El nuevo jefe de Policía en la Comunidad Valenciana retrasó 5 años un informe sobre la corrupción del PP
El Poder Judicial intercedió hace un año para que el entonces comisario jefe de Alicante entregara la documentación que reclamaba el juez del caso Brugal
El magistrado Tejada del Castillo se interesaba por la documentación incautada al empresario Enrique Ortiz en la operación de julio de 2010
El comisario principal José Javier Cuasante es próximo al exdirector general de la Policía Juan Cotino, imputado en una pieza del caso Gürtel
Pedro Águeda
16/03/2016 -
El nuevo jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, José Javier Causante.
MÁS INFO
Los jueces acusan a Interior de "obstaculizar" el mayor caso de corrupción del PP en Alicante
La Policía Nacional en la Comunidad Valenciana tiene nuevo jefe superior. Se trata de José Javier Cuasante, hasta ahora jefe provincial en Alicante y el comisario ante el que tuvo que mediar el Poder Judicial el pasado abril para que entregara un informe sobre la corrupción del PP de Alicante, que un juzgado de esa ciudad aguardaba desde hacía cinco años. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la que Cuasante sustituye a José Manuel Salgado, jubilado el pasado diciembre.
La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupcción (UACC) es un instrumento creado por el Consejo General del Poder Judicial para desatascar investigaciones de este tipo. La UACC se estrenó en abril de 2015 con una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que eliminara los “obstáculos” que impedían la emisión de unos informes del conocido como ‘caso Brugal’, que estalló en julio de 2010 e incluyó la detención del presidente de la Diputación de Castellón, José Joaquín Ripoll.
El Poder Judicial intercedía así en un enfrentamiento entre el juez Manrique Tejada del Castillo y el comisario Cuasante en el marco de la causa por el amaño del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. El juez Tejada del Castillo llevaba casi cinco años reclamando a la Policía un informe sobre la documentación incautada en julio de 2010 en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y el yate del citado empresario.
En enero de 2015, el juez había enviado un escrito al comisario Cuasante en el que le exigía información acerca del "estado de la investigación y que, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".
El juez hacía notar su malestar en oficio, "máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012". La intervención del Poder Judicial surtió efecto y al mes siguiente del requerimiento de la UACC, la Policía entregaba al juez el informe que éste no había podido obtener por sus propios medios.
El 6 de julio de 2010 estallaba la Operación Brugal, donde se entrecruzaban las pesquisas por el Plan Urbano de Alicante y la concesión de la gestión de los residuos en la comarca de la Vega Baja. Los intereses del ladrillo y las basuras conectaban al todopoderoso PP alicantino y al empresario más importante de la provincia, Enrique Ortiz. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo está imputada en esa investigación por revelación de información privilegiada, dos delitos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias. El operativo ha dado pie a 20 causas judiciales distintas.
Una segunda reclamación judicial
Según publicó El País, la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, también se quejó a Cuasante en enero de 2015. En este caso, la jueza reclamaba que se analizara de una vez por todas la documentación incautada en los registros del verano de 2010 y se elaborara un informe. Aludía en su caso a los papeles y el soporte informático intervenidos en el domicilio de Ripoll y en la sede de la Diputación de Alicante.
La jueza Villegas daba a la jefatura de Policía que dirigía Cuasante el plazo “improrrogable” de un mes y le advertía que, de no responder afirmativamente, podría incurrir en un delito de desobediencia.
Resultó que se había producido un error en el envío, que pudo ser subsanado. En todo caso, la Policía aseguraba en un oficio que los documentos fueron enviados en bruto, sin analizar, y añadía que “la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción hizo público su escrito de acusación en la pieza del presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja. El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll; 17 para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente. En total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios, y el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós.
