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La corrupcion del PSOE
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Un decreto de Zapatero permitió al líder de la UGT en Asturias enriquecers
La UCO acusa al Ejecutivo del PSOE de manipular una norma para desviar 31 millones de euros a José Ángel Fernández Villa
José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, y José Ángel Fdez. Villa, en una fiesta en León en 2009. J. Casares EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de «elaborar y aprobar un Real Decreto ad hoc» para desviar 31 millones de euros públicos que se acabaron repartiendo los líderes de la UGT de Asturias bajo el pretexto de la construcción de un geriátrico levantado, además, en una zona no urbanizable. Entre los principales beneficiarios de esta operación, que se fraguó «desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria», se encuentra el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa, figura clave en el ascenso de Zapatero a la secretaría general del PSOE.
La Policía Judicial ha elaborado su informe definitivo en la denominada Operación Hulla, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, y en el que pone el foco directamente sobre la implicación del Ejecutivo socialista. «Sin esta modificación normativa y sin la consecuente subvención no se podría haber financiado el proyecto» de la residencia de ancianos de Felechosa, subraya en alusión al Real Decreto 1219/2009 por el que se modificaba el 1112/2007 que establece el régimen de ayudas a las comarcas mineras del carbón.
La Abogacía del Estado y la Secretaría técnica del Ministerio advirtieron en contra
El proyecto impulsado por Fernández Villa, cuando el nuevo Real Decreto «entró en vigor, ya se había adjudicado y se habían emitido tres certificaciones de obra». Lo que acredita, a juicio de la UCO, que «quienes decidieron iniciar el proyecto tenían la total seguridad de la aprobación del Real Decreto». «En resumen», prosigue la Guardia Civil, «todo hace indicar que se modificó el marco legal para hacer viable la subvención, llegando incluso a recoger la nueva norma requisitos contemplados un año antes por la Mesa Regional de la Minería, desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio».
Una circunstancia que evidencia, añaden los investigadores, que «aquellos con capacidad decisoria sobre la aprobación del Real Decreto», en referencia a los altos cargos del PSOE, «habrían trasladado la certeza de que el proyecto se aprobaría». A la vista de este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que requiera al Ministerio de Industria para que «identifique» a todos los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la subvención para depurar sus responsabilidades.
Añade que Villa logró el dinero público gracias a su "fuerza moral" en el PSOE
La UCO incluye además y avala la confesión que realizó en sede policial el ex gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón(IRMC), Juan Miguel Benítez. Este funcionario reveló que el desvío millonario y la modificación normativa fue una «imposición» del Gobierno socialista. «Fernández Villa fue quien hizo los contactos necesarios para que desde arriba dieran las instrucciones necesarias; tenía mucho poder y capacidad de pedir audiencia al presidente del Gobierno y al ministro de Industria», que en ese momento era Miguel Sebastián, señaló Benítez. La construcción del geriátrico sirvió, como ya denunció Anticorrupción, para que Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, se apropiaran de «ingentes cantidades de dinero» que se estima puedan alcanzar los 15 millones de euros gracias a la subvención «sobredimensionada» otorgada por el Gobierno socialista y la «concertación» del Ministerio de Industria con los líderes mineros.
La UCO destaca en todo este proceso el «papel relevante» desempeñado por Fernández Villa con el Gobierno socialista gracias al «predominio y fuerza moral que durante décadas había atesorado en las cuencas mineras gracias a su hegemonía en el SOMA (Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias), que le habría permitido dirigir movilizaciones sindicales y huelgas que le propiciaban una situación de prevalencia sobre muchas personas con responsabilidad pública». «Todas estas circunstancias habrían podido jugar a su favor para ejercer influencia eficaz en el proceso motivador de los miembros de la Mesa de la Minería y/o de alguna persona con responsabilidad pública vinculada a los fondos mineros o, incluso, que interviniese durante la tramitación del Real Decreto», agrega.
La UCO ha acreditado, asimismo, que el grupo de Fernández Villa intervino para manipular incluso la elección de la adjudicataria del proyecto. Llegando al extremo de que han sido intervenidos correos electrónicos enviados por miembros de la Comisión Técnica encargados de evaluar las ofertas en los que filtraron al ganador el contenido del resto de proyectos. Lo hicieron con advertencias del tipo: «Lo que tengáis que copiar de otros, tened cuidado y cambiad algo del nombre de la descripción de las partidas o el orden de las mediciones y que nunca coincida el precio exacto».
La adjudicataria pagó posteriormente «comisiones ilícitas» a los líderes sindicales y propició que se desviaran importantes cantidades de dinero que acabaron aflorando en parte con la Amnistía Fiscal. Por todo ello la UCO advierte, entre otros, la comisión de un delito de blanqueo de capitales cometido por los líderes sindicales.
CLAVES DE LA 'OPERACIÓN HULLA'
La coartada: el geriátrico. Los líderes de la UGT asturiana solicitaron una subvención millonaria al Gobierno para construir una residencia en un terreno no urbanizable de la localidad de Felechosa.
La modificación legal. El clan de Fernández Villa exigió al Gobierno de Zapatero que modificara un Real Decreto para percibir 31 millones de los que gran parte acabaron en sus bolsillos.
Fiscalía estrecha el cerco. Anticorrupción pide identificar a todos los funcionarios del Ministerio de Industria que tramitaron el desvío de fondos a Fernández Villa, que acabó aflorando una parte del dinero con la Amnistía Fiscal.
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/05/5d6ffe0221efa0e6568b4690.html
La UCO acusa al Ejecutivo del PSOE de manipular una norma para desviar 31 millones de euros a José Ángel Fernández Villa
José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, y José Ángel Fdez. Villa, en una fiesta en León en 2009. J. Casares EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de «elaborar y aprobar un Real Decreto ad hoc» para desviar 31 millones de euros públicos que se acabaron repartiendo los líderes de la UGT de Asturias bajo el pretexto de la construcción de un geriátrico levantado, además, en una zona no urbanizable. Entre los principales beneficiarios de esta operación, que se fraguó «desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria», se encuentra el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa, figura clave en el ascenso de Zapatero a la secretaría general del PSOE.
