El caos incendiario arrasa miles de hectáreas en toda Galicia
- AutorToisona
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Miércoles, 18 de octubre de 2017, actualizado a las 14:20 hora
Incendios en Galicia
Una perra vuelve a por el cadáver de su cachorro calcinado en Galicia
La imagen del animal es solo una muestra más de la tragedia
que vive estos días la comunidad gallega.
La tragedia detrás de la ola de incendios que estos días asola Galicia no deja de mostrarnos duras imágenes y testimonios que muestran el dantesco escenario tras la llamas.
Una de ellas es la de una perra del municipio pontevedrés de Chandebrito en Nigrán, donde dos mujeres fallecieron atrapadas en el asiento de atrás de un coche cercado por el fuego cuando intentaban escapar de los incendios.
La perra, que se salvó del fuego en el municipio el pasado domingo, regresó a su hogar en busca de su cachorro, que encontró totalmente calcinado.
La imagen del animal con el cadáver de su cría en la boca ha corrido desde este martes por diferentes medios y redes sociales.
Te recomendamos
Una carta de un policía, atrapado por el fuego: "Hubo compañeros que desenfundaron la pistola para morir sin sufrir"
Ay, se me encoje el corazón con la foto de esa perra.
Pobrecita.
Miércoles, 18 de octubre de 2017, actualizado a las 14:20 hora
Incendios en Galicia
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que vive estos días la comunidad gallega.
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Una de ellas es la de una perra del municipio pontevedrés de Chandebrito en Nigrán, donde dos mujeres fallecieron atrapadas en el asiento de atrás de un coche cercado por el fuego cuando intentaban escapar de los incendios.
La perra, que se salvó del fuego en el municipio el pasado domingo, regresó a su hogar en busca de su cachorro, que encontró totalmente calcinado.
La imagen del animal con el cadáver de su cría en la boca ha corrido desde este martes por diferentes medios y redes sociales.
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INCENDIOS FORESTALES
“Los que queman Galicia son gallegos y eso duele”
Agentes forestales y propietarios de tierras reparten culpas entre el uso irresponsable del fuego, los intereses económicos y la falta de medios
NACHO CARRETERO
Vigo 18 OCT 2017 - 10:16 CEST
Dos ganaderos conducen ganado por una carretera de montaña en San Martín de Cereixedo (Lugo).VINCENT WEST REUTERS
Un resoplido, un suspiro de casi agobio, es lo primero que expresa quien escucha la pregunta: ¿por qué en Galicia hay tantos incendios? ¿Por qué hay más que en casi ninguna otra parte de Europa? El aire lo toman quienes están familiarizados con el asunto y saben, antes de arrancar a hablar, que la respuesta -las respuestas- son complejas. Ninguna completa y casi todas susceptibles de debate.
Tras años de azotes los gallegos comienzan a ponerse de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, el que señala que casi todos los fuegos en Galicia son intencionados. Tras ellos está la mano humana, ya sea por negligencia, intención o pura maldad.
Están de acuerdo los gallegos también en que, habiendo quien está dispuesto a plantar fuego, monte no le va a faltar. Galicia es una de las regiones de Europa con mayor masa forestal. Es decir, con condiciones climáticas secas es un escenario idóneo para propagar un incendio. O varios.
Estas condiciones parecen ir a más. Los llamados días de factor 30 (más de 30 grados de temperatura; menos de 30% de humedad y más de 30 km/h de viento) son, cada año, más numerosos y, sobre todo, se dejan ver en meses que se alejan del verano, como ha ocurrido el pasado domingo, en pleno octubre. En estos días los incendios avanzan de forma más veloz que una persona esprintando y se reproducen como si estuvieran cayendo sobre Galicia bombas incendiarias.
El primer debate aparece cuando hablamos de en qué estado está esta masa forestal. Para la mayoría de gallegos hay mucho que mejorar. “Tenemos un monte dividido en parcelas privadas minifundistas que se multiplican hasta lo incontable y la mayoría de ellas están abandonadas por propietarios que se han ido a vivir a las ciudades”. Lo explica Diego Sánchez, coordinador del Área de Montes del Sindicato Labrego Galego (SLG). “Precisamente, donde esto no ocurre, donde hay cooperativas que cuidan el monte o multipropiedades, apenas hay incendios”. Es el caso de la Mariña de Lugo, al norte de Galicia.
