El PP defiende a Pablo Casado: "No hay nada que temer; su caso no es el mismo que el C.Cifuentes
- AutorIDOLO
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Un escrito para tapar la corrupción
El escrito de la Fiscalía del Supremo está destinado a tapar un caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez
Javier Pérez Royo
23 comentarios
23/09/2018 - 21:15h
Pablo Casado EFE
La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dirigió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de continuar la instrucción sobre el Máster de Derecho Público Autonómico impartido en el Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde, en la Universidad Rey Juan Carlos, al tener que extender su investigación a D. Pablo Casado, cuya conducta solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo por tener la condición de diputado.
La exposición razonada es un texto de 54 páginas, en el que la magistrada-juez hace un trabajo de orfebrería jurídica, a fin de que el Tribunal Supremo disponga de la información necesaria para poder formarse una opinión y poder actuar en consecuencia. En el escrito se delimita con precisión el problema, que es el siguiente: se ha detectado que en el Máster de Derecho Público Autonómico en el curso académico 2008-2009 hubo dos clases de alumnos matriculados.
La mayoría, que acudieron a clase, no les convalidaron ninguna asignatura, presentaron trabajos de los que guardan documentación acreditativa e hicieron exámenes. Se incluye la identificación de los 11 alumnos mediante las iniciales de sus nombres y apellidos. Hubo cuatro alumnos, por el contrario, que ni asistieron a clase, les convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no conservan documentación acreditativa de ningún tipo de haber presentado trabajos para aprobar las asignaturas que no les habían sido convalidadas, ni de haberse examinado de ellas. Se incluye la identificación de la misma manera.
Se da la circunstancia de que estos cuatro alumnos se diferencian de los demás por su actividad política en el PP.
La magistrada desarrolla pacientemente la investigación de esa desigualdad entre unos alumnos y otros y tras estudiar toda la documentación relativa a la regulación del Máster, sus características y reconocimiento de créditos, tras entrevistarse con todos los alumnos, llega a la conclusión de que hay hechos indiciariamente típicos de dos delitos, que en su opinión son los de cohecho impropio y prevaricación. A continuación, relaciona los indicios del actuar delictivo de tres de los cuatro alumnos que recibieron un trato distinto de los demás. Lo hace porque estos alumnos no están aforados.
La investigación de todos estos extremos ocupa 46 de las 54 páginas de la exposición razonada. En la página 47, la magistrada-juez relaciona los hechos e indicios de actuar delictivo en relación con la persona aforada, Pablo Casado. Se dirige al Tribunal Supremo cuando ya ha concluido la investigación y cuenta con el testimonio de los tres alumnos que recibieron un trato distinto al de sus compañeros, en el que confiesan de manera inequívoca la imposibilidad de encontrar justificación jurídica alguna al trato recibido.
Pablo Casado, entiende la magistrada-juez, se encuentra en una situación idéntica a la que se encuentran los otros tres alumnos no aforados. Justamente por eso, se dirige al Tribunal Supremo sugiriendo la práctica de determinadas diligencias, que ella considera imprescindibles y que no ha podido acordar por tratarse de persona aforada. Pablo Casado no aparece en las primeras 46 páginas de la exposición razonada porque está aforado, pero su conducta en cuanto alumno del Máster no se diferencia en lo más mínimo de la conducta de los tres alumnos no aforados. En consecuencia, todo lo que se dice en esas 46 páginas vale presuntamente también para Pablo Casado. Es lo que el Tribunal Supremo tiene que verificar, ya que la magistrada-juez no puede hacerlo.
El Tribunal Supremo, como es debido, ha dado traslado de la exposición al Ministerio Fiscal, a fin de que emita su parecer sobre la misma. El fiscal Luis Navajas emitió su opinión el 21 de septiembre en un escrito extraordinariamente breve, en el que desautoriza la exposición razonada e interesa el ARCHIVO de las actuaciones.
Lo primero que sorprende del escrito del Ministerio Fiscal es que empieza la lectura de la exposición razonada por las páginas 48 y 49, haciendo desaparecer la fundamentación jurídica que pacientemente la magistrada ha construido durante su investigación. En consecuencia, los hechos e indicios de conducta delictiva que se han acreditado por la juez quedan reducidos a “mera sospecha o conjetura” carente de todo valor indiciario.
Sorprende, en segundo lugar, que en ningún momento el Ministerio Fiscal intenta rebatir que la conducta de Pablo Casado sea la misma que la de los tres alumnos no aforados y sin poner en cuestión los hechos e indicios enumerados en la exposición razonada, que son los mismos para los cuatro.
El escrito del Ministerio Fiscal es de una desfachatez inaudita. Desconoce el trabajo de investigación de la magistrada-juez y cuando cita alguna parte del mismo, como la relativa a la convalidación de asignaturas, lo hace para hacerle decir a la exposición razonada lo contrario de lo que dice. Pues la magistrada-juez dice, efectivamente, que la convalidación de asignaturas es legítima, pero añade que esa posibilidad únicamente le fue ofrecida a cuatro alumnos y no a los demás que tenían su misma titulación. El Ministerio Fiscal se queda con que las convalidaciones son legítimas, para llegar a la conclusión de que, puesto que son legítimas, no hay nada que investigar en la conducta de Pablo Casado.
El escrito está destinado a tapar un caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez. Podría ser un indicador claro de cómo la corrupción está penetrando en nuestro sistema de administración de justicia y de cómo el aforamiento es un instituto que posibilita que esa corrupción queda impune.
Esta es la razón última por la que no se va a aprobar la reforma constitucional sobre los aforamientos. Al PP no le interesa que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pierda esa facultad. Se disfrazará el rechazo de la forma que sea, pero la razón de verdad es esa. La Sala Segunda es nuestra y el aforamiento es, para nosotros, una institución de valor incalculable.
https://www.eldiario.es/zonacritica/escrito-tapar-corrupcion_6_817578242.html
El escrito de la Fiscalía del Supremo está destinado a tapar un caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez
Javier Pérez Royo
23 comentarios
23/09/2018 - 21:15h
Pablo Casado EFE
La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dirigió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de continuar la instrucción sobre el Máster de Derecho Público Autonómico impartido en el Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde, en la Universidad Rey Juan Carlos, al tener que extender su investigación a D. Pablo Casado, cuya conducta solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo por tener la condición de diputado.
La exposición razonada es un texto de 54 páginas, en el que la magistrada-juez hace un trabajo de orfebrería jurídica, a fin de que el Tribunal Supremo disponga de la información necesaria para poder formarse una opinión y poder actuar en consecuencia. En el escrito se delimita con precisión el problema, que es el siguiente: se ha detectado que en el Máster de Derecho Público Autonómico en el curso académico 2008-2009 hubo dos clases de alumnos matriculados.
La mayoría, que acudieron a clase, no les convalidaron ninguna asignatura, presentaron trabajos de los que guardan documentación acreditativa e hicieron exámenes. Se incluye la identificación de los 11 alumnos mediante las iniciales de sus nombres y apellidos. Hubo cuatro alumnos, por el contrario, que ni asistieron a clase, les convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no conservan documentación acreditativa de ningún tipo de haber presentado trabajos para aprobar las asignaturas que no les habían sido convalidadas, ni de haberse examinado de ellas. Se incluye la identificación de la misma manera.
Se da la circunstancia de que estos cuatro alumnos se diferencian de los demás por su actividad política en el PP.
La magistrada desarrolla pacientemente la investigación de esa desigualdad entre unos alumnos y otros y tras estudiar toda la documentación relativa a la regulación del Máster, sus características y reconocimiento de créditos, tras entrevistarse con todos los alumnos, llega a la conclusión de que hay hechos indiciariamente típicos de dos delitos, que en su opinión son los de cohecho impropio y prevaricación. A continuación, relaciona los indicios del actuar delictivo de tres de los cuatro alumnos que recibieron un trato distinto de los demás. Lo hace porque estos alumnos no están aforados.
La investigación de todos estos extremos ocupa 46 de las 54 páginas de la exposición razonada. En la página 47, la magistrada-juez relaciona los hechos e indicios de actuar delictivo en relación con la persona aforada, Pablo Casado. Se dirige al Tribunal Supremo cuando ya ha concluido la investigación y cuenta con el testimonio de los tres alumnos que recibieron un trato distinto al de sus compañeros, en el que confiesan de manera inequívoca la imposibilidad de encontrar justificación jurídica alguna al trato recibido.
Pablo Casado, entiende la magistrada-juez, se encuentra en una situación idéntica a la que se encuentran los otros tres alumnos no aforados. Justamente por eso, se dirige al Tribunal Supremo sugiriendo la práctica de determinadas diligencias, que ella considera imprescindibles y que no ha podido acordar por tratarse de persona aforada. Pablo Casado no aparece en las primeras 46 páginas de la exposición razonada porque está aforado, pero su conducta en cuanto alumno del Máster no se diferencia en lo más mínimo de la conducta de los tres alumnos no aforados. En consecuencia, todo lo que se dice en esas 46 páginas vale presuntamente también para Pablo Casado. Es lo que el Tribunal Supremo tiene que verificar, ya que la magistrada-juez no puede hacerlo.
El Tribunal Supremo, como es debido, ha dado traslado de la exposición al Ministerio Fiscal, a fin de que emita su parecer sobre la misma. El fiscal Luis Navajas emitió su opinión el 21 de septiembre en un escrito extraordinariamente breve, en el que desautoriza la exposición razonada e interesa el ARCHIVO de las actuaciones.
Lo primero que sorprende del escrito del Ministerio Fiscal es que empieza la lectura de la exposición razonada por las páginas 48 y 49, haciendo desaparecer la fundamentación jurídica que pacientemente la magistrada ha construido durante su investigación. En consecuencia, los hechos e indicios de conducta delictiva que se han acreditado por la juez quedan reducidos a “mera sospecha o conjetura” carente de todo valor indiciario.
Sorprende, en segundo lugar, que en ningún momento el Ministerio Fiscal intenta rebatir que la conducta de Pablo Casado sea la misma que la de los tres alumnos no aforados y sin poner en cuestión los hechos e indicios enumerados en la exposición razonada, que son los mismos para los cuatro.