La Policía Judicial ha elaborado su informe definitivo en la denominada Operación Hulla, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, y en el que pone el foco directamente sobre la implicación del Ejecutivo socialista. «Sin esta modificación normativa y sin la consecuente subvención no se podría haber financiado el proyecto» de la residencia de ancianos de Felechosa, subraya en alusión al Real Decreto 1219/2009 por el que se modificaba el 1112/2007 que establece el régimen de ayudas a las comarcas mineras del carbón.
La Abogacía del Estado y la Secretaría técnica del Ministerio advirtieron en contra
El proyecto impulsado por Fernández Villa, cuando el nuevo Real Decreto «entró en vigor, ya se había adjudicado y se habían emitido tres certificaciones de obra». Lo que acredita, a juicio de la UCO, que «quienes decidieron iniciar el proyecto tenían la total seguridad de la aprobación del Real Decreto». «En resumen», prosigue la Guardia Civil, «todo hace indicar que se modificó el marco legal para hacer viable la subvención, llegando incluso a recoger la nueva norma requisitos contemplados un año antes por la Mesa Regional de la Minería, desatendiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio».
Una circunstancia que evidencia, añaden los investigadores, que «aquellos con capacidad decisoria sobre la aprobación del Real Decreto», en referencia a los altos cargos del PSOE, «habrían trasladado la certeza de que el proyecto se aprobaría». A la vista de este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que requiera al Ministerio de Industria para que «identifique» a todos los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la subvención para depurar sus responsabilidades.
Añade que Villa logró el dinero público gracias a su "fuerza moral" en el PSOE
La UCO incluye además y avala la confesión que realizó en sede policial el ex gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón(IRMC), Juan Miguel Benítez. Este funcionario reveló que el desvío millonario y la modificación normativa fue una «imposición» del Gobierno socialista. «Fernández Villa fue quien hizo los contactos necesarios para que desde arriba dieran las instrucciones necesarias; tenía mucho poder y capacidad de pedir audiencia al presidente del Gobierno y al ministro de Industria», que en ese momento era Miguel Sebastián, señaló Benítez. La construcción del geriátrico sirvió, como ya denunció Anticorrupción, para que Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, se apropiaran de «ingentes cantidades de dinero» que se estima puedan alcanzar los 15 millones de euros gracias a la subvención «sobredimensionada» otorgada por el Gobierno socialista y la «concertación» del Ministerio de Industria con los líderes mineros.
La UCO destaca en todo este proceso el «papel relevante» desempeñado por Fernández Villa con el Gobierno socialista gracias al «predominio y fuerza moral que durante décadas había atesorado en las cuencas mineras gracias a su hegemonía en el SOMA (Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias), que le habría permitido dirigir movilizaciones sindicales y huelgas que le propiciaban una situación de prevalencia sobre muchas personas con responsabilidad pública». «Todas estas circunstancias habrían podido jugar a su favor para ejercer influencia eficaz en el proceso motivador de los miembros de la Mesa de la Minería y/o de alguna persona con responsabilidad pública vinculada a los fondos mineros o, incluso, que interviniese durante la tramitación del Real Decreto», agrega.
La UCO ha acreditado, asimismo, que el grupo de Fernández Villa intervino para manipular incluso la elección de la adjudicataria del proyecto. Llegando al extremo de que han sido intervenidos correos electrónicos enviados por miembros de la Comisión Técnica encargados de evaluar las ofertas en los que filtraron al ganador el contenido del resto de proyectos. Lo hicieron con advertencias del tipo: «Lo que tengáis que copiar de otros, tened cuidado y cambiad algo del nombre de la descripción de las partidas o el orden de las mediciones y que nunca coincida el precio exacto».
La adjudicataria pagó posteriormente «comisiones ilícitas» a los líderes sindicales y propició que se desviaran importantes cantidades de dinero que acabaron aflorando en parte con la Amnistía Fiscal. Por todo ello la UCO advierte, entre otros, la comisión de un delito de blanqueo de capitales cometido por los líderes sindicales.
CLAVES DE LA 'OPERACIÓN HULLA'
La coartada: el geriátrico. Los líderes de la UGT asturiana solicitaron una subvención millonaria al Gobierno para construir una residencia en un terreno no urbanizable de la localidad de Felechosa.
La modificación legal. El clan de Fernández Villa exigió al Gobierno de Zapatero que modificara un Real Decreto para percibir 31 millones de los que gran parte acabaron en sus bolsillos.
Fiscalía estrecha el cerco. Anticorrupción pide identificar a todos los funcionarios del Ministerio de Industria que tramitaron el desvío de fondos a Fernández Villa, que acabó aflorando una parte del dinero con la Amnistía Fiscal.
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/05/5d6ffe0221efa0e6568b4690.html
LOS SEPARATISTAS DEL PNV Y DE BILDU HABÍAN ARREMETIDO CONTRA ESTE CORONEL
Grande-Marlaska cesa al jefe de la UCO que investigaba la corrupción del PSOE
Destituido por cesar la actividad después de que el Gobierno le dejase sin fondos
Según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior a la citada agencia, el cese se ha justificado por “pérdida de confianza”. Marlaska destituye al coronel de la UCO de la Guardia Civil por “pérdida de confianza”, después de que Sánchez Corbí firmase el pasado 25 de julio una orden interna comunicando a los diferentes departamentos de la UCO de que quedaba “temporalmente suspendida” cualquier investigación al no haber aprobado el Ministerio, ni en junio ni en julio, las partidas de fondos reservados necesarias para poder llevar a cabo esas investigaciones, “lo cual motiva que no se pueda hacer frente a las necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos Departamentos de investigación y apoyo”, según señalaba Sánchez Corbí en la citada orden interna.