En los incendios del pasado domingo, la mayoría de casas afectadas fueron, precisamente, aquellas deshabitadas o descuidadas, que estaban rodeadas de maleza o árboles.
“Los propietarios han perdido el interés en sus parcelas porque solo están centrados en sacar un beneficio relacionado con la madera. No hay campañas de información o sensibilización para variar plantaciones o cuidar las parcelas de monte”, dice Diego.
Xosé Santos, vocal del Consello Forestal de Galicia, añade: “Hemos perdido el mosaico en nuestros montes. Ese que alternaba bosques, cultivos, ganado y que se cuidaba entre sí en forma de cortafuegos. Ahora ya no hay ni bosques, solo plantaciones forestales”.
Esta realidad de un monte casi combustible de incendios se da a pesar de que la Xunta de Galicia lleva años regulando el uso del monte. “Existe leyes que obligan a mantener las parcelas sin maleza, a que no haya árboles a menos de 50 metros de las viviendas y a podar. Pero no se cumplen”, dice Diego. Y he ahí uno de las claves de por qué Galicia arde.
“La Xunta no está aplicando estas leyes correctamente, no está haciendo una vigilancia exhaustiva. Y, sobre todo, no está ejecutando las denuncias que les llegan. Y esto puede ser porque no quiere enfrentarse a la Galicia rural, que le da muchos votos”, añade Diego.
Manuel Núñez es propietario pontevedrés de varias parcelas de monte. “Claro que nadie cuida sus trozos de monte. Muchos van a ver las parcelas cada diez años, otros no tienen dinero ni tiempo para desbrozar. Y a otros simplemente es que no les da la gana subir al monte a desbrozar en invierno, ya que la Xunta nos prohíbe ir en verano”.
Desde el gobierno gallego han afirmado en numerosas ocasiones que, pese a que cada año se vigilan más, es materialmente imposible llegar a cada uno de los miles de propietarios.
“Esta imposibilidad o esta negativa a limpiar el monte hace que algunos propietarios usen el fuego para ahorrarse la limpieza o la posible multa. Y aquí tenemos uno de los factores claves de por qué hay tantos incendios en Galicia”. Lo afirma un agente forestal gallego con más de 20 años de experiencia y que pide no dar su nombre. “Este es un tema tabú en Galicia y la gente prefiere echar la culpa a todo menos a nosotros mismos. Y mira, te voy a decir una cosa: aquí nadie viene de fuera a plantarnos fuego. Ni tampoco viene de Portugal o aparecen de la nada. Los que queman Galicia son gallegos. Y eso duele escucharlo".
El uso irresponsable del fuego
Xosé Santos, del Consello Forestal, participó hace años en un trabajo de campo en el que se intentaba dilucidar los motivos de los incendios forestales en Europa. Él, junto a otros compañeros agentes, era el encargado de trabajar sobre el terreno en Galicia. “Yo iba por parroquias preguntando por qué había habido un fuego. En una me decían: ‘Uy rapaz, es que vinieron los hijos de unos emigrantes y tenían que mirar dónde están las lindes para vender’. En otro incendio me dijeron: ‘Para limpiar la maleza’. En otro porque había alimañas y lobos. Y así decenas de motivos. La conclusión es que se sigue usando el fuego en Galicia como herramienta. Y esto es un factor clave”.
Está de acuerdo el agente forestal. “En mi distrito hubo tres incendios este fin de semana. Dos fueron provocados por ganaderos y otro por cazadores. Aquí en Galicia todavía hay muy poca formación y educación. Todavía queda muchísimo de ‘el monte es mío y lo quemo si quiero’, por ignorancia o por simple cabreo con la Administración”.
Diego Sánchez, del SGL, discrepa. “Creo que el uso del fuego como herramienta rural es algo del pasado. Y mucho menos si hablamos de pirómanos o delincuentes. En ningún caso aquí hay más pirómanos que en otros sitios ni tampoco están organizados. Hablar de terrorismo incendiario es desviar la atención sobre los verdaderos intereses del fuego: los económicos”.
Està el dinero detrás?
Cree que sí Diego. “Hay un interés por el monocultivo de eucalipto”. Un interés que, según Diego, tiene relación directa con empresas gallegas de celulosa.
