Repaso a la corrupción del Partido Popular

[IDOLO]

Esto es vergonzoso.

Lo de la fiscalía con los/as corruptos/as y PP es de chiste.
- Caso fondos buitre. Ana Botella regala 1800 viviendas públicas a un fondo buitre. Archivado
- Caso Lezo. Gallardón, saqueo de las arcas públicas con el Canal de Isabel II. Archivado
- Caso discos duros. El PP destruye pruebas incriminatorias. Archivado
- Caso Avalmadrid. Díaz Ayuso y su familia es "agraciada" con 400.000€ de dinero publico, comete el delito de alzamiento de bienes. Archivada
- Suma y sigue...

Eso sí, Isa Serra será juzgada por ayudar a una familia para que no ser desahuciada

 

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Eso sí, Isa Serra será juzgada por ayudar a una familia para que no ser desahuciada

La Fiscalía archiva sin investigar la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso por Avalmadrid

• La teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias, según el decreto al que ha tenido acceso infoLibre
• Contradice la doctrina del Supremo, que considera alzamiento de bienes también el realizado antes de que se produzca el primer impago de deuda
• Afirma que Ayuso no envió correos a Avalmadrid una vez elegida diputada en julio de 2011, algo que es incierto

Begoña P. Ramírez
bpramirez@infolibre.es @BegoPRamirez
Publicada el 26/11/2019 a las 06:00Actualizada el 26/11/2019 a las 11:51



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.
Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado sin investigar la denuncia que Más Madrid presentó el pasado septiembre, donde le pedía que emprendiera acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid.

En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo, rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.

La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.

Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.

Siete años sin actuar no es administración desleal

A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.

Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por Cersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.

La fecha de los correos de Ayuso

Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre de ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías,
información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.

En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–, de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.

La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.

Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí].

La Fiscalía archiva sin investigar la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso por Avalmadrid

La teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias, según el decre

www.infolibre.es

¿Como va a investigar si hay mucho que ocultar? La Justicia de éste país es de cachondeo. Día a día lo vemos. Este asunto es uno más.

 

[IDOLO]

DENUNCIA DE MÁS MADRIDLas justificaciones y errores de la Fiscalía para archivar la denuncia sobre Ayuso y Avalmadrid sin investigar
El Ministerio Público ha dado carpetazo a la denuncia del partido de Íñigo Errejón, que apreciaba indicios de la comisión de varios delitos. Más Madrid recuerda que la Justicia tardó años en imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes en Púnica, y avisa de que la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea podría servir para impulsar nuevas acciones legales contra la presidenta madrileña.




La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Archivo
MAS INFORMACIÓN

• La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia contra Ayuso y su relación con Avalmadrid
• Ciudadanos apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid

MADRID
27/11/2019 07:42 Actualizado: 27/11/2019 10:43
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@Alopezdemiguel

La Fiscalía Anticorrupción sólo ha tardado dos meses en archivar la denuncia de Más Madrid contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su relación con la empresa semipública Avalmadrid. Dónde el partido de Íñigo Errejón ve indicios de la comisión de varios delitos, el Ministerio Público, sin investigar, no aprecia ninguna actuación reseñable.

Sin embargo, el carpetazo de la Fiscalía, dado a conocer este martes y adelantado por InfoLibre, está plasmado en un sucinto documento en el que se obvian algunos hechos recogidos en la denuncia, y hasta se cuela algún error.


Estos son algunos de los argumentos desglosados por el Ministerio Público en el decreto por el que rechazan investigar la comisión estos supuestos delitos -alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias-, relacionados con la concesión de un crédito de 400.000 euros por parte de Avalmadrid, en febrero de 2011, a la empresa MC Infortécnica S.L., participada por el padre de Ayuso, ya fallecido.

Leonardo Díaz Álvarez nunca llegó a devolver este crédito -faltan por pagar 270.000 euros-, que además fue concedido en contra de los criterios técnicos de Avalmadrid, y ni siquiera consta que este importe fuera usado para lo que en teoría debía servir: la compra de material para una adjudicación de la sanidad vasca.

Por su parte, desde Más Madrid aseguran a Público que respetan la labor de la Fiscalía, si bien destacan que, el hecho de que ésta no aprecie indicios delictivos, no supone que no se cometieran delitos. Esgrimen que en su día Anticorrupción también rechazó imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, hoy investigadas en el marco de la trama corrupta Púnica, y apuntan que la comisión de investigación sobre Avalmadrid que está en marcha en el parlamento regional podría arrojar nuevas conclusiones que dieran pie a otras acciones legales contra la actual presidenta autonómica.

