Repaso a la corrupción del Partido Popular

https://www.eldiario.es/politica/empresario-Vicente-Cotino-Costa-testigo_0_791971336.html
El juez de la caja B imputa al empresario
Vicente Cotino y cita a Ricardo Costa como testigo


Cotino, detenido durante la Operación Erial, admitió haber financiado en negro al PP de Valencia

El juez reclama la declaración de Costa en la que admitió que el partido cobró de las empresas que hicieron las obras para el circuito de la Fórmula 1

También cita como testigo la exidputada Carmen Rodríguez Flores y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte investigado en Gürtel

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Vicente Cotino, durante el juicio de Gürtel Valencia. EFE

IU pide al juez de la caja B que investigue al empresario Vicente Cotino


El juez que investiga la caja B del PP, José de la Mata, ha imputado al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de la cortes valencianas Juan Cotino. Además, ha citado como testigo a Ricardo Costa, el exnúmero dos del PP valenciano que reconoció la financiación ilegal del partido a través de fracturas cruzadas con empresarios.

En un auto, De la Mata imputa a Cotino pero rechaza recabar los detalles sobre el acuerdo al que llegó con la Fiscalía en el juicio de la financiación en negro del PP valenciano por "falta de justificación de su pertenencia y utilidad". Cotino, junto con otros empresarios valencianos, pactó con Anticorrupción y reconoció haber financiado en B al PP.

La acusación popular que ejerce IU había pedido la declaración de Cotino, detenido el pasado mes de mayo en la Operación Erial contra una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que tiene en su cumbre a Eduardo Zaplana, ahora en prisión provisional.

El escrito recuerdaba que Cotino está al frente de Sedesa, "que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas". IU también incluyó una referencia a la conversación que mantuvieron Cotino y el también empresario Enrique Ortiz en la que aludían a tratos con el entonces conseller de Bienestar Social. En esa época ese cargo lo ocupaba su hermano Juan Cotino, también detenido en la Operación Erial.

El juez ha accedido a citar como testigo a Ricardo Costa y requerir al jugado de instrucción número 17 de Valencia la declaración que hizo ante la Fiscalía Anticorrupción. Costa admitió en esa declaración que dos empresas que realizaron obras de construcción en el circuito urbano de la F1 dieron dinero al partido popular.

Las dos empresas citadas por Ricardo Costa han sido Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Hormigones Martínez, que en los años 2007 y 2008 realizaron obras en el circuito urbano donde se iba a celebrar el gran premio de Fórmula 1.

También tendrá que declarar como testigo la exidputada Carmen Rodríguez Flores y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte investigado en la trama Gürtel. Por último, el juez accede a reclamar de nuevo a la empresa Degremont detalles sobre los pagos a Plácido Vázquez, Rafael Palencia y Jaime Montaner.

De la Mata ha rechazado el resto de diligencias solicitadas por las partes. Así, rechaza pedir al juzgado que investiga el caso Lezo la documentación relativa a la adjudicación del tren de Navalcarnero. Dice el juez que no se ha concretado la necesidad de esta petición, pero deja abierta la posibilidad a que se haga más adelante.

También rechaza citar como testigos al director general de Constructora Hispánica entre 2006 y 2007, José Luis Montesinos, y el exdirector financiero de esa empresa, así como al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido del artículo sobre sobre Álvaro Lapuerta. "Esos hechos estrictos que se publican no constituyen una novedad en el procedimiento y fueron ya manifestados en la causa por Luis Bárcenas", escribe el juez.
 
http://cadenaser.com/ser/2018/07/13/tribunales/1531463283_907663.html
Guadarrama contrató con la operación
enredadera contra los informes técnicos


La oficina de obras y servicios del Ayuntamiento alertó de que la propuesta económica de la UTE investigada era "anormal"

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Madrid 13/07/2018 - 08:35 h. CEST

El Ayuntamiento de Guadarrama adjudicó a la UTE investigada en el marco de la operación Enredadera, Valoriza-Gespol, el contrato de mantenimiento de los semáforos del municipio en contra de los informes técnicos por importe de 66.000 euros. Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el servicio de obras y servicios alertó de que la propuesta económica de la firma era "desproporcionada o anormal" porque suponía "una baja del 41%, respecto del precio base de licitación". Una adjudicación que hizo saltar las alarmas de los investigadores porque en el caso de Guadarrama el único criterio para conceder el contrato era el económico con lo que Valoriza-Gespol.

La alerta de esta baja desproporcionada obligó al ayuntamiento a pedir explicaciones a la empresa que terminaron por convencer a los responsables municipales de que era la mejor opción para el consistorio. Y eso a pesar de que alguna de las empresas que optaban al contrato en una carta dirigida a la corporación municipal a la que también ha tenido acceso esta emisora señala que "las instalaciones semafóricas son críticas, afectan directamente a la seguridad vial y es por lo que el mantenimiento de este equipamiento debe estar 100% garantizado". Una misiva que concluía subrayando que "la oferta presentada por la ITE Valoriza-Gespol difícilmente podrá cumplir con los parámetros establecidos por el Ayuntamiento".

