Ignacio Gonzalez es detenido por la Guardia Civil por corrupción en el Canal Isabel II

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OPERACIÓN LEZOEl secretario de Estado de Seguridad acusa a diputados y a la prensa de construir una"cacería" con datos falsos.

José Antonio Nieto proclama en tono desafiante para justificar su reunión con Pablo González: "Todavía hoy no sé de qué se me acusa, ¿de ser de Córdoba y de provincias, eso es grave?"



OPERACIÓN LEZOEl secretario de Estado de Seguridad acusa a diputados y a la prensa de construir una"cacería" con datos falsos


José Antonio Nieto proclama en tono desafiante para justificar su reunión con Pablo González: "Todavía hoy no sé de qué se me acusa, ¿de ser de Córdoba y de provincias, eso es grave?"



El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, comparece en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta de la reunión que el 8 de marzo mantuvo con Pablo González, encarcelado junto con su hermano Ignacio. | BALLESTEROS (EFE)

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MADRID
28/04/2017 09:56 Actualizado: 28/04/2017 14:32
JUAN ANTONIO BLAY

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha empleado un tono retador ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para asegurar que su reunión el pasado día 8 de marzo con Pablo González, encarcelado dentro de las Operación Lezo y hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también encarcelado y principal investigado en este caso de corrupción política.

"Todavía hoy no sé de qué se me acusa. ¿De ser de Córdoba?, ¿de ser de provincias?, ¿de no pedir la ficha policial de la gente con la que me reúno?", ha proclamado desafiante ante los miembros de la comisión parlamentaria, ante los que ha comparecido a petición propia y por reclamo del grupo socialista tras el escándalo desatado por la mencionada reunión.



José Antonio Nieto se ha presentado como víctima que está padeciendo "un calvario" que, en su opinión, se está produciendo en base a relatos "parciales y tergiversados" de pasajes de la instrucción que está llevando a cabo el magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional. Y en ese estado de cosas ha incluido a los miembros de su familia "a los que no sé qué explicarles de lo que está pasando".

De forma un tanto inopinada, el número dos del ministerio del Interior ha criticado con argumentos muy duros "la construcción de una tormenta" por parte de "portavoces parlamentarios" —que no ha identificado en concreto— y, de forma genérica, a "la prensa". Y la consecuencia de esa situación ha devenido en "la organización de una cacería. ¿Es ético lo que se ha dicho?, ¿es ética su actuación pidiendo dimisiones sin saber de qué se me acusa?", ha reprochado a los grupos de la oposición presentes en la comisión.

En su relato, Nieto ha sostenido, lisa y llanamente, que su reunión con Pablo González el pasado día 8 de marzo, entonces director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, "fue protocolaria y para hablar de una cuestión que le interesaba sobre la seguridad de las nuevas instalaciones que Mercasa estaba promoviendo". Según la explicación del secretario general de Seguridad en el contenido de la conversación que mantuvo con Pablo González, a quien se refirió en varias ocasiones como "ese señor", no se habló de la Operación Lezo.

En el relato expuesto por José Antonio Nieto de las circunstancias que rodearon el polémico encuentro ha descartado cualquier tipo de injerencias relacionadas con la Operación Lezo. Es más, ha insistido en que él desconocía las investigaciones que realizaban los agentes de la UCO a las órdenes del juez Velasco de la Audiencia Nacional. "Por lo que yo sé en estos momentos, volvería a recibir al señor González", ha llegado a decir como prueba de su ignorancia previa sobre la investigación judicial.

Y en este punto se ha explayado alrededor de diez minutos para citar toda la normativa legal sobre sus competencias y aquellas normas que, en principio, le impiden tener conocimiento de las investigaciones que realizan agentes policiales a las órdenes de los jueces. "No sabía nada", ha insistido. "Y nada podía hablar yo de eso", ha recalcado.

Según su exposición, en el encuentro de quince minutos de duración —desde las 9.40 horas a las 9.55 horas de esa mañana— la conversación se limitó "además de la felicitación protocolaria por mi nombramiento, a exponer la posible colaboración para garantizar la seguridad de nuevas instalaciones de Mercasa y encontrar un interlocutor para llevar a cabo la colaboración". Y no hubo nada más, ha insistido reiteradamente Nieto.

Los portavoces de la oposición, con distintos argumentos, no le han dado credibilidad al relato expuesto por el compareciente. El socialista Antonio Trevín le ha reprochado el tono acusador empleado en su intervención inicial: "Usted es reo de sospecha, ¿cómo se atreve a venir a abroncarnos a los diputados?", le ha espetado. Tras exigir su dimisión, el portavoz socialista le ha emplazado a que explicase "qué hubo de interesante en esa reunión para que Pablo González se lo transmitiese a un interlocutor cuando acabó. El secretario de Estado de Seguridad no puede estar bajo sospecha, y usted lo está".

