Repaso a la corrupción del Partido Popular

OPERACIÓN KITCHENLos 'papeles de Kitchen' demuestran la existencia de la caja B del PP en toda España


El dispositivo policial puesto en marcha por Interior, sin control judicial, se hizo en 2013 con abundantes documentos y anotaciones del extesorero Luis Bárcenas, que presuntamente prueban la financiación ilegal del partido, según 'El Mundo'.


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El extesorero del PP, Luís Bárcenas, en una foto de archivo | AFP

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MADRID
19/11/2018 13:06 Actualizado: 19/11/2018 13:07
PÚBLICO

El dispositivo policial que puso en marcha el Ministerio del Interior, bajo el nombre de operación Kitchen, fue el encargado de hacerse en 2013 con una de las cajas que Luis Bárcenas guardaba repletas de documentos y anotaciones que presuntamente demostraban la financiación ilegal del PP y que, finalmente, desmontaba una de las mayores tramas de corrupción en un partido.

La Policía se apoderó del material aprovechando que Luis Bárcenas se encontraba en prisión preventiva y que Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP, tenía en su poder dichos documentos. Sin embargo, las pruebas nunca pudieron ser utilizadas y no fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que en ese instante investigaba tanto la fortuna injustificada de Bárcenas como la presunta financiación ilegal del PP.



Según ha informado este lunes el diario El Mundo, que ha tenido acceso a parte de esos documentos que hasta el momento se mantenían inéditos, entre la documentación requisada se encontraron desde una carta manuscrita del ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, en la que se remitía información que demostraba la contabilidad oculta del partido en la comunidad autónoma; a los papeles intervenidos en los que había tratado de borrar su nombre para no dejar constancia de su conocimiento sobre dichas operaciones.

Entre los documentos había una carta de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, con varias facturas relacionadas con las campañas electorales del PP de Madrid
Por su parte, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la policía, sirvió para facilitar la incautación de los documentos que finalmente demostrarían, entre otros, la contabilidad en B del PP en Galicia; los contratos suscritos del PP en relación con las actividades de formación en Valencia; o las notas y facturas que señalaban que las campañas electorales de Madrid habían sido financiadas de forma irregular.

A su vez, entre la documentación requisada también había una carta con varias facturas sobre las campañas electorales del PP en Madrid que Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, enviara a Bárcenas. Entre esta documentación se encontrarían múltiples anotaciones, disposiciones, ingresos bancarios y presupuestos de las campañas electorales del PP, que fueron modificados con el fin de tapar el rastro de la caja B del PP.

Todas las pruebas reunidas no sólo demuestran la presunta financiación irregular del partido en Madrid, sino el entramado corrupto del partido a nivel nacional y la cooperación de la tesorería nacional del PP para blanquear las donaciones obtenidas de forma ilícita —es decir, en negro— por sus líderes con el objetivo de evitar los controles legales.

https://www.publico.es/politica/operacion-kitchen-papeles-barcenas-demuestran-caja-b-pp.html
 
Cosidó se desvincula de la 'Kitchen': "No vi los papeles de Bárcenas ni supe de ninguna operación"
POLÍTICA
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Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, durante una sesión de control al Gobierno. JAVI MARTÍNEZ



Los 'papeles de Kitchen' tienen pruebas de la caja B del PP en toda España

El PP se desmarca del escándalo de la 'operación Kitchen': "Es cosa del pasado"

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se ha desmarcado hoy de la operación Kitchen que puso en marcha el Ministerio del Interior cuando él era director general de la Policía. Cosidó ha dicho desconocer los documentos que le sustrajo la Policía a Luis Bárcenas y que ha venido revelando EL MUNDO en los últimos días: "No tengo en la cabeza todos los papeles publicados, pero diría que no. No [los vi], ni participé en esta investigación, de ninguna de las maneras". "Ni coordiné, ni dirigí ni supe de ninguna operación de la Policía judicial", ha añadido.

Por orden de Interior, la Policía se apoderó en 2013 -gracias al uso de fondos reservados- de una caja repleta de anotaciones y pruebas documentales del ex tesorero popular sobre la presunta financiación ilegal del partido. Con la colaboración de su chófer, Sergio Ríos, la Policía fotocopió las agendas del ex senador popular, que iba a entregar una parte de ellas a la Audiencia Nacional.

En los nuevos papeles de Bárcenas publicados hoy por este diario se apuntan datos sobre la caja B del PP en la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Galicia, los tres grandes bastiones del partido, así como de la tesorería nacional.

"La Policía investiga como Policía judicial sin informar, y mi estilo de dirección era el de zapatero a tus zapatos", ha explicado Cosidó, antes de acotar que él se dedicaba más bien a "la planificación estratégica" y a la asignación de recursos, entre otros asuntos.

Sin embargo, según ha publicado EL MUNDO, la operación no tuvo control judicial. En todo caso, el ex director de la Policía ha incidido en su "total confianza en la Justicia" y en que está muy tranquilo por su nula participación en la trama.

"No hagamos prejuicios ni juicios paralelos, que sea el juez [de la Audiencia Nacional] el que determine", ha insistido Cosidó. "La relación más intima que he tenido con el señor Villarejo es la querella que me puso", ha añadido, antes de afirmar que no saldrán a la luz grabaciones suyas.

En este punto, Cosidó ha asegurado que ha hablado con Pablo Casado y que, "mientras mantenga la confianza" que éste ha depositado en él seguirá como portavoz del Senado y no se plantea dimitir, como le ha pedido el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil. "Hay cierta campaña" contra él, se ha quejado el dirigente popular.

En la dirección del PP avalan las explicaciones de Cosidó y dan por "zanjada" su posible implicación en la operación. Y evitan pronunciarse sobre la posible implicación de ex altos cargos del PP: "Es el pasado", reiteran.

De hecho, fuentes populares aseguran hoy que la operación Kitchen "hace más necesario aún romper con el pasado y da más fuerza a la elección de los compromisarios". Se trata de toda una ruptura con la etapa de Mariano Rajoy. El equipo de Pablo Casado quiere establecer un cordón sanitario en torno a su líder, y para eso necesita desligarse de todo compromiso con "el pasado". Dicho de otra manera, ya no se pone la mano en el fuego por nadie que no esté ahora en Génova.

Hay que recordar que el juez que investiga la caja B del PP, José de la Mata, exigió el viernes al Ministerio del Interior que le entregue "con la máxima urgencia" toda la documentación que le fue robada a Bárcenas.

"Pido disculpas"
Por otro lado, Cosidó ha pedido "disculpas por el lenguaje coloquial" que usó en un mensaje de WhatsApp "interno". El Español publica hoy dicho mensaje, en el que el portavoz del PP en la Cámara Alta explica a los senadores populares el acuerdo con el PSOE para repartirse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicho WhatsApp se asegura que el futuro presidente del CGPJ, Manuel Marchena (conservador), controlará "desde atrás" la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la encargada de juzgar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

"No se habla de intento de control del Poder Judicial, lo que se dice es que la elección de Manuel Marchena [como presidente del CGPJ] ayudará a incentivar la unanimidad" en las decisiones del órgano de gobierno de los jueces, ha matizado Cosidó.