La Fiscalía dice erróneamente que Ayuso no era cargo público cuando envió correos interesándose por la concesión del crédito a su padre

En el escrito rubricado por María Belén Suárez Pantín, teniente fiscal de Anticorrupción, se afirma que Ayuso no pudo cometer un delito de tráfico de influencias, en parte porque adquirió su condición de diputada en la Asamblea de Madrid el 15 de julio de 2017. La fecha es correcta, si bien la denuncia registrada por el partido liderado a nivel estatal por Íñigo Errejón indica claramente que hay correos de Ayuso antes, pero también después de esa fecha.

Al menos, hay constancia de emails enviados el 14 de septiembre del mismo año, dos meses después de que Ayuso adquiriese su condición de autoridad, requisito para poder cometer este delito. "Son todos ellos anteriores", asegura por contra el Ministerio Público.

Entre otras cuestiones, los emails enviados por Ayuso a un directivo de Avalmadrid, estaban destinados, según la denuncia, a solicitar documentación sobre "otras empresas propiedad de los socios de dicho grupo empresarial". Antes de ser diputada, la actual presidenta era además asesora de Aguirre. Según afirmó recientemente, no obstante, entonces "no era nadie", y "nunca ha tenido poder" para mediar en que nadie de su entorno se lucrara.

La teniente fiscal obvia la doctrina del Supremo

El 11 de octubre, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, aceptaron cada uno la donación de una propiedad por parte de su padre, un inmueble y una finca, respectivamente, como recoge la denuncia.

Sólo dos meses después, el 15 de diciembre -cinco meses después de Ayuso se convirtiera en diputada, MC Infortécnica recibió e incumplió el primer pago del préstamo.

Al transmitir un piso a la entonces diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación

Como recuerdan desde Más Madrid, la jurisprudencia del Supremo sí recoge que es habitual que quien pretende librarse de las deudas se anticipe a la llegada de las obligaciones de pago logrando la consideración de insolvente, por ejemplo donando su patrimonio. Al transmitir un piso a la ya diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación.

Ayuso: "[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos".

En su denuncia, Más Madrid hizo referencia a una entrevista concedida a Telecinco en agosto de 2019, cuando ya era presidenta, en la que Ayuso reconoció que su padre, enfermo en 2011, “no estaba pendiente de si se pagaba el IBI o no", o que su preocupación era transmitir su patrimonio. "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos". La Fiscalía no hace mención a estas declaraciones.

El escrito de Más Madrid argumenta que en este espacio Ayuso "afirma y reconoce dos cosas: a) Que se interesó por saber con qué persona había que hablar para la concesión del préstamo. b) Que lo único que quería su padre era que ella y su hermano heredasen los pocos bienes que ellos tenían. Es decir, reconoció, en esas declaraciones, tanto el posible tráfico de influencias, solicitando información confidencial, así como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito".

"El crédito garantizado" y los avalistas que se deshicieron de su patrimonio

Y, en relación a que todos los socios de la empresa, avalistas solidarios del crédito, vendieran bienes inmuebles de su propiedad a familiares o terceros desde febrero de 2012, tres meses después del impago y dos antes de que Avalmadrid acordase -solo formalmente- emprender actuaciones, la Fiscalía se limita a apuntar estos hechos.

A su vez, para rechazar que se diera un delito de alzamiento de bienes, el Ministerio Público afirma que el crédito "estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios". Esa hipoteca cubría sólo una pequeña parte del valor de la deuda, como recoge la denuncia. Pese a todo, la Fiscalía omite que esto supone casi un tercio del valor del crédito concedido, y sólo sostiene que quedó "una parte impagada".

La Fiscalía no ve probada "la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente"

Pese a que han pasado 8 años desde el primer impago, la Fiscalía asegura que no se dan los supuestos del delito de administración desleal, porque "está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios" -los que han ido vendiendo propiedades- , "y no puede concluirse de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

"Durante todo este proceso, entre los años 2015 y 2019, los avalistas solidarios han continuado transmitiendo su patrimonio de tal manera que no puedan cumplir con las obligaciones adquiridas al avalar solidariamente el préstamo-aval referido en el hecho de la denuncia. Que los avalistas, desde el año 2013 al menos, tenían conocimiento de las acciones iniciadas mediante el envío de burofaxes a sus domicilios", destacaba la denuncia de Más Madrid.

