Repaso a la corrupción del Partido Popular

[pedrogoera]

sábado, 21 diciembre 2019

• ÚLTIMAS NOTICIAS

• Inicio
• Nacional
• Politica
• Internacional
• Sociedad
• Deportes
• Cultura
• Tecnología

Breaking News

• 4 días ago - Aznar pide a la Fiscalía que imputen a los 3 ministros que le faltan para hacer un “PLENO AL 15”. - 0 Comment

Aznar pide a la Fiscalía que imputen a los 3 ministros que le faltan para hacer un “PLENO AL 15”.


Si bien la noticia aún no ha trascendido el expresidente de Gobierno podría estar ansioso de tener una de 15 en uno de sus consejos de Ministros.
Sin lugar a dudas sería otro de los logros del mejor presidente que ha tenido la historia de España, por encima incluso de algún que otro gobernador romano.

No nos queda más que esperar a que José Mª Aznar consiga este reto que estamos seguros podría no quedar en un sueño dado que es una persona que todo lo que se propone lo consigue, hayan o no armas de destrucción masiva de por medio.

 

[IDOLO]

La exministra Fátima Báñez ficha por la farmacéutica Rovi como consejera independiente

Los laboratorios nombran consejero coordinador a Marcos Peña, expresidente del Consejo Económico y Social

La exministra de Empleo ocupa la vacante de Enrique Castellón, que fue viceconsejero de Sanidad con Alberto Ruiz Gallardón


EUROPA PRESS - MADRID
20/12/2019 - 10:23h

• Compartir en Facebook
• Compartir en Twitter

La exministra Fátima Báñez, en una imagen de archivo.
más INFO

• Fátima Báñez anuncia que deja la política
• ETIQUETAS:
  • Fátima Báñez

Farmacéuticos Rovi ha fichado a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como nueva consejera, con la categoría de externa independiente, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa también ha nombrado consejero independiente coordinador al expresidente del Consejo Económico y Social (CES) Marcos Peña, al que fichó en mayo pasado.




Báñez, que dejó la política el pasado mes de marzo con la intención de incorporarse a la empresa privada, sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, médico y ex viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, que ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero, lo que le impedía continuar como consejero externo independiente.

Asimismo, la exministra de Empleo ha sido designada miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

De esta forma, la compañía refuerza su consejo con la incorporación de una profesional de "reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas".

Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, ocupó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social; así como el de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año.

Tras la incorporación de Báñez, el consejo de la farmacéutica cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes. Con sede en Madrid, Rovi registró una facturación de más de 300 millones en 2018 y alcanzó un beneficio neto de 30,7 millones durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un crecimiento del 96%.

https://www.eldiario.es/economia/Ro...52482.html#click=[URL]https://t.co/K1ds8tAq9m

[/URL]

 

[IDOLO]

La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato

Helehany G. C., la empleada de hogar de la política del PP Elisabeth Jiménez, cobró por debajo del salario mínimo, sin contrato ni permiso de trabajo y fue despedida sin finiquito, según su denuncia

La trabajadora relata que un mes después de decir que estaba embarazada, la despidió alegando que "no la necesitaba más y no tenía cómo pagarle su salario"
Jiménez, que apoyó a Pablo Casado en las primarias del partido y es dirigente del PP en Barcelona, ha rechazado hablar con eldiario.es: "No te puedo decir nada"
Raquel Ejerique
09/01/2020 - 21:27h

• Compartir en Facebook
• Compartir en Twitter

Elisabeth Jiménez (dcha) en el congreso de 2017 en el que fue elegida secretaria general de Barcelona, junto al entonces presidente del PP Xavier García Albiol

La secretaria general del PP en Barcelona, Elisabeth Jiménez, tuvo trabajando en casa a una mujer migrante sin papeles, pagándole por debajo del salario mínimo legal y la despidió sin finiquito un mes después de saber que estaba embarazada, según la demanda que acaba de presentar ante los juzgados su exempleada de hogar Helehany G. C.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, esta mujer hondureña de 23 años relata que entró a trabajar para la política del PP en febrero de 2019. Pese a que no tiene permiso de trabajo ni residencia, Jiménez la empleó para tareas domésticas y acordó pagarle 400 euros por cuatro horas diarias de lunes a viernes. Según el salario mínimo que entró en vigor en 2019, tras el acuerdo firmado por el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias, debió pagarle como mínimo 525 euros. Además, la responsable del Partido Popular no hizo frente a ninguna cuota de la Seguridad Social y tuvo a la trabajadora en B, puesto que su empleada no contaba con permiso para trabajar en España, como consta en la demanda.




