Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán

Estado
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Yo siempre me quedo esperando de según que foreros proindepes que comiencen su puesta de huevo foril con la frase del manifiesto de la Universidad de Cervera, leridana ella, a Fernando VII durante la década Oprobiosa: “ Lejos de nosotros la peligrosa manía de discurrir”. Al parecer es fruto de las entendederas del clérigo barcelonés Ramón Dors, si recuerdo bien.

(Toooma, AmariLlita, toooomaaa Gilmoreta-eta-eta, no querían usarcedes caldo, pues tres tazas :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:)
 
Vencer o convencer


El procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont es el presupuesto constitucional para poder proceder penalmente contra los demás

Procesar por rebelión a los Consellers sin procesar al President no es que sea absurdo desde un punto de vista lógico, sino que es incompatible con la Constitución

El levantamiento de las medidas de prisión provisional debería producirse ya. No han estado justificadas en ningún momento, pero ahora todavía menos

Javier Pérez Royo
20/07/2018 - 21:19h
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EFE

Aunque no en circunstancia tan dramática como la que vivió el Rector Miguel de Unamuno en su enfrentamiento con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, también en el enfrentamiento en torno a la forma de integración de Catalunya en el Estado español nos hemos vuelto a encontrar ante la alternativa de "vencer o convencer". El portavoz del PNV, Aitor Esteban, la formuló en el Pleno del Congreso de los Diputados, dirigiéndose directamente al presidente Mariano Rajoy. "Usted puede ganar o intentar resolver el problema, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si quiere resolver el contencioso, tiene que renunciar a ganar".

Como es bien sabido, el presidente Mariano Rajoy optó por vencer, por renunciar a la política y derivar la respuesta al nacionalismo catalán a los tribunales de justicia. La Fiscalía General del Estado tomaría el relevo de la Presidencia del Gobierno al día siguiente de que se iniciara la aplicación del 155, activando querellas por el delito de rebelión contra Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo.

Se trataba de vencer y de vencer por goleada. La acusación por el delito más grave de todos los posibles, que permitía solicitar las medidas cautelares más extremas y que posibilitaba la suspensión de los políticos contra los que se dirigía la querella una vez que el auto de procesamiento fuera firme, en virtud de la interpretación que se hacía en la Fiscalía y en el Tribunal Supremo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trataba de vencer desde antes de que empezara el partido, por continuar con la terminología deportiva. No hay que convencer a nadie. Simplemente hay que ejercer la autoridad, que para eso se tiene, como exigió imprudentemente el rey Felipe VI en su discurso televisado del 3 de octubre de 2017.

Si el enfrentamiento se hubiera mantenido dentro de los límites territoriales del Estado español, no cabe duda de que tanto la Presidencia del Gobierno como la Fiscalía General y el Tribunal Supremo se habrían impuesto. Pero en cuanto se sale del territorio español y se entra en el espacio jurídico compartido de la Unión Europea, vencer sin convencer resulta imposible.

La Unión Europea es una comunidad jurídica. No tiene ejército, no tiene policía, no tiene prisiones. Su fuerza es la fuerza del derecho exclusivamente. La capacidad persuasiva de la propia argumentación es lo único que cuenta. Sin convencer no se puede llegar a ningún sitio.

La nula capacidad persuasiva de la argumentación jurídica de la Fiscalía y del Tribunal Supremo es la que acaba de constatar el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein. No puede aceptarse la calificación de la conducta de Carles Puigdemont como constitutiva del delito de rebelión en los términos en que se argumenta por el Tribunal Supremo español. Y no puede aceptarse porque la definición del delito de rebelión de la forma en que lo hace el Tribunal Supremo resulta incompatible con la democracia como forma política, ya que el concepto de violencia del que hace uso el Tribunal Supremo español imposibilita el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión o manifestación, sin los cuales no puede entenderse la democracia.

Es la radical incompatibilidad de la argumentación del Tribunal Supremo para justificar el delito de rebelión con la democracia, lo que imposibilita que pueda ser atendida la solicitud dirigida a la justicia alemana. Los autos del Tribunal Supremo son un atentado contra la democracia. No es una razón procesal, sino sustantiva, la que está en el fondo de la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.

"Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo", dice un conocido refrán. Y la Fiscalía General y el Tribunal Supremo harían bien en aplicárselo. Hay que retirar la acusación por rebelión. Retirarla formalmente porque, en mi opinión, materialmente ya está retirada. Sin poder proceder por rebelión contra Puigdemont, no es posible hacerlo contra los demás, porque no es compatible con el principio de legitimación democrática del poder, que no está en el artículo 1.2 de la Constitución como un adorno, sino como "BASE DE TODA NUESTRA ORDENACIÓN JURÍDICO-POLÍTICA" (STC 6/1981).

De la legitimación democrática de Carles Puigdemont cuelga la legitimidad de todos los Consellers, que fueron Consellers porque así lo decidió unilateralmente Carles Puigdemont y, por tanto, sin procesar al primero no se puede procesar a los segundos. Por una acción imputable al Govern y no a una o varias Consellerías no se le puede exigir responsabilidad penal a los Consellers, si no se le exige previamente al President. Los Consellers sin el President no son nada, a menos que se trate de un asunto que atañe exclusivamente a su Consellería. En lo demás los CONSELLERS SON APÉNDICES DEL PRESIDENT. Esta es una exigencia del artículo 1.2 de la Constitución. En consecuencia, procesar por rebelión a los Consellers sin procesar al President no es que sea absurdo desde un punto de vista lógico, sino que es incompatible con la Constitución, de conformidad con la cual tienen que ser interpretadas todas las normas jurídicas, incluidas el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont es el PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL para poder proceder penalmente contra los demás.

Con la Constitución española no cabe otra solución. La Constitución no son las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco. Es una norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos, incluido el Tribunal Supremo, que no puede actuar contra los políticos nacionalistas catalanes haciendo abstracción de ella. Con la Constitución española no es posible abrir el juicio oral sin que esté presente Carles Puigdemont entre los acusados. Dado que el auto de procesamiento es firme, de no retirarse la acusación por rebelión, debería interponerse un recurso de amparo, a fin de que el Tribunal Constitucional decidiera acerca de la existencia o no del PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL para que pudiera celebrarse el juicio.

En cualquier caso, el levantamiento de las medidas de prisión provisional debería producirse ya. No han estado justificadas en ningún momento, pero ahora todavía menos. Y, sobre todo, debería aprovecharse la ocasión que nos ha brindado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein para volver a la política. Hay que abandonar la lógica de vencer para adentrarnos en la senda de convencer, de convencernos entre todos.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Vencer-convencer_6_794830527.html


Se olvida decir que del delito de prevaricación algunos jueces queden exentos, no se les toca. Por ello sacan pecho y tiran p'alante aunque el ridículo sea internacional.

Es que los jueces alemanes no saben derecho, son de un pueblo por ahí perdido de Dios, lo mismo que les debe pasar con los jueces belgas, suizos o escoceses donde están los otros huidos.

Cuanto mejor hubiera sido que se les hubiera acusado por los delitos verdaderamente cometidos, pero claro, antes muerto que sencillo.:sick:

Y de la intervención de Felipe ¡para que contar!
 
Última edición:
Merlucilla dijo:
Es necesario leer el manual de instrucciones.

Lo dice clarinete, hay que lavar.
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Creo que las cuperas (las de la copa menstrual) por eso de reducir la huella de carbono propugnan cuatro representaciones: puesta hacia delante, puesta hacia atrás, del revés hacia adelante y del revés hacia atrás. Luego se le ordena a la prenda “al suelo” y “agüita” y se va sola para la pila.
 
Recuento de daños


Se podría decir que estamos ante un empate indestructible; ni Cataluña se impone como sujeto político, ni España consigue hacer de Cataluña un hecho diferencial controlable, al estilo valenciano

Toni Soler
20/07/2018 - 21:11h
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Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña EFE

La inmovilidad del constitucionalismo español hace prever que el contencioso catalán no se resolverá en breve; por otra parte, la mayoría de los catalanes sabe que el soberanismo catalán no tiene la fuerza coercitiva para imponer una solución a las bravas, aunque esta solución sea tan democrática como un referéndum de autodeterminación. Se podría decir que estamos ante un empate indestructible; ni Catalunya se impone como sujeto político, ni España consigue hacer de Catalunya un hecho diferencial controlable, al estilo valenciano.



