Yo lo pienso asi.
Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil
- AutorSultanaXS
- Fecha de inicio
Y yo.
Lo siento por ti.
Y yo por ti.
@suiza, me pasa parecido. Aunque no nos vayamos a poner de acuerdo, es un placer debatir, así.
Todos quieren el poder: correcto. Hasta el punto de traicionar a sus votantes, una vez pasadas las elecciones. De no poder dormir con Podemos en el gobierno, a firmar con ellos al siguiente día. Rajoy también traicionó a sus votantes en 2011.
No gobierna quien más votos obtiene. No todos los votos se traducen en los mismos escaños. Depende de donde votes.
De los puntos anteriores, yo concluyo que tendremos un gobierno legal, pero ilegítimo. Para casi todo hay grados, y así, por comparar traiciones, la traición de Rajoy en 2011 supuso subida de impuestos brutal y no derogar ni una sola ley de Zapatero. La traición de Sanchéz, pactar con lo peor del parlamento. Ya, ya se que todos son partidos legales. Pero este último detalle no le parecía un argumento válido antes de que votáramos. Se cansó de decir que no pactaría con ellos.
Ilegales: cierto, me desvío. Solo era una posible explicación de porque no se declara excepción directamente.
Ningún país ha restringido tanto las libertades como España. No, para nada ha sido igual. Como muestra, un botón: durante mucho tiempo no se podía caminar más hasta 1 km de casa, y solo a unas horas muy concretas ¿Qué país ha decretado algo así?
No tengo tiempo de responder a todo, así que de momento, voy a hacer solo una observación más. La oposición te parece rastrera, y al mismo tiempo te preguntas porque no hubo protestas antes de ahora con lo de los ancianos. No hace falta ser adivino para saber que habría ocurrido. Hubieran salido las mismas palabras de siempre: “la oposición crispa”, “es el momento de estar unidos y ya se verán responsabilidades cuando esto acabe”, “se están utilizando los muertos para hacer oposición “.
No, no hay que darle vueltas. Este gobierno no acepta que está sometido (o debiera) al escrutinio y crítica, como toda democracia digna de tal nombre. Cualquier crítica, por suave que sea, no es respondida con contraargumentos razonados. En lugar de esto último, repiten las mismas frases hechas. Eso de “arrimar el hombro”, “la crispación “, etc. me lo se de memoria. Y es viejo, que exactamente lo mismo decía Zapatero.
Todos quieren el poder: correcto. Hasta el punto de traicionar a sus votantes, una vez pasadas las elecciones. De no poder dormir con Podemos en el gobierno, a firmar con ellos al siguiente día. Rajoy también traicionó a sus votantes en 2011.
No gobierna quien más votos obtiene. No todos los votos se traducen en los mismos escaños. Depende de donde votes.
De los puntos anteriores, yo concluyo que tendremos un gobierno legal, pero ilegítimo. Para casi todo hay grados, y así, por comparar traiciones, la traición de Rajoy en 2011 supuso subida de impuestos brutal y no derogar ni una sola ley de Zapatero. La traición de Sanchéz, pactar con lo peor del parlamento. Ya, ya se que todos son partidos legales. Pero este último detalle no le parecía un argumento válido antes de que votáramos. Se cansó de decir que no pactaría con ellos.
Ilegales: cierto, me desvío. Solo era una posible explicación de porque no se declara excepción directamente.
Ningún país ha restringido tanto las libertades como España. No, para nada ha sido igual. Como muestra, un botón: durante mucho tiempo no se podía caminar más hasta 1 km de casa, y solo a unas horas muy concretas ¿Qué país ha decretado algo así?
No tengo tiempo de responder a todo, así que de momento, voy a hacer solo una observación más. La oposición te parece rastrera, y al mismo tiempo te preguntas porque no hubo protestas antes de ahora con lo de los ancianos. No hace falta ser adivino para saber que habría ocurrido. Hubieran salido las mismas palabras de siempre: “la oposición crispa”, “es el momento de estar unidos y ya se verán responsabilidades cuando esto acabe”, “se están utilizando los muertos para hacer oposición “.
No, no hay que darle vueltas. Este gobierno no acepta que está sometido (o debiera) al escrutinio y crítica, como toda democracia digna de tal nombre. Cualquier crítica, por suave que sea, no es respondida con contraargumentos razonados. En lugar de esto último, repiten las mismas frases hechas. Eso de “arrimar el hombro”, “la crispación “, etc. me lo se de memoria. Y es viejo, que exactamente lo mismo decía Zapatero.
