Independentistas vascos y catalanes fueron espiados con Pegasus

No sé como irán los servicios secretos en otros países. Donde tenemos un lío gordo es en el nuestro sin ir mas lejos.

El Pegasus era para gobiernos y no para otros organismos, pero vemos que en realidad han ido a parar a quienes han podido pagarlo. Eso para empezar.

Para seguir el servicio secreto de éste país llamado CNI descendiente del CESID no ha dado cuenta a nadie de lo que ha hecho, al menos eso se desprende, amén de que si es verdad que desde el extranjero se ha espiado al presidente y varios ministros quiere decir que no ha cumplido su misión de filtro y desactivación de esos espionajes.

Y si además ha espiado a personas con orden judicial tendrán que demostrar que lo han hecho en el marco de unos indicios de posibles delitos que tendría que dar cuenta de ello.

El CNI debe dar cuenta a la ministra Robles y la ministra Robles al presidente Sanchez. Dudo mucho de que esa cadena ha tenido lugar porque parece que ni se han enterado de los pinchazos de teléfono hasta ahora que los han analizado. Muy mal.

Y luego quedan los espionajes al margen de autorización judicial. ¿Quien los ha hecho y para que? A Marruecos le quedan muy lejos los líos catalanes y las nacionalidades vasca y catalana, mas bien estarán esos espionajes dentro de nuestras fronteras, y se sospecha de policías patrióticas y demás elementos con signo de la derecha. La prueba está en que no han sido espiados ninguno del PP y de VOX ni de C's. Otra prueba de que a Marruecos no le interesan los políticos de nuestro país.

Por cierto, son el PP, y los partidos citados junto con el PXXE los que han vetado una comisión de investigación en España. Por algo será. Por cierto, en la UE sí apoyan una investigación sobre Pegasus, pero en España no. ¡Ya les vale!



Para aclarar todo y basta que no haya habido comisión de investigación es bueno que el gobierno desclasificara lo concerniente a ciertas personas espiadas como el actual president de Cataluña para conocer los motivos de tal espionaje y de que delitos se podía sospechar para que el juez aprobara ese espionaje.

¿Lo veremos?

Y otra cosa, se espió a Puigdemont y a su abogado, tema prohibido y que a Baltasar Garzon le costó la judicatura, y eso que con el tiempo se demostró que su abogado había cometido delitos.

En el caso de Puigdemont su abogado está libre de causas y por ello el espionaje de su teléfono es una clara conculcación de derechos seguramente apoyada por el CNI y Margarita Robles, que no se nos olvide que propició y maniobró para echar de la carrera judicial a Baltasar Garzón.

A lo mejor el destino le devuelve la misma manera por su cese como ministra por Pedro Sanchez. Está señalada y tocada, lo mismo que la presidenta del Parlamento Batet sobre la resolución de quitar el acta a un diputado sin que el TS lo expusiera claramente en la sentencia. Por cierto, AR pidió otra vez su acta pero parece que hay silencio administrativo por parte de Batet, defenestrada como ya he puesto desde ese momento. La prensa servil calladita, ya lo vemos, pero yo al menos lo recuerdo.

Volviendo al tema, los servicios decretos democráticos tienen que dar cuenta de sus acciones mediante los cauces pertinentes y aquí dudo mucho de que se haya hecho por todo lo que vamos sabiendo y conociendo.
1. A Podemos tampoco lo han espiado. Sospechamos de Podemos?

2. El Juez no tiene que darte cuenta a ti de porque ordena las vigilancias. Amos. Faltaria mas.

3. La vigilancia del abogado de Puigdemont solo contraviene la ley si contiene escuchas de conversaciones confidenciales de este con sus clientes. A ti te consta que sea,asi?

4. De donde te has inventado que Margarita Robles conspiro para echar a Garzon de la judicatura? A Garzon lo expulsaron por una sentencia judicial por prevaricador. Confirmada por el Supremo. Ya me diras que tiene que ver ahi Margarita Robles y que ganaba con eso......

Cada dia te superas. @IDOLO. Tus teorias y razonamientos no pueden ser mas absurdos.......
 