El escrito del Ministerio Fiscal es de una desfachatez inaudita. Desconoce el trabajo de investigación de la magistrada-juez y cuando cita alguna parte del mismo, como la relativa a la convalidación de asignaturas, lo hace para hacerle decir a la exposición razonada lo contrario de lo que dice. Pues la magistrada-juez dice, efectivamente, que la convalidación de asignaturas es legítima, pero añade que esa posibilidad únicamente le fue ofrecida a cuatro alumnos y no a los demás que tenían su misma titulación. El Ministerio Fiscal se queda con que las convalidaciones son legítimas, para llegar a la conclusión de que, puesto que son legítimas, no hay nada que investigar en la conducta de Pablo Casado.
El escrito está destinado a tapar un caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez. Podría ser un indicador claro de cómo la corrupción está penetrando en nuestro sistema de administración de justicia y de cómo el aforamiento es un instituto que posibilita que esa corrupción queda impune.
Esta es la razón última por la que no se va a aprobar la reforma constitucional sobre los aforamientos. Al PP no le interesa que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pierda esa facultad. Se disfrazará el rechazo de la forma que sea, pero la razón de verdad es esa. La Sala Segunda es nuestra y el aforamiento es, para nosotros, una institución de valor incalculable.
https://www.eldiario.es/zonacritica/escrito-tapar-corrupcion_6_817578242.html
Fiscales a todo ritmo
Si el Supremo archiva la petición contra Pablo Casado estará admitiendo que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor
Los fiscales le han metido ritmo a la cosa; es hora de salir a bailar
Antón Losada
23/09/2018 - 20:44h
Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo EFE
Puede que haya habido cohecho impropio pero ha prescrito y no se aportan evidencias suficientes sobre su cooperación necesaria en un delito de prevaricación como para levantar el aforamiento a Pablo Casado, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal Supremo. O sea, puede que a Casado le regalaran el título pero solo hay sospechas y conjeturas de que fuera con su cooperación y con eso no basta para desaforarle. Que el Partido Popular celebre semejante conclusión del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como una victoria solo indica que su moral ha caído tanto que, en materia de tribunales, les vale cuanto no sea una derrota por goleada.
Que al teniente fiscal le parezca verosímil que a alguien puedan regalarle un título universitario sin su cooperación necesaria para sacar adelante la compleja farsa que requiere la apariencia de su tramitación entra directamente en el terreno de la imaginación y la fantasía; especialmente cuando hasta tres imputadas ya han reconocido ante su señoría que, efectivamente, les regalaban el titulo, lo sabían y se les indicaba cómo cooperar para obtenerlo.
El problema ahora lo tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Debe elegir entre desautorizar al teniente fiscal Navajas o desautorizar a la jueza Rodríguez Medel quien, en un sagaz movimiento defensivo, se ha apresurado a pedir al Ministerio Fiscal su criterio sobre las alumnas del máster ya imputadas, si el cohecho también ha prescrito y nada sustancia la concurrencia de cooperación para la prevaricación. Habrá que leer con interés el escrito de la Fiscalía. Si mantiene su criterio no le quedará más remedio que contradecir al teniente fiscal y seguir respaldado a la juez. Si, con las mismas pruebas, recomienda mantener las imputaciones mientras en el Supremo no se procede contra Casado, porque al estar aforado se requieren evidencias más solidas, estará evidenciando una situación que encaja mal en nuestra Constitución. El aforamiento solo afecta a la jurisdicción, no refuerza la presunción de inocencia del aforado ni mucho menos aumenta el peso de la carga de la prueba, especialmente cuando no se trata de delitos derivados de sus responsabilidades políticas.
Si el Supremo acepta los argumentos del teniente fiscal y archiva la petición contra Pablo Casado estará admitiendo exactamente lo mismo. Estará sancionando que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor y a quién protege de manera reforzada el principio de carga de la prueba. No importa cómo lo argumenten, lo que quedará en no pocos ciudadanos es que, si estás aforado, eres más inocente y quienes acusan deben probar más tu culpabilidad que si eres un votante de a pie, incluso respecto a la comisión de delitos que nada tengan que ver con la acción política del aforado.
Si el Supremo desoye la petición estará contraviniendo a la Fiscalía del propio Tribunal, pero ratificando los argumentos de una juez y los fiscales madrileños que respaldaron todas y cada una de sus peticiones, sin contradecir una instrucción que, de verse comprometida, dejaría en un limbo penal las sólidas evidencias que apuntan a la comisión múltiples delitos en el ya mítico Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde. Los fiscales le han metido ritmo a la cosa. Es hora de salir a bailar.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Fiscales-ritmo_6_817578239.html
Muy poquitos critican al fiscal Navajas pero aunque poco haberlos haylos. También aplauden el trabajo de la jueza instructora que ha hecho trabajo meticuloso y se ve claramente que a P Casado lo protegen desde las altas instancias jurídicas. Tiene los mismos ""pecados"" que las otras tres alumnas pero la gran diferencia y que lo salva de la imputación es que está aforado y el TS no acepta que el líder del PP, partido que ha puesto numerosos jueces en las cúpulas judiciales sea imputado por delitos de prevaricación y cohecho.
La Justicia de España se arrastra de nuevo por el fango para salvar a un presunto delincuente que es líder del PP.
El cohecho impropio se ha cometido pero lo prescriben por no aceptar la prevaricación que sería el delito mas grave. ¡Manda narices!
#2 Paubcn | 23/09/2018 - 22:11h
Esto recuerda una frase de un edil gallego: "A los amigos, el culo, a los enemigos, por el culo, y a la gente normal y corriente se le aplica la legislación vigente". Asi a Casado ni se le "investiga", a los presos políticos catalanes, y a los disidentes en general, se les acusa de "delitos" de dudosa realidad, y a la gente normal y corriente depende de quien le toque.
#13 victorcortes | 24/09/2018 - 03:51h
¨ Estará sancionando que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor y a quién protege de manera reforzada el principio de carga de la prueba.¨
Desgraciadamente es asi.Puse una querella por prevaricacion a juez de la mercantil de Valencia, con mas de cuarenta hechos documuentales que lo probaban, los argumentos de la fiscalia fueron estos y el TSCV le dio la razon al fiscal en base a la jurisprudencia del TS y con identico razonamiento.
La pregunta seria es hasta cuando vamos a consentir esto y como podriamos oponernos a estos criterios.
Si el Supremo archiva la petición contra Pablo Casado estará admitiendo que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor
Los fiscales le han metido ritmo a la cosa; es hora de salir a bailar
Antón Losada
23/09/2018 - 20:44h
Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo EFE
Puede que haya habido cohecho impropio pero ha prescrito y no se aportan evidencias suficientes sobre su cooperación necesaria en un delito de prevaricación como para levantar el aforamiento a Pablo Casado, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal Supremo. O sea, puede que a Casado le regalaran el título pero solo hay sospechas y conjeturas de que fuera con su cooperación y con eso no basta para desaforarle. Que el Partido Popular celebre semejante conclusión del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como una victoria solo indica que su moral ha caído tanto que, en materia de tribunales, les vale cuanto no sea una derrota por goleada.
Que al teniente fiscal le parezca verosímil que a alguien puedan regalarle un título universitario sin su cooperación necesaria para sacar adelante la compleja farsa que requiere la apariencia de su tramitación entra directamente en el terreno de la imaginación y la fantasía; especialmente cuando hasta tres imputadas ya han reconocido ante su señoría que, efectivamente, les regalaban el titulo, lo sabían y se les indicaba cómo cooperar para obtenerlo.
El problema ahora lo tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Debe elegir entre desautorizar al teniente fiscal Navajas o desautorizar a la jueza Rodríguez Medel quien, en un sagaz movimiento defensivo, se ha apresurado a pedir al Ministerio Fiscal su criterio sobre las alumnas del máster ya imputadas, si el cohecho también ha prescrito y nada sustancia la concurrencia de cooperación para la prevaricación. Habrá que leer con interés el escrito de la Fiscalía. Si mantiene su criterio no le quedará más remedio que contradecir al teniente fiscal y seguir respaldado a la juez. Si, con las mismas pruebas, recomienda mantener las imputaciones mientras en el Supremo no se procede contra Casado, porque al estar aforado se requieren evidencias más solidas, estará evidenciando una situación que encaja mal en nuestra Constitución. El aforamiento solo afecta a la jurisdicción, no refuerza la presunción de inocencia del aforado ni mucho menos aumenta el peso de la carga de la prueba, especialmente cuando no se trata de delitos derivados de sus responsabilidades políticas.
Si el Supremo acepta los argumentos del teniente fiscal y archiva la petición contra Pablo Casado estará admitiendo exactamente lo mismo. Estará sancionando que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor y a quién protege de manera reforzada el principio de carga de la prueba. No importa cómo lo argumenten, lo que quedará en no pocos ciudadanos es que, si estás aforado, eres más inocente y quienes acusan deben probar más tu culpabilidad que si eres un votante de a pie, incluso respecto a la comisión de delitos que nada tengan que ver con la acción política del aforado.
Si el Supremo desoye la petición estará contraviniendo a la Fiscalía del propio Tribunal, pero ratificando los argumentos de una juez y los fiscales madrileños que respaldaron todas y cada una de sus peticiones, sin contradecir una instrucción que, de verse comprometida, dejaría en un limbo penal las sólidas evidencias que apuntan a la comisión múltiples delitos en el ya mítico Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde. Los fiscales le han metido ritmo a la cosa. Es hora de salir a bailar.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Fiscales-ritmo_6_817578239.html
Muy poquitos critican al fiscal Navajas pero aunque poco haberlos haylos. También aplauden el trabajo de la jueza instructora que ha hecho trabajo meticuloso y se ve claramente que a P Casado lo protegen desde las altas instancias jurídicas. Tiene los mismos ""pecados"" que las otras tres alumnas pero la gran diferencia y que lo salva de la imputación es que está aforado y el TS no acepta que el líder del PP, partido que ha puesto numerosos jueces en las cúpulas judiciales sea imputado por delitos de prevaricación y cohecho.
La Justicia de España se arrastra de nuevo por el fango para salvar a un presunto delincuente que es líder del PP.
