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Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.
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Eso de que los españoles trabajamos más que los holandeses.... en fin en fin. Los españoles calientan las silla como unos campeones.. ahora bien trabajar trabajar son más efectivos en otros países.... Aquí se pierde mucho el tiempo. Pero en echar horas nos ganan pocos.
No hablo de todos los sectores, pero España es poco productiva, Muchas horas para algo que puedes hacer de 8 a 3.
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España gasta demasiado en tener gobiernos de taifas y políticos inútiles...
Dos mil veinte marca en muchos aspectos un fin de ciclo. En septiembre tendré tiempo para insistir en los porqués con el nuevo libro, La Distancia del presente, en sus consecuencias y conclusiones. Y hoy es uno de esos días, con el acuerdo de reconstrucción de la UE, que marcan un antes y un después desde 2008.
El plan de reconstrucción aprobado hoy se extiende de 2021 a 2027, seis años en los que, si lo hacemos bien, deberíamos poder cambiar elementos que han atenazado a este país como parte de su modelo productivo. Las ayudas totales que recibe España corresponden a un 11% de su PIB.
En total 140000 m/€ de los cuales más de la mitad son a fondo perdido. Se estima que los recortes en la etapa Rajoy fueron alrededor de unos 65000 m/€ y los de Zapatero unos 15000 m/€. ¿Qué cambia? Lo primero, lo evidente, estímulos en vez de tijera. Pero no sólo.
Lo fundamental es que será la UE en conjunto la que emita deuda para financiar el plan. No son los coronabonos, pero existe la mutualización. No será cada país el que financie con sus ahorros y su deuda. Y esto es importantísimo.
La UE se blinda así ante los ataques especulativos a su moneda y a nosotros nos evita en gran medida los ataques a nuestra deuda soberana. La prima de riesgo, que nos desangró entre 2010 y 2014, es hoy una amenaza menor. Mal día para los bancos especuladores de EEUU.
La pregunta, que ya se puso sobre la mesa en la anterior crisis, es cuándo va a dar la UE salida a su agencia de calificación de deuda para no depender de las tres grandes norteamericanas. Queda pendiente. Pero, aún así, es un gran paso respecto a 2008. El más noticiable.
Cuál es el otro cambio positivo. No habrá condicionalidad dura, hombres de negro. Las ayudas irán asociadas a planes de inversiones y reformas. No habrá tampoco derecho a veto. Sí condicionalidad blanda, al menos muy diferente que la comparada con el rescate de 2012.
El Consejo (la cumbre de países) toma fuerza sobre la Comisión (el Ejecutivo). Esto no es buena noticia para la construcción de un poder de la UE independiente. Será el Consejo el que decida a petición de un país si un tercero incumple las líneas generales de las ayudas.
Ahora, valdrá con una mayoría cualificada y los fondos sólo podrán paralizarse tres meses. La discusión será política, no numérica estricta como en 2012. Traducción: Holanda y su panda podrán molestar, pero no tener control sobre nuestras reformas ni presupuesto.
Estas ayudas estarán además condicionadas al respeto a los derechos civiles que consagra la UE. Aviso para el grupo de Visegrado, encabezado por Hungría y Polonia, de que no todo vale. Veremos en la práctica cómo funciona.
También como punto negativo baja la cuantía de las partidas para sanidad e investigación, algo incomprensible en este contexto. Se mantiene sin embargo un 25% para inclusión social.
En la política española esto sólo se puede leer como una notable victoria del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que frente a los agoreros es partícipe de un cambio histórico en la inercia de las políticas europeas. Si lo hacen bien podrán aplicar su agenda reformista.
Habrá problemas con algunas políticas avanzadas con el Consejo. Las habrá. Pero sin derecho a veto y condicionalidad económica se podrá buscar una mayoría cualificada que lo apruebe. Hora de la política sobre los hombres de negro.
El hostiazo a Casado es descomunal. Queda otra vez fuera de juego, empequeñecido, inane. Le hubieran bastado unas palabras de apoyo estos días, sin condiciones, mera retórica, para apuntarse un tanto. La mano aznarista le perdió. Sale un tren y Casado se queda en el andén.
Cuando uno acaba de escribir 400 páginas sobre los últimos diez años de política en este país se da cuenta rápido de que esto es otra cosa. No exenta de riesgos. Pero tampoco de oportunidades. Hoy estamos mejor que ayer. Hoy tenemos más futuro.
Pd: Un aviso a la izquierda. Quien se quede fuera se queda para siempre. No estamos jugando a "qué pasaría sí", sino a cómo se aprovecha este contexto para remitir los últimos 40 años de neoliberalismo. A la audacia de cabalgar una nueva situación impensable hace diez años.