La teoría la apoya Xosé Santos, del Consello Forestal. “En 1992 la el conselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, aprobó un plan forestal para Galicia que se extendía hasta 2032. El plan recogía la plantación de 250.000 hectáreas de eucalipto. Bueno, pues en el año 2000 ya había 300.000 y ahora hay casi medio millón. Hoy Carlos del Álamo es consejero de una empresa de celulosa”.
"Aquí en Galicia todavía queda muchísimo de ‘el monte es mío y lo quemo si quiero"
El eucalipto es un árbol que prende y combustiona de una forma muy rápida, propagando los incendio a una velocidad mucho mayor que especies autóctonas como el castaño o el roble. La falta de cuidados en los eucaliptales hacen que no estén podados y se den incendios de copas, esto es, llamas altas que pueden saltar de una foresta a otra en distancia de hasta 500 metros.
El supuesto interés de las empresas de celulosa por los eucaliptos es que es una madera más barata para hacer papel. Pero el agente forestal no está de acuerdo: “Es una teoría de la conspiración. A las empresas de celulosa le sobran eucaliptos y hace años que la Xunta frenó la plantación. Además, procesar la madera quemada es más costoso que hacerlo con la sana. ¿Por qué querría estas empresas incendios?”.
“Yo no digo que los quieran”, replica Xosé. “Pero sí quieren eucaliptos. Y su masiva presencia ayuda a los incendios”
Los recortes y las privatizaciones
¿Hace Galicia lo suficiente contra los incendios? ¿Es la falta de medios otro factor que explica el fuego galaico?
Otra vez hay debate. Para el agente forestal más no se puede hacer. “La Xunta invierte unos 140 millones de euros al año contra los incendios. Tenemos un equipo contra el alto riesgo que está dispuesto casi cinco meses al año. Pero cuando el riesgo es extremo, como el pasado domingo, es materialmente imposible llegar a todas partes. A no ser que queramos invertir 300 millones de euros al año, claro”.
El conselleiro que aprobó la plantación de eucaliptos en 1992 (árbol idóneo para haer papel) es hoy consejero de la empresa de celulosa más importante de Galicia
Está relativamente de acuerdo Xosé Santos, pero matiza. “Tenemos una buena inversión en extinción, pero no en prevención. No hay políticas de sensibilización e información, como sí las ha habido en Francia o Alemania y han casi solucionado el problema. No hay interés en ejecutar la ley y tener mano dura. Hay un enorme desinterés”.
Otra crítica que Xosé lleva a cabo es la contratación de brigadas forestales temporales a través de empresas privadas. “Es un asunto que hace mosquear, que forma parte de la economía del fuego”. El agente forestal replica: “Las empresas helitransportadas cobran lo mismo haya incendios o no. Igual que las brigadas, que son contratada cinco meses al año y que, por cierto, estaban contratadas el pasado domingo. Hay que sacar ya los incendios de la vida política”.
Hay más consenso cuando se habla de intereses urbanísticos. “Urbanizar un monte quemado es imposible a día de hoy. Eso a pesar de la modificación de la Ley. De hecho, es que no ha habido un solo caso desde que se aprobó la ley”, dice el agente forestal. Xosé coincide: “Está muy regulado. Creo que es desviar el tiro”.
Manuel Núñez, el propietario pontevedrés, concluye: “Sea por lo que sea, este es nuestro terrorismo. El que nosotros sufrimos. Y hay que arreglarlo ya. No podemos más”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508259579_346082.html
“Los que queman Galicia son gallegos y eso duele”
Agentes forestales y propietarios de tierras reparten culpas entre el uso irresponsable del fuego, los intereses económicos y la falta de medios
NACHO CARRETERO
Vigo 18 OCT 2017 - 10:16 CEST
Dos ganaderos conducen ganado por una carretera de montaña en San Martín de Cereixedo (Lugo).VINCENT WEST REUTERS
Un resoplido, un suspiro de casi agobio, es lo primero que expresa quien escucha la pregunta: ¿por qué en Galicia hay tantos incendios? ¿Por qué hay más que en casi ninguna otra parte de Europa? El aire lo toman quienes están familiarizados con el asunto y saben, antes de arrancar a hablar, que la respuesta -las respuestas- son complejas. Ninguna completa y casi todas susceptibles de debate.
Tras años de azotes los gallegos comienzan a ponerse de acuerdo en algunos puntos. Por ejemplo, el que señala que casi todos los fuegos en Galicia son intencionados. Tras ellos está la mano humana, ya sea por negligencia, intención o pura maldad.