Vinculado a Cotino
El comisario principal Cuasante es considerado próximo a Juan Cotino en medios policiales. Cotino fue director general de la Policía con José María Aznar, entre 1996 y 2002. Procedente de la Academia Militar de Zaragoza, José Javier Causante también es considerado un comisario afín al actual director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
En una conversación intervenida a Enrique Ortiz en el marco del caso Rabassa, el empresario y un socio se jactaban de que Juan Cotino –entonces consejero de Bienestar Social– les llenaba los geriátricos que tenían. Entre los socios de Ortiz en ese negocio estaba Vicente Cotino, sobrino del expresidente del Parlament valenciano, y uno de los empresarios que integraban la lista de donaciones irregulares al PP nacional. En las conversaciones del caso Rabassa, Cotino aparece reiteradamente señalado como el cauce que utilizaba el empresario Ortiz para llegar a la Generalitat.
El Poder Judicial intercedió hace un año para que el entonces comisario jefe de Alicante entregara la documentación que reclamaba el juez del caso Brugal
El magistrado Tejada del Castillo se interesaba por la documentación incautada al empresario Enrique Ortiz en la operación de julio de 2010
El comisario principal José Javier Cuasante es próximo al exdirector general de la Policía Juan Cotino, imputado en una pieza del caso Gürtel
Pedro Águeda
16/03/2016 -
El nuevo jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, José Javier Causante.
MÁS INFO
- ETIQUETAS: Policía Nacional,Comunidad Valenciana, José Javier Causante, corrupción,Partido Popular, Manrique Tejada del Castillo
Los jueces acusan a Interior de "obstaculizar" el mayor caso de corrupción del PP en Alicante
La Policía Nacional en la Comunidad Valenciana tiene nuevo jefe superior. Se trata de José Javier Cuasante, hasta ahora jefe provincial en Alicante y el comisario ante el que tuvo que mediar el Poder Judicial el pasado abril para que entregara un informe sobre la corrupción del PP de Alicante, que un juzgado de esa ciudad aguardaba desde hacía cinco años. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la que Cuasante sustituye a José Manuel Salgado, jubilado el pasado diciembre.
La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupcción (UACC) es un instrumento creado por el Consejo General del Poder Judicial para desatascar investigaciones de este tipo. La UACC se estrenó en abril de 2015 con una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que eliminara los “obstáculos” que impedían la emisión de unos informes del conocido como ‘caso Brugal’, que estalló en julio de 2010 e incluyó la detención del presidente de la Diputación de Castellón, José Joaquín Ripoll.
El Poder Judicial intercedía así en un enfrentamiento entre el juez Manrique Tejada del Castillo y el comisario Cuasante en el marco de la causa por el amaño del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz. El juez Tejada del Castillo llevaba casi cinco años reclamando a la Policía un informe sobre la documentación incautada en julio de 2010 en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y el yate del citado empresario.
En enero de 2015, el juez había enviado un escrito al comisario Cuasante en el que le exigía información acerca del "estado de la investigación y que, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".
El juez hacía notar su malestar en oficio, "máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012". La intervención del Poder Judicial surtió efecto y al mes siguiente del requerimiento de la UACC, la Policía entregaba al juez el informe que éste no había podido obtener por sus propios medios.
El 6 de julio de 2010 estallaba la Operación Brugal, donde se entrecruzaban las pesquisas por el Plan Urbano de Alicante y la concesión de la gestión de los residuos en la comarca de la Vega Baja. Los intereses del ladrillo y las basuras conectaban al todopoderoso PP alicantino y al empresario más importante de la provincia, Enrique Ortiz. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo está imputada en esa investigación por revelación de información privilegiada, dos delitos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias. El operativo ha dado pie a 20 causas judiciales distintas.
Una segunda reclamación judicial
Según publicó El País, la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, también se quejó a Cuasante en enero de 2015. En este caso, la jueza reclamaba que se analizara de una vez por todas la documentación incautada en los registros del verano de 2010 y se elaborara un informe. Aludía en su caso a los papeles y el soporte informático intervenidos en el domicilio de Ripoll y en la sede de la Diputación de Alicante.
La jueza Villegas daba a la jefatura de Policía que dirigía Cuasante el plazo “improrrogable” de un mes y le advertía que, de no responder afirmativamente, podría incurrir en un delito de desobediencia.
Resultó que se había producido un error en el envío, que pudo ser subsanado. En todo caso, la Policía aseguraba en un oficio que los documentos fueron enviados en bruto, sin analizar, y añadía que “la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción hizo público su escrito de acusación en la pieza del presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja. El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente popular de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll; 17 para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente. En total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios, y el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós.