La operación Enredadera, primer caso de corrupción que salpica a Ciudadanos y que ha llevado a prisión al empresario José Luis Ulibarri, investiga los amaños en contratos municipales y la gestión irregular de multas en 40 ayuntamientos españoles. Guadarrama está gobernado por la Asociación Popular de Guadarrama y al frente del ayuntamiento está Carmen María Pérez del Molino, ex del Partido Popular, que gobierna el municipio sin mayoría absoluta.
 
http://cadenaser.com/emisora/2018/07/12/radio_valencia/1531404714_144573.HTML
Francisco Camps considera que si es
imputado será por "especulaciones sin fundamento"

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresident de la Generalitat por la financiación ilegal del PP valenciano

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El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, afirma que si finalmente es imputado, una vez después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido investigarle por la financiación ilegal del PP valenciano, esa acusación se basará en "especulaciones sin fundamento".

Según Camps, sería una imputación más "sin una prueba fehaciente, sin un indicio solido, basándose en especulaciones sin fundamento". La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, después de las declaraciones en el juicio del ex secretario general del partido, Ricardo Costa, y de más condenados, a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional reabrir la pieza "Valencia 5" del caso Gürtel. El motivo, investigar a Camps en relación a un presunto delito de prevaricación. Este delito estaría ligado a una adjudicación irregular el 30 de diciembre de 2008 y, por lo tanto, aún no habría prescrito.

El expresident de la Generalitat lamenta haber conocido la propuesta de la Fiscalía a través de los medios de comunicación, antes incluso de que esa petición se hubiera llevado a cabo. Además, destaca que hace unas semanas estuvo citado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa sobre la financiación. Por eso, Camps indica que La Fiscalía le podía haber preguntado sobre el caso. "Podría haber instado deducción de testimonio de particulares, y tampoco lo hizo", declara el expresident.

Por otra parte, Camps señala que la prevaricación y la malversación tienen que definirse "en su concreto objeto y cantidad", a lo que se suma que "sería necesario señalar qué contrato público fue adjudicado irregularmente con sus respectivas preguntas", sostiene el expresident.

El expresident afirma que en el inicio de la causa de los trajes, "Anticorrupción insistió al TSJ para que uniese a aquella causa más actos delictivos, estos mismos y otros, y el TSJ se negó constantemente ante la inexistencia de indicios, según obra en autos". Asimismo, considera que ha habido instrucciones en diferentes juzgados y causas y en ninguna ha aparecido su nombre, "pese a que la Fiscalía ha preguntado por él a investigados y testigos".

También el 26 de mayo de 2009, con la Fiscalía Anticorrupción presente, el TSJ llamó de "manera urgente" a 37 altos cargos de su gobierno como testigos "y nadie dijo haber recibido instrucción alguna por su parte sobre contratos nunca", afirma Francisco Camps. Además, declara que es el primer acusado de corrupción al que la Fiscalía o la judicatura "nunca ha pedido su estado patrimonial, de cuentas o sus movimientos".

Reacciones de partidos políticos
La diputada del Partido Popular, Elena Bastidas, afirma que su partido no valora las decisiones judiciales, y las respeta a diferencia de otros como el Partido Socialista del País Valencià (PSPV) que criticó la operación policial del caso Alquería en la Diputación de Valencia.
 
https://www.eldiario.es/andalucia/S...s-privilegios-Iglesia-Malaga_0_792670821.html
Subvenciones, exenciones y medallas:
los privilegios de las cofradías en Málaga


Un informe del grupo municipal Málaga Ahora repasa de forma exhaustiva las "prebendas" a las entidades religiosas católicas, que habrían servido al PP para crear una "red clientelar"

Las entidades católicas acumulan la mayor parte de las subvenciones directas en Cultura, Derechos Sociales o Igualdad

21 de las 26 medallas de la ciudad han sido concedidas a organizaciones o imágenes religiosas

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María Dolores de Cospedal, durante el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga EFE

Málaga prevé destinar medio millón en subvenciones directas a cofradías


Desde el alquiler de unos chaqués para los hombres que desfilaron en la cofradía del Santo Sepulcro, al precio de 1.089 euros, hasta el 70% de las subvenciones de Cultura, que incluyen por ejemplo 17.000 euros para la cabeza de varal y el estandarte de Cristo de la cofradía de El Rocío, pasando por la exención del IBI. La Iglesia disfruta en Málaga de un importante apoyo económico municipal, además de acaparar los honores oficiales. El grupo Málaga Ahora acaba de elaborar un informe, que presentará esta semana, en el que se recogen los recursos públicos y otros privilegios concedidos discrecionalmente a las cofradías de la ciudad.