"Mi clienta está ahora mismo embarazada, sin trabajo y sin ninguna prestación", explica su abogada de oficio, Alicia Muñiz, a eldiario.es. Según relata la demanda, Helehany había comunicado en octubre a su jefa que estaba embarazada de 12 semanas, a lo que ésta respondió con normalidad, "le dijo que bien, que tranquila y que hiciera lo que pudiera", según la versión de la letrada. Un mes después, el 29 de noviembre, Elisabeth Jiménez "procedió a despedir verbalmente a la actora alegando que no la necesitaba más" y que además no tenía "cómo pagarle su salario", según el escrito presentado a los juzgados de lo social.

"En cualquier caso, aunque no conociera el estado de gestación de mi clienta, hay tribunales que han condenado estos casos por despido nulo y hay jurisprudencia", explica Muñiz, que pide que se declare despido nulo o improcedente y reclama a la secretaria general del PP de Barcelona una indemnización de 25.000 euros por "daños morales y perjuicios". Además, la demanda exige otros 1.537,50 euros por el finiquito, es decir la paga que correspondería a pagas extra y vacaciones al final del trabajo que, según la demanda de la empleada, tampoco se formalizó.

Jiménez, que ha sido concejal de Ciutat Vella en Barcelona y es secretaria general desde 2017 tras ser elegida bajo la presidencia del PP de Xavier García Albiol, ha atendido la llamada de eldiario.es pero ha rechazado hacer cualquier declaración sobre este asunto: "No te puedo decir nada, gracias por llamar".

Elisabeth Jiménez es conocida por varias polémicas: En las primarias del PP apoyó a Casado con un correo desde la secretaría general del partido, un acto considerado poco neutral por parte de los dirigentes que apoyaban a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y que provocó malestar interno en el partido. Ella explicó más tarde que se había enviado sin su permiso. En septiembre de 2018 participió en una manifestación contra Pedro Sánchez junto a miembros de Vox, la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) y otras formaciones ultra, como publicó El Temps. Preguntada por su presencia en la cabecera de esa manifestación aseguró que no sabía que había miembros de PxC. También ha sido muy activa contra los lazos amarillos, más allá incluso de su propio partido: "Animamos a todo el mundo a quitar esos lazos. Nos tememos un aquelarre que no estamos dispuestos a asumir", concluía en un vídeo en el que recordaba que su partido pagaría los abogados a quienes se sintieran agredidos o acosados por retirar lazos.

Un sector precarizado
En España hay más de 600.000 personas trabajando en tareas domésticas y cuidados. El 89% son mujeres y la mayoría, de origen extranjero. Sus sueldos representan el 44% del salario medio, además de que es el único trabajo donde el despido puede ejercerse sin causa, solo por "desestimiento". Aunque se integraron en el régimen general de la Seguridad Social y se hizo obligatorio que sus contratos se registraran y que fueran dadas de alta por todos los hogares en los que trabajan, muchas siguen trabajando sin contrato y se han postergado otros avances laborales como su derecho a paro.

La secretaria general del PP en Barcelona, demandada por despedir a una trabajadora embarazada a la que no hizo contrato

Helehany G. C., la empleada de hogar de la política del PP Elisabeth Jiménez, cobró por debajo del salario mínimo, sin contrato ni permiso de trabajo y fue despedida sin finiquito, según su denuncia

www.eldiario.es

 

[IDOLO]

CASO PÚNICADescubren nuevos pagos falsos durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid para financiar ilegalmente al PP
Dos funcionarios de la Agencia de Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid remiten a la Fiscalía evidencias de dos nuevos pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros por trabajos que no aparecen.

