SOCIEDAD
Siete años de Ley Mordaza en España
Las entidades sociales que luchan contra la derogación total de esta norma denuncian que la propuesta de reforma de la ley, que se encuentra en estos momentos estancada en el Congreso de los Diputados, no suprime sus aspectos más lesivos
En el día de hoy se se cumplen siete años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, llamada oficialmente, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana pero conocida como Ley Mordaza.
Años después de la Ley Corcuera de la patada en la puerta, la Ley Mordaza se convertía en una apuesta más alta en la deriva represiva de la normativa que bajo el eufemismo de protección de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje de la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales para activistas y periodistas. Esta ley acompañó la reforma del Código penal que suprimió las faltas convirtiendo algunas (las de índole personal o patrimonial) en delito y las relacionadas con el orden público en infracciones de la propia Ley Mordaza.
Para ello, destaca la utilización de fórmulas abiertas que generan la suficiente arbitrariedad del agente que denuncia y de la autoridad administrativa que resuelve. En efecto, términos como el uso de “imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal”, “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, siempre apoyados en la presunción de veracidad de los agentes para cerrar el círculo perfecto de la inseguridad ciudadana, paradójicamente.
Las entidades sociales que luchan contra la derogación total de esta norma denuncian que la propuesta de reforma de la ley, que se encuentra en estos momentos estancada en el Congreso de los Diputados, no suprime sus aspectos más lesivos ni avanza hacia un modelo que garantice derechos y libertades para la ciudadanía.
En el día de hoy se se cumplen siete años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, llamada oficialmente, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana pero conocida como Ley Mordaza.
Años después de la Ley Corcuera de la patada en la puerta, la Ley Mordaza se convertía en una apuesta más alta en la deriva represiva de la normativa que bajo el eufemismo de protección de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje de la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales para activistas y periodistas. Esta ley acompañó la reforma del Código penal que suprimió las faltas convirtiendo algunas (las de índole personal o patrimonial) en delito y las relacionadas con el orden público en infracciones de la propia Ley Mordaza.
Para ello, destaca la utilización de fórmulas abiertas que generan la suficiente arbitrariedad del agente que denuncia y de la autoridad administrativa que resuelve. En efecto, términos como el uso de “imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal”, “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, siempre apoyados en la presunción de veracidad de los agentes para cerrar el círculo perfecto de la inseguridad ciudadana, paradójicamente.
Las entidades sociales que luchan contra la derogación total de esta norma denuncian que la propuesta de reforma de la ley, que se encuentra en estos momentos estancada en el Congreso de los Diputados, no suprime sus aspectos más lesivos ni avanza hacia un modelo que garantice derechos y libertades para la ciudadanía.
