no van a poder, además el supremo ya a ha dicho que al menor indicio de que el gobierno lo intente, lo paraliza con medidas cautelaresSiete nietos y un prior logran marcar el paso al Gobierno y complicar la exhumación de Franco
El decreto de exhumación, muy garantista y que permite alegar hasta en dos ocasiones a los "interesados", se ha convertido en una enredadera con la que los herederos de Franco marcan el paso a la administración
Además, la familia ha usado la vía judicial y ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si ha habido irregularidades en el proceso diseñado para sacar a Franco del Valle de los Caídos
Alegan que no está justificada la urgencia de hacerlo por decreto ley o que pese a presentarse como norma general es de caso único (solo aplicada a uno de los cadáveres del Valle, el del dictador)
Raquel Ejerique / Irene Castro
03/01/2019 - 21:03h
Franco con su familia
El prior del Valle de los Caídos no autoriza el ingreso al Gobierno para la exhumación de los restos de FrancoApenas dos semanas después de ser investido presidente, Pedro Sánchez desveló su intención de reformar la Ley de Memoria Histórica, lo que incluía la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El día 18 de junio trató el tema la Ejecutiva Federal de los socialistas y se arrancó una carrera de encajes jurídicos, declaraciones públicas, pequeños avances y anuncios políticos que iban a acabar con la "inminente" salida del cuerpo del dictador del espacio público: Franco está enterrado en una basílica que es un edificio de la iglesia, pero el suelo es público y todo el Valle está gestionado y financiado por Patrimonio Nacional, incluidas las misas.
- ETIQUETAS: exhumacion Franco,el Valle de los Caídos
A la familia Franco no le pilló de sorpresa casi nada y a cada declaración pública tomaban nota y movían ficha. Desde junio saben que Pedro Sánchez quiere cambiar de sitio los restos de su abuelo, que convive con las de más de 33.000 personas enterradas en los subsuelos y capillas de la misma iglesia, 12.000 de ellos sin nombre y en fosas comunes y entre los que hay víctimas republicanas del propio dictador. Desde entonces, los Franco están marcando el paso a las decisiones del Ejecutivo y el Congreso y complicando el proceso.
Desde el primer momento mostraron su negativa y dijeron que iban a intentar boicotear la medida. Desde el Gobierno se envió a un emisario para hablar con ellos e intentar convencerles de que se haría con respeto y podrían enterrar el cuerpo, por ejemplo, en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), donde reposa la mujer del dictador (la hija está en La Almudena). Entre los siete nietos de Franco, cuya portavocía ejerce el mayor, Francis Franco, la respuesta fue muy clara: "No". También dijo "no" la actual duquesa de Franco, Carmen Martínez-Bordiu, y la nieta que vive en el extranjero y que el Gobierno tuvo dificultades para localizar.
Mientras el Gobierno decidía cómo proceder, los nietos se pusieron en marcha y, en julio, apenas un mes después de conocer las intenciones de Sánchez, se reunieron con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, y le entregaron un poder notarial en el que manifestaban su oposición a la exhumación. Aseguraban que no se harían cargo del cuerpo si era finalmente desenterrado, como una medida de presión.
Cantera se aferró a ese papel y avisó de que haría cumplir la voluntad de la familia, contra la intención del gobierno e incluso del arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal. El cardenal Osoro intentó convencerle de que no se opusiera (el hombre del Papa en España es consciente del coste de ponerse de parte de los Franco de nuevo, tras la alianza durante la dictadura). La Iglesia española mandó el mensaje de que estaban con la legalidad y acatarían la decisión del Gobierno.
Cantera, que fue candidato de Falange durante su juventud y oficia misas en honor a los "caídos por España", fue llamado a Francia por su superior, el abad de Solesmes, que también le pidió rebajar la tensión con la decisión del Gobierno. Pero no sirvió de mucho, dado que ha presentado finalmente un escrito a Justicia por el que se niega a dar acceso a la iglesia a los técnicos que tendrían que llevar a cabo la exhumación. Al ser un templo, aunque en suelo público y financiado con fondos públicos, los Acuerdos Iglesia-Estado consagran que los templos en España son inviolables salvo autorización de la propia Iglesia. En una nota, fuentes del Gobierno han dicho que el prior no va a ser un impedimento y se dirigirán a sus superiores, sin especificar si se refieren al abad de Solesmes o al mismo Vaticano (el arzobispo de Madrid no es su jerárquico superior al tratarse de una orden benedictina).
