Españoles, el franquismo no ha muerto (aún)

20-N Casado: "Hay que olvidar la Historia"


El vicesecretario de Comunicación del PP se queja de quienes tachan a los conservadores de "fachas" e invita a "restañar las heridas" tras las elecciones catalanas





El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular Pablo Casado, durante la rueda de prensa ofrecida reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. | TAREK MOHAMED (EFE)

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madrid
20/11/2017 15:41 Actualizado: 20/11/2017 19:04
paula díaz

@_PaulaDiaz_
"Ya está bien. Estamos hartos. No vamos a tolerar que nos cuelguen sanbenitos quienes a lo mejor tienen que ocultar los suyos". Así de molesto se ha manifestado este lunes Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, que protestó de esa forma por los tuiteros -especialmente, los independentistas- que tildan a los conservadores de "fachas". "Hay que olvidar la Historia", espetó justo en el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco.

Pablo Casado defendió que ese pasado "nos ha afectado a todos negativamente" e instó "restañar heridas" una vez celebradas las próximas elecciones del 21 de diciembre en Catalunya. Es más, recordó y dijo sentirse orgulloso de los artífices de la Transición ("de unos y de otros", apostilló) e invitó dejar el "odio" a un lado para no "echar por tierra lo que construyeron nuestros padres y abuelos".

Sin embargo, tras arremeter contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por sus declaraciones "indecentes" en las que revelaba las presuntas amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy con llegar al extremo de "muertos en las calles" si los independentistas seguían adelante con sus planes, el portavoz popular lamentó también el tuit de Carles Puigdemont en que lamenta la existencia del Valle de los Caídos. "Que dejen de estar obsesionados. Hay que pasar página y no hablar de lo mala que era España hace 80 o 42 años", defendió en un intento por "reivindicar lo positivo".

"Yo creo que poco pueden decir tanto la señora Rovira como el señor Comín como el señor LLach. Deberían aludir poco a esa época oscura a la que no aludimos nadie más que para defendernos. Algunos nos podemos defender biológicamente, otros a lo mejor se tienen que defender en las redes sociales y sinceramente ya está bien", agregó Casado.

"Flaco favor se le hace a España poniendo un tuit cuando hoy se dirime la sede de la Agencia Europea del Medicamento -con Barcelona como candidato-. Hay que restañar heridas y no aludir a una época oscura", siguió Casado con su discurso. Ya el 22-D, dijo, "no hay que levantar muros, sino mirar a los catalanes como compatriotas",agregó. Y zanjó la cuestión: "Tienen que dejar de estar obsesionados con el pasado y mirar al futuro y, sobre todo, aquellos descendientes de algún gerifalte franquista. Que dejen de llamar facha a algunos que descendemos de sus represaliados", concluyó.

Del mismo modo, arremetió contra las jueventudes de las CUP —Arran— por su tuit 'celebrando' la muerte del fiscal general, José Manuel Maza. "Apoyamos la iniciativa del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que esas actitudes no queden impunes", constató Casado. "Las redes sociales no pueden ser un estercolero anónimo ni servir para comportamientos nauseabundos como apuntar con dianas a nuestro candidato. Tiene que tener una responsabilidad. No todo vale", opinó.

De otro lado, Casado restó importancia a las encuestas que ponen al PP a la cola de la representación parlamentaria en Catalunya y confió en que los electores sepan distinguir a quién ha tenido la "valentía" de aprobar el 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad y la convivencia" en la Comunidad. Es más, aunque agradeció el apoyo de Ciudadanos y PSOE a dicha iniciativa de Mariano Rajoy y apeló a la unión de las autodenominadas fuerzas "constitucionalistas", también tuvo dardos para ambos socios.

Contra los de Albert Rivera, al recordar que "un mes antes de la votación en el Senado" decían que aplicar el 155 era "matar moscas a cañonazos". También por amenazar con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 si no se cumple con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con la de los Mossos o la Ertaintza. "Algunos la reclaman ahora, pero no cuando llegamos a un acuerdo de investidura, sino a raíz de que nosotros la incluyéramos en una iniciativa parlamentaria", les dedicó.

