Ignacio Gonzalez es detenido por la Guardia Civil por corrupción en el Canal Isabel II
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PSOE y C's se unen para reprobar y pedir el cese de los fiscales Maza y Moix
José Manuel Maza, fiscal general del Estado. / Miguel Ángel Molina (Efe)
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En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la 'operación Lezo', en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al 'caso del tres por ciento' en Cataluña.
En opinión de socialistas y 'ciudadanos', el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".
En relación con la 'operación Lezo', indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.
También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.
Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.
Caso del 3% e investigación a Sánchez
Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.
Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del 'caso del tres por ciento', relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.
PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".
Blanquear la corrupción del PP
En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".
En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".
El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.
http://www.elcorreo.com/alava/politica/201704/26/psoe-unen-para-reprobar-20170426201313-rc.html
Reprobar no es obligar a una dimisión, Rajoy los avala y es quien los designó. Sres del PsoE y C's...ustedes son culpables de que éstos elementos hayan llegado hasta donde han llegado. Ahora desde la oposición no pueden hacer que se vayan.
¡Se han coronado de...merde!
José Manuel Maza, fiscal general del Estado. / Miguel Ángel Molina (Efe)
- Consideran que el fiscal anticorrupción ha intentado "obstaculizar" la depuración de casos como el del Canal de Isabel II.
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En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la 'operación Lezo', en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al 'caso del tres por ciento' en Cataluña.
En opinión de socialistas y 'ciudadanos', el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".
En relación con la 'operación Lezo', indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.
También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.
Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.
Caso del 3% e investigación a Sánchez
Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.
Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del 'caso del tres por ciento', relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.
PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".
Blanquear la corrupción del PP
En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".
En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".
El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.
http://www.elcorreo.com/alava/politica/201704/26/psoe-unen-para-reprobar-20170426201313-rc.html
Reprobar no es obligar a una dimisión, Rajoy los avala y es quien los designó. Sres del PsoE y C's...ustedes son culpables de que éstos elementos hayan llegado hasta donde han llegado. Ahora desde la oposición no pueden hacer que se vayan.
¡Se han coronado de...merde!
Rajoy proclama la independencia de la justicia bajo los gobiernos del PP.
Mientras PSOE y Ciudadanos exigen la reprobación del Fiscal Anticorrupción, el jefe del Ejecutivo pide que "se deje trabajar a los jueces y no se discutan sus decisiones""El que la hace la paga", señala Rajoy, aunque considera que no se debe generalizar porque no todos los politícos son corruptos•Un reducido grupo de personas le increpa al grito de "ladrón" a su llegada a la sede presidencial uruguaya
MARÍA JESÚS GÜEMES
Montevideo
26/04/2017 - 20:39 h. CEST
Mariano Rajoy pone hoy punto final a su gira. Y lo hace desde Montevideo donde, tras una reunión con empresarios, se ha dirigido a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente uruguayo, Tabaré Vazquez. A su llegada ha sido recibido con honores militares y también por un reducido grupo de personas que, a gritos, le han llamado "ladrón, sinvergüenza". Le han pedido que se vuelva para España: "Vete a casa a arreglar el desaguisado".
Ahora en los escándalos que afectan a su partido.
"Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del PP, la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia", ha señalado Rajoy. Para él es, bajo los mandatos de su partido, "cuando se está actuando, cuando se está condenando y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general procurando que se cumpla la ley".
El fiscal Anticorrupción intenta apartar al fiscal de Lezo
Se le ha preguntado por la proposición no de ley presentada por PSOE y Ciudadanos pidiendo la reprobación del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción por sus maniobras para obstaculizar la investigación sobre la corrupción del PP. Rajoy ha pedido que "se deje trabajar a los jueces y no se discutan sus decisiones".
Ha comentado que él, como presidente, no lo va a hacer "de ninguna de las maneras". Aunque hace tan sólo unos días su formación emitió un duro comunicado en el que hablaba de "abuso de derecho" y atacaba a los magistrados de la Audiencia Nacional criticando a la acusación popular por haber reclamado su declaración como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'.
Además, Rajoy ha puesto voz a todo lo que anoche señaló en un corrillo con los periodistas. Apelando siempre a la presunción de inocencia, el presidente ha insistido en que en él confía plenamente en la justicia porque cree en el Estado de Derecho y la separación de poderes. "Haré todo lo posible, como estoy haciendo, para facilitar su labor", ha respondido de forma tajante cuando se le han recordado todos los capítulos que se han vivido en estos últimos días, desde la detención de Ignacio González al aviso que dio Jesús Gómez a Génova sobre la cuenta que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía en Suiza. El presidente ha resaltado, una vez más, que "quien la hace la paga". Eso sí ha repetido que no se debe generalizar porque hay políticos que son fieles servidores de lo público.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/politica/1493231118_978942.html
Mientras PSOE y Ciudadanos exigen la reprobación del Fiscal Anticorrupción, el jefe del Ejecutivo pide que "se deje trabajar a los jueces y no se discutan sus decisiones""El que la hace la paga", señala Rajoy, aunque considera que no se debe generalizar porque no todos los politícos son corruptos•Un reducido grupo de personas le increpa al grito de "ladrón" a su llegada a la sede presidencial uruguaya
MARÍA JESÚS GÜEMES
Montevideo
26/04/2017 - 20:39 h. CEST
Mariano Rajoy pone hoy punto final a su gira. Y lo hace desde Montevideo donde, tras una reunión con empresarios, se ha dirigido a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente uruguayo, Tabaré Vazquez. A su llegada ha sido recibido con honores militares y también por un reducido grupo de personas que, a gritos, le han llamado "ladrón, sinvergüenza". Le han pedido que se vuelva para España: "Vete a casa a arreglar el desaguisado".
Ahora en los escándalos que afectan a su partido.
"Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del PP, la Justicia no ha actuado con total y absoluta independencia", ha señalado Rajoy. Para él es, bajo los mandatos de su partido, "cuando se está actuando, cuando se está condenando y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general procurando que se cumpla la ley".
El fiscal Anticorrupción intenta apartar al fiscal de Lezo
Se le ha preguntado por la proposición no de ley presentada por PSOE y Ciudadanos pidiendo la reprobación del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción por sus maniobras para obstaculizar la investigación sobre la corrupción del PP. Rajoy ha pedido que "se deje trabajar a los jueces y no se discutan sus decisiones".
Ha comentado que él, como presidente, no lo va a hacer "de ninguna de las maneras". Aunque hace tan sólo unos días su formación emitió un duro comunicado en el que hablaba de "abuso de derecho" y atacaba a los magistrados de la Audiencia Nacional criticando a la acusación popular por haber reclamado su declaración como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'.
Además, Rajoy ha puesto voz a todo lo que anoche señaló en un corrillo con los periodistas. Apelando siempre a la presunción de inocencia, el presidente ha insistido en que en él confía plenamente en la justicia porque cree en el Estado de Derecho y la separación de poderes. "Haré todo lo posible, como estoy haciendo, para facilitar su labor", ha respondido de forma tajante cuando se le han recordado todos los capítulos que se han vivido en estos últimos días, desde la detención de Ignacio González al aviso que dio Jesús Gómez a Génova sobre la cuenta que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía en Suiza. El presidente ha resaltado, una vez más, que "quien la hace la paga". Eso sí ha repetido que no se debe generalizar porque hay políticos que son fieles servidores de lo público.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/26/politica/1493231118_978942.html
Corrupción y fraude
Ignacio Escolar
93 comentarios
26/04/2017 - 12:13h
Eduardo Zaplana: “El problema está en la instrucción, Nacho… es que aquí no manda nadie.
Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coxx.