Un decreto garantista
Al inicio del proceso, el Ejecutivo, a sabiendas de la complicación que suponía el "no" de la familia y el prior y pese a que la exhumación del dictador estaba avalada por el Congreso desde 2017, intentó blindarse legalmente y amarrar todas las vías jurídico-administrativas de escape para cuando empezara la contienda. El decreto de exhumación, publicado el 25 de agosto a través de una modificación de la ya existente Ley de Memoria Histórica, intenta justificar la "urgencia" de la medida, el "interés público" para hacerlo y establece de nuevas, añadiendo un epígrafe, que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española", que no es el caso de Franco, que murió en la cama tras 40 años de dictadura.
El mismo día que se publicaba en el BOE este decreto, Francis Franco anunciaba que sí se harían cargo del cuerpo, pero que no lo enterrarían en Mingorrubio, un cementerio alejado y medio vacío en El Pardo: "Ahí no hay seguridad". Lo que no dijo es que el plan era enterrarlo en las tumbas que había comprado la hija de Franco en la catedral de la Almudena en 1987, otro problema añadido que se conocería un mes después y pondría de nuevo en aprietos al gobierno y al cardenal Osoro.
El decreto del Gobierno, muy garantista ante la previsión de demandas y oposiciones que pudieran dar al traste con su medida estrella, establece que todo empieza con la incoación del expediente. Ahí se le daba oportunidad de hacer alegaciones a los "interesados". Mientras tanto, Sánchez convalidó el decreto en el Congreso con la abstención de PP y Ciudadanos, con la convicción de que la aprobación parlamentaria blindaría aún más la ejecución de la medida.
Pero los Franco, como se podía prever, alegaron por primera vez el 29 de septiembre, con el requisito del Parlamento ya pasado, por "la inexistencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara el uso del Real Decreto Ley, dado que su abuelo lleva 43 años enterrado en el Valle. También decían que el Gobierno vulnera "el derecho fundamental a la intimidad personal" porque debería ser la familia la que decidiera sobre el enterramiento e incluso hablaban de "profanación" de tumbas.
Como el Gobierno creó de nuevas la condición de que en el Valle solo estén enterradas víctimas de la guerra civil, la familia entiende que ha hecho una ley de "caso único, afectada por tanto de un vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad", ya que solo su abuelo va a ser exhumado pese a que la instrucción afectaría a un colectivo, todos los que no murieron en la guerra civil y acabaron allí, justifican.
En ese primer documento entregado al Ministerio de Justicia es en el que los Franco explicitaron por primera vez que quieren que su abuelo sea enterrado en La Almudena, lo que podría convertir la cripta del centro de Madrid en un lugar de exaltación franquista, otro problema añadido en el proceso. El Gobierno entonces se vio obligado a iniciar una ronda de contactos y planes B sobre cómo impedirlo. Se establecieron contactos con Osoro, que manifestó pública y privadamente que no podían hacer nada porque las tumbas pertenecen a la familia. Tras varias semanas de pasarse la pelota y después de la reunión Calvo-Parolin, el Gobierno ha decidido impedirlo alegando motivos de orden público.
Recurso ante la justicia
Pero el camino de obstáculos aún se iba a complicar más. Cuando el Gobierno desestimó las alegaciones de la familia y siguió adelante con el proceso, los Franco presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo con motivos parecidos a los de las alegaciones. Un recurso que ha sido admitido a trámite y que pone en duda si el dictador, que iba a salir del Valle en verano según Pedro Sánchez, llegará a salir, ya que el alto tribunal puede frenar el proceso.