El representante de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Rafael Mayoral, le ha identificado como "un cortafuegos, pero no estamos para cortafuegos" para denunciar el clima de "persecución contra el adversario político" que se ha dado en el ministerio del Interior, y en concreto contra Podemos. Mayoral también le ha reprochado la falta de colaboración del departamento de Interior en colaborar con la comisión de investigación sobre el ex ministro Fernández Díaz al no facilitar la documentación solicitada.

Gabriel Rufián, representante de ERC, fiel a su estilo, tras afirmar que "usted se está comiendo aquí un marrón", le ha planteado diez preguntas en las que se ha interesado en conocer desde si se grabó el contenido de la reunión hasta qué secretario de Estado era con el que los hermanos González pretendían hablar sobre su situación. “¿Era usted?”, le ha preguntado, entre otras cuestiones. El representante de ciudadanos, miguel Gutiérrez, ha sido contundente en su intervención: "No le creemos", ha sentenciado.

Tras la defensa del compareciente realizada por el portavoz del grupo parlamentario del PP, José Alberto Martín-Toledano, el secretario de Estado de Seguridad se ha revuelto contra todos los interpelantes hasta el punto de afirmar que sentía "una decepción profunda" y despreciar su labor como oposición: "Estaba tranquilo antes de llegar aquí, pero ahora estoy más si son ustedes quienes me tienen que controlar".

Y reiteró su actitud desafiante. "¿Ustedes han visto el sumario? Yo no", ha vuelto a plantear para insistir en la falsedad de las acusaciones que se le han formulado. Y se ha revuelto contra el portavoz socialista quien le había recordado que semanalmente recibía información de operaciones de las unidades judiciales, cosa que ha dicho que era falso. También por una información que, en base a fuentes socialistas, le vinculan con negocios con Pablo González. "Me voy a querellar", ha dicho.

En las réplicas, los portavoces han sido mucho más duros dada la actitud del compareciente. Trevín ha insistido en que el secretario de estado accede a la información de las operaciones policiales bajo órdenes de los jueces, aspecto que también han puesto de manifiesto los portavoces de Podemos, Rafael Mayoral, y de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien ha leído una orden del Director Operativo Adjunto de la Guardia Civil "todavía vigente" en la que se reclaman esas informaciones. Rufián, tras asegurar que el compareciente "está de fango hasta las orejas", le ha recordado, con ironía: "Usted se ha hecho la rubia, pero usted no se apellida Borbón e igual no le sale del todo gratis".

Pare cerrar la comparecencia José Antonio Nieto le ha reprochado a Rufián una actitud "de falta de respeto". "No le voy a tolerar que me diga que estoy de fango hasta las orejas", palabras que han generado un momento de tensión con el parlamentario de ERC, aunque sin categoría de altercado.

Y sobre la polémica orden del DAO adjunto de la Guardia Civil esgrimida por Mayoral y Gutiérrez, que hace presumir que sí son conocidas las operaciones policiales a las órdenes los jueces con antelación, la ha justificado por la necesaria coordinación "porque frecuentemente hay que aportar efectivos de otras unidades". Y acabó con estas palabras: "Me voy tranquilo después de esta comparecencia", palabras que sonaron a cierto desprecio hacia los parlamentarios de la oposición. Eso sí, en ningún momento aportó dato alguno adicional a los que expuso en su intervención inicial.

http://www.publico.es/politica/secretario-seguridad-gonzalez-linchamiento.html
 
El Mundo Orbyt.

30/04/2017


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Ignacio González ya no luce corbata apretada ni trajes entallados de corte italiano. Es jueves por la mañana. El ex presidente de la Comunidad de Madrid viste un chándal Ralph Lauren y pasea renqueante por el patio del módulo uno de la cárcel madrileña de Soto del Real. Tiene problemas de espalda y cadera que le llevaron a reducir el número de partidos de pádel, tal y como le confesó al médico de la prisión. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre camina entre presos primarios y mayores de 60 años condenados por delitos menores. El tufillo a porro es considerable. Le acompaña su hermano Pablo, hecho un pincel. González está tranquilo y sólo un preso se acerca a él para llamarle «chorizo». Un día después otro le dirá: «los políticos sois una vergüenza». Él ni se inmutó. Siempre llevó bien la presión ambiental y se jactó de ello. La mayoría de reclusos, de nacionalidad latinoamericana, desconoce quién es. El ex secretario general del PP madrileño se ha adaptado bien a la vida carcelaria y está fuerte anímicamente. «Estoy muy entero», le dijo al psicólogo que evaluó su estado mental.