Buscar posts

Ocho claves sobre el espionaje​

  • Las explicaciones que ofreció en el Congreso la directora de los servicios secretos dejan una sospecha en el aire: que hay más de un grupo que utiliza Pegasus en España. No solo el CNI​

Ignacio Escolar
SEGUIR AL AUTOR/A

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acompañada por el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acompañada por el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
6 de mayo de 2022 08:40h
Actualizado el 06/05/2022 09:26h
122
1. La gran incógnita: si el CNI solo espió a 18, ¿quién está detrás de los 47 que faltan hasta sumar los 65 independentistas que fueron atacados con Pegasus, según la investigación de Citizen Lab? Las explicaciones que ofreció en el Congreso la directora de los servicios secretos dejan una sospecha en el aire: que hay más de un grupo que utiliza este troyano en España. No solo el CNI.

2. Para espiar hacen falta dos cosas: los recursos y el interés. Y por eso es verosímil la hipótesis de que Marruecos esté detrás del espionaje al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la exministra de Exteriores y al ministro del Interior. Porque había un motivo: la crisis entre ambos países por la decisión del Gobierno de España de acoger al líder saharahui Brahim Gali. Porque las fechas coinciden. Y porque Marruecos también cuenta con los recursos para esa operación.

3. La hipótesis marroquí podría servir para explicar el espionaje a Sánchez, a Robles, a González-Laya y a Grande Marlaska. Pero, ¿qué interés podría tener Marruecos o cualquier otro gobierno extranjero en intervenir los teléfonos del resto de los independentistas, empezando por los expresidentes Torra, Mas y Puigdemont?

4. Las explicaciones que ofreció este jueves la directora del CNI a los portavoces parlamentarios –lo que sabemos de lo que pasó en esas cuatro horas está contado en esta información– dejan también varias preguntas sin responder. Entre ellas, ¿quiénes son las personas espiadas cuyos nombres aparecían tachados en la documentación que los portavoces parlamentarios pudieron revisar?

5. ¿Conocía el Gobierno que el CNI estaba espiando al líder de ERC y entonces vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès? “Ni lo sabíamos ni lo podíamos saber”, responden desde Moncloa, donde explican que es el CNI el que decide a quien espía y es un juez quien autoriza la operación. Otras personas que, en el pasado, han tenido acceso a los reportes del CNI confirman que ésta es la forma habitual de funcionar. “Los informes de inteligencia nunca detallan las fuentes”, asegura un exdirigente ya jubilado: “Te cuentan las conclusiones pero no cómo se ha llegado hasta ellas”.

6. El problema para el Gobierno es de lógica matemática elemental. La parlamentaria, donde la legislatura se complica sin los votos a favor de ERC. Y también porque el trecho entre los 65 de Citizen Lab y los 18 que admite el CNI es un margen de error muy difícil de tragar. Desde el independentismo se señala abiertamente a una “cloaca” policial: a fuerzas de la seguridad del Estado descontroladas, que operan sin el mandato judicial. En el PSOE siguen negando esa posibilidad, pero tampoco ofrecen una alternativa verosímil. Más allá de cuestionar la veracidad de la investigación de Citizen Lab.

7. El espionaje a Pere Aragonès, que el CNI confirmó, está amparado por un juez del Supremo que autoriza este tipo de operaciones. Pero eso no le quita gravedad a la situación, porque Aragonès ya entonces gozaba de inmunidad parlamentaria, un principio democrático fundamental. Para procesar judicialmente a un diputado, en todas las democracias, su Parlamento lo tiene que autorizar. Es un trámite que casi siempre se suele autorizar, pero también es parte fundamental de la separación de poderes. ¿Es coherente con esta inmunidad parlamentaria que a un diputado se le pueda espiar?

8. Llegados a este punto, la legislatura está en una crisis de extrema gravedad. Sin ERC, el Gobierno pierde gran parte de su oxígeno parlamentario. Y para ERC tampoco es viable ignorar lo que sabemos hoy. El partido liderado por Junqueras y Aragonès hizo una apuesta arriesgada por el diálogo, que les generó muchas críticas internas dentro del mundo independentista. Y, por ahora, lo único que han obtenido de esa apuesta es una mesa de diálogo que no avanza y un espionaje del CNI. Si no hay pasos, y no llegan pronto, es muy difícil que el Gobierno pueda aguantar.