Sin administración desleal, aunque Avalmadrid tardase 7 años en actuar

La Fiscalía tampoco aprecia indicios de un delito de administración desleal por parte de Avalmadrid, y lo justifica en que hubo "acuerdos" para "ejecutar el crédito", y en que para ello se requirió la actuación de la empresa Cobralia. No considera que el crédito, concedido en contra del dictamen de los técnicos, se considere una actuación "en beneficio de un tercero", o que causase un "perjuicio patrimonial".
Avalmadrid estaba controlado en más de un 80% por la Comunidad de Madrid y Caja Madrid -hoy Bankia-, que aportaban más del 40% de su capital cada una.

No obstante, la denuncia recoge que Avalmadrid ha dejado pasar siete años sin actuar para que se cumpla el acuerdo del comité de morosidad, que ya en abril de 2012 decidió embargar los bienes de los socios de la empresa, avalistas solidarios para la concesión del crédito.

"Estas actuaciones son, cuanto menos, irregulares, a la vista de lo que prescribe el protocolo ordinario de Avalmadrid, que impone la transmisión a terceros para la judicialización en un plazo de 15 días tras el abono a la entidad financiera", denunció Mas Madrid. Ni siquiera se avisó a Cobralia en ese plazo de 15 días; esta actuación se retrasó hasta noviembre de ese año, cinco meses después.

De hecho, la propia Fiscalía reconoce que, a pesar del primer acuerdo, "Avalmadrid no realizó ninguna acción conducente a ello, lo que dio lugar a un nuevo acuerdo del comité mencionado de 16 de noviembre de 2012, en los mismos términos". Esto es, 11 meses después del impago.

“Creemos que está probado que hubo un perjuicio patrimonial y ausencia de acciones para recuperar las deudas, que tras 7 años no se han recuperado", apuntan desde Más Madrid.

La “información privilegiada” que la Fiscalía ve extraíble de internet

Además, en lo que respecta a la “información confidencial” -según la denuncia- reclamada por Ayuso sobre las empresas de los socios -y avalistas solidarios- de sus padres, el Ministerio Público afirma que estos datos no son “información privilegiada”, sino que podrían extraerse de internet o del registro mercantil.
Infolibre, no obstante, detalla que entre la información solicitada por Ayuso en los correos aportados hay datos, como los clientes de las empresas de los socios de sus padres, que no pueden considerarse públicos.

No son presiones, porque no se sabe quién era "el 'influido'"

En esencia, la Fiscalía sostiene que no hubo tráfico de influencias, y afirma -además de aludir erróneamente a que Ayuso no era diputada- que "no puede concluirse la existencia de lo que describe la jurisprudencia como presión o sugestión, amén de desconocerse la identidad del influido". También destaca que los destinatarios de los correos aportados por la formación de Errejón están "tachados".
"Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", dijo Ayuso en la entrevista ya mencionada.

Sin mención a que era un "encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid"

Por otro lado, la denuncia hace alusión a que en los correos internos entre el directivo de Avalmadrid y los trabajadores de esta empresa, "aparece reflejado de forma clara y expresa que se trata de un 'encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid'". La Fiscalía obvia cualquier referencia a este punto.

La reacción de Ayuso

Tras conocerse esta decisión de la Fiscalía, el PP ha reclamado a Más Madrid que pida perdón. A su vez Ayuso ha comparecido ante los medios para celebrarla, y para insistir en su versión de la historia.
"Tengo claro que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia y, en concreto, el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie".

Pese a las palabras de Ayuso, nadie puede negar que su padre dejó sin pagar una deuda de 270.000 euros a Avalmadrid, participada mayoritariamente con dinero público.

Las justificaciones y errores de la Fiscalía para archivar la denuncia sobre Ayuso y Avalmadrid sin investigar

El Ministerio Público ha dado carpetazo a la denuncia del partido de Íñigo Errejón, que apreciaba indicios de la comisión de varios delitos. Más Madrid recuerda que la Justicia tardó años en imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes en Púnica, y avisa de que la comisión de investigación...

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De errores de la Fiscalía nada de nada. Aquí prima el interés de salvar a la soldado Isabel Ayuso. Y como hay mucha mierda que esconder lo preceptivo es no entrar a revolverla, es decir, no iniciar una investigación con argumentarios que no se sostienen.

La Sra. Ayuso no es que sea inocente, es que no se quiere investigar si lo es o no.

Así que eso de pedir perdón está demás. Es de la derecha y sabemos que la Justicia de éste país de pandereta, circo, futbol y toros es servil para ellos.

 

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AÍS VASCOEl ex delegado del Gobierno del PP en Euskadi organiza una charla con un guardia civil condenado por torturas
La asociación creada por el conservador Carlos Urquijo ofrecerá una conferencia sobre ETA en la que estará Manuel Sánchez Corbí, uno de los responsables de las torturas sufridas por Kepa Urra en 1992. Aznar lo indultó y Rajoy lo ascendió.