«Le preguntaron por cómo se encontraba, por la situación de su familia y por si tenía alguna idea de suicidarse, a lo que respondió que no. También dijo que le preocupaba más su familia que él, y que le molestaban todas las mentiras que se estaban publicando», cuenta a Crónica un veterano funcionario de la cárcel donde reina el ex líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y por donde han pasado ilustres presos como Luis Bárcenas, Mario Conde o Jordi Pujol Ferrusola. Este último estuvo un par de horas en el centro penitenciario el pasado martes antes de ser trasladado a Barcelona para presenciar el registro de su domicilio. El viernes volvió a Soto del Real. El mayor del clan catalán sí se mostró abatido en el módulo de ingresos. A 90 metros de allí y a 500 metros de peligrosos yihadistas duerme González en la parte de abajo de una litera ubicada en una celda de 10 metros cuadrados.

Nada que ver con la comodidad de la cama king size de su suite en el lujoso hotel de Cartagena de Indias donde un detective comenzó a cavar su tumba con una cámara oculta que le grabó con extrañas bolsas en tiempos donde presuntamente se dedicaba a cobrar comisiones a las adjudicatarias de las obras del Canal de Isabel II. Por ello, el juez Eloy Velasco le atribuye los delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Graves acusaciones que parecen no haberle hecho mella. «Como estaba bien anímicamente, se descartó aplicarle el protocolo antisuicidio, pero se le colocó con su hermano en la misma celda para que no se viniera abajo. Normalmente siempre lo hacemos con los hermanos», comenta un trabajador del penal. Los González tienen un plato de ducha, un lavabo, una mesa y una televisión LED de 22 pulgadas de la marca blanca Sunstech. La adquirió González en el economato el pasado lunes a un precio de 210 euros, setenta euros por encima de su valor en tienda.

Un día antes el hombre que fue habitual durante años del palco del Bernabéu había preguntado a un funcionario dónde podía ver el Real Madrid–Barça. «Nos hizo gracia, porque le tuvimos que explicar que en las cárceles no hay Movistar Plus ni Bein Sports y que sólo tienen acceso a las cadenas de TDT», explica un trabajador. También preguntó si había internet o si el agua era potable, a lo que le respondieron con sorna: «Es agua del Canal de Isabel II». González ya se ha leído el manual de 36 páginas titulado La prisión, paso a paso. En el economato, podrá comprar desde un pack de 60 cápsulas de cartílago de tiburón para cuidar de sus articulaciones (13,90 euros), 500 gramos de creatina para moldear su figura (21,99), Ferrero Rocher (6,50 euros) o 10 puros Cohiba Club (11,99 euros), según la lista de precios a la que ha accedido este suplemento. Dispondrá de 100 euros a la semana (sin contar el dinero destinado a la televisión), que le transferirán sus familiares a través del Banco Santander y que irán a su saldo porque en la cárcel no tocará dinero. Con ello, también podrá comprar tarjetas con minutos telefónicos que otros presos usan para conseguir porros.

En su primera semana entre rejas, González recibió la visita de su mujer, Lourdes Cavero, y de su abogado a quien pidió que le llevase la prensa para enterarse de las novedades de su caso. El ex presidente madrileño ha sacado varios libros de Historia de la biblioteca (antiguamente gestionada por Mario Conde), ha escrito y se ha interesado por las clases de spinning, aunque finalmente el viernes optó por apuntarse a un curso de petanca.

Según varios funcionarios, el ex presidente de la Comunidad de Madrid también ha preguntado por las misas que da el capellán Paulino cada sábado. González es católico y en vacaciones es habitual verle en una iglesia cercana al lujoso ático de Estepona, ahora investigado, en compañía de su mujer y de sus hijas, que aún no le han visto en prisión. Las tres están destrozadas, especialmente la más pequeña, que cumplió este miércoles 22 años y sus amigas le organizaron una fiesta sorpresa en un japonés. La joven sopló las velas pero no pudo contener las lágrimas. Tampoco la rabia en Facebook, donde posteó un artículo de EL MUNDO de Cayetana Álvarez de Toledo donde decía que «el auto del juez Velasco avanza entre elipsis y trompicones». «Esto merece la pena, algo con cabeza», escribió Rocío.

Para González la cárcel está siendo como el día de la marmota. Su rutina es la misma día a día. A las ocho de la mañana se despierta, se asea y a las nueve baja al desayuno (café con leche, pan con mantequilla y mermelada). Desde las 10 de la mañana hasta la una y media disfruta del patio y habla con su abogado. Luego pasa al comedor (siempre después del turno de los musulmanes) donde, entre otros platos, ha comido arroz con pollo, macarrones con tomate y yogures a punto de caducar, un menú con un coste real de dos euros. Por la tarde, tiene derecho a más horas de patio y a las nueve y media de la noche, después de cenar, tiene que regresar a su celda para dormir. Ese será su sino durante al menos varios meses. @javiernegre10

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OPERACIÓN LEZO
Moix mintió al negar que intentara apartar a los fiscales del 'caso Lezo’

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto la víspera de la operación contra la trama liderada por Ignacio González, en el que alude a la próxima designación de “otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”. La maniobra de Moix fue abortada por el escándalo generado cuando la SER destapó sus intenciones
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El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix / EFE

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
09/05/2017 - 08:01 h. CEST

Cuando el pasado 26 de abril la Cadena SER avanzó que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quería apartar de la ‘operación Lezo’ a Carlos Yáñez, el fiscal que ha llevado la investigación junto a Carmen García desde hace 18 meses, el propio Manuel Moix lo negó de forma tajante. Aseguró que había sido Yáñez quien había pedido su traslado a Granada, y que nunca había sido su intención apartarle del caso. Prueba de ello, sostuvo Manuel Moix en una nota oficial, era que “recientemente” había pedido al Fiscal General del Estado la renovación de Yáñez.

