Repaso a la corrupción del Partido Popular

Ruth Beitia: "Se debe tratar por igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados. Son todos seres humanos"


Tras la polémica generada, Beitia se ha retractado de sus palabras. En un apunte en su cuenta de Twitter, ha atribuido sus declaraciones a que se ha expresado mal y a los nervios de una entrevista en directo.





El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (c), y las candidatas del PP al Gobierno de Cantabria, Ruth Beitia (i), y a la alcaldÍa de Santander, Gema Igual (d), este jueves. EFE/Pedro Puente Hoyos



MADRID
11/01/2019 12:41 Actualizado: 11/01/2019 16:58
PÚBLICO | AGENCIAS

La lista de los dirigentes del Partido Popular que se salen por la tangente al ser preguntados por la violencia machista crece. La última en unirse a este grupo –cada vez más amplio– ha sido la recién nombrada candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, Ruth Beitia.

Preguntada por su opinión respecto a una posible modificación de la Ley de Violencia de Género, la medallista olímpica ha preferido no posicionarse porque considera que esa es una decisión que corresponde al corresponderle al partido a nivel nacional.

En una entrevista con Ondacero recogida por Efe, Beitia ha defendido que la presunción de inocencia "tiene que estar ahí", y no cree que por que una mujer denuncie violencia machista, un hombre deba de sufrir "un acoso ni mediático, ni policial, ni judicial", pues "hay que estudiar bien cada uno de los casos".

Eso no es todo. La cabeza de lista a las elecciones autonómicas en esta comunidad ha señalado que "hay que valorar que la mujer es más vulnerable que el hombre en algunas ocasiones y sí que es verdad que hay que hacer un revisión sin grandes notoriedades a la hora de cambiar esa Ley (de Violencia de Género). Sí que creo que se debe tratar por igual a un animal si está maltratado, una mujer y un hombre, porque todos somos seres humanos y hay que valorar cada caso por individual", ha argumentado.

Tras la polémica generada, Beitia se ha retractado de sus palabras. En un apunte en su cuenta de Twitter, ha atribuido sus declaraciones a que se ha expresado mal y a los nervios de una entrevista en directo. "Quiero aclarar mis palabras. No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir", ha querido aclarar la exatleta.


https://twitter.com/Ruthypeich/status/1083702960486526976

Quiero aclarar mis palabras esta mañana en el programa de @carlos__alsina No he querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, primero porque no lo pienso y desde luego porque es absurdo. Me he expresado mal y se ha entendido algo diferente a lo que quería decir


418
13:31 - 11 ene. 2019
Información y privacidad de Twitter Ads


"¿Alguien en su sano juicio puede pensar que pongo en el mismo plano el maltrato animal y el maltrato a las mujeres?", ha asegurado sobre sus polémicas palabras.

https://www.publico.es/politica/rut...e30tR4wbpoFuZpXVhGbole3BmRAkAhBgPC80ZcakkQu6g

 
La fundación cultural quebrada de Camps: una oficina de empleo para militantes del PP


Al menos 17 personas vinculadas al partido conservador trabajaron en la fundación Jaume II El Just hasta su disolución en 2017 con un agujero de más de ocho millones

Fueron directivos de la fallida fundación investigada los imputados Marcos Benavent –autodenomidado yonqui del dinero- y su exdirector Vicente Burgos, promesa fallida del PP e íntimo amigo del expresidente de la Generalitat Valenciana

Sergi Pitarch
10/01/2019 - 21:37h
Vicente-Burgos-Fundacion-II-Guardia_EDIIMA20190110_0600_5.jpg

Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II El Just, tras ser detenido por la Guardia Civil en la operación Taula.

Compromis denuncia que la Fundación del Monasterio de la Valldigna desvió 4,3 millones a empresas del caso Taula
La Fundación Jaume II El Just fue uno de los proyectos culturales del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. La institución se creó para restaurar el Monasterio de la Valldigna, un emblema de los valencianos que se incluyó en el Estatuto de Autonomía, pero acabó siendo un instrumento para satisfacer los delirios de grandeza del PP de la primera década del 2000 con el pago de cabalgatas millonarias y hasta una orquesta propia. Además, como pasó en otras empresas públicas, sirvió para agencia de colocación de militantes y cargos del PP en paro.




Con la llegada de la crisis la fundación se limitó a ofrecer visitas guiadas en el monasterio hasta su liquidación en el año 2017 con un agujero de más de ocho millones de euros. Con la operación Taula la gestión de la Fundación Jaume II quedó en entredicho, más con la detención de su exgerente Vicente Burgos, lo que también motivó la apertura de una comisión de investigación en las Corts Valencianes. La próxima semana, los parlamentarios analizarán la cuentas de la entidad para dirimir las responsabilidades políticas de su saqueo.

Porque no todo fue desviar dinero a empresas de una trama corrupta o hinchar facturas de trabajos y alquileres, como se investiga en el caso Taula. La fundación emblema de la cultura del campismo sirvió para colocar a militantes y cargos del PP cuando se quedaban en paro. También cuando había que enjugar contratos de asesores de la Conselleria de Cultura de Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró. En algunos casos por motivos laborales y en otros para poder abonar salarios más altos.