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/19/5bf2a2c446163fa4a58b456f.html


Pablo Casado a éstas horas calladito....
 
Un juez concluye que el número dos de la Policía con el PP usó información robada en el caso Pujol


Procesa al comisario Eugenio Pino y a uno de sus subordinados en la policía política por fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio

Ambos están acusados de incorporar a la causa de la Audiencia Nacional contra los Pujol un pendrive sobre cuya procedencia mintieron al juez De la Mata

Pino era número dos de Cosidó y dirigió la Operación Catalunya y el pago con fondos reservados al chófer de los Bárcenas para que sustrajera documentos

Pedro Águeda
20/11/2018 - 21:01h
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El comisario Pino (dcha) junto a Fernández Díaz e Ignacio Cosidó

Los métodos de la Operación Cataluña afloran en una investigación de la Audiencia Nacional
El juez de Madrid Juan Javier Pérez Pérez ha llegado a la conclusión de que el número dos de la Policía con el último Gobierno del PP intentó incorporar a la causa de la Audiencia Nacional contra los Pujol información robada y personal del primogénito del expresident.




Se trata del comisario Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó y jefe directo de José Manuel Villarejo durante las operaciones Catalunya y Kitchen, ésta última planeada para sustraer documentación del domicilio de los Bárcenas a través del pago con fondos reservados al chófer de la familia. La Operación Kitchen es objeto de una pieza secreta del caso Villarejo en la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid considera que hay indicios suficientes para procesar al comisario Pino y a uno de sus subordinados por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos. Se trata de la causa judicial más avanzada contra las maniobras de la policía política que operó en el seno del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, dedicada a fabricar informes contra los adversarios políticos del PP. Pino había sido el policía elegido por el partido de Rajoy para la dirección operativa del Cuerpo.

“Existen indicios de que los investigados pudieron concertarse para aportar al procedimiento judicial, por medio de la UDEF, un pendrive, conteniendo información previamente sustraída a Jordi Pujol Ferrusola (aunque se ignoran las circunstancias de dicha sustracción), ocultando su procedencia, bajo la alegación de vagas y genéricas referencias a su origen”, alega el magistrado Pérez Pérez en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Además, el comisario Pino y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano “faltaron a la verdad” ante el juez que investiga el caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata, añade el magistrado de Madrid, que acuerda que la causa pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento cuando se investigan delitos castigados con una pena inferior a nueve años, según adelantó elconfidencial.com. De hecho, las contradicciones entre las declaraciones de uno y otro y respecto de ellos mismos en distintas ocasiones ante el juez han sido determinantes para consolidar los indicios contra los policías.

La rápida reacción del juez De la Mata a la maniobra policial evitó que toda la causa por corrupción contra los Pujol quedara contaminada y corriera el riesgo de ser anulada. El magistrado abrió una pieza separada que terminó enviando a los juzgados de Plaza de Castilla, competentes para investigar los indicios de delito que él apreció tras las primeras diligencias y que ahora confirma el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.

La Brigada Anticorrupción de la Policía presentó al juez José de la Mata un informe en abril de 2016 que abría nuevas líneas de investigación a la familia Pujol, basadas en la información contenida en el lápiz de memoria.

Las contradicciones en las que incurría el propio informe sobre su procedencia hicieron sospechar al juez. En un sitio decía que el pendrive surgía de la “cooperación policial” y al tiempo bases de datos de “inteligencia policial”. El jefe del Grupo de la UDEF que investiga a los Pujol puso por escrito que la información procedía del registro con orden judicial de las oficinas de la agencia de detectives Método 3, en Barcelona, lo que después ha quedado descartado.

El magistrado que imputa a Pino y a Díez Sevillano archiva, por contra, las actuaciones contra el jefe de este grupo al constatar que "goza de la plena confianza" del magistrado De la Mata para la investigación a los Pujol.

En el auto afloran varios aspectos de la Operación Catalunya. Dice el juez Pérez Pérez que "no se ignora la existencia de rivalidades en altos niveles del Cuerpo Nacional de Policía, que pueden haber tenido influencia en el caso que nos ocupa". Se refiere al enfrentamiento entre el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, con Pino, consecuencia del violento choque entre el primero y el comisario Villarejo.

El comisario Eugenio Pino se jubiló en el verano de 2016 con la más alta distinción que un ministro del Interior, en este caso Jorge Fernández Díaz, puede conceder a un policía en vida, la Cruz de Plata al Mérito Policial, con una gratificación del 15% del sueldo de por vida. Díez Sevillano integró el grupo de comisarios que prestaron servicio en la brigada política y que se conviertieron en 'diezmileuristas' gracias a los destinos dorados en las embajadas que les fueron asignados, como reveló eldiario.es. El actual ministro Fernando Grande-Marlaska les ha devuelto a puestos en España sin esas gratificaciones.

https://www.eldiario.es/politica/concluye-Policia-PP-informacion-Pujol_0_837817404.html
 
OPERACIÓN KITCHENLa Fiscalía pide imputar al comisario Eugenio Pino y al chófer de Bárcenas por el robo de los documentos al extesorero


El juez del caso Bárcenas ya pidió a Interior un informe urgente sobre el supuesto trabajo que la Policía Nacional hizo con Villarejo para recuperar información "sensible" que el ex alto cargo del PP se había llevado de Génova.


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El chófer de Barcenas, Sergio Ríos, junto a Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero. AFP/Archivo

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
20/11/2018 21:36 Actualizado: 20/11/2018 21:36
EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que impute al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y al antiguo chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, por la operación Kitchen, según han confirmado fuentes fiscales.

El Independiente ha avanzado que la Fiscalía ha presentado este martes un escrito en el que sostiene que Pino y Ríos tuvieron un papel relevante en el dispositivo que se puso en marcha desde el Ministerio del Interior para supuestamente conocer el paradero de la fortuna de Bárcenas, cuando ya estaba imputado en el caso Gürtel.



La operación Kitchen se investiga en una pieza separada del caso Tándem, por el que permanece en prisión el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo.

El juez del caso Bárcenas ya pidió al Ministerio del Interior hace unos días un informe urgente sobre el supuesto trabajo que hizo en 2013 este departamento con Villarejo para recuperar "documentos sensibles" que Bárcenas se había llevado de la sede del partido.

El juez se refería en su auto a la información publicada el pasado día 15 por El Mundo, que afirma que la Policía Nacional puso en marcha en 2013 un dispositivo que se saldó con el robo, entre otra documentación, de las agendas personal y de trabajo de Bárcenas.

En este dispositivo participó supuestamente Villarejo, investigado por el juez De Egea en el caso Tándem, sobre las actividades ilegales del expolicía.