Impensable hace seis meses. El descreimiento hacia la UE, después de esta pasada década, se supone. Pero se supone también la capacidad de jugar la pelota en el campo de la realidad, no en el de los principios. Hoy mucho más favorable que ayer. Pobre del que no sepa verlo.
Queda por supuesto la posición frentista, la de seguir con un discurso gastado que en España nunca caló -y mira que nos dieron duro- anti UE. Aquí y ahora eso es jugarse la democracia a los dados, poner en una Moncloa autárquica a nuestro Boris Johnson.
La otra opción es preguntarse qué hacer con esto. Dar el golpe al ladrillazo. Hacer más patente el sector público. Equilibrar las terribles desigualdades de la década anterior. Hay seis años por delante para fiscalizar al Gobierno y meter presión. Ahora se puede y debe intentar.
Daniel Bernabé.
El plan de reconstrucción aprobado hoy se extiende de 2021 a 2027, seis años en los que, si lo hacemos bien, deberíamos poder cambiar elementos que han atenazado a este país como parte de su modelo productivo. Las ayudas totales que recibe España corresponden a un 11% de su PIB.
En total 140000 m/€ de los cuales más de la mitad son a fondo perdido. Se estima que los recortes en la etapa Rajoy fueron alrededor de unos 65000 m/€ y los de Zapatero unos 15000 m/€. ¿Qué cambia? Lo primero, lo evidente, estímulos en vez de tijera. Pero no sólo.
Lo fundamental es que será la UE en conjunto la que emita deuda para financiar el plan. No son los coronabonos, pero existe la mutualización. No será cada país el que financie con sus ahorros y su deuda. Y esto es importantísimo.
La UE se blinda así ante los ataques especulativos a su moneda y a nosotros nos evita en gran medida los ataques a nuestra deuda soberana. La prima de riesgo, que nos desangró entre 2010 y 2014, es hoy una amenaza menor. Mal día para los bancos especuladores de EEUU.
La pregunta, que ya se puso sobre la mesa en la anterior crisis, es cuándo va a dar la UE salida a su agencia de calificación de deuda para no depender de las tres grandes norteamericanas. Queda pendiente. Pero, aún así, es un gran paso respecto a 2008. El más noticiable.
Cuál es el otro cambio positivo. No habrá condicionalidad dura, hombres de negro. Las ayudas irán asociadas a planes de inversiones y reformas. No habrá tampoco derecho a veto. Sí condicionalidad blanda, al menos muy diferente que la comparada con el rescate de 2012.
El Consejo (la cumbre de países) toma fuerza sobre la Comisión (el Ejecutivo). Esto no es buena noticia para la construcción de un poder de la UE independiente. Será el Consejo el que decida a petición de un país si un tercero incumple las líneas generales de las ayudas.
Ahora, valdrá con una mayoría cualificada y los fondos sólo podrán paralizarse tres meses. La discusión será política, no numérica estricta como en 2012. Traducción: Holanda y su panda podrán molestar, pero no tener control sobre nuestras reformas ni presupuesto.
Estas ayudas estarán además condicionadas al respeto a los derechos civiles que consagra la UE. Aviso para el grupo de Visegrado, encabezado por Hungría y Polonia, de que no todo vale. Veremos en la práctica cómo funciona.
También como punto negativo baja la cuantía de las partidas para sanidad e investigación, algo incomprensible en este contexto. Se mantiene sin embargo un 25% para inclusión social.
En la política española esto sólo se puede leer como una notable victoria del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que frente a los agoreros es partícipe de un cambio histórico en la inercia de las políticas europeas. Si lo hacen bien podrán aplicar su agenda reformista.
Habrá problemas con algunas políticas avanzadas con el Consejo. Las habrá. Pero sin derecho a veto y condicionalidad económica se podrá buscar una mayoría cualificada que lo apruebe. Hora de la política sobre los hombres de negro.
El hostiazo a Casado es descomunal. Queda otra vez fuera de juego, empequeñecido, inane. Le hubieran bastado unas palabras de apoyo estos días, sin condiciones, mera retórica, para apuntarse un tanto. La mano aznarista le perdió. Sale un tren y Casado se queda en el andén.
Cuando uno acaba de escribir 400 páginas sobre los últimos diez años de política en este país se da cuenta rápido de que esto es otra cosa. No exenta de riesgos. Pero tampoco de oportunidades. Hoy estamos mejor que ayer. Hoy tenemos más futuro.
