güevos!
Feliz día compis. Entraré a ratitos

 

[SOYHELENA]

Y a todo ésto qué dice la asociación de prensa de madrí, x ejemplo, o personajillos como victoria prego?

K dicen en atresmedia, además de hablar sobre venezuela xq no es tan fascista como les gustaria?

X cierto informe anuel el de la asociacion de la prensa de madrí k año tras año es patrocinado x el corte inglés. Kizá es una de las razones x las k en sus hinformes no cuentan xq no nos informan entre otras muchas cosas de xq vulneran los derechos de sus trabajadores esta empresa k encabeza esta lamentable estadistica

A mi es lo k me interesa de este caso, no k roben de una empresa publica, se da x hecho
Aun asi nadie señalarará a la mafia de atresmierda. A la mafia de los medios de comunicacion. Produce mas miedo k risa

 

[IDOLO]

 

[IDOLO]

IGNACIO GONZÁLEZ'Público' lo sabía; Rajoy y Aguirre, también.

'Público' empezó a destapar los presuntos comportamientos delictivos y mafiosos de González, al menos, desde 2009. Los tribunales reconocieron la veracidad de las informaciones que seguían ignorando Rajoy y Aguirre.



Ignacio González, Mariano Rajoy y Esperanza Aguir



ANA PARDO DE VERA

@pardodevera
Ningún país está libre de que la corrupción se cuele en sus instituciones y partidos políticos; la cuestión, y el grado de civilización y desarrollo de ese país, está en cómo se controla y hace frente a esa corrupción para evitar y frenar a delincuentes (presuntos) como Ignacio González y su familia, política y de todo tipo.

En esta vigilancia, los medios de comunicación y el respeto que tengan los poderes públicos al periodismo juegan un papel decisivo. La 'operación Lezo' ha desvelado, al menos, dos formas opuestas de abordar las informaciones sobre el cortijo que el expresidente de la Comunidad de Madrid y hombre fuerte de Aguirre en el PP regional junto a Francisco Granados (en la cárcel) montó en el Canal de Isabel II. La empresa pública, que en teoría está para garantizar el abastecimiento de agua a los madrileños, se convirtió en el banco de los negocios sucios de González y sus cómplices, primero como vicepresidente y después como presidente. Ancha es Madrid y generosos los bolsillos de los madrileños/as.

Público empezó a destapar los presuntos comportamientos delictivos y mafiosos de González, al menos, desde 2009, gracias al extraordinario trabajo de investigación, entre otros/as, de Manuel Rico, hoy director de Infolibre. Hace, pues y como mínimo, ocho años que Rajoy y Aguirre sabían con documentos, testimonios y pruebas tangibles que algo tétrico rodeaba a González y al Canal de los madrileños, pero lo obviaron e, incluso, no tuvieron pudor alguno para dar un golpe de dedo y hacer presidente en Madrid al reo, cuando Aguirre dio un medio-paso atrás como jefa del Ejecutivo regional, acuciada también por la corrupción.

Con un escrupuloso ejercicio de periodismo de investigación, Público levantó la ira macarra (y bien conocida) de González, que llevó a los tribunales toda la artillería antidemocrática de la que dispone, no poca, contra este periódico. El expresidente madrileño nos reclamó 600.000 euros por entender que su honor quedaba lesionado con la publicación de 15 artículos sobre sus trapicheos en el Canal (obras ilegales del campo de golf con su hermano, hoy detenido también; ayudas de la empresa pública Avalmadrid; una sospechosa adjudicación a Martinsa de una parcela en Arganda; el viaje a Cartagena de Indias, etc.) González ni se molestó en negar las informaciones incluidas en un dossier del que disponían Rajoy y Aguirre (es decir, interno del propio PP), al que había tenido acceso Público; simplemente, el entonces vicepresidente dijo que le estábamos acosando.

Los tribunales dieron la razón a Público hasta tres veces, en el juzgado de primera instancia, la audiencia provincial y el Tribunal Supremo; reconocieron la veracidad de las informaciones que seguían ignorando Rajoy y Aguirre; tumbaron la demanda de González, y le obligaron a pagarnos las costas. Mientras tanto, el presidente del PP y la mentora y jefa del vicepresidente madrileño siguieron en sus mundos de fantasía, donde la impunidad parecía infinita al Partido Popular.

La catadura moral de González, aunque sea anecdótico en medio de tanta basura, nos la ilustraron, además, sus intentos de que fueran los abogados de la Comunidad quienes ejercieran su defensa, algo que Público no aceptó, por lo que González tuvo que cambiar al letrado de la Administración regional por otro, que resultó ser del Partido Popular. Siempre con el silencio cómplice de Aguirre y Rajoy, Rajoy y Aguirre, que seguían nadando en su charca de Maravillas.