Sin embargo, un documento inédito prueba que el Fiscal jefe Anticorrupción miente. Se trata de un decreto firmado por el propio Moix a la finalización de la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 18 de abril, víspera de la operación contra el entramado supuestamente liderado por Ignacio González.

Los vocales progresistas no logran apartar al jefe de Anticorrupcion
En el decreto, Manuel Moix, exime a Carlos Yáñez y Carmen García de las “responsabilidades” en que puedan incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de ejecutar la operación, “ante la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.

Se da la circunstancia además de que Moix aseguró que solo Carlos Yáñez había pedido su relevo, en un intento de trasladar la decisión al afectado. Pero el decreto revela que la intención del fiscal jefe era cambiar a los dos fiscales. Tanto a Yáñez como a Carmen García, que juntos, ese mismo 18 de abril, habían propiciado una rebelión de la junta de fiscales al oponerse a su intento de impedir uno de los registros de la operación contra González.

La Fiscalía Anticorrupción emitió después una nota en la que manipula la realidad. Para justificarse y negar la información de la SER, Moix afirmó que había pedido “recientemente” la renovación de Carlos Yáñez en su cargo en Madrid. Y es cierto que la solicitó, pero eso sucedió semanas antes de que el 18 de abril tanto Yáñez como García se opusieran a sus órdenes y le plantearan batalla en la junta de fiscales, al invocar el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público.

El decreto de Moix también confirma que el fiscal jefe pretendía evitar el registro a la sede del Canal Isabel II, en lo relativo a la adquisición de la empresa pública Inassa en 2001; y que el fiscal jefe consiguió que los fiscales del caso se abstuvieran “de exponer en el informe” a presentar ante el juez, “sus valoraciones acerca de la presunta existencia de una organización criminal”. Finalmente, el juez Eloy Velasco acabó acusando al entramado de este delito.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/08/tribunales/1494272530_491482.html
 
OPERACIÓN LEZO
La Fiscalía resalta la gravedad del encuentro del hermano de Ignacio González con el 'número 2' de Interior.

La Fiscalía General del Estado ha matizado que no atribuye ningún delito a José Antonio Nieto aunque alerta y comparte con el juez Eloy Velasco la "gravedad" del presunto chivatazo en el 'caso Lezo
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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración. / Santi Donaire (EFE)

JAVIER ÁLVAREZ
Madrid
09/05/2017 - 17:37 h. CEST

El escrito de los fiscales valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad "por lo que ello pudiera implicar" y recuerda que en una de las conversaciones intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, los tres hermanos González -Ignacio, Pablo, también encarcelado bajo fianza de cuatro millones de euros, e Isabel, esposa del también imputado José Juan Caballero- se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional. Dos días después, Pablo mantuvo una reunión en el despacho oficial del número dos de Interior. El propio Nieto compareció en el Congreso para justificar que en ningún caso hablaron de la operación Lezo, porque ni siquiera “la conocía”.

Moix mintió al negar que intentara apartar a los fiscales del 'caso Lezo’
La Fiscalía Anticorrupción denuncia, además, que González ha utilizado sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento. Así ha recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones”.

El escrito de los fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerda y Carlos Yáñez, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se opone a la salida de prisión y califica por primera vez dos evidencias desveladas por el juez Eloy Velasco. En primer lugar, reconoce el peligro de que sea puesto en libertad porque tiene “una cantidad ingente de fondos públicos (dinero) no controlados que permanecen ocultos en entramados societarios de paraísos fiscales incluido Reino Unido “que generan “una capacidad real para huir de la Justicia”.

Relaciones con la judicatura y Fiscalía
En segundo término, la fiscalía, alerta del peligro de ocultación y manipulación que puede generar su puesta en libertad ya que ha sido una constante en la investigación que Ignacio González se ha valido de sus relaciones personales para “recurrir a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura, para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones”.

Además, la Fiscalía denuncia que estas maniobras de manipulación han llegado también hasta el Cuerpo Nacional de Policía, como el propio González ha reconocido en su declaración, “al haberse puesto en contacto con algún alto cargo de la policía nacional para saber cómo estaban algunas cosas y si había informes que le afectaran”.