Vinculado a Cotino
El comisario principal Cuasante es considerado próximo a Juan Cotino en medios policiales. Cotino fue director general de la Policía con José María Aznar, entre 1996 y 2002. Procedente de la Academia Militar de Zaragoza, José Javier Causante también es considerado un comisario afín al actual director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
En una conversación intervenida a Enrique Ortiz en el marco del caso Rabassa, el empresario y un socio se jactaban de que Juan Cotino –entonces consejero de Bienestar Social– les llenaba los geriátricos que tenían. Entre los socios de Ortiz en ese negocio estaba Vicente Cotino, sobrino del expresidente del Parlament valenciano, y uno de los empresarios que integraban la lista de donaciones irregulares al PP nacional. En las conversaciones del caso Rabassa, Cotino aparece reiteradamente señalado como el cauce que utilizaba el empresario Ortiz para llegar a la Generalitat.
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El PP cambió los discos duros de sus ordenadores de Tesorería y quiso alterar sus números de serie
La empresa suministradora de HP se negó a cambiar las placas de identificación porque es ilegal. El partido pidió que se dejasen los Hewlett-Packard usados de Contabilidad como si fueran nuevos semanas antes de las elecciones generales.
MEDIA: 4.29
VOTOS: 7
COMENTARIOS: 150
La empresa suministradora de HP se negó a cambiar las placas de identificación porque es ilegal. El partido pidió que se dejasen los Hewlett-Packard usados de Contabilidad como si fueran nuevos semanas antes de las elecciones generales.
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Sede del PP en la calle Génova de Madrid. En la sexta planta del edificio está el área de Contabilidad, donde trabajan los tesoreros del partido. / EFE
MÁS INFORMACIÓN- El PP se niega a declarar sobre los discos duros de Bárcenas mientras presume de colaborar con la justicia
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ANA PARDO DE VERA - @pardodevera
MADRID.- El Partido Popular realizó en octubre y noviembre de 2015 -semanas antes de las elecciones generales del 20 de diciembre- varias operaciones de cambios del disco duro de sus ordenadores de la sexta planta de la sede nacional del partido, donde se encuentra el departamento de Contabilidad; es decir, donde trabajan los tesoreros y gerentes del PP y sus equipos.
Precisamente, la gerente actual del PP, Carmen Navarro, está imputada (investigada) por el borrado de los discos duros de dos ordenadores de su antecesor, Luis Bárcenas, caso por el que el partido en su totalidad está también investigado (imputado).
El diario Público ha podido acceder a los registros de varias llamadas por los que, desde la 6ª planta de la sede nacional de PP, en la madrileña calle Génova 13, se solicitó a la empresa suministradora de los ordenadores de este departamento (la estadounidense Hewlett-Packard, más conocida por sus iniciales HP) que cambiase los discos duros de, al menos, cuatro ordenadores, aunque las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, conocedoras directas -y testigos en algunos casos- de las operaciones de la planta de Tesorería de la calle Génova 13, contabilizan varias máquinas más afectadas por el cambio de disco duro, si bien los registros de llamadas fueron borrados.
El borrado o cambio de la placa base con el número de serie de los ordenadores es ilegal, "como si a un vehículo se le borra o cambia la matrícula con la que fue adquirido"
Con todo, el cambio de disco duro por parte de HP no resultaba suficiente para la Tesorería del PP, pues los responsables de comunicar con la empresa suministradora Hewlett-Packard (trabajadores de la empresa Expo Soluciones Informáticas, G.P. (director técnico), J.R. y A.M.) pidieron "cambiar el número de serie de la placa base", literal en las llamadas y según consta en los registros y grabaciones que obran en poder de Público, una operación ilegal en todo caso y que les fue negada rotundamente por HP, pese a la "desagradable" insistencia del "cliente del partido".