Hubo espionaje hace tiempo a Podemos con el informe PISA, pero como era PODEMOS y estaba en el Gobierno tuvieron que aguantar, pero ahora el espionaje es masivo a los catalanes y vascos y sin ningún motivo aparente de indicios de delitos, porque el asunto del referendum ya está juzgado.

¿A que vienen entonces esos espionajes que por supuesto vienen por la parte de la derecha franquista porque insisto, a todos han espiado menos a ellos, que sí hay motivos con toda la corrupción que va saliendo.?

Pues que las cloacas apestan y es tal el hedor que ha subido ya hasta las alfombras de Moncloa y del CNI porque no han sabido depurar a esos grupos que utilizan ese PEGASUS para espiar a nacionalistas, independentistas, comunistas, en fin todos, menos los de la derecha.
 
Buscar posts

Ocho claves sobre el espionaje​

  • Las explicaciones que ofreció en el Congreso la directora de los servicios secretos dejan una sospecha en el aire: que hay más de un grupo que utiliza Pegasus en España. No solo el CNI​

Ignacio Escolar
SEGUIR AL AUTOR/A

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acompañada por el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas
La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acompañada por el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
6 de mayo de 2022 08:40h
Actualizado el 06/05/2022 09:26h
122
1. La gran incógnita: si el CNI solo espió a 18, ¿quién está detrás de los 47 que faltan hasta sumar los 65 independentistas que fueron atacados con Pegasus, según la investigación de Citizen Lab? Las explicaciones que ofreció en el Congreso la directora de los servicios secretos dejan una sospecha en el aire: que hay más de un grupo que utiliza este troyano en España. No solo el CNI.

2. Para espiar hacen falta dos cosas: los recursos y el interés. Y por eso es verosímil la hipótesis de que Marruecos esté detrás del espionaje al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la exministra de Exteriores y al ministro del Interior. Porque había un motivo: la crisis entre ambos países por la decisión del Gobierno de España de acoger al líder saharahui Brahim Gali. Porque las fechas coinciden. Y porque Marruecos también cuenta con los recursos para esa operación.

3. La hipótesis marroquí podría servir para explicar el espionaje a Sánchez, a Robles, a González-Laya y a Grande Marlaska. Pero, ¿qué interés podría tener Marruecos o cualquier otro gobierno extranjero en intervenir los teléfonos del resto de los independentistas, empezando por los expresidentes Torra, Mas y Puigdemont?

4. Las explicaciones que ofreció este jueves la directora del CNI a los portavoces parlamentarios –lo que sabemos de lo que pasó en esas cuatro horas está contado en esta información– dejan también varias preguntas sin responder. Entre ellas, ¿quiénes son las personas espiadas cuyos nombres aparecían tachados en la documentación que los portavoces parlamentarios pudieron revisar?

5. ¿Conocía el Gobierno que el CNI estaba espiando al líder de ERC y entonces vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès? “Ni lo sabíamos ni lo podíamos saber”, responden desde Moncloa, donde explican que es el CNI el que decide a quien espía y es un juez quien autoriza la operación. Otras personas que, en el pasado, han tenido acceso a los reportes del CNI confirman que ésta es la forma habitual de funcionar. “Los informes de inteligencia nunca detallan las fuentes”, asegura un exdirigente ya jubilado: “Te cuentan las conclusiones pero no cómo se ha llegado hasta ellas”.

6. El problema para el Gobierno es de lógica matemática elemental. La parlamentaria, donde la legislatura se complica sin los votos a favor de ERC. Y también porque el trecho entre los 65 de Citizen Lab y los 18 que admite el CNI es un margen de error muy difícil de tragar. Desde el independentismo se señala abiertamente a una “cloaca” policial: a fuerzas de la seguridad del Estado descontroladas, que operan sin el mandato judicial. En el PSOE siguen negando esa posibilidad, pero tampoco ofrecen una alternativa verosímil. Más allá de cuestionar la veracidad de la investigación de Citizen Lab.

