Nuevo Gobierno en Andalucía del PP y C's con apoyo de Vox

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Vox confirma que el 50% de los trabajadores de violencia de género de la Junta no están colegiados
La Junta de Andalucía le facilita los datos solicitados para "fiscalizar" estos organismos

Vox ha desvelado que esta misma semana la Junta de Andalucía le ha facilitado la información que solicitaron al Parlamento andaluz para conocer la cualificación de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género. Su presidente en la comunidad, Francisco Serrano, ha asegurado en una entrevista en 7TV que "más del 50%" de estos psicólogos y trabajadores sociales ni siquiera está colegiado. El partido ya denunció que había personal sin cualificar dedicado a elaborar informes sobre supuestos casos de maltrato que después servían para condenas judiciales.

Según el documento entregado a Vox, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, del total de 45 psicólogos que trabajan en estos organismos, 18 no están colegiados. En el caso de los trabajadores sociales, de un total de 30, al menos 15 no tienen la acreditación necesaria para poder ejercer en un cargo público. Según ha podido saber este periódico, informes más ampliados incluyen también a forenses que no están colegiados.

Serrano denuncia que se trata de un "escándalo" y algo "gravísimo" y habla de "enchufismo" por parte del PSOE al asegurar que algunos de esos empleados incluso tienen la licenciatura de filosofía. "Lo que no puede ser es que te metas ahí por haber seguido un curso de violencia de género", alerta el líder de Vox en Andalucía y lo compara con un "cirujano que te opera" sin tener la cualificación necesaria.



Advierte en cualquier caso de que "hay magníficos profesionales" y que "no se puede generalizar" pero critica que algunos "están haciendo informes de corta y pega", algo que, advierte, "no se puede tolerar". Asegura además que no tienen interés en conocer sus nombres y apellidos y que la primera petición que registraron se mal interpretó y fue un error que subsanaron en el segundo registro
 
Vox confirma que el 50% de los trabajadores de violencia de género de la Junta no están colegiados
La Junta de Andalucía le facilita los datos solicitados para "fiscalizar" estos organismos

Vox ha desvelado que esta misma semana la Junta de Andalucía le ha facilitado la información que solicitaron al Parlamento andaluz para conocer la cualificación de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género. Su presidente en la comunidad, Francisco Serrano, ha asegurado en una entrevista en 7TV que "más del 50%" de estos psicólogos y trabajadores sociales ni siquiera está colegiado. El partido ya denunció que había personal sin cualificar dedicado a elaborar informes sobre supuestos casos de maltrato que después servían para condenas judiciales.

Según el documento entregado a Vox, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, del total de 45 psicólogos que trabajan en estos organismos, 18 no están colegiados. En el caso de los trabajadores sociales, de un total de 30, al menos 15 no tienen la acreditación necesaria para poder ejercer en un cargo público. Según ha podido saber este periódico, informes más ampliados incluyen también a forenses que no están colegiados.

Serrano denuncia que se trata de un "escándalo" y algo "gravísimo" y habla de "enchufismo" por parte del PSOE al asegurar que algunos de esos empleados incluso tienen la licenciatura de filosofía. "Lo que no puede ser es que te metas ahí por haber seguido un curso de violencia de género", alerta el líder de Vox en Andalucía y lo compara con un "cirujano que te opera" sin tener la cualificación necesaria.



Advierte en cualquier caso de que "hay magníficos profesionales" y que "no se puede generalizar" pero critica que algunos "están haciendo informes de corta y pega", algo que, advierte, "no se puede tolerar". Asegura además que no tienen interés en conocer sus nombres y apellidos y que la primera petición que registraron se mal interpretó y fue un error que subsanaron en el segundo registro

Una cosa es tener la titulación necesaria para ejercer una actividad, trabajo o cargo y otra muy diferente es estar colegiado. La colegiación no es sinónimo de preparación ni de titulación

Hablando de colegiarse: Hay que hacer una pregunta: ¿En que colegio de la abogacía estaba colegiado el magistrado Francisco de Asis SERRANO Castro de VOX cuando ejerció la abogacía.

¡EN NINGUNO!
 
La Junta de Andalucía prescinde del exministro Bernat Soria por ser un «trabajador fantasma»
La Fundación Progreso y Salud también ha despedido del directivo británico Shomi Bhattacharya por permitir que un subordinado suyo cobrara sin ir a trabajar

@antonio_rvega
Sevilla Actualizado:03/05/2019 07:11hhttps://sevilla.abc.es/andalucia/se...millon-de-la-junta&vli=noticia.foto.andalucia

La Fundación Progreso y Salud, un ente de la Junta de Andalucía dedicado a impulsar el estudio científico de la biomedicina, prescinde de sus dos investigadores mejor pagados por el incumplimiento de sus contratos: Bernat Soria Escoms, ministro de Sanidad (2007-2009) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el profesor británico Shomi Bhattacharya, director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), según informaron fuentes cercanas a la Fundación Progreso y Salud.