Técnicos informáticos consultados por este diario explican que el borrado o cambio de la placa con el número de serie de los ordenadores es ilegal, "como si a un vehículo se le borra o cambia la matrícula con la que fue adquirido"; es decir, cada ordenador tiene un número de serie (J0F01EA es uno de los aparatos afectados por los cambios de discos duros en el PP, con descripción 600PDeS/i54590/500hq/4X/46k ALL) y su modificación haría desaparecer, entre otros datos, el registro de que el propietario de la máquina es, en este caso, el Partido Popular.
Quienes pidieron estos cambios ilegales desde la sexta planta del PP conocían "perfectamente" la ilegalidad de la operación que exigían hacer a la empresa, "como cualquier persona que se dedique a trabajar en servicios informáticos". Su intención, advirtieron, era que cada ordenador fuese devuelto a su estado inicial, "tal cual vino de fábrica" y "con todo el software que tenía".
El cambio de discos duros de los ordenadores del departamento de Contabilidad solicitado por el PP no permitió a la empresa suministradora acceder en ningún caso a su contenido, ya que el cliente evitó el test de reconocimiento habitual en estos casos para acceder al problema aduciendo que el disco duro presuntamente fallido no era "detectado" por el ordenador y pidiendo exclusivamente el envío de discos duros nuevos.
Una 'mordida' de última hora obligó a realizar el blanqueo 'exprés' de 50.000 euros en PP de Valencia
Comandancia de la Guardia Civil de Patraix. Foto: MARGA FERRER
La cantidad presuntamente regularizada de mil en mil euros sirvió para acabar de pagar la campaña electoral de las municipales, ya que es ilegal utilizar las subvenciones de grupo para fines electorales
18/03/2016 -
VALENCIA. El contrato o contratos de los que vinieron los 50.000 euros que presuntamente fueron blanqueados por los concejales del PP en Valencia antes de la última campaña para las municipales sigue siendo una incógnita para los investigadores. Sin embargo, según informan a Valencia Plaza fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que apunan a que la entrada de fondos se produjo en la fase final de la campaña, lo que obligó a los populares a realizar un blanqueo exprés.
Blanqueo que presuntamente habría servido para completar el presupuesto de la última campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia ya que, en la cuenta de las subvenciones al grupo había 120.000 euros en La Caixa y otros 120.000 en la libreta llamada ‘deutsch’, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local indica que no podían utilizar el dinero de La Caixa con fines electorales.
Según el artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos señala las aportaciones de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse acorde con el artículo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir que “estas aportaciones no pueden servir a la financiación de los respectivos partidos políticos”.
Faltaban 30.000 euros
De no haber solicitado los 1.000 euros a los concejales y asesores, el PP de la ciudad de Valencia habría tenido que renunciar, como poco, a 30.000 euros en publicidad electoral en los medios de comunicación, que es en lo que más dinero gastó en la última campaña, 116.900 euros para periódicos y radios.
Tal y como explicó este periódico, los gastos electorales de los populares se desglosaban de la siguiente forma: el partido liderado por Barberá se gastó 6.850 euros en merchandising, 116.900 euros en medios de comunicación, más de 900 en el vídeo promocional de Rita Barberá, 5.050 en actos, 3.881 en imprenta, 35 en un intérprete de lengua de signos, 242 en la terraza de La Rambleta -lugar investigado en la trama Imelsa-, 165 euros en un almuerzo, 10.000 euros en impresión de libros y otros 4.743 en imprimir trípticos. Todo ello arroja una cifra total cercana a los 150.000 euros.
Uno de los mayores inconvenientes con los que se han encontrado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es que no han podido certificar la procedencia ilícita, según el fiscal Anticorrupción, de los 50.000 euros.
Las fuentes de la investigación aseveran que, cuando la exconcejal María José Alcónle explicó a su hijo el pitufeo ya era demasiado tarde para seguir el origen del dinero. Cuando saltó, ya habían pagado todos y por ello no había base legal para pinchar el teléfono de la ‘cajera’ del partido, Mari Carmen García-Fuster, ni del portavoz del grupo Alfonso Novo y, por tanto, no han podido saber si la mordida viene de uno o de varios contratos. Aunque las mismas fuentes no descartan que a lo largo de la instrucción judicial puedan acreditar la procedencia real de ese dinero. Un hecho que podría poner en la picota, todavía más si cabe, a algún concejal popular.
