Repaso a la corrupción del Partido Popular

Mariano Rajoy
CORRUPCIÓN

El presunto sicario del Gobierno de Rajoy no puede tirar de la manta por un ictus

14 de diciembre de 2018 | Daniel Bellaco




Enrique Olivares, el sicario que fue presuntamente pagado por el Gobierno de Rajoy con fondos reservados para secuestrar a los Bárcenas y conseguir los pendrives de la Gürtel, según desveló OKDIARIO, sufrió hace unos meses un ictus en el centro penitenciario de Cuenca.

Según detallan fuentes del entorno del reo a eldiario.es el falso cura apenas puede expresarse y cuando lo hace incurre en continuas incoherencias.

De esta forma no podría tirar de la manta y ratificar que recibió el encargo de la brigada política del Gobierno de Rajoy según sospechan los investigadores.

Enrique Olivares, que cumple 22 años de cárcel por secuestrar a Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y Victoria Feliz de la Cruz, empleada del hogar, recibió un atenuante en el juicio y recibió la mitad inferior de la pena prevista por la ley.

El sicario fingió escuchar voces en su cabeza en el tribunal, hecho que no se creyeron los jueces en un principio pero sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid rebajó su condena en la sentencia al afirmar que Olivares tenía un “trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales” y tiene “parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta en los términos requeridos por la ley”.

Olivares, que cumple 70 años en menos en enero, ha sido ingresado en el módulo de enfermería de la cárcel de Cuenca después de sufrir el ictus. Su estado no ha mejorado apenas y por ello ha sido trasladado a una prisión con más medios de atención a enfermos crónicos, según las fuentes consultadas por el diario.

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se han negado a dar detalles del traslado y del estado de salud del presunto sicario del Gobierno de Rajoy al periódico por la Ley de Protección de Datos.

https://digitalsevilla.com/2018/12/14/presundo-sicario-gobierno-rajoy-no-puede-tirar-manta-ictus/
 
El espionaje a Bárcenas: la última maniobra para frenar la investigación de la caja B por lo civil o por lo criminal


La Audiencia Nacional investiga si el Gobierno de Rajoy montó una operación con fondos reservados para robar documentación al extesorero

María Dolores de Cospedal había intentado antes frenar la investigación pidiendo ayuda al excomisario Villarejo

A lo largo del caso, el PP ha destruido los discos duros de Bárcenas, ha cargado contra los jueces y ha culpado a Lapuerta, eximido del juicio por sufrir demencia

Marcos Pinheiro
15/12/2018 - 20:49h
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María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, durante una reunión de la dirección del PP. EFE

El grave deterioro físico en prisión del falso cura impide que tire de la manta sobre el asalto a casa de los Bárcenas
Un grupo de policías sin control que disponían de fondos reservados por los que no había que rendir cuentas y que utilizaban para pagar a informadores. Dos juzgados investigan la denominada Operación Kitchen, el despliegue montado por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida en manos de Luis Bárcenas, el extesorero del PP que manejó los fondos de la caja B del PP acreditada en la sentencia de Gürtel que hizo caer al Gobierno.

https://www.eldiario.es/politica/es...obras-investigacion-criminal_0_845866112.html

¿Para cuando se investigará un presunto delito de malversación de fondos públicos ?
 
Un exalcalde del PP condenado a ocho años de cárcel por abusar sexualmente de dos niñas

18 de diciembre de 2018 | Valentino Arteaga




La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho años de prisión por dos delitos de abusos sexuales continuados al exalcalde de la localidad de l’Alcora, Francisco Javier Tomás Puchol, del Partido Popular. El hombre, de 54 años de edad, además de la pena de cárcel, deberá cumplir cinco años de libertad vigilada y abonar a las víctimas, dos hermanas que tenían nueve y diez años, una indemnización de 16.000 euros.

Los jueces consideran probado que durante el año 2016, el que fuera alcalde de la localidad entre los años 1995 y 2003, desnudó a una de las pequeñas en su despacho profesional de Castellón, le practicó tocamientos y se rozó con ella, aprovechando que tenía acceso a la pequeña por la relación de amistad que le unía a su madre y su abuelo. Según consideran acreditado los jueces, a la otra hermana le hizo tocamientos, metiéndole las manos por el pantalón varias veces y diciéndole que no contara nada a nadie.

El juicio oral se celebró el pasado mes de noviembre, sin que se contara con la presencia de las dos víctimas, que residen en Rumanía junto a su madre y que no habían podido ser localizadas. Sin embargo, la secretaria leyó las declaraciones que las dos menores realizaron en sede judicial cuando comenzó la instrucción. Aunque el interrogatorio de estas no pudo realizarse, los forenses que exploraron a las dos pequeñas durante el proceso penal dieron “total credibilidad” a sus manifestaciones.

Las niñas relataron entonces a los médicos que habían sufrido abusos por parte de un amigo de la familia, relatando varias prácticas del ahora condenado.

“Me pedía que me tumbara en la cama y se ponía encima. Decía que no contara nada”, dijo la mayor de las niñas en el juzgado en el 2016. “En su oficina me quitaba la ropa y me tocaba. Pasó por lo menos diez veces”, declaró su hermana pequeña al juez.

Tomás Puchol lo negó todo en su interrogatorio. Dijo que el relato era “rotundamente falso”. Alegó que las dos menores pertenecían a una familia en riesgo de exclusión y que él tuvo que intervenir “por cuestiones técnicas” en uno de los inmuebles en los que vivieron, del que tuvo que “desahuciarlas” por impago.