Málaga Ahora acusa al gobierno municipal del PP de trasladar "ingentes recursos públicos" a las actividades y entidades católicas, "pervirtiendo" la aconfesionalidad que consagra la Constitución. "Apoyándose en una tradición que ni por asomo peligraba, el Partido Popular ha creado una red clientelar", denuncia el grupo municipal.

El Informe sobre la Semana Santa y privilegios municipales a Iglesia y cofradías, que adelanta eldiario.es Andalucía, recoge la íntima conexión entre la Iglesia católica y los poderes públicos en Málaga, intensificada en los últimos tiempos, según se deduce de los datos de Presupuestos y obtenidos por el grupo municipal. Esto tiene su reflejo en las aportaciones económicas directas o indirectas, la concesión de distinciones o la participación de cargos públicos en procesiones y eventos confesionales. Esta última Semana Santa, cuatro ministros acudieron al traslado del Cristo de la Buena Muerte, el Jueves Santo. Mena, El Sepulcro, Misericordia y Fusionadas cuentan con la participación del ejército, que sufraga una parte de los gastos de la participación militar en la Semana Santa de Málaga.

La concesión de medallas de la ciudad es ejemplo de la altísima consideración del consistorio con las cofradías. Según el informe de Málaga Ahora, desde 1980 se han concedido 78 medallas de la ciudad. De ellas, 52 a personas físicas (seis a mujeres) y 26 a entidades, de las cuales once han ido a parar a cofradías, ocho a otras organizaciones religiosas y dos directamente a imágenes religiosas, la de Nuestra Señora de los Remedios (2007) y la del Cristo de la Misericordia (2015). En total, 21 de 26. Todas estas medallas se han entregado a partir de 2003, bajo el gobierno del PP.

El dinero de las cofradías
Málaga Ahora dedica una parte sustancial del informe a la financiación de las cofradías, que se apoya sustancialmente en dinero público. Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías, estimó que en Málaga hay unos 80.000 hermanos de cuota, que abonan una cuota de entre 45 y 60 euros al año, lo que resulta en unos ingresos de unos cuatro millones de euros. Además, las cofradías gestionan ingresos por las sillas del recorrido oficial, unos 1,4 millones, según Atencia.

A ello se suman las subvenciones directas, según se extrae de los datos presupuestarios. Como ya informó este medio, el presupuesto de 2018 prevé que el 70% de las subvenciones directas de Cultura vayan a parar a las cofradías, por conceptos tales como "banderín de la Merced" (10.000 euros para la Cofradía de Humildad) o "Casa Hermandad" (40.000 euros a Salesianos). El total es de 492.000 euros, incluyendo 180.000 euros a la Agrupación de cofradías. Algunas de esas subvenciones tienen como fin teórico la conservación del conjunto patrimonial, pero otras sirven para conceptos más prosaicos, como la renovación del mobiliario o los suelos. Todas son a tanto alzado.

En este nuevo informe, Málaga Ahora añade información sobre subvenciones de otras áreas. Así, las subvenciones del Instituto Municipal de la Vivienda se las repartirían el Obispado y las Carmelitas Descalzas para sendas rehabilitaciones. Casi el 50% de las subvenciones en Derechos Sociales (605.317,75 sobre 1.295.263,75 euros) acaban también en entidades religiosas, principalmente Cáritas o Accem. En materia de igualdad, las entidades católicas también superan el 50% del total: hay 40.000 euros a Accem para el seguimiento de pisos de transición para mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia de género y 8.000 euros para Cáritas por el programa "Una mujer, una respuesta".

Otro caso es el de la Fundación Corinto, que agrupa a 19 cofradías, y que ganó un concurso público por el que obtuvo 88.191 euros para la compra de alimentos. Sus estatutos recogen que la Hermandad decide quiénes han de ser sus beneficiarios y da prioridad a los cofrades. "Resulta llamativo que un ente público utilice como modelo y financie un proyecto que no atiende las necesidades de los usuarios de forma igualitaria", denuncia Málaga Ahora.

En la actualidad hay 41 cofradías asociadas a la Agrupación de Cofradías, más del doble que en los años 80. Otras 16, más recientes, no están agrupadas. En la Universidad de Málaga existe una Cátedra de Estudios Cofrades, que ha valorado en 53 millones de euros el impacto económico de la Semana Santa, en la que participarían unas 385.000 personas, el 81% residentes. Sin embargo, no hay estudio alguno que determine su coste. En Sevilla, un estudio de la Universidad de Sevilla que cifra el coste para ese ayuntamiento en el año 2014 en más de cinco millones euros, la mayor parte (2.033.000 euros) para refuerzo del transporte.

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Cargos estatales y municipales, durante la pasada Semana Santa | N.C.

Málaga Ahora denuncia que sólo ha obtenido información parcial de los gastos en Semana Santa. Por ejemplo, el gasto en limpieza de la cera que dejan a su paso las procesiones es de 303.787,77 euros y por alquilar los chaqués para los concejales que desfilaron en el Santo Sepulcro se pagaron 1.089 euros. Este medio está a la espera de conocer la valoración de la Agrupación de Cofradías sobre estos datos.