• a-

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. - EFE
MÁS INFORMACIÓN

• La Guardia Civil implica de nuevo a Esperanza Aguirre en la 'caja B' del PP
• Los papeles de Bárcenas confirman que la caja b del PP de Madrid existiría desde 2003, año del 'tamayazo' y la victoria de Aguirre
• La Comunidad de Madrid halla 167 contratos con la cláusula que alimentó la caja b del PP

MADRID
15/01/2020 11:38 Actualizado: 15/01/2020 11:38
PÚBLICO

Nuevas evidencias implican a Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en la financiación irregular del PP madrileño bajo los años en los años en los que ella lo lideró. Los investigadores del caso Púnica y Lezo ya sabían que bajo los Gobiernos de Aguirre y del que luego fue su número dos, Ignacio González, se utilizaba la Agencia de Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) para desviar dinero público al PP de Madrid mediante contratos irregulares a la empresa Indra. Ahora El Confidencial revela que dos funcionarios de la ICM han remitido a la Fiscalía nuevos pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros por trabajos que no aparecen.

Según informa El Confidencial, "las sospechas se centran en dos lotes (1 y 3) concedidos a Indra en septiembre de 2010, por un valor total de algo más de 15 millones euros, para el supuesto mantenimiento de aplicaciones de varias consejerías".

Los dos denunciantes aseguran que algunos de esos trabajos pagados con dinero público nunca fueron entregados por Indra. El foco de la investigación se centra "en expedientes que sumarían 2.584.645 euros".

La ICM es la clave de bóveda del caso Púnica. El instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, cree que entre 2007 y 2013 los diferentes Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid "concedieron adjudicaciones infladas a Indra para generar una bolsa de dinero opaco que la multinacional desviaba luego hacia la caja B del PP a través de la red societaria de un empresario del mundo de la educación, Óscar Sánchez Moyano", según informa El Confidencial.

Los investigadores están convencidos de que el PP de Madrid obtuvo al menos dos millones de euros no declarados para financiar la selecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008.

Descubren nuevos pagos falsos durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid para financiar ilegalmente al PP

Dos funcionarios de la Agencia de Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid remiten a la Fiscalía evidencias de dos nuevos pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros por trabajos que no aparecen.

www.publico.es

Pablito Casado calladito sobre las andanzas de su madrina política. Mejor mirar para otro lado y criticar al nuevo gobierno.

 

[Batuca]

Jajajajaja, con casi todo ya juzgado, el PP de aquellos tiempos demolido y aun seguimos atrapados en el tiempo. Hay cosas de más actualidad como los ERE o el fraude de los cursos de la UGT..., por si no leéis la prensa.

 

[IDOLO]

El Canal de Isabel II pide 11 años de cárcel para su expresidente Ignacio González por quedarse una mordida de 1,8 millones

La red de corrupción provocó un perjuicio a la empresa pública de hasta 9,6 millones al comprar una sociedad brasileña con sobreprecio para repartirse las comisiones

González se quedó el doble que los otros cuatro procesados, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, delegado del Canal en Latinoamérica, y Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta

Elena Herrera
27/01/2020 - 21:22h

• Compartir en Facebook
• Compartir en Twitter

Ignacio González, durante una visita en agosto de 2014 al parque Felipe VI en Madrid, en un acto del Canal de Isabel II.
más INFO

• El juez procesa a Ignacio González por haber malversado hasta 9,6 millones de dinero público del Canal

La empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II y su filial Extensia, que ejercen la acusación particular en el caso Lezo, reclaman hasta 11 años de cárcel para cinco de sus exdirectivos –entre ellos, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González– por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta de la sociedad brasileña Emissao, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiario.es. Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluye que la compra de Emissao se hizo a un "sobreprecio indebido" para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en "ilícitas comisiones" parte de los investigados. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa.




Entre ellos, Ignacio González, al que el Canal otorga un papel "permanente" de "supervisión y vigilancia" de todo el proceso de compra y que se habría llevado 1,8 millones de dólares. La acusación particular solicita 11 años de cárcel y treinta de inhabilitación a González por los delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado. El número dos de Esperanza Aguirre fue presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2012, cuando se ideó la operación. Ese último año se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ejerció hasta 2015.

Además del expresidente, en la causa están implicados otros tres ex altos cargos del Canal para los que la acusación reclama 11 años de prisión y treinta de inhabilitación por los mismos delitos: Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial colombiana Inassa y considerado el hombre fuerte de González en América Latina; Diego Fernando García Arias, ex director gerente del área de negocias de Inassa; y Ramón Navarro Pereira, exgerente de la filial Triple A. Cada uno de ellos habría cobrado una mordida de 900.000 euros. Según el juez, González fijaba supuestamente las cuantías de las comisiones siendo la suya el doble que la de los demás.