Pd: Un aviso a la izquierda. Quien se quede fuera se queda para siempre. No estamos jugando a "qué pasaría sí", sino a cómo se aprovecha este contexto para remitir los últimos 40 años de neoliberalismo. A la audacia de cabalgar una nueva situación impensable hace diez años.
Impensable hace seis meses. El descreimiento hacia la UE, después de esta pasada década, se supone. Pero se supone también la capacidad de jugar la pelota en el campo de la realidad, no en el de los principios. Hoy mucho más favorable que ayer. Pobre del que no sepa verlo.
Queda por supuesto la posición frentista, la de seguir con un discurso gastado que en España nunca caló -y mira que nos dieron duro- anti UE. Aquí y ahora eso es jugarse la democracia a los dados, poner en una Moncloa autárquica a nuestro Boris Johnson.
La otra opción es preguntarse qué hacer con esto. Dar el golpe al ladrillazo. Hacer más patente el sector público. Equilibrar las terribles desigualdades de la década anterior. Hay seis años por delante para fiscalizar al Gobierno y meter presión. Ahora se puede y debe intentar.
Daniel Bernabé.
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Bla bla bla. No compro el peor rescate de la historia. Lo unico me alegra que la UE impida los planes populistas de Pablenin
CRISIS DEL CORONAVIRUS
Sánchez e Iglesias ven en el acuerdo europeo un aval a su programa y seguirán adelante en materia fiscal y laboral
Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 22/07/2020 a las 06:00
El presidente Pedro Sánchez recibe el aplauso del Gobierno a su llegada a la Moncloa tras la cumbre de Bruselas.
Moncloa
La condicionalidad de los fondos que Europa entregará a España en los próximos años, la mayoría de los cuales estarán a disposición de Gobierno en 2021 y 2022, justo cuando más falta harán para reactivar la economía tras el tsunami de la covid-19, no pasa por un cambio de planes en el Gobierno en dos de sus señas de identidad: la reforma fiscal y la modificación de las normas laborales aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, en uno de los peores años de la última crisis.
La llegada del dinero, aproximadamente 140.000 millones de euros de los que 72.700 serán transferencias y el resto préstamos, lo que equivale al 11% del PIB de 2019 y multiplican por 11 los fondos de cohesión de los noventa, depende sobre todo de que España dedique ese dinero a políticas de transformación digital, inclusión, transición ecológica de la economía y educación, entre otras materias, asuntos todos ellos que ya estaban en la médula del programa del Gobierno para la legislatura.
Las fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, coinciden en que el Ejecutivo ha recibido el acuerdo de Bruselas como un aval a su programa político, económico y social, reforzado por la emergencia sanitaria. Así que mantienen todos sus objetivos en materia fiscal y laboral, en los plazos y los ritmos que ya tenían y que fueron establecidos en el pacto de coalición.
El primer compromiso, la derogación de la reforma laboral, no tiene fecha concreta, ni tampoco significa que el Gobierno vaya a dejar sin regulación las relaciones laborales, como han explicado sus miembros en repetidas ocasiones y en especial la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero sí pretende recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” a través del diálogo social y, sobre todo y con “carácter urgente”, derogar dos aspectos muy concretos de la actual normativa: el ámbito temporal de los convenios colectivos para que vuelvan a poder ser aplicados más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
En ambas reformas trabaja desde hace tiempo la mesa de diálogo social, en la que se sientan sindicatos y empresarios. Así como en la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, en la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y en el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos. Se trata de líneas rojas para UGT y CCOO, pero también para Unidas Podemos y, si se atiende a los portavoces socialistas, para el PSOE. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, decía hace dos semanas en una entrevista en infoLibre que estos cambios deben estar en vigor este mismo otoño, haya o no acuerdo con la patronal.
En relación con este asunto, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, dejó claro este martes que no hay cambios. “Seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de ruta. Eso sí, adaptada a las circunstancias que en este momento tenemos respecto a la crisis sanitaria y económica”, pero los cambios “se irán desarrollando en el marco del dialogo social como teníamos previsto”.
El otro gran asunto que preocupa al PP y a Ciudadanos y en general a los grandes poderes económicos y a los gobiernos más liberales de la Unión es la reforma fiscal que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo. Parte de esta reforma, la que ya está en trámite en el Congreso —el impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar las operaciones de la economía digital que actualmente no tributan y el impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero—, recibió además este fin de semana en Bruselas un nuevo impulso porque son cada vez más los países que están considerando que se convierta en la base de una fiscalidad europea.
