El negocio del agua

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La sequía española es la gran oportunidad de los hijos de p***


En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos.

La sequía que padece la geografía española (inducida o no) recorre los mismos derroteros que aquella funesta experiencia, y los fondos Next Generation de la Unión Europea son el instrumento para que un bien esencial para el desarrollo humano sea convertido, bajo el paraguas de la eficiencia y la sostenibilidad, en un bien de pago. De hecho, el plan de recuperación español auspiciado por la UE aboga precisamente por una «digitalización» del ciclo del agua, similar al que ya ha sido incorporado en el negocio de la electricidad.

Entendido el negocio del agua como la suma de productos, canales de distribución, concesiones y puntos de venta, empresas españolas como Sacyr, con su proyecto SOS Agua, se han erigido en «facilitadoras» del acceso a este recurso.

La Comisión Europea impulsó en el año 2003 la creación de Water Europe, un grupo de presión encargado de asesorar a los Estados miembros y a sus administraciones en lo que ellos llaman «agua inteligente» y que tienen cuatro objetivos: reducir un 50% las fuentes de extracción de agua; agregarle valor como commodity; añadir competitividad al mercado del agua europeo y «garantizar a largo plazo la estabilidad y la sostenibilidad de los acuíferos y las diferentes fuentes de obtención de agua».

Es decir, el patrón es convertir el agua en un bien escaso que motive la incautación de regadíos, la distribución de contadores, el abono de precios libres en función de la oferta y la demanda, así como el necesario cambio cultural español en torno a este recurso, hasta ahora más o menos convencido de la generosidad en su acceso.

Para ello apuestan por «soluciones digitales y modelos de buen gobierno corporativo y de negocio que contribuyan a resolver, con objetivos sostenibles, el desafío de unas sociedades inteligentes en las que los recursos del agua estén plenamente garantizados y su demanda, satisfecha”, afirman en su web.

Water Europe es el ejemplo más claro de eso que se viene a llamar «colaboración público privada», es decir, un grupo de empresas líderes que promueven a una serie de «especialistas» distribuidos en organismos, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas y que no se sabe nunca para quién trabajan. Corporaciones punteras como Suez, Veolia, Acciona o Coca-Cola son las empresas que están detrás de este lobby.

El paulatino acceso de «empresas gestoras» en las concesiones de agua potable a partir del año 2000 se ha ido naturalizando, y la evolución del sector (que es normalmente el anticipo de las regulaciones por venir) augura un próspero negocio en la «gestión eficiente».

Durante los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero se introdujeron en España profundos cambios en la antigua Ley de Aguas, limitando los derechos e introduciendo el mercado del agua, así como se introdujo el llamado «Plan Hidrológico Nacional» y la Directiva Marco Europea, que fue una silenciosa pero contundente privatización de los recursos hídricos.

El concepto de esta reforma era que recaudando por consumo de agua se repercutirían los ingresos en la mejora de la infraestructura, evitando así los efectos de sequías prolongadas. Y podría pensarse que el objetivo fracasó, pero no es así.

En efecto, se han reducido notablemente las fuentes de extracción y la sequía, entendida ya no como anomalía del clima, sino como concepto político, se ha instalado en la población española, y la idea del «racionamiento», la «gestión eficiente» (de pago) y los «límites de acceso» están cada vez más asumidos.

Franklin Roosvelt definió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como «nuestro hijo de put*, trabaja para nosotros». Quienes diseñaron esta política hídrica son los hijos de put* que están haciendo cola en los despachos oficiales para llevarse alguna concesión hídrica o de infraestructura, y que seguramente fueron los que colocaron a otros como ellos a cargo de esos despachos.