Están de acuerdo los gallegos también en que, habiendo quien está dispuesto a plantar fuego, monte no le va a faltar. Galicia es una de las regiones de Europa con mayor masa forestal. Es decir, con condiciones climáticas secas es un escenario idóneo para propagar un incendio. O varios.
Estas condiciones parecen ir a más. Los llamados días de factor 30 (más de 30 grados de temperatura; menos de 30% de humedad y más de 30 km/h de viento) son, cada año, más numerosos y, sobre todo, se dejan ver en meses que se alejan del verano, como ha ocurrido el pasado domingo, en pleno octubre. En estos días los incendios avanzan de forma más veloz que una persona esprintando y se reproducen como si estuvieran cayendo sobre Galicia bombas incendiarias.
El primer debate aparece cuando hablamos de en qué estado está esta masa forestal. Para la mayoría de gallegos hay mucho que mejorar. “Tenemos un monte dividido en parcelas privadas minifundistas que se multiplican hasta lo incontable y la mayoría de ellas están abandonadas por propietarios que se han ido a vivir a las ciudades”. Lo explica Diego Sánchez, coordinador del Área de Montes del Sindicato Labrego Galego (SLG). “Precisamente, donde esto no ocurre, donde hay cooperativas que cuidan el monte o multipropiedades, apenas hay incendios”. Es el caso de la Mariña de Lugo, al norte de Galicia.
En los incendios del pasado domingo, la mayoría de casas afectadas fueron, precisamente, aquellas deshabitadas o descuidadas, que estaban rodeadas de maleza o árboles.
“Los propietarios han perdido el interés en sus parcelas porque solo están centrados en sacar un beneficio relacionado con la madera. No hay campañas de información o sensibilización para variar plantaciones o cuidar las parcelas de monte”, dice Diego.
Xosé Santos, vocal del Consello Forestal de Galicia, añade: “Hemos perdido el mosaico en nuestros montes. Ese que alternaba bosques, cultivos, ganado y que se cuidaba entre sí en forma de cortafuegos. Ahora ya no hay ni bosques, solo plantaciones forestales”.
Esta realidad de un monte casi combustible de incendios se da a pesar de que la Xunta de Galicia lleva años regulando el uso del monte. “Existe leyes que obligan a mantener las parcelas sin maleza, a que no haya árboles a menos de 50 metros de las viviendas y a podar. Pero no se cumplen”, dice Diego. Y he ahí uno de las claves de por qué Galicia arde.
“La Xunta no está aplicando estas leyes correctamente, no está haciendo una vigilancia exhaustiva. Y, sobre todo, no está ejecutando las denuncias que les llegan. Y esto puede ser porque no quiere enfrentarse a la Galicia rural, que le da muchos votos”, añade Diego.
Manuel Núñez es propietario pontevedrés de varias parcelas de monte. “Claro que nadie cuida sus trozos de monte. Muchos van a ver las parcelas cada diez años, otros no tienen dinero ni tiempo para desbrozar. Y a otros simplemente es que no les da la gana subir al monte a desbrozar en invierno, ya que la Xunta nos prohíbe ir en verano”.
Desde el gobierno gallego han afirmado en numerosas ocasiones que, pese a que cada año se vigilan más, es materialmente imposible llegar a cada uno de los miles de propietarios.
“Esta imposibilidad o esta negativa a limpiar el monte hace que algunos propietarios usen el fuego para ahorrarse la limpieza o la posible multa. Y aquí tenemos uno de los factores claves de por qué hay tantos incendios en Galicia”. Lo afirma un agente forestal gallego con más de 20 años de experiencia y que pide no dar su nombre. “Este es un tema tabú en Galicia y la gente prefiere echar la culpa a todo menos a nosotros mismos. Y mira, te voy a decir una cosa: aquí nadie viene de fuera a plantarnos fuego. Ni tampoco viene de Portugal o aparecen de la nada. Los que queman Galicia son gallegos. Y eso duele escucharlo".
El uso irresponsable del fuego
Xosé Santos, del Consello Forestal, participó hace años en un trabajo de campo en el que se intentaba dilucidar los motivos de los incendios forestales en Europa. Él, junto a otros compañeros agentes, era el encargado de trabajar sobre el terreno en Galicia. “Yo iba por parroquias preguntando por qué había habido un fuego. En una me decían: ‘Uy rapaz, es que vinieron los hijos de unos emigrantes y tenían que mirar dónde están las lindes para vender’. En otro incendio me dijeron: ‘Para limpiar la maleza’. En otro porque había alimañas y lobos. Y así decenas de motivos. La conclusión es que se sigue usando el fuego en Galicia como herramienta. Y esto es un factor clave”.