Según la documentación que obra en poder de eldiario.es y que está a disposición de los grupos parlamentarios, al menos 17 militantes y cargos vinculados al Partido Popular trabajaron en la Fundación Jaume II El Just. Bien cuando perdían el cargo público, bien cuando estaban comenzando su vida política y se promocionaban con una sueldo público.

Fue el cobijo de numerosos cargos del PP de Alcoi, municipio de Trini Miró, pero también de Nuevas Generaciones, de donde llegó el propio Burgos, amigo íntimo de Francisco Camps y de José Luis Bayo, ex presidente provincial de los cachorros del PP y que intentó competir contra Isabel Bonig y Pablo Casado por los liderazgos autonómico y nacional.

Fue también trabajador de la Fundación Jaume II el autodenominado "yonqui del dinero" y cabecilla de la trama Taula, Marcos Benavent. A continuación la referencia de los empleados de la fundación vinculados con el PP o sus gobiernos.

María Estela Canales

Concejal del PP en Alicante entre 1991 y 1995 y diputada autonómica de 1995 a 2007. De noviembre a 2007 a 2009 trabajó en la Fundación Jaume II.

José Ramón García Pontes

Concejal de Urbanismo del PP en Alicante de 1995 a 1999. Director del parque Natural Penyal d’Ifac. En 2005 pierde la presidencia local del PP. De agosto de 2007 a junio de 2009 trabajó en la Jaume II.

Encarnación Mazón

Responsable de protocolo de la Conselleria Cultura y de la empresa Ciegsa 2007-2011. Fue contratada por la fundación desde noviembre de 2006 a mayo de 2007.

Laura Climent Canaleja

Trabajó desde 2009 hasta su disolución en 2017. Vicesecretaria de Comunicación del PP de Alcoi en 2015 y número 9 en las listas de los conservadores a la alcaldía de la capital de l'Alcoià.

Jorge Penalba

Alcalde de Sellent por Unión Valenciana de 1995 a 1999 y por el PP de 1999 a 2011. Entró a trabajar en la Fundación Jaume II El Just en agosto de 2007.

José Manuel Vidal Vidal

Trabajó en la fundación desde noviembre 2007 a mayo 2008. Trabajó en prensa en Orange Market, la empresa intrumental para la financiación ilegal del PP de Francisco Camps.

Mari Paz Francés Rodríguez

Subdirectora del gabinete conseller de Cultura Alejandro Font de Mora entre 2004 y 2007. Estuvo contratada en la fundación de diciembre de 2004 a junio de 2005.

Clara Sáez Allepuz

Trabajó en prensa de la conselleria Cultura del 2004 al 2012. Entre 2007 y 2010 estuvo contratada en la fundación.

Javier Lanaquera Català

Adjunto a la dirección de la fundación en 2010. Candidato del PP en Zegama (Guipúzcoa) en las elecciones municipales de 2015.

Aquilino Medina López

Subdirector de Cultura entre febrero de 2010 y mayo de 2011. En la fundación de abril a julio de 2011. Asesor de Infraestructuras de 2011 a 2015.

Vicente Pascual Cabanes

Trabajó en la fundación de agosto de 2010 a agosto de 2013. Asesor de varias consellerias durante el campismo.

José Luis Bayo

Líder de Nuevas Generaciones y aspirante a la secretaria general del PP autonómico y nacional. Trabajó en la fundación de octubre de 2003 a octubre de 2007.

Raquel Dasí Yuste

Asesora de la Cultura en 2010 contratada a través de la fundación.

Mireia Mira Mollà

Trabajadora de la fundación hasta 2017. También facturó a través de una empresa a la jaume II El Just. Hija del miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Eduard Mira, quien también cobró de la fundación por comisariar al Año Jaume I.

Jordi Miquel Sanchís LLorca

Trabajó en los años 2010 y 2011 en la fundación. Miembro del PP de Balones.

Teodosia de la Torre Carrión

Trabajó en la fundación de 2004 a 2007. Fue también "zombie" de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios que acabó con un agujero de más de 1.000 millones.

Mar Climent Canalejas

Trabajó en la fundación desde 2009 hasta su liquidación. Vicesecretaria de comunicación del PP de Alcoi en 2015 y candidata en las elecciones municipales.

https://www.eldiario.es/cv/Camps-patrimonio-colocacion-militantes-PP_0_855665143.html
 
La Audiencia Nacional imputa al comisario que dirigió la Policía con el PP por el espionaje a Bárcenas


Eugenio Pino, jefe de la brigada política, declarará en los próximos días ante el juez del caso Villarejo por el pago de fondos reservados al chófer del extesorero

El magistrado también llamará como investigados al policía de cabecera de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, a Villarejo y al comisario García Castaño

Todos respondían ante el comisario Pino y éste solo tenía por encima a Cosidó, Francisco Martínez y Fernández Díaz, los tres aforados ante el Supremo

Pedro Águeda
13/01/2019 - 06:58h
Interior-Fernandez-director-Nacional-Eugenio_EDIIMA20170209_0060_4.jpg

El comisario Eugenio Pino (derecha), junto a su inmediato superior, Ignacio Cosidó, y el ministro Fernández Díaz



La investigación de la operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora del PP a su extesorero Luis Bárcenas da un salto cualitativo. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política y, como tal, de la Operación Catalunya y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre otros.