Los efectos de esa sequía políticamente inducida los estamos viendo en el precio de los alimentos y en todo aquello que repercute en el bienestar general, que ya no es general, sino de pago. Y animamos a los lectores a que busquen en sus municipios quienes serán los encargados de «gestionar» el racionamiento hídrico previsto para este verano.

https://mpr21.info/la-sequia-espanola-es-la-gran-oportunidad-de-los-hijos-de-put*/
 
Nos estamos suicidando con la demolición de las presas y los embalses en los ríos? Y aquí España es campeón: el país europeo que más obras fluviales está destruyendo. La experta en Derecho de Agua, Pilar Esquinas, denuncia que el objetivo es convertir a los agricultores y ganaderos en empleados precarios. Los ecologistas se han convertido en el brazo de las grandes multinacionales. Nuestra Web: 7nn.tv

 

La verdad sobre el BULO de las “256 presas y embalses” que está derribando el Gobierno

  • Liberar los ríos de barreras obsoletas y abandonadas no agrava la escasez de agua y pretende, como reclama Bruselas, recuperar los cauces de los ríos

Presa en el río Lozoya (Comunidad de Madrid)
Presa en el río Lozoya (Comunidad de Madrid) Daniel Sánchez Caballero.

Raúl Rejón

3 de mayo de 2023 22:20h
Actualizado el 05/05/2023 21:42h

“Sánchez ha destruido 256 presas y embalses”, dice el bulo que circula desde hace semanas sobre que en España se demuelen embalses en tiempos de sequía para agravar así la escasez de agua. “Sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería”, sostienen estas teorías conspirativas surgidas en foros de ultraderecha como munición contra el Gobierno de coalición, pero que a medida que las lluvias no llegan, se extiende. E incluso va un poco más allá: sostienen que este supuesto desmontaje de la reserva hídrica tiene como objetivo favorecer la producción de Marruecos.

En realidad, todas estas afirmaciones aprovechan la coyuntura de sequía para afirmar que desmantelar las barreras obsoletas, abandonadas y en desuso que cortan los ríos impide almacenar agua. Un paso más del mensaje que dice, falsamente, que desembocar agua en el mar es un desperdicio.

Lo cierto es que la eliminación de estos obstáculos “esencialmente obsoletos”–más barreras que presas, en cualquier caso– es una obligación que deriva de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad con la idea de cumplir con la Directiva Marco del Agua, es decir, observar la ley.

Recuperar los ríos por orden de Bruselas​


Esta Estrategia indica que en 2030 deben estar liberados al menos 25.000 kilómetros de ríos para que “vuelvan a ser de caudal libre”. La Comisión Europea indicaba en 2021 que “se exigen esfuerzos mayores para recuperar los ecosistemas de agua dulce y las funciones naturales de los ríos”. Y remachaba que “esto puede lograrse eliminando o adaptando las barreras fluviales que impiden el paso de los peces migratorios y mejorando el flujo de agua y sedimentos”. Casi la mitad de los ríos españoles está en mal estado.


No se trata, pues, de destruir grandes embalses que, por otro lado, ahora están a la mitad de su capacidad. Ni del vaciado de presas destinadas a generar energía hidroeléctrica, sino de corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Es decir, cumplir con el mandato legal de calidad de agua de la normativa europea.

De hecho, la reservas hídricas están por debajo del 50% porque ha llegado un periodo seco cuando los embalses ya estaban bajos por el consumo intensivo. Al no presentarse las lluvias, las reservas han permanecido exprimidas. A falta de los datos finales, abril ha sido de los más secos desde que hay registros, cuando debe ser de los más lluviosos. Las sequías se están convirtiendo en cada vez más recurrentes como consecuencia de la crisis climática.

La eliminación de este tipo de barreras para liberar cursos no es algo realmente nuevo. Se hace desde hace décadas. El Ministerio de Transición Ecológica cuenta que desde 2005 se han demolido 634 presas y azudes –en su inmensa mayoría este tipo de barreras– obsoletos. La organización Dam Removal ha recontado que, en los últimos dos años, se han eliminado 241 de estas barreras sobre cursos españoles. “Todos estos obstáculos, en algún punto, se prolongan más allá de su vida útil. Ya no sirven para su propósito económico e incluso presentan problemas de seguridad”, afirma la organización.


Rafael Seiz. Responsable del área de Aguas de WWF
“El 99% de lo que se ha eliminado no tenía función de abastencimiento. Tampoco para regantes. La mayoría son azudes o pequeñas presas y suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con todo lo que hay

En 2021 fueron 108 y otros 133 en 2022. Sin embargo, Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.