El coronel Manuel Sánchez Corbí, situado en el centro de la foto, en una imagen de archivo. EFE
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BILBAO
26/11/2019 22:15 Actualizado: 26/11/2019 22:15
DANILO ALBIN
@danialri

Cabeza, cara, párpados, nariz, espalda, estómago, cadera, brazos y piernas. Prácticamente no hubo rincón del cuerpo de Kepa Urra que no fuera alcanzado por los golpes que recibió en un descampado, poco después de ser detenido por la Guardia Civil durante una redada contra presuntos miembros del “Comando Bizkaia” de ETA en enero de 1992. Uno de los tres guardias civiles condenados por aquella sesión de torturas estará el sábado en Bilbao para hablar, precisamente, de ETA.

Se trata del coronel Manuel Sánchez Corbí, un experimentado mando de la lucha antiterrorista que logró ser ascendido pese a haber sido condenado (y luego indultado) por los malos tratos infligidos a Urra. El veterano integrante de la Benemérita ha sido invitado por la asociación Esteban de Garibay, un think-tank conservador creado por el ex delegado del Gobierno del PP en Euskadi, Carlos Urquijo.


La conferencia, titulada “¿Hemos acabado con ETA?”, se celebrará en la selectísima sociedad La Bilbaína, donde también estarán presentes Enrique López López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, y Joseba Arregui, ex consejero de Cultura del Gobierno Vasco.

De todos ellos, Sánchez Corbí es el único que puede presumir de haber realizado tareas antiterroristas en el terreno. Una de esas tareas, precisamente, le valió una condena.

"Arrastrado por el suelo"

“El autor alega que, en el curso de su traslado al cuartel de la Guardia Civil, los guardias civiles lo condujeron hacia un terreno amplio, donde le hicieron sufrir graves malos tratos”. Así comienza uno de los párrafos del dictamen del Comité Contra la Tortura de la ONU en mayo de 2005, cuando analizó el caso de Urra. “Fue desnudado, esposado, arrastrado por el suelo y golpeado. Indica que después de seis horas de interrogatorio, tuvo que ser llevado al hospital, ya que su pulso era muy alto, no hablaba, estaba sin fuerzas y en estado inconsciente; su boca y su nariz sangraban”, relata.

"En el hospital estuvo presente un pequeño destacamento de la Guardia Civil"

Sobre este mismo caso, Amnistía Internacional documentó en un informe sobre torturas que “en el hospital estuvo presente constantemente un pequeño destacamento de la Guardia Civil”. “El 30 de enero, a las ocho y media de la tarde, según los registros del hospital, Urra Guridi pidió socorro. Una enfermera que entró en su habitación, encontró en ella a dos guardias civiles armados. El paciente tenía sangre en la boca”, destacó AI.

En noviembre de 1997, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a tres guardias civiles por el delito de torturas. Las penas para cada uno de ellos fueron de cuatro años, dos meses y un día de prisión, así como seis años y un día de inhabilitación en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la suspensión de sus funciones durante el tiempo de la pena de prisión, además del pago de una indemnización de medio millón de pesetas al denunciante. Entre los guardias civiles condenados estaba Sánchez Corbí.

En septiembre de 1998, el Tribunal Supremo decidió rebajar las condenas a un año de cárcel, alegando –tal como recordaba el Comité Contra la Tortura de la ONU en su resolución– que “los guardias civiles agredieron al autor con el objeto de obtener una confesión sobre sus actividades y las identidades de otros individuos”.

“Mientras estaba pendiente el recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, uno de los guardias continuó ejerciendo sus labores en territorio francés como responsable de la coordinación antiterrorista con las fuerzas de seguridad francesas e inició, con autorización del Ministerio del Interior, un curso para acceder al grado de Comandante de la Guardia Civil”, destacaba el comité de la ONU.

Indulto y ascenso

En julio de 1999, el Gobierno de Aznar concedió los indultos a los tres guardias civiles, “suspendiéndoles de todo cargo público durante un mes y un día. “A pesar de la suspensión, el Ministerio del Interior mantuvo en activo a uno de los guardias civiles en un puesto de alta responsabilidad. Los indultos fueron otorgados por el Rey mediante decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial de leyes de España”, señalaba el órgano de Naciones Unidas.

