Repaso a la corrupción del Partido Popular

La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato

Helehany G. C., la empleada de hogar de la política del PP Elisabeth Jiménez, cobró por debajo del salario mínimo, sin contrato ni permiso de trabajo y fue despedida sin finiquito, según su denuncia

La trabajadora relata que un mes después de decir que estaba embarazada, la despidió alegando que "no la necesitaba más y no tenía cómo pagarle su salario"
Jiménez, que apoyó a Pablo Casado en las primarias del partido y es dirigente del PP en Barcelona, ha rechazado hablar con eldiario.es: "No te puedo decir nada"

Raquel Ejerique
09/01/2020 - 21:27h
Elisabeth Jiménez (dcha) en el congreso de 2017 en el que fue elegida secretaria general de Barcelona, junto al entonces presidente del PP Xavier García Albiol

Elisabeth Jiménez (dcha) en el congreso de 2017 en el que fue elegida secretaria general de Barcelona, junto al entonces presidente del PP Xavier García Albiol

La secretaria general del PP en Barcelona, Elisabeth Jiménez, tuvo trabajando en casa a una mujer migrante sin papeles, pagándole por debajo del salario mínimo legal y la despidió sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada, según la demanda que acaba de presentar ante los juzgados su exempleada de hogar Helehany G. C.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, esta mujer hondureña de 23 años relata que entró a trabajar para la política del PP en febrero de 2019. Pese a que no tiene permiso de trabajo ni residencia, Jiménez la empleó para tareas domésticas y acordó pagarle 400 euros por cuatro horas diarias de lunes a viernes. Según el salario mínimo que entró en vigor en 2019, tras el acuerdo firmado por el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias, debió pagarle como mínimo 525 euros. Además, la responsable del Partido Popular no hizo frente a ninguna cuota de la Seguridad Social y tuvo a la trabajadora en B, puesto que su empleada no contaba con permiso para trabajar en España, como consta en la demanda.




"Mi clienta está ahora mismo embarazada, sin trabajo y sin ninguna prestación", explica su abogada de oficio, Alicia Muñiz, a eldiario.es. Según relata la demanda, Helehany había comunicado en octubre a su jefa que estaba embarazada de 12 semanas, a lo que ésta respondió con normalidad, "le dijo que bien, que tranquila y que hiciera lo que pudiera", según la versión de la letrada. Un mes después, el 29 de noviembre, Elisabeth Jiménez "procedió a despedir verbalmente a la actora alegando que no la necesitaba más" y que además no tenía "cómo pagarle su salario", según el escrito presentado a los juzgados de lo social.

"En cualquier caso, aunque no conociera el estado de gestación de mi clienta, hay tribunales que han condenado estos casos por despido nulo y hay jurisprudencia", explica Muñiz, que pide que se declare despido nulo o improcedente y reclama a la secretaria general del PP de Barcelona una indemnización de 25.000 euros por "daños morales y perjuicios". Además, la demanda exige otros 1.537,50 euros por el finiquito, es decir la paga que correspondería a pagas extra y vacaciones al final del trabajo que, según la demanda de la empleada, tampoco se formalizó.

Jiménez, que ha sido concejal de Ciutat Vella en Barcelona y es secretaria general desde 2017 tras ser elegida bajo la presidencia del PP de Xavier García Albiol, ha atendido la llamada de eldiario.es pero ha rechazado hacer cualquier declaración sobre este asunto: "No te puedo decir nada, gracias por llamar".

Elisabeth Jiménez es conocida por varias polémicas: En las primarias del PP apoyó a Casado con un correo desde la secretaría general del partido, un acto considerado poco neutral por parte de los dirigentes que apoyaban a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y que provocó malestar interno en el partido. Ella explicó más tarde que se había enviado sin su permiso. En septiembre de 2018 participió en una manifestación contra Pedro Sánchez junto a miembros de Vox, la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) y otras formaciones ultra, como publicó El Temps. Preguntada por su presencia en la cabecera de esa manifestación aseguró que no sabía que había miembros de PxC. También ha sido muy activa contra los lazos amarillos, más allá incluso de su propio partido: "Animamos a todo el mundo a quitar esos lazos. Nos tememos un aquelarre que no estamos dispuestos a asumir", concluía en un vídeo en el que recordaba que su partido pagaría los abogados a quienes se sintieran agredidos o acosados por retirar lazos.