7. El espionaje a Pere Aragonès, que el CNI confirmó, está amparado por un juez del Supremo que autoriza este tipo de operaciones. Pero eso no le quita gravedad a la situación, porque Aragonès ya entonces gozaba de inmunidad parlamentaria, un principio democrático fundamental. Para procesar judicialmente a un diputado, en todas las democracias, su Parlamento lo tiene que autorizar. Es un trámite que casi siempre se suele autorizar, pero también es parte fundamental de la separación de poderes. ¿Es coherente con esta inmunidad parlamentaria que a un diputado se le pueda espiar?

8. Llegados a este punto, la legislatura está en una crisis de extrema gravedad. Sin ERC, el Gobierno pierde gran parte de su oxígeno parlamentario. Y para ERC tampoco es viable ignorar lo que sabemos hoy. El partido liderado por Junqueras y Aragonès hizo una apuesta arriesgada por el diálogo, que les generó muchas críticas internas dentro del mundo independentista. Y, por ahora, lo único que han obtenido de esa apuesta es una mesa de diálogo que no avanza y un espionaje del CNI. Si no hay pasos, y no llegan pronto, es muy difícil que el Gobierno pueda aguantar.


Hubo espionaje hace tiempo a Podemos con el informe PISA, pero como era PODEMOS y estaba en el Gobierno tuvieron que aguantar, pero ahora el espionaje es masivo a los catalanes y vascos y sin ningún motivo aparente de indicios de delitos, porque el asunto del referendum ya está juzgado.

¿A que vienen entonces esos espionajes que por supuesto vienen por la parte de la derecha franquista porque insisto, a todos han espiado menos a ellos, que sí hay motivos con toda la corrupción que va saliendo.?

Pues que las cloacas apestan y es tal el hedor que ha subido ya hasta las alfombras de Moncloa y del CNI porque no han sabido depurar a esos grupos que utilizan ese PEGASUS para espiar a nacionalistas, independentistas, comunistas, en fin todos, menos los de la derecha.
A PODEMOS no los han espiado........

No vayas tan rapidito a echarle la culpa a,Franco.

A ver si ha sido Iglesias que SI ESTABA EN EL GOBIRRNO.......
 

Un juez como coartada​

  • No hace falta ser un peligroso radical ni querer desproteger al Estado para darse cuenta de que este sistema hace aguas y que estas bajan como torrenteras cuando utilizas sistemas tan agresivos como Pegasus​


Elisa Beni
SEGUIR AL AUTOR/A

Sánchez y Aragonès en Barcelona.
Sánchez y Aragonès en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press
7 de mayo de 2022 23:09h
Actualizado el 08/05/2022 08:38h
19
Lo que me pone malo de la gente de izquierdas, sobre todo los intelectuales, es su absoluta ignorancia de cómo sucede todo
George Orwell
Un juez por sí solo no es garantía de nada. Los jueces no nos salvan porque sean benéficos, sino porque son capaces de aplicar la ley, dentro de un procedimiento previsto, con una revisabilidad tasada y con la publicidad necesaria. Por eso me ha extrañado tanto todos estos días que se comprara de forma masiva un axioma del que pendían muchas conclusiones, sin revisar al menos su exactitud. Por eso les invito ahora a mirar conmigo hacia el llamado “magistrado del CNI” del Tribunal Supremo para comprobar que su mera intervención no es ninguna garantía de que los principios básicos del Estado de Derecho se estén cumpliendo ni de que el espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, a parlamentarios y abogados confesado por el propio Centro Nacional de Inteligencia esté libre de crítica o deba ser asumido como correcto y legal. Ya les aviso que mi tesis es que Aznar nos coló un gol con la Ley Orgánica 2/2002, que no es sino un paripé para darle un barniz de legalidad a una actividad interna del espionaje español que es más que cuestionable.

La directora del CNI llevó a la comisión de secretos las 18 autorizaciones firmadas por el juez Pablo Lucas de la Sala III –o en su defecto por su suplente Martínez-Arrieta de la Sala II– sin que mucha gente se haya parado a analizar si ese supuesto control judicial es equiparable a cualquier otro y menos con un arma del alcance y consecuencias de Pegasus. Un arma que ningún Estado democrático debería de haber comprado porque, como voy a exponer, su mera utilización impide cualquier control de los establecidos por el Estado de derecho. No sé si sus señorías han reparado en eso. No sé si conocen a fondo las características del arma cuyo uso han aprobado porque si lo saben, tengo que dudar de tengan la conciencia jurídica en calma.