El Gobierno sigue sin dar explicaciones oficiales sobre el corte de los fondos a la UCO
A pesar del escándalo mediático que provocó esta noticia la semana pasada, hasta ahora el Ministerio del Interior no ha dado ninguna explicación oficial sobre la suspensión de esas partidas. Hoy, las fuentes consultadas por Europa Press se han limitado a señalar que la interrupción de esos fondos se debió a una “evaluación” de los gastos para analizar cómo se estaban aplicando las partidas disponibles, una explicación sin ninguna credibilidad, si tenemos en cuenta que esa interrupción ha durado dos meses y ha provocado la interrupción de las investigaciones. Antes bien,el cese de Sánchez Corbí parece a todas luces una venganza de Grande-Marlaska por dejar en evidencia la incompetencia o -lo que sería peor- el sectarismo de su gabinete, y me inclino por la segunda explicación, si tenemos en cuenta las investigaciones que tiene a su cargo la UCO.
El coronel cesado fue uno de los artífices de la liberación de Ortega Lara
El coronel cesado, natural de Valladolid, ha acreditado con un brillante historial su lucha contra la delincuencia. el Coronel Manuel Sánchez Corbí ha sido distinguido con cinco Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Legión de Honor de Francia. Además, dedicó 25 años de su carrera a combatir el terrorismo etarra, una labor que le hizo merecedor del reconocimiento de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Una de las víctimas de ETA le debe, de hecho, la vida, ya que cuando Sánchez Corbí era capitán, fue uno de los artífices de la liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por la banda asesina. A comienzos de este año, Sánchez Corbí fue el jefe del equipo de guardias civiles que logró capturar al asesino de Diana Quer y a la asesina del niño Gabriel Cruz, dos casos que tuvieron una gran repercusión mediática y que generaron un amplio reconocimiento a la labor realizada por la Guardia Civil.
Una unidad que puso en un aprieto al PSOE por sus casos de corrupción
Como ya señalé hace unos días, la UCO es la principal encargada de las labores de Policía Judicial asignadas a la Benemérita, y hasta ahora ha tenido un papel clave en la investigación de crímenes violentos (sus agentes fueron los encargados de investigar los casos de Diana Quer y del niño Gabriel Cruz) y de delincuencia organizada, pero también se dedica a investigar casos de corrupción política. Además de casos que afectan al PP Concretamente, la UCO ha venido investigando casos de corrupción que afectan al PSOE. A modo de ejemplo, la unidad investigó el enchufismo del PSOE en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) de Andalucía, el caso de los ERE de Andalucía y el gasto de 15.000 euros procedentes de las arcas públicas en fiestas en prostíbulos, también en esa región. Se trata de unos casos que están poniendo en un serio aprieto a Susana Díaz y a Pedro Sánchez en el principal caladero de votos del PSOE.
Malestar e indignación en la Guardia Civil por el cese del jefe de la UCO
El cese de Sánchez Corbí ha causado malestar e indignación en la Guardia Civil. Muchos miembros del cuerpo consideran que el hasta ahora jefe de la UCO había acreditado sobradamente su prestigio y su independencia en la lucha contra la corrupción política, y había defendido la dignidad de la Benemérita frente a lo que consideran un intento del Gobierno de frenar las incómodas investigaciones de la UCO al PSOE. “A este gobierno le incomoda la UCO. Y mucho”, se apuntaba esta mañana desde Beneméritos GC, una página de Facebook sobre la Guardia Civil con 247.000 seguidores. Algunos seguidores de ese foro señalan que el Gobierno busca un jefe más sumiso para la UCO, y se preguntan si ahora el ejecutivo de Sánchez va a dirigir también las investigaciones de la unidad.
Los separatistas del PNV y Bildu habían arremetido contra el jefe de la UCO
El pasado mes de febrero el PNV declaró la guerra al entonces jefe de la UCO por unas declaraciones de éste que fueron manipuladas por el diario catalán La Vanguardia, en las que vinculaba a peneuvistas y proetarras: una afirmación que el periódico tuvo que rectificar al ser falsa. Unos días antes, Bildu llamaba “delincuente” a Sánchez Corbí en la Comisión de Interior del Congreso y pidió su cese. A Sánchez Corbí no le perdonan haber dedidado tantos años de su vida a la lucha contra el terrorismo etarra. Se da la circunstancia de que tanto el PNV como Bildu facilitaron con sus votos la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ahora procede preguntarse: ¿el Gobierno ha destituido al jefe de la UCO por miedo a sus investigaciones sobre el PSOE, para complacer a sus aliados separatistas o por ambas razones?
http://www.outono.net/elentir/2018/...a-uco-que-investigaba-la-corrupcion-del-psoe/
Grande-Marlaska cesa al jefe de la UCO que investigaba la corrupción del PSOE
Destituido por cesar la actividad después de que el Gobierno le dejase sin fondos
Según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior a la citada agencia, el cese se ha justificado por “pérdida de confianza”. Marlaska destituye al coronel de la UCO de la Guardia Civil por “pérdida de confianza”, después de que Sánchez Corbí firmase el pasado 25 de julio una orden interna comunicando a los diferentes departamentos de la UCO de que quedaba “temporalmente suspendida” cualquier investigación al no haber aprobado el Ministerio, ni en junio ni en julio, las partidas de fondos reservados necesarias para poder llevar a cabo esas investigaciones, “lo cual motiva que no se pueda hacer frente a las necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos Departamentos de investigación y apoyo”, según señalaba Sánchez Corbí en la citada orden interna.