Ya se sabe que los conservadores son muy cumplidores con las leyes dicen hacemos leyes para las cumplan los otros
 
PAPELES DE BÁRCENASAznar y Rajoy comparecerán como testigos en el juicio de la 'caja B del PP'
También declararán dirigentes populares como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o Rodrigo Rato, entre otros.
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy (d), junto al presidente de honor del PP y presidente de FAES, José María Aznar (i), durante la clausura del campus de verano organizado por esta fundación.- EFE/Sergio Barrenechea
28/01/2020.- Los exdirigentes del Partido Popular y expresidentes del Gobierno, José María Aznar (i) y Mariano Rajoy (d)./ Juan Carlos Hidalgo (EFE)
MADRID
11/02/2020 11:26 ACTUALIZADO: 11/02/2020 20:28
PÚBLICO
El expresidente del Gobierno y expresidente del PP, José María Aznar, tendrá que pasar por el banquillo de los testigos del juicio por la caja B del PP, según ha adelantado El Plural. Ocho años después de que los papeles de Bárcenas salieran a la luz y seis desde que el magistrado instructor José de la Mata cerrara la investigación de la pieza, la causa de la contabilidad en negro de los populares se reanudará previsiblemente en los seis primeros meses de 2021, según desveló Público. Lo hace gracias a la confesión en 2016 de Francisco Correa, hombre de peso en la trama Gürtel, que reveló que personas del partido cobraba comisiones del 3% a empresarios.
Esta reapertura volverá a llevar ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a lo más granado del PP durante las tres últimas décadas. Junto a Aznar comparecerá su sucesor en la formación conservadora y también expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ya tiene experiencia declarando como testigo en el tribunal.
La exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también acudirá a la cita con los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu Merelles y María Fernanda García Pérez. No obstante, otras dirigentes que han pasado por esa Secretaría como Javier Arenas y Angel Ácebes o el exministro de Economía Rodrigo Rato también tendrán que prestar declaración.

Otros de los grandes nombres llamados a declarar son los de expresidente del Congreso Federico Trillo, el expresidente de las Islas Baleares Jaume Matas y el expresidente del Senado Pío García Escudero. A estos hay que sumar también
No faltarán tampoco empresarios en el reeditado juicio por la caja B. Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) y Rafael Palencia (Dregemont Iberia), quienes contribuyeron económicamente a engordar está contabilidad en negro, tendrán que volver a acudir a su cita con la Audiencia Nacional.
Esta extensa lista de testigos -entre los que también se encuentra el periodista Pedro J. Ramírez o el exdiputado popular que destapó los papeles de Bárcenas, Jorge Trías Sagnier- es muy parecida a la que ya tuvo que comparecer en el juicio de la primera pieza del caso Gürtel (1999-2015).

La Fiscalía considera que el Partido Popular podría ser responsable civil por los cobros que Bárcenas realizaba a empresarios para engordar la caja B del partido, con la que se pagó la reforma de la sede nacional de los populares en la calle Génova 13 de Madrid. En cambio, los fiscales no han observado ningún delito tributario del PP por estas donaciones.
Aznar dice que "dejó la presidencia varios años antes"
El expresidente José María Aznar ha asegurado que dejó la Presidencia del Partido Popular en el año 2004, "varios años antes" de que se realizaran las obras de reforma de la sede del PP por la que va a ser citado como testigo en el juicio de la presunta caja b de la formación.
En un comentario en su cuenta de Facebook, Aznar ha subrayado que dejó la dirección del Partido Popular antes de esas obras en Génova, sede nacional de la formación. En concreto, presidió el PP entre abril de 1990 y octubre de 2004, en el que cedió el testigo a Mariano Rajoy.
 