En el proceso administrativo falta la segunda ronda de alegaciones, un proceso que se abrirá la próxima semana y para las que se ha establecido un plazo de diez días (la Fundación Franco acaba de solicitar a Justicia que ponga en pausa este segundo proceso hasta que decida el Supremo). A partir de ahí, el Gobierno contestará y cerrará el expediente incluyendo toda la documentación y el informe de Delegación de Gobierno que refiere problemas de seguridad si el cuerpo acaba en la catedral de Madrid. El Consejo de Ministros, al cierre del expediente, informará de si se traslada el cuerpo y a dónde finalmente.
Es previsible que no se atiendan las alegaciones de los Franco y que se acabe decretando que el dictador salga de su tumba hacia un cementerio privado: Mingorrubio. Esos son los planes de Moncloa, pero los flecos judiciales por un decreto ley que va a ser estudiado en el Supremo (puede fallar después de que se haya trasladado el cadáver), las amenazas de más recursos interpuestos por la Fundación Franco y la negativa de la autoridad competente de la basílica a abrir la puerta para que se desentierre al dictador han convertido la propuesta más simbólica y barata del Gobierno de Sánchez en el asunto más enrevesado.
https://www.eldiario.es/sociedad/Franco-Valle-complicar-exhumacion-Congreso_0_853214765.html
El Congreso logra aprobar la solicitud al Gobierno de exhumar a Franco del Valle de los Caídos.
- AutorIDOLO
- Fecha de inicio
Esa "izquierda" fue asesinada cuando termino la guerra.Arrojados como perros en las cunetas,hay documentos que lo acreditan.La posguerra españla fue una tragedia de miedos y horrores.Por cualquier motivo inventando te podían fusilar.Si de verdad la iglesia católica española siguiera la ley cristiana,ese "generalisimo" no podría descansar en paz después de tanta sangre que ha derramado con sus sentencias de muerte, incluso unos días antes de morir. Es hora de que Franco salga de una cripta que subvencionan con el dinero de los españoles y lo metan con su familia y allí el que quiera,que le lleve las flores que le de la gana y le siga llorando y añorando.Pero que que no obliguen a los españoles que quieren terminar con esa tragedia que vivió España a seguir pagando algo que en un Estado democrático causa estupor.Basta ya de seguir humillando a los "vencidos"
Anda que no tenemos problemas graves que resolver, pero como no sabemos cómo...hay que inventarse problemas facilones... A la mayoría de ciudadanos les importa un pito este asunto...Hay que mirar al futuro, no al pasado, pero para eso necesitamos gobernantes con talento, lo que no es el caso.
Los políticos son un fiel reflejo de la sociedad.Si los políticos son mediocres la sociedad civil también lo es puesto que los eligen como sus representantes.Los problemas no son fáciles,quizás si para algunos que cortan por lo sano,pero mientras los españoles en su conjunto, no se enteren por fin,que somos diversos con culturas diversas y percepciones distintas, pero que aún así tenemos el deber de entendernos, poder convivir en una sociedad cívica donde cabemos todos,mientras esto no ocurra siempre estaremos a la gresca,como ha pasado siempre,las generaciones pasadas,la presente y también la futura.La violencia verbal o física nunca convence y ahí es donde se germina el odio y el desprecio de unos contra otros.Los problemas puede que no sean tan difíciles de entender y solucionar,lo complicado somos los españoles.
El Gobierno suspende la subvención de 340.000 euros a los monjes del Valle de los Caídos por falta de "justificación" del gasto
La portavoz, Isabel Celaá, lo ha confirmado tras el Consejo de Ministros: "No se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificacion de esa subvenciones"
Los monjes, que se oponen a la exhumación de Franco, reciben 340.000 euros por transferencia anual: el Tribunal de Cuentas alertó en 2013 de que no había una fiscalización seria de este dinero público
Además de esa cantidad para sus gastos (teléfono, ropa, comida o velas) Patrimonio Nacional se hace cargo de las reparaciones y el mantenimiento de todo, incluida la basílica y la abadía
Raquel Ejerique
22/02/2019 - 14:45h
Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.
El Gobierno obvió el párrafo en el que el Vaticano especifica que "no quiere intervenir" en la exhumación de Franco
Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el motivo por el que no se ha traspasado el dinero a la treintena de religiosos es que "no se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificacion de esa subvenciones".