El cohecho impropio se ha cometido pero lo prescriben por no aceptar la prevaricación que sería el delito mas grave. ¡Manda narices!
#2 Paubcn | 23/09/2018 - 22:11h
Esto recuerda una frase de un edil gallego: "A los amigos, el culo, a los enemigos, por el culo, y a la gente normal y corriente se le aplica la legislación vigente". Asi a Casado ni se le "investiga", a los presos políticos catalanes, y a los disidentes en general, se les acusa de "delitos" de dudosa realidad, y a la gente normal y corriente depende de quien le toque.
#13 victorcortes | 24/09/2018 - 03:51h
¨ Estará sancionando que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor y a quién protege de manera reforzada el principio de carga de la prueba.¨
Desgraciadamente es asi.Puse una querella por prevaricacion a juez de la mercantil de Valencia, con mas de cuarenta hechos documuentales que lo probaban, los argumentos de la fiscalia fueron estos y el TSCV le dio la razon al fiscal en base a la jurisprudencia del TS y con identico razonamiento.
La pregunta seria es hasta cuando vamos a consentir esto y como podriamos oponernos a estos criterios.
Última edición:
CASO MÁSTERLa jueza plantea dudas sobre el archivo de la causa de las tres compañeras de Casado
La magistrada que está juzgando el caso de los másteres de la URJC pide que la Fiscalía de Madrid, después de haber defendido la no investigación de Casado, se pronuncie en relación a las tres alumnas.
Pablo Casado, secretario general del PP, no será investigado por el Tribunal Supremo en el 'caso máster'. | EFE
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MADRID
23/09/2018 11:57 Actualizado: 23/09/2018 11:57
EUROPA PRESS
La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre el archivo de la causa respecto a tres de las compañeras del presidente del PP, Pablo Casado, imputadas en la investigación relativa a la pieza sobre la promoción de 2008/2009 del máster realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).
Así consta en un auto, fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la instructora del caso Máster da traslado al Ministerio Público para que emita su posición en relación a las tres alumnas investigadas por delitos de cohecho y prevaricación.
En la exposición razonada que elevó ante el Supremo, la juez esgrimía que hubo tres alumnas que se "vieron favorecidas con el regalo del título sin realizar actividad de ningún tipo en los 20 créditos tras el reconocimiento de los otros 40".
De este modo, le da traslado por si "interesa ahora el archivo de la causa en relación con las investigadas María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito; Alida Mas Taberner, exsubsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana; y María Dolores Cancio Álvarez, vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), actualmente disuelto.
La petición se produce después de que el Tribunal Supremo haya informado en contra de que se investigue a Casado por delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título del máster que cursó en la URJC.
Considera que los indicios de prevaricación "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" mientras que el presunto cohecho habría prescrito.
https://www.publico.es/politica/cas...mpaneras-casado-investigadas-caso-master.html
La magistrada que está juzgando el caso de los másteres de la URJC pide que la Fiscalía de Madrid, después de haber defendido la no investigación de Casado, se pronuncie en relación a las tres alumnas.
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Así consta en un auto, fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la instructora del caso Máster da traslado al Ministerio Público para que emita su posición en relación a las tres alumnas investigadas por delitos de cohecho y prevaricación.
En la exposición razonada que elevó ante el Supremo, la juez esgrimía que hubo tres alumnas que se "vieron favorecidas con el regalo del título sin realizar actividad de ningún tipo en los 20 créditos tras el reconocimiento de los otros 40".
De este modo, le da traslado por si "interesa ahora el archivo de la causa en relación con las investigadas María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito; Alida Mas Taberner, exsubsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana; y María Dolores Cancio Álvarez, vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), actualmente disuelto.
La petición se produce después de que el Tribunal Supremo haya informado en contra de que se investigue a Casado por delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título del máster que cursó en la URJC.
Considera que los indicios de prevaricación "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" mientras que el presunto cohecho habría prescrito.
https://www.publico.es/politica/cas...mpaneras-casado-investigadas-caso-master.html
Miguel Colmenero, un juez con antecedentes
Un repaso subjetivo a su biografía no oficial
LOS GENOVESES Miércoles, 19 de septiembre de 2018
El juez Miguel Colmenero
En la línea de mantener informados a nuestros lectores sobre personajes públicos que en ocasiones poco o nada se sabe de ellos y que sin embargo perciben un sueldo del contribuyente. Tienen en común que ocupan puestos claves para entender como funcionan y se interrelacionan en España los poderes del Estado. Siguiendo la estela de Manuel Marchena oCarlos Lesmes, sobre los que también tuvimos ocasión de escribir sus biografías no oficiales, hoy dedicamos esta crónica a Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. Este juez está de plena actualidad por ser uno de los 5 miembros de la Sala de Admisión que debe decidir sobre si se aprecian motivos o no para investigar a Pablo Casado,l actual Presidente Nacional del Partido Popular y aforado en su calidad de diputado por Ávila. Como es habitual vayamos por partes.
La familia y los estudios
Nace un 13 de abril de 1951. Hijo de Odón Colmenero González y de María del Carmen Menéndez de Luarca. Es el mayor de 6 hermanos. Tras licenciarse en Derecho, ya sea por puro “determinismo biológico”, como diría Rajoy, o por pura vocación, se centra en preparar las oposiciones a Fiscal que aprobó en 1976 a los 25 años.
Y es que su elección para opositar a fiscal probablemente le venía dada por sus antecedentes familiares dentro de la judicatura. De hecho, por parte paterna, pertenece a la tercera generación de magistrados y fiscales. Su abuelo Odón Colmenero Sáa acabó su carrera profesional como magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo allá por los años 40 y 50 mientras que su padre optó por hacerse fiscal a mediados de los 60. El hijo comenzó de fiscal para acabar como su abuelo ejerciendo de magistrado en el Tribunal Supremo. Está casado y con hijos.
Trayectoria profesional
Volvamos a 1976. El 12 de julio de ese año el BOE publicó la relación de los 15 opositores que aprobaron las pruebas selectivas, entre los que se encontraba Miguel Colmenero. Según ese listado, ocupó el décimo lugar por detrás de Ignacio Gordillo que con el paso del tiempo tuvo su momento de protagonismo en la Audiencia Nacional y mas recientemente, ya en excedencia de la carrera fiscal, por la defensa de varios cargos públicos del PP.
Tras obtener plaza, además de casarse en junio de 1977 en la Catedral de Sevilla, se incorpora a su primer destino y a partir de ahí va encadenando los sucesivos que en síntesis son los siguientes :
1977-1977. Fiscal Audiencia Provincial de Guipúzcoa
1978-1992. Fiscal de las Audiencias Provinciales de Cádiz y Sevilla.
1992-1998. Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia
1998-2002. Fiscal del Tribunal Supremo (Sección Sala Segunda)
Desde febrero del 2002, a propuesta del CGPJ con mayoría conservadora, es nombrado magistrado de esa misma Sala por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. El RD de nombramiento está firmado por el entonces Ministro de Justicia, Ángel Acebes Paniagua y según el acuerdo del CGPJ es para sustituir a Roberto García-Calvo y Montiel que acababa de ser nombrado en noviembre del 2001 Magistrado del Tribunal Constitucional. Ese mismo día también en el BOE aparece la firma de Acebes para los nombramientos de José Manuel Maza para la misma Sala II, posteriormente tercer Fiscal General del Estado con el Gobierno de Rajoy, fallecido en el año 2017 y el de Concepción Espejel, "Concha a la que llaman Concha", como Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara.
Colmenero además ha sido vocal del Consejo Fiscal entre 2000 y 2002 y vocal de la Junta Electoral Central en la legislatura 2004-2008. También ha ejercido de Presidente de la conservadora y mayoritaria “Asociación de Fiscales”.
En el 2014, optó a presidir la Sala II frente a otros 2 candidatos. Todo apuntaba a que por antigüedad y capacidad la mayoría conservadora del CGPJ le elegiría para el cargo. Sin embargo, por razones que no se han explicado suficientemente, fue finalmente elegido otro tan conservador como el que más: Manuel Marchena, ex Fiscal y magistrado desde 2007 que obtuvo 12 de los 20 votos emitidos en el pleno, ya que la vocal Clara Martínez de Careaga se abstuvo. Colmenero se tuvo que conformar con 1 solo voto mientras que el tercer candidato de la minoría progresista Cándido Conde-Pumpido sumó 7. Posteriormente tras el súbito fallecimiento en el 2017 de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado su nombre volvió a aparecer entre sus posibles sustitutos. Tras idas y venidas fue nombrado su compañero de Sala,Julián Sánchez Melgar.
Será por sentencias
Como es natural, antes de tener que decidir junto a sus colegas si admite o no la exposición motivada que les ha remitido la jueza Rodríguez Medel sobre Pablo Casado Blanco, a quien la jueza considera autor de los delitos de cohecho y prevaricación en relación con las irregularidades de su master en la URJC, Miguel Colmenero ha sido firmante de numerosas sentencias y en muchas de ellas Ponente como es el caso de la que condenó al juez Baltasar Garzón por las grabaciones en el Caso Gürtel. También figura su firma en la que se desestiman las querellas de los trabajadores de Tele Madrid contra Ignacio González y su ático en Estepona o la que presentó la Asociación para la recuperación de la memoria histórica contra el Diputado y Portavoz del Partido Popular Rafael Hernando.
Colaborador de FAES
Al igual que otros muchos jueces conservadores Colmenero también ha participado en diferentes seminarios organizados por esta “Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales”, que según se expresa en su propia presentación: “Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas”. Desde su creación en 1989 está vinculada al PP y a José María Aznar. En total entre los años 2005-2007, en calidad de magistrado del Tribunal Supremo ha participado en 6 cursos compartiendo mesa con otros colegas de profesión, algunos de ellos Altos Cargos durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, parlamentarios del PP o Consejeros del CGPJ con el apoyo del PP : Eduardo Torres-Dulce Lifante, Adolfo Prego de Oliver Tolivar, Enrique López López, Jesús Cardenal Fernández, María Tardón Olmos, Gemma Gallego Sánchez, Vicente Magro Server, Fernando de Rosa y Carlos Lesmes.Más información en este enlace.