Está de acuerdo el agente forestal. “En mi distrito hubo tres incendios este fin de semana. Dos fueron provocados por ganaderos y otro por cazadores. Aquí en Galicia todavía hay muy poca formación y educación. Todavía queda muchísimo de ‘el monte es mío y lo quemo si quiero’, por ignorancia o por simple cabreo con la Administración”.
Diego Sánchez, del SGL, discrepa. “Creo que el uso del fuego como herramienta rural es algo del pasado. Y mucho menos si hablamos de pirómanos o delincuentes. En ningún caso aquí hay más pirómanos que en otros sitios ni tampoco están organizados. Hablar de terrorismo incendiario es desviar la atención sobre los verdaderos intereses del fuego: los económicos”.
Està el dinero detrás?
Cree que sí Diego. “Hay un interés por el monocultivo de eucalipto”. Un interés que, según Diego, tiene relación directa con empresas gallegas de celulosa.
La teoría la apoya Xosé Santos, del Consello Forestal. “En 1992 la el conselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, aprobó un plan forestal para Galicia que se extendía hasta 2032. El plan recogía la plantación de 250.000 hectáreas de eucalipto. Bueno, pues en el año 2000 ya había 300.000 y ahora hay casi medio millón. Hoy Carlos del Álamo es consejero de una empresa de celulosa”.
"Aquí en Galicia todavía queda muchísimo de ‘el monte es mío y lo quemo si quiero"
El eucalipto es un árbol que prende y combustiona de una forma muy rápida, propagando los incendio a una velocidad mucho mayor que especies autóctonas como el castaño o el roble. La falta de cuidados en los eucaliptales hacen que no estén podados y se den incendios de copas, esto es, llamas altas que pueden saltar de una foresta a otra en distancia de hasta 500 metros.
El supuesto interés de las empresas de celulosa por los eucaliptos es que es una madera más barata para hacer papel. Pero el agente forestal no está de acuerdo: “Es una teoría de la conspiración. A las empresas de celulosa le sobran eucaliptos y hace años que la Xunta frenó la plantación. Además, procesar la madera quemada es más costoso que hacerlo con la sana. ¿Por qué querría estas empresas incendios?”.
“Yo no digo que los quieran”, replica Xosé. “Pero sí quieren eucaliptos. Y su masiva presencia ayuda a los incendios”
Los recortes y las privatizaciones
¿Hace Galicia lo suficiente contra los incendios? ¿Es la falta de medios otro factor que explica el fuego galaico?
Otra vez hay debate. Para el agente forestal más no se puede hacer. “La Xunta invierte unos 140 millones de euros al año contra los incendios. Tenemos un equipo contra el alto riesgo que está dispuesto casi cinco meses al año. Pero cuando el riesgo es extremo, como el pasado domingo, es materialmente imposible llegar a todas partes. A no ser que queramos invertir 300 millones de euros al año, claro”.
El conselleiro que aprobó la plantación de eucaliptos en 1992 (árbol idóneo para haer papel) es hoy consejero de la empresa de celulosa más importante de Galicia
Está relativamente de acuerdo Xosé Santos, pero matiza. “Tenemos una buena inversión en extinción, pero no en prevención. No hay políticas de sensibilización e información, como sí las ha habido en Francia o Alemania y han casi solucionado el problema. No hay interés en ejecutar la ley y tener mano dura. Hay un enorme desinterés”.
Otra crítica que Xosé lleva a cabo es la contratación de brigadas forestales temporales a través de empresas privadas. “Es un asunto que hace mosquear, que forma parte de la economía del fuego”. El agente forestal replica: “Las empresas helitransportadas cobran lo mismo haya incendios o no. Igual que las brigadas, que son contratada cinco meses al año y que, por cierto, estaban contratadas el pasado domingo. Hay que sacar ya los incendios de la vida política”.
Hay más consenso cuando se habla de intereses urbanísticos. “Urbanizar un monte quemado es imposible a día de hoy. Eso a pesar de la modificación de la Ley. De hecho, es que no ha habido un solo caso desde que se aprobó la ley”, dice el agente forestal. Xosé coincide: “Está muy regulado. Creo que es desviar el tiro”.