La Fiscalía insiste en que las conversaciones telefónicas y ambientales interceptadas a Ignacio González desvelan que sabían que se les estaba investigando y recuerdan la reunión de los tres hermanos en el despacho de Gonzalez (Pablo, Ignacio e Isabel) en marzo de este año, que evidencia su interés por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía. Dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. La fiscalía comparte con el juez, Eloy Velasco, la gravedad de esta comunicación.

Repugna a la sociedad
Respecto al arraigo social que la defensa esgrimió como motivo para salir de prisión, la fiscalía responde tajante que Ignacio González ya no tiene tal arraigo porque “está en una situación de aislamiento social y económico” porque “hechos como los investigados repugnan a la sociedad, afectan a la esencia del estado social y democrático de derecho y minan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones”.

Edmundo
La Fiscalía se opone también a la salida de la cárcel de Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable de la empresa pública Inassa, filial de Canal de Isabel II en Sudamérica, por el riesgo de fuga derivado del “ingente dinero publico desviado que permanece oculto” ya que utilizo la empresa pública como una “sociedad privada” para “blanquear el dinero ilícito obtenido utilizando paraísos fiscales”.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/09/tribunales/1494328303_741618.html

Vamos a ver..."La Fiscalía no atribuye ningún delito a José Antonio Nieto pero comparte la gravedad del presunto chivatazo"...

Los funcionarios tienen prohibido por ley dar datos de un tema a personas ajenas al mismo, es decir no puedo ir a una amiga funcionaria y decirle que pase datos de mi vecino del 5º aunque sea por simple cotilleo.

Y si encima se trata de un secretario de Estado con asuntos delicados mucho menos...y mucho peor cuando se trata de alertar a un imputado.

¿No quiere La Fiscalía profundizar en el tema? ¿Por qué?

El tema no es grave, sino gravísimo. A esa persona llamada José Antonio Nieto debieran abrirle un expediente y proceder como mínimo por revelación de secretos y después si aumentara su responsabilidad echarle a la calle.
 

La Lezo salpica a Gallardón: el Canal de Isabel II invirtió en Colombia a través de un paraíso fiscal
Su hombre de confianza, Pedro Calvo, consumó la operación nada más llegar a la empresa pública y se pagó 10 veces más de lo que valía

ELPLURAL.COM

@el_plural
# Alberto Ruiz-Gallardón |Operación Lezo |Eloy Velasco |Canal de Isabel II |Inassa |

Mar, 9 Mayo 2017

El juez Eloy Velasco investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla en Colombia. Según publica este martes OK Diario la operación se hizo nada más llegar Pedro Calvoa la presidencia de la empresa pública en sustitución del Calos Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja. Añade que se desviaron 73 millones de dólares (83 millones de euros de entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá para cerrar la operación.

Pedro Calvo era una persona de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón. En aquella época Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, era gerente del Canal de Isabel II. El Consejo de Gobierno presidido por Gallardón dio el visto bueno a la operación el 21 de noviembre de 2001.





En una de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ignacio González, el expresidente decía que la compra de Inassa "sí que fue un pelotazo". Lo dijo después de que Cristina Cifuentes, el pasado mes de julio, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la braileña Emissao en noviembre de 2013, que se cerró con un pago de 23 millones por una empresa que apenas valía 5. En el caso de Inassa su valor real era de 7 millones de dólares, diez veces por debajo del precio que se pagó.


Durante el registro de la UCO en su casa se habría mostrado dispuesto a tirar de la manta de forma muy gráfica: "Este marrón no me lo voy a comer solo", espetó.

El Grupo Inassa se describe en su página web como "cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, con amplia trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua". Tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.

Desoyó las recomendaciones de Garrigues

La compra de Inassa se consumó pese a las advertencias de un informe elaborado pro el despacho Garrigues en el que se advertía de la posible ilegalidad de realizar el pago a través de un paraíso fiscal. En él también se ponía en cuestión el precio. Aunque Panamá en este momento no está considerado paraíso fiscal, en 2001, fecha la que se inició la operación, sí figuraba en el listado de la Agencia Tributaria.
 
Ignacio González: "Gallardón compró una empresa en Panamá por 100 millones que no valía ni 30"


El anterior presidente madrileño contó al exministro Eduardo Zaplana que tenía pruebas de que Gallardón al frente de la Comunidad engordó en 70 millones la compra de una empresa en Panamá

En la charla que fue interceptada por la Guardia Civil, González presume de haber "tapado el muerto" a diferencia de lo que hizo con él "la gilipollas" de Cifuentes



eldiario.es Política
09/05/2017 - 13:35h
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Ignacio González, durante una visita en agosto de 2014 al parque Felipe VI en Madrid, en un acto del Canal de Isabel II.

¿Quiénes son los investigados en la Operación Lezo?
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presumió en una conversación con su amigo el exministro Eduardo Zaplana de haber tapado el "muerto" heredado de los tiempos en que Alberto Ruiz Gallardón dirigía el Gobierno madrileño. González aludió en ese diálogo el 11 de noviembre del año pasado a un informe del bufete Cuatrecasas que analizaba la compra de la filial del Canal de Isabel II, Inassa.