En efecto, Sánchez Corbí siguió ascendiendo en la Guardia Civil. En 2015 fue designado jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) por el Gobierno de Rajoy. Su suerte cambió en el verano de 2018, cuando el ministro de Interior del Ejecutivo socialista, Fernando Grande Marlaska, ordenó su cese por “falta de confianza”. Quien sí confía en él es el ex delegado del Gobierno del PP, Carlos Urquijo, quien este sábado le esperará en la puerta de La Bilbaína para darle la bienvenida. Una vez dentro, hablarán de ETA.

El ex delegado del Gobierno del PP en Euskadi organiza una charla con un guardia civil condenado por torturas

La asociación creada por el conservador Carlos Urquijo ofrecerá una conferencia sobre ETA en la que estará Manuel Sánchez Corbí, uno de los responsables de las torturas sufridas por Kepa Urra en 1992. Aznar lo indultó y Rajoy lo ascendió.

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Y luego tenemos Aznar anunciando que viene el coco si hay acuerdo de Gobierno entre PXXE y UP. Mejor está calladito.

 

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LOS PRIVILEGIOS DE LA BANCAHacienda entrega 1.300 millones a la banca por un 'regalo' de Rajoy

Los bancos obtienen devoluciones en metálico por valor de 1.333 millones de euros en el Impuesto de Sociedades tras convertir en moneda los activos fiscales diferidos originados por el deterioro de sus activos inmobiliarios, las prejubilaciones y los planes de pensiones de sus plantillas.





Mariano Rajoy, con Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. EFE


29/11/2019 07:26 Actualizado: 29/11/2019 13:47
EDUARDO BAYONA

@e_bayona

Ha vuelto a ocurrir: la banca española acaba de recibir 1.333 millones de euros en devoluciones de la Agencia Tributaria por los llamados ‘activos fiscales diferidos’ (DTA por sus siglas en inglés), una figura instaurada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y reformada en 2016, en ambos casos con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro como ministros de Economía y de Hacienda.

La Agencia Tributaria lo explica en su último Informe Mensual de Recaudación, correspondiente al mes de octubre y publicado este jueves: "En octubre se añaden, fundamentalmente, los impactos de nuevas devoluciones extraordinarias (…) ligadas a los activos fiscales diferidos (DTA, en inglés) y realizadas mediante compensación del pago fraccionado" del Impuesto de Sociedades por esa cuantía, señala el documento, que las cifra en 1.333.


Resulta llamativo cómo la aplicación de esa figura provoca "la caída de los ingresos" en el conjunto de este tributo aunque, en realidad, ese fenómeno únicamente se da en los llamados "grupos consolidados", a los que en este caso se les añade la circunstancia de que varios de ellos no han repetido los "extraordinarios" resultados del tramo central del año pasado.

Estos pasan de haber aportado 8.596 millones en el mismo pago del año pasado a solo 6.609, mientras la recaudación prácticamente se mantiene en el resto de grandes empresas (3.826 en 2019, 3.926 en 2018) y crece entre las pymes (1.344, 183 más).

La aplicación de reglas como la que afecta a los DTA es una de las causas de las dispares presiones fiscales que conlleva el Impuesto de Sociedades en función del tamaño de la empresa y de si esta forma o no parte de un grupo, algo que, salvo en el caso de las firmas instrumentales y sin asalariados, garantiza los tipos efectivos más bajos, a menudo hasta tres veces inferiores a los que soportan las sociedades independientes.

¿Qué son los ‘activos fiscales diferidos’ o DTA?

Básicamente, se trata de una de las decisiones tributarias con las que los gobiernos de Mariano Rajoy complementaron en 2013 por la vía del decreto el costoso rescate bancario que había comenzado un año antes, y cuyo agujero supera hoy los 73.000 millones de euros.

Consisten en ir anotando y acumulando, como descuentos pendientes de aplicar a futuras liquidaciones del Impuesto de Sociedades, las provisiones por créditos fallidos y por el deterioro de activos por la caída de su valoración, además de las aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados y el gasto en prejubilaciones, cifras que en el caso de la banca y en España se añaden a los ‘activos fiscales diferidos’ propiamente dichos, que son las bases tributarias negativas de años anteriores por haber tenido pérdidas.
Las empresas, en este caso las financieras, anotan como activos en el balance esas cantidades, para cuya aplicación disponen de 18 años. Lo hacen mediante la llamada "monetización", que no deja de ser más que una operación contable en la que esas cifras van transformándose en gastos aunque en la práctica equivale a su conversión en moneda, que es en lo que se transforman.