Por encima de Pino solo había tres personas en aquel Ministerio: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz. Ninguno de los tres pueden ser investigados por la Audiencia Nacional porque son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo.

La imputación del comisario Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo magistrado del caso Villarejo le llamará a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.

Completa la lista de mandos policiales que pasan a estar investigados y que declararán en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía cobra una relevancia especial por dos motivos: se trata del agente que conocía al chófer y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo, pero sobre todo, porque supone, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Gómez Gordo se marchó de la Policía con una excedencia para trabajar como la sombra de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Fue en esa época cuando se produjo la captación del chófer. El entonces inspector jefe regresó al Cuerpo poco antes de que la secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado por Fernández Díaz con una medalla pensionada.

Por primera vez, una investigación judicial supone la imputación de varios de los principales protagonistas de la policía política que organizó el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz. Hasta la Operación Kitchen habían sido desveladas sus misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso.

Entre los trabajos de esa brigada política también figura el infome PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo despreciaron. La presente investigación judicial desvela ahora que esa policía política, además de perjudicar a los adversarios políticos del PP, trabajó presuntamente en favor del partido en el Gobierno en el caso más grave de corrupción de su historia. Y que lo hizo con fondos reservados, el dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Eugenio Pino fue el comisario que el Partido Popular eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy ganó las elecciones de enero de 2012. Ejerció como director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo hasta el verano de 2016, cuando le llegó la edad de la jubilación y Fernández Díaz le despidió con la más alta distinción que puede recibir un policía en vida, acompañada de un incremento del 15% en su salario de por vida. Todo el diseño de una estructura encubierta en la Dirección Adjunta Operativa que simulara a un servicio de Inteligencia, labor que excede las competencias que la Ley atribuye a la Policía, corresponde al comisario Pino, el policía que solo recibía órdenes de la cúpula política del Ministerio del Interior.

Fondos reservados, materia secreta
El magistrado García-Castellón ha respetado la decisión de su antecesor, Diego de Egea, de decidir sobre la solicitud de imputación de los mandos policiales por Anticorrupción una vez analizada la información de la Operación Kitchen que debía enviarle el actual Ministerio del Interior. Para ello, De Egea debió pedir al Gobierno, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que desclasificara el secreto que pesaba sobre ella, por incluir el pago de fondos reservados. Así lo decidió el Consejo de Ministros y los documentos llegaron a la Audiencia Nacional antes de las Navidades.

Junto a las imputaciones, el juez ha adoptado otra decisión, la personación de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en calidad de perjudicados. Ambos serán llamados a declarar en esta pieza secreta como víctimas del presunto robo de documentación por parte de los policías. El Ministerio del Interior de Fernández Díaz comenzó a buscar información que escondiera el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular cuando Bárcenas entró en prisión y decidió tirar de la manta.

Fuentes de aquel departamento aseguran que la Operación Kitchen respondía a la necesidad de averiguar si Bárcenas escondía dinero o prueba de sus graves delitos en alguna parte, pero que los documentos obtenidos finalmente no resultaron relevantes para incorporarlos a la investigación de la caja B que seguía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. La Operación Kitchen, sin embargo, se hizo a espaldas del magistrado y lo que investigan ahora el juez y Anticorrupción es el destino de fondos reservados con unos fines distintos del esclarecimiento de un delito, esto es, beneficiar al partido entonces en el Gobierno.

El origen de la Pieza 7 del caso Villarejo es la aparición de conversaciones grabadas por el comisario entre el ingente archivo que se le incautó en noviembre de 2017, así como justificantes de pagos y recibís con la firma del chófer. Sergio Ríos estuvo cobrando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, una asignación desmesurada para un confidente, según coinciden agentes con experiencia en la materia.

Como una gran operación antiterrorista
En la Operación Kitchen participaron presuntamente los mandos imputados, presuntos miembros de la brigada política en otras misiones del grupo secreto, y además cerca de 80 agentes de la Comisaría General de Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Se trata de policías destinados en el Área Especial de Seguimientos (AES) que vigilaban a Rosalía Iglesias día y noche mientras Bárcenas cumplía su primer ingreso en prisión. Fuentes policiales sitúan esos seguimientos en el verano y otoño de 2013 e igualmente valoran como desproporcionado un despliegue de esas dimensiones para los supuestos fines que tenía la operación.

La documentación incautada, o al menos parte de ella, ha sido ya incorporada al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP dentro del caso Gürtel. El juez José de la Mata reclamó a El Mundo los documentos que publicó y llamó a declarar el pasado diciembre a Luis Bárcenas y su mujer. Ambos están imputados en Gürtel y con tal condición comparecieron ante el juez, si bien éste les explicó que su testimonio era como perjudicados por el robo. Fuentes jurídicas aseguran que, más que la relevancia para la causa de los citados documentos, el magistrado quería que el matrimonio le explicara si faltan otros papeles que pudieran apuntalar el caso de la caja B, pendiente de que se celebre el juicio oral.