Manuel Núñez, el propietario pontevedrés, concluye: “Sea por lo que sea, este es nuestro terrorismo. El que nosotros sufrimos. Y hay que arreglarlo ya. No podemos más”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508259579_346082.html
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Un caballo salvaje desorientado en medio del monte, entre las cenizas de los incendios. Cedida
REPORTAJES INCENDIOS EN GALICIA
Hecatombe animal en Galicia: las víctimas calcinadas en las que nadie se fija
Decenas de caballos, jabalíes, zorros, erizos están siendo rescatados estos días por los voluntarios, por veterinarios y por asociaciones ecologistas. Es la principal batalla que se libra estos días en la comunidad gallega
18 octubre, 2017 02:03
Brais Cedeira @BraisCedeira Vigo
Este martes por la tarde, Tania salió a echar una mano al monte a sus vecinos, en Nigrán. Iba en uno de los grupos que se han formado en su pueblo para rescatar a los animales en el monte. Buscaban, principalmente, caballos salvajes que pudieran haber quedado atrapados entre los árboles quemados de las pistas forestales del sur de Pontevedra. De repente, tres perros sueltos llegan a esa parte del monte. Buena parte del día ha llovido por lo que los animales están empapados. Pronto mandó un mensaje preguntando a su familia y a sus amigos qué podía hacer con ellos. Cómo se podía dar rescate a los tres canes.
Las miles de hectáreas que se han quemado desde el domingo en Galicia dejan tras de sí un panorama desolador de viviendas arrasadas, el suelo calcinado, tiznado de negro e irrecuperable (por ahora). Pero eso no es lo más grave de todo. La fauna de los montes de Vigo, Baiona, Nigrán, Vincios, Gondomar, Chandebrito, Valladares…
La fauna es la que más peligro corre ahora. La foto que inicia este reportaje es dura. Muchas más están circulando por las redes. Pero es la otra realidad, la cara amarga de lo que consiguen los pirómanos y los incendiarios: apagar la alegría del bosque. Gracias a decenas de personas que se han echado al monte, se están evitando instantáneas como esa.
Distintos grupos ecologistas consultados aseguran que están en peligro decenas de especies… Desde el domingo, cuando todo empezó a arder, no han dejado de aparecer ejemplares de diversos animales entre los árboles quemados. Las protectoras y las asociaciones están ahora mismo desbordadas. Es, sin duda, la principal batalla que se está librando en Galicia en estos momentos. La que más voluntarios requiere. Una vez los incendios se van apaciguando, y las llamas están cada vez más controladas y alejadas de las casas, surge el siguiente problema capital. Salvar a los animales.
Tres grupos de especies amenazadas
Caballos abandonados tras los incendios. Cedida
“Los primeros caballos vivos están siendo rescatados de los montes quemados. Los síntomas comunes a todos ellos: problemas respiratorios, oculares y cutáneos”. Lo explican desde Casal do Río, un centro veterinario equino situado en Meis, a 15 minutos en coche de la ciudad de Pontevedra. Los primeros días fueron complicados, pero la situación, en lo que a ellos les respecta, en cuanto al rescate de caballos, está completamente controlada. En lo que va de semana han ido recibiendo un aluvión de antibióticos, suero, colirios, analgésicos, corticoides, pomadas, antisépticos, desde muchísimos lugares de toda España. Sobraban manos para cuidar a los animales.
En la provincia de Pontevedra está requiriéndose ayuda estos días para buscar, rescatar y tratar a tres grupos distintos de especies animales. Todos ellos importantes, cuyo papel en el ecosistema galllego resulta clave. Por un lado están los animales salvajes. EN ese grupo podríamos incluir: caballos salvajes, jabalíes, ciervos, zorros, lobos, aves, reptiles... No son pocas las especies a las que estos días están encontrando desorientadas por los páramos yermos en los que se han convertido algunas zonas incendiadas en la provincia.
Muchos de los caballos, por ejemplo, aparecen solos, temblando en medio de la nada, hasta que alguien los consigue alejar de ese entorno. Tienen suerte. Otros no han logrado huir del incendio. “Cuando la sección ambiental es muy amplia, hay mucha superficie, esas especies van a ver menguada su capacidad de huida”, explican desde la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA).