Aunque les han suespendido ahora la subvención, la opacidad ha rodeado siempre esta cifra de 340.000 euros. De hecho, el Tribunal de Cuentas hizo en 2013 un duro informe en el que afeaba a Patrimonio (dependiente de Presidencia de Gobierno) el descontrol en el gasto de este dinero público. Decía entonces el organismo que "no se elabora un presupuesto de ingresos y gastos ni se rinden cuentas de su ejecución (...). De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa". Además de alertar de algunos errores en las cotizaciones, concluye que se incumple la Ley General de Subvenciones por la falta de control público.
En 2017, el Gobierno sí aprobó un informe de fiscalización de las cuentas y, tras varias peticiones de información de eldiario.es, Patrimonio hizo públicas algunas de las partidas que se llevaban esa cantidad de dinero: Entre las facturas hay uniformes y excursiones para los 50 niños cantores, "limpiadora", "lavandera", reparación de electrodomésticos, gasolina, mosquiteras, "botellas de cera líquida" y el gasto telefónico de los religiosos. En lo que más gastan es en comida, concretamente 100.000 euros al año de media en alimentos.
Además de los gastos corrientes de los monjes, Patrimonio Nacional se hace cargo de las reparaciones y mantenimiento de todos los edificios del Valle, incluidas la abadía o la basílica. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la creó Franco en 1957 y los fines para los que se le da esa subvención pública son: "Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices, mantener el culto "con todo el esplendor que la Iglesia recomienda".
22/02/2019 - 14:45h
https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-suspende-subvencion-Valle-justificacion_0_870713453.html
La portavoz, Isabel Celaá, lo ha confirmado tras el Consejo de Ministros: "No se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificacion de esa subvenciones"
Los monjes, que se oponen a la exhumación de Franco, reciben 340.000 euros por transferencia anual: el Tribunal de Cuentas alertó en 2013 de que no había una fiscalización seria de este dinero público
Además de esa cantidad para sus gastos (teléfono, ropa, comida o velas) Patrimonio Nacional se hace cargo de las reparaciones y el mantenimiento de todo, incluida la basílica y la abadía
Raquel Ejerique
22/02/2019 - 14:45h
Captura del documental 'A la sombra de la cruz', de Alessandro Pugno.
El Gobierno obvió el párrafo en el que el Vaticano especifica que "no quiere intervenir" en la exhumación de Franco
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Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el motivo por el que no se ha traspasado el dinero a la treintena de religiosos es que "no se estaba cumpliendo razonablemente con lo que significaba la justificacion de esa subvenciones".
Aunque les han suespendido ahora la subvención, la opacidad ha rodeado siempre esta cifra de 340.000 euros. De hecho, el Tribunal de Cuentas hizo en 2013 un duro informe en el que afeaba a Patrimonio (dependiente de Presidencia de Gobierno) el descontrol en el gasto de este dinero público. Decía entonces el organismo que "no se elabora un presupuesto de ingresos y gastos ni se rinden cuentas de su ejecución (...). De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa". Además de alertar de algunos errores en las cotizaciones, concluye que se incumple la Ley General de Subvenciones por la falta de control público.
En 2017, el Gobierno sí aprobó un informe de fiscalización de las cuentas y, tras varias peticiones de información de eldiario.es, Patrimonio hizo públicas algunas de las partidas que se llevaban esa cantidad de dinero: Entre las facturas hay uniformes y excursiones para los 50 niños cantores, "limpiadora", "lavandera", reparación de electrodomésticos, gasolina, mosquiteras, "botellas de cera líquida" y el gasto telefónico de los religiosos. En lo que más gastan es en comida, concretamente 100.000 euros al año de media en alimentos.
Además de los gastos corrientes de los monjes, Patrimonio Nacional se hace cargo de las reparaciones y mantenimiento de todos los edificios del Valle, incluidas la abadía o la basílica. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos la creó Franco en 1957 y los fines para los que se le da esa subvención pública son: "Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices, mantener el culto "con todo el esplendor que la Iglesia recomienda".