Bárcenas hizo al final de su declaración un comentario a los abogados de la acusación que aludía a la importancia que tenían los discos duros que destruyó a conciencia el PP y por lo que la formación de Pablo Casado será la primera de la historia que se sienta como acusada en un banquillo. El extesorero marcó ante De la Mata los tres traslados de documentación en los que Sergio Ríos podía haberse hecho con los papeles que acabaron en manos de la brigada política de Interior. Cuando acabó su misión, la Policía que dirigía Ignacio Cosidó acogió a Ríos Esgueva, que juró con 42 años rodeado de veinteañeros. En poco tiempo fue destinado a Madrid, donde viven su exmujer y su hijo, y recibió un destino privilegiado.

https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Policia-PP-Barcenas_0_856364752.html
 
El Gobierno de Rajoy dio a FAES casi seis millones en los años de mayores recortes
La fundación del PP recibió dinero entre 2012 y 2015 de las principales empresas
210
Conéctate
MIQUEL ALBEROLA
Madrid 9 ENE 2019 - 18:20 CET
1546974022_294104_1546974732_noticia_normal.jpg

El expresidente José María Aznar, en un acto en 2017. KIKE PARA
El Gobierno que presidió Mariano Rajoy entre 2012 y 2015 realizó aportaciones a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del PP, por valor de 5.954.234 euros. Fue una legislatura sacudida por la crisis y marcada por los duros recortes del Gobierno en materia social. La fundación que preside el exjefe del Gobierno José María Aznar, recibió, además, donaciones de las principales empresas de España en ese período, según la documentación obtenida por el senador de Compromís Carles Mulet tras una pregunta parlamentaria. Constructoras, farmacéuticas, tecnológicas, entidades financieras, casinos, tabacaleras… incluso ministerios, diputaciones y la Generalitat de Cataluña contribuyeron al mantenimiento de este laboratorio de ideas conservador que, hasta 2016, fue el núcleo de pensamiento del PP.

FAES prepara un informe para Rajoy que estudia el copago en la sanidad
Según los anexos de FAES difundidos por Compromís, 2012 fue el año que más dinero recaudó esta fundación. En plena crisis económica, la fundación recibió 2.966.833 euros. Compañías como Acciona, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Gas Natural, Google Spain o Mercadona realizaron aportaciones de entre 25.000 y 100.000 euros “para la financiación de actividades de tipo social y cultural”. También lo hicieron entidades financieras como el Banco Santander, La Caixa o Ibercaja, con sumas entre 6.000 y 150.000 euros. Entre los concedentes estaban, asimismo, la Fundación ACS, presidida por Florentino Pérez, y la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés).

Pero no hubo solo empresas privadas. La Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña aportaron cada una unos 31.000 euros. Además, en ese primer año de Rajoy al frente del Gobierno marcado por los recortes sociales, tres ministerios (Asuntos Exteriores, Asuntos Sociales, Educación y Cultura ingresaron 1.270.297 euros en la cuenta de la fundación para ayudas de acción, funcionamiento y actividades. Por su parte, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional aportó otros 529.849, dentro del plan director de cooperación española para la financiación de actividades de tipo social y cultural.

Algunas estas grandes empresas, como Ferrovial Corporación, Sacyr Vallehermoso, Gas Natural o Google Spain, mantuvieron sus donaciones en 2014. Las financieras, sumidas en un profundo ajuste, se retiraron. Repitió la Fundación ACS, con otros 100.000 euros, una cantidad que ha mantenido en los cuatro años difundidos por Compromís. En 2013 se añadieron la Fundación Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Philips Morris Spain. Ese año, FAES recaudó 2.567.649 euros. De nuevo, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña aportaron, respectivamente, 25.100 y 62.935 euros. Dos ministerios (Asuntos Exteriores y Educación y Cultura) aportaron 1.578.620 euros.

Las aportaciones al think tank del PP disminuyeron en los dos años siguientes. En 2014 la partida ingresada sumó 2.330.277 euros y en 2015 cayó a 1.975.020, pese a incorporaciones como el BBVA o la Fundación Iberdrola. En esos períodos el Gobierno de Rajoy le inyectó 2.575.468 euros.

https://elpais.com/politica/2019/01...Up8hiGhO8rFahL66XxL2Ef-HWsssceZ3M5aNzkYV_mHQc
 
IDOLO dijo:
FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS POPULARES MADRILEÑOS
Indra admite que no puede justificar pagos de un millón que acabó en la caja B del PP
La multinacional española reconoce que no sabe por qué abonó facturas a empresas investigadas por desviar dinero público a la campañas electorales del Partido Popular de Madrid
imagen-sin-titulo.jpg

Imagen de la sede de Indra en Madrid. (Indra)
AUTOR
JOSÉ MARÍA OLMO
Contacta al autor
josemariaolmo
TAGS
TIEMPO DE LECTURA5 min
18.05.2018 – 05:00 H.
La Audiencia Nacional dispone de nuevos indicios que acreditan la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de adjudicaciones públicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García-Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de un millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP. La tecnológica admite que, bajo la presidencia de Javier Monzón, pagó facturas por ese importe, pero no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio, apuntalando así las sospechas sobre esos movimientos de fondos.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llegó a registrar la sede de Indra en abril de 2017 durante la operación Lezo, se centran en los pagos que realizó la compañía a dos mercantiles, Formaselect Consulting SL y Swat SL. La primera, dedicada a la formación de trabajadores, facturó a la cotizada 938.247 euros entre 2010 y 2013 (250.750 euros en 2010, 566.497 euros en 2012 y 121.000 euros en 2013), una cantidad que supuso en ese periodo más del 90% de sus ingresos totales.