La cantidad presuntamente regularizada de mil en mil euros sirvió para acabar de pagar la campaña electoral de las municipales, ya que es ilegal utilizar las subvenciones de grupo para fines electorales
18/03/2016 -
VALENCIA. El contrato o contratos de los que vinieron los 50.000 euros que presuntamente fueron blanqueados por los concejales del PP en Valencia antes de la última campaña para las municipales sigue siendo una incógnita para los investigadores. Sin embargo, según informan a Valencia Plaza fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que apunan a que la entrada de fondos se produjo en la fase final de la campaña, lo que obligó a los populares a realizar un blanqueo exprés.
Blanqueo que presuntamente habría servido para completar el presupuesto de la última campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia ya que, en la cuenta de las subvenciones al grupo había 120.000 euros en La Caixa y otros 120.000 en la libreta llamada ‘deutsch’, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local indica que no podían utilizar el dinero de La Caixa con fines electorales.
Según el artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos señala las aportaciones de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse acorde con el artículo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir que “estas aportaciones no pueden servir a la financiación de los respectivos partidos políticos”.
Faltaban 30.000 euros
De no haber solicitado los 1.000 euros a los concejales y asesores, el PP de la ciudad de Valencia habría tenido que renunciar, como poco, a 30.000 euros en publicidad electoral en los medios de comunicación, que es en lo que más dinero gastó en la última campaña, 116.900 euros para periódicos y radios.
Tal y como explicó este periódico, los gastos electorales de los populares se desglosaban de la siguiente forma: el partido liderado por Barberá se gastó 6.850 euros en merchandising, 116.900 euros en medios de comunicación, más de 900 en el vídeo promocional de Rita Barberá, 5.050 en actos, 3.881 en imprenta, 35 en un intérprete de lengua de signos, 242 en la terraza de La Rambleta -lugar investigado en la trama Imelsa-, 165 euros en un almuerzo, 10.000 euros en impresión de libros y otros 4.743 en imprimir trípticos. Todo ello arroja una cifra total cercana a los 150.000 euros.
Uno de los mayores inconvenientes con los que se han encontrado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es que no han podido certificar la procedencia ilícita, según el fiscal Anticorrupción, de los 50.000 euros.
Las fuentes de la investigación aseveran que, cuando la exconcejal María José Alcónle explicó a su hijo el pitufeo ya era demasiado tarde para seguir el origen del dinero. Cuando saltó, ya habían pagado todos y por ello no había base legal para pinchar el teléfono de la ‘cajera’ del partido, Mari Carmen García-Fuster, ni del portavoz del grupo Alfonso Novo y, por tanto, no han podido saber si la mordida viene de uno o de varios contratos. Aunque las mismas fuentes no descartan que a lo largo de la instrucción judicial puedan acreditar la procedencia real de ese dinero. Un hecho que podría poner en la picota, todavía más si cabe, a algún concejal popular.
Una 'mordida' de última hora obligó a realizar el blanqueo 'exprés' de 50.000 euros en PP de ValenciaComandancia de la Guardia Civil de Patraix. Foto: MARGA FERRER
La cantidad presuntamente regularizada de mil en mil euros sirvió para acabar de pagar la campaña electoral de las municipales, ya que es ilegal utilizar las subvenciones de grupo para fines electorales
18/03/2016 -
VALENCIA. El contrato o contratos de los que vinieron los 50.000 euros que presuntamente fueron blanqueados por los concejales del PP en Valencia antes de la última campaña para las municipales sigue siendo una incógnita para los investigadores. Sin embargo, según informan a Valencia Plaza fuentes cercanas a la investigación, existen indicios que apunan a que la entrada de fondos se produjo en la fase final de la campaña, lo que obligó a los populares a realizar un blanqueo exprés.
Blanqueo que presuntamente habría servido para completar el presupuesto de la última campaña electoral del PP de la ciudad de Valencia ya que, en la cuenta de las subvenciones al grupo había 120.000 euros en La Caixa y otros 120.000 en la libreta llamada ‘deutsch’, pero la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local indica que no podían utilizar el dinero de La Caixa con fines electorales.