Partamos de la base de que el CNI es una agencia de inteligencia que trabaja de forma simultánea contra los enemigos externos y contra los enemigos internos. Esta peculiaridad del servicio español es muy importante porque su modelo difiere del de gran parte de los Estados democráticos que tienen duplicidad de servicios. A fin de cuentas, si tus espías llevan a cabo alguna tropelía en otros países, sin autorización de los jueces de aquel estado, solo se trata de que no los cojan o de que asuman las consecuencias negándolo todo. Ya saben cómo va lo de los espías. La cuestión varía cuando un servicio de inteligencia como el CNI lleva a cabo en el interior de nuestro país acciones que para los servicios de información de las policías están absolutamente vedados porque incumplen la ley. Si se dan cuenta, la actividad interna del CNI viene a ser una forma emboscada de saltarse la ley dentro del territorio nacional y mantener el secreto sobre ello.

He leído por ahí, de gentes aparentemente bien informadas, que si el CNI en estos tejemanejes internos llegara a encontrar “indicios de algún delito” estaría inmediatamente obligado a ponerlos en conocimiento de la Policía o la Guardia Civil. Les traduzco: el CNI lleva a cabo investigaciones prospectivas totalmente prohibidas por la ley en España y en el caso de que sí haya indicios de delito, porque al iniciarlas no lo saben, ya entonces las pasan al circuito jurídico normal.

Todo eso está sancionado por la firma de un magistrado y por ese mágico embrujo nos dicen que es legal y conforme a los principios constitucionales y los derechos fundamentales. A lo mejor lo que sucede es que la propia ley del “magistrado controlador” promulgada por Aznar no es muy constitucional. Aunque nunca lo sabremos, porque nadie la llevó al TC. La cuestión es que Aznar inventó el sistema, Cospedal con Rajoy compró el Pegasus y ahora aquí anda Sánchez sudando las consecuencias de tal vez no haber sido más valiente y más reformador con esta cuestión o, a lo peor, de haber pensado que le convenía no cambiar las cosas.

El paripé ideado con Aznar ya era poco aceptable cuando hablábamos de pinchazos telefónicos, micrófonos direccionales, balizas o entradas en domicilios, lo más convencional. La cuestión es que en un momento dado compran un sistema que hace materialmente imposible que un magistrado aplique las normas generales del Estado de Derecho.

El magistrado del CNI puede hacer lo que ningún magistrado penal de España está habilitado a hacer: dictar la violación de los derechos del artículo 18 de la Constitución sin poder ponderar la idoneidad, la necesariedad y la proporcionalidad de la invasión; sin que su argumentación pueda ser recurrida y supervisada por otros magistrados y de forma prospectiva.

No hay ningún magistrado penal que en este país hubiera podido autorizar una intromisión del calibre de la que lleva a cabo Pegasus y de forma prospectiva. El magistrado del CNI, no debería poder hacer tal cosa tampoco en lo relativo a asuntos internos. Si había indicios delictivos sobre el vicepresidente de la Generalitat, sus intervenciones deberían haber sido realizadas dentro de un procedimiento reglado y si no había indicios delictivos, es un escándalo que se vulneraran sus derechos de forma prospectiva.

Además Pegasus añade muchos más problemas a la actuación de este magistrado. Suponiendo que hubiera considerado que la acción propuesta por los espías era idónea para conseguir el objetivo, es decir, lícita y competencia del Estado –lo que ya presenta dudas– y que fuera necesaria, Pegasus le impediría ponderar si era proporcionada en el sentido estricto, asegurándose de que la injerencia era la menor posible para conseguir el objetivo y durante el mínimo de tiempo. Pegasus toma el control total del teléfono infestado.

Permite no solo acceder a todo –agenda, correo, mensajería, navegación, apps– sino monitorizar por GPS y tomar el control de la cámara y el micrófono, que pueden ser activadas de forma remota y sin flash, para no ser advertida, y captar toda la intimidad de la persona intervenida. Permite incluso enviar mensajes en nombre del infectado y sembrar pruebas falsas. ¿Puede a priori decirse que tal nivel de intromisión es aceptable porque se temieran disturbios en Cataluña tras la sentencia del procès? ¿Utiliza el espionaje español y ese magistrado esa misma vara de medir siempre que creen que las protestas en la calle van a derivar en barricadas o cortes de vías? ¿O lo hacen porque eran independentistas y entonces la ideología política es determinante? No puede decir seriamente que en 2020 nadie avisado pensara que se iba a producir una nueva declaración de independencia como la de 2017 porque mentiría.