El Gobierno sigue sin dar explicaciones oficiales sobre el corte de los fondos a la UCO
A pesar del escándalo mediático que provocó esta noticia la semana pasada, hasta ahora el Ministerio del Interior no ha dado ninguna explicación oficial sobre la suspensión de esas partidas. Hoy, las fuentes consultadas por Europa Press se han limitado a señalar que la interrupción de esos fondos se debió a una “evaluación” de los gastos para analizar cómo se estaban aplicando las partidas disponibles, una explicación sin ninguna credibilidad, si tenemos en cuenta que esa interrupción ha durado dos meses y ha provocado la interrupción de las investigaciones. Antes bien,el cese de Sánchez Corbí parece a todas luces una venganza de Grande-Marlaska por dejar en evidencia la incompetencia o -lo que sería peor- el sectarismo de su gabinete, y me inclino por la segunda explicación, si tenemos en cuenta las investigaciones que tiene a su cargo la UCO.
El coronel cesado fue uno de los artífices de la liberación de Ortega Lara
El coronel cesado, natural de Valladolid, ha acreditado con un brillante historial su lucha contra la delincuencia. el Coronel Manuel Sánchez Corbí ha sido distinguido con cinco Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y la Legión de Honor de Francia. Además, dedicó 25 años de su carrera a combatir el terrorismo etarra, una labor que le hizo merecedor del reconocimiento de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Una de las víctimas de ETA le debe, de hecho, la vida, ya que cuando Sánchez Corbí era capitán, fue uno de los artífices de la liberación de José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por la banda asesina. A comienzos de este año, Sánchez Corbí fue el jefe del equipo de guardias civiles que logró capturar al asesino de Diana Quer y a la asesina del niño Gabriel Cruz, dos casos que tuvieron una gran repercusión mediática y que generaron un amplio reconocimiento a la labor realizada por la Guardia Civil.
Una unidad que puso en un aprieto al PSOE por sus casos de corrupción
Como ya señalé hace unos días, la UCO es la principal encargada de las labores de Policía Judicial asignadas a la Benemérita, y hasta ahora ha tenido un papel clave en la investigación de crímenes violentos (sus agentes fueron los encargados de investigar los casos de Diana Quer y del niño Gabriel Cruz) y de delincuencia organizada, pero también se dedica a investigar casos de corrupción política. Además de casos que afectan al PP Concretamente, la UCO ha venido investigando casos de corrupción que afectan al PSOE. A modo de ejemplo, la unidad investigó el enchufismo del PSOE en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) de Andalucía, el caso de los ERE de Andalucía y el gasto de 15.000 euros procedentes de las arcas públicas en fiestas en prostíbulos, también en esa región. Se trata de unos casos que están poniendo en un serio aprieto a Susana Díaz y a Pedro Sánchez en el principal caladero de votos del PSOE.
Malestar e indignación en la Guardia Civil por el cese del jefe de la UCO
El cese de Sánchez Corbí ha causado malestar e indignación en la Guardia Civil. Muchos miembros del cuerpo consideran que el hasta ahora jefe de la UCO había acreditado sobradamente su prestigio y su independencia en la lucha contra la corrupción política, y había defendido la dignidad de la Benemérita frente a lo que consideran un intento del Gobierno de frenar las incómodas investigaciones de la UCO al PSOE. “A este gobierno le incomoda la UCO. Y mucho”, se apuntaba esta mañana desde Beneméritos GC, una página de Facebook sobre la Guardia Civil con 247.000 seguidores. Algunos seguidores de ese foro señalan que el Gobierno busca un jefe más sumiso para la UCO, y se preguntan si ahora el ejecutivo de Sánchez va a dirigir también las investigaciones de la unidad.
Los separatistas del PNV y Bildu habían arremetido contra el jefe de la UCO
El pasado mes de febrero el PNV declaró la guerra al entonces jefe de la UCO por unas declaraciones de éste que fueron manipuladas por el diario catalán La Vanguardia, en las que vinculaba a peneuvistas y proetarras: una afirmación que el periódico tuvo que rectificar al ser falsa. Unos días antes, Bildu llamaba “delincuente” a Sánchez Corbí en la Comisión de Interior del Congreso y pidió su cese. A Sánchez Corbí no le perdonan haber dedidado tantos años de su vida a la lucha contra el terrorismo etarra. Se da la circunstancia de que tanto el PNV como Bildu facilitaron con sus votos la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ahora procede preguntarse: ¿el Gobierno ha destituido al jefe de la UCO por miedo a sus investigaciones sobre el PSOE, para complacer a sus aliados separatistas o por ambas razones?
http://www.outono.net/elentir/2018/...a-uco-que-investigaba-la-corrupcion-del-psoe/
CARTA ABIERTA DE UNA PERSONA JUBILADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.
Todo lo que veis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.
Levantamos un país que venía de una dictadura.
Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.
Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas. eran las hijas e hijos los que tiraban del carro.
Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.
Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades.Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera solo vuestra.
Llevasteis a nuestros hijos e hijas a una crisis económica, que nosotras hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.
No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.
Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.
Señoras t señores Diputados Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas.
Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias, sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones.
Reduzcan gastos empezando por Uds.
No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda electoral.
No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.
No nos hace ninguna gracia ver que tono de agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates............................................
Somos una generación de personas luchadoras, no van a poder callarnos la boca.
Sería tremendo que tengamos que ser nosotros de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.
Demuestren todos con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente a estas alturas de la vida.
Anónimo.
No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.
Todo lo que veis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.
Levantamos un país que venía de una dictadura.
Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.
Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas. eran las hijas e hijos los que tiraban del carro.
Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.
Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades.Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera solo vuestra.
Llevasteis a nuestros hijos e hijas a una crisis económica, que nosotras hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.
No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.
Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.
Señoras t señores Diputados Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan sus problemas.
Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias, sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones.
Reduzcan gastos empezando por Uds.
No salgan a la calle ahora en las manifestaciones, para hacer propaganda electoral.
No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.
No nos hace ninguna gracia ver que tono de agresivo, de rabia contenida, utilizan en sus debates............................................
Somos una generación de personas luchadoras, no van a poder callarnos la boca.
Sería tremendo que tengamos que ser nosotros de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.
Demuestren todos con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente a estas alturas de la vida.
Anónimo.