Sin embargo, los hechos no respaldan tal empate: Tras los acontecimientos del octubre pasado, la estrategia independentista quedó en evidencia, parte de las élites económicas desertaron, los dirigentes más notorios del soberanismo quedaron fuera del tablero, y los actores internacionales han ignorado el problema. Los sondeos no cuestionan la mayoría soberanista pero los partidos que la integran están desorientados, lamiéndose las heridas y enzarzándose en estériles pugnas intestinas.

Lo que ocurre es que el conflicto catalán encierra, desde el punto de vista peninsular, una paradoja: Dada la importancia territorial y económica de Catalunya, su “derrota” perjudica también al conjunto de España. Y no sólo en términos macroeconómicos; el reto del soberanismo catalán afecta a la pluralidad del Estado, la gestión de las minorías nacionales, y la capacidad de los partidos de ámbito español para encarar un reto democrático con herramientas políticas.

En todos estos aspectos, España ha suspendido, su imagen internacional es peor, y la “desafección” catalana hacia instituciones clave del Estado, como la monarquía, la judicatura y los cuerpos de seguridad del Estado, no ha remitido, antes al contrario. Así que España, si bien ha logrado su objetivo fundamental (evitar la secesión catalana) no puede sentirse satisfecha del balance de lo ocurrido desde los hechos de octubre.

El gobierno de Rajoy se sintió presionado por Ciudadanos (aupado en las encuestas por su firmeza anticatalanista) y, tras su fiasco en las elecciones del 155, explotó a fondo la vía judicial, lo que, huelga decirlo, ha resultado ser un campo de minas. No solo ha traído sufrimiento a los presos y a sus familiares; también ha crispado los ánimos en Catalunya y ha puesto en tela de juicio el espíritu democrático de la justicia española.

Por si fuera poco, la demanda de extradición de Carles Puigdemont se ha resuelto con un sonoro bofetón de la justicia alemana, que niega los cargos de rebelión y sedición, con lo que el ex president, que ya ha dejado de ser oficialmente un “fugado”, podrá moverse con plena libertad fuera de España y hacer proselitismo para su causa –y para su partido-. La justicia española renuncia a traerle de vuelta. Si a pesar de esto Junqueras, los Jordis y los antiguos consellers son procesados por rebelión, estaremos ante un disparate jurídico difícilmente justificable, que puede recalentar la situación catalana. El enfado catalán con la situación de los presos rebasa los límites estrictos del independentismo, y se diría que en España no hay consciencia de ello.

Es imprescindible que España, como Catalunya, haga un recuento de daños y se pregunte si realmente este pulso se puede mantener indefinidamente, antes de que la política en mayúsculas se abra paso. Todos sabemos que es inevitable.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Recuento-danos_6_794830521.html
 
Esta causa es una ruina


Al retirar, no solo la orden internacional y europea de detención contra el expresidente de la Generalitat sino también las de todos los dirigentes que, a día de hoy, se encuentran en el extranjero, el magistrado Llarena anticipa sus futuras derrotas en los litigios abiertos en Bélgica, Escocia y Suiza

Alfonso Pérez Medina
20/07/2018 - 21:10h
Puigdemont-volvera-Belgica-proxima-abogado_EDIIMA20180719_0699_20.jpg

Carles Puigdemont EFE

Víctor Hugo escribió que “la victoria es furor y la derrota, rabia”. La rabia que impregna las 21 páginas del auto con el que el magistrado del Supremo Pablo Llarena contesta las otras 21 en las que la Justicia alemana limitaba la posibilidad de juzgar a Puigdemont por un delito de malversación es la constatación de una derrota. La de la tesis de que el referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que se proclamó, en diferido, 26 días después, constituyó una rebelión violenta contra el Estado español.