“Un día las llevé a comprar chucherías y pasamos por mi despacho un momento para recoger el correo, pero no pasó nada. Las niñas dicen eso en boca de su madre, estoy seguro”, afirmó el exalcalde. La trabajadora social que interpuso la denuncia, tras recibir la alerta de la madre, dijo que la mujer acudió a ella “muy alterada, llorando y gritando que habían abusado de las niñas”. Los jueces creen que hay prueba de cargo suficiente y han dictado sentencia condenatoria.

https://digitalsevilla.com/2018/12/...e-carcel-por-abusar-sexualmente-de-dos-ninas/
 
Absuelven al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez de los delitos de prevaricación y falsedad
En el Caso Pasarelas, en el que figuraban como acusaciones particulares Podemos y el PSOE, se pedía para el expresidente del Gobierno murciano tres años y medio de prisión, multa e inhabilitación para empleo o cargo público por diez años

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PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ Marcial Guillén
EFE
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PUBLICADOhace 15 minutos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al expresidente de la Comunidad Autónoma y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, en el conocido como Caso Pasarelasde los presuntos delitos de prevaricación y falsedad.


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El tribunal ha declarado además que el auto de otra sección de la Audiencia que reabrió el caso debe ser declarado nulo.

La sentencia absolutoria afecta también al arquitecto Martín Lejarraga, autor de los proyectos de construcción de pasarelas sobre la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de esta población.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha aceptado así una de las dos cuestiones previas que había planteado el letrado José Antonio Choclán en nombre del expresidente autonómico de Murcia. Choclán alegó que se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente cuando la sección Segunda de la Audiencia ordenó al juzgado de instrucción de Lorca que había archivado el caso que procediera a su reapertura.

Según este letrado, la reapertura no era legalmente posible porque la solicitud del fiscal para que se adoptara esta medida se había producido días después de transcurrir los seis meses de instrucción previstos en la ley, y sin que dentro de ese plazo hubiera solicitado la declaración de "causa compleja".

Interpretación "poco razonable" de la ley
La sentencia absolutoria, adelantada hoy oralmente por el ponente del tribunal, el magistrado Álvaro Castaño-Penalva, señala que "la interpretación que hizo la Sección Segunda de esta Audiencia fue poco razonable y contraria al tenor del texto de la ley", lo que debe acarrear la nulidad de las diligencias practicadas desde entonces.

El tribunal ha señalado, asimismo, que "no hay excusa ni disculpa para lo ocurrido en este caso ya que hubo una indolencia en la instrucción, que es atribuible a la administración de justicia y que no debe repercutir de forma desfavorable en los acusados".

La Sala critica así que dentro de los seis meses en que estuvo la causa abierta ni siquiera se había tomado declaración a los investigados. Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejarraga han renunciado hoy a su derecho a la última palabra.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que estaba inicialmente reservada para la jornada de hoy a las cuestiones previas, ha concluido con la absolución de los acusados para, de esta forma, no dilatar más el proceso al que se han visto sometidos.

El letrado defensor de Lejarraga, Evaristo Llanos, ha explicado que la decisión adoptada por la Sección Segunda de la Audiencia que ahora ha sido declarada nula no tuvo tampoco sentido alguno porque la causa era sencilla y no se justificaba la declaración de compleja instada por la Fiscalía fuera de plazo.

En este caso, en el que figuraban como acusaciones particulares Podemos y el PSOE, se pedía para el expresidente del Gobierno murciano tres años y medio de prisión, inhabilitación para empleo o cargo público por diez años, y multa.
https://www.vozpopuli.com/espana/ab...chez-prevaricacion-falsedad_0_1201680437.html
 
La Audiencia Nacional reactiva la causa por financiación del PP en la época de Esperanza Aguirre
El juez Manuel García Castellón, que instruye las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre. Ahora quiere recabar información financiera relacionada con la presunta financiación ilegal del PP y pide datos de dos empresarios

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La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre EFE
EUROPA PRESS
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PUBLICADOhace 1 horas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado información a la Agencia Tributaria y a varias entidades financieras sobre dos empresariosy una batería de sociedades "relacionadas con la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunicad de Madrid a través del ente público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)" entre 2010 y 2014, cuando Esperanza Aguirre presidía la formación.


Aguirre pagó 90 millones a la empresa acusada por Granados de financiar al PPAguirre pagó 90 millones a la empresa acusada por Granados de financiar al PP
En concreto, el juez, instado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pide información sobre los empresarios José Miguel Alonso Gómez y Juan Miguel Madoz Echevarría, de quien requiere además datos sobre sus sociedades, movimientos en cuentas bancarias y hasta alquiler de cajas de seguridad.

Asimismo, pide información sobre las relaciones comerciales entre Indra Sistemas S.A y una decena de sociedades, que podrían estar vinculadas a la financiación del partido durante aquellos cuatro años y en particular, con la campaña electoral de 2011.

García Castellón, que instruye las macrocausas de corrupción Púnica y Lezo, abrió una pieza específica sobre la financiación del PP madrileño bajo mandato de Esperanza Aguirre, ante indicios que apuntaban a que se sirvieron de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, una entidad pública, para utilizar a una de sus empresas adjudicatarias como vehículo para pagar a proveedores electorales.

https://www.vozpopuli.com/espana/financiacion-PP-Esperanza-Aguirre-empresarios_0_1201980177.html
 
Silvia Clemente dio contratos desde las Cortes y Agricultura a la empresa que reformó el chalé de su marido


La empresa que figura como contratista en la rehabilitación de la casona donde Silvia Clemente vivió con su marido recibe contratos de Las Cortes que van desde los 865 a los 6.000 euros

El informe pericial aportado por el esposo de la presidenta del Parlamento regional menciona a Raúl David Rodríguez Ibáñez como contratista en las obras del chalé y la persona que acompañó al arquitecto que tasó la reforma en 1.165.390 euros

Rodríguez Ibáñez es dueño una empresa que, según su propia web realizó trabajos para el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) cuando dependía de Clemente

Laura Cornejo
26/12/2018 - 21:30h
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La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, durante una visita a las instalaciones del ITACYL en 2015, cuando era consejera de Agricultura. EFE / NACHO GALLEGO

El marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León se gastó un millón de euros de origen desconocido en reformar una casa
La empresa que figura como "contratista" en la reforma de un millón de euros que el marido de la presidenta de Las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, realizó en una casona familiar recibió encargos de la Consejería de Agricultura y del parlamento regional cuando Clemente estaba al frente, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Raúl David Rodríguez Ibáñez, administrador único de la sociedad Reparaciones Rada SL que figura en un informe de tasación sobre el chalé como "el contratista" de la reforma de lujo que sirvió para instalar una piscina climatizada y de agua salada y una sauna finlandesa en la casa que Silvia Clemente vivió junto a su pareja, el empresario patatero Javier Meléndez, trabajó para ambas instituciones realizando cometidos de distinto tipo. Su nombre aparece mencionado en el informe pericial encargado por el esposo de Clemente cuando dirimía en los tribunales el derecho de uso y la propiedad de las construcciones que pagó en el patio de la casona de sus padres.

Según el arquitecto que firma el informe, Pedro Pablo Grajal, contactó con el "contratista de las obras" Raúl David Rodríguez Ibáñez para realizar el peritaje. Es el único nombre propio que aparece, entre las "más de 65 empresas" que según el perito realizaron los trabajos "de alto standing y lujo" (un salón acristalado, un cenador de más de 40 metros cuadrados, una piscina climatizada de agua salada, un jacuzzi, cocina exterior, terraza con bar y chill out, una sauna finlandesa y unas nuevas dependencias con dos habitaciones y baño) en la casa blasonada de Pedrosa del Rey (Valladolid).

Rodríguez Ibáñez es, según información del Registro Mercantil, el administrador único de Reparaciones Rada SL, una sociedad que se creó el 28 de enero de 2010 en Valladolid, poco antes de que el marido de Clemente, Javier Meléndez, encargase las obras de reforma en la casa de sus padres. Su capital social es de 3.010 euros, y tuvo una denominación anterior, Mat Obras Urbanas SL.

Según ha podido saber eldiario.es por fuentes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería de Agricultura, Reparaciones Rada recibió "muchos contratos menores" en la etapa en que Clemente estaba al frente de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. La web de la propia empresa corrobora esa información en el apartado de "trabajos realizados" donde recoge servicios destacados y dice literalmente: "Mantenimiento de las instalaciones, Jardines e infraestructuras del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, así como de las diversas reparaciones y reformas que allí se acometen".

La empresa que figura como contratista en las polémicas obras del chalé que Clemente y su entonces novio -hoy marido- usaban como segunda residencia hasta que se produjo el cisma familiar no sólo ha realizado trabajos en el Itacyl. En el Portal de Transparencia de las Cortes de Castilla y León, aparecen dentro sucesivos encargos entre 2017 y 2018 tramitados como "contratos menores", una fórmula administrativa que permite evitar el concurso público para aquellos trabajos que no implican un gran presupuesto. Entre el 1 de enero al 31 de julio de 2017, Grupo Rada obtuvo tres contratos por un concepto distinto al de su denominación social: "servicio de traslado y colocación de mobiliario". Dos de las contrataciones son por 1.299 euros y uno por 5.937,83 euros. En se segunda mitad del año 2017 figura un cuatro contrato para el "refuerzo de instalaciones de proyección audiovisual" por 2.973, 96 euros.

En el primer semestre de 2018, el único que figura hasta ahora en el Portal de Transparencia de Las Cortes de Castilla y León, Grupo Rada fue contratado otras dos veces: una para un nuevo traslado de mobiliario, por 5.937,83 euros (un importe exacto al del año anterior) y otra por el mismo concepto pero con menor cuantía, 865,09 euros.

eldiario.es intentó obtener una explicación de la relación de Rodríguez Ibáñez con la Consejería de Agricultura en la etapa en la que la dirigía Clemente, con las Cortes de Castilla y León y con la propia Clemente y si esta guarda alguna relación con los trabajos que la constructora realizó para su marido en la vivienda familiar y cuyos pagos no han podido ser acreditados. Su departamento de prensa no respondió.

Hasta el momento, Silvia Clemente ha negado cualquier relación con las obras de la casa de Pedrosa del Rey, incluso afirmando, en contra de lo que su propio marido respondió a la demanda judicial de sus padres, que nunca fue "usuaria" de la vivienda. "Lo único que he hecho ha sido casarme con mi marido", ha llegado a afirmar. No obstante varias empleadas de hogar que trabajaron para la familia han aseverado en el mismo procedimiento que Clemente usó la vivienda y que tanto ella como su marido se referían al inmueble como si fuera suyo. Su propia pareja, el empresario Javier Meléndez, aseveró en una de las comunicaciones a los juzgados que tramitaron el pleito familiar que se trataba de su "domicilio conyugal"

https://www.eldiario.es/politica/Silvia-Clemente-Consejeria-Agricultura-Cortes_0_849715197.html
 
CASO PÚNICA
La Guardia Civil destapa una “singular” vía de financiación ilegal del PP de Aguirre
La UCO entrega al juez del ‘caso Púnica’ nuevos datos sobre el amaño de dos contratos públicos poco antes de la campaña electoral de 2011
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ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid 26 DIC 2018 - 21:04 CET
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Aguirre durante la rueda de prensa de abril de 2017 en la que anunció su dimisión como concejal de Madrid. KIKE PARA
Un reciente informe de la Guardia Civil sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre destapa el empleo por parte de la trama Púnica de un sistema de amaño de concursos públicos “muy singular”, según lo definen los investigadores. El documento policial detalla que este se utilizó para adjudicar, en 2011, dos contratos por un valor de 234.000 euros a favor de una empresa que se hizo cargo de parte de la campaña electoral de los populares de ese año.