En la supuesta operación encargada Interior cuando el ministerio lo dirigía Jorge Fernández Díaz participó el chófer de Bárcenas, que fue captado como confidente de la Policía y que fotocopió, dice el diario, una caja de documentación que luego puso en manos del dispositivo dirigido por Villarejo.


https://www.publico.es/politica/ope...r-comisario-eugenio-pino-chofer-barcenas.html
 
'Operación Kitchen': El chófer de Luis Bárcenas dio las claves de la alarma para el robo
INVESTIGACIÓN
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  • 23 NOV. 2018 02:02
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Luis Bárecenas (izquierda), junto a su entonces chófer, Sergio Ríos, a la salida de la Audiencia en febrero de 2013. Juan MedinaREUTERS


Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en 'B'

Las pruebas de la 'operación Kitchen': Los pagos en 'B' que Interior robó a Luis Bárcenas

El chófer del ex tesorero del PPLuis Bárcenas facilitó a la Policía las claves de la alarma de su escondite: un estudio en el que ocultaba documentación. Sergio Ríos, que fue captado como confidente en la denominada operación Kitchen puesta en marcha para robar a Bárcenas su arsenal contra el PP, filtró el código que permitió al dispositivo policial acceder al inmueble sin orden judicial y sustraer material sensible. El conductor guió a los agentes hasta allí tras asegurar que Bárcenas y su mujer habían ocultado documentos en un viejo arcón. No obstante, el confidente a punto estuvo de frustrar el asalto porque se equivocó en un primer momento y facilitó un código erróneo provocando que saltara la alarma. También reportó el contenido de las conversaciones de Bárcenas en el coche y advirtió que podía ocultar dinero en Canadá y Chile.

La Policía sustrajo a Luis Bárcenas documentación sensible contra el PP gracias a que el chófer del ex tesorero le facilitó la clave de su alarma para desactivarla. El operativo montado por Interior bajo la denominación de operación Kitchenconsiguió anular los sistemas de seguridad instalados por el ex alto cargo del PP en un estudio situado en el número 32 de la madrileña calle de General Díaz Porlier, donde Bárcenas mantenía habitualmente reuniones y custodiaba pruebas documentales.

Sergio Ríos, el conductor de Barcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, fue captado como confidente por la Policía, en tiempos del Gobierno del PP, y la condujo hasta el referido inmueble. El chófer reveló a los mandos policiales que intervinieron, entre los que se encontraba el comisario ahora encarcelado José Manuel Villarejo, que el ex tesorero mantenía a salvo pruebas contra el partido en el inmueble situado a escasos metros de su domicilio.

Les indicó que había escuchado conversaciones al matrimonio en las que hacían referencia a un «arcón» en el que se guardaban documentos y les condujo hacia el mismo. Todo ello ocurrió a mediados de 2013, cuando Bárcenas declaró abiertamente la guerra a la cúpula del PP, afloró sus famosos papeles con doble contabilidad y desveló sus sms con Mariano Rajoy.

larga lista de supuestos pagos con dinero negro, a «obras en casa de Mariano», en referencia a la instalación de cámaras de seguridad y cristales blindados en el domicilio particular del ex presidente, supuestamente abonados con cargo a la caja B. También se incluía en este resumen los detalles de las entregas de sobresueldos a la cúpula del partido, especificando en concreto los nombres de Rajoy, Ángel Acebes, Javier Arenas o Rodrigo Rato. Asimismo, figuraba la cuantificación real de «cuánto dinero entra al año en negro en Génova». Toda vez que siempre ha sido cuestionado que los célebres papeles de Bárcenas reflejen de manera exhaustiva el dinero no declarado que manejó el partido en las últimas décadas.

ha requerido a EL MUNDO los documentos robados al ex tesorero publicados por este periódico y que nunca fueron entregados a los jueces que lo estaban investigando.

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/23/5bf701b2e5fdea76198b46c5.html

¿No tiene nada que decir el flamante presidente del PP?
 
Las maniobras de la policía política acechan a la cúpula de Interior de Rajoy


La revelación de que hay una investigación secreta por los pagos al chófer de Bárcenas enciende las alarmas en el equipo de Fernández Díaz

Las grabaciones de Villarejo amenazan a todos los que trataron con él, incluidos el exministro del Interior y su número dos, Francisco Martínez

Dos jueces de la Audiencia Nacional reclaman información sobre el uso en la época de los fondos reservados, material clasificado como secreto

El comisario Eugenio Pino, jefe operativo de la policía política, va camino del banquillo por intentar utilizar información robada contra los Pujol

Pedro Águeda
24/11/2018 - 21:21h
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Ignacio Cosidó, Francisco Martínez y el comisario Eugenio Pino (de izq. a dcha.) rodeados de mandos policiales en la sede Canillas

Anticorrupción investiga los fondos reservados de la policía política del PP
“Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”. La frase de Jorge Fernández Díaz sobre el comisario Villarejo, de marzo de 2015, retumba todavía en las paredes del Ministerio del Interior. Fue pronunciada por el titular de la cartera cuando arreciaban las primeras informaciones sobre el polémico policía. Para un Gobierno con mayoría absoluta, que controlaba los resortes de la seguridad del Estado y al que no amenazaba ninguna investigación judicial, solo restaba aguardar que pasase el pequeño terremoto mediático sobre la figura del comisario.




Tres años y medio después, el PP no gobierna. El comisario cumple un año en prisión, su archivo de grabaciones sacude cada poco la política nacional y tres juzgados investigan las maniobras de la estructura policial a la que perteneció y que actuó en el seno del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, sin control judicial y con la misión de desgastar a los oponentes políticos del partido de Mariano Rajoy.

José Manuel Villarejo Pérez tiene un negro futuro judicial como presunto líder de una organización criminal. La escala de mando por encima de él sigue, por el momento, activa en primera línea de la política fruto de la decisión del actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El director general de la Policía en esa época, Ignacio Cosidó, es hoy el portavoz del partido en el Senado, uno de los pocos puestos de relevancia que puede repartir un jefe de la oposición. Fernández Díaz, el ministro de la Ley Mordaza, fue nombrado por Casado secretario del partido en materia de Interior y Libertades. Y Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, es portavoz de la comisión constitucional en el Congreso.

De todos ellos, solo el policía que mandaba directamente a Villarejo, el comisario Eugenio Pino, está jubilado. Dejó el cuerpo en el verano de 2016 al cumplir los 65 años. Artífice de la brigada política que pervirtió las funciones policiales para perseguir a políticos independentistas, a Podemos y para robar documentos del domicilio de los Bárcenas, el comisario Pino fue despedido por Fernández Díaz con la más alta distinción que puede recibir un agente en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial. Esta condecoración supone una paga de un 15% del sueldo mensual de por vida.

Desde el pasado 2 de noviembre, Eugenio Pino está procesado por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Un juez de Madrid ha concluido la investigación acerca del intento de la Policía por ampliar la investigación de la Audiencia Nacional contra Josep Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, con información privada y previamente sustraída. La investigación apunta a Pino y a uno de sus máximo colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, imputado por los mismos delitos.

Cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2016, Pino era todavía intocable. Manejaba la policía a su antojo. Los fondos reservados de la Dirección Adjunta Operativa habían crecido considerablemente. Los informes que sus subordinados redactaban sin firma ni sello ocupaban las portadas de determinados medios de comunicación cuando se suponía más daño hacían al proceso soberanista. Era indiferente que nunca llegaran a un juzgado, que los que extrañamente lo hacían fueran despreciados por los jueces, como el informe PISA contra Podemos, o que contuvieran burdas manipulaciones, como la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza.

El comisario Villarejo había sido condecorado en 2014 por su participación en la Operación Catalunya con una medalla pensionada, premios que Pino manejaba a su antojo. Pero había más. Los preciados destinos en embajadas eran una suerte de fondo de reptiles que manejaba el todopoderoso comisario para premiar a los suyos. Sus principales colaboradores disfrutaron de ellos hasta el pasado verano, hasta que el actual Gobierno les ordenó regresar. El imputado junto a él, Díez Sevillano, había sido enviado a México. Su antecesor, José Ángel Fuentes Gago, a La Haya, al igual que su mujer, también policía. Pino había convertido a su grupo de estrechos colaboradores en un club de ‘diezmileuristas’.

Mentiras en la Audiencia Nacional
Eugenio Pino se permitió mentir en la Audiencia Nacional al ser llamado por elpendrive con la información robada de los Pujol. El magistrado siguió indagando y concluyó que había indicios de delito y que un juzgado de Madrid sería competente. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Plaza de Castilla también cree que Pino le mintió, además de confirmar los indicios acerca del robo de la documentación.

En los próximos días, el actual Ministerio del Interior debe responder a la petición de información detallada que ha cursado, de forma urgente, el juez José de la Matasobre la Operación Kitchen, el operativo policial para robar documentación potencialmente comprometedora para el Partido Popular del domicilio de Luis Bárcenas. En esa documentación deben aparecer casi todos los protagonistas de la policía política.

Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía Pino. El contacto directo con el chófer de Bárcenas, las entregas de los sobres con dinero, correspondieron a los comisarios Villarejo y a Enrique García Castaño, El Gordo.

El requerimiento ha sido cursado por el juez de la caja B porque El Mundo publicó documentación sobre la presunta financiación irregular que habría sido sustraída por el chófer y entregada a la cúpula de Interior. Sin embargo, esa documentación nunca fue incorporada al sumario judicial. El detalle del pago de los fondos reservados será reclamado por los fiscales Anticorrupción del caso Villarejo, que investigan la Operación Kitchen a raíz de las grabaciones entre el comisario y el chófer halladas entre el arsenal sonoro del policía.

Antes siquiera de haber recibido esa documentación, la Fiscalía Anticorrupción cree haber reunido ya los indicios suficientes para solicitar la imputación del comisario Pino y del chófer, Sergio Ríos, en la actualidad policía nacional, entre otras diligencias que no han trascendido.

Las conversaciones con Villarejo
En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y elnúmero dos de Interior hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de "Paco Bomba".

El ministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.

Por su parte, Cosidó insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas. O no se enteraba o no se quería enterar de lo que ocurría mientras era el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía. Asegura que nunca habló con Villarejo.

Lo mismo dicen los antecesores de Fernández Díaz y Martínez en Interior, según su entorno. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Antonio Camacho, el secretario de Estado, trataron con el comisario, a pesar de que Villarejo estuvo destinado en la Comisaría General de Policía Judicial -que investiga la corrupción, entre otra delincuencia organizada- y después en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que terminaría heredando Pino.

El juez del caso Villarejo ya ha acordado algunas de las últimas diligencias que le ha solicitado Anticorrupción y otras piensa hacerlo proximamente, como solicitar al Consejo de Ministros que levante la clasificación de secreto a determinadas materias e investigados y testigos puedan declarar sin transgredir la Ley de Secretos Oficiales. Uno de ellos, el comisario García Castaño, ha pedido formalmente al juez poder hablar de la Operación Kitchen y de otros secretos de más de treinta años destinado en puestos sensibles de la seguridad del Estado.

https://www.eldiario.es/politica/maniobras-policia-politica-Interior-Rajoy_0_838867026.html
 
ROSALÍA IGLESIAS

08/12/2018

ASÍ ES LA NUEVA VIDA DE LA MUJER DE BÁRCENAS
LA DECADENCIA TRAS GÜRTEL


La sombra de Gürtel ha convertido la vida de la esposa de Luis Bárcenas en un calvario. Con 300 euros al mes y todas sus propiedades embargadas, Rosalía aún tiene que demostrar su inocencia ante el juez junto a su marido. POR CONSUELO FONT
ROSALÍA IGLESIAS VILLAR (58), LA ESPOSA de Luis Bárcenas (61), que actualmente está en libertad bajo fianza tras ser condenada a 15 años de prisión en mayo en el juicio de Gürtel, ha sido imputada también en la Operación Kitchen. A las diez de la mañana del próximo 21 de diciembre, vísperas de Navidad, ella y su marido tendrán que explicar en la Audiencia Nacional al juez De la Mata, que investiga la Caja B del PP, lo que saben sobre esos documentos, publicados en exclusiva por EL MUNDO, que el ex tesorero se llevó del PP. Nunca llegaron al juzgado, pues fueron “sustraídos” por orden de la Policía, con el omnipresente comisario Villarejo en el ajo. En ellos figuran anotaciones de Rosalía aludiendo a “obras en casa de Mariano Rajoy” o la entrega de “sobres” a la cúpula del partido.

Un nuevo revés para Rosalía, que solo ha disfrutado de seis meses de ‘tensa’ calma desde que, tras pasar una noche en la cárcel de Soto del Real, donde su marido cumple condena, quedó en libertad bajo fianza de 200.000 euros. Cantidad que aportó su hijo Guillermo (28), el cantante del conjunto Taburete, tras realizar un crowfunding de urgencia entre 18 allegados. Sobre Rosalía pesa una condena de 15 años de prisión como “cooperadora necesaria” del entramado de su marido, que llegó a tener 48,2 millones de euros a su nombre en Suiza. Desde entonces, esta glamurosa dama, tan alérgica a los periodistas que llegó a disfrazarse de Jackie Onassis –sombrero, pañuelo animal print y enormes gafas de sol– para pasar inadvertida, estaba desaparecida del mapa.

Recluida en su domicilio, un espléndido piso de 350 metros en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, cercano a la sucursal de Bankia, donde en 2007 surgieron de la nada 11 millones de euros en una cuenta a su nombre, apenas salía. Salvo para acudir cada 15 días al juzgado, tal como prescribió el juez, que le retiró además el pasaporte. “Yo sólo viajo con mi marido”, adujo para descartar su fuga. Ni siquiera se la vio este verano en su lujoso penthouse de Guadalmina, que fue embargado, como las casas que el matrimonio poseía en las estaciones de esquí de Baqueira y Sierra Nevada y el resto de sus propiedades, muchas a nombre de Rosalía. También quedaron embargadas sus cuentas corrientes. Tal como ella denunció, no llegaba ni a mitad de mes con los 300 euros mensuales que el juez le asignó.