Asimismo, el PP presentará mañana en el Congreso su propia Proposición No de Ley (PNL) para reforzar las competencias de la Alta Inspección del Estado y "evitar el adoctrinamiento en las aulas". Otra muestra más de su distanciamiento con los naranjas, que llevarán una proposición de ley (PL) con la misma finalidad para su votación en la Cámara baja, también mañana. Del mismo modo, Cs votará en contra del cupo vasco que el PP sí apoyará al considerarlo "constitucional".

En cuanto al PSC, Casado evitó confirmar abiertamente que en el PP no se fían de los socialistas catalanes. Pero sí recordó que el PSC fue "aliado" de los tripartitos anteriores y les instó a no contribuir a "disfrazar el soberanismo con alianzas". "Espero que no quieran reeditar los tripartitos de Maragall o Montilla que condujeron a empobrecimiento, crispación y a romper el eje soberanistas-constituiconalistas con el que CIU acabó radicalizando su discurso", le pidió tanto a Miquel Iceta como a Pedro Sánchez. "No caben oportunismos, sino responsabilidad", concluyó

Hay que olvidar la historia pero no el presente que es de donde vienen el PPSOE
Yo le diria al Sr Casado "Los pueblos que olvidan su historia estan condenados a repetirla".
 
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Fernández Pacheco en una foto reciente, cuando fue a declarar ante la Audiencia Nacional. EP.
Una juez declara prescrito el delito de torturas imputado al expolicía Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’

12 febrero, 2018

La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, ha archivado la querella presentada por Felisa Echegoyen Castanedo contra el policía jubilado Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, a quien acusaba por un delito de torturas por considerar que está prescrito, según el auto facilitado por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo.

Echegoyen Castanedo, miembro de la asociación La Comuna, presentó la querella criminal contra González Pacheco por un delito de torturas cometido en 1974, en un contexto de crímenes contra la humanidad.


El criterio del Fiscal también era favorable a la prescripción.

En el auto, la jueza Sánchez Hernandez señala que no puede considerarse un delito de lesa humanidad “al faltar el requisito de tratarse de un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población, por lo que procede declarar prescrito el delito que se persigue y extinguida la responsabilidad criminal”.

Sin embargo, según la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) contra crímenes del franquismo, ‘Billy El Niño’ era un miembro destacado de la Brigada Político Social “que sometió de forma sistemática y generalizada a torturas a cientos de personas por el simple hecho de ejercer oposición política al régimen dictatorial”.

“Dicho extremo, en sí mismo, constituye delito de lesa humanidad, tal y como se establece en pactos y convenios internacionales y es expresamente reconocido por diferentes Tribunales nacionales e internacionales”, ha señalado la coordinadora, que ve “sorprendente y totalmente rechazable” que la jueza “niegue la mayor, esto es, la represión que durante la dictadura franquista sufrieron, de forma organizada, planificada, generalizada y sistemática, todas aquellas personas que se oponían al régimen dictatorial, entre las que se encontraba la querellante”.

En este sentido, han recordado que la querella criminal fue acompañada de un informe pericial, firmado por cuatro expertos en Historia, de diferentes Universidades españolas “por medio del cual quedaba totalmente acreditado el elemento de contexto de organizado y sistemático contra un grupo de población civil”.

De igual forma, acompañaron a la querella criminal un informe pericial, conforme a Protocolo de Estambul, elaborado por un equipo multidisciplinar, por medio del que se acreditaba la veracidad de los hechos objeto de denuncia (torturas infligidas por Antonio González Pacheco a doña Felisa Echegoyen).