Tu ídolo Pablenin siempre habla en femenino, carácterístico de las Unidas Pandemitas. No veo la ofensa de la forera salvo llamarle inmundo, que tampoco es un insulto, es constatar que la locaza de Malsaña y ex juez es satanás. Un tipo malvado, ups, una tía malvada, siento ser superdrástica
Lo del lenguaje inclusivo es una majadería y un ataque a la lengua española. Y el extremo encima de hablar todo en femenino, de traca, Increible que se hagan las ofendiditas por usar términos femeninos, que los gays usan todo el tiempo. Y no se ofendan porlo que escribimos en serio sobre el infame ministro locaza.
Ahora Pedro el guapo se suma al ataque
Sánchez cuestiona los informes de la Guardia Civil: "Me gustaría que se hicieran con garantías y confidencialidad"
Da pábulo a las acusaciones de golpismo de Garzón: "Si algún elemento se aparta de sus obligaciones se compromete sólo a sí mismo".
- Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/esp...garantias-y-confidencialidad-debi-1276659019/
Sánchez cuestiona los informes de la Guardia Civil: "Me gustaría que se hicieran con garantías y confidencialidad"
Da pábulo a las acusaciones de golpismo de Garzón: "Si algún elemento se aparta de sus obligaciones se compromete sólo a sí mismo".
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"Hartazgo" y "descontento" en Policía y Guardia Civil por los ataques de Podemos y sus ministros
El partido de Pablo Iglesias está tratando de vender que hay un grupo de mandos en las Fuerzas de Seguridad que quiere "desestabilizar al Gobierno".
J. Arias Borque Seguir a ariasborque
2020-06-07
9
Agentes de la Policía Nacional. | EFE
Podemos está manteniendo en las últimas semanas una estrategia de ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado que no se habían visto en los más de cuarenta años de democracia en un partido que formaba parte del Gobierno. Y menos con ministros involucrados en la estrategia. Todos en la misma dirección: hay mandos totalitarios, cercanos políticamente a la ideología de PP y Vox, que tratan de "desestabilizar" al Ejecutivo.
La veda la abrió el primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, quien aseguró que la derecha estaba utilizando su "brazo policial" para tratar de "desestabilizar al Gobierno". Todo porque dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil habían cumplido con su deber y habían redactado un informe sobre el 8-M a petición de una juez de Madrid. Y el contenido de ese informe no era de su gusto.
El jueves pasado, volvían a la carga. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, decía que existen "elementos reaccionarios dentro" de las estructuras de Policía Nacional y la Guardia Civil que podrían ser favorables a un golpe de Estado y llegaba a afirmar, en alusión a años pasados, que "se ha utilizado a la Policía Nacional como una banda organizada para el espionaje de los rivales políticos".
Unas pocas horas después, en el Congreso de los Diputados, era uno de los portavoces de Unidas Podemos, Jaume Asens, el que insistía: hay agentes que trabajan para "desestabilizar el Gobierno". Los dirigentes de Podemos están vendiendo el mensaje de que cualquier crítica al Ejecutivo tiene un fin de desestabilización y no han tenido reparo en enfangar por medio a las Fuerzas de Seguridad, jugando con su imagen y prestigio.
Esta línea argumental no ha sentado nada bien en el seno de Policía Nacional y Guardia Civil. Fuentes de estas instituciones consultadas por Libertad Digital censuran que no tengan ningún reparo en "manchar" y "enfangar" la imagen de estos cuerpos para "obtener réditos políticos", algo que hasta ahora "jamás se había visto al nivel que se está llegando", calificando de "golpistas" a los mandos, lo que produce "hartazgo" y "un fuerte descontento" en los agentes y echan de menos que el ministro, Fernando Grande Marlaska, no haya salido en su defensa.
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha rechazado "cualquier referencia a que dentro de la Guardia Civil exista algún grupúsculo que pretenda desestabilizar al Gobierno y mucho menos, que se piense que hay elementos golpistas". Según explican, "estas acusaciones insultan a los guardias civiles, que solo están cumpliendo con su deber, con total y absoluto respeto a la Ley". "Lo que pedimos es que nos dejen trabajar con la independencia y la lealtad que llevamos haciéndolo desde hace 176 años", añaden.
En parecido términos se expresa la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC): "Las manifestaciones llevadas a cabo, además de ser insultantes, demuestran un desconocimiento absoluto de lo que es la Guardia Civil. Los guardias civiles juramos guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al Rey, y lo que no puede hacer un ministro, ostente la cartera que sea, es intentar embarrar el prestigio de las Fuerzas de Seguridad".