El hoy encarcelado Ignacio González no podía ser más claro en esta grabación que se produjo el pasado 22 de noviembre: tenemos el Gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que podemos a mandar “a tomar por culo”.
Tenemos, nosotros tenemos: primera persona de un plural en el que está un corrupto y su partido, un ladrón y todo un Gobierno de España.
El juez “que está provisional” es Eloy Velasco, el magistrado que lleva el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. González tenía razón cuando quería apartarlo. Velasco ha sido el juez que ordenó su detención y que después lo ha mandado a la cárcel.
I. González: “Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente ‘rogelio’… y le dan magistrado de enlace en Londres… no sé, después gana una pasta; o Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro”.
El juez “aparentemente rogelio” al que se refiere Ignacio González es Manuel García-Castellón. Es el titular del número 6 de la Audiencia Nacional, a pesar de que lleva 17 años viviendo “como Dios” en el extranjero. Por su plaza ya han pasado tres jueces como suplentes. El último, Eloy Velasco.
García-Castellón fue nombrado juez de enlace en París por el Gobierno de Aznar y, hace dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy lo mandó a Roma.
A los lectores de eldiario.es, el mecanismo sobre cómo se premia o se saca de la Audiencia Nacional a un juez incómodo con estos puentes de plata no les resultará nada ajeno. Hace un par de semanas, en este blog, expliqué en detalle cómo funcionaba. Es un método que se usa mucho: la mitad de los jueces que llevan los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional están como sustitutos. Tres de los seis titulares están disfrutando de destinos mucho mejor pagados en Londres, París y Roma. Todos ellos han sido nombrados a dedo por el Gobierno.
I. González: “Yo le llamo a este y le digo: ‘oye, ven aquí, el titular aquí y a este… a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto?’ Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¿pero qué coj*nes de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.
Al Gobierno no solo no le costaba nada sino que, de hecho, estuvieron a punto de apartar a Velasco del central número 6. El mecanismo no fue traer al titular de vuelta, sino ofrecer a Velasco uno de estos destinos donde se vive “como dios”. Desde el Ministerio de Justicia maniobraron para que Velasco se quedase una plaza de coordinación judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica que le habría sacado de la Audiencia Nacional y de la investigación del caso Lezo. La operación se frustró porque el sueldo que finalmente había para el cargo no era tan bueno como el que disfrutan los otros tres titulares de la Audiencia Nacional en Roma, París y Londres.
Sin embargo, en un mes, Velasco muy probablemente dejará el juzgado. No se irá a “escarbar cebollinos”, sino a la recién creada Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Ya ha solicitado la plaza, según confirmó él mismo hace unos días, en una entrevista en El Mundo. Pocos dudan de que se llevará el puesto.
I. González: “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa: ‘Oye Rafa…’. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto".
El “cojonudo” Moix que le parece “serio” y “bueno” al corrupto Ignacio González es el mismo que, como fiscal jefe de Madrid, ha estado durante años mirando hacia otro lado cada vez que aparecía un escándalo que afectase al PP. Fue quien pidió el archivo del caso de la gestapillo de Madrid, el que quiso atacar a los medios que publicamos los correos de Blesa, el que no quiso acusar a Esperanza Aguirre por fugarse de los agentes de movilidad, el que –según ha revelado Infolibre– no vio delito alguno en la misma operación del campo de golf del Canal por la que ahora la Audiencia Nacional ha mandado a González a prisión.
Moix fue también el mismo que, como fiscal Anticorrupción, intentó parar parte de los registros de la operación contra Ignacio González la semana pasada; una parte de la operación que podía salpicar a los años de Gallardón. Y es también quien quiso quitar el delito de “organización criminal” a los detenidos, una decisión que podría salvar a Esperanza Aguirre de asumir su posible responsabilidad penal, como explica muy bien en este artículo la abogada Isabel Elbal.
Es también Moix quien ha intentado apartar al fiscal que lleva la investigación contra Ignacio González desde hace más de un año y medio.
A pesar de que Moix evitó que la Fiscalía acusase a González y su banda de organización criminal, el juez Velasco sí incluyó el delito en su auto. Es relevante, porque esta vía puede desembocar en la ilegalización hasta del propio PP, como apuntó nada sutilmente el propio Velasco en la entrevista que este domingo publicó El Mundo. "Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido", aseguró el juez.
En cuanto al “Rafa” del que hablan González y Zaplana no es otro que Rafael Catalá, el ministro de Justicia que le deseó por SMS al ya imputado González que “ojalá se cierren pronto los líos”. Como se ve en la grabación y en los mensajes, la confianza entre ellos es total.
No es siquiera la primera vez que descubrimos la cercanía del ministro de Justicia con imputados por corrupción del PP.
Ignacio González tiene razón en algo: si eres un corrupto, o controlas los medios de comunicación y el aparato del Estado o estás muerto. Por eso González pudo sobrevivir tanto tiempo, a pesar de que muchos de los escándalos por los que ahora ha sido procesado se conocían desde hace años. Porque González manejaba esos hilos y así logró, en 2012, que expedientaran al comisario de Marbella que investigó su ático, o que Moix no siguiese adelante con las primeras denuncias por el campo de golf del Canal.
Como muestra de sus maniobras para controlar los aparatos del Estado, nada como esta otra conversación que le pincharon con uno de sus mejores amigos, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.
Enrique Cerezo: “Joder macho, pero y ‘tos estos’, ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede hacer nada.
“Tos estos” son el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, el exministro de Trabajo… “Tos estos” son las muchas ventanillas del Gobierno y del partido a las que Ignacio González recurrió para intentar parar a los jueces y fiscales que iban contra él.
Ignacio González: “Exactamente, no, yo ya les he dicho: ‘Mira yo ya estoy hasta los coj*nes, o sea, decidme… ¿aquí qué queda, pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? [...]
Cerezo y González hablan de la la investigación judicial del ático de Estepona. Es normal que compartan preocupación por el tema. Ambos están imputados en ese caso porque la investigación detectó –oh, casualidad– que Rudy Valner, el testaferro que le alquilaba ese enorme dúplex en la playa a Ignacio González, el que luego le vendió la casa cuando se descubrió el pastel, era también testaferro de otras sociedades de Cerezo en el paraíso fiscal de Delaware.
I. González: Joder… ¿el fiscal? ¿No se puede hablar con el fiscal?
E. Cerezo: “Vamos a esperar a septiembre… y sino, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle: ‘mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo, pero ya sabemos ustedes más de lo que tenían que saber’. Y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra…”
Cabe preguntarse cómo un imputado puede declarar la guerra a un fiscal. Solo parece haber un método: a través de un superior.
En otras grabaciones que aporta El Español, se ve muy bien como González habla con Enrique López –ese magistrado de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, habitual de los cursos de FAES y que fue expulsado del Constitucional por conducir borracho– y con un exvocal del CGPJ, Enrique Arnaldo Alcubilla, para colocar un fiscal General del Estado más favorable a sus intereses. Lo lograron, como se ha visto con Moix.
I. González: “Sí, pero es que el abogado de aquí, el abogado de aquí me dice: ‘no, no, esta es una hija de put* que va a abrir juicio oral’. Digo: ‘¿pero cómo va a abrir juicio oral? ¿Pero por qué? ¿De qué?’”
La razón para abrir juicio oral es que el ático en el que González disfrutaba de sus vacaciones en Estepona –un dúplex de lujo con casi medio millar de metros cuadrados– siempre fue suyo, también cuando decía que se lo alquilaba a un testaferro en un paraíso fiscal. Y aunque al expresidente de Madrid le sorprenda, los jueces y fiscales que no son tan “cojonudos” como el fiscal Anticorrupción no suelen ver con buenos ojos que un político disfrute de propiedades gestionadas desde empresas off shore.