Pagos a cuentas de Brasil y Suiza

La quinta ex alto cargo es María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal en el momento de los hechos. No participó en el reparto de comisiones pero sí facilitó la "tramitación y culminación" de la operación pese a conocer su "sobreprecio injustificado", según el juez. Para ella, la acusación solicita ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado.
En la operación también están implicados Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y vinculado al grupo empresarial Essentium. Moro habría propuesto a González que el Canal comprara Emissao "pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales". El último procesado es Sebastião Cristovam, propietario de la empresa brasileña, y quien, según la ;investigación "se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos". Para ellos, la representación del Canal también pide 11 años de cárcel.

Según la acusación, la proposición de Moro fue aceptada por González, quien encomendó la gestión a su "amigo" Rodríguez Sobrino. Eso sí, con el encargo de que garantizara el cobro de comisiones para los tres, así como para las personas que necesitaran incluir en el plan para poder consumarlo. Estas personas habrían sido los citados ex altos cargos de filiales de la empresa pública García Arias y Navarro Pereira. Para llevar a cabo la venta utilizaron una empresa interpuesta de Uruguay –Soluciones Andinas del Agua, SA– y los pagos se giraron a cuentas radicadas en Brasil y Suiza.

El Canal de Isabel II pide 11 años de cárcel para su expresidente Ignacio González por quedarse una mordida de 1,8 millones

La red de corrupción provocó un perjuicio a la empresa pública de hasta 9,6 millones al comprar una sociedad brasileña con sobreprecio para repartirse las comisiones

www.eldiario.es

 

[IDOLO]

Marimar siempre tiene un lugar fijo en el PP
Por Juanmi, 29 ene 2020, 18:00

¿Que coxx sabe ésta de vivienda?

¡Hasta en la sopa!

Un sueldito de nada de 53.000 a 76.000 €

 

[IDOLO]

La "afamada" JEC de éste país. Tan rauda para multar a unos, tan rauda para inhabilitar SIN TENER COMPETENCIA a un president, y que sin embargo se muestra muy cobarde, tímida, apocada para multar a un partido de la derecha.

 

[IDOLO]

POLÉMICO

Fiscalía archiva el caso del ascenso de la hermana del presidente andaluz

• La hermana de Juanma Moreno fue elegida directora de un conservatorio público tras un proceso de selección en el que otra candidata obtuvo mayor puntuación
• 
  
• La Fiscalía considera que cabe “cierta discrecionalidad” en la designación
• 
  
• La aspirante que logró más puntos, Esperanza Utrera, confirma a infoLibre que también ha retirado el recurso contencioso-administrativo presentado

La Fiscalía archiva el caso del ascenso de la hermana del presidente andaluz

La hermana de Juanma Moreno fue elegida directora de un conservatorio público tras un proceso de selección en el que otra candidata obtuvo mayor

www.infolibre.es

POLÉMICO NOMBRAMIENTOLa Fiscalía archiva el caso del ascenso de la hermana del presidente andaluz

• La hermana de Juanma Moreno fue elegida directora de un conservatorio público tras un proceso de selección en el que otra candidata obtuvo mayor puntuación
• La Fiscalía considera que cabe “cierta discrecionalidad” en la designación
• La aspirante que logró más puntos, Esperanza Utrera, confirma a infoLibre que también ha retirado el recurso contencioso-administrativo presentado

Ángel Munárriz
amunarriz@infolibre.es @angel_munarriz
Publicada el 03/02/2020 a las 18:00Actualizada el 03/02/2020 a las 19:17




El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

No hay nada penalmente digno de investigación en el caso del ascenso de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía a directora de conservatorio, tras un proceso de selección en el que no obtuvo la máxima puntuación, sino la segunda. “Cabe cierta discrecionalidad” en la elección de la directora, señala la Fiscalía de Málaga, que ha archivado las diligencias iniciadas sobre la elección de Dolores Moreno como directora interina en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, puesto al que optó y finalmente obtuvo pese a que otra aspirante, la denunciante, obtuvo mejor puntuación. La candidata que logró más puntos, Esperanza Utrera, confirma a infoLibre que ha retirado el recurso contencioso-administrativo que presentó en septiembre contra el nombramiento en los juzgados de Málaga. Así que se cierra la vía penal y la afectada renuncia a la vía administrativa. Si no hay ninguna novedad, el presidente Juanma Moreno (PP) se desembaraza de un incómodo problema.