El siguiente grupo del que se están rescatando decenas de ejemplares son los animales domésticos. Muchas poblaciones, como As Neves, han visto sus edificios reducidos a cenizas. Y con ello, muchos animales no han podido salvarse. En este grupo, las asociaciones animalistas y los ecologistas incluyen especies muy importantes en la vida cotidiana en Galicia, que realizan una importante labor en cuanto a la limpieza de los terrenos, de los pastos: las vacas, las ovejas, las gallinas, los conejos. “Su situación ahora va a ser complicada. Los recursos de esa fauna , el pasto del monte, va a desaparecer. Sus lugares de alimentación van a quedar arrasados”, remarcan desde ADEGA.
El tercero de los grupos de especies afectado es el de las especies del suelo: los insectos, los moluscos como los caracoles, los artrópodos… Cumplen una función muy importante en la interacción con el suelo gallego, los cimientos del ecosistema que estos días ha sido destruido por las llamas. “Son la base. Este ataque lo que va a hacer es que se desestructure toda la pirámide ecológica, que se viene abajo”.
Los animales sufren la cara más amarga de los incendios forestales. Su mundo se les viene abajo. Pierden sus ecosistemas, el hábitat en el que podían desarrollarse como especies. Han pasado tres días desde la principal ola del domingo y todavía no se sabe con certeza cuántos animales han sido afectados por lo ocurrido. No pocos, sin duda.
La respuesta de dentro y de fuera
Un voluntario sostiene un erizo al que ha salvado de los incendios en Pontevedra. Cedida
El lunes por la mañana, pocas horas después de la jornada negra del 15 de octubre en el sur de Galicia, surgieron decenas de grupos de whatsapp coordinados por zonas para gestionar las últimas batidas para apagar los retazos del fuego que quedasen encendidos. También para coordinar el rescate de las especies animales que estuvieran en esas distintas regiones.
La situación recordaba a de hace 15 años. El Prestige hizo florecer un espíritu de apoyo mutuo, de solidaridad sin límites. Ahora ha vuelto a suceder lo mismo.
-Caballo en el monte Alba quemado que necesita ayuda. No sé si hay alguien de la zona aquí. Mandarlo a Val Miñor, por favor.
-En Prado (Nigrán), hbajando hacia Vilas, hay un cierre que tiene varios caballos alllí cerrados con Paj* y agua.
-Hola, estuve en el monte Alba y no vi nada, sólo unos caballos que creo que vieron unas chicas ayer.
A lo largo de todo el día, miles de mensajes de whatsapp llegan a los más de 30 grupos que se han organizado en el servicio de mensajería para poder coordinar los rescates. En ellos, según las regiones afectadas, cada uno se mete en uno de ellos y va conociendo las últimas noticias de cómo van los rescates de los animales. Al saberlo, se echan al monte a echar un cable donde haga falta.
En la tarde de ayer, se envió un mensaje a todos los grupos. Son los consejos previos a salir al monte de batida, al rescate de las especies. “Hoy a las 16:00 quedaremos delante de las piscinas de Ponteareas para salir a rescatar animales por las zonas afectadas por el fuego. Intentad traer de todo: coches, furgones, remolques, cuerdas, mantas, agua, comida para animales, garrafas, cubos, material medico y cualquier cosa que creáis que puede ser útil”.
Pequeño estanque lleno de cenizas de los incendios de estos días en los alrededores de Vigo. Cedida
En la tarde de este martes, los gallegos del sur de la provincia de Pontevedra tenían, al menos, quince salidas al monte organizadas en diferentes zonas para poder rescatar caballos, lobos y cualquier animal que saliese al paso. Pero la ayuda está viniendo también desde fuera. En uno de esos grupos, la gente de fuera de Galicia, se fue organizando a su aire para desembarcar en Galicia en sus respectivos vehículos. Fue como cuando el fenómeno de la “marea blanca”, la reacción a la marea negra del chapapote en 2002. Aquello fue una marabunta de solidaridad. Lo que parece que también se está desatando ahora.
De la nada, surgió también una coordinadísima organización en cuanto a recibimiento de medicamentos y de productos sanitarios. Es de lo que más hace falta para atender a los animales. De ese modo, los organizadores espontáneos de esta respuesta solidaria están poniendo a disposición de quienes quieran y puedan puntos de entrega de dinero o medicamentos para comprar antibióticos, suero, gasas, silvederma, vendas, yodo, guantes de látex o vinilo cremas, guantes de trabajo, vaselina líquida… Los lugares en los que se puede colaborar han sido rápidamente localizados: Móstoles, Vallecas, Santander, Oviedo, Tarragona, etc.