Hacer los deberes
El Gobierno sostiene que “no tendría sentido” pedir dinero a Europa y no hacer “los propios deberes” dentro de España. Y eso significa “una profunda revisión de la fiscalidad” que trata de reducir los siete puntos sobre el PIB que separan a nuestro países de la media de la Unión Europea.
En los planes del Ejecutivo siguen la revisión del impuesto de sociedades para garantizar “una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”, una limitación de las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades y un incremento de dos puntos para los tipos impositivos del IRPF sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Como también impulsar la llamada fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones.
Sin olvidar un ambicioso programa de lucha contra el fraude fiscal con el que Hacienda cree que puede conseguir sustanciosos nuevos ingresos y que incluye una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y una estrategia nacional contra el fraude fiscal. “Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales”, reza el pacto de la coalición PSOE-Unidas Podemos.
Ahora la prioridad del Gobierno es sacar adelante los Presupuestos de 2021. La ministra Montero avanzó tras el Consejo de Ministros que Sánchez va a buscar la complicidad de los presidentes autonómicos para que arropen el acuerdo europeo y tratar así de impulsar los Presupuestos de reconstrucción, que es como Moncloa ya llama al proyecto de cuentas para el año que viene. Y que tendrá un fuerte impacto en los presupuestos de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo se siente reforzado porque la condicionalidad de los fondos europeos de reconstrucción sea desde su punto de vista un reflejo de su propio programa de Gobierno, y quiere aprovechar esa circunstancia para impulsar los Presupuestos. “El proyecto europeo requiere de un vehículo presupuestario que lo haga realidad”, defendió la ministra de Hacienda. “No tendría ningún sentido llegar a ese acuerdo [en Bruselas[, con tantas dificultades, y que luego no fuésemos capaces de trasladarlo a los Presupuestos”. Un proyecto que el Gobierno presentará “en breve”, anunció, “y en el que queremos que se vea reflejado el conjunto del país”.
Unas cuentas que incorporarían, añadió Montero, “cantidades importantes para inyectar los recursos que la economía necesita en estos momentos” y por las que “no podemos esperar”, señaló cuando una periodista le preguntó por la incertidumbre de las elecciones catalanas. “Este no es un presupuesto más, es el presupuesto de la recuperación”, zanjó.
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Sánchez e Iglesias ven en el acuerdo europeo un aval a su programa y seguirán adelante en materia fiscal y laboral
- La coalición cree que la condicionalidad de los fondos aprobados en Bruselas es un reflejo de sus prioridades en materia de transformación digital, inclusión, transición ecológica de la economía y educación
- El Gobierno anuncia que presentará “en breve” su proyecto de Presupuestos y vincula su aprobación a la llegada de las ayudas de la Unión Europea
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Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 22/07/2020 a las 06:00
El presidente Pedro Sánchez recibe el aplauso del Gobierno a su llegada a la Moncloa tras la cumbre de Bruselas.
Moncloa
La condicionalidad de los fondos que Europa entregará a España en los próximos años, la mayoría de los cuales estarán a disposición de Gobierno en 2021 y 2022, justo cuando más falta harán para reactivar la economía tras el tsunami de la covid-19, no pasa por un cambio de planes en el Gobierno en dos de sus señas de identidad: la reforma fiscal y la modificación de las normas laborales aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, en uno de los peores años de la última crisis.
La llegada del dinero, aproximadamente 140.000 millones de euros de los que 72.700 serán transferencias y el resto préstamos, lo que equivale al 11% del PIB de 2019 y multiplican por 11 los fondos de cohesión de los noventa, depende sobre todo de que España dedique ese dinero a políticas de transformación digital, inclusión, transición ecológica de la economía y educación, entre otras materias, asuntos todos ellos que ya estaban en la médula del programa del Gobierno para la legislatura.
Las fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, coinciden en que el Ejecutivo ha recibido el acuerdo de Bruselas como un aval a su programa político, económico y social, reforzado por la emergencia sanitaria. Así que mantienen todos sus objetivos en materia fiscal y laboral, en los plazos y los ritmos que ya tenían y que fueron establecidos en el pacto de coalición.
El primer compromiso, la derogación de la reforma laboral, no tiene fecha concreta, ni tampoco significa que el Gobierno vaya a dejar sin regulación las relaciones laborales, como han explicado sus miembros en repetidas ocasiones y en especial la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero sí pretende recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” a través del diálogo social y, sobre todo y con “carácter urgente”, derogar dos aspectos muy concretos de la actual normativa: el ámbito temporal de los convenios colectivos para que vuelvan a poder ser aplicados más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
En ambas reformas trabaja desde hace tiempo la mesa de diálogo social, en la que se sientan sindicatos y empresarios. Así como en la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, en la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y en el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos. Se trata de líneas rojas para UGT y CCOO, pero también para Unidas Podemos y, si se atiende a los portavoces socialistas, para el PSOE. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, decía hace dos semanas en una entrevista en infoLibre que estos cambios deben estar en vigor este mismo otoño, haya o no acuerdo con la patronal.