Pinche para leer el documento.
Indra asegura que en las investigaciones internas que abrió para esclarecer su implicación en el caso ha encontrado las propuestas de encargo que le envió Formaselect, las autorizacionesque firmaron sus directivos antes de contratar a esta empresa, las facturas que se emitieron posteriormente y, finalmente, las órdenes de pago. El problema, reconoce la compañía, es que no halla ninguna prueba de que realmente existieran los trabajos de Formaselect abonados mediante esas facturas. En el concepto, figura la realización de acciones formativas para los empleados de la tecnológica que se impartirían en sus propias instalaciones ('in company'). Pero nadie ha podido confirmar que esas formaciones se celebraran. Ni siquiera consta en Indra que algún representante de Formaselect haya cruzado sus tornos de seguridad para dar las clases, admiten los representantes legales de la firma.

Su relación comercial con Swat SL presenta las mismas deficiencias. La multinacional habría abonado a esta otra mercantil del sector de la publicidad un total de 116.000 euros durante el ejercicio 2008 por supuestos trabajos de “asesoría en comunicación para la presencia de Indra en medios de comunicación”. Teóricamente, Swat SL comenzó a prestar el servicio en el segundo semestre de 2007, es decir, justo después de las elecciones autonómicas de ese año, en las que Aguirre revalidó su primer mandato con otra mayoría absoluta. Indra ha remitido a la Audiencia Nacional las dos facturas de 50.000 euros más IVA que pagó a la agencia, así como sus comprobantes internos de que fueron abonadas. Pero también ha tenido que reconocer que no ha hallado “evidencias que puedan justificar la prestación de los servicios a que se refieren” esos documentos de pago. Es decir, ni rastro de la supuesta “asesoría en comunicación”.





Pinche para leer el documento.




Estos hallazgos complican aún más el futuro judicial del PP. Como adelantó El Confidencial en septiembre, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil ya apuntaron en un informe preliminar incluido en el caso Lezo y trasladado luego al caso Púnica que los gobiernos madrileños de Aguirre y González habrían utilizado la agencia ICM para desviar fondos públicos al PP. El dinero salía del ente autonómico mediante licitaciones con precios inflados que eran sistemáticamente concedidas a Indra. Después, la multinacional pagaba presuntamente facturas falsas a firmas instrumentales, como Formaselect Consulting SL y Swat SL, que se encargaban de triangular los fondos para dificultar su seguimiento. Por último, el dinero público era utilizado para abonar gastos de campaña del partido que superaban el máximo legal permitido.

Por estos hechos ya estaban imputados desde el inicio de la operación Lezo los administradores de Formaselect (Óscar Sánchez Moyano) y Swat (Juan Miguel 'Juancho' Madoz), así como el consejero delegado de ICM durante el periodo bajo investigación, José Martínez Nicolás. La ausencia de justificantes para los pagos de Indra aporta nuevas pistas sobre esta circulación irregular de dinero con destino a la primera planta de Génova. Solo estas dos firmas habrían canalizado 1.054.247 euros hacia el PP entre 2008 y 2013.



gra049-madrid-02-07-2014-fotografia-facilitada-por-el-pp-de-madrid-de-su-presidenta-esperanza-aguirre-d-junto-al-presidente-de-la-comunidad-de-madrid-ignacio-gonzalez-i-durante-la-reunion-del-comite-ejecutivo-regional-celebrado-hoy-en-la-sede-de-la-calle-genova-en-madrid-efe-carlos-iglesias-solo-uso-editorial.jpg

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (d) e Ignacio González. (EFE)


La cifra real podría ser mucho mayor. Indra también ha reconocido que la Agencia Tributaria está investigando los pagos que realizó a una tercera empresa, la agencia de comunicación y publicidad Lata Latina SL, que ya estuvo implicada en el caso Gürtel y era proveedora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según los inspectores de Hacienda, la cotizada habría abonado a la agencia un total de 3,3 millones de euros entre 2011 y 2014 por trabajos que tampoco aparecen. También han detectado que Indra fabricó facturas para no sobrepasar el límite legal de subcontratación con Lata Latina SL.

A pesar de las cantidades que ya han surgido, esta pieza del caso Púnica —toda la financiación ilegal del PP de Lezo ha sido trasladada a ese sumario— es precisamente una de las que se encuentran más retrasadas. Un portavoz oficial de Indra, que tiene nuevo presidente desde enero de 2015, Fernando Abril-Martorell, subraya que “la compañía está mostrando la máxima colaboración con la Justicia de forma proactiva, informando por iniciativa propia de cualquier incidencia relevante y aportando toda la información que está en su poder. En este sentido, Indra ha puesto en marcha desde hace más de un año los oportunos procedimientos internos a través de la Unidad de Cumplimiento de la compañía para investigar toda la información referida a este asunto, relacionado con asuntos de una época en la que los responsables de la compañía eran distintos a los actuales”.

https://www.elconfidencial.com/espa...l-uco-audiencia-nacional-lezo-punica_1565340/
Hacer clic para expandir...