Las pesquisas sobre este sistema arrancaron en marzo de 2017, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) localizase abundante documentación sobre la supuesta “participación encubierta” de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro 36 SL —ya investigada en el caso Púnica por facilitar facturas al PP que el partido presuntamente utilizó para camuflar su caja b— en un concurso público que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid adjudicó el 2 de marzo de 2011, poco antes de las elecciones autonómicas de aquel año.

Esperanza Aguirre: “No tengo nada de lo que esconderme”
El objeto de la licitación era una campaña de publicidad valorada en 212.990 euros para incentivar el pago de los impuestos entre los madrileños. La singularidad del amaño consistió en que el contrato fue adjudicado a otra empresa, pese a lo cual el 60% de los beneficios (122.787 euros) se los embolsó El Laboratorio.

Entre los documentos intervenidos entonces aparecieron varios que probaban los estrechos vínculos entre esta empresa y el PP, según la Guardia Civil. Entre ellos, un listado con teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico de dirigentes populares como Beltrán Gutiérrez —gerente de la formación e imputado en la causa—, Francisco Granados —entonces secretario general del PP regional y presunto cabecilla de la trama Púnica— y cargos de la Consejería de Hacienda, que adjudicó el contrato.

CINCO TESTIGOS Y CINCO "INVESTIGADOS NO DETENIDOS"
En las últimas semanas, la UCO ha tomado declaración a cinco personas como testigos y a otras tantas como “investigadas no detenidas”, una figura policial que no supone la imputación judicial. Entre estos últimos se encuentran dos cargos públicos del entonces Gobierno regional del PP, Francisco L. M. y Milagros B. C., que ocupaban puestos en la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Aguirre. Los otros tres son directivos de El Laboratorio, la empresa bajo sospecha. En el documento policial en que se recogen sus declaraciones y las de los testigos, la UCO avanza al juez Manuel García-Castellón que en breve entregará en la Audiencia Nacional un informe detallado para poner "de relieve la existencia de sólidos elementos probatorios" sobre esta "singular" forma de financiación irregular del PP de Aguirre.

“Amigos” en el Ejecutivo
Los investigadores también hallaron mensajes de correo electrónico entre los directivos de El Laboratorio en los que aseguraban contar con “amigos” y “contactos” en el seno de la Comunidad de Madrid junto a alusiones directas a esta licitación. Los agentes concluyen que gracias a esos contactos obtuvieron “información privilegiada” con antelación al resto de sociedades que se presentaron al concurso.

El documento policial apunta ahora que las pesquisas de los últimos meses no solo han confirmado las sospechas sobre aquel contrato, sino que también han permitido detectar irregularidades en un segundo concurso público, también de 2011. Este tenía como objeto recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid” y se lo adjudicó El Laboratorio por un importe de 21.228 euros.

Según los agentes, el Ejecutivo de Aguirre justificó este estudio demoscópico con “una necesidad pública inventada” e infló su valor. La Guardia Civil destaca que “el coste real de la prestación realizada no alcanzaría ni el 7% del importe de la factura”. Por ello, concluye que el pago fue justificado con una factura “falseada” con el único objetivo de “desviar dinero público con el que la citada empresa [El Laboratorio] pudiese sufragar una deuda”.

La UCO implica en este amaño a Borja Sarasola, que en 2011 era viceconsejero del Gobierno regional. Según los agentes, Sarasola —que no está imputado— presuntamente aprovechó su puesto en el Ejecutivo de Aguirre para instar a un alto cargo de la Consejería de Hacienda a que pusiera en marcha el mecanismo para adjudicar irregularmente este segundo contrato.

https://elpais.com/politica/2018/12...FWi_chCxLUWNkl9nrM8V1tAjJlydBkYovAr8DS0lJZtI8
 
Las facturas B del PP de Aguirre: las pruebas de la financiación ilegal a través de Indra
Los investigadores rastrean cuentas bancarias que aparecieron anotadas a mano en facturas vinculadas con el desvío de dinero de los presupuestos madrileños a la contabilidad opaca del PP
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)
JOSÉ MARÍA OLMO
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29/12/2018 05:00 - ACTUALIZADO: 29/12/2018 23:56
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó en los registros de la operación Lezo documentación clave sobre las triangulaciones de fondos que presuntamente utilizó el Partido Popular de Madrid para inyectar dinero público en sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Los papeles han servido a los investigadores para identificar las cuentas bancarias por las que supuestamente habrían circulado hasta 687.497 euros que terminaron en la caja B de los populares y han permitido poner en marcha una nueva batería de diligencias sobre la presunta financiación ilegal del partido durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Los documentos fueron encontrados en abril de 2017 en la sede de la multinacional tecnológica Indra, que está colaborando de forma proactiva con las Autoridades y que presuntamente jugó un papel decisivo en la trama; así como en las oficinas de varias mercantiles del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado por su relación con la contabilidad opaca de los populares. La UCO ha puesto el foco en varias facturas en las que hay números de cuentas bancarias anotados a mano distintos de los usados habitualmente por esas mercantiles para cobrar a sus clientes. El hallazgo ha llevado al instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, a librar una orden a Banca March, Banco Popular, CaixaBank, Bankinter y Banco Santander para que faciliten los movimientos de un total de ocho depósitos.


[Haz clic aquí para ver el documento completo]
Según consta en un nuevo oficio al que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado sospechan que las cuentas pudieron ser utilizadas para mover el dinero del entramado mercantil que presuntamente diseñó el PP para que parte del presupuesto asignado al gigantesco ente público ICM (Agencia de informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) llegara a sus cuentas a través de varias sociedades instrumentales.

La UCO detalla que el dinero fluía hacia el PP efectuando varios saltos y siempre con la ayuda inicial de Indra. En 2012, ICM subcontrató trabajos con la multinacional española por importe de 13,2 millones de euros en diferentes licitaciones. Conversaciones telefónicas, la denuncia de un exdirectivo de ICM e información aportada por la Agencia Tributariahan llevado a los agentes a concluir que esas adjudicaciones estaban infladas para generar una bolsa de dinero opaco. De los 13,2 millones de euros, Indra habría trasvasado en ese mismo ejercicio un total de 566.497 euros a una compañía de formación, Formaselect SL, controlada por Sánchez Moyano. Los pagos sirvieron teóricamente para contratar programas de formación para los empleados de Indra, pero otras fuentes ya han reconocido que esos servicios nunca llegaron a prestarse.