En esta línea, califican estas manifestaciones de "injustas, tóxicas o carentes de veracidad" y piden tanto al Gobierno como a los partidos políticos que "dejen de lado a las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus guerras políticas. Poner en tela de juicio el funcionamiento democrático y la neutralidad política de la Guardia Civil, de la Policía Nacional e incluso de las Fuerzas Armadas, daña considerablemente a las instituciones del Estado".
La Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC) mantiene que los agentes "no quieren estar permanentemente manoseados ni por los unos ni por los otros" y creen que hay un problema "cuando aviesamente se falta el respeto a la Guardia Civil, y sin ningún rigor, sin ningún criterio objetivo, sin reparar en la transcendencia de lo dicho, se afirma campanuda y alegremente, como las afirmaciones de barra de bar después de trasegar hasta el agua de los floreros, que hay una parte de guardias civiles que tienen como objetivo subvertir el orden establecido".
"Quien pueda afirmar tal sentimiento es que no conoce, ni de lejos, a la Guardia Civil. Los guardias civiles tienen como marco de actuación el marco constitucional. Además, todos los guardias civiles juraron o prometieron por su conciencia y honor "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", entregando, si preciso fuere, su propia vida", añaden desde esta asociación profesional.
Desde la Policía, el sentimiento es similar. La Confederación Española de Policía (CEP) pide la dimisión de Garzón y consideran que este tipo de acusaciones son "un escándalo" y "una canallada" que mancha la imagen de la institución, sobre todo después de que un importante número de policías hayan perdido la vida por luchar contra el terrorismo en defensa de la democracia.
- Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/esp...taques-de-podemos-y-sus-ministros-1276658976/
El partido de Pablo Iglesias está tratando de vender que hay un grupo de mandos en las Fuerzas de Seguridad que quiere "desestabilizar al Gobierno".
J. Arias Borque Seguir a ariasborque
2020-06-07
9
Agentes de la Policía Nacional. | EFE
Podemos está manteniendo en las últimas semanas una estrategia de ataques a las Fuerzas de Seguridad del Estado que no se habían visto en los más de cuarenta años de democracia en un partido que formaba parte del Gobierno. Y menos con ministros involucrados en la estrategia. Todos en la misma dirección: hay mandos totalitarios, cercanos políticamente a la ideología de PP y Vox, que tratan de "desestabilizar" al Ejecutivo.
La veda la abrió el primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, quien aseguró que la derecha estaba utilizando su "brazo policial" para tratar de "desestabilizar al Gobierno". Todo porque dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil habían cumplido con su deber y habían redactado un informe sobre el 8-M a petición de una juez de Madrid. Y el contenido de ese informe no era de su gusto.
El jueves pasado, volvían a la carga. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, decía que existen "elementos reaccionarios dentro" de las estructuras de Policía Nacional y la Guardia Civil que podrían ser favorables a un golpe de Estado y llegaba a afirmar, en alusión a años pasados, que "se ha utilizado a la Policía Nacional como una banda organizada para el espionaje de los rivales políticos".
Unas pocas horas después, en el Congreso de los Diputados, era uno de los portavoces de Unidas Podemos, Jaume Asens, el que insistía: hay agentes que trabajan para "desestabilizar el Gobierno". Los dirigentes de Podemos están vendiendo el mensaje de que cualquier crítica al Ejecutivo tiene un fin de desestabilización y no han tenido reparo en enfangar por medio a las Fuerzas de Seguridad, jugando con su imagen y prestigio.
Esta línea argumental no ha sentado nada bien en el seno de Policía Nacional y Guardia Civil. Fuentes de estas instituciones consultadas por Libertad Digital censuran que no tengan ningún reparo en "manchar" y "enfangar" la imagen de estos cuerpos para "obtener réditos políticos", algo que hasta ahora "jamás se había visto al nivel que se está llegando", calificando de "golpistas" a los mandos, lo que produce "hartazgo" y "un fuerte descontento" en los agentes y echan de menos que el ministro, Fernando Grande Marlaska, no haya salido en su defensa.
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha rechazado "cualquier referencia a que dentro de la Guardia Civil exista algún grupúsculo que pretenda desestabilizar al Gobierno y mucho menos, que se piense que hay elementos golpistas". Según explican, "estas acusaciones insultan a los guardias civiles, que solo están cumpliendo con su deber, con total y absoluto respeto a la Ley". "Lo que pedimos es que nos dejen trabajar con la independencia y la lealtad que llevamos haciéndolo desde hace 176 años", añaden.
En parecido términos se expresa la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC): "Las manifestaciones llevadas a cabo, además de ser insultantes, demuestran un desconocimiento absoluto de lo que es la Guardia Civil. Los guardias civiles juramos guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al Rey, y lo que no puede hacer un ministro, ostente la cartera que sea, es intentar embarrar el prestigio de las Fuerzas de Seguridad".