Los inmuebles de la Iglesia
El ayuntamiento no cobra el IBI por los locales de las entidades religiosas, aunque esta ayuda indirecta no se ha podido cuantificar porque el consistorio se niega por ahora a informar de cuántos inmuebles exentos son de la Iglesia. Eldiario.es Andalucía, amparándose en una resolución previa que obliga al ayuntamiento de Sevilla a facilitar estos datos, ha acudido al Consejo de Transparencia por esta cuestión.

Las cofradías y hermandades alojan sus tronos frecuentemente en locales y solares públicos, cedidos gratuitamente por hasta 75 años. El informe también relaciona decenas de locales cedidos para usos como el almacenamiento de enseres. Son conocidas la cesión por 50 años a la cofradía del Descendimiento de parte del Hospital Noble, un edificio histórico, y de un solar valorado en 750.000 a Fusionadas, la cofradía de Antonio Banderas.

Otros casos singulares son el de calle La Crónica ( recogido aquí), donde el ayuntamiento cedió un terreno con pistas deportivas para construir un centro de catequesis; la permuta de los terrenos del Monte Calvario por otros edificables; o la inmatriculación por la Iglesia de la Catedral y sus jardines, que mantiene el ayuntamiento.

La ciudad llegó a perder una subvención europea que rondaba los 1,5 millones de euros para remodelar la plaza de Camas, porque hubo que modificar el proyecto original. La razón es que los diseños de las pérgolas de la plaza impedían el paso de los tronos. Málaga Ahora acuña el término "urbanismo cofrade" para referirse a lo que llaman la "configuración del espacio público en función de intereses privados y religiosos".

La actividad cofrade en Málaga se ha intensificado notablemente en los últimos años. A las procesiones de Semana Santa se suman ahora las extraordinarias, con una frecuencia tal que más bien parecen ordinarias. "Es evidente que el fenómeno cofrade ha tenido en los últimos veinte años un auge espectacular en la ciudad de Málaga y que esto ha sido auspiciado desde el gobierno municipal a golpe de dinero público y todo tipo de facilidades y prebendas", denuncia el informe.
 
Cuánta mierda en el Partido Popular.
Ruego a Vuecencia se digne informarnos de la que hay en el PSOE.
TODOS IGUALES....por favor.
 
https://politica.elpais.com/politica/2016/04/01/actualidad/1459507481_040113.HTML

Enrique Ortiz, el amigo de los poderosos
La pasión del empresario alicantino son los negocios

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A Enrique Ortiz no le gusta el fútbol. Invirtió en el Hércules, del que aún es máximo accionista, porque a finales de los 90 se lo pidió el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, preocupado porque una hipotética desaparición del histórico club acarreara un coste electoral en las elecciones municipales. Tampoco es un gran entusiasta de la navegación, pero por su magnífico yate Elena, el más lujoso de los anclados en la Marina Deportiva de la ciudad, han pasado numerosos políticos y empresarios con destino a las más recónditas calas de las Baleares. La pasión de Enrique Ortiz son los negocios, en concreto, según subraya un antiguo colaborador, "estaba obsesionado por superar a las empresas más fuertes del sector en la Comunidad Valenciana".

El empresario Enrique Ortiz confiesa la financiación ilegal del PP valenciano
Aunque nació en Grañén, un pequeño pueblo de Huesca, por circunstancias de sus padres, Enrique Ortiz se crió y ha vivido siempre en Alicante. Heredero de la empresa de construcción Enrique Ortiz e Hijos, estudió en los Jesuitas, donde coincidió con José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación Provincial. No eran amigos. Ripoll es tres años mayor que él. De hecho, cuando se acercó a él durante las negociaciones para obtener la gestión de las basuras de la Vega Baja, que constituyen la pieza del caso Brugal por las que el fiscal solicita 16 años de prisión para cada uno, tuvo que vencer las reticencias de la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, y el mencionado Alperi.

En plena guerra Camps-Zaplana, ambos estaban alineados con el primero frente a Ripoll, el más zaplanista de los zaplanistas. Y Alperi y Castedo sí pertenecían a su círculo de confianza, ese que, según pretenden demostrar los investigadores, lo mismo compartía vacaciones en la nieve o barco, que información urbanística o enchufes en alguna de las empresas del Grupo Cívica, nombre actual de la compañía.

Ortiz es el mayor propietario de suelo de Alicante. Y el mayor contratista de su Ayuntamiento, que ni siquiera tras el cambio de Gobierno ha podido romper los innumerables lazos que lo unen a él, pese a la voluntad del tripartito de izquierdas que hoy gobierna Alicante. Eso lo convierte también en uno de los promotores por el que más riesgo asumieron las extintas CAM y Bancaja. Un informe de Bankia, aportado en la otra pieza del caso Brugal, en la que se la acusa de sobornar a Castedo y Díaz Alperi a cambio de obtener información privilegiada del Plan General de la ciudad de Alicante, señala que en Bancaja se tomaron decisiones que perjudicaban a la entidad en beneficio del empresario. Claro que también el exdirector general de la caja de ahorros tuvo ocasión de disfrutar de la hospitalidad de Ortiz en el Elena, y debió de pasarlo muy bien, según desvelaron las conversaciones que mantuvo con Ortiz y aparecen recogidas en el sumario de Brugal.