[Haz clic aquí para ver la factura completa]




Formaselect SL solo habría actuado como pantalla. El verdadero destino de los fondos de ICM era otra red de empresas a la que Sánchez Moyano desvió posteriormente casi la totalidad del dinero que había recibido de Indra. Según la UCO, el dinero acabó en el conglomerado mercantil del publicista Juan Miguel Madoz, proveedor habitual del PP. Entre 2009 y 2015, la firma de cabecera de Madoz, Swat SL, realizó trabajos declarados para el partido que sumaron 375.919 euros.

El esquema se habría repetido un año después, en 2013. A lo largo de ese ejercicio, ICM adjudicó a Indra contratos por valor de 15 millones de euros. De esa cantidad, la tecnológica dedicó supuestamente 121.000 euros a contratar de nuevo a Formaselect por trabajos ficticios. Y la empresa de Sánchez Moyano habría acabado desviando el 100% de esa cantidad al grupo de publicidad de Madoz, una operativa que "no seguiría la lógica comercial, ya que carece de sentido que las ventas imputadas a Formaselect (…) procedentes de Indra se repartan íntegramente entre las mercantiles orbitales" del proveedor electoral del PP, apunta la UCO en su oficio.



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Esquema año 2012




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Esquema año 2013


Las facturas localizadas en los registros han permitido reconstruir esos movimientos de dinero y desvelar nuevos números de cuenta. Una de las destacadas por la Guardia Civil es la que emitió Formaselect a Indra para recibir los 121.000 euros de 2013. En el concepto figura "formación in company impartida durante los meses de abril, mayo y junio de 2013 en instalaciones de cliente, según plan formativo aprobado por el mismo". Sin embargo, la cotizada ha admitido que nadie de Formaselect ha estado nunca en sus instalaciones y tampoco ha hallado ninguna prueba de que esas formaciones realmente se produjeran.

Otra de las facturas habría sido emitida en abril de 2014 por The Cell Core SL, una de las compañías de Madoz, a Braveheart Management SL, integrada en el grupo de empresas de Sánchez Moyano por el que pasó el dinero de Indra. Asciende a 4.356 euros y como concepto consta "soporte estrategia para cliente YCP". Las otras tres facturas incluidas en el oficio tenían como destinataria a la mercantil Troyano Marketing y Diseño SL, administrada igualmente por Sánchez Moyano, y fueron emitidas por Swat SL y otras dos empresas del grupo de Madoz, Strat Map SL y Pamaz SL. Suman otros 51.100 euros. En total, 687.497 euros de ICM habrían pasado por esa red societaria para acabar en la caja B de los populares madrileños. La UCO aguarda la información de los bancos para terminar de esclarecer este presunto desvío de fondos y darle un impulso a la investigación sobre la caja B del PP madrileño.

https://www.elconfidencial.com/espa...HuydkNKAWwiOK43SVT1zSFQuLq676ESOV12Zaj3_NFbJs


La empresa INDRA que se encargó del recuento de las elecciones generales en España....y de ministro del Interior Jorge Fernandez Diaz. , de cuyo ministerio depende el escrutinio...Y las encuestas equivocadas....

¿A alguien no se le ocurre ninguna idea uniendo esos datos?

A mi sí. Y lo he dicho varias veces...¡Pucherazo!
 
IDOLO dijo:
EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE INTERIORLos registros a periodistas en Palma buscan destruir al fiscal que investiga el caso Cursach


Fuentes policiales revelan a 'Público' que "se ha pactado en los despachos" que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para "hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP




Los periodistas del Diario de Mallorca se han concentrado a las puertas del diario como protesta por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores, Kiko Mestre, por orden judicial, en el marco de la investigación del caso Cursach. EFE/CATI CLADERA

MÁS INFORMACIÓN

PALMA/BARCELONA
12/12/2018 23:23 Actualizado: 13/12/2018 14:04
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Primero persiguieron, amenazaron y agredieron a los testigos protegidos. Después acosaron e intimidaron a los jueces y fiscales que investigan la mayor trama de corrupción policial y política jamás descubierta en Palma de Mallorca. Ahora, han conseguido que el nuevo magistrado de la causa, Miguel Florit, ordene el registro de medios de comunicación y la incautación de móviles privados de periodistas –en flagrante violación del Artículo 20 de la Constitución–, para hacer zozobrar toda la causa del escándalo Cursach/PP.

Y todo este despliegue de extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.



Un padrino de la mafia nocturna policial mallorquina que pasó más de un año en prisión provisional –de la que salió tras reunir en dos horas el millón de euros de fianza– procesado por encabezar un emporio de drogas, prostit*ción, extorsión y soborno que "se servía de diversos agentes y mandos policiales para literalmente MACHACAR A LA COMPETENCIA A BASE DE INSPECCIONES con el fin de que no levantaran cabeza". Al menos, eso es lo que asevera el auto del magistrado Manuel Penalva, anterior titular del Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, que en marzo de 2017 envió a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.

Algunos de los mandos policiales implicados en la trama llegaron a establecer su "oficina" en los puticlubs del emporio mafioso
Ese auto de procesamiento dejó bien claro que en esa organización mafiosa participaban los jefes de la Patrulla Verde de la Playa de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio, de forma que la red de Cursach nunca era pillado con las manos en la masa de esa red de discotecas, famosas en el mundo entero, en las que mandos policiales disfrutaban de barra libre, coca y s*x* a cambio de su protección. Algunos de esos mandos policiales llegaron a establecer su "oficina" en esos puticlubs, como el Table Dance de s'Arenal, perteneciente a otros potentados de la noche mallorquina (los hermanos Pascual), que abría por las tardes sólo para fiestas de políticos y cargos públicos del PP.