En esta línea, califican estas manifestaciones de "injustas, tóxicas o carentes de veracidad" y piden tanto al Gobierno como a los partidos políticos que "dejen de lado a las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus guerras políticas. Poner en tela de juicio el funcionamiento democrático y la neutralidad política de la Guardia Civil, de la Policía Nacional e incluso de las Fuerzas Armadas, daña considerablemente a las instituciones del Estado".
La Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC) mantiene que los agentes "no quieren estar permanentemente manoseados ni por los unos ni por los otros" y creen que hay un problema "cuando aviesamente se falta el respeto a la Guardia Civil, y sin ningún rigor, sin ningún criterio objetivo, sin reparar en la transcendencia de lo dicho, se afirma campanuda y alegremente, como las afirmaciones de barra de bar después de trasegar hasta el agua de los floreros, que hay una parte de guardias civiles que tienen como objetivo subvertir el orden establecido".
"Quien pueda afirmar tal sentimiento es que no conoce, ni de lejos, a la Guardia Civil. Los guardias civiles tienen como marco de actuación el marco constitucional. Además, todos los guardias civiles juraron o prometieron por su conciencia y honor "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", entregando, si preciso fuere, su propia vida", añaden desde esta asociación profesional.
Desde la Policía, el sentimiento es similar. La Confederación Española de Policía (CEP) pide la dimisión de Garzón y consideran que este tipo de acusaciones son "un escándalo" y "una canallada" que mancha la imagen de la institución, sobre todo después de que un importante número de policías hayan perdido la vida por luchar contra el terrorismo en defensa de la democracia.
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La Fiscalía pide a la jueza que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8M
La jueza le imputó por prevaricación y le ha citado para que declare el próximo miércoles. La Fiscalía defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria
La jueza del 8M revoluciona la investigación de un delito sin cárcel
Marcos Pinheiro
08/06/2020 - 13:29h
José Manuel Franco.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. El texto defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria.
El texto que ha enviado la Fiscalía a la jueza Carmen Rodríguez-Medel también cuestiona algunos de los indicios recogidos en los informes de la Guardia Civil, donde los agentes sostiene que el Gobierno sabía de los peligros de contagio del coronavirus y aún así permitió la protesta. Esos informes están llenos de errores, bulos y saltos al vacío por parte de los investigadores.
La Fiscalía señala, por ejemplo, que hay un error al señalar qué recomendaciones de la UE debía seguir España, o que las recomendaciones básicas de la Comunidad de Madrid sobre higiene pare prevenir la COVID-19 se emitieron el 5 de marzo "con posterioridad, pues, a la actuación reprochada por la denuncia al investigado, y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos". También hacen referencia al error de la Guardia Civil sobre la declaración de pandemia por parte de la OMS.
"No parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar", dice el escrito de la Fiscalía sobre el delito de prevaricación por el que está imputado Franco, y por el que tiene que declarar el próximo miércoles. Es más, añaden que es "palmario" que recibir la comunicación de que se va a celebrar una manifestación "no equivale a dictar una resolución", así que no puede acusarse Franco de ese delito.
También recuerda la Fiscalía que el delito de prevaricación exige que la resolución "resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria" y por ello implica que a Franco tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
El recurso también alude a que la denuncia y el auto de admisión a trámite definen el comportamiento de Franco como un hecho "activo", cuando según la Fiscalía está considerado como "una actuación omisiva". Es decir, para el ministerio público Franco no dejó de resolver petición alguna "a que viniera legalmente obligado" ni cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva.
Es más, añade que si el presunto delito se hubiese cometido cuando el delegado del Gobierno toma conocimiento de una convocatoria de manifestación hay que tener en cuenta "que para la inmensa mayoría de las concentraciones que tienen lugar en el mes de marzo, la declaración formal de recepción de comunicación se fecha en el mes de febrero, produciéndose a principios de marzo en un número muy reducido de supuestos".
Franco no tiene competencias sanitarias
"A los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los Delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria", continúa el recurso, que añade que no resultaría "razonable" exigir a Franco -ni a ningún otro delegado del Gobierno- que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario "cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo".
La Fiscalía hacer referencia también "a la posibilidad de que Franco hubiera podido cometer una prevaricación omisiva derivada de la posible existencia de una 'hipotética' orden emitida por el Gobierno que tuviera que cumplir 'inexorablemente'". En este sentido asegura que esta hipótesis -recogida, dice, en el auto de admisión a trámite de la denuncia- "no encuentra apoyo en dato indiciario alguno" y añade que “después de todas las diligencias de instrucción practicadas, puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato".