Que Ortiz reconozca en su escrito de defensa del caso Gürtel haber participado en la financiación ilegal del PP poco puede sorprender a quienes han leído y escuchado sus afirmaciones en las grabaciones captadas por la policía, e incluso sus declaraciones a los medios. "Hacer regalos a empresarios, concejales y alcaldes es algo habitual", confesó en una entrevista hace un par de años. Toni Arqués, político del Bloc, integrado en Compromís, aseguró que el empresario, al que nadie puede negar su simpatía y talante desenvuelto, le ofreció con total naturalidad pagar su campaña en las municipales. "Y si gobierna Podemos, los atenderé igualmente", afirmó Ortiz en la misma entrevista.
 
Cuánta mierda en el Partido Popular.
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Supongo que habrá un hilo para ello. Pero es que este tiene un título muy claro. Y no veo que sea "La corrupción en la política".
 
Imputado todo el gobierno de Gallardón en la Comunidad de Madrid
Investigados otros seis consejeros dentro del Caso Lezo por la compra de Inassa por parte el Canal de Isabel II en 2001

NATALIA CASTRO Martes, 31 de julio de 2018

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El ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón

El juez que investiga el caso Lezo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigados a otros seis consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid por la compra de la empresa Inassa por el Canal de Isabel II en 2001.

En concreto, el juez cita para el día 11 de septiembre a Paz González García, exconsejera de Justicia y Administraciones Públicas; Luis Blázquez (Economía e Innovación), y Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).

Para el día 12, convoca a Alicia Moreno, exconsejera de las Artes; Pilar Martínez López, de Servicios Sociales, y Luis Peral, de Trabajo.

Todos, hasta Gallardón
La clave está en que, con la imputación de estos seis consejeros, queda imputado el gobierno al completo de Gallardón. Todos y cada uno de sus miembros, incluso él mismo.

Hay que recordar que, tal y como contó ElPlural.com, el pasado 26 de abril el juez citaba a declarar como investigado al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón dentro de este caso de corrupción, del caso Lezo.

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Pero Gallardón no fue imputado sólo. Junto a él: Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

Durante su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid (entre 1995 y 2003), se decidió que el Canal de Isabel II comprase Inassa por 83 millones de euros con el objeto de expandirse en América. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la operación un sobrecoste que calcula en unos 25 millones, al tiempo que denuncia que se realizó sin la transparencia pertinente, sin un marco legal determinado, con un único licitante y con pagos realizados en un paraíso fiscal, Panamá.

Para el juez, en la compra de Inassa pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial". Es más, considera que se realizó a través de una "compleja estructura societaria" que contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

Sin embargo, Gallardón aseguró en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid el pasado diciembre: “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II”.

La compra del 75% de Inassa se realizó mediante una sociedad radicada en Panamá y con una segunda sociedad que se incluía en el paquete: “Respaldo completamente todo lo que hicieron”, aseguró Gallardón.

https://www.elplural.com/politica/i...gallardon-en-la-comunidad-de-madrid_200963102
 
El alcalde de León, miembro de la dirección de Casado, informó en directo al cabecilla de 'Enredadera' de la apertura de sobres de una adjudicación


Antonio Silván, miembro de la ejectutiva de Pablo Casado, aparece en los pinchazos telefónicos al empresario y magnate de los medios de comunicación José Luis Ulibarri, considerado el cabecilla de la organización

Ulibarri quería ganar el concurso de la gestión de basuras en la Mancomunidad del Órbigo, que rondaba el millón de euros, y para ello tocó a los alcaldes que estaban en la mesa y votaban las ofertas

Silván fue informado de como iban las votaciones por una de las alcaldesas supuestamente 'tocadas' y le cuenta que está perdiendo la adjudicación. La respuesta de Ulibarri: "Que lo arreglen"

Laura Cornejo
01/08/2018 - 12:19h
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Mariano Rajoy junto al alcalde de León, Antonio Silván

Nada se movía en la trama Enredadera sin que lo supiese José Luis Ulibarri. Esta frase se repite continuamente en los informes sobre los pinchazos telefónicos que remitía trimestralmente la UDEF al juez instructor. A Ulibarri, su red de colaboradores y conseguidores le llamaban 'El Jefe', 'El Jefazo' o 'Dios'. Destaca la Policía su gran influencia en los políticos y autoridades de Castilla y León.


Uno de esos políticos es el alcalde de León, Antonio Silván. El regidor, sucesor fallido de Herrera que acaba de entrar en la ejecutiva de Pablo Casado, aparece en el sumario, cuyo secreto se levantó en el juzgado de León hace unos días y al que ha tenido acceso eldiario.es.