En su furor contra los tres jueces regionales, Llarena se delata a sí mismo al acusarles de “falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”. Pudieran, en tercera persona del imperfecto de subjuntivo, el modo verbal con el que, según la RAE, “se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada”. Si los magistrados de Schlesweig-Holstein no ven en aquellos días de octubre un delito de alta traición -equivalente a la rebelión en el Código Penal alemán- es porque no advierten la violencia suficiente que hubiera podido doblegar el régimen constitucional y tampoco hacen a Puigdemont responsable de los episodios violentos que pudieron producirse. Por eso rechazan su entrega.

Pero al retirar, no solo la orden internacional y europea de detención contra el expresidente de la Generalitat sino también las de todos los dirigentes que, a día de hoy, se encuentran en el extranjero, el magistrado anticipa sus futuras derrotas en los litigios abiertos en Bélgica, Escocia y Suiza. Al mismo tiempo, renuncia a dar la batalla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque sabe que, al ser firme la decisión alemana, no cabe presentar una cuestión prejudicial ni arriesgarse a una nueva capitulación. En resumidas cuentas, una derrota global que es más que dolorosa en el Tribunal Supremo, en el que la reactivación de la euroorden en marzo pasado y la detención de Puigdemont en la gasolinera de una autopista alemana se interpretó como un audaz movimiento que salvaba las reticencias de la Justicia belga y garantizaba una segura entrega para que fuera juzgado por rebelión y malversación.

Con el archivo en la basura de las órdenes que pesaban contra aquellos a los que todavía considera “huidos”, Llarena intenta salvar lo que queda de una causa judicial que ya es una ruina porque difícilmente se puede explicar que los delitos atribuidos al supuesto jefe de la rebelión dejen de perseguirse y queden impunes, aunque sea temporalmente, mientras los que eran sus subordinados en el Govern catalán puedan ser condenados con la máxima dureza posible.

El autor del tipo penal de la rebelión, el socialista Diego López Garrido, escribía esta semana un artículo publicado en El Periódico en el que defendía que “ni Alemania, ni la euroorden, tienen la culpa de que a Puigdemont no se le pueda juzgar por rebelión en España”. Según él, el responsable de este “fracaso” es el poder judicial español por “acusar a los dirigentes del llamado 'procés' de un delito inexistente: la rebelión”.

En todo caso, que la tesis de la rebelión se tambalee, por el bofetón de la Justicia alemana y los que el magistrado del Supremo intenta evitar de los otros tres países europeos implicados en los procesos de entrega, no debería interpretarse como un cheque en blanco para el independentismo. El mismo tribunal alemán al que aplaude Puigdemont ha dejado claro que él no ha sufrido ninguna “persecución política”, aplicable por extensión a los dirigentes independentistas cuya libertad reclama por la condición de “presos políticos” que él les atribuye y la Justicia alemana les niega.

La decisión de ruido y furia de Llarena condena al exilio a Puigdemont, al menos hasta que se celebre el juicio contra los otros 18 procesados, y siempre y cuando no decida volver a rectificarse a sí mismo, por tercera vez, y reactive de nuevo los mandamientos internacionales antes de que los delitos prescriban, allá por el año 2037. Lo que sí podría provocar su auto, de rebote, es el desbloqueo del choque entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en el Parlament, presagio de una convocatoria electoral anticipada, toda vez que descarta por el momento un regreso triunfal del expresident, su puesta en libertad tras entregar la suma supuestamente malversada y su hipotético restablecimiento como jefe del Ejecutivo.

En el plano judicial, el verdadero punto de inflexión de una causa cada día más cuestionada se producirá a la vuelta del verano, cuando la fiscal general del Estado, María José Segarra, propuesta por el Gobierno del PSOE, decida si mantiene el discurso de la rebelión que construyeron sus antecesores -por el que sigue apostando a día de hoy al defender esta misma semana que los políticos presos sigan en prisión- o si suaviza el vuelo y acompasa la actuación de su departamento con la política de distensión con Catalunya que defiende, desde la tribuna del Congreso, el presidente Pedro Sánchez.

https://www.eldiario.es/zonacritica/causa-ruina_6_794830534.html
 
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