Ceaqua ha criticado que en el auto “no se hace ni la más mínima mención a los dos informes periciales anteriormente citados”. “La resolución judicial dictada es sumamente grave, pues por parte de una juez española se niega que la represión ejercida por la dictadura franquista fuera constitutiva de crímenes contra la humanidad, ignorando los principios más básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Penal Internacional e incluso de nuestra norma constitucional”, han señalado.

Por todo ello, consideran que la magistrada, como operador jurídico y agente del Estado, “incumple con las obligaciones internacionales contraídas en este ámbito, dejando en la más absoluta indefensión y desamparo a una víctima de graves violaciones punibles de derechos humanos”.

Por tanto, la Coordinadora recurrirá el auto, “agotando las instancias que sean necesarias, incluidas las internacionales, pues la situación de impunidad mantenida en relación con los graves crímenes cometidos por la dictadura franquista no es compatible con un Estado democrático”.

“Continuaremos con la presentación de querellas, con la tramitación de las ya presentadas y con nuestro trabajo, que no es otro que el conseguir el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos humanos que asisten a la víctimas de la dictadura franquista: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, han añadido en un comunicado. EP.

https://confilegal.com/20180212-una...antonio-gonzalez-pacheco-alias-billy-el-nino/

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Las excusas de la derecha para no juzgar al franquismo​

Desde el Partido Popular, Vox o Cs apelan constantemente a los "consensos de la Transición" para justificar que no se juzguen los crímenes de la dictadura y se muestran inmovilistas ante cualquier avance relacionado con la memoria histórica.​


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MADRID

19/11/2021 21:35
MIGUEL MUÑOZ@MIGUELMUNOZORT

La reforma anunciada por PSOE y Podemos para enmendar la Ley de Memoria y que se puedan juzgar los crímenes franquistas ha vuelto a poner encima de la mesa la memoria histórica. El anuncio llegó en la semana previa al 20 de noviembre, día de la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar de las dudas sobre la efectividad real de las enmiendas, el anuncio ha servido para volver a mostrar la posición inmovilista de los partidos políticos de la derecha. Y escuchar de nuevo algunas de las excusas más utilizadas durante décadas por el PP, a las que ahora se suman también en Ciudadanos y, obviamente, en Vox.

Muy recordadas son las palabras del presidente nacional del PP, Pablo Casado, pronunciadas en 2009 durante un Congreso regional madrileño. "No puede estar de moda ser de izquierdas, son unos carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién...", dijo entonces. Años más tarde llegó incluso a pedir perdón por esas expresiones y su tono se ha ido modulando dependiendo del momento.

En su último gran discurso, durante la Convención Nacional celebrada en Valencia, Casado habló de "un Gobierno anaftalinado que solo sabe mirar hacia atrás". En ese sentido criticó las leyes de Memoria Histórica impulsadas por Pedro Sánchez. De ellas dijo que sirven solo para "desenterrar rencores", "abrir las cicatrices, enfrentarnos y solo para sacar un rédito electoral que es inmoral".


Esas afirmaciones y la apelación a la Transición son una constante en el PP. Lo puso de manifiesto también esta misma semana el vicesecretario de Comunicación popular, Pablo Montesinos, que aseguró que "los españoles no daban crédito a que el Gobierno estuviera a dinamitar los acuerdos de la Transición con sus socios radicales en lugar de a los problemas del día a día". En el PP apelan a que el PSOE "suele sacar el comodín de Franco" cuando "hay muchos problemas en España" como sucede en este momento. "¿Qué estará pensando Felipe González?", dijo respecto a la importancia de los "consensos" de la Transición.

En la misma línea discursiva se mostró este viernes el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez-Almeida. "Cualquier español medio pensará que es acojonante que con la situación de España, el Gobierno esté con la ley de Amnistía", dijo en declaraciones a los medios. Según insisten en el PP, el Ejecutivo de Sánchez "pretende distraer" las movilizaciones sociales que se están produciendo, como en Cádiz, "hablando de Franco y de la Ley de Aministía".