La UDEF interceptó varias llamadas entre Silván y Ulibarri en las que hablaban de adjudicaciones. El papel de Ulibarri en la organización era fundamentalmente de conseguidor, utilizaba su influencia para que otras empresas ganasen concursos y él se llevaba un porcentaje. Ese era el plan con el concurso de traslado de basuras de la Mancomunidad del Órbigo, de 998.181,84 euros (sin IVA). Durante meses, tanto Ulibarri como su socio Angel Luis El Patatero, fueron tocando a quienes podían influir en los miembros de la mesa de contratación para que ganase FCC.

En febrero de 2017, el contacto se hizo con el alcalde socialista de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, quien supuestamente debía indicar a dos de sus alcaldes cómo votar. La UDEF descubrió las irregularidades de la Mancomunidad del Órbigo al interceptarse conversaciones entre Ángel Luis García 'El Patatero' y José Luis Ulibarri, ambos en prisión sin fianza. Las llamadas que encendieron las alarmas se produjeron en febrero de 2017 entre Llamas, imputado en la trama, y El Patatero. En ella, el socialista da datos sobre el contrato y los pliegos.

En otra llamada, fechada el 22 de febrero de 2017, Ángel Luis García aporta datos a Joaquín Llamas: le dice que tiene una empresa, Anento, al 50% con José Luis (Ulibarri), que tiene firmada una UTE con FCC al 50%, que está en Astorga, Ponferrada, la mancomunidad del Órbigo y Villaquilambre, por lo que en este contrato también va a ir FCC, "puesto que están con ellos en todo Castilla y León".

La conclusión de la Fiscalía es que resulta "evidente" que Ángel Luis García y José Luis Ulibarri habrían logrado "no sólo la obtención de información reservada de carácter privilegiado, pues obtuvieron los pliegos que rigen la licitación antes de su publicación, sino incluso el beneplácito de las autoridades políticas para lograr la modificación de aquellos pliegos antes de su aprobación y publicación".

Para el Ministerio Fiscal, Llamas formaría parte de un cohecho "existiendo indicios de que a cambio de su colaboración en la irregular adjudicación de los contratos éste habría obtenido en contraprestación un tratamiento mediático beneficioso", por parte de los medios que presiden García (El Faro de Astorga) y Ulibarri (Diario de León).

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José Luis Ulibarri (en el centro) junto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la entonces ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina; y la la consejera de Agricultura Milagros Marcos en una entrega de premios. R. GARCIA/EFE

Silván: "Oye, que lo otro ya está también adjudicado"
Pero Llamas no fue el único aliado. El 29 de septiembre, con el concurso ya en ciernes, Antonio Silván llamó a José Luis Ulibarri. Eran las 10:35 horas. Tras una breve charla sobre la presentación de León como capital gastronómica que había tenido lugar el día antes, Silván informa a Ulibarri: "Oye, que lo otro ya está también adjudicado, yo no sé si lo sabes pero... [...] Pues ya, pues ya, ya está ya está", le dice. Ulibarri le da las gracias, quedan para verse la próxima semana y se despiden con "un fuerte abrazo".

Pero la conversación más interesante se registra el 6 de octubre a las 20:05 horas. Es Silván quien vuelve a llamar a Ulibarri para contarle que 'Rosa' le acaba de mandar un mensaje. Rosa está en la mesa de contratación del concurso de basuras y se están abriendo las ofertas. Esa adjudicación no depende del Ayuntamiento, y el alcalde está al tanto.

Las noticias que transmite no son buenas: Silván le dice que una empresa les ha superado en 5 puntos con la oferta técnica. "No me jodas", espeta Ulibarri. Entre risas, Silván le dice que él "no le jode", pero la respuesta de Ulibarri es tajante: "Que lo arreglen". Silván intenta tranquilizarle diciendo que aún falta por abrir la oferta económica, pero advierte de que ha habido "un, un, un corrimiento al final de alguno", según le informa 'Rosa'.

No puede dar muchos más datos, porque la tal 'Rosa' sigue en la mesa. "Pero vamos, que yo quería que lo supieras, vale", insiste Silván. Sin embargo Ulibarri, que dice que se da por "enterao", cuestiona que a ver "qué hace (Rosa)". Silván intenta tranquilizarle, porque la oferta económica vale el 55%.

Ulibarri le dice que "a ver cómo se arregla". "Pero mal ya, ¿no?", comenta. Silván titubea: "Bueno, yo lo que pasa que yo, yo no...". "Vale, venga", le interrumpe Ulibarri. "No, no, no te puedo decir, no te puedo decir", sigue diciendo Silván. Ulibarri contesta que va a hacer "una gestioncilla rápida", mientras Silván le confirma que "siguen allí sentados".