Además la propia característica de este diabólico instrumento impide dar cumplimiento a la ley citada que indica textualmente que: “El secretario de Estado director del CNI ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas informaciones, que obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con la misma”. Habida cuenta de que los datos de Pegasus pasan por los servidores de una empresa privada como es NSO ¿pueden ni Paz Esteban ni el magistrado Lucas asegurar que tales datos han sido destruidos ni cuál ha sido su paradero final?

No hace falta ser un peligroso radical ni querer desproteger al Estado para darse cuenta de que este sistema hace aguas y que estas bajan como torrenteras cuando utilizas sistemas tan agresivos como el israelí. Mucho me choca la papanatería aparentemente patriótica de ponerse en primer tiempo de saludo ante un servicio secreto de control democrático imperfecto, como si uno debiera entregarse a su fe antes que a la de los derechos fundamentales y a su protección recogidas en la Carta Magna, en la carta europea y en las declaraciones básicas internacionales. Más me molesta que fuentes de Moncloa hayan utilizado para justificar su afirmación de que no conocían estas decisiones un argumento tan extraño como “creemos en la separación de poderes”, como si reconocieran la existencia en España de un Quinto Poder autónomo, el Poder Espiador.

Hace bien el presidente de la Generalitat en pedirle al Gobierno que desclasifique esa autorización judicial sobre su espionaje y sobre el de las otras 17 personas mencionadas en las Comisión de Secretos Oficiales. Nada puede ponerse en riesgo ahora por saber qué autorizó el magistrado y bajo qué argumentación. Lo único que peligra es el endeble y mísero andamiaje de legalidad con el que se revisten las actividades internas del servicio secreto español que, tal vez por su origen en los servicios franquistas, sigue centrado en cuestiones de orden interno como proteger a un rey de sus amantes o espiar a los políticos que con pleno derecho defienden lo que les parece peligroso.

Esa desclasificación no solo ayudaría a Aragonés sino que nos mostraría cómo se está cociendo esa apariencia de legalidad y nos permitiría así asumir que este paripé no es suficiente para dotar de un control democrático al servicio secreto sin el cual no deja de ser un estado dentro del estado.

Un mero juez no sirve como coartada democrática.


CHAPEAU SRA. BENI. Lo ha explicado claro y cristalino.
 

Adjuntos

  • 1651997065111.png
    1651997065111.png
    3,4 KB · Visitas: 9

Un juez como coartada​

  • No hace falta ser un peligroso radical ni querer desproteger al Estado para darse cuenta de que este sistema hace aguas y que estas bajan como torrenteras cuando utilizas sistemas tan agresivos como Pegasus​


Elisa Beni
SEGUIR AL AUTOR/A

Sánchez y Aragonès en Barcelona.
Sánchez y Aragonès en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press
7 de mayo de 2022 23:09h
Actualizado el 08/05/2022 08:38h
19

Un juez por sí solo no es garantía de nada. Los jueces no nos salvan porque sean benéficos, sino porque son capaces de aplicar la ley, dentro de un procedimiento previsto, con una revisabilidad tasada y con la publicidad necesaria. Por eso me ha extrañado tanto todos estos días que se comprara de forma masiva un axioma del que pendían muchas conclusiones, sin revisar al menos su exactitud. Por eso les invito ahora a mirar conmigo hacia el llamado “magistrado del CNI” del Tribunal Supremo para comprobar que su mera intervención no es ninguna garantía de que los principios básicos del Estado de Derecho se estén cumpliendo ni de que el espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, a parlamentarios y abogados confesado por el propio Centro Nacional de Inteligencia esté libre de crítica o deba ser asumido como correcto y legal. Ya les aviso que mi tesis es que Aznar nos coló un gol con la Ley Orgánica 2/2002, que no es sino un paripé para darle un barniz de legalidad a una actividad interna del espionaje español que es más que cuestionable.