Han sido numerosas las veces que los populares han evitado condenar al franquismo en las instituciones

Desde el PP apuestan por su "Ley de Concordia" frente a las reformas impulsadas en la izquierda. En su discurso, suelen añadir siempre la coletilla "a todas las dictaduras" en su condena, mencionando a Pinochet, Cuba o Venezuela, como hizo este verano el portavoz en el Senado Javier Maroto. Otra táctica habitual es intentar en sus declaraciones y proposiciones equiparar nazismo y comunismo. La realidad es que han sido numerosas las veces que los populares han evitado condenar al franquismo en las instituciones. La última, en 2018. Desde el año 2002, donde se condenó por unanimidad en el Senado la dictadura, el PP no ha vuelto a posicionarse en el Congreso de esa manera.

Cs se alinea con los populares​

Por su parte, en Ciudadanos las posiciones son similares a las del PP. Esta misma semana se ha visibilizado. La presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, respondía de esta manera a los medios sobre el posicionamiento de su formación. "Sánchez es capaz de reventar la Transición española con tal de mantenerse en Moncloa. Mi generación no puede permitir que dinamite el trabajo de nuestros padres y abuelos", dijo este viernes. Para la líder de Cs, el Gobierno hace "revisionismo" y un "atentado contra la Transición". "Nos va a encontrar enfrente", apuntó.

El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ya había adelantado esta semana la posición de su partido y el rechazo "a dos manos" de la nueva reforma por la enmienda concreta de los juicios. Para su partido, esta iniciativa "enmienda la Transición", a la que se refirió como "el periodo más brillante que ha tenido la historia de España". "Fue un caso de éxito, el paso de una dictadura a la democracia, es un caso de éxito que PSOE y Unidas Podemos quieren que se olvide", dijo.

En el partido ultraderechista Vox mantienen una línea parecida. Desde las filas de los de Abascal han señalado esta semana que el objetivo del Gobierno es "deslegitimar la Transición", "acabar con la concordia entre los españoles", "derrocar a Felipe VI" y "derribar la cruz del Valle de los Caídos". "Ningún Parlamento ni ningún Gobierno tiene derecho a decir de forma coactiva o totalitaria lo que es verdad o lo que es mentira", dijo este verano el portavoz del partido, Jorge Buxadé, en referencia a la ley de Memoria. Además, anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional.

Estos días, en torno a esta reforma, ha vuelto a resonar el nombre de Rodolfo Martín Villa. El exministro de la Gobernación en la Transición tiene abierta una causa judicial en Argentina, donde recurrieron los colectivos de víctimas por la imposibilidad del procesamiento en España.

 

Para acabar con la impunidad del franquismo sólo hay que cumplir con la legalidad internacional​

Enrique Santiago destaca, como José Antonio Martín Pallín o Joan Garcés, que el genocidio, la tortura y los crímenes de lesa humanidad y de guerra “son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía”.

Por
Javier Lezaola.

19 de noviembre de 2021 23:00


El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas recomendó el pasado 30 de
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El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas recomendó el pasado 30 de septiembre a España que aprobara “lo antes posible” el proyecto de Ley de Memoria Democrática, pues la norma representaría “un avance para garantizar los derechos de las víctimas” del golpe de Estado franquista de 1936 y del propio franquismo. Sólo “un avance”, pues el Comité advirtió de que el proyecto de ley no permitía “el pleno cumplimiento de los derechos y obligaciones previstos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, al no incluir ni “la indemnización como forma de reparación” ni “las medidas para eliminar los obstáculos legales que impiden la investigación penal de las desapariciones forzadas iniciadas en el pasado, como la Ley de Amnistía de 1977”.