En el recurso, la Fiscalía señala que es consciente de que es la primera vez que se pronuncia en esta causa y explica que "esta circunstancia obedece a que la Ilma. Instructora ha aplicado la Disposición Adicional segunda en lo relativo a la suspensión de los plazos, sin que se haya acogido al párrafo 4 de dicha Disposición. Este momento procesal nos permite no sólo discernir sobre los motivos que concurren ab initio para combatir el auto de incoación, sino también valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando desde el 23 de marzo del 2020".
www.eldiario.es
La jueza le imputó por prevaricación y le ha citado para que declare el próximo miércoles. La Fiscalía defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria
La jueza del 8M revoluciona la investigación de un delito sin cárcel
Marcos Pinheiro
08/06/2020 - 13:29h
José Manuel Franco.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. El texto defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria.
El texto que ha enviado la Fiscalía a la jueza Carmen Rodríguez-Medel también cuestiona algunos de los indicios recogidos en los informes de la Guardia Civil, donde los agentes sostiene que el Gobierno sabía de los peligros de contagio del coronavirus y aún así permitió la protesta. Esos informes están llenos de errores, bulos y saltos al vacío por parte de los investigadores.
La Fiscalía señala, por ejemplo, que hay un error al señalar qué recomendaciones de la UE debía seguir España, o que las recomendaciones básicas de la Comunidad de Madrid sobre higiene pare prevenir la COVID-19 se emitieron el 5 de marzo "con posterioridad, pues, a la actuación reprochada por la denuncia al investigado, y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos". También hacen referencia al error de la Guardia Civil sobre la declaración de pandemia por parte de la OMS.
"No parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar", dice el escrito de la Fiscalía sobre el delito de prevaricación por el que está imputado Franco, y por el que tiene que declarar el próximo miércoles. Es más, añaden que es "palmario" que recibir la comunicación de que se va a celebrar una manifestación "no equivale a dictar una resolución", así que no puede acusarse Franco de ese delito.
También recuerda la Fiscalía que el delito de prevaricación exige que la resolución "resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria" y por ello implica que a Franco tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
El recurso también alude a que la denuncia y el auto de admisión a trámite definen el comportamiento de Franco como un hecho "activo", cuando según la Fiscalía está considerado como "una actuación omisiva". Es decir, para el ministerio público Franco no dejó de resolver petición alguna "a que viniera legalmente obligado" ni cabe atribuirle un delito de prevaricación omisiva.
Es más, añade que si el presunto delito se hubiese cometido cuando el delegado del Gobierno toma conocimiento de una convocatoria de manifestación hay que tener en cuenta "que para la inmensa mayoría de las concentraciones que tienen lugar en el mes de marzo, la declaración formal de recepción de comunicación se fecha en el mes de febrero, produciéndose a principios de marzo en un número muy reducido de supuestos".
Franco no tiene competencias sanitarias
"A los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los Delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria", continúa el recurso, que añade que no resultaría "razonable" exigir a Franco -ni a ningún otro delegado del Gobierno- que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario "cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo".
La Fiscalía hacer referencia también "a la posibilidad de que Franco hubiera podido cometer una prevaricación omisiva derivada de la posible existencia de una 'hipotética' orden emitida por el Gobierno que tuviera que cumplir 'inexorablemente'". En este sentido asegura que esta hipótesis -recogida, dice, en el auto de admisión a trámite de la denuncia- "no encuentra apoyo en dato indiciario alguno" y añade que “después de todas las diligencias de instrucción practicadas, puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato".
En el recurso, la Fiscalía señala que es consciente de que es la primera vez que se pronuncia en esta causa y explica que "esta circunstancia obedece a que la Ilma. Instructora ha aplicado la Disposición Adicional segunda en lo relativo a la suspensión de los plazos, sin que se haya acogido al párrafo 4 de dicha Disposición. Este momento procesal nos permite no sólo discernir sobre los motivos que concurren ab initio para combatir el auto de incoación, sino también valorar la mayor parte de las actuaciones que se vienen practicando desde el 23 de marzo del 2020".
La Fiscalía pide a la jueza que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8M
La jueza le imputó por prevaricación y le ha citado para que declare el próximo miércoles. La Fiscalía defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria
www.eldiario.es¿Qué nos estarán ocultando ahora? Los libios tiene prohibido aterrizar en cualquier aeropuerto de Europa, y sin embargo España se lo permite. Seguro que no es nada bueno, los líos en los que nos quieren meter a los españoles este gobierno dan mucho miedo.
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