Por ejemplo, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Bartolomé Capó, imputado en la trama y acusado de tramitar sanciones exprés contra los competidores de Cursach y los Pascual, "era conocido por todos nosotros por operar desde uno de los locales de alterne del emporio", explican fuentes periodísticas de Palma. Los capos de ese entramado mafioso recompensaban a los policías a su servicio con cestas de Navidad de más de 2.000 euros y muchas otras prebendas.

Entre los muchísimos testigos protegidos de semejante emporio de perversión figura una menor rumana que participó en esas orgías con altos dirigentes del PP local, así como empleados de esos locales de alterne –como el famoso "testigo 29", ex trabajador de Tito's que ha recibido palizas de sicarios para que calle– y hasta policías. Uno de ellos declaró haber visto cómo uno de sus compañeros arrojó a una prost*t*ta a un contenedor de basura, ante varios agentes y autoridades, en una de esas juergas nocturnas.

Así que en el auto del juez Penalva por el que concedió la libertad de Sbert –quien también abonó sin pestañear medio millón de euros de fianza– se hacía una clara advertencia contra "cualquier acto dirigido a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo", tal como ha ido ocurriendo a lo largo de la instrucción, que se mantuvo cuatro años y medio bajo secreto de sumario.

Algunos testigos protegidos, como la "madame" que identificó a mandos policiales y dirigentes del PP, empezaron a desdecirse de sus testimonios iniciales
Pero todas esas maniobras continuaron y la intimidación se extendió también al juez Penalva y al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, contra los que incluso se organizaron manifestaciones de imputados y empleados de Cursach, exigiendo su destitución. Y algunos testigos protegidos empezaron a desdecirse de sus testimonios originales, como la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que empezó identificando como clientes no sólo a mandos policiales, y a decenas de agentes locales, sino incluso a altos dirigentes del PP, como el propio barón Jose María Rodríguez o el diputado Álvaro Gijón.

La "madame" se dio de pronto la vuelta, acusando al juez y al fiscal de presionarla, y llegó incluso a grabarles en secreto. Al final, presentó whatsappsque le había enviado Penalva, calificando de "hijos de put*" a algunos investigados –hay que tener en cuenta que hasta le quemaron el coche– y eso les permitió recusarlo como juez de instrucción. Fue sustituido por el magistrado Miguel Florit, quien acaba de generar el escándalo de ir contra los derechos fundamentales de los periodistas que investigan el caso.

En cuanto al fiscal Subirán, los sicarios de la trama convirtieron su vida en un infierno: no sólo le acosaron impunemente en la vía pública –sin que sus escoltas lo protegieran–, sino que entraron varias veces en su domicilio, robándole objetos personales –como fotos de sus padres recién fallecidos– y le amenazaron de todas las formas imaginables.

Ahora, "como Subirán no ha tirado la toalla, pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración del informe policial que acusa a Cursach de graves delitos fiscales", aseguran a Públicofuentes policiales que han participado en la investigación desde sus mismos inicios, cuando instruía la causa la jueza Carmen González, apartada del caso por el método de ascenderla a la Audiencia Provincial.

El Grupo de Blanqueo de Capitales acusó a Cursach de defraudar 51 millones de euros a Hacienda pero ésta no lo persiguió por ello
Dicho informe, elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, y analiza a lo largo de 400 páginas el "sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables" en la gestión de las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito.

Sin embargo, Hacienda nunca persiguió a Cursach por delito fiscal, sino únicamente por irregularidades contables y violación de los derechos de los trabajadores.

En los primeros meses de su instrucción, el juez Florit prácticamente no efectuó ninguna diligencia de este mega-caso de corrupción, y de pronto ha lanzado la caballería contra el fiscal que tiene todo el sumario en la cabeza, ordenando la incautación de los móviles y ordenadores de los dos periodistas que publicaron en julio esa filtración, en Europa Press y Diario de Mallorca, así como la entrada y registro en sus sedes de Palma.

"No sólo se me han incautado de mi móvil particular, privándome de mi agenda y de una herramienta imprescindible para mi trabajo" –explica a Público Kiko Mestre, el periodista de Diario de Mallorca que desveló el informe–, "sino que me han dicho que la Policía ha solicitado al juez la intervención de mi número telefónico desde hace siete u ocho meses, solicitando el registro de todas mis llamadas y hasta la geolocalización de mi teléfono durante todo ese tiempo, poniendo en riesgo a todas mis fuentes".

Mestre fue atraído a comisaría con engaños, conducido después a dependencias judiciales y forzado a entregar su móvil con la excusa de que se pondría fuera de la ley si incumplía una orden judicial. El juez va a tener que sustentar muy cuidadosamente su auto, en base al que se comete esa violación de derechos fundamentales, que está siendo denunciada como actuaciones desproporcionadas, que también violan "la intimidad de ciudadanos no investigados ni acusados", por eminentes juristas y veteranos magistrados, como el juez José Castro.

"Se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas"
Como dicen otras fuentes cercanas a la investigación judicial: "Es la guerra. Ya han hecho todo tipo de marrullerías, como grabar a policías dentro de sus vehículos o presentar denuncias falsas contra inspectores colocándoles pistolas viudas [sin registrar], pero ahora se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas contra él. De momento, ya se ha pactado en los despachos que no será perseguido por delito fiscal ni por blanqueo".

La trama sigue teniendo recursos que parecen inagotables; no sólo económicos sino también de coacción y de influencia mediática. Entre el más de un centenar de imputados, hay 40 policías que fueron enviados a prisiones repartidas por la geografía española para que estuvieran separados y no pudieran confabularsepara ejecutar nuevos montajes policiales.