Un amargo broche para la vida de cuento de hadas que llevó antaño esta guapa astorgana de origen humilde, que llegó a escalar el ‘Everest’ social y económico cuando en 1983 conoció a Luis Bárcenas, futuro hombre fuerte de las finanzas del PP. Era la pequeña de las cinco hijas de Juan Luis Iglesias, dueño de una empresita de transportes, que residía con su familia en el humilde barrio de San Andrés (Astorga). Educada en los Escolapios, estudió secretariado, pero Rosalía tenía otras miras y con 20 años se marchó a Madrid, colocándose en una peletería, en la que comenzó a codearse con ‘señoras bien’. Un trampolín que le ayudó a recalar en Alianza Popular, donde acabó como secretaria de Jorge Verstrynge, entonces delfín de Fraga. Según asegura un antiguo compañero, “siempre la veía pintándose las uñas, pero nunca dejaba tarea pendiente, era muy eficiente”.

ÉPOCA DORADA

Parece que Bárcenas, entonces casado con Nieves Romera y padre de un hijo, Ignacio, hoy un virtuoso del póker online, se enamoró a primera vista, ya que solicitó a Vestrynge que se la cediera para trabajar en su equipo. Posteriormente se separó y se casó con Rosalía en 1989 en la embajada de Francia, fruto de cuya unión nació Guillermo, hoy solista de Taburete, grupo musical de moda entre los cachorros de la jet. Coincidiendo con la ‘reconversión’ de AP en el PP, que desde 1990 presidió Aznar, Bárcenas fue ascendiendo, siendo elegido miembro de la ejecutiva, senador y en 2008, tesorero. Una época dorada para Rosalía, quien dejó de trabajar para convertirse en ‘señora de’, aunque esporádicamente ejercía como restauradora, su hobby. Mansiones en Madrid, Marbella y Baqueira, servicio fijo, chófer y caprichos caros como pieles o bolsos de marca, conformaban su universo. Hasta que el ‘monstruo’ de Gürtel asomó.

Fue Luis Bárcenas, que hoy cumple una condena de 33 años de prisión, quien la arrastró al abismo, a pesar de su adoración por ella y sus esfuerzos por exculparla. “Yo hacía un churro con su firma y lo presentaba en el banco”, reiteraba. Versión que la propia Rosalía corroboró en enero de 2017 ante el juez de Gürtel, aduciendo una fe ciega en su marido. También aseguró desconocer que existía una supuesta contabilidad B del PP: “Nunca hablábamos de su trabajo”.
 
Desvelan que la Policía de Rajoy intentó robar en casa de los Bárcenas

11 de diciembre de 2018 | Daniel Bellaco


El Ejecutivo de Mariano Rajoy pagó con fondos reservados al delincuente para que secuestrara a los Bárcenas

y consiguiera los 3 pendrives y compró la voluntad de Sergio Ríos, el chófer de la familia, que se convirtió en un topo del gobierno del PP y que alertó de que en la casa estaban los archivos.

Los policías que llegaron a la casa fueron sustituidos al momento por otros ajenos al primer reconocimiento y a la estructura habitual.

Según detalla el diario, la familia Bárcenas no duda ya y creen que esos agentes estuvieron en su apartamento para localizar aquello que no consiguió el falso cura e incluso que pudieron colocar micrófonos en la casa.

Fuentes policiales afirman al periódico que el Gobierno de Rajoy ya llevaba tiempo con un seguimiento exhaustivo a Luis Bárcenas y su familia usando a los agentes del Área Especial de Vigilancia, con 20 unidades, realizando informes sobre los movimientos de la familia del extesorero.

La Policía relató en directo la entrada del delincuente presuntamente a sueldo del Ejecutivo de Rajoy con el fin de cometer un delito así como que llegara a la casa de los Bárcenas el chófer-topo.

Policías sabían que se iba a cometer un delito en casa de los Bárcenas por orden del gobierno según detalla el diario y que el falso cura “era un profesional” que ya había realizado otros trabajos en el pasado.

La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía apunta a que se ordenó una misión extrajudicial del Gobierno de Rajoy para que los jueces que investigaban el caso Gürtel no pudieran acceder a la información sobre la contabilidad B del PP y los sobresueldos de los peces gordos del partido.

El comisario Villarejo, que recibió órdenes de Cospedal con el presunto conocimiento de Rajoy, y el comisario Enrique García Castaño, fueron los encargados de poner en marcha dicho dispositivo.

https://digitalsevilla.com/2018/12/11/policia-rajoy-intento-robar-casa-barcenas/
 
Vamos a ver...Si se utilizó fondos reservados, que son del erario público para una cuestión privada como son los papeles de Bárcenas que perjudicaban al PP..

¿Se ha abierto ya en Fiscalía una investigación para determinar si hubo malversación en la utilización de fondos públicos para temas privados?

Es que con el tema catalán parece que si hay abierta una causa, pero....¿La hay para quien corresponda del Pp la malversación, perdón, presunta malversación?

¿O eso no toca porque es del PP?
 
Angy Galvín
11/12/2018 - 22:27h
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Imagen de archivo de Bartolomé Cursach EFE

La Policía requisa los móviles a dos periodistas de Baleares para investigar la publicación de una noticia del caso Cursach
"Hemos publicado un montón de noticias, pero a raíz de realizar una entrevista en exclusiva a una testigo clave del caso Cursach, empezaron las amenazas y las advertencias". Habla Kiko Mestre, periodista del Diario de Mallorca a quien la Policía Nacional ha requisado su teléfono en el marco de una investigación por las informaciones periodísticas del caso Cursach, Bartolomé, el todopoderoso empresario de la noche mallorquina acusado de más de una docena de delitos. El sumario que lo investiga describe cómo fue capaz de corromper una isla entera, sobre todo a policías y políticos, para garantizar el monopolio de su imperio empresarial. La lista de delitos que se le imputan es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.




Mestre, reputado periodista mallorquín, lamenta que tanto a él como a una compañera de Europa Press les hayan requisado los teléfonos móviles. "El mundo está al revés, la justicia se dedica a investigar quién filtra las noticias", lamenta Mestre. La Policía ha entrado este lunes en la redacción del Diario de Mallorca y de Europa Press Baleares para requisarles material relacionado con la cobertura periodística del caso. Los agentes, que tenían una orden judicial, no se han llevado nada de la redacción de Diario de Mallorca, pero han requisado dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel de Europa Press.

Para Mestre, el problema va más allá de su caso: "Hoy he sido yo a quien le han retirado el teléfono, pero mañana será otro. La información que yo tengo en el teléfono, profesional y personal, está descontrolada. Con esta intervención policial, damos el mensaje a una fuente que esté interesada en hablar con un periodista de que se lo piense dos veces. Hasta ahora, parecía que estábamos protegidos por el secreto profesional". Las asociaciones de periodistas españolas y baleares -FAPE, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears y la Associació de Periodistes de les Illes Baleares- también han mostrado su preocupación por este ataque contra la libertad de prensa.