E. Cerezo: “No creo que sea tan gilipollas ni tan imbécil, que abra un juicio oral si no tiene ninguna prueba… ¿De quién es el piso? Ya lo sabe usted… Investigue usted en Argentina, investigue usted en China, investigue usted en Rusia… que la van a mandar a tomar por culo, por lista”
El “a tomar por culo, por lista” no sería la primera vez que ocurriese en la carrera judicial a jueces que se atreven a perseguir la corrupción del PP. Recuerden a Baltasar Garzón, expulsado de la Audiencia Nacional tras una minuciosa operación que arrancó por abrir el melón de la Gürtel. O a Miguel Carmona, otro “juez rogelio”, titular del 5, que hoy está “viviendo como Dios” en Londres. O a Elpidio Silva, el juez que se atrevió a meter en la cárcel a Blesa y que fue inhabilitado con la acusación, esta vez implacable, del fiscal Manuel Moix.
Son una banda. Y actúan como tal.
http://www.eldiario.es/escolar/metodo-Ignacio-Gonzalez-mandar-jueces_6_637346267.html
Ignacio Escolar
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26/04/2017 - 12:13h
Eduardo Zaplana: “El problema está en la instrucción, Nacho… es que aquí no manda nadie.
Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coxx.
El hoy encarcelado Ignacio González no podía ser más claro en esta grabación que se produjo el pasado 22 de noviembre: tenemos el Gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que podemos a mandar “a tomar por culo”.
Tenemos, nosotros tenemos: primera persona de un plural en el que está un corrupto y su partido, un ladrón y todo un Gobierno de España.
El juez “que está provisional” es Eloy Velasco, el magistrado que lleva el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. González tenía razón cuando quería apartarlo. Velasco ha sido el juez que ordenó su detención y que después lo ha mandado a la cárcel.
I. González: “Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente ‘rogelio’… y le dan magistrado de enlace en Londres… no sé, después gana una pasta; o Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro”.
El juez “aparentemente rogelio” al que se refiere Ignacio González es Manuel García-Castellón. Es el titular del número 6 de la Audiencia Nacional, a pesar de que lleva 17 años viviendo “como Dios” en el extranjero. Por su plaza ya han pasado tres jueces como suplentes. El último, Eloy Velasco.
García-Castellón fue nombrado juez de enlace en París por el Gobierno de Aznar y, hace dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy lo mandó a Roma.
A los lectores de eldiario.es, el mecanismo sobre cómo se premia o se saca de la Audiencia Nacional a un juez incómodo con estos puentes de plata no les resultará nada ajeno. Hace un par de semanas, en este blog, expliqué en detalle cómo funcionaba. Es un método que se usa mucho: la mitad de los jueces que llevan los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional están como sustitutos. Tres de los seis titulares están disfrutando de destinos mucho mejor pagados en Londres, París y Roma. Todos ellos han sido nombrados a dedo por el Gobierno.
I. González: “Yo le llamo a este y le digo: ‘oye, ven aquí, el titular aquí y a este… a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto?’ Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¿pero qué coj*nes de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.
Al Gobierno no solo no le costaba nada sino que, de hecho, estuvieron a punto de apartar a Velasco del central número 6. El mecanismo no fue traer al titular de vuelta, sino ofrecer a Velasco uno de estos destinos donde se vive “como dios”. Desde el Ministerio de Justicia maniobraron para que Velasco se quedase una plaza de coordinación judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica que le habría sacado de la Audiencia Nacional y de la investigación del caso Lezo. La operación se frustró porque el sueldo que finalmente había para el cargo no era tan bueno como el que disfrutan los otros tres titulares de la Audiencia Nacional en Roma, París y Londres.
Sin embargo, en un mes, Velasco muy probablemente dejará el juzgado. No se irá a “escarbar cebollinos”, sino a la recién creada Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Ya ha solicitado la plaza, según confirmó él mismo hace unos días, en una entrevista en El Mundo. Pocos dudan de que se llevará el puesto.
I. González: “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del Fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa: ‘Oye Rafa…’. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto".
El “cojonudo” Moix que le parece “serio” y “bueno” al corrupto Ignacio González es el mismo que, como fiscal jefe de Madrid, ha estado durante años mirando hacia otro lado cada vez que aparecía un escándalo que afectase al PP. Fue quien pidió el archivo del caso de la gestapillo de Madrid, el que quiso atacar a los medios que publicamos los correos de Blesa, el que no quiso acusar a Esperanza Aguirre por fugarse de los agentes de movilidad, el que –según ha revelado Infolibre– no vio delito alguno en la misma operación del campo de golf del Canal por la que ahora la Audiencia Nacional ha mandado a González a prisión.
Moix fue también el mismo que, como fiscal Anticorrupción, intentó parar parte de los registros de la operación contra Ignacio González la semana pasada; una parte de la operación que podía salpicar a los años de Gallardón. Y es también quien quiso quitar el delito de “organización criminal” a los detenidos, una decisión que podría salvar a Esperanza Aguirre de asumir su posible responsabilidad penal, como explica muy bien en este artículo la abogada Isabel Elbal.
Es también Moix quien ha intentado apartar al fiscal que lleva la investigación contra Ignacio González desde hace más de un año y medio.
A pesar de que Moix evitó que la Fiscalía acusase a González y su banda de organización criminal, el juez Velasco sí incluyó el delito en su auto. Es relevante, porque esta vía puede desembocar en la ilegalización hasta del propio PP, como apuntó nada sutilmente el propio Velasco en la entrevista que este domingo publicó El Mundo. "Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido", aseguró el juez.
En cuanto al “Rafa” del que hablan González y Zaplana no es otro que Rafael Catalá, el ministro de Justicia que le deseó por SMS al ya imputado González que “ojalá se cierren pronto los líos”. Como se ve en la grabación y en los mensajes, la confianza entre ellos es total.
No es siquiera la primera vez que descubrimos la cercanía del ministro de Justicia con imputados por corrupción del PP.
Ignacio González tiene razón en algo: si eres un corrupto, o controlas los medios de comunicación y el aparato del Estado o estás muerto. Por eso González pudo sobrevivir tanto tiempo, a pesar de que muchos de los escándalos por los que ahora ha sido procesado se conocían desde hace años. Porque González manejaba esos hilos y así logró, en 2012, que expedientaran al comisario de Marbella que investigó su ático, o que Moix no siguiese adelante con las primeras denuncias por el campo de golf del Canal.
Como muestra de sus maniobras para controlar los aparatos del Estado, nada como esta otra conversación que le pincharon con uno de sus mejores amigos, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.
Enrique Cerezo: “Joder macho, pero y ‘tos estos’, ¿qué dicen? Que el juez es el juez, y que no hace nada, que no se puede hacer nada.
“Tos estos” son el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, el exministro de Trabajo… “Tos estos” son las muchas ventanillas del Gobierno y del partido a las que Ignacio González recurrió para intentar parar a los jueces y fiscales que iban contra él.
Ignacio González: “Exactamente, no, yo ya les he dicho: ‘Mira yo ya estoy hasta los coj*nes, o sea, decidme… ¿aquí qué queda, pegarle dos tiros a la juez? ¿Qué alternativas tengo? [...]
Cerezo y González hablan de la la investigación judicial del ático de Estepona. Es normal que compartan preocupación por el tema. Ambos están imputados en ese caso porque la investigación detectó –oh, casualidad– que Rudy Valner, el testaferro que le alquilaba ese enorme dúplex en la playa a Ignacio González, el que luego le vendió la casa cuando se descubrió el pastel, era también testaferro de otras sociedades de Cerezo en el paraíso fiscal de Delaware.