La alcaldesa de Móstoles contrata a dedo a su hermana para llevar las redes sociales por 52.000 euros al año
Ciudadanos ha criticado la decisión del Ayuntamiento y ha asegurado que este no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), reelegida en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, ha nombrado a su hermana, Laura Posse, para la coordinación de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros.
Ciudadanos ha criticado a través de un mensaje en sus redes sociales el «dedazo» de la alcaldesa: «El Ayuntamiento de Móstoles no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE de Móstoles. Stop dedazos». Además, adjunta una imagen desvelando el decreto de Alcaldía, fechado a 29 de agosto, mediante el cual se nombra a una hermana de la regidora, Laura Posse Gómez, «para el desempeño del puesto de confianza de Coordinadora de Mensajes y Redes Sociales», asegura la formación naranja.
El portavoz municipal de la formación naranja, José Antonio Luelmo, también ha calificado de «nepotismo» el nombramiento.
En el documento, la designación de Laura Posse como «personal funcionario de empleo eventual» se hace de conformidad a lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 (bis), 1 f) de la misma Ley de Bases.
Fuentes municipales han señalado a Efe que «para los puestos de funcionarios eventuales (cargos de confianza), se selecciona a personas con la capacitación y experiencia suficientes, como en el resto de administraciones públicas», aunque no han querido aclarar cual es la capacitación de la persona elegida para el puesto.
https://www.abc.es/espana/madrid/ab...ociales-52000-euros-201909061253_noticia.html
Ciudadanos ha criticado la decisión del Ayuntamiento y ha asegurado que este no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), reelegida en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, ha nombrado a su hermana, Laura Posse, para la coordinación de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros.
Ciudadanos ha criticado a través de un mensaje en sus redes sociales el «dedazo» de la alcaldesa: «El Ayuntamiento de Móstoles no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE de Móstoles. Stop dedazos». Además, adjunta una imagen desvelando el decreto de Alcaldía, fechado a 29 de agosto, mediante el cual se nombra a una hermana de la regidora, Laura Posse Gómez, «para el desempeño del puesto de confianza de Coordinadora de Mensajes y Redes Sociales», asegura la formación naranja.
El portavoz municipal de la formación naranja, José Antonio Luelmo, también ha calificado de «nepotismo» el nombramiento.
En el documento, la designación de Laura Posse como «personal funcionario de empleo eventual» se hace de conformidad a lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 (bis), 1 f) de la misma Ley de Bases.
Fuentes municipales han señalado a Efe que «para los puestos de funcionarios eventuales (cargos de confianza), se selecciona a personas con la capacitación y experiencia suficientes, como en el resto de administraciones públicas», aunque no han querido aclarar cual es la capacitación de la persona elegida para el puesto.
https://www.abc.es/espana/madrid/ab...ociales-52000-euros-201909061253_noticia.html
Las cifras de la corrupción que salpica a la Junta de Andalucía: 500 investigados y 5.000 millones bajo lupa
Doce macrocausas analizan la gestión del Gobierno autonómico, que ha sido incapaz de recuperar el dinero público que cayó en las redes del fraude
El traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad. Una maquinaria con un potencial enorme para distribuir fondos públicos en una región que arrastra graves carencias estructurales, un débil tejido industrial y una tasa de paro que, con o sin crisis, está diez puntos por encima de la media nacional.
ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe... El goteo de casos que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose. Poco conocidas por la opinión pública, sólo se abren paso en los telediarios cuando en los sumarios aparecen las andanzas del «chófer de la cocaína» o los pagos de casi 32.000 euros en prostíbulos con tarjetas oficiales de la Faffe, la fundación pública bajo sospecha que la Junta regó con 252 millones en subvenciones para la formación de parados.
En esta causa hay 23 investigados, entre ellos Fernando Villén, que vinculó su ruta por los clubes de alterne a su «actividad comercial» como director de la entidad.
El quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de algunos de sus protagonistas. El dinero público bajo la lupa de losjueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las alcantarillas del poder.
La cuantía que se investiga en distintas macrocausas es la mitad del presupuesto que se dedica cada año a mantener la sanidad andaluza
En el fraude de la Formación sólo se han devuelto 14,8 de los 149 millones de euros distraídos a las arcas y cuyo reintegro pide la Junta. En los ERE, aún menos: 6,7 de los 855 millones en los que cuantificó el supuesto saqueo el juez que ha llevado al banquillo a los jefes del Gobierno andaluz durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los expresidentes y 20 ex altos cargos están siendo juzgados por diseñar y perpetuar durante más de una década (2000-2011) un sistema «opaco» y discrecional de reparto de subvenciones.
La rama política de los ERE es la que más eco mediático ha tenido y la única que se está enjuiciando en la Audiencia de Sevilla casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya abriera esta macrocausa al descubrir los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja Mercasevilla financiado por la Junta.
Hay medio millar de imputados con causas abiertas por corrupción que afectan a fondos gestionados por la Autonomía. El millón largo de folios que compone la causa matriz de los ERE, que lo convierte en uno de los sumarios más extensos de la historia judicial española, acumula en torno a 130 piezas separadas (la mitad de las 270 previstas por la Fiscalía) y unos 300 investigados, incluso después de la poda realizada en el último año. La juez que sustituyó a Alaya, María Núñez Bolaños, está exculpando a ex cargos que dieron o pagaron ayudas, que sólo serán juzgados en la rama política.
La Policía y la juez Alaya encontraron un caso patológico de clientelismo en las subvenciones para cursos repartidas por el Gobierno andaluz
Hay tres piezas cerradas y otras tantas pendientes de recursos. Entre las diligencias separadas se halla la que afecta a las sobrecomisiones cobradas, entre otros, por el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según confesó su madre a los agentes.
«Compra de votos»
Los sumarios que indagan en el fraude de los cursos están diseminados por varios juzgados andaluces. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que realizó más de cien detenciones en el Caso Edu, los cursos sirvieron para la «compra de votos», un caso patológico de «clientelismo» que intuyó la juez Alaya y puso de manifiesto en sus autos.