"Yo a usted no le he fallado, he cumplido. Cuando doy mi cuerpo, lo doy entero"
Lo que ocurrió es que Ulibarri perdió el concurso y al día siguiente estaba pidiendo explicaciones. El primero en darlas fue uno de los integrantes de la mesa: el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto Marcos. Este hombre llamó a las 13.43 horas. Tras dar los buenos días, Ulibarri pregunta con un "a ver" y Busto trata de explicar qué falló.

"En la oferta económica todos igual, pero en la, en la valoración, en la valoración claro, no se qué...". Ulibarri le pregunta si la hizo un técnico. Busto le dice que no, que la hicieron los miembros de la mesa, votando cada uno en una hoja. "Yyy, quitándome a Rosa y a mí, que dábamos FCC, FCC, FCC, los demás por ejemplo, ahora mismo no lo tengo aquí porque estoy en León, pero por ejemplo en el punto de, eh difusión, y no se qué no se cuánto, Urbaser 3, FCC 0. Y nosotros éramos FCC 3, Urbaser 0, y claro, y ellos tres son más que nosotros dos. Lo que yo le dije", se excusó.

Ulibarri preguntó si fue Joaquín (Llamas), "el equipo de Joaquín". Busto lo niega, pero señala: "No, no, yo no digo que sea Joaquín, fueron el alcalde Turcia... Turcia... Santa Marina... Turcia, Santa Marina y Villares. Lo que yo le dije a usted. Lo que yo le dije, lo que yo le dije a usted". Aunque Ulibarri asiente, el alcalde prosigue justificando sus palabras. "Pero que estén mangoneaos, que estén mangoneaos por Joaquín, no le puedo decir porque, pero usted a lo mejor se puede enterar, pero Rosa cumplió eh".

Ulibarri señaló a Joaquín porque sabía que su hombre había hablado con él; sin embargo, por su reacción, Busto desconocía este dato. Ulibarri asiente y le dice que Rosa ya le había mandado un mensaje. Busto insiste en que ella "cumplió", que ambos cumplieron "al máximo" y que su voto había sido "muy cantoso" porque la basura en su pueblo no está mancomunada.

"Estaba esperando a ver si me decía algo el gilipollas de Turcia, no me dijo nada. Puedo ser libre de votar lo que quiera, Rosa cumplió, yo cumplí, pero claro son tres, lo que yo me, me temía", insiste. Ulibarri claudica, pero él sigue explicando las puntuaciones, cómo se lo daban todo a FCC y restaban a Urbaser; y los otros tres de la mesa, al contrario.

Ulibarri vuelve a preguntarle por esos tres. Tras confirmar qué alcaldes eran, Busto teme alguna consecuencia: "Pero yo no sé si no eso... Pero vamos que, lo que le voy a pedir es que, eh, que ni yo ni Rosa, yo por supuesto que... que yo sé que usted en mí confía". "Total", contesta Ulibarri. Pero el alcalde de Hospital no está tranquilo: repite que Rosa tampoco falló, que él mismo lo vio. Y Ulibarri lo explica: "Claro, yo, yo claro, yo hice la gestión que tenía que hacer y por eso no, no te contesté por el teléfono, porque no la había hecho en aquel momento, pero..". "Rosa no falló", repite. "Yo por supuesto no fallé porque no iba a fallar, claro, eso está claro, pero, pero Rosa tampoco falló. Y del otro tema tenemos que hablar esta semana antes del día 13, usted y yo", indica Busto.

"Estoy recopilando yo información, que si existía alguna baja sabes, en el pleno, para yo adelantárselo vale", adelanta. "Pues yo la verdad, lo que quiero es que no piense mal de mí por favor". Ulibarri trata de tranquilizarlo y le dice que "estas cosas pasan" y que "la gente tiene a veces unos intereses que no los conoce nadie". Ni aún así, Busto deja de justificarse: "Yo no, yo no sé, yo cuando doy, cuando doy mi palabra, y cuando doy mi cuerpo, lo doy entero, aún así me llevo alguna hostia, pero bueno, porque a mí ya ve lo que me interesaba esto, yo total no tengo basura...".

Ulibarri quiere decir algo, pero él sigue: "Pero dio, pero dio un cante de la leche porque yo solo votara pa FCC ¿vale?". Llegados a este punto, a Ulibarri le da la risa y concluye con un "bueno, venga, de acuerdo" antes de despedirse.

Ulibarri sobre la supuesta traición de un alcalde: "Que no me haga más favores, (...) voy a reventar"
Nada más colgar a Busto, Ulibarri llama a su socio, Ángel Luis. De manera sarcástica le dice que le dé las gracias de su parte a Joaquín (Llamas), porque los alcaldes de Villares, Santamarina y Turcia votaron a Urbaser. Su socio sólo acierta a mascullar "buf", mientras Ulibarri le dice que eso para que se fíe "de los amigos". "Los dos con los que yo traté, esos dos, estuvieron con nosotros, máxima puntuación. Tú le dices eso a Joaquín, que le das las gracias de parte mía".