"Y justo se desencadena esta maniobra judicial, rayana en la prevaricación y en la violación de derechos fundamentales, cuando vuelve por sus fueros Mateu Isern, quien era el alcalde de Palma, del PP, mientras se producían todos esos delitos mafiosos en la ciudad, y al que ahora Pablo Casado pretende volver a colocar de cabeza de lista para la Alcaldía de la capital balear", explica otro fuente, letrada, que pide no ser identificada.

Además, el súbito celo del juez Florit por descubrir quién filtró el informe del Grupo de Blanqueo sobre el imperio de Cursach contrasta vivamente con su falta de entusiasmo en la investigación de unos hechos delictivos gravísimos que implican a todo el cuerpo policial de Palma, a los máximos dirigentes del PP en Baleares y a los más poderosos empresarios de las Illes.

"Y lo más sorprendente es que persigan revelación de secretos cuando en el momento en que difundimos el informe aún no estaba declarado bajo secreto sumarial", asegura Kiko Mestre. "Fue después, a petición de la Policía Nacional, cuando se decretó su condición de secreto".

Parece que lo que también hay que investigar son las actuaciones del nuevo juez de la causa, puesto que si se han vulnerado derechos fundamentales puede acabar siendo anulada la instrucción. ¿O es eso, precisamente, lo que se busca?


https://www.publico.es/politica/exc...n-destruir-fiscal-investiga-caso-cursach.html
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El juzgado entrega este viernes los móviles requisados a dos periodistas en el 'caso Cursach'
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Protesta de los periodistas ante el Tribunal Supremo por la actuación del juez en el 'caso Cursach'. / EFE
El juez Florit, querellado por esta polémica resolución, anula el auto en el que justificaba la incautación del material de trabajo para investigar una filtración policial

MATEO BALÍNMadrid
Jueves, 3 enero 2019, 19:06

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, que investiga el 'caso Cursach', ha citado este viernes a los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a quienes el juez Miquel Florit, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, requisó sus teléfonos móviles, ordenadores y documentaciónel pasado 11 de diciembre para devolvérselos.

El motivo de la citación formal, tal y como requirió la defensa de los dos periodistas, es hacerles entrega «de los dispositivos de su propiedad intervenidos»en el marco de esta causa.


El juez Florit ya ordenó a finales de diciembre la devolución de los móviles y del material informático intervenido. Aunque los periodistas fueron requeridos por teléfono para acudir al juzgado, las defensas de ambos pidieron que se les notificara la devolución «en debida forma» y «con señalamiento de día y hora», como al final ha ocurrido.

También pidieron que se les informara por escrito del lugar donde han estado depositados estos móviles y los ordenadores incautados a Europa Press, de qué personas han tenido acceso a ellos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

Pues bien, a esta petición el juez ha respondido con un auto conocido este jueves, en el que revoca y anula el citado auto del 11 de diciembre por el que ordenaba la confiscación del material de trabajo. Dicha resolución señala que consta «certificación de que (los móviles, tableta, ordenadores y memorias) no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos». Sin embargo, Florit reconoce que «sí que tuvo lugar una intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito de revelación de secretos, efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la presente causa».

En el 'caso Cursach' se investiga una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario de la noche Bartolomé Cursach, propietario de las discotecas más importantes de la isla.

A mediados de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó escrito de acusación por una parte de este caso en la que acusa al empresario mallorquín de delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide penas que suman 171 años.


Presuntos filtradores
Sobre el caso concreto de los periodistas, la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo el 18 de diciembre por presunta revelación continuada de secretos a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite ese mismo día la querella de los dos periodistas y de sus empresas contra el juez Florit tras ordenar requisar los teléfonos de ambos profesionales y dos equipos informáticos de Europa Press para investigar la filtración de un informe policial en junio pasado.

La Sala Civil y Penal del alto tribunal asumió la querella contra el juez por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.

La Asociación de Medios de Información (AMI) anunció el pasado 27 de diciembre su personación en la causa como acusación popular por considerar que Florit vulneró el derecho de información y la libertad de prensa, ya que, a juicio de AMI, los registros y la incautación de material han supuesto un «ataque» contra este derecho, recogido en la Constitución Española.

La asociación que agrupa a 80 medios ha recordado en un comunicado que no se puede coaccionar desde las autoridades policiales o judiciales a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones

https://www.elcorreo.com/politica/j...7Ufx0gn4qXtPb2IvAAirJJor6Cg2m832Q3u9bxR2VJ4ic

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KO Diario
16 horas ·
¡Vaya! Un juez que metió la pata y que recula ante la admitida querella por prevaricación....¡Carajo el miedo guarda la viña!
Tres semanas después los periodistas de @diariomallorca y @europapress recuperan sus móviles confiscados por el juez del caso Cursach. También se conoce, además, que Miquel Florit, investigado por presunta prevaricación, anuló el día 21 su polémico auto.
 
Estos son los doce supervivientes del PP en las empresas públicas tras seis meses de gobierno del PSOE


Una docena de cargos nombrados por Mariano Rajoy en empresas del sector público mantienen sus puestos tras el frenesí de nombramientos que propició la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa

En Indra, se mantiene a propuesta del holding estatal SEPI el exministro Juan Carlos Aparicio, y en Enagás permanece Marcelino Oreja, su consejero delegado

El cómputo no incluye a consejeros del Ibex como Ana Palacio, Isabel Tocino y Fernández de Mesa, que entraron en Enagás y Red Eléctrica con la etiqueta de "independientes", más difíciles de cesar

Antonio M. Vélez
06/01/2019 - 20:31h
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Mariano Rajoy conversa con el entonces diputado Juan Carlos Aparicio en noviembre de 2012. EFE

Un puñado de cargos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y vinculados al PP conservan sus puestos en empresas del sector público seis meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Son los supervivientes al frenesí de nombramientos que la llegada del PSOE a Moncloa propició en empresas como Aena, REE, Renfe, Adif, Correos, Paradores, RTVE, Navantia, Tragsa o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre otras.