Por su parte, WWF calcula que en España hay unas 5.400 infraestructuras que pueden desmantelarse y conseguir así más de 17.000 kilómetros de ríos liberados, como marca la estrategia europea.
El país con más presas de la UE

España aparece en primera posición en los informes de desmantelamiento en Europa. Pero es que es el país de la Unión Europea con más presas y el quinto del mundo. Además, se da la circunstancia de que en estos años están caducando múltiples concesiones que habían amparado la construcción de estas barreras. “Concesiones que se hicieron hace mucho tiempo, entre 25 y 50 años”, cuenta Seiz. Esto ha provocado que la Administración se haya encontrado con muchas infraestructuras sobre las que actuar.


En 2021 fueron 108 y otros 133 en 2022. Sin embargo, Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.

Por su parte, WWF calcula que en España hay unas 5.400 infraestructuras que pueden desmantelarse y conseguir así más de 17.000 kilómetros de ríos liberados, como marca la estrategia europea.
Todas estas pequeñas presas, motas y azudes están ocupando el Dominio Público Hidráulico. Necesitan una autorización. Y una vez que caduca, las confederaciones hidrográficas deciden si sacan a concurso ese derecho, si la Administración se queda la infraestructura o si se extingue ese uso. Si no hay renovaciones, el Dominio Público, que es de todos, debe restaurarse a su estado original. Y esas son, grosso modo, las barreras que ahora están eliminándose.

Además, no es un plan sobrevenido en tiempos de precipitaciones escasas. Cada una de ellas exige todo un procedimiento administrativo: detección de la infraestructura, análisis, audiencia a los implicados, alegaciones, contestaciones, visita in situ, exposición de motivos, una resolución... Y después puede recurrirse a los tribunales.
“Es un bulo que estas liberaciones impidan tener agua: no podemos guardar porque no llueve, no porque no tengamos presas. Además, las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, no aportan nada porque no tienen capacidad de regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remata Seiz.

Sequía y elecciones a la vista

Este estudio de 2020 certificó que para todo este tipo de infraestructuras de pequeño tamaño es más económico desmantelar que los gastos que implica su mantenimiento y actualización para adecuarse a la normativa de seguridad de presas.

Sin embargo, el cóctel que ha generado la sequía, las altas demandas de agua y las protestas del sector agrario han alimentado el bulo. De los círculos ultraderechistas ha ido expandiéndose y está en la base del encontronazo entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de la presa de Valdecaballeros.

Esa presa se pensó para refrigerar dos reactores nucleares que nunca se construyeron. La infraestructura está sin terminar desde 1983, cuenta con un desvío permanentemente abierto, pero el hormigón se eleva 36 metros de altura y retiene hasta 75 hm3.

Esta infraestructura nunca ha ofrecido más servicio que el abastecimiento de las localidades de Valdecaballeros y Castiblanco, que suman 2.000 vecinos –y que tiene aprobada una captación alternativa de agua del gran embalse García Sola, situado dos kilómetros más abajo y del que la presa de Valdecaballeros es subsidiaria–. También hay quien la aprovecha para la pesca de carpas royal y black basses, ambas especies exóticas invasoras.

Cuando las eléctricas Endesa e Iberdrola renunciaron a la concesión en 2019 –porque la central nuclear prevista por ambas compañías nunca se construyó y la presa ni siquiera esta terminada–, se inició el expediente para desmantelarla. El trámite fue avanzando y ha contado con el visto bueno del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

Pero con las elecciones autonómicas a la vista, el Gobierno de Extremadura ha recurrido la demolición. El presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha dicho este martes: “No se va a tirar. Punto y final”. Entre sus argumentos, ha incluido “necesitamos el agua”.

Todas estas pequeñas presas, motas y azudes están ocupando el Dominio Público Hidráulico. Necesitan una autorización. Y una vez que caduca, las confederaciones hidrográficas deciden si sacan a concurso ese derecho, si la Administración se queda la infraestructura o si se extingue ese uso. Si no hay renovaciones, el Dominio Público, que es de todos, debe restaurarse a su estado original. Y esas son, grosso modo, las barreras que ahora están eliminándose.