A pesar del revuelo que causaron las tumultuosas redadas llevadas a cabo en todas las provincias andaluzas durante 2014, la mayoría de las causas avanzan a paso lento. Otras han sido archivadas porque la cuantía de la ayuda no pasa de los 120.000 euros donde está el tope de la conducta punible.
Uno de los procesos más sonados tiene como protagonista al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, cuyas empresas captaron 52,6 millones de euros destinados a cursos para desempleados. La Policía sitúa al antiguo político en «la cúspide» de «todo un entramado empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número posible de subvenciones de la Junta» y para «enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos».
Ojeda, en cambio, alega que los cursos fueron su «ruina» y que todos los cursos se impartieron y se justificaron. El exconsejero recibió 33 millones en ayudas excepcionales para formar y contratar a 1.900 extrabajadores de la fábrica de Delphi, en Cádiz. Chaves había hecho una promesa electoral a los exempleados –«no os vamos a dejar tirados»– que acabó costándoles 106 millones a los andaluces. Esta causa acumula 33 investigados.
Facturas falsas de UGT
La corrupción vinculada a los cursos es una hidra con muchas cabezas. La que más retraso acumula es la de las facturas falsas de UGT, abierta hace cinco años. En esta presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones (se analizan 100,3 millones) y destinarlas a su financiación están imputados desde 2014 dos ex secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, junto a 16 personas más.
Al calor de los fondos para combatir el paro, hasta los políticos hicieron negocio con la burbuja de la formación. La Junta de Andalucía concedió 730.000 euros a la academia que regentaba la mujer del entonces «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Parte de una ayuda de 41.296 euros se empleó en pagar la luz de su vivienda. La juez Núñez no vio indicios penales en ello y archivó estas diligencias, pero tiene otras abiertas.
El empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña echó la red a otros 24 millones de euros procedentes de planes estatales que gestionó un alto cargo autonómico, Antonio Perales, y que iban destinados a reindustrializar la Bahía de Cádiz, faro del paro nacional. Siete años y medio después, la instrucción acumula 31 investigados, pero el dinero se ha evaporado.
El juez Juan Gutiérrez Casillas investiga en el Caso Marismas, entre otros, al diputado andaluz y exdirector general de Regadíos de la Junta, José Luis Sánchez Teruel (PSOE), por una posible malversación en un plan para modernizar el regadío de la marisma sevillana que se justificó y nunca se hizo. Se pagaron 18 millones con fondos europeos en materiales como tuberías que no se suministraron. Otra riada de dinero público que se escapa por el sumidero de la corrupción.
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...-millones-bajo-lupa-201810210310_noticia.html
Doce macrocausas analizan la gestión del Gobierno autonómico, que ha sido incapaz de recuperar el dinero público que cayó en las redes del fraude
El traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad. Una maquinaria con un potencial enorme para distribuir fondos públicos en una región que arrastra graves carencias estructurales, un débil tejido industrial y una tasa de paro que, con o sin crisis, está diez puntos por encima de la media nacional.
ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe... El goteo de casos que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose. Poco conocidas por la opinión pública, sólo se abren paso en los telediarios cuando en los sumarios aparecen las andanzas del «chófer de la cocaína» o los pagos de casi 32.000 euros en prostíbulos con tarjetas oficiales de la Faffe, la fundación pública bajo sospecha que la Junta regó con 252 millones en subvenciones para la formación de parados.
En esta causa hay 23 investigados, entre ellos Fernando Villén, que vinculó su ruta por los clubes de alterne a su «actividad comercial» como director de la entidad.
El quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de algunos de sus protagonistas. El dinero público bajo la lupa de losjueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las alcantarillas del poder.
La cuantía que se investiga en distintas macrocausas es la mitad del presupuesto que se dedica cada año a mantener la sanidad andaluza
En el fraude de la Formación sólo se han devuelto 14,8 de los 149 millones de euros distraídos a las arcas y cuyo reintegro pide la Junta. En los ERE, aún menos: 6,7 de los 855 millones en los que cuantificó el supuesto saqueo el juez que ha llevado al banquillo a los jefes del Gobierno andaluz durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los expresidentes y 20 ex altos cargos están siendo juzgados por diseñar y perpetuar durante más de una década (2000-2011) un sistema «opaco» y discrecional de reparto de subvenciones.
La rama política de los ERE es la que más eco mediático ha tenido y la única que se está enjuiciando en la Audiencia de Sevilla casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya abriera esta macrocausa al descubrir los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja Mercasevilla financiado por la Junta.
Hay medio millar de imputados con causas abiertas por corrupción que afectan a fondos gestionados por la Autonomía. El millón largo de folios que compone la causa matriz de los ERE, que lo convierte en uno de los sumarios más extensos de la historia judicial española, acumula en torno a 130 piezas separadas (la mitad de las 270 previstas por la Fiscalía) y unos 300 investigados, incluso después de la poda realizada en el último año. La juez que sustituyó a Alaya, María Núñez Bolaños, está exculpando a ex cargos que dieron o pagaron ayudas, que sólo serán juzgados en la rama política.
La Policía y la juez Alaya encontraron un caso patológico de clientelismo en las subvenciones para cursos repartidas por el Gobierno andaluz
Hay tres piezas cerradas y otras tantas pendientes de recursos. Entre las diligencias separadas se halla la que afecta a las sobrecomisiones cobradas, entre otros, por el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según confesó su madre a los agentes.
«Compra de votos»
Los sumarios que indagan en el fraude de los cursos están diseminados por varios juzgados andaluces. Para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que realizó más de cien detenciones en el Caso Edu, los cursos sirvieron para la «compra de votos», un caso patológico de «clientelismo» que intuyó la juez Alaya y puso de manifiesto en sus autos.
A pesar del revuelo que causaron las tumultuosas redadas llevadas a cabo en todas las provincias andaluzas durante 2014, la mayoría de las causas avanzan a paso lento. Otras han sido archivadas porque la cuantía de la ayuda no pasa de los 120.000 euros donde está el tope de la conducta punible.