VENEZUELA

El Gobierno de Rajoy pagó en dólares cambiados en el mercado negro las ayudas sociales a españoles en Venezuela

El Tribunal de Cuentas reclama al ex consejero de Empleo y Seguridad Social de la embajada, el ex diputado canario del PP Juan de San Genaro Santana, más de 313.000 euros
Carlos Sosa - Las Palmas de Gran Canaria
13/02/2020 - 21:43h
Juan Genaro Santana

Juan de San Genaro Santana CEDIDA POR CANARIAS 7
La embajada de España en Venezuela pagó en dólares adquiridos en el mercado negro las ayudas oficiales destinadas a personas españolas en situación de emergencia, según ha reconocido ante el Tribunal de Cuentas quien fuera consejero de Empleo y Seguridad Social de la legación diplomática, el exdiputado autonómico y exdirigente del Partido Popular Juan de San Genaro Santana Reyes. El órgano fiscalizador del Estado ha concluido un expediente interno con un acta de liquidación en el que se cifra en unos 335.000 euros la cantidad irregularmente gastada.
Gran parte de las ayudas destinadas a "paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles" en Venezuela y de "los familiares a su cargo" fueron gestionadas sin control durante los años 2015 y 2016, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas tras la investigación del Tribunal de Cuentas del Estado, que responsabiliza personalmente a Santana, ex dirigente del PP canario. Según el acta de liquidación provisional de la Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidad, Santana deberá reintegrar al Estado 313.655,80 euros, mientras que el funcionario que le sustituyó a finales de 2016, y que mantuvo unos meses la misma metodología de reparto, ha sido declarado responsable de 21.051,48 euros. En esas cantidades se incluyen los intereses.
El Tribunal de Cuentas considera "pagos no justificados" un total de 274.000 dólares de los ejercicios económicos de 2015 (207.000) y 2016 (67.000), que al tipo de cambio oficial de entonces (1,094), alcanzarían los 300.412 euros. Esta consideración está basada en que, según han reconocido los responsables de su reparto, esas cantidades no se asignaron a las personas mediante el método determinado por la ley, sino que se transfirieron a la Fundación España Salud (FES) para que se ocupara de todo. Eso burló los trámites de revisión y análisis de las solicitudes de las personas interesadas, la verificación de su situación socioeconómica, la concesión, el pago, el control y la justificación de las asignaciones concedidas, según el órgano fiscalizador español.
¿Y por qué se actuó de ese modo? Según las alegaciones de Juan de San Genaro Santana, se cedieron esas cantidades a FES para multiplicar su valor monetario por 20 al utilizar esa fundación el mercado informal de cambio de dólar por bolívares para el pago a las personas necesitadas, algo que la embajada no puede hacer. En Venezuela existen varios mercados para el cambio de la moneda de Estados Unidos, y en los años objeto de la investigación era en el llamado mercado negro donde se podían obtener hasta 190 bolívares por dólar, frente a los 6,40 del cambio oficial, según la estimación que hizo Santana ante el Tribunal de Cuentas.
Además, el consejero español responsable de estas ayudas a las personas migrantes sostuvo ante el órgano fiscalizador que la Fundación España Salud tenía acceso a la adquisición de bienes y medicamentos vedados a los habitantes de Venezuela, de modo que las ayudas económicas del Estado español se transformaban por esta modalidad en pagos en especie.
Ninguna de esas explicaciones ha satisfecho a la funcionaria instructora del expediente, ni tampoco al Ministerio Fiscal ni a la Abogacía del Estado, todos ellos presentes en el acto formal de comunicar a los infractores el acta de liquidación. Independientemente de la buena fe o de los resultados obtenidos, lo que prevalece para el Tribunal de Cuentas es que la concesión de ayudas asistenciales extraordinarias esos dos años se llevó a cabo "fuera del marco legal establecido", lo que a su entender constituye lo que se conoce como "alcance contable" y puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales.
Junto a Juan de San Genaro Santana figura como infractor en esas actuaciones el funcionario José Manuel Gómez de Aranda Villén, que actuó inicialmente como secretario de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela y que, los últimos meses de 2016, sustituyó a Santana como consejero al producirse su jubilación forzosa.
Fue Gómez de Aranda, según sus alegaciones, quien denunció la fórmula de reparto ante sus superiores, lo que trató de aprovechar su abogado para reclamar de la instructora una resolución contraria a la de exigirle el pago de 21.000 euros por la infracción presuntamente cometida.
Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos han señalado que fue el consejero nombrado por el PP en sustitución de Santana, ya en 2017, quien detectó las irregularidades y en un duro escrito dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (su denominación de entonces) relató los hechos. Un informe de la Intervención Delegada de ese ministerio puso en marcha las actuaciones del Tribunal de Cuentas, ahora concluidas.
Juan de San Genaro Santana Benítez es un histórico del Partido Popular de Canarias. Entre otros cargos y después de su paso por la Legión, fue viceconsejero de Ganadería del Gobierno regional y diputado en el Parlamento autonómico, además de presidente de la formación en la isla de Fuerteventura. Ni él ni la embajada española en Venezuela han respondido a las pregunta formuladas por este periódico.
 