50083632_2242065599158555_2309628580503486464_n.jpg


¿Y que clase de conteo de votos del PP ha hecho ésta empresa? Pues los suficientes para un pucherazo. Se ha podido echar a Rajoy mediante una moción de censura, porque de otra forma lo hubiera visto muy dificil

Ya he dicho muchas veces que no me creo para nada que todas las encuestas se confundieran en las elecciones del 2015. Y estando INDRA para conteo de votos y como ministro del interior Jorge Fernandez Diaz de quien dependía el resultado es muy posible.
 
OPERACIÓN KITCHEN
La 'policía política' colocó micrófonos y cámaras en el estudio donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja b del PP
  • La policía política de Fernández Díaz utilizó un dispositivo de "fontaneros" al "margen de la ley", según las fuentes consultadas, con el uso de fondos reservados y sin amparo judicial para interceptar pruebas que perjudicasen al PP
  • "Toda la familia" e incluso la empleada del hogar fueron seguidos durante casi dos años. La mayor parte de los agentes utilizados eran "operativos ciegos" que desconocían la irregularidad de su actuación
1548015638_635587_1548016219_noticia_normal.jpg


Luis Bárcenas / Getty Images

Jorge Fernández Díaz
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
21/01/2019 - 08:08 h. CET

La Operación Kitchen, un operativo desarrollado entre 2013 y 2015 por la denominada policía política en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, no se circunscribió a los seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ejecutados mediante el soborno con fondos reservados a su chófer, Sergio Ríos.

“Toda la familia” e incluso “la empleada del hogar”, fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegado, según confirman a la SER policías que participaron en aquel operativo y que prefieren permanecer en el anonimato.

Gracias a la intercesión del chófer, los agentes entraron en el estudio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja b del PP, y no solo fotocopiaron documentación de todo tipo, entre ella la que perjudicaba al PP o a sus dirigentes, sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon y visionaron la actividad del extesorero“durante meses”.

Los “fontaneros” para espiar sin orden judicial
Para colocar estos dispositivos electrónicos, la Policía Política de Eugenio Pino, García Castaño, Gómez Gordo y Villarejo, no empleó a la brigada especializada de la Policía Nacional que se dedica a estos cometidos, sino que utilizó al grupo de “fontaneros” del comisario Mariano Hervás, que desde la época de la lucha antiterrorista contra ETA ha sido usado en ocasiones para este tipo de operaciones sin necesidad de mandato judicial.

La mayor parte de los agentes eran “operativos ciegos”
La mayoría del amplio operativo de agentes de la Policía Nacional que se encargó de los seguimientos a Bárcenas y a su familia, o espió mediante cámaras y micrófonos la actividad del extesorero del PP, eran lo que el colectivo denomina “operativos ciegos”, según las fuentes consultadas. Es decir, ni siquiera sabían a quién iban a grabar los dispositivos electrónicos que colocaban y los que sabían a quién o quiénes estaban siguiendo y espiando, creían que actuaban bajo mandato judicial y para encontrar pruebas que incriminaran al extesorero. Nunca para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b. El conocimiento del objetivo real de la operación correspondía sobre todo a la imputada cúpula de la policía política, según las fuentes consultadas por la SER.

https://cadenaser.com/ser/2019/01/20/tribunales/1548015638_635587.html


Esto es un escandalazo, ¿Para cuando las detenciones?
 
CORRUPCIÓN PPPleno al 10 de concejales imputados en el PP de València: investigan al edil que faltaba...


Eusebio Monzó, portavoz en el Ayuntamiento, ha sido citado por los contratos de patrocinio del aeropuerto de Castellón.




Eusebio Monzó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, ya es el décimo concejal de su partido imputado. / EFE

MÁS INFORMACIÓN

CASTELLÓN
22/01/2019 11:32 Actualizado: 22/01/2019 11:32
AGENCIAS

Los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de València han hecho pleno al 10 en... presunta corrupción. Si ya estaban siendo investigados nueve ediles por el caso Taula, ahora ha sido citado, también como investigado, Eusebio Monzó. Era el único edil que, hasta ahora, no había sido llamado a declarar..

La oposición no ha tardado en reaccionar. Sandra Gómez, candidata socialista a la Alcaldía, ha ironizado con que los los populares "han logrado hacer pleno en imputaciones". Monzó declarará por los turbios contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón, una causa en la que también estuvo imputado el expresidente de la Diputación Carlos Fabra.

Aeropuerto de Castellón
Un juzgado de Castellón ha citado a declarar como investigados a los once consejeros de la empresa que gestiona el aeropuerto de Castellón, Aerocas, que en 2009 y 2010 participaron en los contratos de patrocinio con el piloto Álex Debón, entre ellos los exconsellers Gerardo Camps y Vicente Rambla.

La instructora aprecia en Camps, actual diputado nacional del PP por Alicante, y los otros diez investigados (antes imputados) indicios de prevaricación y malversación de fondos en su actuación, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según la providencia del juzgado, las citaciones para declarar están fijadas para el 22 y 25 de febrero y el 14, 15 y 22 de marzo de 2019, aunque desde el TSJCV han remarcado que ese calendario podría sufrir modificaciones por problemas de agenda de algunos abogados.