Efectivamente, el proyecto de Ley de Memoria Democrática –ya aprobado por el Gobierno y actualmente en tramitación en el Congreso– no incluye la derogación de ningún apartado de la Ley de Amnistía de 1977, que constituyó uno de los pilares de la Transición del franquismo al régimen del 78, pues garantizó la impunidad de los criminales franquistas y evitó la justicia para sus víctimas, al establecer los apartados e) y f) de su artículo 2 que “en todo caso están comprendidos en la amnistía” tanto “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley” como “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

Antes de cargar por enésima vez contra la Ley de Amnistía de 1977 –una norma sin ningún parangón en el mundo– el pasado 30 de septiembre, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ya había recomendado a España garantizar “que todas las desapariciones forzadas que pudiesen haberse iniciado en el pasado y no hubiesen cesado sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” o asegurar “que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral” y “que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.

La judicatura española viene esgrimiendo esa Ley de Amnistía de 1977 para justificar la impunidad de los crímenes del franquismo, pero en realidad para que esos crímenes de lesa humanidad sean juzgados ni siquiera hace falta derogar esa norma, basta con cumplir con la legalidad internacional. Así lo considera por ejemplo el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que siempre ha criticado que la interpretación que viene haciéndose de la Ley de Amnistía de 1977 “se resiste a someterse a los designios e imperativos de la legislación internacional” y ha recordado que, unos meses antes de aprobar esa norma, España suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que prohíbe los mecanismos de autoamnistía, como es el caso del que establecen los apartados e) y f) del artículo 2 de la Ley de Amnistía. Por eso Martín Pallín ha llegado a calificar la Transición de “jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito del derecho internacional” y el mantenimiento de la Ley de Amnistía de “inconstitucional”.

“Derribar el muro de la impunidad”​

En la misma línea, el abogado Enrique Santiago –secretario general del PCE, diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de coalición– ha destacado este viernes a LUH que “el Derecho Internacional establece que los graves crímenes contra la comunidad internacional –genocidio, tortura, de lesa humanidad y de guerra– no pueden quedar en la impunidad”, pues “son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía”. No obstante, ha destacado que no es al legislador sino a los jueces a quienes corresponde –por la vía de la aplicación de la ley internacional o por la vía de la declaración de nulidad– “tomar las medidas para derribar el muro de la impunidad”.

Para facilitar a los jueces esa tarea, PSOE y Unidas Podemos han introducido en el proyecto de Ley de Memoria Democrática una enmienda que establece expresamente que “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. “Creemos que la aprobación de esa enmienda es la vía más clara para conseguir superar esos supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo”, ha explicado Santiago.

En cualquier caso, es evidente que la cuestión no es jurídica sino política, y es que para el diputado de Unidas Podemos sólo la “oscilación mayoritaria” de la judicatura española hacia la “derecha posfranquista” permite explicar que España sea el único Estado de occidente “donde se ha permitido la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por la dictadura”.
En la misma línea que Martín Pallín y que Santiago se ha expresado siempre el abogado y politólogo Joan Garcés, que ha insistido en que durante el franquismo “se cometieron crímenes que estaban penados y no se penaban, tales como la represión sistemática generalizada, detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y violaciones” y que la Ley de Amnistía de 1977 “no es obstáculo para que se investiguen esos crímenes”, pues “ni los delitos de naturaleza genocida ni los crímenes contra la humanidad” pueden verse afectados por esa norma.


Exacto. He visto como cacarean en todos los canales de TV y radio la famosa Ley de Amnistía para no juzgar los crímenes del franquismo, pero esa ley está por debajo de la legislación internacional, porque la ley de rango inferior no puede contradecir a la ley de rango superior, en éste caso que nos ocupa el derecho internacional, es decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y ni están amparados por la ley de amnistía.

Quizás sea otra estrategia del PE de pedrin sanchez para demostrar a la izquierda que hace algo pero que no puede hacer mas, es decir, otro teatro del malo.

Hace falta tener bemoles pero el partido de pedrin sanchez no los tiene, y quiere solaparse en la ley de amnistía, que no sirve para los crímenes de lesa humanidad.