Llegados a ese punto, se pasan al cobro a Hacienda antes de que hayan pasado esos 18 años y se reclama su compensación como devolución (se restan de los beneficios por los que sí hay que pagar) en uno de los tres pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, normalmente el de octubre, que se realizan al cabo del año. "Compensan los pagos fraccionados de ese tributo con DTA y recuperan su valor contable como dinero líquido", explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Más de 65.000 millones en DTA

¿La posibilidad de realizar operaciones de ese tipo, que se añade a la de incluir los DTA en el balance a efectos de aparentar una mayor solvencia, supone un privilegio para la banca? Obviamente, sí; por mucho que en el otro plato de la balanza se coloquen las eventuales consecuencias que para el sistema económico español tendría el colapso de su pata bancaria.

Una información de El País con datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) cifraba en 98.963 millones de euros los activos fiscales diferidos que acumulaban a mediados del año pasado las 35 empresas que cotizan en el Íbex. Dos terceras partes de ellos, 65.436 millones, estaban en manos de bancos: Santander con 23.209, BBVA con 14.724, Bankia con 10.530 y CaixaBank con 10.254 ocupan los cuatro primeros puestos, a los que se suma Sabadell con 6.531 en el sexto y, ya en el vigesimosegundo, Bankinter con 188.

Los gobiernos de Rajoy acabaron gravando los DTA, cuyo volumen desgravable para la banca cifran distintos estudios entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros a descontar entre 2013 y 2031, con un impuesto ante los recelos de la Comisión Europea, que los consideraba una ayuda económica de Estado.
Ese pago, que también puede interpretarse como un descuento a los descuentos y que fue instaurado con los Presupuestos Generales del Estado de 2016, recauda unos 400 millones al año, menos de la tercera parte de lo que los bancos han recuperado solo en este.

Los paraísos fiscales

Los datos de recaudación de la Agencia Tributaria referentes al mes de octubre, con la cuantificación de los pagos por DTA, se han conocido la misma semana que ese organismo hacía público su Informe País por País, en el que explica, con datos de 2016, la presión fiscal que efectivamente soportan los 134 grupos multinacionales con sede en España.

El informe permite constatar la escasa aportación que esas firmas realizan a las haciendas de los países en los que operan, ya que los impuestos pagados por los 91.849 millones de euros de beneficio de ese año ascendieron a 11.594, lo que supone un tipo efectivo medio del 12,6%. Esa misma tabla indica cómo casi la mitad de esas ganancias, 45.049 millones obtenidos por 43 de esas empresas, tributaron únicamente 1.214, lo que reduce la presión al 2,6%.

El tipo efectivo resulta más elevado si en lugar de los impuestos pagados se atiende a los devengados, que son los que en principio les correspondería pagar aunque eso no haya ocurrido por no haber vencido los plazos o por estar en litigios. En ese caso, la presión fiscal se eleva al 15,5% con 14.260 millones, 2.666 menos que los desembolsados.

Hacienda entrega 1.300 millones a la banca por un 'regalo' de Rajoy

Los bancos obtienen devoluciones en metálico por valor de 1.333 millones de euros en el Impuesto de Sociedades tras convertir en moneda los activos fiscales diferidos originados por el deterioro de sus activos inmobiliarios, las prejubilaciones y los planes de pensiones de sus plantillas.

www.publico.es

 

[pilou12]

Rajoy confiesa que escribió sus memorias por error
"Estaba haciendo la lista de la compra y me lié"


03 de diciembre de 2019





Después de meses de espera, han salido a la venta las memorias de Mariano Rajoy. Y, como ya es habitual, el expresidente nos ha sorprendido con algo fuera de lo común, en este caso revelando que la escritura no fue más que un lapsus haciendo la lista de la compra.

Rajoy confiesa que se distrajo mirando un perro por la ventana y que no se dio cuenta de que lo que escribía no eran productos de alimentación hasta la página 56.

Asimismo, el ex líder popular ha anunciado que pronto estrenará un documental sobre su nueva vida en Santa Pola: “Bueno, realmente iba a hacerme un selfie, le di al vídeo y a lo tonto grabé 4 semanas de mi día a día normal”.

 

[IDOLO]

Aznar también ayudó a promocionar la colección bajo sospecha del hijo de Gerardo Rueda y ofreció parte a Caja Madrid
Corrupción y fraude

El expresidente del Gobierno presionó a Miguel Blesa para que la fundación de la caja adquiriera por 54 millones parte de la colección privada de José Luis Rueda, que se sentará en el banquillo por vender 96 obras falsas al IVAM

Los correos electrónicos del caso Blesa revelan la intermediación de Aznar para la compra, que fue truncada por el presidente de la Fundación, Rafael Spottorno, porque el precio era "disparatado"

El museo valenciano cuando lo dirigía Consuelo Císcar no solo compró obras falsas por 3,4 millones, sino que no reclamó la donación de las originales y promocionó el falso legado con exposiciones y catálogos en los que gastó otros 719.987 euros
Sergi Pitarch
05/12/2019 - 21:37h

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José Luis Rueda , primero por la izquierda, con José María Aznar, en la inauguración de una muestra sobre Rueda en Italia.