El patronato de esta entidad adscrita a la Consejería de Salud y Familias aprobó ayer rescindir el contrato de Bernat Soria porque desempeñaba «una profusa actividad privada» —en empresas vinculadas a él o a su hija— «incompatible» con su contrato público. Además, la entidad ha iniciado los trámites para comunicar la finalización de su contrato estrella, por el que percibía 150.000 euros brutos anuales, el doble de lo que cobraba como ministro (81.155 euros anuales). Bernat Soria ha cobrado más de 1,2 millones de euros desde mayo de 2009 en la fundación autonómica.

Como desveló ABC, cuando el anterior Gobierno de Susana Díaz estaba en funciones y a punto de perder el poder por el pacto del PP y Ciudadanos, el 8 de enero pasado, la gerencia de la fundación le abrió un expediente informativo por un posible conflicto de intereses y «quebranto de la buena fe contractual, lealtad, normativa de incompatibilidades y compromiso de exclusividad».

Paga de exclusividad


En su condición de «investigador distinguido», el científico valenciano percibía un complemento adicional de 5.000 euros anuales en concepto de exclusividad. Según un informe jurídico-laboral encargado por la fundación pública a la asesoría privada PwC Tax & Legal Services S.L., publicado por ABC, Soria tenía negocios privados que entraban en conflicto con su dedicación pública.

El exministro tiene vinculación con seis sociedades. Pero la auditoría privada pone el foco sobre dos de ellas. Es propietario de Andalucell S.A., que está dedicada al asesoramiento en terapia celular, y también es apoderado de Alirober Consulting S.L., con «similar objeto» que la fundación pública, en la que una hija suya figura como administradora. A su vez esta sociedad es accionista de Newbiotechnic S.A. (35%) y Biotech Business Internacional S.L. (45%).

Bernat Soria y el director del Centro Cabimer cobraban 150.000 euros brutos al año
Soria recaló en la fundación en agosto de 2005 «hasta su nombramiento como ministro de Sanidad y Consumo». El 7 de abril de 2009, Rodríguez Zapatero lo sustituyó por Trinidad Jiménez. Pero la fundación sanitaria funcionó como una engrasada puerta giratoria y facilitó su vuelta inmediata.

Sólo 27 días después de su cese (4 de mayo de 2009), el exministro socialista suscribe un nuevo contrato con la entidad que estaba bajo el mando político de la entonces consejera de Salud y actual ministra de Hacienda en funciones y diputada electa del PSOE en el Congreso, María Jesús Montero. Tras la publicación de la posible incompatibilidad del científico, Montero replicó a los periodistas que «no conozco ni tengo conocimiento de que se haya producido ninguna situación de incompatibilidad con ninguna otra tarea».

Por su parte, el actual consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre(PP), quiso aclarar que fue el Gobierno del PSOE quien inició las pesquisas al entender que había algo anómalo en un contrato que es el «más alto» de toda la estructura de la Junta. No quería, bajo ningún concepto, que Soria pudiera alegar «una persecución ideológica», con la que pretenda la nulidad de la rescisión del contrato, riesgo que apunta la auditoría privada.

El exministro fue rescatado por la Junta de Andalucía cuando dejó el Gobierno de Zapatero
Distinto es el caso de Shomi Bhattacharya, director desde julio de 2008 del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, dependiente de la fundación. A este catedrático de Oftalmología Experimental de la Universidad de Londres le aplican un despido disciplinario por consentir que un miembro de su equipo, el investigador Abhay Krishan, no acudiera «durante largo tiempo» a su puesto de trabajo en la fundación mientras prestaba sus servicios en otra compañía privada. Esta «dejación de funciones» le ha costado un puesto de directivo remunerado con otros 150.000 euros brutos anuales.

En octubre pasado, la dirección del ente público despidió por su absentismo laboral a Abhay Krishan, que actuaba como «un trabajador fantasma». Además, la fundación abrió un expediente informativo a su superior jerárquico casi once años despues de su fichaje, que costeó la Consejería de Innovación dentro de un programa de captación del conocimiento para atraer a Andalucía a investigadores de prestigio. El Cabimer es un centro gestionado conjuntamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Junta y las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide.

https://sevilla.abc.es/andalucia/se...trabajador-fantasma-201905021912_noticia.html
 
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