Diario de Mallorca

✔@diariomallorca

· 17h

En respuesta a @diariomallorca @policia
Apoyo de la profesión a los dos redactores a los que la Policía ha requisado móviles y ordenadores https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/11/apoyo-profesion-redactores-policia-requisado/1373875.html …


Apoyo de la profesión a los dos redactores a los que la policía ha requisado móviles y ordenadores
Asociaciones y periodistas expresan su solidaridad y exigen el respeto al secreto profesional

diariodemallorca.es


Diario de Mallorca

✔@diariomallorca


El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre @Piomoa43, explica la intervención de su teléfono móvil por la @Policia en relación al Caso Cursach #LibertaddePrensapic.twitter.com/r8HyN148vo


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17:23 - 11 dic. 2018
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Periodistas comprados por Cursach
Este veterano periodista cuenta que Cursach ha financiado, a través de la publicidad, a "muchos medios de comunicación" de las islas. "Ha gastado mucho dinero en publicidad, de manera interesada y lógica, y otros medios claramente se han posicionado a su favor", comenta. "Yo duermo tranquilo, a lo mejor otros no", añade. Cursach, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –como Megasport–, ha sido una importante fuente de financiación de los medios de comunicación isleños.

La influencia de Cursach quedó patente en un auto en el que el antiguo juez instructor del caso, Manuel Penalva, apartado finalmente por falta de imparcialidad, relató cómo el entorno de Cursach estaba interesado en comprar a periodistas para salir ileso del proceso judicial. En una de las conversaciones intervenidas, Cursach comentó a un interlocutor que "hay que pagar a unos cuantos periodistas" para que publiquen noticias. "Tienes que coger a dos o tres periodistas y darles 1.000, 1.500 o 2.000 euros cada mes", dijo Cursach. Según Penalva, en la causa hay más referencias de testigos que denuncian que el empresario mallorquín y los suyos usaban "un determinado medio de comunicación" para defender sus intereses.

En aquel auto, Penalva relató que todas las actividades impulsadas por Cursach y sus compinches –considerados por el juez como "organización criminal"– formaban parte de una "campaña coordinada, con la finalidad de desviar la atención de los graves hechos y crímenes investigados, que en esta fase procesal, donde la inspección prácticamente ha concluido, parecen sólida e indiciariamente probados".

Ataques personales en las redes sociales
Mestre sufrió una de esas campañas del entorno de Cursach: uno de los abogados del empresario le amenazó en las redes sociales por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, el letrado lo avisó de que existía una supuesta grabación en la que la testigo clave, aquella que entrevistó en exclusiva Mestre, alude al redactor: "Ah, y la madame (la testigo clave) también habla de ti en la grabación".

El periodista reconoce que ha sufrido acoso, especialmente a través de las redes sociales, por parte de trabajadores de Cursach. Distintos mensajes se refieren al Diario de Mallorca como "Diario del Juez", por su supuesto alineamiento con las tesis de Manuel Penalva, quien antes de ser apartado recibió el amparo del Consejo General del Poder Judicial por el hostigamiento que sufría del entorno de Cursach. La amenaza llegó al punto de tener que ser autorizado por la Guardia Civil para llevar una pistola encima.

"A mí particularmente me ponen en duda y me atacan, pero esto no es nada nuevo", comenta el periodista. "En su momento, organizaron manifestaciones en la calle contra el juez y el fiscal del caso", recuerda. Muchos de los testigos protegidos también han denunciado en sede judicial que han sufrido agresiones e intimidaciones por parte de personas cercanas al empresario. Penalva llegó a decir que "nunca" había vivido "tal situación de acoso hacia investigadores y testigos".

Uno de los testigos que ha estado en el punto de mira ha sido la madame de un burdel clave en la investigación, a quien Mestre entrevistó. Para él, sus contactos con ella entran dentro de las prácticas habituales del periodismo: "He hablado muchas veces con la mujer. Pero no todos los periodistas tenían acceso a ella. Yo le hice la entrevista porque tenía mucho interés periodístico. Tardé mucho en convencerla. Después, la entrevistaron otros medios nacionales".

Publicaciones delicadas para Cursach
Europa Press Baleares y Diario de Mallorca, los dos medios a los que la policía ha acudido este martes a incautar material informático y de comunicaciones, han publicado muchas noticias delicadas sobre Cursach. De hecho, la información que motivó la investigación la publicó Europa Press el pasado 5 de julio. En ella se afirma que en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

Diario de Mallorca ha destapado numerosas informaciones que afectan a la Policía Local de Palma: policías que extorsionan a la competencia de Cursach pidiéndoles dinero para no cerrarles los locales; manipulación de las oposiciones en el cuerpo para favorecer a los policías cercanos al PP; control de la Policía por parte del antiguo expresidente del PP de Palma; policías trabajando como porteros y encargados de seguridad de los locales de Cursach; agentes participando en orgías con prost*tutas y drogas que supuestamente pagaba el empresario; y un sinfín de publicaciones que han irritado a una parte del cuerpo policial y a las personas afines al empresario.

Ahora, e l Juzgado de Instrucción número 12 de Palma está investigando un posible delito de descubrimiento de secretos a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert -mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach- y el ministerio fiscal. Mestre, sin embargo, recuerda que "el 99'99% de las investigaciones periodísticas nacen de una filtración". "Yo nunca criticaría que hayan filtrado una noticia a otro periódico, aunque me diese rabia", añade.

Bartolomé Cursach está actualmente en libertad, después de haber estado en prisión desde marzo de 2017 hasta abril de 2018. Consiguió reunir en cinco horas el millón de euros de fianza que le impuso el juez.

https://www.eldiario.es/politica/Cursach_0_845166410.html
Los periodistas corren peligro en España
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¡Compañeros periodistas, ciudadanos todos!


La actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país

Elisa Beni
12/12/2018 - 22:39h
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Imagen de archivo del empresario Bartolomé Cursach, sobre quien los periodistas involucrados en la operación policial publicaron informaciones EFE

"Este secreto profesional tiene a la vez dos beneficiarios y realiza a la vez dos protecciones. De un lado ampara al periodista de los poderes públicos (...). De otro ampara a la fuente. Sin esta cláusula de protección sería imposible cualquier labor periodística de investigación"

Javier Pradera




Quiero felicitar desde aquí al magistrado Miguel Florit. Es absolutamente necesario. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha encontrado la piedra filosofal. Acaba de descubrir él solito la solución a las zozobras de todos los sesudos juristas que son y han sido en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por no mencionar al resto de su homónimos. Él solito, oiga. Miren que he asistido a seminarios y programas del formación, incluso del CGPJ, respecto a la situación en la que queda el secreto decretado de un sumario cuando colisiona con la protección constitucional de las fuentes de un periodista, miren que he oído propuestas. No hacía falta. El instructor mallorquín tenía la clave: saltarse la protección constitucional y campar a sus anchas. ¿Pero cómo no se le ocurrió esto antes a nadie?