Según el artículo 2.1 e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos señala las aportaciones de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse acorde con el artículo 3 de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir que “estas aportaciones no pueden servir a la financiación de los respectivos partidos políticos”.
Faltaban 30.000 euros
De no haber solicitado los 1.000 euros a los concejales y asesores, el PP de la ciudad de Valencia habría tenido que renunciar, como poco, a 30.000 euros en publicidad electoral en los medios de comunicación, que es en lo que más dinero gastó en la última campaña, 116.900 euros para periódicos y radios.
Tal y como explicó este periódico, los gastos electorales de los populares se desglosaban de la siguiente forma: el partido liderado por Barberá se gastó 6.850 euros en merchandising, 116.900 euros en medios de comunicación, más de 900 en el vídeo promocional de Rita Barberá, 5.050 en actos, 3.881 en imprenta, 35 en un intérprete de lengua de signos, 242 en la terraza de La Rambleta -lugar investigado en la trama Imelsa-, 165 euros en un almuerzo, 10.000 euros en impresión de libros y otros 4.743 en imprimir trípticos. Todo ello arroja una cifra total cercana a los 150.000 euros.
Uno de los mayores inconvenientes con los que se han encontrado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es que no han podido certificar la procedencia ilícita, según el fiscal Anticorrupción, de los 50.000 euros.
Las fuentes de la investigación aseveran que, cuando la exconcejal María José Alcónle explicó a su hijo el pitufeo ya era demasiado tarde para seguir el origen del dinero. Cuando saltó, ya habían pagado todos y por ello no había base legal para pinchar el teléfono de la ‘cajera’ del partido, Mari Carmen García-Fuster, ni del portavoz del grupo Alfonso Novo y, por tanto, no han podido saber si la mordida viene de uno o de varios contratos. Aunque las mismas fuentes no descartan que a lo largo de la instrucción judicial puedan acreditar la procedencia real de ese dinero. Un hecho que podría poner en la picota, todavía más si cabe, a algún concejal popular.
Cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción del P Podrido.
Y naranjito encantado de pactar con ellos.
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Así era la nota que el PP entregaba para 'lavar' los 1.000 euros sin equivocarse
El documento, que forma parte del sumario de la operación Taula, fue entregado a la Guardia Civil por una de las asesoras del PP que se negó a participar en el pitufeo, la testigo Patricia Iserte. Era el papel que la cabecilla de la trama, García Fuster, ordenaba entregar a concejales y asesores para que participaran en el 'pitufeo'.
Número de cuenta del grupo municipal del PP de Valencia. - Foto Sumario operación Taula.
Este papel era el que la secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, entregaba directamente en mano o hacía llegar a través de terceras personas a los concejales y asesores del partido para que participaran en el blanqueo de dinero destinado a sufragar la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Se trata del número de cuenta del PP de Rita Barberá donde la formación recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas de 1000 en 1000 euros realizadas por distintos miembros de la formación municipal, actualmente imputados en esta causa de corrupción. El documento, que forma parte del sumario de la operación Taula, al que ha tenido acceso Vozpópuli, fue entregado a la Guardia Civil por una de las asesoras del PP que se negó a participar en el pitufeo, la testigo Patricia Iserte.
Iserte explicó ante la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) que a ella fue el entonces asesor de Rita Barberá Juan Pedro Gómez quien le dio un recorte de papel con el número de la cuenta bancaria del grupo municipal del PP para que ingresaran los 1.000 euros destinados a sufragar la campaña electoral del 2015. Dicho recorte fue entregado a la ex asesora popular por orden de García Fuster.