La directora del CNI llevó a la comisión de secretos las 18 autorizaciones firmadas por el juez Pablo Lucas de la Sala III –o en su defecto por su suplente Martínez-Arrieta de la Sala II– sin que mucha gente se haya parado a analizar si ese supuesto control judicial es equiparable a cualquier otro y menos con un arma del alcance y consecuencias de Pegasus. Un arma que ningún Estado democrático debería de haber comprado porque, como voy a exponer, su mera utilización impide cualquier control de los establecidos por el Estado de derecho. No sé si sus señorías han reparado en eso. No sé si conocen a fondo las características del arma cuyo uso han aprobado porque si lo saben, tengo que dudar de tengan la conciencia jurídica en calma.

Partamos de la base de que el CNI es una agencia de inteligencia que trabaja de forma simultánea contra los enemigos externos y contra los enemigos internos. Esta peculiaridad del servicio español es muy importante porque su modelo difiere del de gran parte de los Estados democráticos que tienen duplicidad de servicios. A fin de cuentas, si tus espías llevan a cabo alguna tropelía en otros países, sin autorización de los jueces de aquel estado, solo se trata de que no los cojan o de que asuman las consecuencias negándolo todo. Ya saben cómo va lo de los espías. La cuestión varía cuando un servicio de inteligencia como el CNI lleva a cabo en el interior de nuestro país acciones que para los servicios de información de las policías están absolutamente vedados porque incumplen la ley. Si se dan cuenta, la actividad interna del CNI viene a ser una forma emboscada de saltarse la ley dentro del territorio nacional y mantener el secreto sobre ello.

He leído por ahí, de gentes aparentemente bien informadas, que si el CNI en estos tejemanejes internos llegara a encontrar “indicios de algún delito” estaría inmediatamente obligado a ponerlos en conocimiento de la Policía o la Guardia Civil. Les traduzco: el CNI lleva a cabo investigaciones prospectivas totalmente prohibidas por la ley en España y en el caso de que sí haya indicios de delito, porque al iniciarlas no lo saben, ya entonces las pasan al circuito jurídico normal.

Todo eso está sancionado por la firma de un magistrado y por ese mágico embrujo nos dicen que es legal y conforme a los principios constitucionales y los derechos fundamentales. A lo mejor lo que sucede es que la propia ley del “magistrado controlador” promulgada por Aznar no es muy constitucional. Aunque nunca lo sabremos, porque nadie la llevó al TC. La cuestión es que Aznar inventó el sistema, Cospedal con Rajoy compró el Pegasus y ahora aquí anda Sánchez sudando las consecuencias de tal vez no haber sido más valiente y más reformador con esta cuestión o, a lo peor, de haber pensado que le convenía no cambiar las cosas.

El paripé ideado con Aznar ya era poco aceptable cuando hablábamos de pinchazos telefónicos, micrófonos direccionales, balizas o entradas en domicilios, lo más convencional. La cuestión es que en un momento dado compran un sistema que hace materialmente imposible que un magistrado aplique las normas generales del Estado de Derecho.

El magistrado del CNI puede hacer lo que ningún magistrado penal de España está habilitado a hacer: dictar la violación de los derechos del artículo 18 de la Constitución sin poder ponderar la idoneidad, la necesariedad y la proporcionalidad de la invasión; sin que su argumentación pueda ser recurrida y supervisada por otros magistrados y de forma prospectiva.

No hay ningún magistrado penal que en este país hubiera podido autorizar una intromisión del calibre de la que lleva a cabo Pegasus y de forma prospectiva. El magistrado del CNI, no debería poder hacer tal cosa tampoco en lo relativo a asuntos internos. Si había indicios delictivos sobre el vicepresidente de la Generalitat, sus intervenciones deberían haber sido realizadas dentro de un procedimiento reglado y si no había indicios delictivos, es un escándalo que se vulneraran sus derechos de forma prospectiva.

Además Pegasus añade muchos más problemas a la actuación de este magistrado. Suponiendo que hubiera considerado que la acción propuesta por los espías era idónea para conseguir el objetivo, es decir, lícita y competencia del Estado –lo que ya presenta dudas– y que fuera necesaria, Pegasus le impediría ponderar si era proporcionada en el sentido estricto, asegurándose de que la injerencia era la menor posible para conseguir el objetivo y durante el mínimo de tiempo. Pegasus toma el control total del teléfono infestado.