Las diligencias preprocesales se abrieron a raíz de la denuncia presentada por la propia Utrera, que entendía que el procedimiento utilizado por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, controlada por Ciudadanos, para el nombramiento estaba al margen de la legalidad y obedeció al deseo de favorecer a la hermana de Moreno, informa Europa Press. El Ministerio Fiscal ha recabado documentación existente en el expediente iniciado por la Delegación de Educación, de la que se extrae que el nombramiento se realizó "cumpliendo lo establecido en la norma" para el nombramiento de directores de centros docentes públicos no universitarios.



La Fiscalía entiende que la Inspección propuso a la hermana de Moreno, que quedó segunda en puntuación, al valorar "su idoneidad para el puesto", según consta en los informes. Se trata de un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir la normativa y porque es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito. Al respecto, el fiscal estima que, según la normativa, es un procedimiento en el que cabe "cierta discrecionalidad" en cuanto a la valoración de los candidatos, señalando que no se considera que la decisión adoptada deba ser cuestionada en el ámbito penal, pues no ve connivencia entre las autoridades y la profesora elegida ni un interés espúreo que condicionara la decisión.

El caso

El caso es tiene múltiples aristas y comenzó tras la jubilación en junio del anterior director, José Gutiérrez. Dolores Moreno, hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, se convirtió tras esta jubilación en directora provisional del conservatorio pese a obtener la segunda puntuación en el proceso de selección abierto. La primera, Esperanza Utrera, obtuvo 49,5 puntos de 50 posibles. Moreno se quedó en 38,2 puntos. No obstante, fue nombrada directora por la Junta tras la elaboración por parte de la Inspección de Educación de un informe que desaconsejaba la elección de Utrera. La Fiscalía considera que la Delegación, al elegir a una candidata que quedó segunda en el proceso de selección abierto, no incumplió ninguna norma porque cabe “cierta discrecionalidad”.

La convocatoria extraordinaria para acreditar méritos –como ha insistido en aclarar el Gobierno andaluz– no era obligatoria ni vinculante. En rigor legal la decisión del nombramiento del director o directora provisional corresponde al delegado o delegada de Educación, en este caso Mercedes García Paine (Cs), de forma discrecional. Dicho de otro modo, la delegada podría haber nombrado a dedo directora provisional a Moreno, catedrática y funcionaria que cumplía todos los requisitos, a la espera de que saliera la plaza definitiva, cuando ya sí tiene que haber un concurso.

Pero no lo hizo. En lugar de eso, el inspector recibió el encargo de abrir un proceso extraordinario y legalmente no obligatorio de selección en el que la candidata con más méritos fue Esperanza Utrera, y no Dolores Moreno. ¿Qué ocurrió entonces? A pesar de quedar primera, la inspección desaconsejó oficialmente el nombramiento de Utrera por unos supuestos antecedentes negativos como directora provisional del centro entre 2004 y 2005. La delegada hizo lo que propuso el inspector: nombrar a Moreno. Nadie ha explicado oficialmente en qué consistieron esos antecedentes negativos.

Tanto Utrera como Mónica Romero, otra candidata que también denuncia malas prácticas en el proceso, han sostenido que todo ha ocurrido por un intento de evitar una apariencia de dedazo que salió mal, por lo que se improvisó una justificación a posteriori para darle el cargo a Moreno. La Junta, que sale reforzada del archivo, ha negado cualquier arbitrariedad.

Las versiones

El inspector educativo Juan Carlos Martínez, en un informe de 5 de junio, propuso a la delegada competente para el nombramiento que la elegida fuera Dolores Moreno, a pesar de que la que tenía más méritos era Utrera, de la que desaconsejó su selección. El inspector alude a un "grave problema" durante la etapa de Utrera en la dirección, aunque no lo detalla. Para elaborar su informe, Martínez recabó la opinión de un antiguo inspector, ya jubilado, de la dirección del centro, así como de las propias candidatas, según detalla él mismo en otro escrito de 9 de julio.