Pablo Casado conoció la inhabilitación de Junqueras antes de que terminase la reunión de la Junta Electoral
El presidente del PP tuiteó a las 19.38 horas, 22 minutos antes de que terminase la reunión de la JEC, y casi una hora antes de que le notificaran oficialmente el acuerdo que impedía al líder de ERC presentarse a la listas al Parlamento Europeo
eldiario.es Política
29 comentarios
05/03/2020 - 13:23h
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, durante una reunión en el Congreso.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, durante una reunión en el Congreso. PARTIDO POPULAR
más INFO
"Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado". El presidente del PP, Pablo Casado, se apresuró a celebrar el pasado 3 de enero en Twitter que el líder de ERC, en prisión, no iba a poder ser eurodiputado según la JEC. Lo hizo antes de que la reunión de los vocales terminase y casi una hora antes de recibir la comunicación oficial en el correo del PP.
La Junta va a tener que pronunciarse ahora por lo ocurrido tras una denuncia de Más País en la que alertan de que uno o varios vocales de la Junta filtraron esa información al líder del PP.
Un documento de la JEC remitido tras la queja de un ciudadano confirma que Casado tuvo conocimiento de la decisión sobre Junqueras cuando los vocales aún no había terminado su reunión. Ese documento recoge que la reunión del viernes 3 de enero terminó a las 20.00 horas. El líder del PP había tuiteado a las 19.38.
Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

De hecho, la respuesta de la JEC al ciudadano que alertó sobre "el supuesto avance del pronunciamiento" por parte de Casado incluye las horas de los emails en los que se informó a todos los implicados en el debate sobre Junqueras. La Junta envió el primer email al PP a las 20.37 horas. Es decir, Casado supo de la noticia una hora antes de recibir la comunicación oficial.
El documento también recoge las horas del resto de las comunicaciones que se hicieron -a Ciudadanos, Vox, al propio Junqueras, al Parlamento Europeo y al departamento de prensa del Congreso-, todos posteriores al del PP.
Conocida esa información, Más País ha decidido presentar una denuncia por estos hechos. El partido de Íñigo Errejón recoge en ese documento que uno o varios miembros de la Junta Electoral filtraron la decisión sobre Junqueras a Casado antes de que terminase la reunión y casi una hora antes de que se notificase a las partes.
Más País sostiene entonces que la Junta debe investigar de quién partió esa filtración y actuar al respecto contra los autores. La JEC ahora tendrá que reunirse y pedirle alegaciones al PP, para después tomar una decisión sobre la filtración que partió de sus propias filas.
La Junta Electoral Central resolvió aquel día que Oriol Junqueras no podía ser eurodiputado después de que el TJUE dictaminase que el líder de ERC tenía derecho a acreditarse como eurodiputado mientras no se suspenda su derecho a la participación política.
La JEC estimó entonces la reclamación planteada por el Partido Popular -tres él la presentaron Ciudadanos y Vox- y concluyó que el líder independentista no podría salir de prisión para acudir a los trabajos parlamentarios en Bruselas. La decisión se tomó en la misma reunión en la que el máximo órgano electoral decidió inhabilitar a Quim Torra como parlamentario autonómico.
La resolución de la JEC se adoptó por ocho votos a cinco. Según la JEC "la condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad implica la pérdida del mandato parlamentario". La decisión se produjo antes de que el Supremo resolviese el incidente de anulación de sentencia planteado por la defensa de Junqueras en el que la sala que juzgó el procés.
 