I. González: Joder… ¿el fiscal? ¿No se puede hablar con el fiscal?
E. Cerezo: “Vamos a esperar a septiembre… y sino, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle: ‘mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo, pero ya sabemos ustedes más de lo que tenían que saber’. Y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra…”
Cabe preguntarse cómo un imputado puede declarar la guerra a un fiscal. Solo parece haber un método: a través de un superior.
En otras grabaciones que aporta El Español, se ve muy bien como González habla con Enrique López –ese magistrado de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, habitual de los cursos de FAES y que fue expulsado del Constitucional por conducir borracho– y con un exvocal del CGPJ, Enrique Arnaldo Alcubilla, para colocar un fiscal General del Estado más favorable a sus intereses. Lo lograron, como se ha visto con Moix.
I. González: “Sí, pero es que el abogado de aquí, el abogado de aquí me dice: ‘no, no, esta es una hija de put* que va a abrir juicio oral’. Digo: ‘¿pero cómo va a abrir juicio oral? ¿Pero por qué? ¿De qué?’”
La razón para abrir juicio oral es que el ático en el que González disfrutaba de sus vacaciones en Estepona –un dúplex de lujo con casi medio millar de metros cuadrados– siempre fue suyo, también cuando decía que se lo alquilaba a un testaferro en un paraíso fiscal. Y aunque al expresidente de Madrid le sorprenda, los jueces y fiscales que no son tan “cojonudos” como el fiscal Anticorrupción no suelen ver con buenos ojos que un político disfrute de propiedades gestionadas desde empresas off shore.
E. Cerezo: “No creo que sea tan gilipollas ni tan imbécil, que abra un juicio oral si no tiene ninguna prueba… ¿De quién es el piso? Ya lo sabe usted… Investigue usted en Argentina, investigue usted en China, investigue usted en Rusia… que la van a mandar a tomar por culo, por lista”
El “a tomar por culo, por lista” no sería la primera vez que ocurriese en la carrera judicial a jueces que se atreven a perseguir la corrupción del PP. Recuerden a Baltasar Garzón, expulsado de la Audiencia Nacional tras una minuciosa operación que arrancó por abrir el melón de la Gürtel. O a Miguel Carmona, otro “juez rogelio”, titular del 5, que hoy está “viviendo como Dios” en Londres. O a Elpidio Silva, el juez que se atrevió a meter en la cárcel a Blesa y que fue inhabilitado con la acusación, esta vez implacable, del fiscal Manuel Moix.
Son una banda. Y actúan como tal.
http://www.eldiario.es/escolar/metodo-Ignacio-Gonzalez-mandar-jueces_6_637346267.html
TIERRA DE NADIE
JUAN CARLOS ESCUDIER
El papelón del PSOE con la corrupción del PP
Quienes peor lo están pasando con el enésimo tsunami de corrupción que ha arribado a las playas del PP no son sus dirigentes, que por esos misterios de la evolución han desarrollado branquias de tanta agua que han tragado, ni siquiera Rajoy, al que hemos visto trotando por Brasil y Uruguay en su gira latinoamericana con una nueva equipación deportiva para no dejar en ridículo a la marca España y que incluye un plumas azul contra las inclemencias del tiempo. El más afectado por el seísmo marino es el PSOE de la Gestora y la sultana, el que facilitó con su abstención el gobierno de la derecha, el de ese socialismo de toda la vida que, al parecer, consiste en ser cómplice y cooperador necesario de lo que teóricamente se combate.
Para los del PSOE del golpe palaciego lo preferible hubiera sido continuar representando la farsa de la oposición útil y poder colgarse medallas de hojalata tan vistosas como la subida del salario mínimo, la ampliación del margen de déficit autonómico, la anulación de las revalidas o la reforma de la ley mordaza. Todo ello, claro, con el beneplácito del Gobierno, que se conformaba con su apoyo al techo de gasto porque de camelarse al PNV para los Presupuestos ya se ocuparía Soraya en los tiempos muertos que le deja la Operación Cataluña. Para todo lo demás, especialmente para que los socialistas siguieran jugando a ser un león fiero y no un lindo gatito, se había inventado el veto.
Lo que no estaba en el guión era que el tribunal de la Gürtel llamara a Rajoy a declarar como testigo sobre la financiación ilegal del PP, trance del que difícilmente puede salir airoso el jefe de Bárcenas, obligado a elegir entre dos caminos: el de cómplice o el de panoli. Ante un hecho tan insólito y tan grave, un partido que no tiene hipotecas y que no ha vendido su alma al diablo a cambio de ganar tiempo para que la madre de Andalucía entre en Madrid a lomos de su socialismo rociero, hubiera debido apresurarse a exigir responsabilidades, entre ellas la dimisión del presidente por culpable o por idiota.
Obviamente, no se puede estar en misa y repicando. ¿En qué cabeza cabe que quienes el pasado mes de octubre renovaron el contrato de alquiler de Rajoy en La Moncloa pidan ahora su desahucio? De ahí que toque disimular, silbar por las esquinas, encogerse de hombros, rezar para que pase la tormenta y pedir la comparecencia de Rajoy sí, pero no en un pleno de urgencia en el Congreso sino en la comisión que investigará de aquella manera la caja B de los populares, cuyos trabajos no se iniciarán antes de junio.
Tampoco estaba previsto que una operación judicial se llevara por delante a Ignacio González, el Chino de la coleta, mano derecha y larga de Esperanza Aguirre, y que con ella se pusiera al descubierto que el supuesto cáncer de la corrupción del PP es una metástasis incurable y que quienes debían trabajar en defensa del interés público protegían a los saqueadores, les mandaban mensajes de ánimo y les recibían en sus despachos mientras maniobraban para cambiar fiscales y jueces en un vano intento de tapar sus latrocinios.
Se puede pedir con la boca pequeña que dimita el ministro de Justicia y el de Interior, que se vaya la delegada del Gobierno en Madrid por su presunta prevaricación inmobiliaria y hasta responsabilizar a Montoro de los pufos de la asesoría que montó hace años para seguir amorrado a la ubre de la Administración y que acabó siendo la puerta giratoria más grande de Europa. Pero en algún momento tendrá que asumir la vergüenza de haber permitido a Rajoy y a sus secuaces mantenerse al frente del cortijo sin soltar el mando a distancia o, al menos, volver a explicar aquello de que lo mejor para el país es que el PP siga en el machito. Siempre se puede recurrir a Antonio Hernando, que tiene un pico de oro, pero ni a él le será fácil esta vez no sonrojarse.
http://blogs.publico.es/escudier/2017/04/27/el-papelon-del-psoe-con-la-corrupcion-del-pp/
Para vomitar..
Moix, el buen fiscal vapuleado
Moix, el buen fiscal vapuleado
Jueves, 27 de Abril de 2017 - 00: 39
Victoria Pregovictoria.prego@elindependiente.com@VictoriaPrego
Manuel Moix. EFE
Hay mar de fondo en la Fiscalía Anticorrupción pero no es la primera vez que unos fiscales rebeldes o discrepantes son noticia por sus problemas internos. Recordemos aquel episodio de los “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional que trajeron de cabeza a más de un Fiscal General del Estado. Pero los problemas que se dirimían entonces son muy distintos de los de ahora y también lo son sus protagonistas.
El centro de la polémica hoy es la Fiscalía Anticorrupción que, por la naturaleza de los asuntos que investiga, es en este momento el órgano clave entre todas las Fiscalías españolas. Los fiscales anticorrupción se ocupan de todos los casos que afectan de lleno a los partidos políticos, léase el PP en los casos Gürtel, Púnica, Rato, o el último, el caso Lezo que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; léase el PSOE con los casos ERE, o los cursos de formación; o léase CIU con el 3 por ciento o el caso de la familia Pujol entre otros.
Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre
En el centro de todas esas tormentas José Manuel Maza, el nuevo Fiscal General del Estado, ha colocado a Manuel Moix, flamante fiscal jefe Anticorrupción, un hombre experimentado, un buen jurista con amplia experiencia que, siendo Fiscal Superior de Madrid, mandó sin incidentes reseñables a los más de 300 fiscales que tiene la plantilla de esta Comunidad. Los problemas se le han planteado ahora, entre otras cosas porque Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre y cuyos cerca de 30 miembros -aunque casi la mitad está en comisión de servicio- llevan mucho tiempo actuando sin el duro control de un superior que, como Antonio Salinas, había cumplido en 2013 la edad de jubilación y estaba en espera de ser sustituido.
Y aquí viene el problema porque Manuel Moix se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas, y a esa convicción se debe el que se opusiera inicialmente a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo dentro de la operación Lezo y que se refería a la compra supuestamente fraudulenta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, en el año 2001.
Se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas
Los fiscales encargados del caso Lezo no aceptaron la opinión de Moix y finalmente éste asumió el criterio de sus colegas. Pero esa discrepancia le ha servido para ser acusado de intentar obstruir las investigaciones que han llevado finalmente a Ignacio González a la cárcel, lo cual carece de toda base, al margen de que es más que probable que ese asunto acabe siendo finalmente fraccionado.
Moix va a hacer otra cosa que era necesaria desde hace mucho tiempo: colocar los informes de la Guardia Civil y de la Policía en sus justos términos, de modo que no incluyan la calificación jurídica del delito que en su opinión se ha cometido, costumbre insólita que excede absolutamente a sus competencia. Y va a impedir otra cosa más que resultaba últimamente demasiado frecuente: que fueran los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que en la práctica dirigieran la investigación de los fiscales y, en consecuencia, la instrucción del juez.
Con el tiempo se comprobará que es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política
Eso es parte de lo que Moix quiere cambiar, además de recuperar en su mano todas las riendas de una Fiscalía Anticorrupción que llevaba algunos años demasiado “suelta”. Y es esa determinación de poner orden en un órgano tan decisivo hoy en la vida española la que ha provocado la rebelión de determinados fiscales -algunos con claros ribetes de “indomables”- y el aprovechamiento político de esa leve rebelión por parte de los partidos de la oposición que, con una visión algo miope del panorama, le están acusando de ser “favorable” al PP -a cuyos miembros no parece haber favorecido sino todo lo contrario- y que no parecen ser conscientes del daño que ese descrédito promovido injustificadamente hace a nuestro Estado de Derecho.
Finalmente, el tiempo pasará, las aguas volverán a su cauce y entonces se comprobará que el fiscal Moix es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política. Pero para llegar a eso aún falta un trecho largo.
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Moix, el buen fiscal vapuleado
Moix, el buen fiscal vapuleado
Jueves, 27 de Abril de 2017 - 00: 39
Manuel Moix. EFE
Hay mar de fondo en la Fiscalía Anticorrupción pero no es la primera vez que unos fiscales rebeldes o discrepantes son noticia por sus problemas internos. Recordemos aquel episodio de los “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional que trajeron de cabeza a más de un Fiscal General del Estado. Pero los problemas que se dirimían entonces son muy distintos de los de ahora y también lo son sus protagonistas.
El centro de la polémica hoy es la Fiscalía Anticorrupción que, por la naturaleza de los asuntos que investiga, es en este momento el órgano clave entre todas las Fiscalías españolas. Los fiscales anticorrupción se ocupan de todos los casos que afectan de lleno a los partidos políticos, léase el PP en los casos Gürtel, Púnica, Rato, o el último, el caso Lezo que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; léase el PSOE con los casos ERE, o los cursos de formación; o léase CIU con el 3 por ciento o el caso de la familia Pujol entre otros.
Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre
En el centro de todas esas tormentas José Manuel Maza, el nuevo Fiscal General del Estado, ha colocado a Manuel Moix, flamante fiscal jefe Anticorrupción, un hombre experimentado, un buen jurista con amplia experiencia que, siendo Fiscal Superior de Madrid, mandó sin incidentes reseñables a los más de 300 fiscales que tiene la plantilla de esta Comunidad. Los problemas se le han planteado ahora, entre otras cosas porque Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre y cuyos cerca de 30 miembros -aunque casi la mitad está en comisión de servicio- llevan mucho tiempo actuando sin el duro control de un superior que, como Antonio Salinas, había cumplido en 2013 la edad de jubilación y estaba en espera de ser sustituido.
Y aquí viene el problema porque Manuel Moix se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas, y a esa convicción se debe el que se opusiera inicialmente a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo dentro de la operación Lezo y que se refería a la compra supuestamente fraudulenta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, en el año 2001.
Se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas
Los fiscales encargados del caso Lezo no aceptaron la opinión de Moix y finalmente éste asumió el criterio de sus colegas. Pero esa discrepancia le ha servido para ser acusado de intentar obstruir las investigaciones que han llevado finalmente a Ignacio González a la cárcel, lo cual carece de toda base, al margen de que es más que probable que ese asunto acabe siendo finalmente fraccionado.
Moix va a hacer otra cosa que era necesaria desde hace mucho tiempo: colocar los informes de la Guardia Civil y de la Policía en sus justos términos, de modo que no incluyan la calificación jurídica del delito que en su opinión se ha cometido, costumbre insólita que excede absolutamente a sus competencia. Y va a impedir otra cosa más que resultaba últimamente demasiado frecuente: que fueran los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que en la práctica dirigieran la investigación de los fiscales y, en consecuencia, la instrucción del juez.
Con el tiempo se comprobará que es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política
Eso es parte de lo que Moix quiere cambiar, además de recuperar en su mano todas las riendas de una Fiscalía Anticorrupción que llevaba algunos años demasiado “suelta”. Y es esa determinación de poner orden en un órgano tan decisivo hoy en la vida española la que ha provocado la rebelión de determinados fiscales -algunos con claros ribetes de “indomables”- y el aprovechamiento político de esa leve rebelión por parte de los partidos de la oposición que, con una visión algo miope del panorama, le están acusando de ser “favorable” al PP -a cuyos miembros no parece haber favorecido sino todo lo contrario- y que no parecen ser conscientes del daño que ese descrédito promovido injustificadamente hace a nuestro Estado de Derecho.
Finalmente, el tiempo pasará, las aguas volverán a su cauce y entonces se comprobará que el fiscal Moix es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política. Pero para llegar a eso aún falta un trecho largo.
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Ya tardaba en salir la estomagante estómago agradecido esta. Cuando te digan pichi, menea el rabo, presunta periolistaPara vomitar..
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Jueves, 27 de Abril de 2017 - 00: 39Victoria Pregovictoria.prego@elindependiente.com@VictoriaPrego
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Hay mar de fondo en la Fiscalía Anticorrupción pero no es la primera vez que unos fiscales rebeldes o discrepantes son noticia por sus problemas internos. Recordemos aquel episodio de los “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional que trajeron de cabeza a más de un Fiscal General del Estado. Pero los problemas que se dirimían entonces son muy distintos de los de ahora y también lo son sus protagonistas.
El centro de la polémica hoy es la Fiscalía Anticorrupción que, por la naturaleza de los asuntos que investiga, es en este momento el órgano clave entre todas las Fiscalías españolas. Los fiscales anticorrupción se ocupan de todos los casos que afectan de lleno a los partidos políticos, léase el PP en los casos Gürtel, Púnica, Rato, o el último, el caso Lezo que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; léase el PSOE con los casos ERE, o los cursos de formación; o léase CIU con el 3 por ciento o el caso de la familia Pujol entre otros.
Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre
En el centro de todas esas tormentas José Manuel Maza, el nuevo Fiscal General del Estado, ha colocado a Manuel Moix, flamante fiscal jefe Anticorrupción, un hombre experimentado, un buen jurista con amplia experiencia que, siendo Fiscal Superior de Madrid, mandó sin incidentes reseñables a los más de 300 fiscales que tiene la plantilla de esta Comunidad. Los problemas se le han planteado ahora, entre otras cosas porque Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre y cuyos cerca de 30 miembros -aunque casi la mitad está en comisión de servicio- llevan mucho tiempo actuando sin el duro control de un superior que, como Antonio Salinas, había cumplido en 2013 la edad de jubilación y estaba en espera de ser sustituido.
Y aquí viene el problema porque Manuel Moix se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas, y a esa convicción se debe el que se opusiera inicialmente a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo dentro de la operación Lezo y que se refería a la compra supuestamente fraudulenta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, en el año 2001.
Se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas
Los fiscales encargados del caso Lezo no aceptaron la opinión de Moix y finalmente éste asumió el criterio de sus colegas. Pero esa discrepancia le ha servido para ser acusado de intentar obstruir las investigaciones que han llevado finalmente a Ignacio González a la cárcel, lo cual carece de toda base, al margen de que es más que probable que ese asunto acabe siendo finalmente fraccionado.
Moix va a hacer otra cosa que era necesaria desde hace mucho tiempo: colocar los informes de la Guardia Civil y de la Policía en sus justos términos, de modo que no incluyan la calificación jurídica del delito que en su opinión se ha cometido, costumbre insólita que excede absolutamente a sus competencia. Y va a impedir otra cosa más que resultaba últimamente demasiado frecuente: que fueran los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que en la práctica dirigieran la investigación de los fiscales y, en consecuencia, la instrucción del juez.
Con el tiempo se comprobará que es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política
Eso es parte de lo que Moix quiere cambiar, además de recuperar en su mano todas las riendas de una Fiscalía Anticorrupción que llevaba algunos años demasiado “suelta”. Y es esa determinación de poner orden en un órgano tan decisivo hoy en la vida española la que ha provocado la rebelión de determinados fiscales -algunos con claros ribetes de “indomables”- y el aprovechamiento político de esa leve rebelión por parte de los partidos de la oposición que, con una visión algo miope del panorama, le están acusando de ser “favorable” al PP -a cuyos miembros no parece haber favorecido sino todo lo contrario- y que no parecen ser conscientes del daño que ese descrédito promovido injustificadamente hace a nuestro Estado de Derecho.
Finalmente, el tiempo pasará, las aguas volverán a su cauce y entonces se comprobará que el fiscal Moix es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política. Pero para llegar a eso aún falta un trecho largo.
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Añado presuntamente lo anteriormente expresado.No hay palabras para describir a este "fiscal" que la corrupción le debe de sonar a gloria bendita.Que pongan al frente de la justicia a hombres como este y al otro "fiscal general" no tiene nombre.Todas las definiciones para nombrar lo que estamos viendo se quedan cortas.Parece hasta imposible que se pueda acumular tanta porquería en tan poco tiempo,los genoveses han dejado a la mafia siciliana en hermanitas de la caridad,controlando la justicia,al ejercito,a las fuerzas generales del Estado, la economía.Siguen diciendo que España es una democracia???Enga ya!!
Es "su" democracia y "su" España. Siempre han gobernado como si todo les perteneciera, y por derecho (casi) divino, roban y expolian a placer con la indecente complicidad de un buen puñado de votos. Llevamos años en que rara es la semana que no sabemos de un nuevo caso de corrupción pepera, pero no pasa nada, todos son iguales, si no es uno, es el otro. Son corruptos, pero eficaces. Son ladrones, pero saben gestionar. Son mafiosos, pero ya les conocemos. Son... pero... y este es el nivel, querida vieira.
Más de uno debería leer prensa internacional y comprobar lo que dicen de nosotros, estamos en el culo del mundo de la indecencia y la bajeza moral, tan patriotas todos ellos, que orgasman con la palabra España y la bandera mientras tienen sumido al país en el colmo de la desvergüenza y el descrédito.
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Psicosis en el Canal: cacheos con detectores para que no entren mecheros en el archivo
Se ha tomado esta medida para evitar incendios, como ya pasó en 2008. El Canal también está auditando los movimientos de dinero en efectivo de los últimos cinco años hechos desde Inassa
Expectación mediática ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
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DAVID FERNÁNDEZ
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JOSÉ MARÍA OLMO
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BEATRIZ PARERA
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27.04.2017 – 16:10 H.
Hay antecedentes. El 1 de abril de 2008 un incendio provocado (según el atestado de la Guardia Civil) destruyó gran parte de la documentación que se almacenaba en el archivo que la empresa Hispanagua, filial del Canal de Isabel II, tenía en el municipio de Colmenar Viejo. Los papeles que se quemaron eran claves para cuantificar el fraude que se había descubierto en esta compañía, donde se facturaba a terceras empresas por trabajos que no se habían hecho o que sí se habían realizado pero se pagaban inflando los precios. La investigación inicial cifró en 700.000 euros el dinero desviado, aunque las llamas acabaron con el objetivo de precisar el daño económico a las arcas del Canal.
La nueva dirección de la mayor empresa pública de Madrid no quiere sorpresas, sobre todo después de que la operación Lezo haya puesto en el foco mediático al ente que suministra agua a todos los madrileños. Cinco equipos de registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevaron el pasado 19 de abril 22 cajas de documentación y no se descarta que los investigadores soliciten más información. Por eso el archivo de la sede central del Canal, en la calle Santa Engracia, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de las pesquisas. Para evitar incidentes, la dirección de seguridad, en manos de un coronel en la reserva, ha endurecido las medidas de seguridad para acceder el archivo.
Cifuentes ficha al coronel que alertó sobre el Yak-42 para llevar la seguridad del Canal
DAVID FERNÁNDEZ
Javier Marino ha desempeñado puestos en la inteligencia militar. Realizó un informe antes del accidente avisando de los riesgos de transportar militares en aviones de países de la antigua URSS
La primera de ellas, el cacheo con detectores metálicos a todos los trabajadores que entran y salen del archivo, para evitar por ejemplo, que entren con mecheros o con memorias informáticas no autorizadas. El archivo contiene miles y miles de documentos en papel. La psicosis se ha instaurado entre los más de 2.400 empleados del Canal. Muchos de ellos lamentan que "cuatro chorizos hayan manchado el buen nombre de la compañía". Otros señalan que esa psicosis puede desembocar en cierta parálisis, "ya que hay miedo por ejemplo hasta que las cosas se calmen a redactar pliegos o firmar papeles", sobre todo en los 200 trabajadores de nivel medio alto que forman parte del núcleo directivo de la compañía. El comité de empresa ha convocado este viernes a todos los trabajadores en la entrada principal de la sede para leer un comunicado sobre los últimos acontecimientos.
La maquinaria del Canal, sin embargo, debe seguir. La empresa suministra agua a más de seis millones de madrileños y licita de media cada año una media de 400 contratos. La agencia de calificación Fitch ha ratificado el 'rating' que tenía el Canal, 'BBB+' con perspectiva estable, y ha asegurado que la operación Lezo no ha tenido ni tendrá de momento impacto en la calificación de la empresa. En su opinión, el "impacto reputacional y financiero" en el Canal es "negativo pero manejable dentro de la clasificación actual".