Salvando las distancias es como aplicar al ex jefe del Estado la inviolabilidad total para librarle de delitos de su vida privada cuando esa inviolabilidad es sólo para sus funciones de rey, no para lo que haga en su vida privada.

Pues eso, que la ley de amnistía no incluye los crímenes contra el colectivo de los rojos, de los republicanos, porque son de lesa humanidad, pero la famosa ley de amnistía nos la quieren colar para todo. ¡Democracia plena lo llaman!
 

Para acabar con la impunidad del franquismo sólo hay que cumplir con la legalidad internacional​

Enrique Santiago destaca, como José Antonio Martín Pallín o Joan Garcés, que el genocidio, la tortura y los crímenes de lesa humanidad y de guerra “son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía”.

Por
Javier Lezaola.

19 de noviembre de 2021 23:00


El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas recomendó el pasado 30 de
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El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas recomendó el pasado 30 de septiembre a España que aprobara “lo antes posible” el proyecto de Ley de Memoria Democrática, pues la norma representaría “un avance para garantizar los derechos de las víctimas” del golpe de Estado franquista de 1936 y del propio franquismo. Sólo “un avance”, pues el Comité advirtió de que el proyecto de ley no permitía “el pleno cumplimiento de los derechos y obligaciones previstos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, al no incluir ni “la indemnización como forma de reparación” ni “las medidas para eliminar los obstáculos legales que impiden la investigación penal de las desapariciones forzadas iniciadas en el pasado, como la Ley de Amnistía de 1977”.

Efectivamente, el proyecto de Ley de Memoria Democrática –ya aprobado por el Gobierno y actualmente en tramitación en el Congreso– no incluye la derogación de ningún apartado de la Ley de Amnistía de 1977, que constituyó uno de los pilares de la Transición del franquismo al régimen del 78, pues garantizó la impunidad de los criminales franquistas y evitó la justicia para sus víctimas, al establecer los apartados e) y f) de su artículo 2 que “en todo caso están comprendidos en la amnistía” tanto “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley” como “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

Antes de cargar por enésima vez contra la Ley de Amnistía de 1977 –una norma sin ningún parangón en el mundo– el pasado 30 de septiembre, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ya había recomendado a España garantizar “que todas las desapariciones forzadas que pudiesen haberse iniciado en el pasado y no hubiesen cesado sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” o asegurar “que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral” y “que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.

La judicatura española viene esgrimiendo esa Ley de Amnistía de 1977 para justificar la impunidad de los crímenes del franquismo, pero en realidad para que esos crímenes de lesa humanidad sean juzgados ni siquiera hace falta derogar esa norma, basta con cumplir con la legalidad internacional. Así lo considera por ejemplo el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que siempre ha criticado que la interpretación que viene haciéndose de la Ley de Amnistía de 1977 “se resiste a someterse a los designios e imperativos de la legislación internacional” y ha recordado que, unos meses antes de aprobar esa norma, España suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que prohíbe los mecanismos de autoamnistía, como es el caso del que establecen los apartados e) y f) del artículo 2 de la Ley de Amnistía. Por eso Martín Pallín ha llegado a calificar la Transición de “jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito del derecho internacional” y el mantenimiento de la Ley de Amnistía de “inconstitucional”.

“Derribar el muro de la impunidad”​

En la misma línea, el abogado Enrique Santiago –secretario general del PCE, diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de coalición– ha destacado este viernes a LUH que “el Derecho Internacional establece que los graves crímenes contra la comunidad internacional –genocidio, tortura, de lesa humanidad y de guerra– no pueden quedar en la impunidad”, pues “son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía”. No obstante, ha destacado que no es al legislador sino a los jueces a quienes corresponde –por la vía de la aplicación de la ley internacional o por la vía de la declaración de nulidad– “tomar las medidas para derribar el muro de la impunidad”.

Para facilitar a los jueces esa tarea, PSOE y Unidas Podemos han introducido en el proyecto de Ley de Memoria Democrática una enmienda que establece expresamente que “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. “Creemos que la aprobación de esa enmienda es la vía más clara para conseguir superar esos supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo”, ha explicado Santiago.