Además, no es un plan sobrevenido en tiempos de precipitaciones escasas. Cada una de ellas exige todo un procedimiento administrativo: detección de la infraestructura, análisis, audiencia a los implicados, alegaciones, contestaciones, visita in situ, exposición de motivos, una resolución... Y después puede recurrirse a los tribunales.

“Es un bulo que estas liberaciones impidan tener agua: no podemos guardar porque no llueve, no porque no tengamos presas. Además, las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, no aportan nada porque no tienen capacidad de regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remata Seiz.

(eldiario.es)

 

La verdad sobre el BULO de las “256 presas y embalses” que está derribando el Gobierno

  • Liberar los ríos de barreras obsoletas y abandonadas no agrava la escasez de agua y pretende, como reclama Bruselas, recuperar los cauces de los ríos

Presa en el río Lozoya (Comunidad de Madrid)
Presa en el río Lozoya (Comunidad de Madrid) Daniel Sánchez Caballero.

Raúl Rejón

3 de mayo de 2023 22:20h
Actualizado el 05/05/2023 21:42h

“Sánchez ha destruido 256 presas y embalses”, dice el bulo que circula desde hace semanas sobre que en España se demuelen embalses en tiempos de sequía para agravar así la escasez de agua. “Sin estas presas y embalses hay menos agua y sin agua no hay agricultura ni ganadería”, sostienen estas teorías conspirativas surgidas en foros de ultraderecha como munición contra el Gobierno de coalición, pero que a medida que las lluvias no llegan, se extiende. E incluso va un poco más allá: sostienen que este supuesto desmontaje de la reserva hídrica tiene como objetivo favorecer la producción de Marruecos.

En realidad, todas estas afirmaciones aprovechan la coyuntura de sequía para afirmar que desmantelar las barreras obsoletas, abandonadas y en desuso que cortan los ríos impide almacenar agua. Un paso más del mensaje que dice, falsamente, que desembocar agua en el mar es un desperdicio.

Lo cierto es que la eliminación de estos obstáculos “esencialmente obsoletos”–más barreras que presas, en cualquier caso– es una obligación que deriva de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad con la idea de cumplir con la Directiva Marco del Agua, es decir, observar la ley.

Recuperar los ríos por orden de Bruselas​


Esta Estrategia indica que en 2030 deben estar liberados al menos 25.000 kilómetros de ríos para que “vuelvan a ser de caudal libre”. La Comisión Europea indicaba en 2021 que “se exigen esfuerzos mayores para recuperar los ecosistemas de agua dulce y las funciones naturales de los ríos”. Y remachaba que “esto puede lograrse eliminando o adaptando las barreras fluviales que impiden el paso de los peces migratorios y mejorando el flujo de agua y sedimentos”. Casi la mitad de los ríos españoles está en mal estado.


No se trata, pues, de destruir grandes embalses que, por otro lado, ahora están a la mitad de su capacidad. Ni del vaciado de presas destinadas a generar energía hidroeléctrica, sino de corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Es decir, cumplir con el mandato legal de calidad de agua de la normativa europea.

De hecho, la reservas hídricas están por debajo del 50% porque ha llegado un periodo seco cuando los embalses ya estaban bajos por el consumo intensivo. Al no presentarse las lluvias, las reservas han permanecido exprimidas. A falta de los datos finales, abril ha sido de los más secos desde que hay registros, cuando debe ser de los más lluviosos. Las sequías se están convirtiendo en cada vez más recurrentes como consecuencia de la crisis climática.

La eliminación de este tipo de barreras para liberar cursos no es algo realmente nuevo. Se hace desde hace décadas. El Ministerio de Transición Ecológica cuenta que desde 2005 se han demolido 634 presas y azudes –en su inmensa mayoría este tipo de barreras– obsoletos. La organización Dam Removal ha recontado que, en los últimos dos años, se han eliminado 241 de estas barreras sobre cursos españoles. “Todos estos obstáculos, en algún punto, se prolongan más allá de su vida útil. Ya no sirven para su propósito económico e incluso presentan problemas de seguridad”, afirma la organización.