El expresidente, hoy en prisión por la Operación Lezo, asegura entonces a Zaplana que Gallardón compró por 100 millones de euros una empresa que no valía ni 30 y que lo hizo saltándose el acuerdo del Consejo de Gobierno, que según González, facultaba a comprar una empresa en Colombia y la que adquirieron estaba en Panamá.





En esa charla, cuando González ya sabía que se le estaba investigando por las operaciones de su época del Canal de Isabel II, el presidente madrileño presume de haber soterrado "el escandalazo" de Gallardón. Y confronta su actitud con lo que hizo su sucesora, Cristina Cifuentes, a la que tilda de "gilipollas" por presentar la documentación que se encontró al llegar al poder de las empresas públicas a la Fiscalía Anticorrupción, que ya investigaba desde antes las operaciones en el Canal de Isabel II.

Los hechos a los que alude ese diálogo son parte de la investigación que lleva a cabo el juez Eloy Velasco en la Operación Lezo en la que de momento no ha sido citado ni como imputado ni siquiera como testigo el expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón. El entorno del exministro de Justicia ha asegurado a La Sexta, la cadena que ha reproducido la conversación, que no existió ninguna irregularidad en la compra de Inassa.

La sede de esta filial fue registrada por agentes de la Guardia Civil el mismo día en que fue detenido Ignacio González, pese a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, trató de evitarlo alegando que eran hechos demasiado lejanos en el tiempo. Los fiscales del caso invocaron entonces el artículo 25 de su estatuto y en votación la práctica mayoría de los fiscales de anticorrupción vieron pertinente esa diligencia. Fue la primera derrota del cuestionado Manuel Moix, el jefe de Anticorrupción, que según otras conversaciones incorporadas al sumario era el hombre que Ignacio González quería en ese puesto para aliviar sus problemas judiciales.

Lo que sigue es la charla interceptada por la Guardia Civil a Zaplana e Ignacio González el pasado 11 de noviembre, tal y como ha sido extractada por el programa Al Rojo Vivo de La Sexta:

Eduardo Zaplana. “O sea que no me extraña nada de lo de… Lo raro es que no les vendiera el Canal en su época Alberto a los Buines (fonético)”.

Ignacio González. Claro. Es que no se atrevía.

Zaplana. No se atrevió le faltaron coj*nes.

González. No se atrevía porque Alberto, Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II.

[...]

González. Estoy en un… no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y tenemos dos. O Reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo.

[...]

González. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar.
 
Ignacio González oculta parte de su fortuna en Bélgica, según fuentes de la investigación
Miércoles, 10 de Mayo de 2017 - 09: 06

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, oculta parte de su fortuna en Bélgica, según fuentes de la investigación. Estas fuentes han llegado a esta conclusión por los “numerosos” viajes que el ex dirigente popular y su mujer, Lourdes Cavero, han realizado a este país. La fiscalía anticorrupción le acusa de ocultar “ingentes cantidades” de dinero en el extranjero y reconoce que la justicia “en el momento actual no controla” el destino de los fondos detraídos.

La fiscalía, en el escrito en el que se opone a la excarcelación del ex presidente de Madrid, desvela que la actividad de González “ha traspasado las fronteras nacionales” y “existen indicios de la realización de otros hechos delictivos” en otros países como Brasil, Panamá o Colombia. También que la estructura societaria que creó para ocultar el dinero público detraído se esconde “en terceros países” como Suiza , Luxemburgo o Reino Unido.

En el país helvético, el ex dirigente popular ocultó la comisión de 1,4 millones de euros que supuestamente le pagó Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, tras la concesión del tren de Navalcarnero (Madrid).

Delitos hasta entrar en prisión
A estos países se suma ahora Bélgica que no es un paraíso fiscal, pero que González ha optado por usar en sus actividades, según las fuentes consultadas. Y es que hasta poco antes de ingresar en prisión, el ex presidente de Madrid ha llevado a cabo junto a personas de su entorno “un afloramiento de capitales”.

La fiscalía desvela que “hasta el momento de su detención” proyectaba “inversiones de capitales en distintos sectores, la creación de sociedades con personas interpuestas, la utilización de fondos de inversión a través de los cuales pretendían pasear el dinero para luego invertirlo”.

Otro de los sistemas que empleó el ex presidente de Madrid fue la articulación de préstamos ficticios con su nonagenario padre y su hermano Pablo. El ex dirigente del PP usó este mecanismo ante la falta de liquidez en sus cuentas y para poder colocar en ellas dinero que supuestamente había prestado a sus familiares a los que compensaba “con dinero b”.

De este modo, logró ingresar 27.000 euros de los que 12.000 procedieron de una facturación ficticia entre él y la sociedad controlada por su hermano, Pablo, que estaba gestionada por Iluminado Hernández, persona ya fallecida.