En realidad es como el que descubre la pólvora mojada. ¿Necesitas saber quién ha filtrado un dato secreto a un periodista? Pues incautas e intervienes los teléfonos, ordenadores y dispositivos del periodista. La existencia del artículo 20 de la Constitución y la protección expresa, reforzada y manifiesta que realiza del secreto de las fuentes y del derecho del periodista a salvaguardarlas no es obstáculo. Si lo llegan a pensar antes los canelos de los altos tribunales no estaríamos dónde estamos. Una pena que no consultaran con Florit.

Mi ironía sí pretende ser sangrante. Es una alerta, un grito, una demanda de reacción porque la actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país. El juez de instrucción ha entrado como un elefante en una cacharrería en un derecho que es un derecho absoluto y no ponderable. El derecho al secreto profesional del periodista, y su expresa protección constitucional, no es un derecho sometido a ponderación judicial porque precisamente su objeto es proteger al periodista de la inmisión de los poderes del Estado en su labor.

El constituyente quiso preservar la tarea de control de la prensa y el derecho a la información de los ciudadanos en una democracia, hasta el punto de preservarla del controlador. Si el derecho al secreto de las fuentes por parte del periodista fuera un secreto que dependiera de la ponderación del juez respecto a la importancia o relevancia de su objetivo, sería un derecho inexistente. Hay que entender que si de algo protege este derecho es de la inmisión del poder judicial y del resto del poderes del Estado. Esta protección pretende que las fuentes, las personas conocedoras de asuntos que interesan al ciudadano y de relevancia informativa y pública, puedan hacer llegar a los periodistas las denuncias que estimen convenientes. No se trata de ponderar si el interés del juez por su investigación pesa más que la protección del periodista. Eso es tanto como anularla.

Está claro que un juez no puede obligar a un periodista a testificar en juicio o en instrucción sobre cuáles son sus fuentes. Si no puede obligarle, ¿puede tomar por su mano los dispositivos en los que éstas quedan al descubierto? No. No. Mil veces no. Esta es una cuestión que amenaza a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. La defensa de la protección constitucional ha de ser cerrada y firme. Todos estamos llamados a hacerla. Si un juez puede forzar el conocimiento de la fuente que le dio a un periodista la información, se acabó la investigación periodística y se acabó la función de la prensa como controladora de los poderes del Estado.

¿Quiere esto decir que el juez Florit no puede investigar quién ha violado el secreto decretado de sumario? Evidentemente, no. El juez tiene obligación de investigarlo y debe hacerlo de forma constitucional pero, claro, eso tiene otras implicaciones. A un sumario declarado secreto tienen acceso el propio juez, el o los fiscales, el secretario judicial y algún funcionario. Ellos tienen deber de secreto y sobre ellos pesa el delito de revelación de secretos.

¿Ha ordenado Florit la incautación e investigación de los móviles y dispositivos de estos funcionarios? No. Pues esa es la vía y el camino obligado, que no comporta vulneración constitucional alguna. ¿Lo hará? ¿Ordenará a la policía investigar los dispositivos electrónicos de sus compañeros? Ya hemos visto que ha optado por la vía fácil pero también por la senda vedada. Lo mismo sucedió en el Caso Lezo con la filtración de la "magistrada amiga" sobre las escuchas telefónicas a Ignacio González. ¿Ordenó el instructor la incautación y violación de los dispositivos de los magistrados, fiscales, lajs (Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios) y funcionarios que hubieran podido revelar ese secreto? Ya saben que no.

Florit ha encontrado la vía fácil pero prohibida y no sabemos si lo ha hecho por ignorancia inexcusable o por pura prevaricación. En realidad, no quedan más opciones. No es un caso aislado. Ahí sigue la anómala e incomprensible imputación por revelación de secretos del director de este medio, Ignacio Escolar, y de Raquel Ejerique. ¡A por ellos! parece que ha gritado alguien.

No van a por nosotros, o no sólo, van a por el derecho a la información del ciudadano y a sembrar el miedo entre los profesionales para que no osemos levantarle la voz al poder. ¡Compañeros periodistas, van a por todos! ¡Ciudadanos todos, van a arrebataros un derecho irrenunciable! Ser constitucionalista es también defender esto.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Companeros-periodistas-ciudadanos_6_845575452.html

Para ciertos jueces no es necesario respetar derechos de periodistas, están exentos de cumplir con la CE y por supuesto están exentos del delito de prevaricación.


¿Que dice el CGPJ de éste juez? ¿Que está amparado ¡como no! por la Doctrina del Derecho?

¡Que ascazo de la Justicia Española!
 
EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE INTERIORLos registros a periodistas en Palma buscan destruir al fiscal que investiga el caso Cursach


Fuentes policiales revelan a 'Público' que "se ha pactado en los despachos" que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para "hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP




Los periodistas del Diario de Mallorca se han concentrado a las puertas del diario como protesta por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores, Kiko Mestre, por orden judicial, en el marco de la investigación del caso Cursach. EFE/CATI CLADERA

MÁS INFORMACIÓN

PALMA/BARCELONA
12/12/2018 23:23 Actualizado: 13/12/2018 14:04
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Primero persiguieron, amenazaron y agredieron a los testigos protegidos. Después acosaron e intimidaron a los jueces y fiscales que investigan la mayor trama de corrupción policial y política jamás descubierta en Palma de Mallorca. Ahora, han conseguido que el nuevo magistrado de la causa, Miguel Florit, ordene el registro de medios de comunicación y la incautación de móviles privados de periodistas –en flagrante violación del Artículo 20 de la Constitución–, para hacer zozobrar toda la causa del escándalo Cursach/PP.

Y todo este despliegue de extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.



Un padrino de la mafia nocturna policial mallorquina que pasó más de un año en prisión provisional –de la que salió tras reunir en dos horas el millón de euros de fianza– procesado por encabezar un emporio de drogas, prostit*ción, extorsión y soborno que "se servía de diversos agentes y mandos policiales para literalmente MACHACAR A LA COMPETENCIA A BASE DE INSPECCIONES con el fin de que no levantaran cabeza". Al menos, eso es lo que asevera el auto del magistrado Manuel Penalva, anterior titular del Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, que en marzo de 2017 envió a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.

Algunos de los mandos policiales implicados en la trama llegaron a establecer su "oficina" en los puticlubs del emporio mafioso
Ese auto de procesamiento dejó bien claro que en esa organización mafiosa participaban los jefes de la Patrulla Verde de la Playa de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio, de forma que la red de Cursach nunca era pillado con las manos en la masa de esa red de discotecas, famosas en el mundo entero, en las que mandos policiales disfrutaban de barra libre, coca y s*x* a cambio de su protección. Algunos de esos mandos policiales llegaron a establecer su "oficina" en esos puticlubs, como el Table Dance de s'Arenal, perteneciente a otros potentados de la noche mallorquina (los hermanos Pascual), que abría por las tardes sólo para fiestas de políticos y cargos públicos del PP.