Entre esa escasa docena de personas, con retribuciones en la mayoría de los casos superiores a los 100.000 euros brutos anuales, hay un exministro, exdiputados del ámbito autonómico, nacional y europeo, exconcejales y exasesores vinculados a ese partido.

El cómputo no incluye a consejeros que fueron nombrados durante la etapa de Rajoy en empresas del Ibex con la categoría de "independientes", como las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino y el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha (en Enagás) o el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa (Red Eléctrica).

Al tener la etiqueta de independientes, estos vocales son más difíciles de cesar que los dominicales, a los que propone un accionista, que puede proponer su destitución en cualquier momento.

Es la situación en la que estaba el exministro Josep Piqué, vinculado al proyecto para construir un aeropuerto privado en Madrid y que el pasado viernes dimitió como vocal independiente de Aena “ante la asunción de nuevas responsabilidades profesionales que limitan el tiempo disponible para ejercer los cargos que tiene en la compañía con la dedicación adecuada”, según explicó el grupo aeroportuario (51% en manos del Estado) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Como ejecutivo de Enagás ejerce desde septiembre de 2012 su consejero delegado, el ex eurodiputado del PP Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo del mismo nombre. Oreja, que antes de recalar en Enagás y en política tuvo experiencia como gestor en el sector privado, tuvo en 2017 (último ejercicio disponible) una retribución de 818.000 euros brutos. En caso de despido, su contrato estipula un blindaje de dos años de sueldo completo más el 80% de su retribución fija anual durante dos años a cambio de no competir con empresas similares a Enagás, cuyo mayor accionista es SEPI con el 5% del capital.

En Indra, cuyo mayor accionista es también SEPI (18,7%), se mantiene por ahora como consejero dominical el exministro de Trabajo con José María Aznar y ex alcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio, nombrado a propuesta del holding público en septiembre de 2013 y con una retribución de unos 120.000 euros brutos anuales. SEPI ya ha decidido cesar a su otro representante en Indra, el abogado del Estado Adolfo Menéndez, para colocar en su lugar al exministro socialista Miguel Sebastián.

En otra empresa de la órbita de SEPI, Hispasat, de la que el hólding público tiene el 7,41% (otro 2,91% está en manos de otro organismo público, el CDTI), se mantiene como presidenta Elena Pisonero, secretaria de Estado de Comercio con Aznar, primera jefa de gabinete de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y ex diputada del PP (2000-2004). Pisonero preside el operador de satélites desde 2012.

En el organigrama directivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), dependiente de SEPI y con sede en Navalmoral de la Mata (Cáceres), permanece como director adjunto al presidente (puesto que ocupa desde julio el exsenador socialista Juan Andrés Tovar) el abogado Manuel Barroso, diputado del PP en la Asamblea de Extremadura durante tres legislaturas, hasta que en 2012 fue designado para ese cargo.

También entre las empresas del grupo SEPI destaca la presidenta de su filial Sepides, Rosa Mosulén, nombrada en 2012 de la mano del entonces presidente del holding estatal y hoy diputado del PP, Ramón Aguirre, del que fue estrecha colaboradora en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Metro de Madrid; o el director financiero de Tragsa, Juan González Blasco, viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón.

En la SEPI, que en diciembre abordaba uno de los pocos relevos que tenía pendientes al frente de sus filiales (Mayasa, presidida hasta entonces por Isidro Zapata, exconcejal del PP en Calzada de Calatrava y próximo a Dolores de Cospedal), permanece como secretaria general y directora Jurídica Concepción Ordiz, abogada del Estado que fue jefa de gabinete hasta 2004 de Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad y responsable de esta parcela durante los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.

En la agencia estatal responsable de editar el Boletín Oficial del Estado (BOE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, se mantiene como director general el abogado Manuel Tuero. Funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, fue concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Transporte del Ayuntamiento de Valladolid en la primera legislatura (1995-1999) del polémico alcalde popular Francisco Javier León de la Riva y posteriormente, director general de Secretariado del Gobierno con Aznar (2001-2004).

Otra exconcejal del PP en Tres Cantos, Beatriz de Munck, se mantiene como responsable del Departamento de Marca e Imagen Corporativa de Red Eléctrica (cuyo mayor accionista es SEPI con el 20%), a la que llegó en 2013 de la mano de su entonces presidente, José Folgado, ex alcalde de Tres Cantos.

En la cúpula directiva de Enresa (también participada por SEPI) se mantiene Lorena Segura, licenciada en Filología Inglesa y Traducción e Interpretación que en 2012, de la mano del recién nombrado presidente de la empresa estatal (Francisco Gil, ex alcalde de Ciudad Real), pasó de profesora de idiomas en un instituto de secundaria a directiva de la empresa que gestiona los residuos radiactivos. Hoy se mantiene como directora de Desarrollo Corporativo.

En Aena, el gestor aeroportuario ha decidido mantener como consejero de su filial internacional a su expresidente Jaime García-Legaz, mientras que Correos ha fichado como directora de comunicación a Eva Pavo, que fue presidenta en Madrid de Nuevas Generaciones (las juventudes del PP) y que durante la etapa de Rajoy dirigió la comunicación de Loterías.

En esta empresa se mantiene como director financiero Rogelio Menéndez, inspector de Hacienda, ex asesor de Cristóbal Montoro en el ministerio y firmante de un polémico informe que comparó al PP con Cáritas para exculpar al partido de un posible delito fiscal por las donaciones ilegales que recibió de Luis Bárcenas. Entonces, el hermano del hoy directivo de Loterías, Santiago Menéndez, era el director general de la Agencia Tributaria.

06/01/2019 - 20:31h

https://www.eldiario.es/economia/exministro-exdiputados-supervivientes-PP-PSOE_0_853214770.html
 
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