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal, Ángel Garrido. (EFE)
La operación Lezo ha salpicado a varios exdirectivos y actuales trabajadores del ente público. Además de Ignacio González (epicentro del caso y expresidente del Canal), también están siendo investigados los dos últimos exgerentes (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín), la exdirectora financiera Fernanda Richmond y el exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos. También están imputados el expresidente de Inassa (la filial suramericana), Edmundo Rodríguez, y uno de los gerentes de Inassa, Diego García Arias. Tres de ellos seguían trabajando en la sede madrileña del Canal cuando se destapó el caso, aunque sin funciones de responsabilidad. Adrián Martín ha decidido pagar su defensa con la póliza de responsabilidad civil que tiene el Canal. García Arias fue destituido en Barranquilla (Colombia) después de que se conociera que la Audiencia Nacional ordenaba su detención
La nueva dirección va a extremar los controles internos. Si la documentación en papel es susceptible de ser destruida, con la ya digitalizada es casi imposible. El Canal tiene un sistema de tres niveles de seguridad en sus servidores informáticos. El Canal también ha iniciado un complejo proceso de auditoría de las filiales que dependen del Canal. Uno de los objetivos es adelgazar la estructura empresarial del ente público, cerrando aquellas sociedades con poco volumen de negocio y escasa plantilla. Como ya publicó el Confidencial, la Comunidad de Madrid ha confiado en un exdirectivo de Prosegur para dirigir los designios de Inassa (su cabecera suramericana) al otro lado del Atlántico.
El Canal pagó 1,5 millones en comisiones a través del intermediario del caso Odebrecht
DAVID FERNÁNDEZ
Se trata de Ángel Rondón, socio del Canal en la Triple A Dominicana. Rondón montó una firma 'offshore' en Panamá con las mismas sociedades del ático de Ignacio González
El Canal ha realizado, por ejemplo, una auditoría de los movimientos de dinero en efectivo de la tesorería de Inassa de los últimos cinco años, después de que llegaran noticias a Madrid de que los exdirectivos de la filial detenidos e investigados pudieron sacar dinero en efectivo para pagar presuntamente sobornos a cambio de contratos públicos en los países en los que Inassa está presente. De momento no se han detectado anomalías, señalan fuentes del Gobierno regional, que destacan que es muy difícil detectar si Inassa tenía una especie de caja B para realizar esos pagos.
El Canal también ha decidido personarse como acusación particular en el caso abierto en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, una decisión que también han tomado la Comunidad de Madrid (de la que depende el Canal) y el Ayuntamiento de la capital (que cuenta con el 10% de las acciones del ente público). También han presentado una querella criminal, para que sume a la causa, una plataforma formada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid (la Fravm) y el colectivo ciudadano Urbanismo Corazón Verde de Chamberí. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, está colaborando activamente con la Fiscalía colombiana en la parte del sumario que investiga el presunto cobro de sobornos por parte de funcionarios colombianos, país en el que Inassa tiene una de sus principales líneas de negocio.
Se ha tomado esta medida para evitar incendios, como ya pasó en 2008. El Canal también está auditando los movimientos de dinero en efectivo de los últimos cinco años hechos desde Inassa
Expectación mediática ante la sede del Canal de Isabel II. (EFE)
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27.04.2017 – 16:10 H.
Hay antecedentes. El 1 de abril de 2008 un incendio provocado (según el atestado de la Guardia Civil) destruyó gran parte de la documentación que se almacenaba en el archivo que la empresa Hispanagua, filial del Canal de Isabel II, tenía en el municipio de Colmenar Viejo. Los papeles que se quemaron eran claves para cuantificar el fraude que se había descubierto en esta compañía, donde se facturaba a terceras empresas por trabajos que no se habían hecho o que sí se habían realizado pero se pagaban inflando los precios. La investigación inicial cifró en 700.000 euros el dinero desviado, aunque las llamas acabaron con el objetivo de precisar el daño económico a las arcas del Canal.
La nueva dirección de la mayor empresa pública de Madrid no quiere sorpresas, sobre todo después de que la operación Lezo haya puesto en el foco mediático al ente que suministra agua a todos los madrileños. Cinco equipos de registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevaron el pasado 19 de abril 22 cajas de documentación y no se descarta que los investigadores soliciten más información. Por eso el archivo de la sede central del Canal, en la calle Santa Engracia, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de las pesquisas. Para evitar incidentes, la dirección de seguridad, en manos de un coronel en la reserva, ha endurecido las medidas de seguridad para acceder el archivo.
Cifuentes ficha al coronel que alertó sobre el Yak-42 para llevar la seguridad del Canal
DAVID FERNÁNDEZ
Javier Marino ha desempeñado puestos en la inteligencia militar. Realizó un informe antes del accidente avisando de los riesgos de transportar militares en aviones de países de la antigua URSS
La primera de ellas, el cacheo con detectores metálicos a todos los trabajadores que entran y salen del archivo, para evitar por ejemplo, que entren con mecheros o con memorias informáticas no autorizadas. El archivo contiene miles y miles de documentos en papel. La psicosis se ha instaurado entre los más de 2.400 empleados del Canal. Muchos de ellos lamentan que "cuatro chorizos hayan manchado el buen nombre de la compañía". Otros señalan que esa psicosis puede desembocar en cierta parálisis, "ya que hay miedo por ejemplo hasta que las cosas se calmen a redactar pliegos o firmar papeles", sobre todo en los 200 trabajadores de nivel medio alto que forman parte del núcleo directivo de la compañía. El comité de empresa ha convocado este viernes a todos los trabajadores en la entrada principal de la sede para leer un comunicado sobre los últimos acontecimientos.
La maquinaria del Canal, sin embargo, debe seguir. La empresa suministra agua a más de seis millones de madrileños y licita de media cada año una media de 400 contratos. La agencia de calificación Fitch ha ratificado el 'rating' que tenía el Canal, 'BBB+' con perspectiva estable, y ha asegurado que la operación Lezo no ha tenido ni tendrá de momento impacto en la calificación de la empresa. En su opinión, el "impacto reputacional y financiero" en el Canal es "negativo pero manejable dentro de la clasificación actual".
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal, Ángel Garrido. (EFE)
La operación Lezo ha salpicado a varios exdirectivos y actuales trabajadores del ente público. Además de Ignacio González (epicentro del caso y expresidente del Canal), también están siendo investigados los dos últimos exgerentes (Ildefonso de Miguel y Adrián Martín), la exdirectora financiera Fernanda Richmond y el exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos. También están imputados el expresidente de Inassa (la filial suramericana), Edmundo Rodríguez, y uno de los gerentes de Inassa, Diego García Arias. Tres de ellos seguían trabajando en la sede madrileña del Canal cuando se destapó el caso, aunque sin funciones de responsabilidad. Adrián Martín ha decidido pagar su defensa con la póliza de responsabilidad civil que tiene el Canal. García Arias fue destituido en Barranquilla (Colombia) después de que se conociera que la Audiencia Nacional ordenaba su detención
La nueva dirección va a extremar los controles internos. Si la documentación en papel es susceptible de ser destruida, con la ya digitalizada es casi imposible. El Canal tiene un sistema de tres niveles de seguridad en sus servidores informáticos. El Canal también ha iniciado un complejo proceso de auditoría de las filiales que dependen del Canal. Uno de los objetivos es adelgazar la estructura empresarial del ente público, cerrando aquellas sociedades con poco volumen de negocio y escasa plantilla. Como ya publicó el Confidencial, la Comunidad de Madrid ha confiado en un exdirectivo de Prosegur para dirigir los designios de Inassa (su cabecera suramericana) al otro lado del Atlántico.