Una testigo guardó el recorte de papel que uno de los asesores de Barberá le dio con el número de la cuenta bancaria del grupo municipal del PP para que ingresara allí los 1.000 euros
En el escrito de Patricia Iserte -donde ésta quiso hace constar ante notario que ella no había participado en la trama de blanqueo de capitales- la testigo explicaba lo siguiente: "El pasado lunes día 23 de marzo recibí la visita de un asesor de alcaldía, Juan Pedro Gómez, que venía a informarnos a mí y a otros dos compañeros, Arantxa Martin y Jesús Gordillo, con quienes comparto despacho de lo siguiente: Juan Pedro Gómez había sido convocado por la Secretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García Fuster, en su despacho. Una vez allí le había explicado que, tras una decisión adoptada esa misma mañana con concejales, debía comunicarnos que debíamos -era una obligación- realizar una transferencia a la cuenta del Grupo municipal Popular por un importe de mil euros, que una vez realizada esta transferencia y con el comprobante en la mano, deberíamos ir al despacho de la Secretaria para que nos fuera devuelto este importe en efectivo, con la condición de que nunca ingresáramos este dinero en el banco, en ningún banco. Nos hizo entrega en ese momento de un papel recortado con el número de cuenta, papel que tengo en mi poder".
Según la documentación que el propio Banco Sabadell ha enviado al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, Víctor Gómez, el titular de dicha cuenta era el 'Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia' figurando como personas autorizadas para disponer del dinero de la misma el ex vicealcalde Alfonso Grau, la secretaria del partido en el Consistorio, María del Carmen García Fuster, y la secretaria de la formación municipal, María José Pi Palau.
El documento, que forma parte del sumario de la operación Taula, fue entregado a la Guardia Civil por una de las asesoras del PP que se negó a participar en el pitufeo, la testigo Patricia Iserte. Era el papel que la cabecilla de la trama, García Fuster, ordenaba entregar a concejales y asesores para que participaran en el 'pitufeo'.
Número de cuenta del grupo municipal del PP de Valencia. - Foto Sumario operación Taula.
Este papel era el que la secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, entregaba directamente en mano o hacía llegar a través de terceras personas a los concejales y asesores del partido para que participaran en el blanqueo de dinero destinado a sufragar la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Se trata del número de cuenta del PP de Rita Barberá donde la formación recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas de 1000 en 1000 euros realizadas por distintos miembros de la formación municipal, actualmente imputados en esta causa de corrupción. El documento, que forma parte del sumario de la operación Taula, al que ha tenido acceso Vozpópuli, fue entregado a la Guardia Civil por una de las asesoras del PP que se negó a participar en el pitufeo, la testigo Patricia Iserte.
Iserte explicó ante la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) que a ella fue el entonces asesor de Rita Barberá Juan Pedro Gómez quien le dio un recorte de papel con el número de la cuenta bancaria del grupo municipal del PP para que ingresaran los 1.000 euros destinados a sufragar la campaña electoral del 2015. Dicho recorte fue entregado a la ex asesora popular por orden de García Fuster.
Una testigo guardó el recorte de papel que uno de los asesores de Barberá le dio con el número de la cuenta bancaria del grupo municipal del PP para que ingresara allí los 1.000 euros
En el escrito de Patricia Iserte -donde ésta quiso hace constar ante notario que ella no había participado en la trama de blanqueo de capitales- la testigo explicaba lo siguiente: "El pasado lunes día 23 de marzo recibí la visita de un asesor de alcaldía, Juan Pedro Gómez, que venía a informarnos a mí y a otros dos compañeros, Arantxa Martin y Jesús Gordillo, con quienes comparto despacho de lo siguiente: Juan Pedro Gómez había sido convocado por la Secretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García Fuster, en su despacho. Una vez allí le había explicado que, tras una decisión adoptada esa misma mañana con concejales, debía comunicarnos que debíamos -era una obligación- realizar una transferencia a la cuenta del Grupo municipal Popular por un importe de mil euros, que una vez realizada esta transferencia y con el comprobante en la mano, deberíamos ir al despacho de la Secretaria para que nos fuera devuelto este importe en efectivo, con la condición de que nunca ingresáramos este dinero en el banco, en ningún banco. Nos hizo entrega en ese momento de un papel recortado con el número de cuenta, papel que tengo en mi poder".
Según la documentación que el propio Banco Sabadell ha enviado al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, Víctor Gómez, el titular de dicha cuenta era el 'Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia' figurando como personas autorizadas para disponer del dinero de la misma el ex vicealcalde Alfonso Grau, la secretaria del partido en el Consistorio, María del Carmen García Fuster, y la secretaria de la formación municipal, María José Pi Palau.