En cualquier caso, es evidente que la cuestión no es jurídica sino política, y es que para el diputado de Unidas Podemos sólo la “oscilación mayoritaria” de la judicatura española hacia la “derecha posfranquista” permite explicar que España sea el único Estado de occidente “donde se ha permitido la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por la dictadura”.
En la misma línea que Martín Pallín y que Santiago se ha expresado siempre el abogado y politólogo Joan Garcés, que ha insistido en que durante el franquismo “se cometieron crímenes que estaban penados y no se penaban, tales como la represión sistemática generalizada, detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y violaciones” y que la Ley de Amnistía de 1977 “no es obstáculo para que se investiguen esos crímenes”, pues “ni los delitos de naturaleza genocida ni los crímenes contra la humanidad” pueden verse afectados por esa norma.


Exacto. He visto como cacarean en todos los canales de TV y radio la famosa Ley de Amnistía para no juzgar los crímenes del franquismo, pero esa ley está por debajo de la legislación internacional, porque la ley de rango inferior no puede contradecir a la ley de rango superior, en éste caso que nos ocupa el derecho internacional, es decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y ni están amparados por la ley de amnistía.

Quizás sea otra estrategia del PE de pedrin sanchez para demostrar a la izquierda que hace algo pero que no puede hacer mas, es decir, otro teatro del malo.

Hace falta tener bemoles pero el partido de pedrin sanchez no los tiene, y quiere solaparse en la ley de amnistía, que no sirve para los crímenes de lesa humanidad.

Salvando las distancias es como aplicar al ex jefe del Estado la inviolabilidad total para librarle de delitos de su vida privada cuando esa inviolabilidad es sólo para sus funciones de rey, no para lo que haga en su vida privada.

Pues eso, que la ley de amnistía no incluye los crímenes contra el colectivo de los rojos, de los republicanos, porque son de lesa humanidad, pero la famosa ley de amnistía nos la quieren colar para todo. ¡Democracia plena lo llaman!
La Ley que regula Los crimenes de Lessa humanidad se hizo con posterioridad al franquismo y a la Ley de Amnistia. Fue en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por España en 1998.

Una ley nunca puede tener caracter retroactivo.

PRINCIPIO DE IRRRTROACTIVIDAD DEL DERECHO PENAL
 
  • Delitos de lesa humanidad




El concepto proviene del término "leso", que significa agraviado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos fundamentales que, por su crueldad, suponen un agravio no sólo a las víctimas concretas sino a la Humanidad en su conjunto. Integran este delito un abanico de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil o de no combatientes, con independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor.


Introducción
El término o concepto de "crimen de lesa humanidad" o "crimen contra la humanidad" tuvo sus primeras formulaciones en el Derecho Internacional consuetudinario que fue perfilándose a finales del siglo XIX y tras la I Guerra Mundial, pero no se puso formalmente de manifiesto hasta la Carta del Tribunal Militar Internacional firmada en Londres el 8 de agosto de 1945 y adoptada por las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial para perseguir y juzgar a los principales criminales de guerra dando lugar al Juicio de Nüremberg contra los jefes del ejército alemán capturados tras el fin de la guerra.



El derecho penal internacional fue construyendo y consolidando una serie de conductas criminales que, de forma universal, se consideraban de extrema gravedad e injusticia, al atacar bienes jurídicos fundamentales de los seres humanos como miembros de la comunidad internacional y de la humanidad.

Se trata de una serie de conductas clasificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio 1998, ratificado por España en el año 2002, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional define el concepto jurídico "Crímenes de lesa humanidad", como "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostit*ción forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física."

Los crímenes de lesa humanidad fueron incorporados a nuestro Código Penal por LO 15/2003 sobre la base del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 referido, produciéndose así un fenómeno jurídico propio de estos tiempos que es la internacionalización de normas del Derecho Penal.