Se da la feliz circunstancia que en octubre del 2012 en una conferencia pronunciada en unas “Jornadas de Actualización Jurídica Local sobre los alcaldes y los funcionarios ante la jurisdicción penal” se refirió a la politización de la Justicia: "No tiene nada de particular que un juez tenga una forma de pensar, porque el sistema posee mecanismos de depuración. Sí es extremadamente grave que un juez esté involucrado en un proyecto político concreto".
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE
Continuamos. Según la denuncia que se presentó por un grupo de juristas ante el CGPJ en Mayo del 2012en la que se relacionaban las conexiones entre grandes empresas y despachos de abogados con cualificados miembros de la judicatura, se incluía a esta Fundación. Y en concreto a unos de los despachos “que financian y participan decididamente a la Fundación : Oliva-Ayala Abogados. el mismo que según varios medios de comunicación habría sido contratado por Pablo Casado para su eventual defensa ante el Tribunal Supremo.
Según la citada denuncia, ”entre 2011 y 2012, el magistrado Colmeneroparticipó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió con Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete “Oliva-Ayala Abogados”. Tanto este abogado como Horacio Oliva Garcíae Ignacio Ayala Gómezasumieron la defensa de varios investigados en diferentes PS del Caso Gürtel. Este último, por ejemplo, defendió al hoy condenado Alberto López Viejo(ex Consejero del Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y ex Diputado regional).
Universidad Rey Juan Carlos, URJC
Aquí los datos facilitados en el escrito denuncia, ampliado posteriormente en diferentes medios de comunicación, en el plantel de profesores de dicha Universidad figuran varios magistrados que hoy forman parte de la Sala II y en concreto de su Sala de Admisión que tienen que decidir sobre Pablo Casado Blanco y su master en esta misma Universidad. Entre estos se encuentran el propio Colmenero, Manuel Marchena y Francisco Monterde. Más información en este enlace.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/miguel-colmenero-un-juez-con-antecedentes_203185102
Un repaso subjetivo a su biografía no oficial
LOS GENOVESES Miércoles, 19 de septiembre de 2018
El juez Miguel Colmenero
En la línea de mantener informados a nuestros lectores sobre personajes públicos que en ocasiones poco o nada se sabe de ellos y que sin embargo perciben un sueldo del contribuyente. Tienen en común que ocupan puestos claves para entender como funcionan y se interrelacionan en España los poderes del Estado. Siguiendo la estela de Manuel Marchena oCarlos Lesmes, sobre los que también tuvimos ocasión de escribir sus biografías no oficiales, hoy dedicamos esta crónica a Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. Este juez está de plena actualidad por ser uno de los 5 miembros de la Sala de Admisión que debe decidir sobre si se aprecian motivos o no para investigar a Pablo Casado,l actual Presidente Nacional del Partido Popular y aforado en su calidad de diputado por Ávila. Como es habitual vayamos por partes.
La familia y los estudios
Nace un 13 de abril de 1951. Hijo de Odón Colmenero González y de María del Carmen Menéndez de Luarca. Es el mayor de 6 hermanos. Tras licenciarse en Derecho, ya sea por puro “determinismo biológico”, como diría Rajoy, o por pura vocación, se centra en preparar las oposiciones a Fiscal que aprobó en 1976 a los 25 años.
Y es que su elección para opositar a fiscal probablemente le venía dada por sus antecedentes familiares dentro de la judicatura. De hecho, por parte paterna, pertenece a la tercera generación de magistrados y fiscales. Su abuelo Odón Colmenero Sáa acabó su carrera profesional como magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo allá por los años 40 y 50 mientras que su padre optó por hacerse fiscal a mediados de los 60. El hijo comenzó de fiscal para acabar como su abuelo ejerciendo de magistrado en el Tribunal Supremo. Está casado y con hijos.
Trayectoria profesional
Volvamos a 1976. El 12 de julio de ese año el BOE publicó la relación de los 15 opositores que aprobaron las pruebas selectivas, entre los que se encontraba Miguel Colmenero. Según ese listado, ocupó el décimo lugar por detrás de Ignacio Gordillo que con el paso del tiempo tuvo su momento de protagonismo en la Audiencia Nacional y mas recientemente, ya en excedencia de la carrera fiscal, por la defensa de varios cargos públicos del PP.
Tras obtener plaza, además de casarse en junio de 1977 en la Catedral de Sevilla, se incorpora a su primer destino y a partir de ahí va encadenando los sucesivos que en síntesis son los siguientes :
1977-1977. Fiscal Audiencia Provincial de Guipúzcoa
1978-1992. Fiscal de las Audiencias Provinciales de Cádiz y Sevilla.
1992-1998. Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia
1998-2002. Fiscal del Tribunal Supremo (Sección Sala Segunda)
Desde febrero del 2002, a propuesta del CGPJ con mayoría conservadora, es nombrado magistrado de esa misma Sala por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. El RD de nombramiento está firmado por el entonces Ministro de Justicia, Ángel Acebes Paniagua y según el acuerdo del CGPJ es para sustituir a Roberto García-Calvo y Montiel que acababa de ser nombrado en noviembre del 2001 Magistrado del Tribunal Constitucional. Ese mismo día también en el BOE aparece la firma de Acebes para los nombramientos de José Manuel Maza para la misma Sala II, posteriormente tercer Fiscal General del Estado con el Gobierno de Rajoy, fallecido en el año 2017 y el de Concepción Espejel, "Concha a la que llaman Concha", como Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara.
Colmenero además ha sido vocal del Consejo Fiscal entre 2000 y 2002 y vocal de la Junta Electoral Central en la legislatura 2004-2008. También ha ejercido de Presidente de la conservadora y mayoritaria “Asociación de Fiscales”.
En el 2014, optó a presidir la Sala II frente a otros 2 candidatos. Todo apuntaba a que por antigüedad y capacidad la mayoría conservadora del CGPJ le elegiría para el cargo. Sin embargo, por razones que no se han explicado suficientemente, fue finalmente elegido otro tan conservador como el que más: Manuel Marchena, ex Fiscal y magistrado desde 2007 que obtuvo 12 de los 20 votos emitidos en el pleno, ya que la vocal Clara Martínez de Careaga se abstuvo. Colmenero se tuvo que conformar con 1 solo voto mientras que el tercer candidato de la minoría progresista Cándido Conde-Pumpido sumó 7. Posteriormente tras el súbito fallecimiento en el 2017 de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado su nombre volvió a aparecer entre sus posibles sustitutos. Tras idas y venidas fue nombrado su compañero de Sala,Julián Sánchez Melgar.
Será por sentencias
Como es natural, antes de tener que decidir junto a sus colegas si admite o no la exposición motivada que les ha remitido la jueza Rodríguez Medel sobre Pablo Casado Blanco, a quien la jueza considera autor de los delitos de cohecho y prevaricación en relación con las irregularidades de su master en la URJC, Miguel Colmenero ha sido firmante de numerosas sentencias y en muchas de ellas Ponente como es el caso de la que condenó al juez Baltasar Garzón por las grabaciones en el Caso Gürtel. También figura su firma en la que se desestiman las querellas de los trabajadores de Tele Madrid contra Ignacio González y su ático en Estepona o la que presentó la Asociación para la recuperación de la memoria histórica contra el Diputado y Portavoz del Partido Popular Rafael Hernando.
Colaborador de FAES
Al igual que otros muchos jueces conservadores Colmenero también ha participado en diferentes seminarios organizados por esta “Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales”, que según se expresa en su propia presentación: “Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas”. Desde su creación en 1989 está vinculada al PP y a José María Aznar. En total entre los años 2005-2007, en calidad de magistrado del Tribunal Supremo ha participado en 6 cursos compartiendo mesa con otros colegas de profesión, algunos de ellos Altos Cargos durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, parlamentarios del PP o Consejeros del CGPJ con el apoyo del PP : Eduardo Torres-Dulce Lifante, Adolfo Prego de Oliver Tolivar, Enrique López López, Jesús Cardenal Fernández, María Tardón Olmos, Gemma Gallego Sánchez, Vicente Magro Server, Fernando de Rosa y Carlos Lesmes.Más información en este enlace.
Se da la feliz circunstancia que en octubre del 2012 en una conferencia pronunciada en unas “Jornadas de Actualización Jurídica Local sobre los alcaldes y los funcionarios ante la jurisdicción penal” se refirió a la politización de la Justicia: "No tiene nada de particular que un juez tenga una forma de pensar, porque el sistema posee mecanismos de depuración. Sí es extremadamente grave que un juez esté involucrado en un proyecto político concreto".
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE
Continuamos. Según la denuncia que se presentó por un grupo de juristas ante el CGPJ en Mayo del 2012en la que se relacionaban las conexiones entre grandes empresas y despachos de abogados con cualificados miembros de la judicatura, se incluía a esta Fundación. Y en concreto a unos de los despachos “que financian y participan decididamente a la Fundación : Oliva-Ayala Abogados. el mismo que según varios medios de comunicación habría sido contratado por Pablo Casado para su eventual defensa ante el Tribunal Supremo.
Según la citada denuncia, ”entre 2011 y 2012, el magistrado Colmeneroparticipó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió con Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete “Oliva-Ayala Abogados”. Tanto este abogado como Horacio Oliva Garcíae Ignacio Ayala Gómezasumieron la defensa de varios investigados en diferentes PS del Caso Gürtel. Este último, por ejemplo, defendió al hoy condenado Alberto López Viejo(ex Consejero del Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y ex Diputado regional).