Pablo Casado conoció la inhabilitación de Junqueras antes de que terminase la reunión de la Junta Electoral
El presidente del PP tuiteó a las 19.38 horas, 22 minutos antes de que terminase la reunión de la JEC, y casi una hora antes de que le notificaran oficialmente el acuerdo que impedía al líder de ERC presentarse a la listas al Parlamento Europeo
eldiario.es Política
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05/03/2020 - 13:23h
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, durante una reunión en el Congreso.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, durante una reunión en el Congreso. PARTIDO POPULAR
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"Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado". El presidente del PP, Pablo Casado, se apresuró a celebrar el pasado 3 de enero en Twitter que el líder de ERC, en prisión, no iba a poder ser eurodiputado según la JEC. Lo hizo antes de que la reunión de los vocales terminase y casi una hora antes de recibir la comunicación oficial en el correo del PP.
La Junta va a tener que pronunciarse ahora por lo ocurrido tras una denuncia de Más País en la que alertan de que uno o varios vocales de la Junta filtraron esa información al líder del PP.
Un documento de la JEC remitido tras la queja de un ciudadano confirma que Casado tuvo conocimiento de la decisión sobre Junqueras cuando los vocales aún no había terminado su reunión. Ese documento recoge que la reunión del viernes 3 de enero terminó a las 20.00 horas. El líder del PP había tuiteado a las 19.38.


De hecho, la respuesta de la JEC al ciudadano que alertó sobre "el supuesto avance del pronunciamiento" por parte de Casado incluye las horas de los emails en los que se informó a todos los implicados en el debate sobre Junqueras. La Junta envió el primer email al PP a las 20.37 horas. Es decir, Casado supo de la noticia una hora antes de recibir la comunicación oficial.
El documento también recoge las horas del resto de las comunicaciones que se hicieron -a Ciudadanos, Vox, al propio Junqueras, al Parlamento Europeo y al departamento de prensa del Congreso-, todos posteriores al del PP.
Conocida esa información, Más País ha decidido presentar una denuncia por estos hechos. El partido de Íñigo Errejón recoge en ese documento que uno o varios miembros de la Junta Electoral filtraron la decisión sobre Junqueras a Casado antes de que terminase la reunión y casi una hora antes de que se notificase a las partes.
Más País sostiene entonces que la Junta debe investigar de quién partió esa filtración y actuar al respecto contra los autores. La JEC ahora tendrá que reunirse y pedirle alegaciones al PP, para después tomar una decisión sobre la filtración que partió de sus propias filas.
La Junta Electoral Central resolvió aquel día que Oriol Junqueras no podía ser eurodiputado después de que el TJUE dictaminase que el líder de ERC tenía derecho a acreditarse como eurodiputado mientras no se suspenda su derecho a la participación política.
La JEC estimó entonces la reclamación planteada por el Partido Popular -tres él la presentaron Ciudadanos y Vox- y concluyó que el líder independentista no podría salir de prisión para acudir a los trabajos parlamentarios en Bruselas. La decisión se tomó en la misma reunión en la que el máximo órgano electoral decidió inhabilitar a Quim Torra como parlamentario autonómico.
La resolución de la JEC se adoptó por ocho votos a cinco. Según la JEC "la condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad implica la pérdida del mandato parlamentario". La decisión se produjo antes de que el Supremo resolviese el incidente de anulación de sentencia planteado por la defensa de Junqueras en el que la sala que juzgó el procés.

Jajajaja, es que encima son torpesssss!!!!
"Si no lo tuiteo ahora, reviento", debió pensar el lumbreras
 
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