En relación con este asunto, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, dejó claro este martes que no hay cambios. “Seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de ruta. Eso sí, adaptada a las circunstancias que en este momento tenemos respecto a la crisis sanitaria y económica”, pero los cambios “se irán desarrollando en el marco del dialogo social como teníamos previsto”.
El otro gran asunto que preocupa al PP y a Ciudadanos y en general a los grandes poderes económicos y a los gobiernos más liberales de la Unión es la reforma fiscal que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo. Parte de esta reforma, la que ya está en trámite en el Congreso —el impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar las operaciones de la economía digital que actualmente no tributan y el impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero—, recibió además este fin de semana en Bruselas un nuevo impulso porque son cada vez más los países que están considerando que se convierta en la base de una fiscalidad europea.
Hacer los deberes
El Gobierno sostiene que “no tendría sentido” pedir dinero a Europa y no hacer “los propios deberes” dentro de España. Y eso significa “una profunda revisión de la fiscalidad” que trata de reducir los siete puntos sobre el PIB que separan a nuestro países de la media de la Unión Europea.
En los planes del Ejecutivo siguen la revisión del impuesto de sociedades para garantizar “una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”, una limitación de las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades y un incremento de dos puntos para los tipos impositivos del IRPF sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Como también impulsar la llamada fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente y el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones.
Sin olvidar un ambicioso programa de lucha contra el fraude fiscal con el que Hacienda cree que puede conseguir sustanciosos nuevos ingresos y que incluye una Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y una estrategia nacional contra el fraude fiscal. “Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales”, reza el pacto de la coalición PSOE-Unidas Podemos.
Ahora la prioridad del Gobierno es sacar adelante los Presupuestos de 2021. La ministra Montero avanzó tras el Consejo de Ministros que Sánchez va a buscar la complicidad de los presidentes autonómicos para que arropen el acuerdo europeo y tratar así de impulsar los Presupuestos de reconstrucción, que es como Moncloa ya llama al proyecto de cuentas para el año que viene. Y que tendrá un fuerte impacto en los presupuestos de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo se siente reforzado porque la condicionalidad de los fondos europeos de reconstrucción sea desde su punto de vista un reflejo de su propio programa de Gobierno, y quiere aprovechar esa circunstancia para impulsar los Presupuestos. “El proyecto europeo requiere de un vehículo presupuestario que lo haga realidad”, defendió la ministra de Hacienda. “No tendría ningún sentido llegar a ese acuerdo [en Bruselas[, con tantas dificultades, y que luego no fuésemos capaces de trasladarlo a los Presupuestos”. Un proyecto que el Gobierno presentará “en breve”, anunció, “y en el que queremos que se vea reflejado el conjunto del país”.
Unas cuentas que incorporarían, añadió Montero, “cantidades importantes para inyectar los recursos que la economía necesita en estos momentos” y por las que “no podemos esperar”, señaló cuando una periodista le preguntó por la incertidumbre de las elecciones catalanas. “Este no es un presupuesto más, es el presupuesto de la recuperación”, zanjó.
Sánchez e Iglesias seguirán adelante en materia fiscal y laboral tras el acuerdo europeo
La coalición cree que la condicionalidad de los fondos aprobados en Bruselas es un reflejo de sus prioridades en materia de transformación digita
www.infolibre.esNi blinda la reforma laboral de Rajoy ni obliga a rebajar las pensiones: qué dice la 'letra pequeña' del acuerdo europeo
Álvaro Sánchez Castrillo
ascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 22/07/2020 a las 06:00
Sánchez habla con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, durante el consejo europeo.
Efe
La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo.
El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.
La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.
Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"
Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.
En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”.
No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.
La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.
El freno de emergencia
Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.
Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.
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- Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas, recuerda que el Semestre Europeo ni blinda la reforma ni impone rebajas en las pensiones
- "Ni la condicionalidad ni el freno de emergencia impiden que el Gobierno pueda llevar a cabo esas modificaciones", sostiene, por su parte, el politólogo Ignacio Molina
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Álvaro Sánchez Castrillo
ascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 22/07/2020 a las 06:00
Sánchez habla con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, durante el consejo europeo.
Efe
La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo.
El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.
La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.
Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"
Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.
En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”.
No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.
La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.
El freno de emergencia
Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.
Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.
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