Rafael Seiz. Responsable del área de Aguas de WWF
“El 99% de lo que se ha eliminado no tenía función de abastencimiento. Tampoco para regantes. La mayoría son azudes o pequeñas presas y suponen un porcentaje muy pequeño en comparación con todo lo que hay

En 2021 fueron 108 y otros 133 en 2022. Sin embargo, Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.


Por su parte, WWF calcula que en España hay unas 5.400 infraestructuras que pueden desmantelarse y conseguir así más de 17.000 kilómetros de ríos liberados, como marca la estrategia europea.
El país con más presas de la UE

España aparece en primera posición en los informes de desmantelamiento en Europa. Pero es que es el país de la Unión Europea con más presas y el quinto del mundo. Además, se da la circunstancia de que en estos años están caducando múltiples concesiones que habían amparado la construcción de estas barreras. “Concesiones que se hicieron hace mucho tiempo, entre 25 y 50 años”, cuenta Seiz. Esto ha provocado que la Administración se haya encontrado con muchas infraestructuras sobre las que actuar.


En 2021 fueron 108 y otros 133 en 2022. Sin embargo, Transición Ecológica tiene inventariados más de 18.500 obras transversales solo en la cuencas de su competencia –sin contar las que gestionan las comunidades autónomas–. Destacan “azudes y presas con altura media inferior a dos metros”, subraya el Ministerio.

Por su parte, WWF calcula que en España hay unas 5.400 infraestructuras que pueden desmantelarse y conseguir así más de 17.000 kilómetros de ríos liberados, como marca la estrategia europea.
Todas estas pequeñas presas, motas y azudes están ocupando el Dominio Público Hidráulico. Necesitan una autorización. Y una vez que caduca, las confederaciones hidrográficas deciden si sacan a concurso ese derecho, si la Administración se queda la infraestructura o si se extingue ese uso. Si no hay renovaciones, el Dominio Público, que es de todos, debe restaurarse a su estado original. Y esas son, grosso modo, las barreras que ahora están eliminándose.

Además, no es un plan sobrevenido en tiempos de precipitaciones escasas. Cada una de ellas exige todo un procedimiento administrativo: detección de la infraestructura, análisis, audiencia a los implicados, alegaciones, contestaciones, visita in situ, exposición de motivos, una resolución... Y después puede recurrirse a los tribunales.
“Es un bulo que estas liberaciones impidan tener agua: no podemos guardar porque no llueve, no porque no tengamos presas. Además, las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, no aportan nada porque no tienen capacidad de regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remata Seiz.

Sequía y elecciones a la vista

Este estudio de 2020 certificó que para todo este tipo de infraestructuras de pequeño tamaño es más económico desmantelar que los gastos que implica su mantenimiento y actualización para adecuarse a la normativa de seguridad de presas.

Sin embargo, el cóctel que ha generado la sequía, las altas demandas de agua y las protestas del sector agrario han alimentado el bulo. De los círculos ultraderechistas ha ido expandiéndose y está en la base del encontronazo entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de la presa de Valdecaballeros.

Esa presa se pensó para refrigerar dos reactores nucleares que nunca se construyeron. La infraestructura está sin terminar desde 1983, cuenta con un desvío permanentemente abierto, pero el hormigón se eleva 36 metros de altura y retiene hasta 75 hm3.

Esta infraestructura nunca ha ofrecido más servicio que el abastecimiento de las localidades de Valdecaballeros y Castiblanco, que suman 2.000 vecinos –y que tiene aprobada una captación alternativa de agua del gran embalse García Sola, situado dos kilómetros más abajo y del que la presa de Valdecaballeros es subsidiaria–. También hay quien la aprovecha para la pesca de carpas royal y black basses, ambas especies exóticas invasoras.

Cuando las eléctricas Endesa e Iberdrola renunciaron a la concesión en 2019 –porque la central nuclear prevista por ambas compañías nunca se construyó y la presa ni siquiera esta terminada–, se inició el expediente para desmantelarla. El trámite fue avanzando y ha contado con el visto bueno del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

Pero con las elecciones autonómicas a la vista, el Gobierno de Extremadura ha recurrido la demolición. El presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ha dicho este martes: “No se va a tirar. Punto y final”. Entre sus argumentos, ha incluido “necesitamos el agua”.