Patrocinio al piloto Álex Debón
El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón admitió a trámite en 2016 la denuncia de la Fiscalía de Castellón por uno de los contratos de patrocinio firmados por Aerocas bajo la presidencia de Carlos Fabra con el piloto Álex Debón en 2009 y 2010 e investiga si se cometieron irregularidades en los mismos que podrían ser constitutivas de cohecho.

La causa investiga los 3,6 millones de euros recibidos por la mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón, y participada por la Diputación y la Generalitat.

En la causa declaró ya como investigado en 2017 por un presunto delito de cohecho el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ahora, el juzgado ha citado a declarar a antiguos miembros del consejo de administración en calidad de investigados.

Entre los once citados, deberá comparecer ante el juez el exconseller y actual diputado del PP por Alicante Gerado Camps, aunque de forma voluntaria debido al aforamiento que implica ser diputado nacional.

También han sido citados el exvicepresidente de la Diputación de Castellón y exalcalde de Vall d'Alba Francisco Martínez, el exconseller José Manuel Vela, el exvicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici, el exvicepredente del Consell Vicente Rambla y el citado edil del PP en València Eusebio Monzó.

"El PP tiene pleno al 10 en concejales imputados"
La candidata del PSPV a la alcaldía de València y portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio, Sandra Gómez, aseguró este lunes que el PP "ya tiene pleno al 10 en concejales imputados por causas relacionadas con la corrupción", después de conocerse que Monzó ha sido citado como investigado.

Gómez ha señalado que en 2016 la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, remitió una carta a los concejales investigados por el supuesto blanqueo en la que les daba diez días para entregar sus actas, pero "está a punto de agotarse el mandato y no solo no dejaron el acta sino que han conseguido estar todos imputados".

Según subrayó la candidata del PSPV a la alcaldía de València en un comunicado, los populares "han logrado hacer pleno en imputaciones", ya que los otros nueve concejales del grupo municipal el PP están investigados en el caso Taula.

https://www.publico.es/politica/con...r9wkptuoChisP4L4KWGetI-nr17fzMl99tFLrFLVexKfY
 
IDOLO dijo:
CORRUPCIÓN PPPleno al 10 de concejales imputados en el PP de València: investigan al edil que faltaba...


Eusebio Monzó, portavoz en el Ayuntamiento, ha sido citado por los contratos de patrocinio del aeropuerto de Castellón.




Eusebio Monzó, portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, ya es el décimo concejal de su partido imputado. / EFE

MÁS INFORMACIÓN

CASTELLÓN
22/01/2019 11:32 Actualizado: 22/01/2019 11:32
AGENCIAS

Los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de València han hecho pleno al 10 en... presunta corrupción. Si ya estaban siendo investigados nueve ediles por el caso Taula, ahora ha sido citado, también como investigado, Eusebio Monzó. Era el único edil que, hasta ahora, no había sido llamado a declarar..

La oposición no ha tardado en reaccionar. Sandra Gómez, candidata socialista a la Alcaldía, ha ironizado con que los los populares "han logrado hacer pleno en imputaciones". Monzó declarará por los turbios contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón, una causa en la que también estuvo imputado el expresidente de la Diputación Carlos Fabra.

Aeropuerto de Castellón
Un juzgado de Castellón ha citado a declarar como investigados a los once consejeros de la empresa que gestiona el aeropuerto de Castellón, Aerocas, que en 2009 y 2010 participaron en los contratos de patrocinio con el piloto Álex Debón, entre ellos los exconsellers Gerardo Camps y Vicente Rambla.

La instructora aprecia en Camps, actual diputado nacional del PP por Alicante, y los otros diez investigados (antes imputados) indicios de prevaricación y malversación de fondos en su actuación, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según la providencia del juzgado, las citaciones para declarar están fijadas para el 22 y 25 de febrero y el 14, 15 y 22 de marzo de 2019, aunque desde el TSJCV han remarcado que ese calendario podría sufrir modificaciones por problemas de agenda de algunos abogados.

Patrocinio al piloto Álex Debón
El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón admitió a trámite en 2016 la denuncia de la Fiscalía de Castellón por uno de los contratos de patrocinio firmados por Aerocas bajo la presidencia de Carlos Fabra con el piloto Álex Debón en 2009 y 2010 e investiga si se cometieron irregularidades en los mismos que podrían ser constitutivas de cohecho.

La causa investiga los 3,6 millones de euros recibidos por la mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón, y participada por la Diputación y la Generalitat.

En la causa declaró ya como investigado en 2017 por un presunto delito de cohecho el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ahora, el juzgado ha citado a declarar a antiguos miembros del consejo de administración en calidad de investigados.

Entre los once citados, deberá comparecer ante el juez el exconseller y actual diputado del PP por Alicante Gerado Camps, aunque de forma voluntaria debido al aforamiento que implica ser diputado nacional.

También han sido citados el exvicepresidente de la Diputación de Castellón y exalcalde de Vall d'Alba Francisco Martínez, el exconseller José Manuel Vela, el exvicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici, el exvicepredente del Consell Vicente Rambla y el citado edil del PP en València Eusebio Monzó.