Uno de los procesos más sonados tiene como protagonista al exconsejero andaluz Ángel Ojeda, cuyas empresas captaron 52,6 millones de euros destinados a cursos para desempleados. La Policía sitúa al antiguo político en «la cúspide» de «todo un entramado empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número posible de subvenciones de la Junta» y para «enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos».
Ojeda, en cambio, alega que los cursos fueron su «ruina» y que todos los cursos se impartieron y se justificaron. El exconsejero recibió 33 millones en ayudas excepcionales para formar y contratar a 1.900 extrabajadores de la fábrica de Delphi, en Cádiz. Chaves había hecho una promesa electoral a los exempleados –«no os vamos a dejar tirados»– que acabó costándoles 106 millones a los andaluces. Esta causa acumula 33 investigados.
Facturas falsas de UGT
La corrupción vinculada a los cursos es una hidra con muchas cabezas. La que más retraso acumula es la de las facturas falsas de UGT, abierta hace cinco años. En esta presunta trama diseñada por el sindicato para desviar subvenciones (se analizan 100,3 millones) y destinarlas a su financiación están imputados desde 2014 dos ex secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, junto a 16 personas más.
Al calor de los fondos para combatir el paro, hasta los políticos hicieron negocio con la burbuja de la formación. La Junta de Andalucía concedió 730.000 euros a la academia que regentaba la mujer del entonces «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Parte de una ayuda de 41.296 euros se empleó en pagar la luz de su vivienda. La juez Núñez no vio indicios penales en ello y archivó estas diligencias, pero tiene otras abiertas.
El empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña echó la red a otros 24 millones de euros procedentes de planes estatales que gestionó un alto cargo autonómico, Antonio Perales, y que iban destinados a reindustrializar la Bahía de Cádiz, faro del paro nacional. Siete años y medio después, la instrucción acumula 31 investigados, pero el dinero se ha evaporado.
El juez Juan Gutiérrez Casillas investiga en el Caso Marismas, entre otros, al diputado andaluz y exdirector general de Regadíos de la Junta, José Luis Sánchez Teruel (PSOE), por una posible malversación en un plan para modernizar el regadío de la marisma sevillana que se justificó y nunca se hizo. Se pagaron 18 millones con fondos europeos en materiales como tuberías que no se suministraron. Otra riada de dinero público que se escapa por el sumidero de la corrupción.
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...-millones-bajo-lupa-201810210310_noticia.html
SALIÓ EN AGOSTO DE LA PRISIÓN DE NAVALCARNERO
El Gobierno recoloca en la dirección de Renfe a un condenado del PSOE por las 'black'
El Ejecutivo readmite en el ente público ferroviario a un antiguo dirigente de la federación socialista de Madrid que gastó 120.000 euros con la tarjeta opaca y ha pasado 10 meses en la cárcel
El Gobierno de Pedro Sánchez ha recolocado en la empresa pública Renfe a un antiguo dirigente socialista condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Se trata de Francisco José Pérez Fernández, secretario de Organización del PSM durante la etapa de Tomás Gómez y antigua mano derecha en la misma federación de Rafael Simancas, actual secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Según han confirmado a este diario fuentes de Renfe, Pérez Fernández se acaba de incorporar a la estructura de su Dirección General de Fabricación y Mantenimiento.
El Tribunal Supremo lo condenó en firme en octubre de 2018 a dos años y medio de prisión por utilizar una tarjeta opaca de la caja de ahorros para hacer compras por importe de 120.746 euros. Los pagos se produjeron entre 2003 y 2010, cuando ocupaba un asiento en la Comisión de Control a propuesta del PSOE. El grueso del dinero, en torno a 100.000 euros, lo dedicó a comidas y cenas en restaurantes. El resto de los fondos terminó en un céntrico hotel de Madrid, El Corte Inglés, la Casa del Libro y Montblanc, entre otros establecimientos.
A finales de octubre de 2018, el alto tribunal confirmó su condena por apropiación indebida y, a finales de ese mismo mes, ingresó en el centro penitenciario de Navalcarnero. Fue uno de los 15 exdirectivos de Caja Madrid que tuvieron que pasar por prisión. Sin embargo, el pasado agosto, solo 10 meses después y casi a la vez que el resto de exdirectivos de la caja, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, le concedió el régimen de semilibertad y le permitió cumplir el resto de la pena en la calle bajo la supervisión de un centro de inserción social.
Pérez Fernández ha encontrado pronto trabajo. Tras salir de prisión, se incorporó como personal laboral a la dirección de Renfe con un cargo de responsabilidad intermedia dentro del área de Fabricación y Mantenimiento. La compañía pública, dependiente del Ministerio de Fomento, está controlada desde que el PSOE llegó a Moncloa en junio de 2018 por un alto cargo de la máxima confianza del partido, Isaías Táboas, secretario general de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno de José Montilla y secretario de Estado de Transportes entre 2010 y 2011, en el último tramo de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo cuatro semanas después de sacar a Mariano Rajoy del Gobierno, Sánchez nombró a Táboas presidente de Renfe.
Fuentes de la compañía ferroviaria aseguran que el exdirigente de la federación socialista madrileña —la misma de la que salió Sánchez— se ha incorporado al ente público porque ha solicitado el final de una excedencia que pidió tras confirmarse que debía ingresar en prisión. En efecto, Pérez Fernández, sin conocimientos ni experiencia previa en la industria del transporte —es licenciado en Ciencias Políticas—, entró en Renfe en 2010, justo cuando tuvo que abandonar la Comisión de Control de Caja Madrid por el proceso de fusión que dio lugar al nacimiento de Bankia. Solo unos meses después de dejar su salario en la entidad, el Ejecutivo socialista de Zapatero le encontró un nuevo acomodo en la compañía pública ferroviaria.