Aunque Angel Luis empieza una frase, Ulibarri no le deja acabar, está indignado: "Y que no me haga más favores, porque si me hace más, voy a reventar ya de, pero de ganas de llorar ¿eh?". Enumera a los alcaldes que votaron a la competencia (Villares, Turcia y Santamarina), mientras que Ángel Luis dice que "realmente" votaron Enrique (Busto) y Benavides, pueblo del que Rosa Sopeña es alcaldesa.

Aunque la UDEF no la identifica, esta mujer cuadra con el nombre que se repite incesantemente. Es además procuradora en las Cortes, como Silván, lo que explicaría su cercanía y que esta pudiera informarle de la marcha del concurso mientras se abrían los sobres. La conversación sigue y Ulibarri reprocha a su socio que es muy confiado, que la gestión de Joaquín con los otros ayuntamientos "ha sido perfecta", con "los tres en bloque a favor del enemigo".

Aunque Ángel Luis afirma que está en contacto con él, Ulibarri le dice que nunca le transmitió confianza. "Que te lo he dicho a ti, eh, y yo te lo puedo hablar, ahora ya puedo hablar que no ha hecho nada, ahora sí, antes no", lamenta. La siguiente frase de Ulibarri es demoledora: "Pero escúchame, advertido estaba ¿eh?". Y le da un consejo: "Pues escúchame, pues así como no, como no se atornille bien, ¿eh? Es así todo, Ángel". Él responde que "más no se puede hacer" y Ulibarri sigue insistiendo en que no votaron lo acordado y advierte: "Pues a ver que no se nos líe más el resto".

Silván no se pronuncia, el alcalde de Hospital dispuesto a dimitir "en media hora"
eldiario.es quiso conocer la versión de los hechos del alcalde de León, Antonio Silván. Desde el Ayuntamiento sólo apuntaron que respetan la investigación y las decisiones judiciales, y que no van a pronunciarse. El alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, negó tajantemente haber participado en ningún amaño. "Ni he influido, ni lo he intentado, ni desde el Ayuntamiento hemos participado, aun perteneciendo a la M ancomunidad, porque no nos afectaba ese contrato", aseguró.

El alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, reconoció una conversación previa a la pinchada por la UDEF, en la que Ulibarri le comentó que iba a presentarse al concurso. "Yo le dije que en igualdad de condiciones votaría a FCC porque es que nos iban a alquilar una nave que teníamos", matizó. La llamada a Ulibarri en la que le repite incesantemente que no le ha fallado, se produce después de que él le llamase.

"No le pude coger el teléfono porque estaba en un acto de Antonio Alonso (exministro) por eso luego le llamé yo. Sí dije que Rosa no falló, pero en realidad no sé qué votó, yo dije eso por quedar bien. Además es que yo no tenía interés en el caso, no tengo basuras", aseguró. Además Busto, a pesar del tono de la conversación, en la que se justifica continuamente ante Ulibarri, declaró a eldiario.es que "no tenía miedo para nada".

Busto aparece señalado como imputado en el sumario, aunque no ha tenido comunicación del juzgado de ningún tipo. "Si he cometido alguna infracción, alguna irregularidad, yo dimito en media hora. El de Hospital no es mi Ayuntamiento, no tengo sueldo de alcalde, yo soy funcionario, así que quede claro que si me tengo que ir, me voy, pero sin ningún problema", insistió. eldiario.es también intentó hablar con Rosa Sopeña, sin éxito.

Silván, el "tonto útil" y acabado
Uno de los datos que destaca la UDEF en un informe sobre la actuación de la trama en León es que "la verdadera relevancia de la ciudad está en la obra pública". En este sentido, refiere una conversación entre Ángel Luis García, y Concha, una empleada de Ulibarri. Le dice que están haciendo pequeñas obras en León, con un presupuesto que ronda entre los 50 y los 20.000 euros, pero que en esas obras pequeñas se van metiendo ampliaciones: "Y te ponen 18.000, y después te ponen 20.000 y después, y acabas en ciento y pico mil euros".

Lo que deduce la Policía es que se hacen contratos menores cuando en realidad se produce un fraccionamiento "forzado, lo que refuerza la hipótesis de que en el Ayuntamiento cuentan con la connivencia de políticos y técnicos, hecho que no puede disociarse de las excelentes relaciones que mantiene José Luis Ulibarri con Silván, alcalde de León".

Hasta el momento, Silván no ha sido investigado ni llamado a declarar. Su condición de aforado -es procurador en las Cortes- trasladaría la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sí está imputado su concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito, que dejó su cargo, pero no su acta de concejal, el pasado viernes, cuando se levantó el secreto de sumario en la pieza de León. En las conversaciones pinchadas, García y Ulibarri, califican a Silván de "tonto útil" y consideran que está "acabado políticamente".

https://www.eldiario.es/politica/Operacion-Enredadera-Leon-Ulibarri-apertura_0_798970284.html
 
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