El Canal pagó 1,5 millones en comisiones a través del intermediario del caso Odebrecht
DAVID FERNÁNDEZ
Se trata de Ángel Rondón, socio del Canal en la Triple A Dominicana. Rondón montó una firma 'offshore' en Panamá con las mismas sociedades del ático de Ignacio González
El Canal ha realizado, por ejemplo, una auditoría de los movimientos de dinero en efectivo de la tesorería de Inassa de los últimos cinco años, después de que llegaran noticias a Madrid de que los exdirectivos de la filial detenidos e investigados pudieron sacar dinero en efectivo para pagar presuntamente sobornos a cambio de contratos públicos en los países en los que Inassa está presente. De momento no se han detectado anomalías, señalan fuentes del Gobierno regional, que destacan que es muy difícil detectar si Inassa tenía una especie de caja B para realizar esos pagos.
El Canal también ha decidido personarse como acusación particular en el caso abierto en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, una decisión que también han tomado la Comunidad de Madrid (de la que depende el Canal) y el Ayuntamiento de la capital (que cuenta con el 10% de las acciones del ente público). También han presentado una querella criminal, para que sume a la causa, una plataforma formada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid (la Fravm) y el colectivo ciudadano Urbanismo Corazón Verde de Chamberí. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, está colaborando activamente con la Fiscalía colombiana en la parte del sumario que investiga el presunto cobro de sobornos por parte de funcionarios colombianos, país en el que Inassa tiene una de sus principales líneas de negocio.
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RASTREÓ EL ALCANCE DE NOTICIAS EN PRENSA
La UCO grabó a González y a su hermana diputada intentando evitar la operación Lezo
Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana del expresidente de la Comunidad Ignacio González. (EFE)
AUTOR
JOSÉ MARÍA OLMO
TIEMPO DE LECTURA4 min
27.04.2017 – 22:57 H.
La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales acabaran perjudicando a Ignacio González.
Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política, para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar un operativo.
Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití
DAVID FERNÁNDEZ
La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010
La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde. En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala, Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con él sólo un día después, en una visita que ha reconocido el número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en ciernes.
A continuación, pasan a tratar la información que les ha puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy directamente al político popular".
Rastreó el origen de una información en prensa
Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique Ossorio, director de Medios Digitales del Grupo Intereconomía. Se da la circunstancia de que Ossorio había coincidido con Julen Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la que se estuvo vinculado a la Consejería de Sanidad de la CAM.
Los negocios de Ignacio González: tarifa del 5%, testaferros y pelotazos informáticos
JOSÉ MARÍA OLMO
El expresidente de la Comunidad de Madrid contactó con empresarios en los últimos meses para ofrecerse como intermediario ante organismos de la Administración regional
A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación. "¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel, por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.
Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte con su abogado "para que no le pille por sorpresa".
El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la diputada regional que, además, está casada con otro de los principales implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.
La UCO grabó a González y a su hermana diputada intentando evitar la operación Lezo
Isabel, Ignacio y Pablo fueron grabados por la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid cuando intentaban frenar la operación
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González, hermana del expresidente de la Comunidad Ignacio González. (EFE)
AUTOR
JOSÉ MARÍA OLMO
TIEMPO DE LECTURA4 min
27.04.2017 – 22:57 H.
La diputada popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González, conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo, en la que se acusa al expresidente de madrileño de liderar una trama de cobro masivo de comisiones irregulares. Según se desprende de las escuchas practicadas por los investigadores de la Guardia Civil, los tres se reunieron en el despacho del que fuera hombre fuerte de Aguirre para montar una estrategia y evitar que las pesquisas judiciales acabaran perjudicando a Ignacio González.
Los hermanos organizaron un encuentro privado, celebrado en el bufete que abrió el exhombre fuerte de Esperanza Aguirre tras quedar apartado de la política, para hablar de la existencia de informaciones en prensa que les hicieron sospechar de que las diligencias llevadas en secreto durante 18 meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional estaban a punto de desencadenar un operativo.
Ignacio, Pablo e Isabel decidieron quedar en la calle Alcalá 86 para evitar ser indiscretos en sus conversaciones telefónicas, que presumían intervenidas después de que alguien les avisara. El hermano mayor advirtió a la pequeña que tuviera cuidado si llamaba y la diputada regional contestó: "Yo es que nunca le llamo...¿sabes? Cuando quiero algo le llamo a casa, por eso", dicen las grabaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití
DAVID FERNÁNDEZ
La Audiencia investiga operaciones del Canal no solo en Brasil, también en Colombia, Panamá, República Dominicana y Haití. En este último, se llevó 21 millones en obras tras el seísmo de 2010
La cita se celebró el pasado 6 de marzo pasadas las siete y media de la tarde. En la primera parte de una conversación a tres bandas que se prolongó durante media hora y fue captada por los micrófonos de ambiente instalados en la sala, Isabel González pregunta a sus hermanos "¿quién está en la poli ahora?" y se interesa por el que parece ser el actual Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Florentino Villabona. También comentan que es José Antonio Nieto quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Pablo González se reunió con él sólo un día después, en una visita que ha reconocido el número dos de Interior que, eso sí, niega que se debatiera la investigación en ciernes.
A continuación, pasan a tratar la información que les ha puesto en alerta, publicada en 'La Gaceta', y en la que se anunciaba que Ignacio González iba a ser noticia "por novedades judiciales que afectaban muy directamente al político popular".
Rastreó el origen de una información en prensa
Según se desprende del contenido del sumario, Isabel, que ya había manifestado su preocupación por lo publicado en una llamada, se ocupó de rastrear el origen de esta noticia y de intentar averiguar el alcance de la información. Comunica a sus hermanos lo que ha podido averiguar por 'Natali', una secretaria de Enrique Ossorio, director de Medios Digitales del Grupo Intereconomía. Se da la circunstancia de que Ossorio había coincidido con Julen Ariza, hijo del presidente del Grupo Intereconomía del que forma parte La Gaceta, Julio Ariza, en una etapa en la que se estuvo vinculado a la Consejería de Sanidad de la CAM.
Los negocios de Ignacio González: tarifa del 5%, testaferros y pelotazos informáticos
JOSÉ MARÍA OLMO
El expresidente de la Comunidad de Madrid contactó con empresarios en los últimos meses para ofrecerse como intermediario ante organismos de la Administración regional
A Ignacio González parece extrañarle todo mucho. "¿Ariza salía con esa información?", se pregunta y después menciona al exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, que estaba relacionado con este grupo de comunicación. "¿Ahí no sigue Ildefonso?", dice. Expresa a sus hermanos sus temores por los datos que la prensa pueda tener y especula con que pueda tratarse del "tema de Brasil" -en referencia a la adquisición en 2013 de Emissao- o "alguna conversación". "Eso es lo que más que acojona a mí. Lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero....", se lamenta. Isabel, por su parte, parece inquieta por el uso que pueda hacer su hermano de los datos que acaba de darle y le pide reiteradamente que "no meta en un lío" a la tal 'Natali'.
Trata también con sus hermanos otros de sus temores como unas conversaciones mantenidas con el abogado uruguayo Fernando Belhot en la que le pedía asesoramiento para constituir una sociedad sin que figurara en el registro. "Le han tenido que decir algo muy gordo para que... espero....empiezo a ponerme en lo peor", dice y recibe el apoyo de sus hermanos que le recomiendan que consulte con su abogado "para que no le pille por sorpresa".
El escándalo de la Lezo que salpica a la familia González afecta de lleno a la diputada regional que, además, está casada con otro de los principales implicados en el entramado, Juan José Caballero, que evitó este martes el ingreso en prisión tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. Es directivo de Mercasa y de otra de las empresas de la trama, Tecnoconcret.