Más de dos meses después, cuando el nombramiento de Moreno era ya objeto de polémica, Martínez declaró al diario El País que para elaborar su informe consultó con el director saliente, José Gutiérrez, y con el anterior inspector adscrito al conservatorio.

“Ambos me desaconsejaron su nombramiento”, aseguró, en referencia a Esperanza Utrera. Gutiérrez, según esta información, publicada el 18 de septiembre, le aconsejó el nombramiento de una tercera candidata, que no era ni Utrera ni Moreno, sino Mónica Romero.

La versión oficial mantenida fue siempre que el nombramiento de Moreno es irreprochable porque obedeció a las indicaciones técnicas de la inspección, según las cuales Esperanza Utrera había sido cesada cuando fue directora por un "problema", nunca especificado.

Cuando se conocieron en agosto las circunstancias en que se había producido el nombramiento de Moreno, el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo (PP), justificó la decisión en que Utrera había sido "cesada por distintos problemas que hubo en la dirección" con ella al frente, cosa que la afectada niega tajantemente.

El director saliente, José Gutiérrez, citado por el inspector como una persona que le desaconsejó el nombramiento de Esperanza Utrera, lo negó conversación con infoLibre en septiembre [ver aquí], desmintiendo la versión oficial.

 

[IDOLO]

 

[IDOLO]

Aznar y Rajoy declararán como testigos ante el tribunal que juzgará la caja B del PP

El tribunal que enjuiciará los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional acepta la petición de la acusación popular de Adade para que comparezcan en la vista
Elena Herrera
39 comentarios

11/02/2020 - 12:26h

• Compartir en Facebook
• Compartir en Twitter

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.
más INFO

• Diez jueces han pasado por el tribunal de la caja B del PP antes de empezar el juicio

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy declararán como testigos ante el tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular, una causa también conocida como los papeles de Bárcenas. En un auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta prácticamente al completo la lista de testigos propuestos por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, y que incluía los nombres de Aznar y Rajoy, así como de otros antiguos altos cargos del partido. A diferencia de los acusados, los testigos tienen obligación de decir la verdad.

Será la primera vez que el expresidente Aznar tenga que dar explicaciones ante un tribunal por la caja B del PP. Mariano Rajoy -cuya declaración como testigo en este procedimiento fue solicitada también por la acusación que ejerce Izquierda Unida- ya compareció como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel. Ese tribunal condenó al PP como partícipe a título lucrativo y definió la caja B del partido como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989". Lo que se juzgará próximamente es el supuesto pago con dinero opaco de parte de las obras que el partido hizo entre 2005 y 2010 en su sede nacional de la calle Génova de Madrid.




También serán llamados como testigos en este procedimiento cuatro exsecretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, quienes testificaron en el juicio de Gürtel de la primera época, así como María Dolores de Cospedal, quien no tuvo que comparecer entonces. Entre los citados están, asimismo, los exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo o Jaume Matas.

No obstante, para hacer efectiva esa citación, el tribunal insta a la acusación a que aporte datos de domicilio de las personas propuestas, algo que no hizo en el escrito de acusación en el que reclamó su declaración durante el juicio. De no hacerlo, sostiene el auto, "se considerará que renuncia a tal prueba".

En su escrito de acusación, Adade sostiene que los manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas recogen una anotación de 9.195,49 euros con la inscripción de "JM" como beneficiario que se atribuye a José María Aznar.

Además, sostiene que los expresidentes están en el grupo de dirigentes del partido que "percibieron como sobresueldos sumas superiores a las que percibían como diputados o senadores". En este último caso, no obstante, se trata de cantidades que el partido abonaba a los miembros de su dirección en concepto de gastos de representación, que sí eran informadas a la hacienda pública mediante el modelo 190 de la Agencia Tributaria. Por este concepto, Aznar habría recibido 684.958,09 euros entre 1990 y 1999. En este mismo período, Rajoy habría cobrado 190.911,06 euros.

Aznar y Rajoy declararán como testigos ante el tribunal que juzgará la caja B del PP

El tribunal que enjuiciará los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional acepta la petición de la acusación popular de Adade para que comparezcan en la vista

www.eldiario.es

 

[IDOLO]