Pinochet (1973-1990), Juicios de Núremberg (1946), y también se debe aplicar a la dictadura franquista (1936-1975) entran dentro de la Carta del Tribunal Militar Internacional firmada en Londres el 8 de agosto de 1945
 
  • Delitos de lesa humanidad




El concepto proviene del término "leso", que significa agraviado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos fundamentales que, por su crueldad, suponen un agravio no sólo a las víctimas concretas sino a la Humanidad en su conjunto. Integran este delito un abanico de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil o de no combatientes, con independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor.


Introducción
El término o concepto de "crimen de lesa humanidad" o "crimen contra la humanidad" tuvo sus primeras formulaciones en el Derecho Internacional consuetudinario que fue perfilándose a finales del siglo XIX y tras la I Guerra Mundial, pero no se puso formalmente de manifiesto hasta la Carta del Tribunal Militar Internacional firmada en Londres el 8 de agosto de 1945 y adoptada por las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial para perseguir y juzgar a los principales criminales de guerra dando lugar al Juicio de Nüremberg contra los jefes del ejército alemán capturados tras el fin de la guerra.



El derecho penal internacional fue construyendo y consolidando una serie de conductas criminales que, de forma universal, se consideraban de extrema gravedad e injusticia, al atacar bienes jurídicos fundamentales de los seres humanos como miembros de la comunidad internacional y de la humanidad.

Se trata de una serie de conductas clasificadas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio 1998, ratificado por España en el año 2002, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional define el concepto jurídico "Crímenes de lesa humanidad", como "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostit*ción forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física."

Los crímenes de lesa humanidad fueron incorporados a nuestro Código Penal por LO 15/2003 sobre la base del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 referido, produciéndose así un fenómeno jurídico propio de estos tiempos que es la internacionalización de normas del Derecho Penal.


Pinochet (1973-1990), Juicios de Núremberg (1946), y también se debe aplicar a la dictadura franquista (1936-1975) entran dentro de la Carta del Tribunal Militar Internacional firmada en Londres el 8 de agosto de 1945
La Carta de Londres se firmo solo por EEUU, Reino Unido, Francia y la Union Sovietica, para enjuiciar los crimenes de la segunda Guerra Mundial en los conocidos como Juicios de Nuremberg. No tienen ninguna aplicación fuera del ambito para el que fueron dictadas, es decir, para dichos juicios.

 
En cuanto a su contenido material, la Carta de Londres estableció que el Tribunal sería competente para conocer de los crímenes de guerra, contra la humanidad y contra la paz.

Pese a que las reglas contenidas en su parte sustancial estaban previstas inicialmente sólo para los procesos contra los líderes de la Alemania nazi, fueron aplicadas en el enjuiciamiento de crímenes internacionales en Asia, en el ex Yugoslavia y en Ruanda. La Carta sirvió también como base para la creación del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional el año 1998.

La "madre", el origen del contenido legislativo posterior en lo referente a delitos y crímenes de guerra fue LA CARTA DE LONDRES. Fue su arranque contra la Alemania nazi, pero sirvió de base para todos los demás y se puede aplicar al franquismo SI SE QUIERE. Otra cosa es que el actual gobierno, mejor dicho la parte del gobierno de Pedro Sanchez quiera. Ya le conocemos que le gusta trolear para que se vea que quiere hacer algo y luego no tiene ganas de hacer nada.
 
Pero....¿ cómo vá a morir el franquismo, si la izquierda lo resucita, lo desentierra, lo airea en helicóptero una y otra vez....????

¡Pero si es que si Franco no hubiese existido, se lo inventarían !!!!!!

¿¿Acaso tienen otro medio de vida que no sea Franco???? Es su gallina de los huevos de oro....y aún intentan exprimir sus huesos podridos y enterrados el siglo pasado!!!!

Pero...no os dá vergüenza ????
 
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