"El PP tiene pleno al 10 en concejales imputados"
La candidata del PSPV a la alcaldía de València y portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio, Sandra Gómez, aseguró este lunes que el PP "ya tiene pleno al 10 en concejales imputados por causas relacionadas con la corrupción", después de conocerse que Monzó ha sido citado como investigado.

Gómez ha señalado que en 2016 la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, remitió una carta a los concejales investigados por el supuesto blanqueo en la que les daba diez días para entregar sus actas, pero "está a punto de agotarse el mandato y no solo no dejaron el acta sino que han conseguido estar todos imputados".

Según subrayó la candidata del PSPV a la alcaldía de València en un comunicado, los populares "han logrado hacer pleno en imputaciones", ya que los otros nueve concejales del grupo municipal el PP están investigados en el caso Taula.

https://www.publico.es/politica/con...r9wkptuoChisP4L4KWGetI-nr17fzMl99tFLrFLVexKfY
Hacer clic para expandir...
¡Pleno al bingo!
 
El PP pone banderas a media asta por la retirada de los billetes de 500 euros.

La victoria del PP en Andalucía podría haber precipitado su retirada.
El Banco de España dejó de emitir, este domingo billetes de 500 euros y comenzó su retirada. Estos billetes podrán continuar circulando y utilizándose como medio de pago sin límites de tiempo, mientras no llegue a manos de un banco central de la zona euro.

Sede_del_PP.jpg

Según las últimas cifras del Banco de España el número de billetes de 500 euros puesto en circulación solo el pasado noviembre en España alcanzó los 31 millones, un millón menos que el mes anterior, situándose en el mismo nivel de febrero de 2003.

Ante la retirada de los “Binladen” el Partido Popular ha mostrado su descontento y ha puesto la bandera de sus sedes a media asta. El considera injusto que justo ahora que han podido meter la mano en la Junta de Andalucía y sospecha que precisamente este podría haber sido el motivo de la retirada de estos billetes de 500 euros.

Por su parte Unidos Podemos ya se ha pronunciado sobre la medida y afirman que se trata de una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para distraer a los españoles de lo que realmente importa, ya que todo el mundo sabe que los billetes de 500 euros no existen.
 
El PP de Madrid desvió subvenciones públicas para pagar la cena de Navidad
Un nuevo informe de la Guardia Civil acredita en la Audiencia Nacional la financiación ilegal del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Obtuvo 1.250.000 euros en negro y desvió de forma ilícita subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam, para abonar actos del partido y de campaña electoral en las autonómicas de 2011. El informe también revela que el PP hizo trampas para pagar menos impuestos y usó empresas tapadera y facturas falsas para enmascarar pagos
1549306455_218065_1549306674_noticia_normal.jpg

Los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta, para pagar la campaña electoral. / Informe UCO



MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
04/02/2019 - 20:28 h. CET

El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la financiación ilegal del PP en Madrid detectada en los casos Púnica y Lezo, acaba de recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que corrobora la financiación ilegal del PP en la campaña de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011, con un millón doscientos mil euros en negro.

La confesión de un empresario de la Púnica: fiestas del PP y eventos particulares con dinero público
Pero no solo había dinero b. Los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta, para pagar la campaña electoral. Subvenciones abonadas a la fundación Fundescam fueron falseadas e ilícitamente desviadas para abonar un Congreso del PP, un acto de Nuevas Generaciones, y hasta la cena de Navidad del PP en Madrid.

Algunas de estas actuaciones son groseras, según el informe. Fundescam recibió una subvención pública para “evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del corredor de Henares y la zona norte de la Comunidad”, pero en realidad, los 40.000 euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP.

También desviaron a gasto electoral un total de 200.000 euros más, concedidos a la misma fundación para “difundir el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la CAM”.

Quien aprobaba las subvenciones para Fundescam era el expresidente Ignacio González, con lo que “todo quedaba en casa” según fuentes de la investigación.

Las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí. El PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos.

También promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas. Una de ellas se llamaba tal y como se movía el dinero “Paquí Pallá SL”.

Los principales responsables, según el informe, fueron el exgerente Beltrán Gutiérrez, Francisco Granados o Borja Sarasola en el apartado político, mientras que los agentes también dedican un capítulo especial al exconsejero de OHL, Javier López Madrid, implicado en los supuestos sobornos a cambio de obra pública en la comunidad.

1549306455_218065_1549306942_sumario_normal.jpg

Los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta, para pagar la campaña electoral. / Informe UCO

https://cadenaser.com/ser/2019/02/04/tribunales/1549306455_218065.html
 
Debes estar registrado para responder.

Temas Similares

El partido más peligroso de España
Respuestas
6
Visitas
457
Norrojo
N
Melilla, la trama de corrupción de votos
3 4 5
Respuestas
56
Visitas
3K
Charlotte Casiraghi
C
Antonio Costa, primer ministro de Portugal, dimite al ser investigado en un caso de corrupción
Respuestas
2
Visitas
377
Bardot
B
Macarena Olona registra un partido
Respuestas
9
Visitas
724
_Marta
M
Don Marlasco a punto de matar con la mirada a la conferenciante.
Respuestas
1
Visitas
430
PrincesaConsuela
P
Back