Permite no solo acceder a todo –agenda, correo, mensajería, navegación, apps– sino monitorizar por GPS y tomar el control de la cámara y el micrófono, que pueden ser activadas de forma remota y sin flash, para no ser advertida, y captar toda la intimidad de la persona intervenida. Permite incluso enviar mensajes en nombre del infectado y sembrar pruebas falsas. ¿Puede a priori decirse que tal nivel de intromisión es aceptable porque se temieran disturbios en Cataluña tras la sentencia del procès? ¿Utiliza el espionaje español y ese magistrado esa misma vara de medir siempre que creen que las protestas en la calle van a derivar en barricadas o cortes de vías? ¿O lo hacen porque eran independentistas y entonces la ideología política es determinante? No puede decir seriamente que en 2020 nadie avisado pensara que se iba a producir una nueva declaración de independencia como la de 2017 porque mentiría.

Además la propia característica de este diabólico instrumento impide dar cumplimiento a la ley citada que indica textualmente que: “El secretario de Estado director del CNI ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas informaciones, que obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con la misma”. Habida cuenta de que los datos de Pegasus pasan por los servidores de una empresa privada como es NSO ¿pueden ni Paz Esteban ni el magistrado Lucas asegurar que tales datos han sido destruidos ni cuál ha sido su paradero final?

No hace falta ser un peligroso radical ni querer desproteger al Estado para darse cuenta de que este sistema hace aguas y que estas bajan como torrenteras cuando utilizas sistemas tan agresivos como el israelí. Mucho me choca la papanatería aparentemente patriótica de ponerse en primer tiempo de saludo ante un servicio secreto de control democrático imperfecto, como si uno debiera entregarse a su fe antes que a la de los derechos fundamentales y a su protección recogidas en la Carta Magna, en la carta europea y en las declaraciones básicas internacionales. Más me molesta que fuentes de Moncloa hayan utilizado para justificar su afirmación de que no conocían estas decisiones un argumento tan extraño como “creemos en la separación de poderes”, como si reconocieran la existencia en España de un Quinto Poder autónomo, el Poder Espiador.

Hace bien el presidente de la Generalitat en pedirle al Gobierno que desclasifique esa autorización judicial sobre su espionaje y sobre el de las otras 17 personas mencionadas en las Comisión de Secretos Oficiales. Nada puede ponerse en riesgo ahora por saber qué autorizó el magistrado y bajo qué argumentación. Lo único que peligra es el endeble y mísero andamiaje de legalidad con el que se revisten las actividades internas del servicio secreto español que, tal vez por su origen en los servicios franquistas, sigue centrado en cuestiones de orden interno como proteger a un rey de sus amantes o espiar a los políticos que con pleno derecho defienden lo que les parece peligroso.

Esa desclasificación no solo ayudaría a Aragonés sino que nos mostraría cómo se está cociendo esa apariencia de legalidad y nos permitiría así asumir que este paripé no es suficiente para dotar de un control democrático al servicio secreto sin el cual no deja de ser un estado dentro del estado.

Un mero juez no sirve como coartada democrática.


CHAPEAU SRA. BENI. Lo ha explicado claro y cristalino.
Elisa Beni. Toda una persona de fiar.

....fue nombrada directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,[3] cargo del que fue destituida en 2008 «por pérdida de confianza»,[8] tras la publicación del mencionado libro La soledad del juzgador, editado por la Editorial Planeta, acerca de cómo quien era su marido en aquel momento, el juez instructor del caso del 11-M, había vivido el proceso judicial.[9].....

Vamosssssssss una sinverguenza.
 
Elisa Beni. Toda una persona de fiar.

....fue nombrada directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,[3] cargo del que fue destituida en 2008 «por pérdida de confianza»,[8] tras la publicación del mencionado libro La soledad del juzgador, editado por la Editorial Planeta, acerca de cómo quien era su marido en aquel momento, el juez instructor del caso del 11-M, había vivido el proceso judicial.[9].....

Vamosssssssss una sinverguenza.
Beni, Miente mas que la Gaceta del Norte, El Telegrama de Melilla y mas cuentista que Calleja, que ya es decir
 
Back