Universidad Rey Juan Carlos, URJC
Aquí los datos facilitados en el escrito denuncia, ampliado posteriormente en diferentes medios de comunicación, en el plantel de profesores de dicha Universidad figuran varios magistrados que hoy forman parte de la Sala II y en concreto de su Sala de Admisión que tienen que decidir sobre Pablo Casado Blanco y su master en esta misma Universidad. Entre estos se encuentran el propio Colmenero, Manuel Marchena y Francisco Monterde. Más información en este enlace.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/miguel-colmenero-un-juez-con-antecedentes_203185102
Francisco Monterde , un juez con antecedentes
Un repaso subjetivo a su biografía no oficial
LOS GENOVESES Viernes, 21 de septiembre de 2018
Monterde con Magro
Tras las biografías no oficiales de Manuel Marchena Gómez, Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo y de Miguel Colmenero Menéndez de Luarca magistrado también de esa misma Sala, hoy en esta nueva entrega nuestro invitado es Francisco Monterde Ferrer que además de magistrado comparte con los 2 anteriores ser uno de los 5 miembros de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo que deberán decidir sobre la exposición motivada que la jueza Rodríguez Medel les ha remitido el pasado 6 de agosto para que el aforado Pablo Casado Blanco sea investigado por cohecho y prevaricación. Vamos a ello
La familia y los estudios
Nace en Valencia un 17 de diciembre de 1947 y es el mayor de tres hermanos. Su padre Francisco Monterde Ribelles (1910-2008) ejerció de fiscal mientras que su abuelo Francisco Monterde Pastor (1885-1950), tras varios destinos, acabó siendo nombrado en 1945 Presidente de la Audiencia Territorial de Valencia. Está casado y es padre de 2 hijos. Uno de ellos Francisco de Asís Monterde Cones, se vio envuelto en una polémica tras conocerse que había sido nombrado en septiembre del 2011 personal eventual y Director-Conservador del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, es decir, un cargo de confianza política del Gobierno de la Generalitad Valenciana presidida por el genovés Alberto Fabra. Dos años antes, en el 2009, su padre había sido designado magistrado instructor del Caso Gürtel en la PS referida a los aforados Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado), asunto sobre el que más adelante nos referiremos. Según varias fuentes consultadas es un hombre de profundas convicciones religiosas sin que se pueda confirmar ni tampoco desmentir que esté próximo al Opus Dei.
El caso es que con estos antecedentes familiares, como no podía ser de otra manera, nuestro protagonista con apenas 18 años se matriculó en la Facultad de Derecho de Valencia en el año 1964 para finalizar como estaba previsto en 1969. Su suerte estaba echada y 5 años después el 10 de julio de 1974 el BOE publica la orden por la que se nombran jueces de Primera Instancia e Instrucción a los componentes de la 21 promoción de la Escuela Judicial, entre ellos, con el número 24 de un total de 30, aparece el nombre del nieto de Monterde Pastor e hijo de Monterde Ribelles. En la actualidad, tras 43 años, 9 meses y 4 días de ejercicio, según el escalafón cerrado a 18 de marzo del 2018, ocupa el número 23 de la carrera judicial. Tras sus primeros destinos en Molina de Aragón (Guadalajara), Segorbe (Castellón) y Sueca (Valencia) en 1981 pasó a la Audiencia Provincial de Girona, al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y a la Audiencia Provincial de Valencia, de la que fue presidente de la Sección Segunda en los periodos 1987-1996 y 2001-2003.
Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura de la que ha sido Vicepresidente y miembro de su Comité Ejecutivo. Desde enero del 2018 es miembro de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Se da la circunstancia que su discurso de ingreso tuvo la amable “contestación” de Javier Boix Reig, Catedrático de Derecho Penal y prestigioso abogado valenciano contratado y conocido por haber llevado la defensa de algunos casos relacionados con el PP. De hecho logró la anulación de las escuchas telefónicas en el “Caso Naseiro”o la absolución de Francisco Camps por el Caso de los Trajes.
Vocal del CGPJ (julio 1996- noviembre 2001)
Para situarnos. En mayo de 1996 José María Aznar era investido con el apoyo de los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (CiU) Presidente del Gobierno tras haber ganado sin mayoría absoluta las elecciones generales de marzo de ese año. Nombra como Ministra de Justicia a Margarita Mariscal de Gante, Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal y es elegido Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. Con este marco incomparable de fondo en julio de ese año se renueva el Consejo General del Poder Judicial y entre los nuevos vocales, a propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y con el apoyo del Partido Popular, es elegido Monterde Ferrer. Sin mayores complicaciones se integra de manera entusiasta en el bloque conservador con el vota sistemáticamente sus propuestas. Por ejemplo, en contra de un informe que criticaba el retroceso en la Ley de Extranjería para privar a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga. En enero de 1999, como vocal delegado del Poder Judicial para la Comunidad Valenciana, a Monterdele tocó imponer la cruz de San Raimundo de Peñafort a su compañero Juan Luis de la Rúa, algo más que amigo de Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad e investigado actualmente en 2 causas penales.
Magistrado del Tribunal Supremo
Tras su salida en el 2001 del CGPJ regresa a su anterior puesto en la Audiencia Provincial de Valencia. También para situarnos, José María Aznar continúa de Presidente del Gobierno y además dispone de mayoría absoluta tras las elecciones de marzo del 2000. Tras cesar como Ministros de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Ángel Acebes es nombrado José María Michavila Núñez (2002-2004).
Es precisamente durante su mandato, el 5 de noviembre del 2003, cuando el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designa a propuesta de la mayoría conservadora, a Francisco Monterde Ferrer, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo en sustitución por jubilación de José Antonio Marañón. En la primera votación, Monterde obtuvo 9 votos, Jorge Barreirob 8, Berdugo 3 y hubo uno en blanco. En la segunda, 12 votaron a Monterde (los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente y el vocal de consenso entre PP y PSOE) y 9 a Jorge Barreiro (los 7 propuestos por el PSOE, el nombrado a instancias de IU y el propuesto por CiU). Entre los vocales que le apoyaron se encontraban Enrique López y Juan Pablo González, posteriormente recusados en el Caso Gürtel por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por sus vinculaciones con el PP, el magistrado ultraconservador en excedencia Adolfo Prego o José Luis Requero, numerario del Opus Dei y en estos momentos magistrado en la Sala III del Tribunal Supremo.
Un juez recusado
En el año 2010 junto a otros 4 magistrados (Presidente de la Sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez y Juan Ramón Berdugo) Monterde es recusado por el juez Garzón al que pretendían juzgar por un supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La recusación se basaba en el principio general de que quien participa en la instrucción de un procedimiento está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente se aceptó parcialmente la recusación formándose una nueva Sala que absolvió a Garzón.
Para los mas despistados recordarles que unas semanas antes Monterde fue uno de los 7 jueces que condenaron a Garzón por las escuchas telefónicas en el Caso Gürtel.
Más recientemente en febrero del 2018 también fue recusado por Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana entre 2015 y 2017 y diputado de Junts per Catalunya y que se encuentra actualmente en prisión preventiva desde el 16 de octubre del 2017 por su implicación en el procés. Según Sánchez su recusación tenía que ver con los mensajes contrarios al proceso independentista que había emitido en las redes sociales la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que "Monterde es vicepresidente y miembro del comité Ejecutivo". Su defensa consideraba que los tuits muestran un "interés directo o indirecto en la condena" de Sánchez. En febrero de este año en una resolución dictada por los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge y el propio Monterde (la ley permite que participe en esta decisión preliminar), la Sala declaró extemporánea la recusación.
Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Hace apenas unos días se ha conocido que Monterde junto a Marchena y Colmenero, todos ellos miembros de la Sala de Admisión que tienen que decidir sobre el futuro judicial de Pablo Casado, han sido profesores de la URJC la misma donde supuestamente cursó su Máster el actual Presidente Nacional del PP. En concreto habrían sido profesores externos en un máster de Derecho Penal Económico que, en diversas modalidades, se ha venido celebrando en la Universidad Rey Juan Carlos desde al menos 2009 y bajo la tutela de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC.
En el curso 2011-2012, en el listado de profesores aparece entre otros el abogado Ignacio Ayala, que según varios medios de comunicación sería el defensor de Casado si prospera la admisión.En la lista de profesores también figuran Miguel Colmenero, Manuel Marchena, y Francisco Monterde.
https://www.elplural.com/politica/l...rde-ferrer-un-juez-con-antecedentes_203381102
Un repaso subjetivo a su biografía no oficial
LOS GENOVESES Viernes, 21 de septiembre de 2018
Monterde con Magro
Tras las biografías no oficiales de Manuel Marchena Gómez, Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo y de Miguel Colmenero Menéndez de Luarca magistrado también de esa misma Sala, hoy en esta nueva entrega nuestro invitado es Francisco Monterde Ferrer que además de magistrado comparte con los 2 anteriores ser uno de los 5 miembros de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo que deberán decidir sobre la exposición motivada que la jueza Rodríguez Medel les ha remitido el pasado 6 de agosto para que el aforado Pablo Casado Blanco sea investigado por cohecho y prevaricación. Vamos a ello
La familia y los estudios
Nace en Valencia un 17 de diciembre de 1947 y es el mayor de tres hermanos. Su padre Francisco Monterde Ribelles (1910-2008) ejerció de fiscal mientras que su abuelo Francisco Monterde Pastor (1885-1950), tras varios destinos, acabó siendo nombrado en 1945 Presidente de la Audiencia Territorial de Valencia. Está casado y es padre de 2 hijos. Uno de ellos Francisco de Asís Monterde Cones, se vio envuelto en una polémica tras conocerse que había sido nombrado en septiembre del 2011 personal eventual y Director-Conservador del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, es decir, un cargo de confianza política del Gobierno de la Generalitad Valenciana presidida por el genovés Alberto Fabra. Dos años antes, en el 2009, su padre había sido designado magistrado instructor del Caso Gürtel en la PS referida a los aforados Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado), asunto sobre el que más adelante nos referiremos. Según varias fuentes consultadas es un hombre de profundas convicciones religiosas sin que se pueda confirmar ni tampoco desmentir que esté próximo al Opus Dei.
El caso es que con estos antecedentes familiares, como no podía ser de otra manera, nuestro protagonista con apenas 18 años se matriculó en la Facultad de Derecho de Valencia en el año 1964 para finalizar como estaba previsto en 1969. Su suerte estaba echada y 5 años después el 10 de julio de 1974 el BOE publica la orden por la que se nombran jueces de Primera Instancia e Instrucción a los componentes de la 21 promoción de la Escuela Judicial, entre ellos, con el número 24 de un total de 30, aparece el nombre del nieto de Monterde Pastor e hijo de Monterde Ribelles. En la actualidad, tras 43 años, 9 meses y 4 días de ejercicio, según el escalafón cerrado a 18 de marzo del 2018, ocupa el número 23 de la carrera judicial. Tras sus primeros destinos en Molina de Aragón (Guadalajara), Segorbe (Castellón) y Sueca (Valencia) en 1981 pasó a la Audiencia Provincial de Girona, al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y a la Audiencia Provincial de Valencia, de la que fue presidente de la Sección Segunda en los periodos 1987-1996 y 2001-2003.
Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura de la que ha sido Vicepresidente y miembro de su Comité Ejecutivo. Desde enero del 2018 es miembro de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Se da la circunstancia que su discurso de ingreso tuvo la amable “contestación” de Javier Boix Reig, Catedrático de Derecho Penal y prestigioso abogado valenciano contratado y conocido por haber llevado la defensa de algunos casos relacionados con el PP. De hecho logró la anulación de las escuchas telefónicas en el “Caso Naseiro”o la absolución de Francisco Camps por el Caso de los Trajes.
Vocal del CGPJ (julio 1996- noviembre 2001)
Para situarnos. En mayo de 1996 José María Aznar era investido con el apoyo de los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (CiU) Presidente del Gobierno tras haber ganado sin mayoría absoluta las elecciones generales de marzo de ese año. Nombra como Ministra de Justicia a Margarita Mariscal de Gante, Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal y es elegido Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. Con este marco incomparable de fondo en julio de ese año se renueva el Consejo General del Poder Judicial y entre los nuevos vocales, a propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y con el apoyo del Partido Popular, es elegido Monterde Ferrer. Sin mayores complicaciones se integra de manera entusiasta en el bloque conservador con el vota sistemáticamente sus propuestas. Por ejemplo, en contra de un informe que criticaba el retroceso en la Ley de Extranjería para privar a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga. En enero de 1999, como vocal delegado del Poder Judicial para la Comunidad Valenciana, a Monterdele tocó imponer la cruz de San Raimundo de Peñafort a su compañero Juan Luis de la Rúa, algo más que amigo de Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad e investigado actualmente en 2 causas penales.
Magistrado del Tribunal Supremo
Tras su salida en el 2001 del CGPJ regresa a su anterior puesto en la Audiencia Provincial de Valencia. También para situarnos, José María Aznar continúa de Presidente del Gobierno y además dispone de mayoría absoluta tras las elecciones de marzo del 2000. Tras cesar como Ministros de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Ángel Acebes es nombrado José María Michavila Núñez (2002-2004).
Es precisamente durante su mandato, el 5 de noviembre del 2003, cuando el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designa a propuesta de la mayoría conservadora, a Francisco Monterde Ferrer, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo en sustitución por jubilación de José Antonio Marañón. En la primera votación, Monterde obtuvo 9 votos, Jorge Barreirob 8, Berdugo 3 y hubo uno en blanco. En la segunda, 12 votaron a Monterde (los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente y el vocal de consenso entre PP y PSOE) y 9 a Jorge Barreiro (los 7 propuestos por el PSOE, el nombrado a instancias de IU y el propuesto por CiU). Entre los vocales que le apoyaron se encontraban Enrique López y Juan Pablo González, posteriormente recusados en el Caso Gürtel por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por sus vinculaciones con el PP, el magistrado ultraconservador en excedencia Adolfo Prego o José Luis Requero, numerario del Opus Dei y en estos momentos magistrado en la Sala III del Tribunal Supremo.
Un juez recusado
En el año 2010 junto a otros 4 magistrados (Presidente de la Sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez y Juan Ramón Berdugo) Monterde es recusado por el juez Garzón al que pretendían juzgar por un supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La recusación se basaba en el principio general de que quien participa en la instrucción de un procedimiento está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente se aceptó parcialmente la recusación formándose una nueva Sala que absolvió a Garzón.
Para los mas despistados recordarles que unas semanas antes Monterde fue uno de los 7 jueces que condenaron a Garzón por las escuchas telefónicas en el Caso Gürtel.
Más recientemente en febrero del 2018 también fue recusado por Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana entre 2015 y 2017 y diputado de Junts per Catalunya y que se encuentra actualmente en prisión preventiva desde el 16 de octubre del 2017 por su implicación en el procés. Según Sánchez su recusación tenía que ver con los mensajes contrarios al proceso independentista que había emitido en las redes sociales la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que "Monterde es vicepresidente y miembro del comité Ejecutivo". Su defensa consideraba que los tuits muestran un "interés directo o indirecto en la condena" de Sánchez. En febrero de este año en una resolución dictada por los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge y el propio Monterde (la ley permite que participe en esta decisión preliminar), la Sala declaró extemporánea la recusación.
Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Hace apenas unos días se ha conocido que Monterde junto a Marchena y Colmenero, todos ellos miembros de la Sala de Admisión que tienen que decidir sobre el futuro judicial de Pablo Casado, han sido profesores de la URJC la misma donde supuestamente cursó su Máster el actual Presidente Nacional del PP. En concreto habrían sido profesores externos en un máster de Derecho Penal Económico que, en diversas modalidades, se ha venido celebrando en la Universidad Rey Juan Carlos desde al menos 2009 y bajo la tutela de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC.
En el curso 2011-2012, en el listado de profesores aparece entre otros el abogado Ignacio Ayala, que según varios medios de comunicación sería el defensor de Casado si prospera la admisión.En la lista de profesores también figuran Miguel Colmenero, Manuel Marchena, y Francisco Monterde.
https://www.elplural.com/politica/l...rde-ferrer-un-juez-con-antecedentes_203381102
La vida regalada de Pablo Casado
El fiscal que exculpa a Casado entró con el gobierno del partido de Casado y cuatro de los magistrados que tienen que juzgarle han sido designados por jueces nombrados por el partido de Casado. Todo casado y bien casado
Javier Gallego
24/09/2018 - 21:31h
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EFE
A Pablo Casado le regalaron un máster y ahora le quieren regalar una exculpación. Por ser político tiene la vida regalada y la vida resuelta para pegarse la vida padre. La fiscalía del Supremo dice que no hay caso y le dice a los jueces que lo cierren. Carpetazo y a otra cosa, señorías. Hay prensa que lo celebra: también hay gente coprófaga. Y ustedes, el populacho, la chusma, los pringaos que estudian, el vulgo que trabaja, disuélvanse. Circulen. Aquí no hay nada que ver que no hayan visto ya antes. Un político que recibe una prebenda con dinero público, la prensa lo descubre y la justicia le encubre.
Da igual que la investigación periodística haya probado que le dieron el título sin ir a clase, sin hacer exámenes, sin hablar con los profesores, con sólo cuatro presuntos trabajos que no ha dejado ver a nadie. Da lo mismo que sólo a él y a otras tres alumnas les convalidaran 18 de las 22 asignaturas y que las tres estén imputadas por los mismos hechos que se le achacan a Casado. No importa que una de ellas haya confesado. Al fiscal todo eso, probado, demostrado, publicado, evidente, sólo le parecen "meras sospechas y conjeturas". Sospechoso es lo suyo.
La jueza que instruye la causa en un tribunal de Madrid, sin embargo, ve indicios claros de prevaricación y cohecho, de participación en el arreglo, porque es obvio que nadie recibe un regalo sin saberlo y porque hay pruebas contundentes de una trama organizada para favorecer a los amigos. Por eso ha imputado a las otras tres beneficiadas y sugiere al Supremo que haga lo mismo con el presidente del PP ya que ella no puede porque él es aforado.
Y qué pasa en la máxima instancia judicial: pues que el teniente fiscal que quiere exculpar a Casado fue nombrado por el fiscal general del gobierno del partido de Casado y que cuatro de los cinco jueces que tienen que juzgar a Casado han sido designados por los miembros del Consejo General del Poder Judicial puestos por el partido de Casado. Todo casado y bien casado. Los políticos nombran a los jueces que nombran a los que juzgan a los políticos. La separación de poderes y la democracia en España son más falsas que el máster del prenda.
La jueza ha sido hábil y le ha pedido al ministerio fiscal que se pronuncie sobre las compañeras de Casado imputadas, porque si le da la razón, quedará en evidencia el teniente fiscal del Supremo. También los magistrados del tribunal, si cierran el caso sin investigarlo. Nos estarán diciendo que el aforamiento es impunidad, que hay jueces que amparan la corrupción, que unos cuecen y otros se enriquecen, que tu esfuerzo no vale nada frente a su privilegio, que hay ciudadanos de segunda y una oligarquía que va en primera, que ellos tienen la vida regalada a tu costa y que la justicia española no es justicia ni es igual para todos. Eso lo saben hasta en Bruselas.
https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/vida-regalada-Pablo-Casado_6_817928232.html
¡Que vergüenza andar por el mundo pidiendo responsabiliades a otros mientras yo no doy explicaciones a nadie sobre presuntos delitos que me han afinado en la Fiscalía!
¡Menuda cara de cemento armado!
El fiscal que exculpa a Casado entró con el gobierno del partido de Casado y cuatro de los magistrados que tienen que juzgarle han sido designados por jueces nombrados por el partido de Casado. Todo casado y bien casado
Javier Gallego
24/09/2018 - 21:31h
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EFE
A Pablo Casado le regalaron un máster y ahora le quieren regalar una exculpación. Por ser político tiene la vida regalada y la vida resuelta para pegarse la vida padre. La fiscalía del Supremo dice que no hay caso y le dice a los jueces que lo cierren. Carpetazo y a otra cosa, señorías. Hay prensa que lo celebra: también hay gente coprófaga. Y ustedes, el populacho, la chusma, los pringaos que estudian, el vulgo que trabaja, disuélvanse. Circulen. Aquí no hay nada que ver que no hayan visto ya antes. Un político que recibe una prebenda con dinero público, la prensa lo descubre y la justicia le encubre.
Da igual que la investigación periodística haya probado que le dieron el título sin ir a clase, sin hacer exámenes, sin hablar con los profesores, con sólo cuatro presuntos trabajos que no ha dejado ver a nadie. Da lo mismo que sólo a él y a otras tres alumnas les convalidaran 18 de las 22 asignaturas y que las tres estén imputadas por los mismos hechos que se le achacan a Casado. No importa que una de ellas haya confesado. Al fiscal todo eso, probado, demostrado, publicado, evidente, sólo le parecen "meras sospechas y conjeturas". Sospechoso es lo suyo.