De ese modo, la respuesta está siendo abrumadora. En la tarde de ayer, algunos veterinarios presentes en las zonas de rescate agradecían el apoyo. Los recursos y las personas disponibles rebasaban las enormes necesidades tras los incendios. Una gran noticia.
-Hola, soy de Pamplona, tengo pensado coger mi coche y salir mañana hacia Galicia, ¿a quien le viene bien?
-Buenas, salgo mañana desde Madrid. ¿Alguien que se venga o que necesite transporte?
-Hola, soy ATV en Madrid y este fin de semana iré con otras ATVs, especialistas animales y caninos a Vigo.
-Hola, soy de Sevilla, ¿alguien del sur que vaya en coche o que se esté organizando para ir en bus?
Y así decenas y decenas de mensajes a lo largo del día. La felicidad es comprobar, al día siguiente, que muchos de esos números han conseguido su objetivo. Que han llegado a Galicia. Que han evitado que un caballo o un pequeño mirlo pereciesen entre las llamas. Vuelve el espíritu del "Nunca Máis".
https://www.elespanol.com/reportajes/20171017/254975717_0.html
Depende de si la solidaridad lleva incluido el billete de autobus o no se contempla ésto.
No sé qué decirte... también los hay que claman contra el PP y después les votan. ¿?
D
Deleted member 20383
Guest
Asturias está sufriendo la desgracia de estos incendios y al parecer una parte de León. Mi abrazo para todos.
D
Deleted member 20383
Guest
Extensible para todas las Comunidades que están sufriendo este terrible atentado.
El cártel del fuego (I)
Una investigación judicial revela que en España y Portugal existe una mafia empresarial que ha conseguido 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción
DANIEL TOLEDO
Avión de extinción de incendios.
LISBOA | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.
Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.
Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.
En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.
ES UN MODUS OPERANDI QUE SE HA EXTENDIDO A OTROS PAÍSES COMO ITALIA, FRANCIA E INCLUSO CHILE, PERO EN TODAS EXISTE UN DENOMINADOR COMÚN: TODAS LLEVAN LA MARCA ESPAÑA
En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.
Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.
El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.
Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.
Andalucía: el funcionario que tiró de la manta
Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.
LOS CASOS INVESTIGADOS EN CASI TODAS LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS SE ESTÁN UNIFICANDO EN UNA MACROCAUSA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.
Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.
Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J
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Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J
González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.
Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.
“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.
MUCHAS VECES, EL CÁRTEL LLEGABA A MANIOBRAR PARA DEJAR LOS CONCURSOS DESIERTOS, OBLIGANDO ASÍ A LAS ADMINISTRACIONES A ELABORAR NUEVOS CONCURSOS CON MEJORES CONDICIONES PARA LAS EMPRESAS
María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.
En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.
Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.
Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.
Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.
Investigados por la Audiencia Nacional
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG;
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA;
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios;
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén
AUTOR
Una investigación judicial revela que en España y Portugal existe una mafia empresarial que ha conseguido 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción
DANIEL TOLEDO
Avión de extinción de incendios.
LISBOA | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.
Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.
En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.
ES UN MODUS OPERANDI QUE SE HA EXTENDIDO A OTROS PAÍSES COMO ITALIA, FRANCIA E INCLUSO CHILE, PERO EN TODAS EXISTE UN DENOMINADOR COMÚN: TODAS LLEVAN LA MARCA ESPAÑA
En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.
Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.
El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.
Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.
Andalucía: el funcionario que tiró de la manta
Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.
LOS CASOS INVESTIGADOS EN CASI TODAS LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS SE ESTÁN UNIFICANDO EN UNA MACROCAUSA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.
Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.
Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J
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Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J
González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.
Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.
“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.
MUCHAS VECES, EL CÁRTEL LLEGABA A MANIOBRAR PARA DEJAR LOS CONCURSOS DESIERTOS, OBLIGANDO ASÍ A LAS ADMINISTRACIONES A ELABORAR NUEVOS CONCURSOS CON MEJORES CONDICIONES PARA LAS EMPRESAS
María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.
En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.
Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.
Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.
Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.
Investigados por la Audiencia Nacional
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG;
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA;
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios;
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén
AUTOR
- Daniel Toledo