"¿Cuáles son sus artistas favoritos?", le preguntaron en una entrevista al expresidente del Gobierno José María Aznar. El ahora empresario y lobbista contestó: "Rueda, Rueda y Rueda". El entusiasmo del expolítico por la obra de Gerardo Rueda, fallecido en 1996 y uno de los autores españoles más importantes del siglo XX, le hizo convertirse en una especie de prescriptor de lujo del polifacético escultor.

Tanto fue el interés de José María Aznar por la difusión artística de Gerardo Rueda que llegó a interceder por el hijo adoptivo del fallecido, José Luis Rueda Jiménez, para que vendiera parte de su legado a Caja Madrid por 54 millones de euros. Un verdadero pelotazo en el mundo del arte que frenó el que en aquel tiempo era presidente de la fundación de la caja, Rafael Spottorno, por "desproporcionada", como revelan los correos electrónicos entre Aznar y Miguel Blesa intervenidos por la policía en el caso Blesa.






Esta mediación del expresidente del Gobierno se produjo en octubre de 2008, justo un año antes de que José Luis Rueda Jiménez incrementara de manera fraudulenta su herencia con 600 obras falsas que valoró en 21 millones de euros, como ha contado eldiario.es. Esos cuadros y esculturas se fueron produciendo años después según encargo del heredero y 11 años después de la muerte del artista. Solo el IVAM adquirió 96 por 3,4 millones, compra fraudulenta por la que se enfrentan a entre 6 y 12 años de cárcel la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar; el exjefe económico del museo Juan Carlos Lledó y el hijo de Gerardo Rueda.

Según los correos entre Miguel Blesa y José María Aznar, el expresidente del Gobierno ofreció a Caja Madrid una colección de José Luis Rueda que incluía 200 obras, entre las que se incluían piezas del grupo El Paso, de la Escuela de Vallecas, del Grupo Cuenca, 20 obras de Gerardo Rueda y otras 130 en préstamo para su exposición. El precio, que acompañó con dudosos informes técnicos, fue de 54 millones, lo que provocó el "estupor" de Spottorno por dicha valoración.

La primera negativa de la Fundación Caja Madrid no frenó a Aznar que volvió a ofrecer a Blesa otra parte del legado. En este segundo caso, le propone que el heredero "precisa" vender 24 obras, con una oferta mucho menos importante: 6,1 millones de euros. A esta propuesta sí que acceden desde la fundación, pero la operación se trunca porque debía formar parte del museo dedicado al artista que no se construyó finalmente en un edifico de Madrid por su elevado coste, entre 65 y 115 millones.

El hijo de José María Aznar, José María Aznar Botella, tras frustrarse la operación del museo Rueda y la compra de la obra del artista a su hijo le trasladó a Blesa la "decepción" de su padre. "Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho", reza un SMS intervenido por la policía al expresidente de Caja Madrid.

José Luis Rueda Jiménez era un verdadero genio en la promoción que políticos del PP hacían de la obra de su padre, ayuda que permitía engrandecer la figura de Gerardo Rueda, pero también a incrementar los ceros en su cuenta corriente. Dos casos de corrupción, el caso Blesa y el caso IVAM, han ayudado a destapar estas prácticas.

De hecho, según el escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana el IVAM llegó a invertir 719.987 euros en la promoción de la obra falsa del heredero. "No satisfechos con haber ocasionado un quebranto de 3,4 millones de euros al IVAM, los protagonistas de las adquisiciones fraudulentas se concertaron para organizar, con cargo siempre al museo, una serie de exposiciones cuya principal finalidad fue promocionar las esculturas falsamente atribuidas a Gerardo Rueda generando así nuevas ventas de obras de arte de las incluidas en la adición de herencia de 2007 y para promocionar la colección particular de D. José Luis Rueda Jiménez", denuncia la acusación particular en el caso IVAM.

Esta promoción y su entrada en el mercado gracias al museo valenciano hubiera permitido disparar el valor de la colección privada del hijo adoptivo y heredero. No menos ayuda a esta promoción ha sido la apuesta decidida de todo un expresidente del Gobierno de España.