La jueza que instruye la causa en un tribunal de Madrid, sin embargo, ve indicios claros de prevaricación y cohecho, de participación en el arreglo, porque es obvio que nadie recibe un regalo sin saberlo y porque hay pruebas contundentes de una trama organizada para favorecer a los amigos. Por eso ha imputado a las otras tres beneficiadas y sugiere al Supremo que haga lo mismo con el presidente del PP ya que ella no puede porque él es aforado.
Y qué pasa en la máxima instancia judicial: pues que el teniente fiscal que quiere exculpar a Casado fue nombrado por el fiscal general del gobierno del partido de Casado y que cuatro de los cinco jueces que tienen que juzgar a Casado han sido designados por los miembros del Consejo General del Poder Judicial puestos por el partido de Casado. Todo casado y bien casado. Los políticos nombran a los jueces que nombran a los que juzgan a los políticos. La separación de poderes y la democracia en España son más falsas que el máster del prenda.
La jueza ha sido hábil y le ha pedido al ministerio fiscal que se pronuncie sobre las compañeras de Casado imputadas, porque si le da la razón, quedará en evidencia el teniente fiscal del Supremo. También los magistrados del tribunal, si cierran el caso sin investigarlo. Nos estarán diciendo que el aforamiento es impunidad, que hay jueces que amparan la corrupción, que unos cuecen y otros se enriquecen, que tu esfuerzo no vale nada frente a su privilegio, que hay ciudadanos de segunda y una oligarquía que va en primera, que ellos tienen la vida regalada a tu costa y que la justicia española no es justicia ni es igual para todos. Eso lo saben hasta en Bruselas.
https://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/vida-regalada-Pablo-Casado_6_817928232.html
¡Que vergüenza andar por el mundo pidiendo responsabiliades a otros mientras yo no doy explicaciones a nadie sobre presuntos delitos que me han afinado en la Fiscalía!
¡Menuda cara de cemento armado!
Los investigados por el máster de Casado comienzan a pedir el archivo alegando el escrito de la Fiscalía del Supremo
"Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción", afirma la defensa de María Mateo Feito, una de las compañeras de Casado imputadas
La Fiscalía rechazó que se imputase a Casado alegando que el cohecho está prescrito y añadió que no había indicios de que cometió prevaricación
Pedro Águeda
25/09/2018 - 19:49h
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María Mateo Feito en el juzgado de Plaza Castilla ÁLVARO MINGUITO
Una alumna del máster de Casado confiesa a la jueza que obtuvo el título sin hacer nada
No han esperado ni a que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo acuerde no investigar a Pablo Casado. El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y una de las alumnas con expediente idéntico al presidente del Partido Popular se han dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel para que archive las causas contra ellos de acuerdo al escrito en el que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a la magistrada de querer hacer una investigación prospectiva y no tener argumentos para solicitar la imputación del político.
“Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción”, afirma la defensa de María Mateo Feito, imputada en la pieza C, la que investiga el máster de derecho local y autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2008/09. Feito fue asesora del PP en el Ministerio de Empleo y es hija de la colaboradora de Cristina Cifuentes que presionó para que la universidad fabricara una coartada para la expresidenta madrileña.
El letrado que representa a una de las tres alumnas imputadas añade que el hecho de que el Supremo considera, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, que la investigación “prospectiva” representa “una grave disfunción en la administración de justicia”.
La misma iniciativa ha adoptado la defensa de Fernando Suárez, el exrector que dimitió por el escándalo de los plagios. En este caso, sin embargo, la representación letrada recuerda que es la misma jueza la que desprovee de cualquier responsabilidad al propio Suárez y valora el contenido de su declaración ante ella para esclarecer las presuntas ilegalidades cometidas durante el curso de Casado.
Aun así, la abogada afirma: "Por esta parte no se había interesado este sobreseimiento con anterioridad, esperando que se pronunciara el Tribunal Supremo, pero habiéndose notificado a esta representación resoluciones por las que se pide informe para el archivo de las diligencias respecto de otros investigados, es por lo que instamos en este momento".
La Fiscalía del Supremo rechazó el pasado viernes que se investigase a Casado por el máster, como pedía la jueza, porque consideran que el delito de cohecho ya ha prescrito. Además, su escrito señalaba que "no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria" que el líder del PP se concertó con Enrique Álvarez Conde para obtener el máster sin hacer nada.
Ese informe contenía varios reproches contra la jueza, como que el procedimiento que había llevado desde su Juzgado era "meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado". Sin esperar a la decisión del juez, algunos de los imputados ya han usado esas frases para tratar de que se archive la causa contra ellos.
https://www.eldiario.es/politica/investigados-Casado-comienzan-Fiscalia-Supremo_0_818219252.html
"Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción", afirma la defensa de María Mateo Feito, una de las compañeras de Casado imputadas
La Fiscalía rechazó que se imputase a Casado alegando que el cohecho está prescrito y añadió que no había indicios de que cometió prevaricación
Pedro Águeda
25/09/2018 - 19:49h
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María Mateo Feito en el juzgado de Plaza Castilla ÁLVARO MINGUITO
Una alumna del máster de Casado confiesa a la jueza que obtuvo el título sin hacer nada
No han esperado ni a que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo acuerde no investigar a Pablo Casado. El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y una de las alumnas con expediente idéntico al presidente del Partido Popular se han dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel para que archive las causas contra ellos de acuerdo al escrito en el que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a la magistrada de querer hacer una investigación prospectiva y no tener argumentos para solicitar la imputación del político.
“Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción”, afirma la defensa de María Mateo Feito, imputada en la pieza C, la que investiga el máster de derecho local y autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2008/09. Feito fue asesora del PP en el Ministerio de Empleo y es hija de la colaboradora de Cristina Cifuentes que presionó para que la universidad fabricara una coartada para la expresidenta madrileña.
El letrado que representa a una de las tres alumnas imputadas añade que el hecho de que el Supremo considera, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, que la investigación “prospectiva” representa “una grave disfunción en la administración de justicia”.
La misma iniciativa ha adoptado la defensa de Fernando Suárez, el exrector que dimitió por el escándalo de los plagios. En este caso, sin embargo, la representación letrada recuerda que es la misma jueza la que desprovee de cualquier responsabilidad al propio Suárez y valora el contenido de su declaración ante ella para esclarecer las presuntas ilegalidades cometidas durante el curso de Casado.
Aun así, la abogada afirma: "Por esta parte no se había interesado este sobreseimiento con anterioridad, esperando que se pronunciara el Tribunal Supremo, pero habiéndose notificado a esta representación resoluciones por las que se pide informe para el archivo de las diligencias respecto de otros investigados, es por lo que instamos en este momento".
La Fiscalía del Supremo rechazó el pasado viernes que se investigase a Casado por el máster, como pedía la jueza, porque consideran que el delito de cohecho ya ha prescrito. Además, su escrito señalaba que "no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria" que el líder del PP se concertó con Enrique Álvarez Conde para obtener el máster sin hacer nada.
Ese informe contenía varios reproches contra la jueza, como que el procedimiento que había llevado desde su Juzgado era "meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado". Sin esperar a la decisión del juez, algunos de los imputados ya han usado esas frases para tratar de que se archive la causa contra ellos.
https://www.eldiario.es/politica/investigados-Casado-comienzan-Fiscalia-Supremo_0_818219252.html
El consejero para el que trabajó Casado financió con 62.000 euros el instituto donde cursó su máster
Alfredo Prada, vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre, y Enrique Álvarez Conde firmaron en 2007 un acuerdo para que funcionarios regionales asistiesen a un curso del Instituto de Derecho Público
Casado fue asesor del consejero hasta meses antes de que se firmase el acuerdo, mientras Prada era vicepresidente segundo y responsable de Justicia de la Comunidad de Madrid
El IDP obtuvo la ayuda económica para una formación que se realizó el mismo año en el que el político popular se matriculó en el posgrado de derecho autonómico
Laura Galaup
25/09/2018 - 21:28h
Extracto del convenio firmado entre Enrique Álvarez Conde y Alfredo Prada
Las sombras del brillante expediente académico de Pablo Casado
La Comunidad de Madrid es una de las entidades que ha inyectado dinero público al ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. El Gobierno regional financió la elaboración de informes, la matriculación de funcionarios en formaciones de arbitraje y en el máster de derecho autonómico que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes. De hecho, entre los años 2009 y 2012 el Gobierno regional aportó 370.000 euros a este departamento dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso máster.
Uno de los convenios de los que se benefició este instituto fue firmado por Alfredo Prada, el consejero de la Comunidad de Madrid para el que trabajó Pablo Casado cuando inició su carrera política. El acuerdo se suscribió con Álvarez Conde en noviembre de 2007. El objetivo era impartir en 2008 un curso de especialización sobre arbitraje a funcionarios regionales por el que el IDP facturó 62.400 euros a las arcas públicas regionales.
Estos dos nombres están vinculados a la carrera académica y profesional de Casado. Cuando suscribieron el acuerdo, Alfredo Prada era el vicepresidente segundo, consejero de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Hasta junio de 2007 Prada había sido jefe del político popular: el hoy presidente del PP fue uno de sus asesores desde marzo 2004 hasta que se incorporó como diputado a la Asamblea de Madrid.
Prada defiende la "legalidad" del acuerdo
Por su parte, Álvarez Conde fue el director de su máster, actualmente investigado por la justicia y al que Casado se incorporó en septiembre del 2008. También fue el profesor de tres de las únicas cuatro asignaturas que cursó el expresidente de Nuevas Generaciones después de que le convalidasen 18 de las 22 materias del posgrado. En las tres obtuvo un sobresaliente, a pesar de que el líder de los populares no asistió a sus clases.
Prada asegura a eldiario.es que no recordaba este acuerdo y que no tiene ni ha tenido ninguna relación personal con Álvarez Conde. Asimismo reseña que en aquella época dirigía una veintena de organismos públicos para incidir en el elevado número de documentación que suscribió.