Hoy hemos sabido que la cara oculta del periodismo (¿?) también actuaba en paralelo a Público; que mientras nosotros denunciábamos la corrupción (presunta) de Ignacio González, mientras él nos acribillaba a demandas para impedir que cumpliéramos el derecho fundamental de informar a los ciudadanos, muchos medios callaban acariciados por jugosos contratos de publicidad firmados con el Canal de Isabel II (300.000 euros, medio millón, un millón...) y defendían al presunto mafioso como si les fuera la vida en ello. Quizás les iba, pero lo iremos contando.

La apuesta política que supone la 'operación Lezo' es más turbadora, incluso, que el terremoto regional por las detenciones e imputaciones sorpresa, como la del director de La Razón, Francisco Marhuenda, o su presidente, Mauricio Casals, por coaccionar a Cristina Cifuentes para que no denunciara a González. La presidenta de la Comunidad de Madrid, con un golpe judicial abierto 24 horas después de ser llamado Rajoy como testigo de Gürtel, lo ha apostado todo a una carta para ser la sucesora del hoy presidente del Gobierno: la renovación real del PP, caiga quien caiga, sean González, Aguirre o uno de los grandes amigos, excolaborador y defensor de Rajoy, Paco Marhuenda. De momento, Cifuentes tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos y la continuidad de su mandato, aun sabiendo que la sombra de corrupción en el PP es muy alargada y puede cubrirle en cualquier momento. La apuesta es compleja y arriesgada, también legítima, y si es sincera, bienvenida sea. Pero veremos qué dice (o no dice) Mariano.

http://www.publico.es/opinion/ignacio-gonzalez-publico-sabia-rajoy.html


Esa es una de las caras ocultas de Cifuentes: Lo sabía desde que era consejera en la Administración de Isabel II allá por el año 2012. En el 2014 dejó de serlo y puso la denuncia el 1 de julio del 2016.

¿Por qué en esa fecha y no antes? Ahora viene como la persona que persigue la corrupción, pero ésta rubia no es de fiar. Ha puesto la denuncia cuando le puede beneficiar para optar a ocupar un puesto en la jefatura del PP, pero antes cuando sucedieron los hechos no movió un dedo, y al igual que los demás miró para otro lado.

No nos vale ahora como persona comprometida contra la corrupción, porque ese paso lo ha dado cuando le ha interesado, y en beneficio propio, cuando las cabezas por encima de ella van cayendo, y quiere un puestecito entre ellas, y contra mas alto mejor...

Para Cristina Cifuentes..¡.El pasado siempre será presente!

 

[_Marta]

El principal y penosísimo problema de España es el pueblo español, que vota lo que vota. Véanse los ejemplos...

 

[loca]

Hay un artículo de Elisa Beni en eldiario, que me parece oportuno traer. Alguna compa experta podría traerlo? El título es: El joder judicial. Gracias!!

 

[A LA PORRA]

http://www.publico.es/politica/cuatro-ranas-reciben-esperanza-aguirre.html

 

[A LA PORRA]

http://www.eldiario.es/zonacritica/Joder-Judicial_6_634896524.html

 

[_Marta]

Hay un artículo de Elisa Beni en eldiario, que me parece oportuno traer. Alguna compa experta podría traerlo? El título es: El joder judicial. Gracias!!

El Joder Judicial
Rajoy ha sido llamado a declarar como testigo a petición de una acusación popular y mucho me temo que este será el último detonante para que la operación de cargarse esta figura se acelere

Elisa Beni (eldiario.es)
19/04/2017 - 21:26

Imagen de archivo: Mariano Rajoy a la espera del inicio de sesión de investidura. JON BARANDICA
Mariano Rajoy está jodido. El PP está jodido. Nunca una antigua errata en el BOE había dado para tanto chiste, pero hoy viene al pelo. El Joder Judicial les ha caído encima como una tromba... y les jode. El comunicado hecho público por el Partido Popular respecto a la citación de un tribunal para que testifique Rajoy sólo es comparable, por lo improcedente, al comunicado de la Zarzuela del anterior monarca cuando se conoció la imputación de la Infanta Cristina. La pataleta de los populares es tan evidente que sonroja. Confunden conceptos jurídicos –en la fase previa a un juicio un tribunal no sienta ninguna doctrina–, no es cierto que los jueces vengan obligados a aceptar la posición de una de las partes acusadoras –el Ministerio Fiscal–, ni en la fase de juicio oral los magistrados están amarrados por lo que hiciera el instructor en su día.