Aznar también ayudó a promocionar la colección bajo sospecha del hijo de Gerardo Rueda y ofreció parte a Caja Madrid

El expresidente del Gobierno presionó a Miguel Blesa para que la fundación de la caja adquiriera por 54 millones parte de la colección privada de José Luis Rueda, que se sentará en el banquillo por vender 96 obras falsas al IVAM

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[IDOLO]

Los sobresueldos que habría recibido Cayetana Álvarez en el PP
Por erre, 9 dic 2019, 13:00

 

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La Fiscalía pide el archivo del caso del ático de Ignacio González en Estepona

La causa se abrió en 2012 para dilucidar si el expresidente regional compró la vivienda de lujo con todas las de la ley o fue un soborno en especie

El Ministerio Público sostiene que se han "agotado" las posibilidades de continuar con la investigación, que está a punto de cumplir el plazo que marca la ley
También solicita el archivo para la mujer de González, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo

eldiario.es - Europa Press
20/12/2019 - 15:19h

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Ignacio González y Enrique Cerezo, en una fotografía de archivo. EFE
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• Ignacio González, a Cerezo sobre el caso Ático: "¿Aquí qué queda, pegarle dos tiros al juez?"
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La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad.

En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors –constituida en Delaware (EEUU)– por 2.000 euros mensuales; y en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros.




El fiscal responde a la petición de archivo de las defensas y considera, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, que "no resulta de la investigación efectuada indicios suficientes que puedan apoyar la imputación" de los tres investigados en los delitos de los que trata la causa, apuntando que, además, se han "agotado" las posibilidades de continuar con la investigación.

En este sentido, la causa se encuentra con el límite de investigación que marca la ley, al haber acabado el plazo máximo, por lo que el juez instructor rechazó hace unos meses tanto una nueva prórroga como la práctica de otras diligencias solicitadas por una de las acusaciones particulares; decisiones que fueron confirmadas por la Audiencia malagueña.

A lo largo de esta instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos; comisiones rogatorias que para el fiscal "poco o nada han aportado", han señalado las fuentes.

El ministerio público estima acreditado cómo González y su mujer financiaron la compra, utilizando para ello dinero "no sospechoso", según uno de los informes policiales; pero "no se ha podido conocer el origen de los fondos utilizados por la sociedad para adquirir los inmuebles" ni cómo pudo financiar la compra ni tampoco el destino del dinero obtenido con la venta al matrimonio.

También se apunta que no se aprecia indicio concluyente de delito de blanqueo imputable a González de la transcripción de una conversación entre este y el comisario Manuel Villarejo --que declaró como testigo en la causa-- y otro policía, incorporada recientemente procedente de otra causa iniciada en la Audiencia Nacional, en la que se habla de una sociedad propietaria de los inmuebles como entidad instrumental.

Respecto a la conexión con el caso Lezo, se recuerda que en la causa de Estepona se investigaba un delito de blanqueo cuyo delito precedente pudiera venir por los que se investigan en dicho procedimiento de un juzgado Central de la Audiencia Nacional, pero apunta que la Audiencia de Málaga revocó la decisión del juez de Estepona de remitir todo a Madrid.

La Fiscalía pide el archivo del caso del ático de Ignacio González en Estepona

La causa se abrió en 2012 para dilucidar si el expresidente regional compró la vivienda de lujo con todas las de la ley o fue un soborno en especie

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#3 unfan | 20/12/2019 - 17:21h

La fiscalía no puede perder el tiempo en estas menudeces. Tiene que concentrarse en perseguir blasfemos, raperos, gente LGTBI, y manifestantes en general contra la gloriosa unidad de la patria, ESPAÑA. Ignacio González es un ciudadano de bien que tiene la desgracia de tener un ático tan grande que puede perdérsele en él la familia. Deberíamos estarle agradecidos porque quién sino EL iba a comprarse ese ático asínnn de grande.

#2 tozo50 | 20/12/2019 - 17:03h

Patético.
Para mi, como ciudadano, todo parece que la fiscalía ayuda a encubrir un caso de corrupción,
¿ No puede hacer la fiscalía que demuestre el investigado como ha adquirido esa propiedad ?¿De donde procede el dinero para pagar y si el precio es real?
No persigue Hacienda a alguien que compra y paga algún bien no teniendo ingresos declarados ó siendo inferiores a lo gastado?
¿ Cual es fin de la fiscalía ( ó mejor dicho de algúno-as fiscales), defender al corrupto.?

#1 Caecilium | 20/12/2019 - 16:52h

Ante el riesgo de recibir "dos tiros", como dijo le dijo el inmaculado Gonzalez al libre de toda sospecha Cerezo, el juez tomará la sabia decisión de seguir la orden de la Fiscalía de Málaga, otra recta institución.