"No habría firmado ningún documento que no hubiera contado con toda la legalidad y los informes favorables de la Comunidad", incide el antiguo alto cargo del Gobierno regional para defender su actuación como responsable del IMAP. Además asegura que nunca habló sobre el IDP con Casado. Esta redacción también ha intentado contactar con el catedrático imputado de la URJC, sin éxito por el momento.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51, situó a Álvarez Conde en el centro de un "plan preconcebido", como "urdidor" de una presunta trama que utilizaba sus "prebendas" para crear "un clima favorable" que potenciase sus relaciones políticas y profesionales. Entre los alumnos que se vieron favorecidos por este sistema la magistrada apunta a Casado, al que considera que le regalaron el máster "a modo de prebenda" por su "relevancia política".
Se presupuestaron 83.160 euros
El acuerdo firmado por Prada, como presidente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), y Álvarez Conde establecía "las condiciones de colaboración entre ambas entidades" para que los empleados de la Comunidad participasen en el "IV curso de especialización sobre arbitraje". En él, el IMAP se comprometía a financiar la mayor parte de la matrícula de 33 funcionarios, el organismo público asumiría 2.520 euros y el alumno los 280 euros restantes.
En el acuerdo se presupuestó el pago de un máximo de 83.160 euros. Finalmente, esa cantidad fue menor. Se matricularon 20 trabajadores y la Comunidad emitió una factura en febrero del 2008 de 50.400 euros. Ese mismo mes este departamento también sufragó "los costes de promoción, difusión y publicidad del curso", que supusieron 12.000 euros a las cuentas del Gobierno regional.
Según este acuerdo, el curso se impartió los jueves por la tarde desde el 24 de enero al 5 de junio del 2008 en el campus de Vicálvaro. En este convenio el departamento dirigido por Prada también asumía la responsabilidad de "realizar una campaña interna de difusión entre los empleados públicos". Por su parte, el IDP tenía que informar sobre la "marcha, desarollo y resultados" de esta formación.
Desde el equipo actual de la Consejería de Presidencia aseguran que se escogió al organismo de Álvarez Conde porque "parece ser que en aquella época era el único Instituto de Derecho Público que impartía cursos de arbitraje". Asimismo reseñan que "no ha habido un seguimiento específico" a esta docencia. Prada reseña que el encargado de supervisar esa formación era el director general de función pública. Esta redacción ya informó de que en la promoción en la que se matriculó Cristina Cifuentes, la Comunidad subvencionó el máster a un trabajador que aseguró a esta redacción que nunca lo cursó.
Pagaron la matrícula de cuatro compañeros de Casado
En 2008 el IMAP no solo financió este proyecto al IDP dentro de sus programas de formación de personal. El 15 de septiembre del 2008 el instituto dirigido por Álvarez Conde emitió otra factura de 5.320 euros para abonar la matrícula de cuatro compañeros de Pablo Casado en el máster de derecho autonómico y local. Tres días después, realizó otra de 18.000 euros bajo el concepto de "estudio comparado sobre los procesos de calidad en las administraciones públicas". Entonces Prada ya no era el firmante de los acuerdos, ya no estaba al frente de la vicepresidencia ni de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Aguirre le cesó en junio del 2008.
Este convenio no supuso el inicio de la financiación del IMAP al departamento que gestionaba Álvarez Conde. De acuerdo a la información aportada por el portal de transparencia regional a esta redacción, esta relación comenzó en 2006. En aquel momento fue Francisco Granados, como presidente de este organismo público, el que suscribió el primer convenio con Álvarez Conde para financiar estos cursos. Ese año la Comunidad de Madrid destinó 48.400 euros. Doce meses después se dedicaron 92.400 euros para la matriculación de 33 trabajadores en la misma formación.
https://www.eldiario.es/sociedad/consejero-trabajo-Casado-financio-instituto_0_817869227.html
Antes de pedir explicaciones a los demás debiera explicar él, Casado, muchas cosas.
Alfredo Prada, vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre, y Enrique Álvarez Conde firmaron en 2007 un acuerdo para que funcionarios regionales asistiesen a un curso del Instituto de Derecho Público
Casado fue asesor del consejero hasta meses antes de que se firmase el acuerdo, mientras Prada era vicepresidente segundo y responsable de Justicia de la Comunidad de Madrid
El IDP obtuvo la ayuda económica para una formación que se realizó el mismo año en el que el político popular se matriculó en el posgrado de derecho autonómico
Laura Galaup
25/09/2018 - 21:28h
Extracto del convenio firmado entre Enrique Álvarez Conde y Alfredo Prada
Las sombras del brillante expediente académico de Pablo Casado
La Comunidad de Madrid es una de las entidades que ha inyectado dinero público al ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. El Gobierno regional financió la elaboración de informes, la matriculación de funcionarios en formaciones de arbitraje y en el máster de derecho autonómico que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes. De hecho, entre los años 2009 y 2012 el Gobierno regional aportó 370.000 euros a este departamento dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso máster.
Uno de los convenios de los que se benefició este instituto fue firmado por Alfredo Prada, el consejero de la Comunidad de Madrid para el que trabajó Pablo Casado cuando inició su carrera política. El acuerdo se suscribió con Álvarez Conde en noviembre de 2007. El objetivo era impartir en 2008 un curso de especialización sobre arbitraje a funcionarios regionales por el que el IDP facturó 62.400 euros a las arcas públicas regionales.
Estos dos nombres están vinculados a la carrera académica y profesional de Casado. Cuando suscribieron el acuerdo, Alfredo Prada era el vicepresidente segundo, consejero de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Hasta junio de 2007 Prada había sido jefe del político popular: el hoy presidente del PP fue uno de sus asesores desde marzo 2004 hasta que se incorporó como diputado a la Asamblea de Madrid.
Prada defiende la "legalidad" del acuerdo
Por su parte, Álvarez Conde fue el director de su máster, actualmente investigado por la justicia y al que Casado se incorporó en septiembre del 2008. También fue el profesor de tres de las únicas cuatro asignaturas que cursó el expresidente de Nuevas Generaciones después de que le convalidasen 18 de las 22 materias del posgrado. En las tres obtuvo un sobresaliente, a pesar de que el líder de los populares no asistió a sus clases.
Prada asegura a eldiario.es que no recordaba este acuerdo y que no tiene ni ha tenido ninguna relación personal con Álvarez Conde. Asimismo reseña que en aquella época dirigía una veintena de organismos públicos para incidir en el elevado número de documentación que suscribió.
"No habría firmado ningún documento que no hubiera contado con toda la legalidad y los informes favorables de la Comunidad", incide el antiguo alto cargo del Gobierno regional para defender su actuación como responsable del IMAP. Además asegura que nunca habló sobre el IDP con Casado. Esta redacción también ha intentado contactar con el catedrático imputado de la URJC, sin éxito por el momento.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51, situó a Álvarez Conde en el centro de un "plan preconcebido", como "urdidor" de una presunta trama que utilizaba sus "prebendas" para crear "un clima favorable" que potenciase sus relaciones políticas y profesionales. Entre los alumnos que se vieron favorecidos por este sistema la magistrada apunta a Casado, al que considera que le regalaron el máster "a modo de prebenda" por su "relevancia política".
Se presupuestaron 83.160 euros
El acuerdo firmado por Prada, como presidente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), y Álvarez Conde establecía "las condiciones de colaboración entre ambas entidades" para que los empleados de la Comunidad participasen en el "IV curso de especialización sobre arbitraje". En él, el IMAP se comprometía a financiar la mayor parte de la matrícula de 33 funcionarios, el organismo público asumiría 2.520 euros y el alumno los 280 euros restantes.
En el acuerdo se presupuestó el pago de un máximo de 83.160 euros. Finalmente, esa cantidad fue menor. Se matricularon 20 trabajadores y la Comunidad emitió una factura en febrero del 2008 de 50.400 euros. Ese mismo mes este departamento también sufragó "los costes de promoción, difusión y publicidad del curso", que supusieron 12.000 euros a las cuentas del Gobierno regional.
Según este acuerdo, el curso se impartió los jueves por la tarde desde el 24 de enero al 5 de junio del 2008 en el campus de Vicálvaro. En este convenio el departamento dirigido por Prada también asumía la responsabilidad de "realizar una campaña interna de difusión entre los empleados públicos". Por su parte, el IDP tenía que informar sobre la "marcha, desarollo y resultados" de esta formación.
Desde el equipo actual de la Consejería de Presidencia aseguran que se escogió al organismo de Álvarez Conde porque "parece ser que en aquella época era el único Instituto de Derecho Público que impartía cursos de arbitraje". Asimismo reseñan que "no ha habido un seguimiento específico" a esta docencia. Prada reseña que el encargado de supervisar esa formación era el director general de función pública. Esta redacción ya informó de que en la promoción en la que se matriculó Cristina Cifuentes, la Comunidad subvencionó el máster a un trabajador que aseguró a esta redacción que nunca lo cursó.
Pagaron la matrícula de cuatro compañeros de Casado
En 2008 el IMAP no solo financió este proyecto al IDP dentro de sus programas de formación de personal. El 15 de septiembre del 2008 el instituto dirigido por Álvarez Conde emitió otra factura de 5.320 euros para abonar la matrícula de cuatro compañeros de Pablo Casado en el máster de derecho autonómico y local. Tres días después, realizó otra de 18.000 euros bajo el concepto de "estudio comparado sobre los procesos de calidad en las administraciones públicas". Entonces Prada ya no era el firmante de los acuerdos, ya no estaba al frente de la vicepresidencia ni de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Aguirre le cesó en junio del 2008.
Este convenio no supuso el inicio de la financiación del IMAP al departamento que gestionaba Álvarez Conde. De acuerdo a la información aportada por el portal de transparencia regional a esta redacción, esta relación comenzó en 2006. En aquel momento fue Francisco Granados, como presidente de este organismo público, el que suscribió el primer convenio con Álvarez Conde para financiar estos cursos. Ese año la Comunidad de Madrid destinó 48.400 euros. Doce meses después se dedicaron 92.400 euros para la matriculación de 33 trabajadores en la misma formación.
https://www.eldiario.es/sociedad/consejero-trabajo-Casado-financio-instituto_0_817869227.html
Antes de pedir explicaciones a los demás debiera explicar él, Casado, muchas cosas.
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