La traducción es tan simple como: ¡pero si todo lo que controlamos había operado para que esto no pasara y Rajoy no tuviera que vérselas nunca, ni como testigo, con un tribunal!

Cosas del Joder Judicial.

Lo cierto es que lo sucedido con Rajoy y la exhibición realizada en torno a Ignacio González por la Audiencia Nacional vienen a sacarles de su limbo. No está todo atado y bien atado. A pesar de todos los sabotajes de ingeniería legal que se han realizado al sistema, los pistones todavía giran a veces cuando al poder no le conviene.

Y de ahí arranca mi preocupación. No crean que la respuesta a esta jodienda que ha llegado hasta el mismo Rajoy va a ser recapacitar sobre la imposibilidad de dar un portazo a la corrupción y la necesidad de admitirla y erradicarla. No. Lo que va a suceder es que el Partido Popular va a intentar gripar los resortes que aún mantienen en marcha la maquinaria. El presidente del partido ha sido llamado a declarar como testigo a petición de una acusación popular y mucho me temo que este será el último detonante para que la operación ya diseñada de cargarse esta figura procesal se acelere. Y, lo que es peor, que el actual PSOE ha mostrado su aquiescencia para llevar a cabo esta castración de la única postura acusadora que nunca podrá controlar el poder. Lo ostente quien lo ostente.

Todo esto no ha comenzado ahora. Empezó con don Emilio Botín, siguió con la Infanta Cristina y culmina con la llamada a declarar a Rajoy. La figura de la acusación popular ha sido la única que ha osado poner en jaque a los poderes reales y fácticos de este país. El dinero, la Corona y el partido en el Gobierno, por distintos motivos y en diferentes condiciones, han visto cómo sus planes eran torcidos por el uso de esta figura.

En el caso del banquero se procedió a utilizar la ingeniería procesal precisa para salvar los trastos. El recorte que se realizaba a la acción popular parecía poco peligroso pues era tan quirúrgicamente hecho a medida que sólo podía afectarle a él: 'Doctrina Botín' se llamó. Quisieron los hados que al poco tiempo el Caso Atutxa, en el que había otros intereses, demostrara que en Justicia cuando haces una trampa no sabes cuándo se te volverá en contra. Hubo que contraprogramar con un nuevo traje a medida.

Llegó después el Caso Nóos. A todos los actores capaces de acusar llegaban las lianas del poder excepto a la acusación popular. Resultó que esta era ejercida por una banda de mangantes, lo que no invalida que hasta siete jueces validaran sus pretensiones. Al calor del escándalo producido por la utilización torticera y delincuencial de esta figura, ya estábamos calentando motores para proceder a caparla de nuevo. En el comunicado del PP se habla de "abuso de derecho" por parte de la acusación popular de ADADE. Otro argumento que usarán para arrebatarnos a los ciudadanos esa facultad recogida por nuestra Constitución.

El golpe de gracia a una Justicia independiente que planean debe ser cortado de raíz. Los ciudadanos no podemos consentir que lo perpetren y si los socialistas los respaldan estarán dando la razón a los que afirman que el PP y el PSOE no son sino la cara de una misma moneda. Una restricción de la acción popular unida al cambio a una instrucción fiscal, sin convertir a los fiscales en parte del Poder Judicial, sería el fin de una Justicia de la que pudiéramos predicar que fuera acorde a las exigencias de un estado democrático.

Hay que parar esta estocada que vendrá pronto y rotunda después de que el propio Rajoy se haya sentido perjudicado por la existencia de esta figura. Una figura que es un derecho de rango constitucional recogido en el artículo 125 de la Constitución y de la que somos sujeto activo todos los ciudadanos españoles siempre que gocemos de plenitud de derechos civiles. No se trata de una reformita de cosas técnicas, no señores, se trata de arrebatarnos un derecho porque les impide preservar impunidades.

Oiremos a partir de ahora clamar a Catalá y adláteres diciéndonos que es una "peculiaridad sólo española", cómo si eso fuera un impedimento para los millones de diferencias y particularidades que mantenemos. Nos intentarán manipular. Lo cierto es que un sistema penal es un engranaje que está hecho de pesos y contrapesos y que el diseño de la acusación popular contrapesa a una Fiscalía demasiado atada al poder. Eso o que, desde allende los tiempos, los legisladores comprendieron que en España hecha la ley, hecha la trampa y que era mejor no dejar que la acción penal fuera monopolizada por los que pastan tan cerca del Ejecutivo.

Algunos colectivos organizados dentro del mundo legal, como la Brigada Tuitera, ya pusieron anteayer en marcha una campaña para alertar de este riesgo. Saben, como sabemos todos, que con Rajoy jodido lo más probable es que intenten jodernos nuestros derechos a todos. Al tiempo.