Por ejemplo, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Bartolomé Capó, imputado en la trama y acusado de tramitar sanciones exprés contra los competidores de Cursach y los Pascual, "era conocido por todos nosotros por operar desde uno de los locales de alterne del emporio", explican fuentes periodísticas de Palma. Los capos de ese entramado mafioso recompensaban a los policías a su servicio con cestas de Navidad de más de 2.000 euros y muchas otras prebendas.

Entre los muchísimos testigos protegidos de semejante emporio de perversión figura una menor rumana que participó en esas orgías con altos dirigentes del PP local, así como empleados de esos locales de alterne –como el famoso "testigo 29", ex trabajador de Tito's que ha recibido palizas de sicarios para que calle– y hasta policías. Uno de ellos declaró haber visto cómo uno de sus compañeros arrojó a una prost*t*ta a un contenedor de basura, ante varios agentes y autoridades, en una de esas juergas nocturnas.

Así que en el auto del juez Penalva por el que concedió la libertad de Sbert –quien también abonó sin pestañear medio millón de euros de fianza– se hacía una clara advertencia contra "cualquier acto dirigido a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo", tal como ha ido ocurriendo a lo largo de la instrucción, que se mantuvo cuatro años y medio bajo secreto de sumario.

Algunos testigos protegidos, como la "madame" que identificó a mandos policiales y dirigentes del PP, empezaron a desdecirse de sus testimonios iniciales
Pero todas esas maniobras continuaron y la intimidación se extendió también al juez Penalva y al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, contra los que incluso se organizaron manifestaciones de imputados y empleados de Cursach, exigiendo su destitución. Y algunos testigos protegidos empezaron a desdecirse de sus testimonios originales, como la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que empezó identificando como clientes no sólo a mandos policiales, y a decenas de agentes locales, sino incluso a altos dirigentes del PP, como el propio barón Jose María Rodríguez o el diputado Álvaro Gijón.

La "madame" se dio de pronto la vuelta, acusando al juez y al fiscal de presionarla, y llegó incluso a grabarles en secreto. Al final, presentó whatsappsque le había enviado Penalva, calificando de "hijos de put*" a algunos investigados –hay que tener en cuenta que hasta le quemaron el coche– y eso les permitió recusarlo como juez de instrucción. Fue sustituido por el magistrado Miguel Florit, quien acaba de generar el escándalo de ir contra los derechos fundamentales de los periodistas que investigan el caso.

En cuanto al fiscal Subirán, los sicarios de la trama convirtieron su vida en un infierno: no sólo le acosaron impunemente en la vía pública –sin que sus escoltas lo protegieran–, sino que entraron varias veces en su domicilio, robándole objetos personales –como fotos de sus padres recién fallecidos– y le amenazaron de todas las formas imaginables.

Ahora, "como Subirán no ha tirado la toalla, pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración del informe policial que acusa a Cursach de graves delitos fiscales", aseguran a Públicofuentes policiales que han participado en la investigación desde sus mismos inicios, cuando instruía la causa la jueza Carmen González, apartada del caso por el método de ascenderla a la Audiencia Provincial.

El Grupo de Blanqueo de Capitales acusó a Cursach de defraudar 51 millones de euros a Hacienda pero ésta no lo persiguió por ello
Dicho informe, elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, y analiza a lo largo de 400 páginas el "sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables" en la gestión de las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito.

Sin embargo, Hacienda nunca persiguió a Cursach por delito fiscal, sino únicamente por irregularidades contables y violación de los derechos de los trabajadores.

En los primeros meses de su instrucción, el juez Florit prácticamente no efectuó ninguna diligencia de este mega-caso de corrupción, y de pronto ha lanzado la caballería contra el fiscal que tiene todo el sumario en la cabeza, ordenando la incautación de los móviles y ordenadores de los dos periodistas que publicaron en julio esa filtración, en Europa Press y Diario de Mallorca, así como la entrada y registro en sus sedes de Palma.

"No sólo se me han incautado de mi móvil particular, privándome de mi agenda y de una herramienta imprescindible para mi trabajo" –explica a Público Kiko Mestre, el periodista de Diario de Mallorca que desveló el informe–, "sino que me han dicho que la Policía ha solicitado al juez la intervención de mi número telefónico desde hace siete u ocho meses, solicitando el registro de todas mis llamadas y hasta la geolocalización de mi teléfono durante todo ese tiempo, poniendo en riesgo a todas mis fuentes".

Mestre fue atraído a comisaría con engaños, conducido después a dependencias judiciales y forzado a entregar su móvil con la excusa de que se pondría fuera de la ley si incumplía una orden judicial. El juez va a tener que sustentar muy cuidadosamente su auto, en base al que se comete esa violación de derechos fundamentales, que está siendo denunciada como actuaciones desproporcionadas, que también violan "la intimidad de ciudadanos no investigados ni acusados", por eminentes juristas y veteranos magistrados, como el juez José Castro.

"Se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas"
Como dicen otras fuentes cercanas a la investigación judicial: "Es la guerra. Ya han hecho todo tipo de marrullerías, como grabar a policías dentro de sus vehículos o presentar denuncias falsas contra inspectores colocándoles pistolas viudas [sin registrar], pero ahora se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas contra él. De momento, ya se ha pactado en los despachos que no será perseguido por delito fiscal ni por blanqueo".

La trama sigue teniendo recursos que parecen inagotables; no sólo económicos sino también de coacción y de influencia mediática. Entre el más de un centenar de imputados, hay 40 policías que fueron enviados a prisiones repartidas por la geografía española para que estuvieran separados y no pudieran confabularsepara ejecutar nuevos montajes policiales.

"Y justo se desencadena esta maniobra judicial, rayana en la prevaricación y en la violación de derechos fundamentales, cuando vuelve por sus fueros Mateu Isern, quien era el alcalde de Palma, del PP, mientras se producían todos esos delitos mafiosos en la ciudad, y al que ahora Pablo Casado pretende volver a colocar de cabeza de lista para la Alcaldía de la capital balear", explica otro fuente, letrada, que pide no ser identificada.

Además, el súbito celo del juez Florit por descubrir quién filtró el informe del Grupo de Blanqueo sobre el imperio de Cursach contrasta vivamente con su falta de entusiasmo en la investigación de unos hechos delictivos gravísimos que implican a todo el cuerpo policial de Palma, a los máximos dirigentes del PP en Baleares y a los más poderosos empresarios de las Illes.

"Y lo más sorprendente es que persigan revelación de secretos cuando en el momento en que difundimos el informe aún no estaba declarado bajo secreto sumarial", asegura Kiko Mestre. "Fue después, a petición de la Policía Nacional, cuando se decretó su condición de secreto".

Parece que lo que también hay que investigar son las actuaciones del nuevo juez de la causa, puesto que si se han vulnerado derechos fundamentales puede acabar siendo anulada la instrucción. ¿O es eso, precisamente, lo que se busca?


https://www.publico.es/politica/exc...n-destruir-fiscal-investiga-caso-cursach.html
 
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