Pérez Fernández logró conservar su sueldo durante las dos legislaturas de Rajoy a pesar de que, por su estatus de personal laboral, el Partido Popular no estaba obligado a mantenerlo en la compañía. No abandonó hasta que el Tribunal Supremo lo condenó en firme junto a otros 63 exdirectivos de Caja Madrid por apropiación indebida. La compañía dependiente del ministerio que dirige en funciones José Luis Ábalos ha permitido ahora que se reincorpore a un puesto de su estructura directiva para asumir tareas de gestión y de carácter administrativo, admiten desde la empresa pública.
A preguntas de este diario, Pérez Fernández asegura que ya no tiene ninguna relación con el PSOE ni con la política y que se considera un trabajador más de Renfe. Niega que el Gobierno haya permitido su reincorporación a la compañía por su trayectoria socialista. Considera que ya ha pagado su deuda con la Justicia y que ha devuelto los 120.746 euros que gastó con su tarjeta 'black'. La antigua mano derecha de Simancas, con el que aún mantiene una estrecha relación, reconoce que cobra de una empresa pública, pero explica que ese salario es actualmente su única fuente de ingresos y que tiene casi imposible encontrar un trabajo en otro lugar por su condena.
https://www.elconfidencial.com/espa...-un-condenado-del-psoe-por-las-black_2228331/
El Gobierno recoloca en la dirección de Renfe a un condenado del PSOE por las 'black'
El Ejecutivo readmite en el ente público ferroviario a un antiguo dirigente de la federación socialista de Madrid que gastó 120.000 euros con la tarjeta opaca y ha pasado 10 meses en la cárcel
El Gobierno de Pedro Sánchez ha recolocado en la empresa pública Renfe a un antiguo dirigente socialista condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Se trata de Francisco José Pérez Fernández, secretario de Organización del PSM durante la etapa de Tomás Gómez y antigua mano derecha en la misma federación de Rafael Simancas, actual secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Según han confirmado a este diario fuentes de Renfe, Pérez Fernández se acaba de incorporar a la estructura de su Dirección General de Fabricación y Mantenimiento.
El Tribunal Supremo lo condenó en firme en octubre de 2018 a dos años y medio de prisión por utilizar una tarjeta opaca de la caja de ahorros para hacer compras por importe de 120.746 euros. Los pagos se produjeron entre 2003 y 2010, cuando ocupaba un asiento en la Comisión de Control a propuesta del PSOE. El grueso del dinero, en torno a 100.000 euros, lo dedicó a comidas y cenas en restaurantes. El resto de los fondos terminó en un céntrico hotel de Madrid, El Corte Inglés, la Casa del Libro y Montblanc, entre otros establecimientos.
A finales de octubre de 2018, el alto tribunal confirmó su condena por apropiación indebida y, a finales de ese mismo mes, ingresó en el centro penitenciario de Navalcarnero. Fue uno de los 15 exdirectivos de Caja Madrid que tuvieron que pasar por prisión. Sin embargo, el pasado agosto, solo 10 meses después y casi a la vez que el resto de exdirectivos de la caja, Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, le concedió el régimen de semilibertad y le permitió cumplir el resto de la pena en la calle bajo la supervisión de un centro de inserción social.
Pérez Fernández ha encontrado pronto trabajo. Tras salir de prisión, se incorporó como personal laboral a la dirección de Renfe con un cargo de responsabilidad intermedia dentro del área de Fabricación y Mantenimiento. La compañía pública, dependiente del Ministerio de Fomento, está controlada desde que el PSOE llegó a Moncloa en junio de 2018 por un alto cargo de la máxima confianza del partido, Isaías Táboas, secretario general de la Generalitat de Cataluña con el Gobierno de José Montilla y secretario de Estado de Transportes entre 2010 y 2011, en el último tramo de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo cuatro semanas después de sacar a Mariano Rajoy del Gobierno, Sánchez nombró a Táboas presidente de Renfe.
Fuentes de la compañía ferroviaria aseguran que el exdirigente de la federación socialista madrileña —la misma de la que salió Sánchez— se ha incorporado al ente público porque ha solicitado el final de una excedencia que pidió tras confirmarse que debía ingresar en prisión. En efecto, Pérez Fernández, sin conocimientos ni experiencia previa en la industria del transporte —es licenciado en Ciencias Políticas—, entró en Renfe en 2010, justo cuando tuvo que abandonar la Comisión de Control de Caja Madrid por el proceso de fusión que dio lugar al nacimiento de Bankia. Solo unos meses después de dejar su salario en la entidad, el Ejecutivo socialista de Zapatero le encontró un nuevo acomodo en la compañía pública ferroviaria.
Pérez Fernández logró conservar su sueldo durante las dos legislaturas de Rajoy a pesar de que, por su estatus de personal laboral, el Partido Popular no estaba obligado a mantenerlo en la compañía. No abandonó hasta que el Tribunal Supremo lo condenó en firme junto a otros 63 exdirectivos de Caja Madrid por apropiación indebida. La compañía dependiente del ministerio que dirige en funciones José Luis Ábalos ha permitido ahora que se reincorpore a un puesto de su estructura directiva para asumir tareas de gestión y de carácter administrativo, admiten desde la empresa pública.
A preguntas de este diario, Pérez Fernández asegura que ya no tiene ninguna relación con el PSOE ni con la política y que se considera un trabajador más de Renfe. Niega que el Gobierno haya permitido su reincorporación a la compañía por su trayectoria socialista. Considera que ya ha pagado su deuda con la Justicia y que ha devuelto los 120.746 euros que gastó con su tarjeta 'black'. La antigua mano derecha de Simancas, con el que aún mantiene una estrecha relación, reconoce que cobra de una empresa pública, pero explica que ese salario es actualmente su única fuente de ingresos y que tiene casi imposible encontrar un trabajo en otro lugar por su condena.
https://www.elconfidencial.com/espa...-un-condenado-del-psoe-por-las-black_2228331/
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