22/02/2019 - 14:45h
https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-suspende-subvencion-Valle-justificacion_0_870713453.html
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Cum Fraude chantajeando a los monjes. Puede caer más bajo. Si.
Ya reconocen que antes del 28-A, nada. Ni nunca.
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Puede ser que de tiempo a que se produzca la ex-humación. Si esta aprobada por la mayoría del Parlamento, hasta que se conforme un nuevo gobierno,suponiendo que Sánchez no logre formar un nuevo gobierno,estará en funciones hasta que se llegue a acuerdos con el nuevo que decida las urnas.No se puede dar marcha atrás.A quien seria conveniente ,demandar a la fundación F:Franco.Más que nada por higiene democrática,de otra manera nunca España, será una democracia de verdad.Somos tan cutres, que no somos capaces de solucionar, nuestros problemas de convivencia.
Un juez que atacó la ley de Memoria Histórica suspende la licencia urbanística para la exhumación de Franco
Memoria histórica
El magistrado José Yusty Basterreche ordena paralizar el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo admitía las obras para sacar el cadáver del dictador
En un artículo publicado en 2007 escribió que la ley "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro"
Yusty Basterreche se basa en un informe de arquitectos de la Fundación Francisco Franco para determinar que las obras ponen en "peligro la vida"
Raúl Rejón
26/02/2019 - 16:41h
El Valle de los Caídos, los números de un monumento de futuro incierto EFE
El juez que ha suspendido el acto por el derecho a decidir en Madrid también criticó la ley de Memoria Histórica
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había emitido un análisis favorable para conceder la licencia de obras menores. Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el "levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar".
El Juez Yusty Basterreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: "El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles", redactó. El texto decía que la norma "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron".
Para argumentar su decisión el juez se basa en varias ideas entre las que está un informe de arquitectos de la fundación Francisco Franco firmado por José Ismael de la Barba y Enrique Porto. Hace suyas las conclusiones del estudio y redacta que "debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Apunta a un posible derrumbe.
También expone que no hay ninguna urgencia en la exhumación "del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años". Además, Yusty Basterreche considera que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. "No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana", concluye.
El magistrado se recrea en las características de la lápida y lo que supondría sacar el cuerpo de la Basílica. "Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto [...] para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra."
Este juez es uno de los ocho hijos que tuvo el almirante de la Armada José Yusty Pita que fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968 destinado a las islas. De su paso por Canarias queda una calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes, en la provincia de Las Palmas.
https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria-Historica-urbanistica-exhumacion-Franco_0_872113568.html
Memoria histórica
El magistrado José Yusty Basterreche ordena paralizar el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo admitía las obras para sacar el cadáver del dictador
En un artículo publicado en 2007 escribió que la ley "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro"
Yusty Basterreche se basa en un informe de arquitectos de la Fundación Francisco Franco para determinar que las obras ponen en "peligro la vida"
Raúl Rejón
26/02/2019 - 16:41h
El Valle de los Caídos, los números de un monumento de futuro incierto EFE
El juez que ha suspendido el acto por el derecho a decidir en Madrid también criticó la ley de Memoria Histórica
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El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había emitido un análisis favorable para conceder la licencia de obras menores. Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el "levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar".
El Juez Yusty Basterreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: "El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles", redactó. El texto decía que la norma "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron".
Para argumentar su decisión el juez se basa en varias ideas entre las que está un informe de arquitectos de la fundación Francisco Franco firmado por José Ismael de la Barba y Enrique Porto. Hace suyas las conclusiones del estudio y redacta que "debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Apunta a un posible derrumbe.
También expone que no hay ninguna urgencia en la exhumación "del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años". Además, Yusty Basterreche considera que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. "No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana", concluye.
El magistrado se recrea en las características de la lápida y lo que supondría sacar el cuerpo de la Basílica. "Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto [...] para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra."
Este juez es uno de los ocho hijos que tuvo el almirante de la Armada José Yusty Pita que fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968 destinado a las islas. De su paso por Canarias queda una calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes, en la provincia de Las Palmas.
https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria-Historica-urbanistica-exhumacion-Franco_0_872113568.html