Todas estas pequeñas presas, motas y azudes están ocupando el Dominio Público Hidráulico. Necesitan una autorización. Y una vez que caduca, las confederaciones hidrográficas deciden si sacan a concurso ese derecho, si la Administración se queda la infraestructura o si se extingue ese uso. Si no hay renovaciones, el Dominio Público, que es de todos, debe restaurarse a su estado original. Y esas son, grosso modo, las barreras que ahora están eliminándose.

Además, no es un plan sobrevenido en tiempos de precipitaciones escasas. Cada una de ellas exige todo un procedimiento administrativo: detección de la infraestructura, análisis, audiencia a los implicados, alegaciones, contestaciones, visita in situ, exposición de motivos, una resolución... Y después puede recurrirse a los tribunales.

“Es un bulo que estas liberaciones impidan tener agua: no podemos guardar porque no llueve, no porque no tengamos presas. Además, las presas pequeñas y azudes no valen para garantizar suministro, no aportan nada porque no tienen capacidad de regular un río. Y en pequeños pueblos con pequeñas presas, lo que se está haciendo es conectarlos a un sistema con más capacidad, que es más barato y eficaz. Hay más garantía y seguridad”, remata Seiz.

(eldiario.es)

Pero si están echando todo el día la mierda esa en aviones, para que no llueva. Si están provocando sequías.
 
NO se trata de recuperar los cauces de los ríos ni de vivir en el jardín del Eden, eso que te vende Bruselas para que digas "oh sí que bien".
Lo que se pretende es especular con el agua, y que sea carísimo. Que su valor se incremente por la escasez de oferta. Y por los monopolios que se van a crear alrededor de ella.
Seguimos sin ver lo que tenemos delante de nuestros ojs.
 
Igual que se utilizó el agua de las presas para especular con las tarifas de la luz hace nada en España.
Como no, bajo este maravilloso gobierno de seres de luz que solo pretende resiliencia, transversalidad y energía verde, sobre todo la de los billetes que les dan los especuladores para los que legislan.
 
NO se trata de recuperar los cauces de los ríos ni de vivir en el jardín del Eden, eso que te vende Bruselas para que digas "oh sí que bien".
Lo que se pretende es especular con el agua, y que sea carísimo. Que su valor se incremente por la escasez de oferta. Y por los monopolios que se van a crear alrededor de ella.
Seguimos sin ver lo que tenemos delante de nuestros ojs.
¿No queríamos ser europeos? Pues esto es lo que hay. ¿Qué crees que haría otro gobierno de distinto signo? Exactamente lo mismo, nos gobierna Bruselas, no Madrid. Me parece que es esto lo que no vemos.
 
NO se trata de recuperar los cauces de los ríos ni de vivir en el jardín del Eden, eso que te vende Bruselas para que digas "oh sí que bien".
Lo que se pretende es especular con el agua, y que sea carísimo. Que su valor se incremente por la escasez de oferta. Y por los monopolios que se van a crear alrededor de ella.
Seguimos sin ver lo que tenemos delante de nuestros ojs.
Se llama capitalismo salvaje, algo de lo que sorprendentemente mucha gente aún no se percata. Se hace negocio con todo. ¿Sabías que se especula hasta con la luna y el sol? Pues eso.

El agua. La especulación no es nueva, desde el momento en que teniendo un consumo de 6 euros pagas 60, ya la tienes servida. Atraco total, y así con todo.

No es este gobierno, es el sistema, que está completamente desatado. Un sistema, en teoría seductor, y en la práctica destructivo.
 
Que pasa si tengo agua acumulada ? que NO dependo de nadie.
Que pasa si me obligan a liberar el agua ? POBREZA, PAGUITA, DEPENDENCIA.... y el agua al Mar.
L@s de izquierda, lo entienden perfectamente.... va su vida en ello.

Quien se beneficia comercialmente ? Marruecos ??????
 
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