El objetivo de la instrucción
La fiscalía sostiene que la investigación de la operación Lezo está dirigida “a localizar los fondos ocultos” del ex presidente de Madrid “sin interferencias” para paliar los perjuicios a la Comunidad de Madrid. Y es que Anticorrupción asegura que la actuación de González “repugna a la sociedad, afecta a la esencia del Estado social y democrático de derecho, mina la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y merma gravemente el capital público”.

http://www.elindependiente.com/poli...rtuna-belgica-segun-fuentes-la-investigacion/
 
PUNTO DE FISIÓN
DAVID TORRES

Cuatro bodas y un fiscal

MÁS DE DAVID TORRES


MAYO 10, 2017
Una de las grandes ventajas de contar con una organización criminal desorganizada al frente del país es que te ríes mucho. Mucho. Es verdad que luego casi todo lo demás son desventajas y que da bastante pena, más miedo y no digamos asco, pero por lo menos unas risas no te las quita nadie. Por ejemplo, Francisco Granados ha pedido que lo excarcelen para poder ayudar a sus dos hijas adolescentes, que viven, según él, de alquiler en una modesta casa hipotecada. Se queja de que su mujer apenas consigue lo suficiente para vivir y que, en comparación con otros insignes casos aislados del PP, se encuentra en una situación de injusticia absoluta, como si hubiera sido el único que hubiese metido mano. Es triste de pedir, más triste es de robar.

Como criminal, vale, lo que quieran, pero como organización, el PP deja bastante que desear. Granados -un tipo que en las tertulias de extremo centro iba dictando lecciones de honradez y clamando que había que expulsar del país a los sinvergüenzas- recibía novecientos mil euros de comisión por cada colegio concertado adjudicado y ahora se encuentra sin un céntimo en el bolsillo y a punto de montar una colecta. Unos constructores le regalaron en Ávila una finca de casi un millón de metros cuadrados en la que Granados, su familia y varios amiguetes acudieron regularmente durante una década a darse la vida padre. En el registro de la propiedad que llevaron a cabo efectivos de la Guardia Civil encontraron seis vehículos “quads“, un Ford Ranger, una excavadora, una furgoneta y 24 caballos españoles de pura raza. Lo más probable es que los caballos y los coches los olvidaran allí unos fontaneros, igual que el maletín con un millón de euros escondido en un armario de la casa de sus suegros.

Para parecerse todavía más a El Padrino, los grandes putrefactos del PP siempre incluyen una ceremonia nupcial en mitad de la película. Matas consiguió un permiso para asistir a la boda de su hija en Mallorca sin el traje a rayas: unos esponsales pantagruélicos como no se veían en España desde los tiempos en que Jose Mari casó a la suya en El Escorial con un montón de testigos de la trama Gürtel. Se ignora también de dónde sacó Matas el dineral para pagar semejante dispendio, sobre todo teniendo en cuenta que se había declarado insolvente a la hora de sufragar los gastos judiciales. Probablemente fueron los mismos fontaneros de antes.

La hija de Ignacio González, el hombre que susurraba a los fiscales, también se casa en septiembre por todo lo bajo pero su padre ya ha anunciado que probablemente no hará acto de presencia para no quitarle protagonismo. González tiene tantos contactos en la Policía Nacional, la judicatura y las altas esferas del poder que el fiscal Carlos Yáñez ha desestimado su puesta en libertad con un escrito que menos mal que lleva sellos oficiales porque si no parecería un avance del próximo tomo de Mortadelo. Allí queda probado que el ex presidente de la Comunidad de Madrid recibió un chivatazo del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, a través de su hermano Pablo González, para que todo quedara en casa. Cuanto más se conocen los entresijos de esta investigación secreta -que la conocía hasta el bedel-más recuerda un caso del inspector Closeau. En cuanto a González, da la impresión de que tiene los mismos conocimientos legales que aquel guardabosques que interpretó una vez Manolo Gómez Bur, quien ante la acusación de asesinato creía que le iban a aplicar un código penal del siglo XVI y le dijo al juez antes de que dictara sentencia: “El destierro, si pudiera ser a Zamora: es que tengo familia”.

http://blogs.publico.es/davidtorres/2017/05/10/cuatro-bodas-y-un-fiscal/
 
Anticorrupción señala a Gallardón en el primer desvío de fondos de la trama Lezo


Un auto de la causa secreta afirma que hay un "procedimiento" de la Fiscalía dirigido contra el político y su Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid

Gallardón autorizó la compra por 83 millones de la filial del Canal en Latinoamérica, a través de una sociedad en Panamá, cuando su precio era ocho

Los fiscales solicitaron en noviembre un auto de dirección de procedimiento contra el exministro para que no prescriban presuntos delitos de 2001

Pedro Águeda
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11/05/2017 - 22:39h
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Alberto Ruiz Gallardón, durante una visita que realizó en 2002 para inaugurar el laboratorio de análisis del agua del Canal de Isabel II en Madrid. EFE/FERNANDO ALVARADO

Los auditores advirtieron en tres informes de las irregularidades del Canal en Latinoamérica
La investigación bajo secreto de la Audiencia Nacional contra el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II apunta también a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid cuando comenzó el presunto desfalco de la empresa de aguas. Así consta en un acto incorporado a la causa bajo secreto en el que se señala que “el procedimiento se dirige contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001”, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente. El acuerdo referido es la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal por un valor muy superior al real.

Con la información que tenía ya en su poder, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre pasado al juez del caso que dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón, con el objeto de interrumpir la prescripción del delito de malversación de fondos públicos en el que pudiera haber participado quince años antes, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. De esta forma, los fiscales se reservaron la posibilidad de solicitar la imputación del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando la marcha de la instrucción lo aconseje.


La investigación del Canal de Isabel II en la época de Ruiz-Gallardón ha sido uno de los motivos de enfrentamiento entre los fiscales del caso Lezo y su jefe en Anticorrupción. Antes de eso, el primer juez del caso, Alejandro Abascal, ya intentó separar la investigación de esa época del resto de la instrucción. Los fiscales se opusieron a su decisión y recurrieron a la Sala de lo Penal, que les terminó dando la razón.

En su escrito a la Sala de lo Penal de noviembre de 2016, los fiscales aseguran que han hallado “indicios de criminalidad contra determinadas personas u organismos” y que esa actuación presuntamente delictiva tiene su origen “en actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la mercantil Inassa”. El auto en el que la Audiencia Nacional da la razón a los fiscales asegura que la compra fue “llevada a cabo bajo el control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón”.

Una de las cinco actividades ilícitas que se investigan en la Operación Lezo es el conjunto de inversiones realizadas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica y el posterior desvío de fondos públicos derivado de ellas. El origen de esta línea de investigación es la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte de Inassa, la filial del Canal en el continente americano, en 2013. Con dinero público, Inassa adquirió el 75% de la empresa por 21,4 millones de euros. Poco después, la venta de la firma demostró que su valor real era de una cuarta parte. Los investigadores creen que el dinero voló a una cuenta en Suiza.

Anticorrupción detectó que el ‘modus operandi’ se podía haber inaugurado mucho antes de la compra de la brasileña Emissao. Con Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid comenzaron las negociaciones para la adquisición de la empresa colombiana y así la expansión por América del Sur. Para realizar la operación, el Canal creó Extensia, una sociedad con sede en el entonces paraíso fiscal de Panamá. La investigación apunta a que el Gobierno de Gallardón, ya con Pedro Calvo en la presidencia del Canal, autorizó a pagar 83 millones de euros por Inassa, cuando el precio de ésta no superaba los ocho millones, según adelantó elconfidencial.com.

A la operación hace referencia Ignacio González en una conversación con Eduardo Zaplana intervenida por la Guardia Civil. "Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

Las advertencias ignoradas
Un informe de Garrigues y dos de Cuatrecasas alertaron a los distintos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, tanto de Ruiz-Gallardón como de Esperanza Aguirre, de las irregularidades en la adquisición de Inassa, sin que éstos adoptaran medidas o trasladaran los indicios a las autoridades. "Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar", dice González en la citada conversación grabada.

La querella de Anticorrupción que dio origen al caso no menciona actividades delictivas del año 2001 porque en ese momento se creía que el primer pelotazo en Latinoamérica era el de la compra de la brasileña Emissao en 2013. Este es el argumento que utilizó el juez Abascal para dejar fuera de la Operación Lezo la época de Gallardón. Abascal también argumentó que el principal responsable de la trama investigada, Ignacio González, no había asumido en 2001 ninguna responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid.

Los fiscales respondieron que al investigar la actuación de Gallardón no actuaban contra dos operaciones o delitos distintos y que lo que ocurría es que los hechos presentados en la querella inicial terminaron por orientar las pesquisas hacia un origen anterior al que se creía de la trama delictiva.

“El desvío de dinero a operaciones ajenas a la institución se remonta a 2001 y afecta a las propias instituciones de gobierno de la Comunidad de Madrid de aquel entonces”, insisten los fiscales, según trasladan los jueces Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González. “Ciertamente, el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid”, rematan en el auto del 19 de enero pasado.

A pesar de ello, Moix volvió a la carga el pasado 18 de abril, apenas 24 horas antes de que estallara la Operación Lezo. El jefe de Anticorrupción utilizó los mismos argumentos de Abascal, descartados por la Sala de lo Penal y ordenó a los fiscales dejar fuera un registro vinculado con Inassa. Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal y fue convocada la Junta de Fiscales de Anticorrupción. Por abrumadora mayoría, los miembros de la Fiscalía especializada se pusieron del lado de sus compañeros y Moix optó por no oponerse al citado registro.

http://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-directamente-Gallardon-fondos-Lezo_0_642536858.html
 
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